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Mutaciones de una práctica. La guerra y el origen de lo estatal en el Antiguo Egipto

Mutations of a practice. Warfare and state origins in Ancient Egypt

Marcelo Campagno ¹

Recibido: 17/02/2026

Aceptado: 28/03/2026

Resumen

Este artículo analiza las mutaciones de la práctica bélica en relación con el proceso de surgimiento del Estado en el valle del Nilo entre el IV y comienzos del III milenio a.C. Se propone que la guerra, definida como un acto de fuerza para imponer la voluntad al adversario, puede variar sensiblemente y reconfigurarse en función de las lógicas sociales dominantes en cada contexto histórico. En el escenario pre-estatal, regido por la lógica del parentesco, diversos tipos de evidencia sugieren la recurrencia de conflictos bélicos, en los que la hostilidad hacia los no-parientes operaría como un modo de reforzar la propia identidad de las comunidades aldeanas. En ese contexto, puede advertirse — principalmente a través de la iconografía— cierta asociación entre figuras de liderazgo, ritual y guerra.

El advenimiento de la lógica estatal introduciría en ese escenario una mutación cualitativa: la práctica bélica sería confiscada a las comunidades y monopolizada por una minoría, transformándose en un asunto de Estado. Esta reestructuración implicaría no solo un notable salto de escala en la práctica de la guerra sino también la aparición de jerarquías militares y cadenas de mando, diversas construcciones con finalidades militares —como fortificaciones y centros de abastecimiento y logística— y la orientación de la violencia militar hacia el combate contra las poblaciones vecinas no-egipcias y la extracción de recursos periféricos. Si bien persistirá la conexión entre el liderazgo sagrado y la violencia guerrera, la práctica bélica dejará de ser un instrumento de autonomía comunal para convertirse en una herramienta al servicio de las demandas tanto materiales (bienes de prestigio) como simbólicas (la preservación del orden frente al caos) de la nueva élite estatal.

Palabras clave: Origen del Estado / Antiguo Egipto / Guerra / Lógica del parentesco / Iconografía

Abstract

This article analyzes the mutations of warfare practice linked to the emergence of the state in the Nile Valley between the 4th and early-3rd millennia BC. It argues that war, defined as an act of force to impose one’s will on an adversary, can vary significantly and be reconfigured according to the dominant social logics of each historical context. In the pre-state setting, governed by the logic of kinship, different types of evidence suggest the recurrence of armed conflicts in which hostility toward non-kin served as a means of reinforcing the identity of village communities. In this context, a connection between leadership figures, ritual, and warfare is apparent—principally via the iconographic record.

The advent of the state logic introduced a qualitative mutation: warfare practices were confiscated from the communities and monopolized by a minority, transforming into an affair of State. This restructuring implied not only a notable leap in the scale of warfare but also the emergence of military hierarchies and chains of command, various structures with military purposes—such as fortifications and logistics and supply centers—and the orientation of military violence toward combat against non-Egyptian neighboring populations and the extraction of peripheral resources. While the connection between sacred leadership and warrior violence persisted, warfare ceased to be an instrument of communal autonomy and became a tool serving the demands, both material (prestige goods) and symbolic (the preservation of order over chaos), of the new state elite.

Keywords: State Origins / Ancient Egypt / Warfare / Kinship logic / Iconography

I. Introducción: De la guerra

Un asunto de relevancia a la hora de considerar procesos históricos de cambio social cualitativo es el de determinar qué sucede en el plano de las prácticas involucradas en esas dinámicas de transformación. Por regla general, un cambio social profundo puede implicar prácticas que cesan de existir y otras nuevas que emergen, pero también prácticas que preexisten y se reconfiguran en el nuevo ordenamiento social. Para analizar estas últimas, es preciso establecer una definición general lo suficientemente amplia, de modo que sus propiedades se verifiquen en diversos contextos históricos, para luego poder determinar las características particulares de esas prácticas en cada contexto específico.

La práctica de la guerra sin duda proporciona un buen ejemplo de ello. En De la guerra, Carl von Clausewitz (1992) la define en su modo más básico como “un acto de fuerza que se lleva a cabo para obligar al adversario a acatar nuestra voluntad” (p. 31), lo que puede verificarse en múltiples escenarios históricos. Distingue luego entre el propósito específicamente militar de desarmar al enemigo y los objetivos de la guerra, que proceden del ámbito político e implican que la práctica bélica es un medio para una finalidad política. La cuestión es importante porque, entonces, podría decirse que la guerra, entendida a partir de la definición general, puede variar en función de su articulación con la esfera política, lo que implica que es una y múltiple. Extendiendo esta línea argumental, en otra parte he propuesto que

la guerra en tanto práctica es sólo la que instaura una polaridad en la que cada grupo antagonista busca imponerse violentamente al otro, mientras que su existencia específica —aquella de la que se derivan sus objetivos concretos, pero también su forma y sus efectos concretos— puede variar, en función de las lógicas sociales que organizan los contextos históricos en los que la práctica bélica se inserta. (Campagno, 2021b, p. 270)

El valle del Nilo, en el lapso que abarca el IV y parte del III milenio a.C., constituye un escenario propicio para analizar esta cuestión. En efecto, por un lado, más allá de las limitaciones propias de la preservación de testimonios de tiempos tan lejanos, existe suficiente evidencia acerca de la existencia de conflictos armados a lo largo de esa época. Y por otro lado, ese marco temporal corresponde a un proceso de profundo cambio social: son los tiempos del surgimiento del Estado egipcio² . ¿Qué sucede con la práctica de la guerra en el marco de semejante transformación? En lo que sigue, interesa analizar la evidencia disponible, en busca de detectar continuidades y novedades en el despliegue del fenómeno bélico, lo que a su vez permitirá precisar aspectos significativos del proceso de transformaciones inherente al advenimiento de la lógica estatal en el valle del Nilo.

II. Síntesis histórica

Ante todo, conviene caracterizar brevemente el escenario histórico. Hacia comienzos del IV milenio a.C. (fase Nagada I-IIB, c. 3900-3600 a.C.), la situación general en el valle del Nilo parece ser la de una pluralidad de comunidades aldeanas con presencia despareja pero extendida a lo largo del valle y el delta del Nilo. Los indicios para esa época, mayormente mortuorios, permiten notar un tipo de sociedades basado en la agricultura y la ganadería, la caza, la pesca y la recolección de especies silvestres, y, al menos en algunas de esas comunidades, con la presencia de élites locales, cuyos ajuares funerarios exhiben mayor diversidad, cantidad o calidad de bienes, lo que implica además cierto despliegue de algunas actividades artesanales (Midant-Reynes, 2000; 2003; Wengrow, 2006; Wenke, 2009; Köhler, 2023 [2010]). La procedencia de algunos de esos objetos permite suponer ciertas formas de circulación interregional, posiblemente esporádicas, de las que participarían las comunidades locales. Otros indicios (que consideramos más abajo) también apuntan a la existencia de conflictos entre tales comunidades. Por su parte, diversas escenas iconográficas sugieren la existencia de personajes destacados, probables líderes comunales, en asociación con la guerra, la caza y el ritual (Hendrickx y Eyckerman, 2012; Campagno y Gayubas, 2015; Maydana, 2017). La distribución de enterramientos en algunos cementerios, delimitando distintos subgrupos de tumbas, sugiere criterios de organización del espacio funerario compatibles con el dominio de la lógica del parentesco a nivel general (Campagno, 2002; 2018)³.

decisivos cambios sociales (Köhler, 2023; Stevenson, 2023). Particularmente, en el sitio de Hieracómpolis se aprecia la existencia de un proceso de concentración poblacional, que dará marco a dinámicas de especialización laboral (con la aparición de instalaciones para diversos tipos de producción) y de mayor diferenciación social (con la aparición de cementerios de élite segregados del resto de la comunidad) (Friedman, 2005; 2008; 2009; Moeller, 2016). El sitio de Nagada, menos documentado, parece transitar contemporáneamente por similares transformaciones (Hassan et al., 2017), que en menor medida pueden advertirse también en otros núcleos regionales, tanto en el delta (por ejemplo, Buto: von der Way, 1992) como en la Baja Nubia (Qustul: Williams, 1986). Un proceso de cambio equivalente al de Hieracómpolis se registra algo después en el núcleo de Tell el-Farkha, en el delta del Nilo, lo que indica que las variaciones que suceden en algunos sitios repercuten luego en cambios relativamente similares en otros centros (Ciałowicz, 2017). Se trata de dinámicas que, sumadas a los testimonios de conflictos y de circulación de ítems exóticos, parecen sugerir el advenimiento de élites con una capacidad nueva para prevalecer dentro de sus comunidades como quizás también en su hinterland y para demandar y consumir mayores volúmenes de bienes de prestigio. Esa situación puede ser señalada como el comienzo de una lógica social diferente: la lógica estatal.

A posteriori, durante los últimos siglos del IV milenio a.C. (fase Nagada IIIA-B, c. 3350-3050 a.C.), se asiste al fortalecimiento de las capacidades de esas élites, como se advierte en la tumba U-j del Cementerio U de Abidos, la cual no solo destaca por constituir la tumba más grande y compleja de la época sino también por concentrar centenares de cuencos importados de Palestina y los primeros testimonios de escritura egipcia, todo lo cual apunta a nuevos niveles de organización y de administración estatal (Dreyer, 1998; Hartung, 2001). Los principales núcleos del Alto Egipto (Hieracómpolis, Nagada, Abidos) parecen llevar los conflictos a una escala mayor, lo que podría haber desembocado primeramente en la unificación política de esa región, y posteriormente, en una tendencia expansiva que implicaría, en tiempos de Narmer (primer rey de la Dinastía I), la unidad política de todo el valle desde la Primera Catarata hasta el delta del Nilo (Savage, 2001; Hendrickx y Friedman, 2003; Campagno, 2021a). A partir de entonces, los primeros siglos del III milenio a.C. (período Dinástico Temprano, fase Nagada IIIC-D, c. 3050-2700 a.C.) serán el tiempo de la consolidación de la lógica estatal, con los reyes de las Dinastías I y II, que tendrán la capacidad para llevar a cabo grandes construcciones y de organizar expediciones hacia las periferias, todo lo cual será profundizado luego durante los reinados de los poderosos monarcas del Reino Antiguo (Wilkinson, 1999; Bard, 2000; Campagno, 2002).

III. La guerra pre-estatal

En este escenario cambiante, ¿qué evidencia existe acerca de la práctica de la guerra? Los testimonios de violencia bélica en el valle del Nilo grosso modo anteriores a mediados del IV milenio a.C. son ciertamente escasos, pero nos proporcionan una imagen que, de conjunto, afirma que ha habido conflictos en aquella región desde tiempos muy tempranos. Es verdad que la investigación de estas épocas remotas se enfrenta no solo a la escasez general de evidencias de cualquier tipo sino al carácter frecuentemente ambiguo de los potenciales testimonios de guerra. Por ejemplo, la evidencia osteológica para el período Predinástico señala la presencia de lesiones craneales, con fracturas provocadas posiblemente por el impacto de objetos contundentes como mazas o hachas, en cementerios de algunos sitios predinásticos (Hieracómpolis, Abidos, Naga ed-Dêr, el-Amrah) así como fracturas “defensivas” de antebrazos, como posible resultado de cubrir el rostro ante un intento de golpe (Mostagedda, Maadi, Adaïma), pero no es posible reconstruir los contextos, de modo que esos testimonios de indudable violencia podrían haberse ocasionado en combates pero también en cualquier otro escenario de agresión interpersonal (Gilbert, 2004; Gayubas, 2014). En cambio, la evidencia del muy antiguo cementerio de Gebel Sahaba en Nubia (c. 12.000-10.000 a.C.), en el que más del 40% de los cuerpos aparecen en asociación directa con puntas de flecha (en ocasiones incrustadas en los huesos) resulta más sólida como testimonio de una acción de violencia colectiva asociable a la guerra (Wendorf, 1968; Hoffman, 1979; Crevecoeur et al., 2021). Si bien constituye un conjunto aislado y muy temprano, proyecta cierta luz sobre la posibilidad de enfrentamientos grupales en tiempos predinásticos.

Los indicadores de lo que podemos llamar tecnología bélica presentan similares ambigüedades. La existencia de ciertas estrategias defensivas ha sido inferida de una maqueta hallada en Abadiya (Payne, 1993), que parece presentar un muro sobre el que se asoman dos individuos, presumibles centinelas, y también de los restos de un muro en la localidad de Nagada (South Town), de 2 m de espesor, que podría tener una finalidad asociada al resguardo (Trigger, 1985; Bard, 1994). Pero ninguno de los dos testimonios es concluyente, y podría tratarse de paredes no necesariamente relacionadas con un propósito defensivo. En cambio, el armamento hallado en múltiples contextos funerarios es más indicativo de prácticas violentas (Gilbert, 2004; Gayubas, 2017). Es cierto que varios de estos testimonios (flechas, lanzas, hachas, cuchillos) pudieron ser empleados como armas de guerra, pero también como armas de caza o para diversos trabajos (Gilbert los llama “armas-herramientas”). Sin embargo, para las mazas, tanto discoidales como periformes, su uso principal, en tanto instrumento para golpear, se asocia particularmente a la guerra (posteriormente también se integrará al ámbito ritual, pero precisamente como símbolo del líder y de su capacidad para ejercer la violencia guerrera, cf. Ciałowicz, 1987).

En cuanto a la iconografía, presenta ya desde comienzos del IV milenio a.C. ciertas escenas que orbitan en torno de la práctica bélica. El vaso de la tumba U-239 de Abidos (Nagada IC; cf. Fig. 1) presenta un personaje destacado por su tamaño y atavíos (tocado de plumas, cola de toro o león), que empuña una maza con una mano y con la otra sostiene a personajes de menor tamaño, presumible representación pre-canónica de la escena del ritual de la masacre del enemigo por el rey (Dreyer et al., 1998; acerca del motivo, cf. Hall 1986; Köhler 2002)⁴. El testimonio es muy significativo porque implica una muy temprana asociación entre liderazgo, ritual y violencia guerrera, requerida tanto para la captura de la víctima como para su posterior ejecución. Posteriormente, en los umbrales del proceso de cambio que conduce al advenimiento de lo estatal, la tumba 100 de Hieracómpolis (Nagada IIC; cf. Fig. 2) dispone de una pintura mural donde no sólo aparece esa misma escena en un formato ya similar al que tendrá en el futuro sino también la descripción de escenas de combate cuerpo a cuerpo, con personajes que blanden objetos similares a lanzas o varas y a escudos protectores (Quibell y Green, 1902; Midant-Reynes, 2003, Bestock, 2018; Shaw, 2019). Si bien la iconografía no puede ser interpretada al pie de la letra o, como se ha hecho frecuentemente en el pasado, como si se tratara de representaciones conmemorativas de hechos puntuales, hay que considerar que el imaginario de los artesanos al momento de la elaboración de tales escenas debió nutrirse de ideas que tenían que guardar alguna relación con lo existente en ese mundo. Dicho de otro modo: es difícil pensar que una sociedad que no conociera la violencia guerrera en absoluto pudiera producir imágenes que aludieran explícitamente a ella.

¹ Doctor en Historia. CONICET-Universidad de Buenos Aires. Email: mcampagno@gmail.com. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9281-4882

Fig. 1: Decoración de un vaso de la Tumba U-239 (Cementerio U, Abidos) (Dreyer et al. 1998, Abb. 13, p. 114).

Fig. 2: Decoración mural de las Tumba 100 de Hieracómpolis (con detalles destacados) (Cervelló Autuori, 1996, Fig. 29, p. 303).

Fig. 3: Paleta de los Cazadores (Hendrickx y Eyckerman, 2012, Fig. 29a, p. 61).

Así, si bien todos los indicadores de guerra en el valle del Nilo pre-estatal tienen alguna fragilidad, es su convergencia, y en particular la asociación entre escenas de combate y armas representadas iconográficamente y conocidas arqueológicamente, la que permite afirmar la existencia de conflictos bélicos en aquella remota época. En cuanto a los motivos de tales conflictos, se trata también de un problema espinoso, habida cuenta de que nada en la evidencia disponible habla de ellos. Es posible descartar razones vinculadas a la presión demográfica y a la necesidad de tierras cultivables, dada su amplia disponibilidad y la relativamente escasa población del valle durante estas épocas. Tampoco parecen relacionarse con grupos basados en estrategias económicas diferentes (por ejemplo, pastores y agricultores), tomando en cuenta la integración de esas estrategias en los tiempos subsiguientes (discusión en Campagno, 2002; 2004). El registro etnográfico proporciona aquí una clave de lectura de singular importancia. En las sociedades no estatales, es posible reconocer la existencia de un estado de hostilidad (Meggitt, 1977; cf. Campagno y Gayubas, 2015) con el mundo exterior de cada comunidad, en la medida en que la negatividad con que se lo interpreta fortalece los criterios identitarios que dan cohesión a cada grupo (Clastres, 1981 [1980]) y que se estructuran en torno de la lógica del parentesco (Campagno, 2018). En ese tipo de contextos sociales, aquellos que se encuentran por fuera de la propia trama social, son por definición no-parientes, extraños, individuos respecto de los cuales no rigen los criterios positivos de la membresía comunal sino los negativos que se derivan de carecer de ella. En este sentido, más allá de que se concrete o no, la guerra está siempre latente y basta un motivo puntual —una acusación de maleficio, el ingreso circunstancial de un individuo o grupo extranjero en un territorio considerado propio— para que pueda desencadenarse un conflicto real (Gayubas, 2014). Si se agrega a esto el hecho de que, en el IV milenio a.C. el valle del Nilo podría haber registrado niveles de población algo mayores como resultado del tendencial proceso de aridificación regional, podría haber habido mayores posibilidades de contactos entre diferentes grupos extendidos a lo largo de las tierras cercanas al río, de lo que podrían haberse derivado mayores ocasiones para conflictos intercomunitarios (Campagno, 2024).

IV. La guerra estatal

Ahora bien, ¿qué pasa con la guerra en el valle del Nilo cuando, a partir de mediados del IV milenio a.C., comienza a tener el lugar el proceso de reconfiguración social que implica el advenimiento de la lógica estatal? Los indicios de su presencia en el nuevo escenario social que se va construyendo en el valle del Nilo no solo continúan, sino que recrudecen. Sin embargo, en las nuevas condiciones y en consonancia con ellas, la práctica de la guerra será muy diferente a la conocida en los antiguos contextos aldeanos y se transformará en un asunto de Estado ¿Qué es lo que cambia? Veamos esta cuestión en detalle.

Si consideramos la cuestión de la tecnología bélica, es decir, los elementos materiales a partir de los cuales se practica la guerra, hay un aspecto, referido al armamento disponible, que no varía sustancialmente respecto del conocido para épocas anteriores: mazas, lanzas, arcos y flechas, hachas, cuchillos, son conocidos tanto arqueológicamente como a través de las escenas iconográficas de los últimos siglos del IV milenio a.C. y los primeros siglos del III milenio a.C. en las que se describen individuos haciendo uso de ellos (Gilbert, 2004; Hamblin, 2006; Shaw, 2019; Gayubas, 2021)⁵. También los materiales con los que esas armas son elaboradas son predominantemente los mismos (piedra, madera), con la excepción del uso creciente del cobre, el cual se extiende a medida que el Estado egipcio gana mayor acceso a las fuentes para su extracción, particularmente en la península del Sinaí (Hamblin, 2006; Tallet y Laisney, 2012; Czarnowicz, 2021). Por ello, en líneas generales, es posible afirmar, como lo ha definido William Hamblin, que, en materia de armamento, el egipcio era un “Estado militarmente neolítico” (Hamblin, 2006, p. 325).

Sin embargo, la tecnología bélica no se limita exclusivamente al armamento y hay una serie de notorias novedades en referencia a las construcciones con finalidades militares. Por una parte, los comienzos de la expansión estatal coinciden con las primeras referencias inequívocas a la presencia de sitios amurallados. La existencia de posibles muros defensivos, como se ha visto, podría haber precedido a la expansión del Estado egipcio; sin embargo, a partir de las representaciones de finales del IV milenio a.C. es posible notar un énfasis iconográfico en la destrucción de murallas enemigas, por ejemplo en la paleta de las Ciudades (Kemp, 1992 [1989]; cf. Fig. 5), la de los Toros (Schulman, 1991/92; cf. Fig. 6) y la de Narmer (Kemp, 1992 [1989]; cf. Fig. 7), así como en otros documentos de la Dinastía I (p. ej., Petrie, 1900, pl. XV.16), incluyendo azadas como instrumentos para el derribo de los muros. Ese énfasis puede ser puesto en relación con el inicio anterior de ese tipo de construcciones en la región de Palestina meridional –en particular, en el sitio de Tel Erani–, con la que los egipcios estaban en contacto desde tiempos precedentes (Campagno y Milevski, 2024). Poco después, con la estabilización territorial que se define hacia el comienzo de la Dinastía I, aparecen los primeros testimonios de amurallamientos egipcios en los núcleos de Tell es-Sakan, en el extremo sur de Palestina (Miroschedji y Sadek, 2000; Miroschedji et al., 2001; Moeller, 2016), y de Elefantina, en la primera catarata del Nilo (Kaiser et al., 1993; Ziermann, 2003; Moeller, 2016), ambos en tiempos de la Dinastía I⁶. La construcción de murallas en los sitios que marcaban los extremos opuestos de la expansión territorial del Estado egipcio a comienzos del III milenio a.C. implica una novedad que ha de ser interpretada, a la vez, desde un punto de vista militar —la fortificación de esos sitios de frontera los convertía en núcleos defensivos y en bases para potenciales incursiones hacia el exterior— e ideológico— en la medida en que la modificación del espacio que implica la erección de murallas produce una demarcación simbólica entre el adentro estatal y el afuera no-egipcio.

Fig. 4: Mango de cuchillo de Gebel el-Arak (Cervelló Autuori, 1996, Fig. 30, p. 304).

Fig. 5: Paleta de las Ciudades (Kemp, 1992 [1989], Fig. 16, p. 64).

Por otra parte, entre las construcciones estatales con finalidades militares hay que incluir también la creación de facilidades posiblemente relacionadas con la logística dentro del propio territorio estatal. Para afrontar el desafío material que implicaba la organización de expediciones hacia las cada vez más distantes regiones allende las fronteras egipcias, el Estado parece haberse servido principalmente de un tipo de centros rurales denominados hut, documentados desde la Dinastía I, los cuales, al menos desde la Dinastía III, “controlaban campos y aldeas, formaban una red extendida por todo el país, y cumplían funciones de depósito y de centro de abastecimiento para los correos, funcionarios de la corona o expediciones que estuvieran de paso” (Moreno García, 2004, p. 102; Wilkinson, 1999; Moreno García, 2010; 2013; Gayubas, 2021). El signo jeroglífico de hut parece aludir a una torre de vigilancia, lo que implica cierta disposición de control y defensa, que también se infiere para las representaciones de las llamadas torres sunu, conocidas desde finales de la Dinastía I y distribuidas posteriormente tanto en el territorio controlado como en las áreas de frontera (Moreno García, 2004, 2010; Monnier, 2013). Al igual que con los sitios amurallados, este tipo de construcciones no solo ha de ser considerado por su función práctica sino también por el efecto simbólico de una reconfiguración del espacio que implica “la imposición de un orden sobre la naturaleza” (Kemp, 1992, p. 175).

Fig. 6: Paleta de los Toros (Schulman, 1991/92, Pl. 8, p. 102).

Fig. 7: Paleta de Narmer (Kemp, 1992 [1989], Fig. 12, p. 54).

Ahora bien, los cambios cualitativos derivados de las nuevas condiciones que instala la lógica estatal no se circunscriben exclusivamente a modificaciones materiales. Hay uno de ellos que comienza a apreciarse en el III milenio a.C., debido a la disponibilidad de fuentes escritas, pero que seguramente debió comenzar a tener lugar con antelación: el de la organización de fuerzas militares de escala supracomunitaria, articuladas a partir de un sistema en el que las decisiones tomadas por una autoridad militar serían transmitidas a través de una cadena de mando hacia posiciones subordinadas que debían ejecutarlas. En este sentido, la aparición de funcionarios militares, que intermedian en la ejecución de órdenes es, ciertamente, una novedad estatal: difícilmente se requiriera algo similar en el ejercicio de la guerra a nivel comunal, en donde el contacto entre el líder y sus guerreros seguramente sería directo. Entre las primeras menciones de cargos en el dispositivo estatal con connotaciones militares se registra el del adj-mer zemit, “administrador del desierto” y el herep zemit, “inspector del desierto”, conocidos desde la Dinastía I, que parecen asociarse a las zonas fronterizas, así como los del imy-r haset, “supervisor de la tierra extranjera” y el adj-mer haset, “administrador de la tierra extranjera”, mencionados desde las Dinastías II y III respectivamente, que aluden más explícitamente a cierto control de regiones más allá del Nilo (Wilkinson, 1999, p. 143, 167; Engel, 2013, p. 33; Gayubas, 2021, p. 108-109). Otros títulos de funcionarios permiten pensar también en cuestiones de organización y control asociables a la dimensión militar, tales como el hetemu uheret, “portador del sello del astillero” (Dinastía II), relacionable a infraestructura naval, o el imy-r per-ahau, “supervisor de la casa de las armas” (Dinastía IV, aunque hay referencias a la institución desde la Dinastía III) (Emery, 1961, p. 103; Chevereau, 1987, pp. 40-43; Odler, 2023, p. 420).

De particular importancia para la cuestión del funcionariado militar, para la Dinastía III se registra la primera mención del imy-r mesha, “supervisor de tropas”, un cargo que posteriormente tendrá un sentido asociado a alta jerarquía militar, aunque el término “tropa” (mesha) abarca contingentes que podían ser destinados no solo a la guerra sino también a expediciones con finalidades extractivas o a tareas de construcción (Faulkner, 1953, pp. 33-34; Wilkinson, 1999, pp. 166-167; Moreno García, 2004, p. 241). El reclutamiento de esas tropas, cuyos mecanismos desconocemos, probablemente implicara algún sistema de leva de campesinos, con la posible mediación de los líderes locales, como parece suceder durante el Reino Antiguo (Moreno García, 2010). Lo novedoso, en todo caso, es que la escala estatal de la guerra requeriría una reformulación de la forma en que se organizaba la fuerza militar, que implicaría no solo un salto de escala cuantitativo sino la aparición de una estructura jerárquica en la que los niveles superiores tomarían decisiones que debían ser ejecutadas por los niveles inferiores.

V. La guerra y el cambio social

¿Qué significan todos estos cambios en el modo de hacer la guerra en el valle del Nilo? Ciertamente, no hay nada en el devenir de la práctica bélica que, por sí mismo, generará esas transformaciones. Para comprenderlos en su sentido más profundo, es necesario ponerlos en relación con el proceso de cambio social que implica la aparición del Estado egipcio. Tres grandes aspectos de tal proceso han de ser considerados.

En primer lugar, desde un punto de vista espacial, una vez que se inicia el proceso de cambio, el carácter expansivo de la lógica estatal, que en los primeros siglos de su existencia adquiere en el valle del Nilo un ritmo vertiginoso, implicaría la integración política de un vasto territorio. Si en los primeros siglos del IV milenio a.C. El escenario debió ser el de una multitud de pequeñas comunidades independientes entre sí, al final de ese milenio existiría una estructura política extendida por los aproximadamente mil kilómetros que separan la Primera Catarata del Nilo del Mar Mediterráneo. Aunque hay disenso entre los especialistas acerca del papel de la guerra en ese proceso de unificación, el discurso violento que emerge de las representaciones iconográficas de los últimos siglos del IV milenio a.C., incluyendo escenas de combate, cautivos, sacrificios de enemigos, deja pocas dudas sobre su importancia simbólica (cf. Gilbert, 2004; Heagy, 2014; Shaw, 2017; Bestock, 2018; Campagno, 2021a). Por lo demás, la aparente interrupción en la ocupación de ciertos sitios del delta, y en particular los indicios de destrucción por fuego en Tell el-Farkha (Ciałowicz, 2011), también apuntan a un escenario donde la violencia guerrera no parece haber estado ausente. Pero más allá de ello, esa acelerada expansión estatal implicaría que, respecto de cada comunidad, las poblaciones potencialmente enemigas se hallarían cada vez más lejos. De una guerra contra una comunidad vecina a una expedición contra los nubios o los asiáticos, no solo se trataría de mayor distancia a recorrer sino de una serie de problemas logísticos a resolver: organización y equipaje de los contingentes armados, traslado (naval y terrestre), capacidades de reaprovisionamiento contribuirían a transformar la guerra en un asunto de una complejidad antes inimaginable.

En segundo lugar, en cuanto a la mayoría de la población que quedaría englobada en el territorio estatal, lo fundamental a destacar es su marginación respecto de cualquier decisión en materia militar. En efecto, si en el escenario pre-estatal las comunidades eran políticamente autónomas y la guerra era, por lo tanto, un asunto de la directa incumbencia de sus integrantes, con el advenimiento del Estado esa capacidad sería confiscada y transformada en una prerrogativa exclusiva de las élites. Por cierto, tal situación no excluye la posibilidad de que las comunidades pudieran rebelarse frente a las exigencias tributarias de los funcionarios o pudieran mantener algún conflicto local con otra comunidad, pero, en tal caso, el Estado no trataría a tales comunidades en calidad de enemigos sino de rebeldes ante el orden estatal (Campagno, 2013). En similar sentido, tampoco se trataría de que los integrantes de las comunidades quedarán al margen de la guerra, pues serían reclutados a través de levas como modo de pagar el tributo en trabajo, pero los objetivos de esas guerras ya no estarían a nivel local y en correspondencia con los intereses aldeanos sino en regiones cada vez más lejanas y en relación con los intereses de las élites estatales. La pérdida de la autonomía política de las comunidades implicaría un doble dislocamiento de la guerra, que pasaría a acontecer lejos de cada comunidad y lejos de las experiencias derivadas de su antiguo modo de vida.

Y en tercer lugar, en cuanto a la minoría dominante que emergería del proceso en el que adviene el Estado, sucedería un efecto inverso respecto del que afectaría a las comunidades de base. La élite estatal monopolizaría la práctica bélica, lo que implicaría que solo ella decidiría a quién, por qué, cómo y cuándo hacer la guerra. En el umbral de la Dinastía I, con el cese de la expansión estatal, se estabilizarían unas fronteras tan políticas como cósmicas, respecto de las cuales quedarían definidos los tres grandes vecinos enemigos de Egipto: asiáticos, libios y nubios (Köhler, 2002; Wilkinson, 2002; Poo, 2005). Las regiones habitadas por tales poblaciones serían entonces significadas de un modo doble. Por un lado, todo espacio extra-egipcio sería simbolizado como un ámbito desde el que el caos acechaba al orden egipcio, por lo que siempre debía ser combatido, tal como lo expresa la iconografía de comienzos del III milenio a.C. (Campagno, 2008; De Wit, 2008; Bestock, 2018). Pero, por otro lado, esas mismas regiones proporcionarían toda una serie de recursos para el consumo de la élite estatal. Así, para los inicios de la Dinastía I, mientras la Paleta de Narmer celebra el liderazgo guerrero del rey que sacrifica a un enemigo e inspecciona un conjunto de cuerpos humanos decapitados, un registro de la Cabeza de Maza de Narmer (cf. Fig. 8) señala la obtención de ganado y cautivos luego de una campaña militar (Quibell, 1900; Gilbert, 2004; Bestock, 2018). De modo similar, posteriormente y en el plano textual, la Piedra de Palermo menciona determinados años como “el año de castigar a los arqueros” o “el año de golpear a los nubios”, lo que implica referencias conmemorativas (o incluso programáticas), que destacan la dimensión militar de la realeza temprana (Wilkinson, 2000), en tanto que la propia Piedra de Palermo para el rey Sneferu (Dinastía IV), o las autobiografías de Weni y de Herkhuf (altos funcionarios de la Dinastía VI) también dan cuenta de la organización de expediciones equipadas militarmente que a su regreso pueden traer cautivos y ganado, así como diversos bienes de prestigio (marfil, pieles de animales, sustancias aromáticas) para el rey y su élite (Wilkinson, 2000; Strudwick, 2005).

Fig. 8: Cabeza de maza de Narmer (Cervelló Autuori, 1996, Fig. 33, p. 306).

Así, el devenir estatal de la práctica de la guerra genera sensibles cambios en ella, tanto de escala como de objetivos, modalidades y protagonistas. Hay un aspecto, sin embargo, en el que se presenta una notable continuidad: es el que articula la guerra con el liderazgo y el ritual. La evidencia iconográfica del período Predinástico, como se ha visto, describe un tipo de personajes destacados, que asociamos a figuras de liderazgo, equipados con distintas armas o en rituales que involucran enemigos cautivos. Desde que aparecen los primeros indicios de estatalidad en el valle del Nilo, es el rey quien es representado atacando en persona a sus enemigos, ejecutando ritualmente el sacrificio del enemigo vencido o presidiendo actos de decapitación de prisioneros. Ciertamente, esas escenas revelan, en comparación con las de las épocas pre-estatales, un salto de escala que implica que los enemigos van variando de identidad a medida que se expande el territorio políticamente controlado. Pero tal salto de escala se produce en el marco de una misma cosmovisión que considera al liderazgo como una condición íntimamente ligada a la garantía del orden cósmico y que apela a la acción guerrera como un modo de reafirmar ese orden tal como debe ser mantenido y ampliado (Cervelló Autuori, 1996; Campagno, 2002; Vernus, 2011). Siglos y siglos después, Egipto continuaría reconociendo la práctica de la guerra, al igual que el culto a los dioses, como un predicado directo del rey-dios: aunque las acciones concretas pudieran ser delegadas a otros agentes, el monarca sería siempre quien simbólicamente las llevaría a cabo. De este modo, la conexión entre liderazgo sagrado y guerra se revela como un rasgo cuya raigambre antecede al Estado y se hunde en una temporalidad que es seguramente mucho más profunda.

VI. A modo de cierre

Una y múltiple, la práctica de la guerra muta en el valle del Nilo entre el IV y el III milenio a.C. Definida al modo de Clausewitz, como un acto de fuerza para imponer la propia voluntad al enemigo, su existencia se hace evidente tanto antes como después de la emergencia del Estado. Sin embargo, en su desacople de la lógica del parentesco propia del ámbito aldeano y en su re-acople en el marco de la lógica estatal, la guerra no solo cambia de escala: cambia de forma y de sentido. Los antiguos agrupamientos de guerreros coordinados por un líder dejarán paso a un dispositivo fuertemente jerarquizado y extendido sobre todo el territorio. Del mismo modo, las viejas autonomías comunales se desvanecerán frente a una maquinaria orientada a atender las demandas materiales y simbólicas de las nuevas élites. Así la guerra pasará de ser un asunto de las comunidades a ser un asunto exclusivo del Estado. La práctica continuará, pero en condiciones que serán dramáticamente otras.

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Mutación de la guerra, metamorfosis de lo militar.

El conflicto Ruso-Ucraniano, un ejercicio de historia regresiva transnacional

Mutation of war, metamorphosis of the military.

the Russian-Ukrainian conflict, an exercise in transnational regressive history

“La manière dont les hommes se sont combattus a toujours été aussi efficace pour déterminer les structures de la société, que la manière dont les hommes ont travaillé”

R. Aron (1963)

Edgardo Manero¹

Recibido: 10/02/2026

Aceptado:29/03/2026

Resumen

La característica del trabajo reside en la comprensión del fenómeno de la guerra a partir de su mutación, una problemática que, aunque largamente explorada, demanda reactualizaciones, mediante un análisis que parte de lo más reciente cronológicamente, el conflicto en Ucrania, para remontarse al fin de la bipolaridad, momento fundacional en relación con los cambios experimentados en las representaciones prácticas y estratégicas. Una particularidad del pensamiento sobre lo militar ha sido la dimensión del método comparativo histórico; pensar la guerra implica revelar su historicidad. Las transformaciones que se produjeron con el fin de la guerra fría en 1989 y el ciclo abierto el 11 de septiembre de 2001 exigieron una revisión necesaria de los conceptos relacionados con lo estratégico en general y con la guerra en particular. Esta revisión debe inscribirse en un marco definido no solo por la desarticulación de la rivalidad ideológica o por la emergencia de nuevos procesos de enemistad, sino también por la transformación civilizatoria en curso producida por la revolución científico-tecnológica. Dando cuenta de las relaciones pasado-presente, el trabajo aborda a partir del conflicto ruso-ucraniano cuestiones tales como las particularidades del sistema internacional en el que se inscribe, la relación entre lo político y lo militar, las características de los conflictos definidos como híbridos, el lugar de la tecnología en la transformación de la guerra y sus límites, el peso del paradigma de la Revolución en los asuntos militares y el rol de los territorios.

Palabras clave: estrategia, guerras, conflictos armados, revolución tecnológica, territorios, poder. Abstract

The distinctive feature of this work lies in its understanding of the phenomenon of war through the lens of its evolution—an issue which, although extensively explored, requires a fresh perspective. This is achieved through an analysis that begins with the most recent event, the conflict in Ukraine, and traces back to the end of the bipolar era, a pivotal moment in terms of the changes experienced in practical and strategic representations. A distinctive feature of military thought has been the dimension of the comparative historical method; to think about war implies revealing its historicity. The transformations that occurred with the end of the Cold War in 1989 and the cycle that began on 11 September 2001 necessitated a review of concepts related to strategy in general and to war in particular. This review must be situated within a framework defined not only by the dismantling of ideological rivalry or the emergence of new processes of enmity, but also by the ongoing civilisational transformation brought about by the scientific and technological revolution. Taking into account the relationship between past and present, this study uses the Russian-Ukrainian conflict as a starting point to address issues such as the specific features of the international system within which it is situated, the relationship between the political and the military, the characteristics of conflicts defined as hybrid, the role of technology in the transformation of warfare and its limitations, the influence of the Revolution paradigm on military affairs, and the role of territories.

Keywords: strategy, wars, armed conflicts, technological revolution, territories, power.

I. Un acontecimiento estratégico mayor

La guerra en Ucrania presenta características originales e inusuales en comparación con los conflictos armados del siglo XXI. Asimilada a los enfrentamientos bélicos del siglo XX que se creían definitivamente superados, pone de manifiesto la persistencia de la guerra de alta intensidad. La invasión territorial, el recurso a la artillería, los tanques y la infantería en un contexto de líneas de frente con trincheras, bombardeos de centros urbanos, un exilio en Europa sin precedentes desde el final de la Segunda Guerra Mundial y una movilización legitimada en la identidad nacional, instalaron la idea del retorno de la forma clásica de la guerra. Aunque el conflicto ha tenido repercusiones diferente en los centros que, en las periferias, su impacto global ha llevado a revisar, al igual que en 1989 o en 2001, los conceptos de defensa y seguridad, así como las características de las amenazas y del enemigo, replanteando la cuestión del espacio, del territorio y de las fronteras. En este marco, la propuesta de análisis debe entenderse como un vaivén constante entre el presente y un pasado inmediato; puede considerarse tanto como un ejercicio de historia regresiva² transnacional como una historia del tiempo presente dada la búsqueda de trazas de lo acaecido en la contemporaneidad del conflicto.

Si el conflicto en Ucrania tiene repercusiones globales, en Europa toma otra dimensión. En dicho continente, el conflicto ha puesto en tela de juicio la capacidad de mantener la guerra fuera de su territorio, afectando un componente prioritario del proyecto europeo posterior a 1945: la Unión Europea como expresión de la paz. A una Europa liberada de la guerra correspondía el anhelo de una Europa sin fronteras que acompañó a la entrada en vigor del acuerdo de Schengen. La guerra instaló la problemática de la soberanía nacional y de las fronteras de una forma diferente a la planteada por la inmigración o el proceso de integración regional.

Este alejamiento de la guerra había adquirido una dimensión mayor con el fin de la bipolaridad, hasta el punto de hablar de un fin de la guerra, una derivación, en última instancia, del supuesto fin de las ideologías. El proyecto liberal europeo se centraba en la posibilidad de construir un espacio no solo postschmittiano, sino también postclausewitziano. Se cuestionaba la idea de que el antagonismo político constituía el antagonismo supremo y la correspondiente centralidad de la distinción schmittiana entre el amigo y el enemigo (Schmitt, 1992), así como la fórmula clausewitziana de la guerra como continuación de la política. En la era de las revoluciones que acababa de terminar, en la que habían aparecido nuevos tipos de guerras, para actores situados en diferentes puntos del espectro político la distinción entre amigo-enemigo había sido el primer paso que dictaba tanto la guerra como la política. Con el colapso de la URSS en 1991, la palabra guerra quedó prácticamente desterrada de los discursos oficiales en general, expresados en los Libros Blancos sobre la defensa, aunque los conflictos en los Balcanes evocaran la imposibilidad de renunciar al concepto. En un contexto en el que las guerras interestatales habían disminuido en comparación con otras formas de violencia, se duda en nombrarlas, prefiriendo utilizar eufemismos —conflictos de baja intensidad, violencia, crisis, intervenciones u operaciones puntuales— o relegarlas a los Sures, aunque se desarrollaran en la periferia próxima.

Experimentado como un acontecimiento sin precedentes desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la guerra marca el fin de la propensión de los europeos a considerarse una sociedad posconflictual. En Europa occidental, ni el conflicto de los Balcanes ni el terrorismo islamista como práctica política habían puesto en tela de juicio la tradición que pretendía separar la paz en los centros de las guerras en las periferias. Sin embargo, aunque el barómetro muestra la concentración de los conflictos violentos en el Sur (Heidelberg Institute for International Conflict Research, 2024) hasta el punto de que algunas interpretaciones, como la de Gallais (1994), señalaban los vínculos entre violencia y subdesarrollo, Occidente, y no solo Estados Unidos, nunca ha dejado de hacer la guerra. La separación entre la paz en los centros y las guerras en las periferias se construyó sobre las guerras por delegación propias de la Guerra Fría.

Para sociedades que creían en la desaparición de la guerra en su entorno inmediato, el retorno del enfrentamiento convencional interestatal de alta intensidad en suelo europeo significó más que el fin del mito de las sociedades pacificadas; significó el fin de la idea de que la guerra ya no afectaría a las sociedades europeas. La guerra siempre estuvo presente, no solo por el fantasma de los tanques soviéticos o el miedo al fracaso de la disuasión nuclear, sino, fundamentalmente, por intervenciones militares recurrentes, desde Indochina hasta las Malvinas, producto de una historia colonial en general desprovista de la palabra guerra. Para Brosteaux (2025), la modernidad europea estaría atravesada por deseos belicosos, aunque se viva en paz.

Aunque lejos de la creencia de que la guerra revitaliza a las sociedades al permitirles salir de la inercia o de la decadencia propia de otras coyunturas, particularmente importante en los inicios del siglo XX, una pulsión guerrera atraviesa el continente. El desarrollo de la lógica realista del si vis pacem, para bellum romano acompaña el cuestionamiento de la pretensión pacifista que se había forjado sobre el recuerdo del trauma de las guerras mundiales. Presentada como irresponsable y asociada a una ilusión, dicha pretensión es percibida por sus críticos como una negación de la guerra, como un rechazo inconsciente a tener en cuenta una parte de la realidad, vivida como inaceptable, un mecanismo de defensa. Las sociedades europeas se caracterizarían por negarse a reconocer la realidad.

Este retorno de lo bélico se expresa en el aumento de los presupuestos militares, como en el caso británico (Le Figaro, 2026), en la enunciación de la amenaza rusa y en los llamamientos a la movilización, como se pone en evidencia, por ejemplo, en las declaraciones realizadas en noviembre de 2025 por el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas francesas, quien consideraba que la sociedad debía estar preparada para “aceptar perder a sus hijos” (Le Figaro, 2025). La política de D. Trump hacia Rusia y el distanciamiento de la Unión Europea, tal y como se desprende de la National Security Strategie (NSS) de 2025 (The White House, 2025), han reforzado esta situación. En el marco de su priorización de la rivalidad con China, la tolerancia de Trump hacia la posición de V. Putin en la guerra de Ucrania con el objetivo de romper la alianza sino-rusa, ha debilitado la posición hegemónica sobre el conflicto dentro de la UE. Esta divergencia ha provocado una separación sin precedentes dentro del bloque occidental.

Más que como un conflicto que involucra los intereses de las potencias hegemónicas en un sistema internacional en transformación, la guerra en Ucrania se percibió en Europa como una guerra de conquista clásica liderada por un imperio incapaz de convertirse en un Estado-nación e interpretada como una agresión que atenta contra el orden europeo e internacional. Para los rusos, se trata de una guerra preventiva, protagonizada por un Estado que defiende sus intereses nacionales. Conducida bajo el eufemismo de operación militar especial estaría destinada a mantener a Ucrania dentro de su zona de influencia y a frenar a Occidente, representado por la OTAN, percibido como expansionista desde 1989.

II. La perennidad de la transformación de la guerra

Tras el fin de la Guerra Fría, las formas de la violencia política se han vuelto más complejas. Buscando dar respuestas, la innovación conceptual acompañó el nuevo ciclo. Los debates sobre seguridad iniciados en 1989 dieron lugar a una pluralidad de nuevos conceptos que subrayaban el carácter evolutivo de los cambios en el arte militar. Numerosos trabajos abordaron la cuestión de las transformaciones de la guerra. En un contexto en el cual la globalización constituiría viejas y nuevas guerras (Kaldor, 1999), las tesis sobre la caducidad del concepto de poder en su sentido militar (Mueller, 1989) o sobre el fin del orden militar (Bertrand, 1996) convivían con la referencia a guerras de un nuevo tipo, desde la evolución hacia una visión pre westfaliana de los conflictos globales de baja intensidad (Van Creveld, 1991) hasta el concepto de guerra de la tercera ola (Toffler A. & H., 1993) o la era de la guerra de tercer tipo (Holsti, 1996). El 11 de septiembre relanzó los debates estratégicos con otras miradas.

Con la invasión rusa, la guerra, ese “acto de violencia destinado a obligar al adversario a cumplir nuestra voluntad” Clausewitz (1998, p. 51), parece haber cambiado nuevamente de rostro. Como lo recuerda Aron (2004), “la guerra es propia de todos los tiempos históricos y de todas las civilizaciones” (p. 157); sin embargo, como lo pone de manifiesto el discurso histórico, las guerras, en tanto que acontecimiento violento colectivo de envergadura, no pueden asimilarse unas a otras. Fenómeno social proteiforme, como forma universal de intercambio violento, la guerra adopta un aspecto diferente según los beligerantes, transformándose en cuanto a las técnicas, los medios disponibles, los actores implicados o los objetivos perseguidos, redefiniendo, según la época, al enemigo, las instituciones que regulan la violencia y los espacios en los que se produce. No solo cada época y cada sociedad conoce su propia guerra, sino que una misma sociedad puede producir diferentes formas de conflicto bélico. Así, en la Antigua Grecia, el mundo micénico, el sistema clásico y la época helenística dieron lugar a nuevas facetas de la guerra (Detienne, 1999). Pensar su futuro (Freedman, 2018) puede implicar un viaje a sus fuentes (Joxe, 1991).

El siglo XX fue, en términos estratégicos, un momento especial en lo que respecta a los cambios en la guerra. Estuvo muy marcado en el plano estratégico, tanto por el aumento de la capacidad de destrucción —desde las armas nucleares hasta el genocidio³— como por la banalización de la guerra como continuación de la política, consecuencia lógica de la identificación de la esencia de lo político con el enfrentamiento agonístico. Las reflexiones de Schmitt son reveladoras de la transformación operada en relación al modelo clásico de guerra regido por el jus publicum Europaeum propio de los siglos XVII-XIX. Concretamente, en su Teoría del partisano (1992), mostró a principios de la década del 60, cómo el siglo XX introdujo, con dicha figura, un actor que trastocó profundamente el concepto de guerra. Rompiendo el esquema de la guerra interestatal, el guerrillero, en términos latinoamericanos, anuncia la desarticulación de las distinciones binarias clásicas de la guerra moderna y anticipa la centralidad y las formas del conflicto asimétrico.⁴ Schmitt sostiene que la guerra no es un fenómeno estable ni únicamente técnico-militar, sino un concepto político-jurídico que cambia cuando se modifica el marco que da sentido a la enemistad; la mutación en la guerra se produce cuando se transforma la forma de distinguir al amigo del enemigo. Es esta relación con lo político lo que convierte a la guerra en un elemento central de lo estratégico, no reducido necesariamente al hecho bélico⁵.

En la tercera década del siglo XXI, los conflictos en Ucrania o en Oriente Medio nos revelan una vez más que la guerra es un fenómeno socio histórico localizado en el tiempo y en el espacio; que su transformación expresa dinámicas sociales y finalidades políticas. Clausewitz resumió esta interacción en De la guerra (1998, p. 69): “La guerra es un camaleón que cambia de naturaleza según las circunstancias”. Con esta metáfora subrayaba el carácter central de la mutación en la guerra, resultado de las transformaciones doctrinales, las modificaciones tácticas y las innovaciones tecnológicas, pero sobre todo de los cambios políticos (Aron, 1974; 2009). Frente a todo esencialismo, sostenía que cada guerra es un caso particular que exige un análisis propio, obligando a identificar lo específico de cada conflicto. Para el general prusiano, reflexionar sobre la guerra implica tener en cuenta las variaciones concretas que el fenómeno ha manifestado históricamente, identificar sus elementos persistentes: la figura del duelo, metáfora de una reciprocidad de la violencia, su carácter de un acto de violencia destinado a obligar al adversario a ejecutar una voluntad en la que cada adversario intenta imponer su voluntad, pero sobre todo su relación con la esfera política. Paradójicamente, al destacar los cambios, Clausewitz reforzó, como lo evidencia Aron cuya interpretación sigue siendo una de las más logradas, la idea de una esencia, lo inmutable, de la guerra, dada por su naturaleza de persecución de fines políticos y la primacía de la perspectiva política sobre el punto de vista militar.

Expresión del mundo occidental posterior al Tratado de Westfalia, moldeado por la Revolución Francesa, Clausewitz (1998, p. 67) inscribió abiertamente la práctica de la guerra en el ámbito de la política con su frase mítica, “la guerra es una simple continuación de la política por otros medios”; interpretación que se presta a los conflictos militares que han caracterizado la contemporaneidad, incluida la posguerra fría, lo que explica, independientemente de sus críticos, su pertinencia en relación con otras interpretaciones más económicas o antropológicas. ⁶ La supuesta despolitización de las guerras, justificadas en nombre del derecho internacional o de la protección humanitaria y la obsolescencia del modelo clausewitziano, caracterizaron los debates estratégicos en la inmediata posguerra fría. La globalización fomentó la privatización de la violencia, reduciendo su carácter político.

El paso de la violencia política a la violencia infra-política y meta-apolítica es una característica contemporánea (Wieviorka, 2004). Sin embargo, si los conflictos del desorden global pueden no limitarse a la guerra tal y como la concebía Clausewitz, gran parte la violencia armada prosigue fines elaborados por la política, aunque se refería a la guerra entre Estados, esto no ha impedido que su pensamiento se aplique a los conflictos intra-estatales. A este respecto, son esclarecedoras las consideraciones de Schmitt sobre el hecho de que Lenin retomara aspectos de Clausewitz para pensar la revolución. En la Teoría del partisano trata explícitamente la forma en que el dirigente ruso reinterpretó la fórmula de la guerra como continuación de la política por otros medios.

La guerra en Ucrania ha permitido salir del impulso del conflicto asimétrico propio de la posguerra fría sin necesariamente avanzar hacia un retorno a la guerra convencional como forma exclusiva de lo militar, es decir, reducirla a un conflicto entre pares como Estados soberanos, caracterizado por enemigos, —absolutos o relativos—, y reglas comunes basadas en el reconocimiento mutuo de la legitimidad del adversario. La posibilidad de conflictos interestatales por la hegemonía que esta guerra ha abierto deja entrever la perdurabilidad del poder militar, de la alta política realista, que los conflictos asimétricos solían ocultar, pero también el carácter heterogéneo de los conflictos en curso y la diversidad en la percepción de la amenaza. Estas últimas no se perciben necesariamente como comportamientos estancos. Así, en Europa, donde desde principios del siglo XXI la circulación de flujos de población se relaciona con la amenaza del terrorismo y, progresivamente, con el riesgo de guerras civiles, especialmente en Francia y en el Reino Unido (Betz, 2024; 2025), la migración extra-regional es considerada como un recurso que Rusia podría movilizar en el marco de una guerra híbrida contra Europa.

La guerra en Ucrania permite también percibir la vigencia del recurso a una práctica perenne inherente al carácter político de la guerra. Mediante la tensión que mantiene con el exterior, el conflicto permite garantizar, en contrapartida, la unidad de la comunidad dirigiendo la hostilidad hacia el exterior del colectivo de identificación para promover su integración, desviando así la atención del caos interior, especialmente en situaciones de crisis social y deslegitimación política. Clastres (1997) sostiene que para que la comunidad pueda enfrentarse eficazmente al mundo de los enemigos, debe estar unida, ser homogénea, sin divisiones.⁷ El recurso al estado de guerra latente es más que una pieza esencial del sistema político arcaico⁸, es un componente de lo político, que en Occidente y su extremo, se expresó bajo formas diversas, del Timor externus maximum concordiae vinculum, de Tito Livio (Joxe, 1991, p. 203) hasta “la guerra como nodriza sangrienta que prepara a las sociedades para ser cohesionadas” de W. James (1912, p. 23) pasando por las reflexiones de Coser o Simmel.

La rueda de prensa del jefe del Estado Mayor del Ejército francés, el general Burkhard, a petición del jefe del Estado, en la que se establece un panorama de las amenazas que se ciernen sobre Francia y Europa, pone de manifiesto mucho más que el carácter heterogéneo de los conflictos previstos. En estrecha relación con la guerra en Ucrania, esta inusual intervención se produce antes del discurso del presidente Macron en la recepción en honor de las Fuerzas Armadas en vísperas del 14 de julio. La enumeración de los peligros refuerza la legitimidad de las decisiones del jefe del Estado en relación con Rusia y el rearme en un contexto de austeridad. Burkhard mencionó los conflictos en Oriente Próximo, las tensiones en la región Indo-Pacífico, la persistencia del riesgo terrorista, los conflictos en el espacio, el ciberespacio y los fondos marinos, el aumento del tráfico de drogas y el crimen organizado, así como las consecuencias del cambio climático, catalizador del caos.

Las amenazas estatales surgen en el contexto de una contestación de Occidente: el terrorismo de Estado iraní y su política de secuestros, China, que espía y lleva a cabo una campaña para desacreditar al Rafale durante el conflicto entre la India y Pakistán y, especialmente, Rusia, que, comprometida con debilitar a Europa y desmantelar la OTAN, habría designado a Francia como su principal adversario en Europa. Burkhard aseguró que, en 2030, Rusia constituirá una verdadera amenaza, aunque Francia no correría el riesgo de “ser atacada directamente en su territorio nacional”; Moscú libra una guerra híbrida (Armée française, Déclaration du chef d’état-major des armées, Youtube, 2025).

III. La hibridación, la característica de los conflictos contemporáneos

El conflicto en Ucrania constituye una oportunidad para reflexionar sobre la transformación de la guerra, estableciendo un nuevo escenario, más complejo para la comprensión de los fenómenos bélicos, que el de las guerras asimétricas. La guerra punitiva desencadenada en Gaza por Israel, independientemente de su radicalidad genocidiaria que le confiere un carácter único, no ha supuesto ni aportado un cambio importante con respecto a las formas de conflicto propias de la posguerra fría, en particular tras el 11 de septiembre. Se trata de una guerra motivada por una intensa idea política, legitimada en nombre de la distinción moral entre el bien y el mal, contra una ideología y no contra un Estado, en la que la figura del combatiente irregular vinculado al territorio y apoyado e instrumentalizado por una potencia (Irán) se opone a un ejército nacional. La intervención en Gaza forma parte de esa lógica en la que la guerra deja de ser un duelo regulado y se convierte en un conflicto global, existencial, en el que el enemigo, transformado en criminal y no en adversario legítimo, se constituye en un enemigo absoluto, deshumanizado, ya que se opone, por sus prácticas, el terrorismo, a la humanidad, práctica analizada por Schmitt (1992) en relación con el orden bipolar.

El enfrentamiento entre Rusia y Ucrania es tanto un conflicto de soberanía sobre territorios en disputa como una disputa por la hegemonía continental que condensa varias guerras en un único escenario de operaciones. Se trata, en primer lugar, de una guerra entre Estados soberanos por la acción de un Estado que ha vulnerado la soberanía de otro. En segundo lugar, de una guerra civil movilizando elementos étnicos entre ucranianos y rusos parlantes, característica de la inmediata post guerra fría. Los años 90 vieron la formación, basada en criterios étnicos, lingüísticos o religiosos, de entidades políticas que buscaron afirmarse, especialmente en tiempos de crisis, contra los Estados-nación, mediante la reivindicación de una soberanía expresada en nuevas fronteras físicas.

Por último, una guerra por delegación que, en un sistema internacional conflictivo por naturaleza, en transición, en un contexto de tensiones y alianzas volátiles entre potencias, encierra el potencial de una escalada continental, incluso global, con la posibilidad de recurrir a las armas nucleares, participado de la idea de una Tercera Guerra Mundial, en curso o latente. Los países de la OTAN suministran armas, información y formación sin entrar oficialmente en guerra, aplicando sanciones comerciales, pero tolerando su transgresión, especialmente en lo que respecta al gas y al petróleo. Por su parte, los rusos cuentan con el apoyo de Corea del Norte o Irán.

La guerra es calificada de alta intensidad, caracterización pertinente en comparación con otras formas de conflicto de la posguerra fría. Sin embargo, esta denominación puede ser objeto de debate si se tiene en cuenta la ausencia de una característica que la historia del siglo XX suele asociar a este tipo de enfrentamientos: la aniquilación total; especialmente si se considera la potencia del arsenal ruso y las particularidades de su cultura estratégica⁹. La guerra en Ucrania es una guerra heterogénea, en la que el conflicto convencional entre Estados con fuerzas armadas regulares movilizando tanques, infantería y artillería pesada es solo una de sus formas, si bien es su aspecto más extremo y evidente. Por sus características, la guerra en Ucrania se ha calificado a menudo como híbrida o como un conflicto híbrido en sus fases iniciales que evolucionó hacia una guerra convencional, una separación engañosa y anacrónica. Dicha cuestión evoca una particularidad del conflicto: la temporalidad en la que se inscribe su desarrollo. Esto se pone de manifiesto la dificultad para datar su origen: el anuncio por parte de Estados Unidos, durante la cumbre de la OTAN celebrada en Bucarest en abril de 2008, de su apoyo a la incorporación de Ucrania a esta organización; el inicio del Euromaidan el 21 de noviembre de 2013; la anexión de Crimea en febrero-marzo de 2014 o el inicio de las operaciones en territorio ucraniano el 24 de febrero de 2022.

Relativamente reciente en la literatura, el concepto de guerra híbrida, fundamental en los debates estratégicos contemporáneos, no se formalizó hasta principios del siglo XXI, basándose en prácticas preexistentes. La reflexión de Hoffman (2007) forma parte de esos textos pioneros. La guerra híbrida articula fuerzas convencionales y grupos armados irregulares, con el recurso a ciberataques, presiones políticas y económicas, operaciones de desestabilización y propaganda (sabotajes, vandalismo, desinformación, manipulación, etc.) El uso de armas innovadoras cohabita con el fusil de asalto, el bombardeo de poblaciones con los asesinatos selectivos o los atentados, el recurso a sanciones económicas con el bloqueo de la ayuda humanitaria. Consecuencia del deseo de oponer a la guerra convencional, concebida como clásica, el adjetivo híbrido suele conllevar, de forma errónea, la idea de una intensidad menor, sin asimilarla necesariamente a los conflictos de baja intensidad.

Si la combinación de medios militares y no militares ha caracterizado las guerras en el siglo XX, la diferencia de la guerra híbrida reside en la modificación radical en la espacialidad del conflicto dada por la importancia del ciberespacio. Como consecuencia de las transformaciones experimentadas por las sociedades nacionales y por el sistema internacional, los conflictos violentos en el desorden global han continuado profundizando la combinación de modalidades, métodos y espacios de confrontación iniciada con la era industrial. La particularidad del ciclo en curso está dada por el peso de la combinación de acciones en el mundo real y en el virtual. El frente bélico digital es parte de un sistema militar único; la simultaneidad es la característica del nuevo paradigma estratégico, lo que instituye la diferencia con otros.

El carácter holístico del conflicto, que caracteriza la guerra híbrida, mantiene un aspecto totalizador que la asimila a una forma de guerra absoluta, aunque difiera de la propia del universo de Clausewitz, como ideal-tipo. El general prusiano hacía referencia a un modelo teórico y no a una recomendación práctica u objetivo, en el que la violencia del conflicto se desata sin límites. Este aspecto totalizador, de los conflictos híbridos, que tampoco debe confundirse con la guerra total surgida de la Primera Guerra Mundial, apuntaría a la voluntad de combatir más que a la aniquilación total¹⁰.

El conflicto entre Rusia y Ucrania forma parte del paradigma de la subordinación de la política, tanto interior como exterior, al imperativo de la victoria militar. Sus rasgos distintivos residen en la implicación de las infraestructuras civiles y de las poblaciones no combatientes, que se incorporan mediante la construcción de un discurso político orientado a la cohesión social. El conflicto demuestra que la forma contemporánea de guerra de alta intensidad ha hecho que la dimensión del complejo logístico e industrial que sustenta a los ejércitos en campaña sea más sofisticada y costosa, como consecuencia de la relación entre la tecnología y la capacidad industrial.

Las características de las guerras híbridas nos recuerdan que las propias fronteras de la guerra siguen siendo objeto de debate. Este tipo de conflicto profundiza la subversión de las oposiciones binarias propias del universo militar producido por el derecho europeo y definido como clásico, instaurada con la guerra total y continuada con los conflictos de la Guerra Fría. Este universo se estructuraba en torno a la pretensión de la distinción tajante entre guerra y paz, civil y militar, combatiente y no combatiente, público y privado, nacional e internacional, interior y exterior, frente y retaguardia. La aparición de zonas grises, resultado de la indeterminación de los pares opuestos, se puso de manifiesto tempranamente en América Latina durante la Guerra Fría (Manero, 2020).

Características de la guerra en Europa oriental percibidas como formando parte de un universo militar diferente en relación a los conflictos asimétricos, no evocan un retorno a una época pasada, al enfrentamiento frontal de los ejércitos en la batalla, que caracterizaba la acción bélica hasta la Segunda Guerra Mundial en el imaginario social, sino más bien una señal del carácter heterogéneo de la guerra. La guerra reintrodujo la importancia del conflicto interestatal, pero también confirmó el recurso a grupos armados irregulares, especialmente en sus fases iniciales, y a Sociedades militares privadas. La participación de estas empresas se sitúa en una ambigüedad, no sólo jurídica, dada por la tensión entre los pares dicotómicos que tradicionalmente constituyeron la guerra. Estas empresas, que, aunque no son fuerzas estatales regulares, actúan como tales, han obligado a reintroducir en el análisis la separación de la guerra de la centralidad estatal. El hecho de que los Estados, no solo en las periferias, parezcan haber perdido o relativizado el monopolio del uso de la fuerza armada, constituyó el aspecto más evidente y también uno de los más analizados del contexto abierto en 1989 en términos estratégicos.

Esto no se debe únicamente a la ausencia o al debilitamiento del Estado, sino también a una forma específica de relación del Estado con actores, legales e ilegales, al posicionamiento frente a ellos, en un proceso en el que la violencia se convierte en un recurso para la gestión de la política y/o la economía. Esta lógica va más allá de la relación del Estado con las organizaciones criminales, característica de las sociedades periféricas. El ciclo iniciado en 1989 con la privatización de la guerra nos muestra que esta última no es solo una cuestión de Estado o una relación entre Estados. Para Hassner (2000), hay razones para pensar que la propuesta según la cual el Estado hace la guerra ya no refleja completamente la realidad actual.

Si la Guerra Fría había dejado en claro que la guerra no se reduce a una cuestión interestatal, el desorden global permitió renunciar definitivamente a la tesis moderna, rousseauniana, que estipulaba que no hay guerra entre hombres, solo entre los Estados¹¹, algo que la antropología suele recordar cuando evoca que la guerra concierne también a las sociedades sin Estado. En un contexto en el cual el Estado es cada vez menos la encarnación de lo político, el conflicto en Ucrania vuelve a poner de relieve su centralidad sin necesariamente dejar de lado las Sociedades militares privadas. Con diferencias, Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña o Francia recurren a ellas desplegadas en diferentes teatros de operaciones, desde Colombia hasta el Sahel¹².

La intervención se lleva a cabo en el marco del apoyo a los ejércitos nacionales o incluso de su sustitución, para la subcontratación de tareas, incluidas las ilegales, para misiones de cooperación, ya sea en apoyo de un tercer Estado que se enfrenta a una situación de crisis, en el marco de una asociación militar, o para acompañar la venta de armas y la formación en su uso y mantenimiento. Estas empresas, que no se ajustan necesariamente al modelo de Blackwater o Wagner, han desempeñado un papel importante en la militarización de la gestión de los flujos y los stocks característica de la posguerra fría participando tanto en el apoyo táctico como en operaciones de inteligencia, propaganda y desinformación.

En lo que concierne el conflicto en Ucrania, por parte rusa, se ha hecho referencia a la participación de empresas militares privadas, vinculadas a estructuras estatales como la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa o a los oligarcas. El grupo Wagner, la más conocida de las empresas militares rusas, ha participado en operaciones de combate, como las campañas del Donbás, actuando como infantería ligera, artillería y apoyo táctico. Tras la muerte de Prigozhin, el grupo ha seguido activo, bajo diferentes denominaciones. Rusia reestructuró y oficializó algunos de estos grupos poniéndolos bajo control estatal, al tiempo que negaba su condición de mercenarios. Por parte de Ucrania, el grupo Mozart, que suele presentarse como un conjunto de voluntarios, es el más conocido. Ha estado oficialmente activo hasta 2023. Las Sociedades militares privadas que operan para Ucrania se presentan, en general, como un apoyo a la formación de las fuerzas locales, a la cadena logística y como proveedoras de ayuda humanitaria. Cabe destacar la presencia latinoamericana, en particular de colombianos. Ucrania ha considerado la legalización de las empresas militares privadas y la reinserción de los combatientes (Euromaidan Press, 2024).

Por otra parte, en estrecha relación con la figura del combatiente, el conflicto en Ucrania se acompañó de la profundización de los debates sobre el retorno del servicio militar, voluntario u obligatorio. El discurso de Macron del 27 de noviembre de 2025 es un buen ejemplo (Vie publique, 2025). El contexto geopolítico brindó la oportunidad de restablecerlo en varios países miembros de la Unión Europea. Al igual que en otras zonas geográficas, los debates en torno al servicio militar suelen limitarse a abordar la cuestión social —comunitarismo, desempleo, delincuencia, migración— desde la perspectiva más reduccionista de la conscripción: el mecanismo disciplinario. El desorden global había provocado en Occidente y en gran parte de su periferia próxima, como América Latina, un cuestionamiento, expresado en el fin del servicio militar, del modelo de ejército que surgió con la Revolución Francesa, cuyo paradigma era el pueblo en armas y la figura del ciudadano-soldado. Lejos del servicio militar obligatorio como relación contractual entre las obligaciones y los derechos del ciudadano, como contrapartida del derecho al voto, la defensa de la Patria ya no remite a un modelo de vida pública en el que la defensa está vinculada a la participación directa de todos los ciudadanos en los asuntos políticos de la pólis.

La transformación de la guerra no se limita a los cambios en el orden político, muta también en el plano táctico, logístico o tecnológico. El desorden global constituye una coyuntura particular, dado el impacto de la revolución científico-tecnológica en el plano militar. El conflicto en Ucrania ha puesto de relieve la intensidad de los debates, iniciados con la primera guerra del Golfo, sobre la relación de la tecnología con la seguridad. Si bien la tecnología no hace la historia por sí sola, como se desprende de las reflexiones de A. Touraine, entre otros, transforma la estructura del poder. Ahora bien, en términos estratégicos, las nuevas tecnologías implican más que el desarrollo de nuevas armas y los aportes introducidos por la IA en la toma de decisiones. No solo relanzan el espacio extra-atmosférico como objetivo o valorizan el territorio físico permitiendo el acceso a los fondos marinos e impulsando la disputa por los recursos naturales necesarios para la producción tecnológica (europio, gadolinio, disprosio, litio, etc.). Las nuevas tecnologías también constituyeron un nuevo terreno de enfrentamiento: el ciberespacio. La guerra ruso-ucraniana evoca tanto la perennidad de los territorios y las fronteras físicas como la prioridad del ciberespacio, reto prioritario del nuevo ciclo en términos de seguridad, componente central de la guerra híbrida.

IV. Territorios y transformaciones tecnológicas

El conflicto en Ucrania reinstaló abiertamente la importancia del control de los territorios en general, y de las fronteras en particular. Tras el fin de la bipolaridad, la idea de que la interdependencia de las economías mundiales moderaba los riesgos de enfrentamientos entre Estados relacionados con conflictos territoriales, condicionó y relativizó la percepción de los territorios en términos de seguridad. Sin embargo, en el marco de profundas recomposiciones sociales y políticas, el territorio como objeto de disputa se expresó en conflictos disímiles, relacionados con reivindicaciones identitarias, con circulaciones percibidas como amenazantes o con la apropiación o gestión de los recursos naturales. En las periferias, las fronteras heredadas del período colonial son cuestionadas no sólo por actores estatales. El peso de la herencia colonial se relativizó frente a otras problemáticas, aunque no desapareció. Un ejemplo es el conflicto que estalló en 2025 entre Camboya y Tailandia, cuyo origen radica en la ambigüedad de la línea de demarcación establecida en el tratado franco-siamés de 1907.

Para los países hegemónicos, por sus recursos y su valor estratégico, el territorio físico siguió estando en el centro de sus representaciones y prácticas estratégicas, como lo ilustra la importancia de la proyección de fuerzas —de la campaña expedicionaria a la implantación de bases militares—, la construcción de muros y las disputas de soberanía sobre los mares y los polos. En ese marco, la guerra en Ucrania parece evocar una dimensión diferente, en el que la cuestión del territorio impulsada por los países centrales, trasciende la puja entre actores estatales con pretensiones hegemónicas sobre las periferias globalizadas propio a la post-guerra fría. Los espacios en disputa se definen como prioritarios para la seguridad nacional. El interés expresado por Trump por anexionar Canadá y Groenlandia, presente desde su primer gobierno, formaría parte de la misma lógica.

Desde el punto de vista estratégico, el territorio ha tenido tradicionalmente una triple naturaleza. Podía ser a la vez el motivo o el objeto de los conflictos, el lugar donde se desarrollaban —el escenario de los enfrentamientos— y la justificación que legitimaba la acción militar. Durante la segunda mitad del siglo XX, el territorio sufrió importantes cambios en términos estratégicos con la transformación de la relación histórica entre poder y el espacio físico. Hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, bajo la lógica de la supremacía de la cantidad, el territorio constituía un elemento decisivo para la movilización de todos los recursos —naturales, industriales y demográficos— disponibles, lo que caracterizaba los enfrentamientos propios de la guerra de segunda y tercera generación. La extensión territorial se asociaba al estatus de un país en el sistema internacional. Concebida a partir de la idea de reserva de valores, la extensión formaba parte del orgullo nacional, no solo para los nacionalistas.

En el orden bipolar, salvo raras excepciones como China, los países hegemónicos no tuvieron reivindicaciones irrendentistas. Los procesos de descolonización significaron el fin de un ciclo del cual la Conferencia de Berlín (1884 -1885) y la teoría de los espacios vitales, el Lebensraum de los alemanes, constituyeron su forma más extrema. En el contexto de la Guerra Fría, el territorio, en su forma tradicional, era cada vez menos una fuente de tensión entre los Estados (Luard, 1988). Los enfrentamientos armados interestatales relacionados con una redistribución territorial en su forma tradicional eran poco frecuentes, como fue el caso del conflicto entre Irán e Irak, entre Etiopía y Eritrea, entre Argentina y Gran Bretaña o entre los países árabes e Israel.

En el desorden global, los conflictos violentos, incluido el de Ucrania, nos hablan de la emergencia de una territorialidad —como espacio delimitado y apropiado por un grupo humano— más compleja, resultado de la revolución científico-tecnológica que define la fase actual del capitalismo. Con el fin de la Guerra Fría se abre un nuevo ciclo estratégico, necesariamente caracterizado y condicionado por el impacto de las nuevas tecnologías en el conjunto de las condiciones que rodean a los seres vivos. Esto trasciende los múltiples procesos de integración e interconexión, cuya forma más evidente es la expansión de las redes sociales y de comunicación. La revolución científico-tecnológica ha trastocado radicalmente las formas de vida y las identidades sociales, provocando una mutación social excepcional considerada tan profunda como lo fue el paso de las sociedades agrarias a las industriales.

La revolución científico-tecnológica es indisociable de la metamorfosis de la guerra y, por carácter transitivo, de la transformación de un concepto polisémico, el espacio (Simon, 2024), consecuencia de la ampliación y redefinición del territorio que hay que proteger debido a los cambios tecnológicos y los comportamientos humanos resultantes. Los actores con valor estratégico, en particular las fuerzas armadas, actúan en espacios geográficos en proceso de recomposición, donde se rediseña la territorialidad de la seguridad, como consecuencia de un entorno que no es solo físico, es decir, determinado por los datos naturales y culturales del medio en el que evoluciona la sociedad.

La revolución científico-tecnológica ha puesto de manifiesto, como nunca, el entorno como un conjunto de actores y recursos que interactúan con y en una espacialidad que no se reduce a una territorialidad geográfica; la representación del espacio tiende a liberarse de las fronteras físicas y del control de territorios claramente delimitados que han caracterizado la geopolítica tradicional. Este cambio radical ha obligado a replantearse la relación entre espacio, poder y conflictos, es decir, los fundamentos de la geoestrategia como estudio de los desafíos espaciales que afectan a la seguridad y no solo como un enfoque geográfico del hecho militar.

La ampliación de la territorialidad de los retos en materia de seguridad, que no se limita al ámbito operativo, está relacionada con el aumento progresivo, desde principios del siglo XX, de la importancia, en términos de seguridad, de espacios que pueden calificarse de inmateriales, en contraposición a los espacios terrestres y marítimos, que pueden calificarse de materiales. Se trata del espacio aéreo, del espacial o extra-atmosférico y cibernético, este último con una característica que lo hace excepcional: su incidencia en todos los ámbitos de la vida social contemporánea. Las referencias y los debates sobre la oposición entre los espacios sólidos y los espacios fluidos o móviles, materiales e inmateriales, son una característica de la coyuntura abierta por la revolución científico-tecnológica. Estos espacios necesitan imperiosamente de soportes técnicos, como es el caso de barcos, aviones u ordenadores. La expresión navegar por la web ilustra sobre continuidades entre los espacios fluidos e inmateriales ya presentes en el término aeronavegación.

Más amplios y difíciles de delimitar, los espacios inmateriales constituyen entornos propicios para la circulación, donde la institución de una frontera es menos evidente o incluso inexistente, la soberanía nacional, difícil de delimitar, y los actos hostiles nada tienen que ver con la lógica de la intrusión física. El control de los espacios inmateriales es una condición necesaria para la hegemonía, algo que las potencias han comprendido y que se manifiesta en sus representaciones y prácticas estratégicas. Destacada muy pronto por el douhetismo como idea o doctrina militar basada en la importancia de la supremacía aérea y el dominio del cielo con fines de poder militar, la dimensión estratégica de los espacios inmateriales se amplió progresivamente a lo largo del siglo XX, especialmente durante la Guerra Fría, cuando el espacio extra-atmosférico se convirtió en un terreno para los retos geopolíticos.

La voluntad de Trump de asegurar el control de ese espacio frente a los programas anti satélites de China y Rusia ha llevado a la reorganización de la defensa estadounidense con el anuncio, en 2018, de la creación de un nuevo mando militar para el espacio extra-atmosférico. Se trata de una política espacial militar que prevé la creación de una fuerza espacial como nueva rama de las Fuerzas Armadas. El espacio siempre ha estado bajo la responsabilidad de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El control de los cielos como factor de superioridad operativa sigue siendo compartido por todas las potencias (Le Figaro, 2025). Si este dominio no es suficiente para la victoria, como lo demuestran dos conflictos muy diferentes —Ucrania y Gaza— el uso de drones y el desarrollo de misiles hipersónicos o de propulsión nuclear demuestran que es prioritario.

V. El ciberespacio y su base material

A partir de la década de 1980, los espacios inmateriales tomaron un nuevo rumbo con el desarrollo de las redes informáticas. Aunque los conflictos militares nunca se han reducido a territorios que hay que dominar, sino también a redes que hay que controlar (flujos de datos, energía, comunicaciones), este aspecto adquirió un nuevo giro con la importancia de las redes informáticas. El ciberespacio cambió la forma en que los militares conceptualizan y operan en sus entornos al punto tal que, en el ciberespacio, la confusión entre los pares dicotómicos civiles y militares vuelve la distinción de los objetivos y blancos borrosa. Su importancia no se limita a los aspectos más evidentes de las ciberamenazas, como la ciberdelincuencia, forma de inseguridad en expansión, o a la vulnerabilidad frente a ciberataques que afectan no solo las infraestructuras militares (redes eléctricas, hospitales, comunicaciones, etc.). Así, en Francia, la multiplicación de los disfuncionamientos de los sistemas informáticos sufridos en 2025 suele ser interpretada en el contexto del conflicto con Rusia. Los retos del ciberespacio implican tanto el control de los mercados, ya sean financieros, de materias primas u otros, como el control o la manipulación de la comunicación y de la información.

Ahora bien, la percepción del ciberespacio sigue estando condicionada por la idea tradicional del territorio como una porción de espacio apropiada¹³. Esto forma parte de una historia, la del cuestionamiento y protección de los límites territoriales materiales y del principio de soberanía nacional.

El ciberespacio se convirtió en un nuevo espacio de soberanía en el que los Estados tratan de afirmar su control frente a otros actores estatales, pero también no estatales. Esto no se reduce a las organizaciones político-militares o criminales con las cuales la revolución científico-tecnológica ha colaborado no solo en términos de financiación y reclutamiento, sino también en el hecho de que la espacialización de estas entidades percibidas como amenazantes sigue siendo vaga y los límites del ejercicio de su poder, difusos. Implica también, a las grandes empresas, en particular las tecnológicas, que se convirtieron en actores geopolíticos, más poderosos que algunos Estados.

Estas empresas constituyen, dado su peso en la vida cotidiana o en la esfera de la seguridad, una forma específica de esos agentes contestatarios de la soberanía nacional y popular en que se han convertido las grandes corporaciones; condicionando tanto la democracia como la autonomía de los sujetos¹⁴, remodelando los Estados y las sociedades y redefiniendo los juegos de poder y las relaciones de fuerza entre las naciones, contribuyen al desorden internacional. Este presenta cada vez más rasgos comunes con el escenario anterior al orden geopolítico establecido por el Tratado de Westfalia, que convirtió a Europa en un conjunto de Estados con fronteras precisas y reconocidas, sobre las que el poder político ejerce su plena soberanía; un orden parcialmente realizado en las periferias, como en el caso de América. Desde lo más íntimo —los implantes cerebrales destinados a aumentar las capacidades del ser humano— hasta lo macro —la explotación del espacio—, las empresas tecnológicas prevén una ruptura civilizatoria ligada a un anarquismo de mercado.

Las nuevas tecnologías producen tendencias contradictorias en relación con el territorio físico, haciéndolo más controlable mediante satélites, geolocalización, vigilancia permanente, registros biométricos, pero también más accesible por los ciberataques, los drones de largo alcance o los misiles hipersónicos, lo que permite definir espacios cada vez más delimitados y controlados, pero también más porosos, reduciendo la eficacia de las fronteras físicas tradicionales en su razón de ser: la prohibición del acceso. La revolución científico-tecnológica cuestiona la idea de la defensa como interdicción del territorio nacional, cuya forma extrema es la santuarización mediante el arma nuclear.

Ahora bien, la importancia del ciberespacio no debe ocultar que los espacios inmateriales reposan, en última instancia, en algún tipo de base material, lo que crea un entorno complejo de un nuevo tipo. Los territorios físicos se han visto afectados por la desmaterialización del intercambio y por la circulación, resultado del auge de las nuevas tecnologías, sin que por ello se hayan puesto totalmente en tela de juicio, como sostenían algunas interpretaciones¹⁵, ya que, en última instancia, objetivos y actores —ya se trate de recursos, de infraestructuras o de poblaciones, etc.— se encuentran en los espacios materiales, como lo confirma la preocupación, en el marco del conflicto en Ucrania, por los sabotajes a las infraestructuras submarinas, orientados a afectar las comunicaciones. Las tensiones con el Reino Unido en torno al buque ruso Yantar son un ejemplo (Le Figaro, 2025).

En la tercera década del siglo XXI, la importancia que sigue teniendo el territorio físico se manifiesta en todas las escalas del conflicto, desde la disputa geopolítica hasta el combate directo. En las operaciones en entornos urbanos se evidencian los avances y las limitaciones de la tecnología en relación al territorio. Este terreno, como campo de batalla, impone dos limitaciones particulares: la concentración de la población civil y la complejidad de las infraestructuras. Constituye un entorno extremadamente denso, especialmente en los países periféricos, que dificulta, mediante obstáculos físicos, el desplazamiento de las tropas, limita el uso de vehículos blindados y de armas pesadas, y perturba la logística y las comunicaciones. El caso de Gaza es un buen ejemplo; tecnologías innovadoras ayudaron a las fuerzas terrestres israelíes (Globes, 2024). Por un lado, los túneles utilizados por Hamás, un reto prioritario en este conflicto (evasión, almacenamiento, logística subterránea), constituyen un ejemplo de adaptación y de innovación tecnológica a una territorialidad específica por parte de Israel, como lo ilustra el uso de drones para la visualización, el reconocimiento y la cartografía subterránea de las redes, y de la sponge bomb, una espuma expansiva diseñada para bloquear los túneles rellenándolos con una espuma expansiva que se endurece. Por otro, si bien los sistemas de precisión permiten atacar objetivos con menos unidades de munición y mayor exactitud, no garantizan la ausencia de víctimas civiles, lo que introduce en el análisis no sólo los límites de la tecnología sino también la cuestión de la voluntad política en la guerra.

¹ Habilitación a dirigir investigaciones en Filosofía, Université Paris VIII, Doctorado en Sociología, École des Hautes Études en Sciences Sociales. Director de Investigaciones del Centre National de la Recherche Scientifique y docente de la École des Hautes Études en Sciences Sociales (Francia).

ORCID: 0000-0001-6008-9623. Correo electrónico : Edgardo.Manero@ehess.fr

VI. El dron, expresión de un nuevo ciclo estratégico

Aunque a lo largo de todo el siglo XX se utilizaron aviones teledirigidos y aparatos no tripulados con fines militares, el dron, objeto fetiche en materia de seguridad, es la expresión de una nueva era estratégica, adaptándose a diversas formas de conflicto violento, relativizando, en ciertos casos, el uso de la aviación militar¹⁶. Progresivamente utilizado desde la década de 1990, el dron sincretiza las bombas volantes V1 y V2 de la Segunda Guerra Mundial con los aparatos utilizados para tareas de reconocimiento e inteligencia en la guerra de Vietnam. El dron, en última instancia, una subclase de los robots militares autónomos o controlados a distancia, diseñados para aplicaciones militares, es una expresión del douhetismo que caracterizó los primeros momentos de la Revolución en los asuntos militares o RMA por sus siglas en inglés (Revolution in Military Affairs), término introducido en la jerga estratégica por los Estados Unidos en la década de 1990.

Es una herramienta de seguridad propia a un contexto como el del desorden global, caracterizado por la yuxtaposición de la seguridad y la defensa, sin santuario garantizado. El dron participa en la defensa y el ataque, vigila, prevé, elimina y castiga, operando a partir de la transnacionalización de los espacios, independiente de todo límite físico. Es un producto apropiado para la concepción estadounidense de la frontera, como un espacio en continua expansión, que se presenta allí donde llegan los intereses nacionales de los Estados Unidos. A través de la recolección de información y del asesinato selectivo como neutralización de la amenaza, del conocimiento y la acción, el dron es una forma sofisticada de ejercer el poder. Los drones armados para vigilancia y ataque, cuyo paradigma es el Predator, son un ejemplo.

Aunque sigue formando parte de una tecnología de la observación y la escucha aérea, el dron es más que un componente de un sistema de poder panóptico. La centralidad que adquirió en Oriente Medio bajo el gobierno de Obama se desprendía de la lógica de reconocimiento-ataque. Se trata de la voluntad de ser omnipotente a través de la capacidad de ser omnisciente, que se deriva del hecho de que se puede ver y escuchar todo, pero también neutralizarlo todo. No solo es el resultado de la necesidad de identificar y localizar la amenaza, sino, más aún, de eliminarla sin riesgo.

Sin embargo, gracias a su versatilidad, precisión y bajo costo, el recurso al dron ha proliferado: están presentes en todo tipo de conflicto asimétrico, compensando la inferioridad militar de los actores no estatales. Los drones comerciales transformados en herramientas militares utilizados por ISIS en Siria e Irak fueron seguidos por aparatos más sofisticados, como el dron Ababeel, un unmanned aerial vehicle, palestino desarrollado y utilizado en Gaza a partir de 2014 (Le Figaro, 2014). En 2019, en Yemen, los hutíes reivindicaron el ataque con drones a instalaciones petroleras en Arabia Saudita, y en 2025 el Comando Vermelho los utilizó en el marco de una operación antidroga en los barrios marginales de Río de Janeiro.

En Ucrania, esta arma cobró protagonismo, convirtiéndose en el símbolo mismo de la guerra transformando el campo de batalla y relativizando armas pesadas tradicionales, volviéndolas más vulnerables y menos decisivas. Las cifras dan una idea de su importancia. Según las Naciones Unidas, los drones son responsables de aproximadamente un tercio de las muertes y lesiones de civiles ucranianos registradas en 2025 (Nations Unies, 2024). Las autoridades ucranianas, sostienen que más del 80% de los impactos efectivos sobre objetivos rusos en el campo de batalla son realizados por drones (Defense News, 2026). Convirtiéndose en la principal arma ucraniana, permitió compensar las ventajas numéricas rusas y alcanzar territorio más allá de la línea del frente. Su uso repercutió en dos componentes paradigmáticos de la guerra convencional, aumentando los costos en vidas humanas: la infantería y los blindados.

El recurso al dron redujo el rol de las unidades blindadas pesadas, generando la impresión de que la era de las formaciones blindadas masivas ha terminado; en diversas coyunturas los tanques fueron considerados anacrónicos. Esto podría implicar un cambio doctrinal mayor en la concepción de la guerra terrestre, en un país, como Rusia, en tensión permanente entre el desarrollo de sistemas de combate de nuevo tipo y la actualización de principios militares que datan no solo de la Guerra Fría.

El empleo del dron explica, en parte, la lentitud del avance del ejército ruso, que sufrió pérdidas humanas y materiales mucho más significativas que el defensor; habla de su importancia para mantener el control sobre el terreno en disputa. El conflicto puso de manifiesto la evolución en el uso de drones, con cambios tácticos que van desde la saturación de las defensas hasta su fusión con la IA, pasando por los sistemas no tripulados como un pilar central de la defensa, la relativización de los helicópteros de ataque y la artillería pesada, los sistemas no tripulados como componente crucial para lograr la superioridad de fuego y el dominio táctico o el uso de sistemas antidrones; es decir, una tendencia al desarrollo de contramedidas electrónicas basadas en el bloqueo de señales, en lugar de sistemas de interceptación cinética.

Como suele acontecer con ciertos conflictos -el caso de la guerra civil española es un buen ejemplo- Ucrania es un terreno de experimentación para armas y tácticas. Su particularidad está dada por la heterogeneidad, ya que participan tanto gobiernos y empresarios como inversores, programadores e ingenieros. La tecnología potencia la subversión de la separación civil-militar como se desprende del refuerzo de la relación establecida entre las industrias militares y civiles en materia de investigación y desarrollo y del aumento de la participación de los civiles en la defensa mediante su implicación en la ciberdefensa. La guerra influyó en otros espacios probables de enfrentamiento, como los mares. Así, Gran Bretaña considera que los submarinos no tripulados son importantes en el Atlántico norte en caso de conflicto con Rusia.

El dron planteó problemas legales, éticos y morales en relación con la forma de hacer la guerra, que no se reducen a la distancia entre el operador y el objetivo, anticipando los debates sobre las cuestiones éticas y jurídicas relacionadas con el uso y control de las armas autónomas y de la inteligencia artificial. Independientes de los códigos militares modernos, los robots soldados y los barcos sin tripulación capaces de identificar y atacar objetivos sin intervención humana directa alteran la noción de distancia, vulnerabilidad y derechos, no restringidos al derecho internacional humanitario¹⁷. Así, ONG como Human Rights Watch (2024) han planteado los problemas y los riesgos relacionados con el uso de la IA en el marco de las operaciones llevadas a cabo por Israel en la Franja de Gaza; hablan de errores, responsabilidades difusas, peligro para los civiles y falta de transparencia.

VII. La revolución en los asuntos militares, un paradigma en evolución permanente

Desde fines de los años 80, los Estados Unidos desarrollaron una concepción de la transformación de la forma de hacer de la guerra, resultado de la confianza positivista en el progreso tecnológico aplicado a la seguridad en general conocida como RMA. Está expresada triunfalmente en la primera guerra del Golfo, dejaba fuera de toda duda la primacía estadounidense, legitimando el mundo unipolar resultado del fin de la guerra fría. La primera guerra del Golfo sentó las bases de una nueva temporalidad estratégica. El triunfo del capitalismo se erigió a partir de un binomio simbólico, expresión de la relación entre lo político y lo militar. Si la caída del muro se instituye en el mito comunicacional de la victoria económica, el rápido triunfo sobre un ejército soviético anacrónico, poco equipado tecnológicamente —representado por los tanques iraquíes— constituía su equivalente en términos estratégicos. La RMA permitía mantenerse fuera del alcance de un enemigo que practicaba la guerra industrial. Las guerras del Golfo tuvieron un significado en el ámbito militar complementario al desmembramiento de la URSS en el ámbito político. Ante el derribo de la estatua de Hussein, Rumsfeld expresó: “al verlas, no podemos evitar pensar en la caída del Muro de Berlín y el derrumbe de la cortina de hierro” (La Nación, 2003).

Las guerras del Golfo marcaron un punto de inflexión en términos tecnológicos en la historia militar moderna. Las innovaciones tecnológicas — armas de precisión, bombas y misiles guiados por láser o GPS, aviones furtivos (F-117 Nighthawk), drones y satélites— tuvieron una incidencia táctica trascendental: capacidad de ataque a larga distancia con precisión, superioridad aérea absoluta que limitó el compromiso de las tropas terrestres, interconexión en tiempo real, interferencia de las comunicaciones enemigas. Estas guerras no solo han sido un laboratorio de tecnologías furtivas. Las primeras guerras televisadas en tiempo real, básicamente por la CNN, se inscriben en una nueva era de los sistemas de comunicación. El impacto de los blogs y de las redes sociales en los conflictos constituye un nuevo capítulo. La importancia de estos últimos se puso de relieve en la difusión de la contestación en las Primaveras Árabes o en la transmisión de los relatos de los enfrentamientos en Siria. El conflicto en Ucrania se inscribe en ese proceso, es una guerra en directo en las redes sociales.

Por otra parte, las guerras del Golfo también pusieron de manifiesto la manipulación de la información periodística y de las opiniones públicas, dejando ver la importancia de dos componentes de las guerras híbridas: la desinformación y las noticias falsas. Las redes sociales constituyen un elemento apropiado para la desinformación, la manipulación y la propaganda. La vieja cuestión de la construcción de narrativas de conflictos y de la guerra de la información para influir en la opinión pública y desestabilizar las sociedades adquiere nuevas dimensiones con las redes sociales y las tecnologías digitales.

La transición en la forma de hacer la guerra ya se anunció en la Guerra de las Malvinas. Pensar los conflictos como un palimpsesto ayuda a comprender que, en términos estratégicos, la idea de ruptura absoluta y repentina, que se desprendía de la RMA tal como fue planteada en la década de los 90, debe reconsiderarse. El desconocimiento del carácter progresivo del cambio tecnológico instituyó la principal crítica al concepto. La modificación radical en los métodos y medios de la guerra resultante de la tecnología es más bien una evolución que une revolución.

Paradójicamente, descripta como anacrónica, la Guerra de las Malvinas, en realidad, tuvo un alto grado de vanguardia. Esta guerra fue una manifestación anticipada del desorden mundial que surgió a partir de 1989. Perturbados en sus referencias y debilitados en su poder regulador, Estados Unidos y la URSS tienen dificultades para dominar las situaciones en un universo que está estallando (Milza, 1983). La guerra entre Argentina y el Reino Unido fue un presagio de la Primera Guerra del Golfo, no sólo por la imposibilidad de que las fuerzas armadas de un país periférico derrotaran al ejército de un país central en un conflicto convencional.

La guerra del Atlántico Sur anticipó aspectos característicos de los conflictos propios de la posguerra fría: la importancia de la tecnología, la asimetría entre las partes, la inscripción en un sistema de oposición Norte-Sur/Centro-Periferia, las represalias económicas en bloque¹⁸ , los fracasos de la mediación, el enfrentamiento entre un ejército de reclutas y un ejército profesional, el papel de las fuerzas especiales, la dinámica del conflicto estructurada en torno a campañas militares cortas, el retorno de la campaña expedicionaria de tipo colonial llevada a cabo por un Estado europeo, la proyección de fuerzas a larga distancia mediante una expedición militar de envergadura, el uso comunicacional de la variable tipo de régimen político (democracia-dictadura), el rol disciplinador de la derrota, la articulación con variables económicas,¹⁹ la lógica del desplazamiento y la recuperación política, es decir, el “factor Malvinas” (Manero, 2016).

Basada en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, la RMA se estructuró en torno a la búsqueda de la superioridad absoluta en el ámbito de la circulación de la información, la observación, la precisión y el guiado. Inherente a la carrera por el dominio de la alta tecnología propia del conflicto bipolar; ya en la década de 1970, tanto los soviéticos como los estadounidenses consideraban la aplicación de las nuevas tecnologías en el ámbito militar como un cambio de paradigma. La dimensión de las transformaciones tecnológicas en la forma de hacer la guerra condujo a la idea de una guerra postindustrial, a la referencia a la guerra de la Tercera ola (Toffler A. & H., 1993) y a la era de la Guerra de tercer tipo (Holsti, 1996).

El énfasis puesto en el conocimiento y la anticipación, que no es una particularidad estadounidense, como lo evidencia el Livre Blanc francés de 2008, subraya la importancia del acceso a la información y de su control. La consecuencia fue el aumento de la importancia de los servicios de inteligencia. Esta reivindicación, arraigada y promovida por los neoconservadores, fue presentada públicamente en el discurso de W. Bush en West Point (The White House, junio 2002) y consolidada a nivel doctrinal en la NSS de 2002 (The White House, septiembre 2002). Las reformas provocaron resistencias entre los militares que, más que la tradicional rivalidad entre las agencias de seguridad, evidenciaban posiciones diferentes respecto a la relación poder-conocimiento-acción.

Concebida a partir de la antigua aspiración de poder vencer gracias a un dominio tecnológico que abarca todo el espectro de las capacidades militares, la lógica de la RMA se complementaba con el objetivo de la guerra cero muertos, un intento de modificar radicalmente la ley de la guerra como actividad mortífera. La doctrina de la guerra sin muertes se presentó como la consecuencia lógica de la evolución tecnológica. Más que una doctrina formal única, se trata de un enfoque político-estratégico nacido tras la guerra de Vietnam y concebido a finales de la década de 1980. Los dispositivos controlados a distancia y los robots letales autónomos, expresión del deseo de sustraer los cuerpos de los soldados estadounidenses y evitar daños, son parte integrante de este pensamiento. Constitutivo de la imagen de un ejército invulnerable, al igual que las Sociedades militares privadas y los ataques quirúrgicos, la robotización es necesaria para el objetivo político de legitimar la intervención militar. Esto debía hacer la guerra más aceptable, no solo en Estados Unidos.

Sobre la idea, popularizada con la primera guerra del Golfo, del ataque quirúrgico, como forma de limitar los daños colaterales gracias a la tecnología y para evitar bajas en tierra, las campañas en los Balcanes (1999) se llevaron a cabo casi exclusivamente por vía aérea. Estas intervenciones se presentaron como avances, ya que habrían marcado el fin de la destrucción masiva propia del ciclo de guerra absoluta que comenzó con la Revolución Francesa. Sus límites se percibieron rápidamente en Afganistán e Irak (2001-2003) donde los drones tuvieron que ir acompañados del uso intensivo de fuerzas especiales y de empresas militares privadas. La reticencia estadounidense a desplegar tropas no significa la relativización de la intervención directa, sino su resignificación por la vía del aumento de la importancia de las fuerzas especiales. La tecnología ocupa un lugar central en el nuevo paradigma; el desarrollo de un avión de combate orientado a las operaciones especiales que sincretiza la verticalidad del helicóptero con la velocidad del jet es el ejemplo.

Si bien en la década del 1990 la primacía de las operaciones de mantenimiento de la paz relativizaba, para la mayoría de los países occidentales, con excepción de Estados Unidos, la dimensión que habían adquirido las nuevas tecnologías en los teatros de operaciones, la RMA influyó rápidamente a nivel global en la concepción del conflicto militar, como lo ilustra la inmediata expansión de la reflexión a diferentes escalas, desde los documentos doctrinarios, como el Livre Blanc francés (1994) o la Strategic Defense Review (1998) del Reino Unido a los artículos en revistas militares. Como ejemplo la reflexión sobre las municiones de precisión guiadas (Hallion, 1995).

El cambio sistémico provocado por la introducción de nuevas tecnologías, desde las armas hasta las doctrinas, pasando por la organización militar y los campos de batalla, se generalizó a otras potencias como China, Rusia, Francia, Gran Bretaña o Israel, que invierten masivamente en innovación militar. La tecnología es uno de los retos clave de la disputa inter-hegemónica entre China y los Estados Unidos. Aunque los conflictos recientes muestran una democratización del acceso a la tecnología militar a través de la reapropiación de tecnología civil —los drones son tal vez el mejor ejemplo— la tecnología profundizó las asimetrías en términos militares. Los países menos desarrollados se vuelven dependientes de las tecnologías extranjeras, lo que acentúa la desigualdad militar.

En América latina, al igual que en otras geografías, la tecnología también reveló el espacio y el ciberespacio como terrenos de conflicto prioritarios. Las Fuerzas armadas de la región centraron su atención en la acción en estos entornos complejos, lo que se ha traducido en la generalización de la creación de comandos conjuntos de ciberdefensa o en acciones puntuales como el desarrollo del programa de sistemas no tripulados de Argentina, la red de satélites militares de comunicación y observación de Brasil o la célula cibernética en el marco del ejercicio militar multinacional Resolute Sentinel 2024 de Colombia. Como otros Estados que se enfrentan a restricciones presupuestarias, los países latinoamericanos tienen dificultades para permitirse un modelo de ejército altamente tecnológico. La experiencia en Ucrania abre la posibilidad de pensar el desarrollo de sistemas aéreos no tripulados en lugar de seguir invirtiendo en tanques y helicópteros de ataque.

Por otra parte, la región participa en la disputa por el control del espacio y el ciberespacio en el marco de la creciente rivalidad geopolítica entre potencias hegemónicas. La presencia de China en Argentina, con la estación terrestre en Neuquén perteneciente a la administración espacial nacional de ese país, ilustra la importancia del despliegue territorial para el control de los espacios inmateriales, algo tempranamente puesto de manifiesto en América Latina por el papel que desempeñaron, en los años noventa, las Forward operación location (FOL) —bases repletas de tecnología destinadas en gran parte al control aéreo— en el dispositivo militar de Estados Unidos en la región (Manero, 2020).

Las nuevas tecnologías alteraron radicalmente el carácter y la conducta de las operaciones militares. La modificación en la guerra resultado de su aplicación, implicó transformaciones doctrinarias, operacionales y organizativas. La referencia al uso intensivo, en el ámbito militar, de los avances en comunicación, los sistemas de satélites, el control y los mecanismos de interceptación electrónica de los sistemas de comunicación del enemigo, que caracterizaba a la RMA en la concepción estadounidense, fue incorporando progresivamente otras cuestiones: nuevo tipo de armamento, letal y no letal, robots, exoesqueletos y, fundamentalmente, la militarización de la inteligencia artificial. El uso de la IA para intentar acelerar la toma de decisiones y para desarrollar la prospectiva de los conflictos representa una nueva etapa en la aplicación de la tecnología a la guerra que interpela la esencia misma de lo estratégico: la toma de decisiones sobre la amenaza de muerte.

La IA no solo participa en la inteligencia y la vigilancia para el análisis de grandes cantidades de datos y el reconocimiento facial, sino que también permite operar en entornos complejos (ciudades, terrenos montañosos, condiciones meteorológicas adversas), reduciendo las pérdidas de personal y civiles y posibilitando destruir objetivos con menos munición. Más aún, la IA participa también de un viejo anhelo, la prospectiva de los conflictos; se inscribe en la línea de los proyectos de la Rand Corporation en el contexto de la Guerra Fría, basados en la extrapolación de tendencias o el recurso a autores de ciencia ficción para imaginar el entorno operativo futuro, que tomó fuerza en la posguerra fría. En el siglo XXI, a partir de un enfoque empírico positivista basado en la big data, se afianzó la confianza en que los avances tecnológicos deberían permitir la anticipación, incluso la predicción, mediante la determinación de regularidades. Como ejemplos, los programas Casandra (Alemania) y Kayros (Estados Unidos). Este objetivo ocupa un lugar importante en diversos proyectos orientados a maximizar el impacto de la ciencia y la tecnología en la defensa y la seguridad, como los impulsados por el Laboratorio de Ciencia y Tecnología de la Defensa (Reino Unido), la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (Estados Unidos) y la Prospectiva Tecnológica de la Agencia Europea de Defensa (Unión Europea).

VIII. Los límites de la tecnología y la policronía de los conflictos

La transformación del arte militar nos recuerda que la guerra, aunque obedece a ciertos principios vinculados en última instancia a su dimensión política, tiene condiciones cambiantes. Las nuevas tecnologías, en particular la ciberguerra y la robotización de los campos de batalla, modificaron la definición misma del conflicto militar, no solo por medio de la profundización del combate sin contacto físico, del cual el operador de dron, asimilado a la figura de un jugador de videojuegos, se convirtió en símbolo, sino también por la capacidad de impedir el combate en sí. El poder de desactivar la capacidad operacional del enemigo ya no es directamente proporcional al poderío militar tradicional. La guerra electrónica degradaría particularmente las capacidades de mando. La manipulación de los sistemas informáticos cuestiona los fundamentos mismos de las formas de hacer la guerra, permitiendo obtener resultados a un costo menor.

En 2008, durante el conflicto en Osetia del Sur, Rusia actuó sobre los sistemas informáticos del centro de comando de la Fuerza Aérea de Georgia, impidiendo que los aviones volaran. El cambio es de envergadura. Bastó con impedir que los aviones despegaran para neutralizarlos. En 2026, la operación llevada a cabo por Estados Unidos en Venezuela, que culminó con la captura de Maduro, implicó una lógica similar, que condujo a la paralización de las infraestructuras petroleras y gasísticas, al corte del suministro eléctrico, al bloqueo de las defensas antiaéreas y a la inoperancia la guardia personal, de lo cual habría participado el armamento sónico secreto evocado por Trump.

En términos estratégicos, la tecnología constituye más que un elemento central en la lucha por la hegemonía. Desde el movimiento transhumanista y su deseo de superar las limitaciones biológicas y retrasar la edad de la muerte mediante la ciencia, hasta la doctrina de la guerra cero muertos, la evolución tecnológica interpela la esencia misma de lo estratégico: la toma de decisiones frente a la amenaza de muerte. La posibilidad de crear una sociedad que supere las deficiencias de la humanidad clásica enuncia, para un número reducido de actores, potencialidades nunca antes expresadas, en términos de salvación, es decir, de la forma en que imaginan su supervivencia y organizan su protección.

Ahora bien, en términos militares, más que hacia una nueva forma de guerra reducida a la pura tecnología sin territorio físico, los conflictos del siglo XXI nos dicen que los espacios en los que se desarrollan son múltiples: físicos, digitales, económicos, informativos. Como lo ilustran los casos de Irak, Afganistán, Libia, las características de los conflictos asimétricos han relativizado el recurso a la tecnología como garantía de una victoria que, al seguir siendo política, es independiente del solo éxito militar. El desorden global produjo un tipo de conflicto más difuso y potencialmente más complicado de resolver, ya que la criminalización que suele acompañar a la oposición entre un Estado y una organización no estatal no reconoce, en general, la condición de enemigo político, característica ya percibida por Schmitt en los conflictos de la Guerra Fría.

La guerra interestatal en Ucrania confirma lo que anunciaban los conflictos asimétricos: los espacios materiales e inmateriales se articulan a nivel táctico y estratégico, lo que relativiza la idea de ruptura absoluta. Si bien la tecnología modifica radicalmente las prácticas de los profesionales de la seguridad, se trata de una época hibrida, como se desprende tempranamente de la guerra contra el terrorismo o contra la droga, con operadores de drones y satélites, pero también con fuerzas especiales y servicios de inteligencia. El conflicto entre Rusia y Ucrania, más allá de ser considerado de alta intensidad, no supondría, en el plano operativo, un retorno a formas de guerra más tradicionales, sino una modalidad que provoca una importante fragmentación en las formas de combate.

La heterogeneidad de la guerra no deja de ampliarse. Aunque gran parte de la superioridad militar de los ejércitos involucrados en la disputa hegemónica se basa en la tecnología, al igual que otras fuerzas armadas a la vanguardia de las innovaciones en el ámbito de la defensa, los militares estadounidenses que se caracterizan por el peso de la tecnología, no solo en su concepción de la forma de hacer la guerra sino también en su equipamiento —al punto que suelen ser objeto de burlas por parte de miembros de fuerzas armadas aliadas—, contemplan la posibilidad de un estancamiento tecnológico, los riesgos de una excesiva dependencia de las herramientas digitales y la posibilidad de combatir, en ciertas circunstancias, desconectado.

Los actores estratégicos no estatales han tradicionalmente participado de la hibridez, no solo como objetos de la guerra asimétrica. El arcaísmo del ataque con cuchillo y del coche bomba, que contribuye a cuestionar el todo tecnológico, coexiste con la apropiación por parte de los insurgentes de las nuevas tecnologías, de Internet —elemento clave para la propaganda y la formación — al GPS, pasando por los drones civiles, las comunicaciones por satélite y los teléfonos móviles transformados en artefactos explosivos activados desde cibercafés (Manero, 2020). Una lógica que no debe confundirse con la que se desprendía de la explosión de beepers y walkie-talkies que tuvo lugar en el Líbano y en Siria, perpetrada por Israel en 2024.

Los actores no estatales han ido disponiendo de una capacidad cada vez mayor para fabricar y adaptar tecnologías civiles y locales, lo que influye en los conflictos y obliga a los Estados a adaptar sus tecnologías (detección, blindaje, contramedidas) para hacer frente a estas amenazas artesanales pero eficaces. La tecnología aumentó la velocidad de circulación y la capacidad de acceso a información que puede tener utilidad militar: la retroalimentación operativa es casi inmediata, documentada con imágenes y datos, y ampliamente accesible.

Desafiar a las potencias mediante nuevos enfoques tácticos y el uso de tecnología civil es una de las características de los actores no estatales involucrados en conflictos asimétricos, algo que las organizaciones político-militares o criminales pusieron de manifiesto muy pronto en América Latina. Esto parece trascender dichos conflictos. La guerra en Ucrania se caracteriza por el uso masivo de drones baratos, satélites comerciales, aplicaciones civiles para localizar tropas, el registro y el análisis de los combates en tiempo real con material comercial y el empleo de la inteligencia artificial para la búsqueda de información. Drones, inicialmente comerciales, neutralizan sistemas de armas complejos y costosos. Al igual que los conflictos asimétricos, la guerra en Ucrania pone de manifiesto cómo la tecnología ha profundizado los vínculos entre las esferas civil y militar en todas las escalas del conflicto, participando de la capacidad de adaptación del débil en relación con el fuerte. Aunque a escalas muy diferentes, en esa apropiación de la tecnología se encuentra un denominador común entre formas de conflictos muy diferentes.

La guerra entre Rusia y Ucrania introduce una modificación mayor en relación al tipo de conflicto característico del siglo XXI. De ahí su importancia que, aunque reaviva formas tradicionales de conflictividad, parece difícil de reproducir en otras geografías, con la excepción de Taiwán. Lejos de toda voluntad prospectiva, dicha guerra impulsa la percepción de un escenario futuro caracterizado por conflictos largos, costosos, altamente industriales y tecnológicos, que involucran todas las dimensiones de la sociedad, constituyendo a nivel internacional coaliciones tácitas donde pueden confluir intereses y visiones del mundo diversas. Se trata de un escenario en última instancia restringido en términos de países.

Al mismo tiempo, muestra también que impedir agresiones contra la soberanía territorial sigue siendo una prioridad globalmente compartida por las fuerzas armadas en un contexto en el cual se profundiza, consecuencia en parte de las posibilidades de explotación que aporta la revolución científico-tecnológica, la revalorización de los océanos, los polos y los territorios dotados de recursos naturales, como se desprende de la intensificación de las disputas inter-hegemónicas por territorios físicos.

Sin embargo, aunque los países hegemónicos y periféricos comparten problemas y cuestiones estratégicas —como el impacto de la revolución científica y tecnológica, la valorización de los recursos naturales y la hibridación de la guerra y sus actores, la inestabilidad del sistema internacional dada por el aumento de la conflictividad interestatal e intraestatal y la consiguiente crisis del derecho internacional—, se enfrentan a retos diferentes en materia de seguridad. Esa diferencia se traduce en divergencias en cuanto a los intereses emergentes, los mecanismos de disuasión, la percepción de las amenazas y los procesos de enemización y las prácticas de hostilidad que desprenden de ellos.

En las sociedades periféricas, la diversidad de riesgos y amenazas pone de manifiesto un universo securitario profundamente fragmentado, que se refleja en la diversidad de funciones y tareas asignadas a los militares: la tradicional heterogeneidad estratégica de América Latina (Manero, 2020). En los centros, la función de lo militar es ante todo el resultado de su uso más arcaico en el sentido etimológico del término —origen, comienzo—, el que vincula la seguridad, asimilada a la protección de los intereses nacionales, con la lógica, necesariamente globalizada, del control de los flujos y los stocks, lo que se traduce en una apreciación del territorio físico. La consecuencia es el aumento de la inestabilidad del sistema internacional resultado del recurso a la fuerza mediante guerras preventivas y punitivas basadas en la supuesta evidencia y/o inminencia de la amenaza.

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Mosaico de grises

Esbozo de otra forma de ver la guerra

A Mosaic of Grays

Outline of another way of seeing war

Flabián Nievas¹

Recibido: 10/02/2026

Aceptado:02/03/2026

Resumen

Existe actualmente una crisis teórica para entender las guerras, que se expresa en una vastedad de propuestas, coincidiendo de manera más o menos unánime en que las guerras han mutado en su forma y dinámica. Aquí entendemos que la beligerancia es un epifenómeno de las estructuras sociales, de su dinámica y su arquitectura de poder. Que, en consecuencia, las transformaciones de la guerra obedecen a transformaciones sociales, a las cuales en parte anticipan y ayudan a desarrollarse. Repasamos entonces, las mutaciones que entendemos sustantivas. El efecto inmediato de las mismas es la confusión que genera si se las observa desde los patrones tradicionales, que dan lugar a una serie de zonas grises o indefinidas, que dificultan el entendimiento ya que no siempre se refiere a lo mismo. La propuesta que se ensaya aquí es cambiar el punto de mirada de los actores a las acciones, y enfocar el fenómeno por sus efectos y no por su externalidad. Proponemos observar los efectos de guerra para determinar una situación bélica y analizamos brevemente las condiciones actuales, tanto de la dinámica capitalista como de los desarrollos técnicos que ofician de plataforma de esta nueva dinámica.

Palabras clave: guerra, violencia organizada, capitalismo, Estado, redes sociales.

¹ Dr. en Ciencias Sociales-UBA/CONICET- ORCID 0009-0004-1284-8399.

Correo electrónico: flabian.nievas@gmail.com

Abstract

There is currently a theoretical crisis in understanding wars, expressed in a vast array of proposals, all of which agree, more or less unanimously, that wars have mutated in their form and dynamics. Here, we understand belligerence as an epiphenomenon of social structures, their dynamics, and their power architecture. Consequently, the transformations of war are a consequence of social transformations, which they partly anticipate and help to develop. We will now review the mutations we consider substantive. Their immediate effect is the confusion they generate when viewed through traditional frameworks, giving rise to a series of “gray áreas” or undefined zones that hinder understanding, as they do not always refer to the same thing. The proposal put forward here is to shift the focus from the actors to the actions themselves, and to examine the phenomenon through its effects rather than its externality. We propose to observe the effects of war to determine a war situation, and we briefly analyze the current conditions, both of the capitalist dynamic and of the technical developments that serve as a platform for this new dynamic.

Keywords: war, organized violence, capitalism, State, social networks.

I. Introducción

No todas las guerras son claramente reconocidas como tales. Indudablemente algunos conflictos, como el que actualmente se desarrolla en Ucrania, son universalmente reconocidos como guerra. No obstante, tal universalidad se diluye cuando se intenta fechar su inicio: si fue el 24 de febrero de 2022 (inicio de la invasión de fuerzas rusas en territorio ucraniano) o el 21 de noviembre de 2013 (inicio del euromaidán). La diferencia estriba en si se la analiza como una guerra de formato tradicional o una guerra híbrida. El tramo que diferencia ambos enfoques es lo que se denomina zona gris, en la que se combate en dominios y modalidades que pueden denominarse duales (son tanto militares como civiles). La existencia de la zona gris es independiente de si deriva o no en un choque convencional. Entre las distintas formas de guerra conocida, es necesario explorar la posibilidad de una combinación y coordinación de diferentes tipos de violencia desagregada, con efectos favorables al conglomerado agresor; es decir, con idénticos o similares resultados sustantivos a los que se pudieran haber obtenido con una guerra convencional, en caso de que la misma hubiese sido posible. Para ello es necesario cambiar el enfoque tradicional de buscar contendientes en vez de centrarse en la contienda. No se trata de una ucronía sino de un ejercicio para pensar los alcances reales que pudiere tener un fenómeno de tales características, ejercicio que se asienta en algunas evidencias fácticas. Pero es necesario considerar los cambios ocurridos en la sociedad y que dan cuenta de las variaciones en la violencia.

II. La gran reconfiguración

Desde el último tercio del siglo pasado la humanidad está viviendo una reconfiguración de su entorno que aún dista de mostrar una fisonomía clara y estable, pero de la que podemos considerar sus aspectos más relevantes, para orientarnos en los cambios en la gestión de la violencia colectiva. Para ello es necesario intentar ver las figuras que asoman detrás de la nube de polvo que ocasionan las novedades que aparecen cada vez con mayor velocidad.

La mayor de las transformaciones, que no solo está indebidamente calibrada sino que aún ni siquiera es tematizada, es el redimensionamiento espacial ocurrido en el tránsito del siglo XX al XXI. La duplicación del mundo social operada por el desarrollo de una nueva dimensión espacial empieza a mostrar sus efectos, pero dista de que tengamos todavía la posibilidad de ver con certeza el alcance del fenómeno². No obstante, el notable crecimiento del padecimiento subjetivo, particularmente en las nuevas generaciones (Haidt, 2024), indica las dificultades humanas para la adaptación a las situaciones emergentes de esta reconfiguración, dada la desorientación suscitada por la falta de nuevos parámetros aún.

También sufre tensiones de redimensionamiento la principal institución política construida en los últimos siglos para ordenar los grupos humanos: el Estado. Mayoritariamente los Estados nacionales, cuya gramática —el derecho— hoy ya no da cuenta de espacios crecientes de actividad social (zona de alegalidad) y que en parte, es tomado por esa actividad como instrumento de vulneración funcional del propio Estado (lawfare). La arquitectura del Estado, que en su diseño originario requería de al menos dos cuerpos especializados en el uso de la violencia física (policía, para las cuestiones domésticas y Fuerzas Armadas, para la defensa integral frente a conflictos externos), parece crecer en obsolescencia y disfuncionalidad entre sus principios constituyentes y las dinámicas impuestas en diferentes núcleos espacio-temporales, que no necesariamente se adecuan a las tipificaciones del diseño original, sino que se arremolinan en torno al ritmo de la dinámica propia del capitalismo financiero.

III. La mutación del capitalismo

El capitalismo industrial organizó los Estados articulando una espacialidad entonces novísima: las naciones —artefacto mítico, pero de gran eficacia—, forma a la que se arribó en el desarrollo y la protección de los incipientes mercados que se constituyeron en mercados internos o nacionales, sobre los que finalmente se estructuró el mercado mundial. Se trató de una organización del espacio en función del naciente capitalismo (Nievas, 2018).

Sin la existencia de mercados nacionales, que articulaban producción y consumo en el ámbito de dichos espacios, hubiese sido imposible el desarrollo de una estructuración mercantil a escala del globo y una división internacional del trabajo sostenida por la diferencia de salarios según naciones. Todo este orden, cuya capacidad de expansión fue —por primera vez en la historia— de escala planetaria, se asentó en la primacía del capital industrial; es decir, en su poder de imposición de la cadencia social. La sociedad de masas, la producción en serie, el consumo masivo (incluso el Estado de bienestar cuando irrumpió la amenaza soviética que, sin salirse de dichos parámetros sociohistóricos de masividad, era superadora del capitalismo de entonces y abría un panorama anticapitalista potente) fueron expresión de este orden basado en la producción y consumo de bienes y servicios bajo la forma mercantil. No obstante, el capital industrial siempre coexistió con el capital comercial —pródromo del orden industrial, al que dio lugar bajo la forma de verlag system / putting out system— y el capital financiero, que marcará el epílogo de su predominio.

En el último tercio del siglo pasado comenzó el traspaso de la primacía social del capital industrial al capital financiero³, de la forma (comprimida) D-M-D’, esto es de la producción para obtener ganancia, a la forma sintética D-D’, es decir la especulación fuente de lucro concentrado; un salto cualitativo en la realización de la naturaleza del capital, lograda con la reestructuración espacial que señalamos⁴.

La fluidez propia del capital financiero se contrapone con la estructura poco flexible del capital industrial, expresada en la relativa rigidez tanto de la producción fabril como del diseño estatal. Si bien las estructuras encauzan los flujos sociales, cuando estos se desmadran, en este caso como producto de una expansión espacial, tales estructuras no desaparecen pero pierden funcionalidad. La medular organización de la violencia queda atrapada en esta situación. Como suele ocurrir cuando un fenómeno no se ha estabilizado, es más fácil ver lo que deja de ser que observar lo que se conforma, que suele aparecer como anomalía, y que es difícil de captar con las categorías cognitivas diseñadas en función del orden que se diluye.

La expresión política de esta fuerza anómala es lo que se identifica como neoliberalismo —cuyo basamento es la escuela austríaca de economía que siempre fue considerada una excentricidad de lógica inconsistente—. Sin embargo, su mesianismo de mercado da cuenta de la necesidad de matizar la idea de sistema internacional, pues pone en crisis la preeminencia del Estado como figura en torno a la que se organizan las comunidades humanas. Esto tiene cierto grado de realidad, toda vez que ya los Estados no son actores excluyentes, y quizás ni siquiera principales en la reconfiguración en marcha en función del orden capitalista financiero. Méndez Gutiérrez del Valle (2011) señala, admonitoriamente, que al menos tres nuevos actores geopolíticos debían considerarse a inicios de este siglo: grandes empresas transnacionales, organizaciones de la sociedad civil (ONG) y movimientos identitarios. Hoy la idea de empresa transnacional (aunque siguen existiendo e influyendo) queda opacada frente a la más difusa de fondos de inversión (Templeton, Black Rock u otros), que en muchos casos han devenido en los administradores de aquellas, no solo con capacidad de gestión de las mismas sino de elusión de la tributación, es decir, con una parte de su funcionamiento por fuera del sistema interestatal formal.

Cuando poderosos actores pueden actuar fuera de las reglas formales, es decir en la alegalidad (cuyo mejor ejemplo es la llamada contabilidad creativa, esto es la capacidad de seleccionar contablemente determinadas locaciones con nulas o muy bajas exigencias tributarias, sin importar su correspondencia con la realidad fáctica), el orden completo está expresando dificultades. Un viejo pensador sostenía que:

En una fase determinada de su desarrollo, las fuerzas productivas de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes, o, lo cual no es más que su expresión jurídica, con las relaciones de propiedad en cuyo interior se habían movido hasta entonces. (Marx,1970, p. 10)

Esto lleva, inevitablemente, a una reestructuración de las relaciones de poder y, en consecuencia y de manera necesaria, a una nueva calibración de la violencia.

IV. La recalibración de la violencia

La distinción delito-guerra, como formas estructuradas de la violencia por la estatalidad moderna, hace ya un buen tiempo que viene difuminándose. La instalación de categorías de discutible utilidad analítica —como la de narcoterrorismo o, en idéntico sentido, crimen organizado—, pero de indudable utilidad política, parece vinculada a las nuevas necesidades de dinamización del capital financiero, lo que en absoluto no significa que haya un vínculo directo entre ambas cuestiones, sino que ambas expresan cierta exterioridad de estos procesos a los entramados estatales.

El largo procedimiento de reestructuración de la violencia tiene diversos orígenes a lo largo del siglo pasado. Como es usual, procesos que son en sí mismo específicos se entrecruzan, se encadenan y generan dinámicas y significados generales diferentes a cada uno de ellos en particular. Así, por ejemplo, la disminución del calibre de las armas portátiles de guerra obedeció a la conveniencia de herir en vez de matar a un enemigo (provocar una herida de consideración produce dos o tres bajas inmediatas: el herido y quienes deben asistirlo), y no había nada de humanitario en ello.

Esto se entrelaza, a partir del desarrollo de la contrainsurgencia, con la incursión permanente en espacios urbanos, lo que requirió el rediseño de tácticas y sistemas de armas. Claramente resultaban disfuncionales para este tipo de conflictos gran parte del arsenal de las Fuerzas Armadas: tanques de guerra, portaaviones, submarinos, cañones, entre otros. Stalingrado fue la muestra de la inviabilidad urbana de los sistemas convencionales.

Ya en fecha temprana como es 1958, se editó el folleto FM 19-15, que tuvo distintas actualizaciones (en nuestro país se publicó en 1973), y que comienza explicitando que el mismo “constituye una guía para el entrenamiento y el uso de las fuerzas militares en el control y la supresión de disturbios” (Taylor, 1973, p. 9), algo que, claramente, en el paradigma del Estado moderno corresponde a la policía. Consecuentemente, se han ido desarrollando tanto tácticas como adaptando cuerpos y armamentos específicos para la actuación intermedia, que no es exactamente disturbio sino forma genérica de denominación para un área de intervención que no es guerra ni delito⁵. Estas diferentes líneas evolutivas confluyeron en el desarrollo de armamento no letal, que extienden el rango de actuación armada a situaciones en las que antes no se utilizaban armamentos (Rocher, 2021), por lo que “es absurdo afirmar que permite mantener el orden de forma más humana, más bien permiten todo lo contrario: conducen a una mayor brutalidad” (p. 24).

Se trata, en definitiva, de una zona gris del ejercicio planificado de la violencia⁶.

V. Múltiples grises

Las transiciones se caracterizan por el discurrir entre dos extremos más o menos imprecisos: cuando se ha dejado de ser lo que se era y cuando se estabiliza en algo nuevo. En el medio, una variedad de cuestiones pueden acontecer, cuya captación prospectiva es dificultosa debido a que carecemos de conceptos adecuados a la nueva realidad. Es por eso que no siempre que se menciona la zona gris se hace referencia al mismo fenómeno o a algo similar. Lo que recién presentamos es una forma de gris. Como acabamos de señalar, también estamos en un gris conceptual y teórico: hay amplio consenso de que la teoría de la guerra de Clausewitz ya no basta para entender la guerra, sino una forma particular de ella, que es la conflagración entre Estados (numéricamente más escueta), quedando fuera de su alcance la mayor parte de la gama de ejercicio de la violencia colectiva planificada.

Son grises también los hechos o procesos dañosos cuyo origen no se puede imputar por no ser evidente, pero que se puede sospechar por los beneficiarios ulteriores. Así, la propagación de eventos englobados en la denominación de primavera árabe (2010-2012) es, como mínimo, sospechosa. En particular, si se observa el devenir de los acontecimientos en Libia⁷ y Siria, cuyos Estados colapsaron; como años atrás había sucedido en Iraq y aún antes en Somalia. El contraste con la eficaz desactivación de la protesta en Bahréin arroja más sombra sobre la espontaneidad del movimiento. Todo esto no sugiere, tampoco, que haya sido una conspiración, sino más bien que, dadas ciertas condiciones sociopolíticas y la ocurrencia de algunos hechos, es altamente probable que hayan ocurrido intervenciones exógenas, como abiertamente sucedió en Libia y Siria, acentuando ciertas tendencias y morigerando otras, de modo de direccionar el proceso. La improbabilidad de determinar si existieron y el efecto que tuvieron, es simétrica a la imposibilidad de negarlas, considerando a los beneficiarios de la situación final. Es decir, estamos ante una situación gris.

No es que hayan desaparecido las guerras (si se quiere, convencionales) tal como queda de manifiesto en Ucrania, sino que han aparecido nuevas formas, extendiéndose práctica y conceptualmente.

Esta extensión queda comprendida en lo que se conoce como guerra híbrida, que es para Freedman (2019) el “uso de toda la panoplia de recursos militares disponibles, incluyendo el terrorismo, la insurgencia, la delincuencia y las operaciones convencionales, sin omitir la utilización exhaustiva de las operaciones de información” (p. 344). Lo característico es la etapa inicial, llamada revolución de colores⁸, que refiere a cuando, mediante el uso de la información, se trata “de influir en las percepciones políticas mediante la tergiversación de los contenidos informativos” (p. 350). Justamente ese primer tramo, que puede ser autosuficiente, es la novedosa forma de expansión de la guerra. “En esencia, la guerra híbrida es el caos administrado” (Korybko, 2019, p. 52) que busca romper el bucle OODA (observar, orientarse, decidir, actuar), provocando estupefacción y parálisis.

Bastante antes, incluso, que tales zonas grises emergiesen, dos militares chinos, Qiao y Wang, previeron con mucha agudeza la desestructuración de la violencia (desestructuración que implica una reestructuración, aunque la consolidación de esta requiere algún tiempo, y más aún la elaboración de categorías que permitan aprehenderlo). Ellos plantearon el fin del monopolio militar de los grandes conflictos, agregando dos extensas y nuevas familias: la transmilitar —convencional más medidas no militares— y la no militar (Qiao y Wang, 2021). Más allá de la localización de cada característica, lo trascendente es la ruptura que implica concebir guerras no militares, oxímoron atendible dado que expresa el corsé idiomático⁹, que no es más que la manifestación del desajuste teórico respecto de fenómenos que están cambiando aceleradamente, como lo es el de la violencia colectiva organizada.

La creciente autonomía de la zona gris resulta un epifenómeno, según lo intentamos mostrar, de un cambio sistémico en marcha; cambio que se expresa en el tercer término de “un triple trilema inesquivable, el que concierne a su legalidad/ilegalidad, alegalidad; legitimidad/ilegitimidad, deslegitimación; y moralidad/inmoralidad, amoralidad” (Aznar Fernández-Montesinos, 2024, p. 19), es decir, que se formula como una creciente a-legalidad, deslegitimación y amoralidad.

Hay, de manera visible, una creciente pérdida de legitimidad expresada en el hecho de que los

hitos más famosos del viejo régimen, como los diarios y los partidos políticos, han comenzado a desintegrarse […] en cámara lenta. Muchos rasgos que valorábamos del viejo mundo también están amenazados: por ejemplo, la democracia liberal y la estabilidad económica. (Gurri, 2023, p. 70)

Esta pérdida de legitimidad también se manifiesta en un cierto debilitamiento moral. La moral “es un conjunto de reglas definidas; es como un conjunto de moldes, de contornos definidos, en los cuales debemos verter nuestra acción” (Durkheim 1991, p. 34), que también flaquea en la medida en que decaen las certezas comunes, la pérdida de autoridad de los expertos, y la negación de la realidad promovida por la emergencia de un potente nihilismo que promueve un subjetivismo extremo (Todd, 2024). Sabemos que “cuando lo cierto requiere de adendas es que está empezando a dejar de serlo o, dicho de otra forma, los hechos no importan tanto como la potencia de sus reinterpretaciones” (Bernabé, 2018, p. 25), de modo que la amoralidad es el debilitamiento de las referencias comunes, lo constitutivo de la comunidad.

Finalmente, tenemos la alegalidad, que refiere a la expansión de situaciones que escapan a las regulaciones jurídicas (ni legales ni ilegales). Podemos hacer una lista ejemplificativa. Además de la ya señalada contabilidad creativa, los llamados paraísos fiscales, las empresas militares privadas, las prácticas de empresas dueñas de plataforma (Google, Microsoft, Meta, Apple y Amazon), que se caracterizan por innovar más rápido que lo que se las puede regular¹⁰. Pero por fuera de estas incipientes instituciones por ahora alegales hay prácticas que escapan a la legalidad sin infringirla formalmente: el lawfare es, sin duda, la experiencia más kafkiana, llegándose inclusive al extremo de que un juez planteara la aplicación de un derecho procesal creativo, o que se condene sin pruebas pero con la convicción de culpabilidad.

Estos huecos normativos (en la legalidad, la legitimidad y la moralidad) indican la inacabada adecuación social a la expansión espacial, algo que comienza a ser dramáticamente sensible en diferentes ámbitos respecto de la extensión del uso de la combinación de algoritmos que denominamos indebidamente como IA¹¹.

Ahora bien, este nuevo espacio abierto tampoco es la pura anomia. Se sabe que, hasta que el orden se institucionaliza, la violencia aflora en su forma más visible. Y, en esta situación transicional, la muerte de Hobbes (separación de paz y guerra) y de Descartes (pasión y razón, cuerpo y mente) abren un nuevo escenario en el que la violencia muta en sus patrones de actividad, tal como pareciera plasmarse en esta profusión de situaciones que denominamos grisáceas, quizás más en referencia a nuestras dificultades cognitivas que a ninguna pretendida naturaleza de los procesos. Sin dejar de existir fenómenos reconocibles, pareciera que se van configurando condiciones de posibilidad para la emergencia de otros, para los que nos debemos plantear formas desafiantes para poder reconocerlos.

Lo que esbozaré a continuación no es un análisis fáctico, sino una hipótesis de trabajo que, entiendo, puede ser de utilidad para indagaciones futuras. No intenta desplazar ninguna concepción actual, sino ampliar la capacidad de registro de esto que hoy, con un creciente grado de imprecisión, llamamos guerra.

VI. Salirnos de Clausewitz

Para Clausewitz la guerra tiene el modelo del duelo, no es sino un duelo en escala ampliada. Este es el corsé epistemológico a superar. El prusiano tenía frente a sí la disputa entre dos voluntades, dos soberanos, dos Estados. Suponía esto, por supuesto, un largo y complejo proceso ocurrido en Europa: el lento debilitamiento del feudalismo con la consecuente concentración del poder militar y administrativo, proceso que, de manera general, culminó con la Guerra de los Treinta Años y todo lo que se engloba bajo el rótulo de Revolución Militar (desde el siglo XVI). Los cambios consolidados no repercutieron de manera inmediata en las concepciones militares. Más allá de los cambios fácticos (la cuasi desaparición de los contratistas, el comienzo de la formación de los ejércitos permanentes, la introducción de la instrucción militar, entre otros)¹², el pensamiento militar en lo sustancial no tuvo cambios tan radicales como los que operaban en la realidad.

Clausewitz fue quien, observando las campañas napoleónicas, contra las que participó sin destacarse en el campo de batalla, comprendió la nueva dinámica, plasmando en su obra póstuma lo que hoy se considera como la teoría clásica de la guerra. Pero ahora pareciera estar operando más como un obstáculo epistemológico que como una herramienta que organiza el pensamiento para dar cuenta de la realidad.

La mayor dificultad que presenta hoy su teoría está en el modelo del duelo a escala ampliada, que anida en el núcleo de la definición de guerra. Su mirada está puesta en los sujetos combatientes, en las organizaciones estatales. En base a este núcleo organiza toda su teorización. De manera inadvertida queda establecido que nuestra mirada se oriente hacia los efectores: sin los mismos claramente definidos, no habría guerra. Para que tal fenómeno suceda es necesario que participen al menos dos contrincantes, preferentemente Estados. Aunque en las guerras civiles sólo uno de los participantes es una fuerza estatal, si no hay una fuerza estatal involucrada no se la caracteriza como guerra. Esto se refleja en que un estudioso de las guerras civiles, como Peter Waldmann (2007), toma de István Kende las cuatro condiciones que deben cumplirse para que un fenómeno pueda considerarse guerra: que sean conflictos violentos de masas; que impliquen al menos dos fuerzas combatientes, y de ellas al menos una sea estatal; que ambas tengan una organización centralizada, por mínimo que fuese; y que actúen de manera planificada, es decir, rigiéndose por alguna estrategia.

La rústica dialéctica aplicada por Clausewitz¹³ se basa en las entidades que se vinculan: los Estados que luchan, y no en la relación en sí. La guerra, fuera de las fuerzas estatales, es de difícil aprehensión teórica para el general prusiano —esto se corrobora con el inconsecuente tratamiento de la nación en armas, a la que reduce a mero auxiliar del ejército regular, incluso después de lo acontecido en España en 1814, cuando surgió el fenómeno y el concepto de guerrilla. No hay posibilidad, para Clausewitz, de una campaña victoriosa librada por fuerzas no profesionales—. No abandona la tradición aristotélica de pensar a la realidad compuesta por cosas, y esas cosas definidas por una esencia, son las que se vinculan entre sí.

Pero también se puede considerar, inversamente, que son las relaciones las que definen dinámicamente a las cosas¹⁴, al estilo de Norbert Elias, quien centra su mirada en los vínculos¹⁵. Siguiendo este enfoque, si nos centramos en la observación de las vinculaciones conflictivas y, en consecuencia, concebimos la guerra por sus efectos y no por sus efectores, el panorama nos cambia radicalmente.

Lo que Qiao y Wang anunciaban, la ampliación de lo bélico a lo transmilitar y lo no militar, se da en el marco de un ascenso de la violencia, por cuanto se desmadra de la organización de la misma lograda en la Modernidad, y porque, al igual que en otros períodos históricos, hoy los costos de la defensa son mayores a los del ataque, lo que incita a provocar el caos¹⁶.

Lo que estaba implícito en Clausewitz era que la guerra sólo podía ser ejercida por entidades con gran poder. En tal sentido no era erróneo, a inicios del siglo XXI —y en realidad desde bastante antes, ya que los Estados absolutistas fueron los que forjaron esa concentración de poder—, ubicar tal concentración en los Estados, en su mayoría en transición a convertirse en Estados nacionales¹⁷. El apogeo de estos últimos, en cuanto a poder, encontró su punto cenital en la Segunda Guerra Mundial, una guerra que marcó tanto el establecimiento de un nuevo umbral de destrucción por parte de las fuerzas estatales, con las bombas atómicas, como también la pérdida de exclusividad de éstas en las contiendas bélicas, con la irrupción (en ocasiones determinante) de fuerzas irregulares¹⁸.

VII. Creciente legitimidad de la violencia

Una marca distintiva del orden moderno es la restricción de legitimidad de la violencia, entendiendo por legitimidad aquello incuestionado e incuestionable. El crecimiento del poder estatal, expresado en su capacidad de ejercer violencia, era en detrimento de la capacidad de las personas de ejercer dicha violencia¹⁹. La cumbre de este movimiento la encontramos en la definición del Estado como “el Estado es aquella comunidad humana que en el interior de un determinado territorio —el concepto del territorio es esencial a la definición— reclama para sí (con éxito) el monopolio de la coacción física legítima.” (Weber, 1984, p. 1056).

En la actualidad las cosas han cambiado. Abundan los registros de una creciente pérdida del éxito en la pretensión estatal del monopolio de la violencia legítima. Desde la Segunda Guerra Mundial, y expandiéndose en al menos dos continentes, Asia y África, las fuerzas irregulares protagonizaron en muchos casos los procesos de descolonización. Se puede alegar que tales agrupamientos tenían la pretensión de instituir un Estado o tomar su control, lo que es cierto; pero ello no quita la impronta de origen.

No obstante, dicha tendencia se verifica en otras cuestiones, no necesariamente conexas con las anteriores ni entre sí. De manera relativamente inadvertida, aparecieron y fueron extendiéndose los guardias privados, constituyéndose en muchos casos en verdaderos cuerpos de policía privados²⁰. Desde la última década del siglo pasado, la aparición sostenida de compañías militares privadas, originadas en la convergencia de fenómenos surgidos del fin de la guerra fría: la abundancia de sistemas de armas disponibles tras la caída del bloque soviético, la disponibilidad de personal altamente entrenado que produjo la reducción de las Fuerzas Armadas de los países afectados directamente por la guerra fría (ex soviéticos y bloque occidental) y el ascenso de una ideología antiestatal, el neoliberalismo, que pregona la supremacía del mercado (Nievas, 2007). En el presente siglo, estas empresas actuaron en todos los conflictos armados a escala planetaria, contratados por Estados e instituciones, como la Cruz Roja Internacional.

Todo esto se da en el marco de un nuevo ciclo de la díada ataque – defensa, sobre lo que llama la atención Da Empoli (2025): hay momentos en la historia en que el ataque es más caro que la defensa, y por lo tanto la violencia tiende a apaciguarse, y momentos en que la tendencia es opuesta, y la violencia tiende a crecer. Menciona el desarrollo de la artillería en Europa, que estuvo en la base tanto de la tendencia a la centralización militar como de la perpetuación de conflictos, y que solo fue apaciguado cuando se introdujeron mejoras en los diseños de los muros que defendían las ciudades, en lo que se conoció como el trazado italiano, producto de las reformas introducidas por León Battista Alberti en el siglo XV (Parker, 1990). En esta alternancia periódica la ecuación cambió drásticamente a fin del siglo pasado: si la disuasión nuclear era prohibitiva en términos económicos para la mayoría de los Estados, el ataque a Manhattan mostró la eficacia de usar elementos no militares con baja inversión.

Hoy, un portaaviones que haya costado diez mil millones de dólares al gobierno norteamericano puede ser hundido por dos o tres misiles hipersónicos chinos de quince millones. A la inversa, para abatir un dron de doscientos dólares lanzado desde el sur del Líbano, Israel debe disparar cada vez un misil Patriot cuyo precio es de tres millones. Sin hablar de un ciberataque capaz de paralizar una nación entera, cuyo coste es prácticamente cero. (Da Empoli, 2025, p. 50)

Pero no se trata únicamente de costos. En todo caso, eso no es más que una condición de posibilidad. La violencia se legitima en tanto la guerra ya no es la continuación de la política por otros medios, sino una nueva forma de combate genérico, que en su ampliación incorpora una nueva figura de combatiente: el trol. Éste desarrolla una guerra de guerrillas deslegitimadora de las instituciones diseñadas en un mundo bidimensional, las que resultan precámbricas en los nuevos parámetros de existencia social, de cuatro dimensiones espaciales²¹.

Ante las crecientes cargas de frustraciones de la población, la violencia aparece como una opción legítima, sin importar su dirección ni su sentido. Con dispositivos apropiados para las nuevas guerrillas digitales al alcance de casi todo el mundo, la potencialidad disruptiva de la nueva situación es realmente elevada. En tales condiciones, cabría esperar que se activen mecanismos estatales para morigerar la situación.

VIII. La violencia creciente

Los Estados, al parecer, han perdido su oportunidad y hoy no tienen capacidad de imponer regulaciones. De modo que, el uso del arsenal queda librado al criterio de las empresas desarrolladoras y administradoras de las plataformas, cuya única finalidad es y ha sido la monetización.

La idea misma de un límite a la lógica de la fuerza, de las finanzas y de las criptomonedas, al desbocamiento de la IA y de las tecnologías vinculadas a ella, o al vuelco del orden internacional hacia la jungla, ha salido del ámbito de lo concebible. (Da Empoli, 2025, p. 81)

Y si la dinámica social la impone la búsqueda de ganancia, basta recordar a P. J. Dunning, quien en la Quarterly Review daba cuenta de lo que implica tal circunstancia²². La violencia es parte de la estructura del capital como tal, y la etapa más fluida y dinámica del mismo: la financiera, que emana violencia por fuera de las estructuras que le habían dado cauce bajo la forma estatal en los últimos siglos. La guerra no es una opción (Dardot et al., 2024), sino el desarrollo de determinadas condiciones objetivas.

Por eso, en tanto no es una instancia subjetiva, no es sorprendente que incluso la violencia de cuerpos estatales puede cobrar el carácter de violencia extraestatal. Eso ocurre cuando la misma se ejerce por fuera de regulaciones legítimas, de lo cual abundan ejemplos recientes, como la caza de migrantes en Estados Unidos de América, los sistemáticos apaleamientos a jubilados en Buenos Aires, o la ejecución de pescadores en las costas caribeñas por fuerzas estadounidenses. Pero, por fuera del uso de las fuerzas estatales, también hay milicias, no solo digitales, como se vio en el asalto al Capitolio (enero de 2021) y el intento de golpe en Brasilia (enero de 2023).

Hay que considerar, además, el efecto concurrente de los algoritmos que estructuran las redes sociales que están diseñados para maximizar las ventas. Estos perfilan, refinan y refuerzan la oferta de productos en función de las preferencias de cada persona. Pero la misma mecánica se aplica a todos los intereses de los usuarios: estéticos, políticos, de creencias, etc., creando así burbujas (grupos de afinidades) que replican las convicciones de cada grupo. Esto no solo refuerza las certezas propias, hasta tornarlas evidencias irrebatibles, sino que los priva de confrontar ideas diferentes, tornando a las mismas y a sus portadores en herejes²³. La apelación a lo autoevidente, es decir, a lo que no necesita interpretación, es un dispositivo político antirreflexivo. La demanda de transparencia expresa un desarme intelectual y político (Byung-Chul 2013; 2014). Esto tiene dos efectos potenciales: baja los niveles de tolerancia y, en consecuencia, incrementa los niveles de violencia.

La conjunción de ambos factores potencia la inestabilidad de la situación social, creando un ambiente propicio para que aflore la violencia en sus múltiples expresiones cotidianas (inorgánicas), que son potencialmente aprovechables para direccionarla.

IX. Un escenario posible

En las condiciones descriptas crecen las probabilidades de la aparición de efectos de guerra. ¿Cuáles son esos efectos? En líneas generales, dislocación de la economía, destrucción de la infraestructura, bajas humanas (medidas en términos de un incremento inusual en la tasa de mortalidad), vulneración de la soberanía, migraciones forzadas, violencia física más o menos generalizada sobre determinados grupos humanos, succión de recursos comunes en el conflicto (lo que tradicionalmente fue el esfuerzo de guerra, pero no en función de su finalidad, que era la producción de armamentos, sino visto como consecuencia). Cuando estos efectos se concentran contra la organización de una comunidad humana, sea el Estado nacional, una región o un grupo en particular, allí tendremos una situación de guerra, es decir, violencia en un nivel cercano al de la guerra tradicional²⁴.

Es posible no solo que no se visualice claramente a un enemigo (una de las situaciones grises ya señaladas), sino que no haya un enemigo definido. Bien podría tratarse de una sumatoria de actores oportunistas, que cada uno busca tomar algún beneficio²⁵. Dado que los ataques tienen muy bajo costo, no es necesario tener medios sofisticados ni asumir grandes riesgos. Los nuevos guerreros no militares: periodistas, especuladores, cibernautas, troles, pueden combinarse aleatoriamente, y generar oportunidades para la acción de actores más potentes, como pueden ser Estados, fondos de inversión o empresas transnacionales (aunque la distinción entre estos dos últimos puede ser dificultosa, del mismo modo que los intereses gubernamentales con algunos intereses privados). Al igual que las grandes coaliciones que a fines del siglo pasado actuaron contra Iraq, en que cada uno de ellos tenía motivos propios y distintos a los de los demás participantes, también puedo ocurrir una situación así en un futuro próximo, en la que cada participante actúe en función de las oportunidades que les brinda la dislocación de las estructuras y el relativo colapso de la normatividad diseñada por el sistema interestatal.

Aunque siempre fue relativamente débil, el sistema internacional ofrecía ciertos marcos referenciales sobre los límites de la acción interestatal. El puntapié inicial en su vulneración lo dio Rusia con la anexión de Crimea, como respuesta clara al golpe de Estado gris en Ucrania (2014)²⁶. Estados Unidos con Trump quiere imitarlo dando el zarpazo ante la decadente Unión Europea, tras sus incursiones en Nigeria (diciembre de 2025) y Venezuela (enero de 2026). Despeja toda duda sobre esta tendencia el genocidio a cielo abierto que Israel realiza sobre el pueblo palestino de Gaza, con la tolerancia (cuando no la anuencia) de los gobiernos del mundo. La progresión es clara: en poco más de una década los signos de descomposición del sistema internacional son cada vez más inocultables.

Además, en la guerra de la OTAN contra Rusia (en la que Ucrania es el proxy) hemos visto la destacada participación de las plataformas, filtrando información en conformidad con los intereses estatales, pero también actuando en función de sus intereses privados, como lo hizo Starlink en Ucrania, convirtiéndose en un actor en el conflicto que actúa con independencia relativa de los demás, atributo que otrora era excluyente de los Estados. Actualmente el poder de las empresas que proveen servicios de plataformas (Google, Apple, Microsoft, Meta, entre otros) es en muchos sentidos superior al de los Estados, con la excepción de China, Corea del Norte y, en alguna medida, de Rusia²⁷.

En la medida en que un país, región o grupo humano es sometido a una tensión combinada de diferentes naturalezas, pero que estresan sus estructuras hasta vulnerar su resiliencia, está bajo los efectos de guerra, independientemente de si tal situación se produce por uno o varios actores, con la existencia de un plan o sin él, de manera coordinada o sin coordinación.

X. Sintetizando

El cambio de fase del capitalismo implica también un cambio general del ordenamiento social. Llamamos contramodernidad a esta transición, neologismo al que recurrimos oportunamente dado que lo único que podemos verificar es el desmontaje de las regulaciones y parámetros impuestos por la Modernidad, sin que aparezca aún la fisonomía de un nuevo orden²⁸.

Son características de esta metamorfosis la ampliación espacial, la pérdida de centralidad del Estado como figura otrora excluyente de la organización y vinculación de las poblaciones humanas, el declive de la razón, el auge de las emociones, la pérdida creciente de la diferenciación guerra – paz, y el consecuente desmadre de la violencia. Esta se extiende en un continuum, modulándose en función de los requerimientos del capital más concentrado, operando en nodos espacio-temporales de manera fluctuante, concentrándose o disipándose²⁹.

Esta etapa del capitalismo requiere de mayores dosis de violencia global, pues la misma dimana de la propia lógica del capital. La producción de procesos irreversibles, al menos en la escala temporal humana, en pos de la ganancia, torna imprescindible el aplastamiento de toda resistencia.

Por ello, aunque las guerras en formatos tradicionales seguirán existiendo, la forma más generalizada ya es la modulación de una violencia escalar, cuya intensidad se gradúa con precisión para cada segmento social, temporal y espacial. Esos niveles de violencia pueden ser elevados, y tener efectos de guerra, es decir, devastar una comunidad, grupo social o país, de manera similar y aún peor que una guerra convencional, ya que la invisibilidad del ataque dificulta cualquier tipo de defensa. Estas son situaciones en las que es necesario determinar al monje por su acción y no por su hábito. Así, además de las guerras entre A y B, tradicionales, debemos estar dispuestos a admitir la posibilidad de que exista situación de guerra sobre A, sin necesidad de determinar un B.

En una situación de guerra no es extraño que las fuerzas de seguridad de un Estado se puedan comportar como fuerzas de ocupación —como el ataque en favelas del norte de Río de Janeiro de noviembre de 2025, provocando decenas de pobladores muertos—, que las leyes se puedan usar para quebrantar el orden legal (lawfare) —lo que parecieran ser contrasentidos, pero expresan la dislocación del ordenamiento en que operaban—, y que parte de la comunidad actúe contra sí misma en tanto comunidad, posibilitando el debilitamiento colectivo.

La intensidad y continuidad de los estímulos recibidos a través de dispositivos que permiten su personalización, hace que disminuya la actividad reflexiva —a la larga, también la capacidad—, lo que permite que esta metamorfosis genere escasa o casi nula resistencia y, como paso siguiente, en la medida que se consolidan burbujas, produzca el enrolamiento de una cantidad apreciable de sujetos en la contienda, sobre todo si hay direccionamiento en la acentuación de algunas tendencias y en la morigeración de otras³⁰. De modo que potencia sus efectos, permite y consolida la expansión social de la violencia. En la medida en que se expande, es decir, que está cuasi omnipresente, es más probable que se recombine en regiones tempo-espaciales de alta intensidad, produciendo efectos de guerra. No se puede afirmar que se trate de enemigos, en sentido tradicional, sino más bien que producen efectos de guerra, sin importar si tal cuestión fue propuesta o no —en general se trata de efectos no buscados por quienes diseñaron tales estímulos, quienes solo buscan maximizar ganancias—.

Debemos sensibilizar nuestra mirada para dar cuenta de esta reorganización de la violencia —que responde a un reacomodamiento del capitalismo—, para poder organizar conceptualmente estos mosaicos de grises y desentrañar el significado que vayan teniendo en cada circunstancia. Es la contribución que la sociedad demanda a los investigadores de nuestra generación.

² La argumentación de esta cuestión se encuentra en el artículo “Hacia una nueva geopolítica”. La cuarta revolución espacial”, que, aunque publicado en 2021, fue escrito antes de la pandemia, lo que me privó de la experiencia generalizada de la cuarta dimensión espacial para gran parte de las actividades sociales. Las reuniones, de manera general, ya no implicaban re-unir los cuerpos de los participantes en un espacio tridimensional; simplemente se unen sus voces-imágenes (potencialmente serán avatares en un multiverso) en una cuarta dimensión, que trasciende los límites en los que se asentó nuestra experiencia como especie, genéricamente planos, hasta la irrupción de la tridimensionalidad a inicios del siglo pasado.

³ Con notable anticipación, Marin (1996) veía ya a fines de los ’70, analizando la actuación de las fuerzas represivas clandestinas que actuaron previo al golpe de Estado de 1976, “que ello sería también el reflejo de la crisis del Estado nación como unidad territorial, social y política del capitalismo en su etapa actual de pasaje al intento de hegemonía del capital financiero en el sistema mundial capitalista” (p. 102).

⁴ “El capital, por su naturaleza, tiende a superar toda barrera espacial. Por consiguiente […] la anulación del espacio por el tiempo” (Marx, 1987.II, p. 13).

⁵ “Hoy en día los efectivos de las fuerzas de paz y los agentes de la policía se van acercando. En todo el mundo, los guerreros de azul (policía y otros agentes) y los guerreros de verde (soldados, marines y otras fuerzas de mantenimiento de la paz) se encuentran teniendo que hacer frente a las mismas misiones. Cada vez más a menudo, la policía tiene que hacer frente a adversarios armados con fusiles de asalto y bombas. […] En Bosnia y Nueva York, en Iraq y Los Ángeles, en Afganistán y Littleton (Colorado), los agentes de policía se están pareciendo más a los militares en su equipo, estructura y tácticas, mientras que los militares se están pareciendo más a los agentes de policía en su equipo, misiones y tácticas” (Grossman y Christensen, 2014, p. 22). El fenómeno de confluencia ha sido estudiado por Bonavena y Millán (2022), y también por Jiménez y Turizo (2011).

⁶ Aunque el sintagma zona gris es de uso relativamente habitual en los últimos años, pueden consultarse sobre este concepto Hernández-García (2022); Gutiérrez de León (2022) y Jordán (2018), entre otros.

⁷ Sobre esto puede consultarse Cantelmi (2012), en especial el cap. XXV.

⁸ En la Conferencia de Moscú sobre Seguridad Internacional de 2014 los generales Valery Gerasimov y Vladimir Zarudnitsky presentaron el concepto de enfoque adaptativo para las operaciones militares, en el que se incluían las revoluciones de colores. Un antecedente de la misma, ocurrido más o menos espontáneamente, fue la Revolución cantada de Estonia en 1988 (Kasekamp, 2016).

⁹ Ya Francis Bacon mencionaba la necesidad de romper el yugo que las formas del lenguaje imponen al pensamiento, para poder tener una intelección real de los hechos ocultos tras las palabras (Lenk, 1982). Sin ir tan atrás en el tiempo, Elias (2002) señalaba que el “lenguaje firmemente estructurado de nuestros días dificulta la comprensión del proceso” (p. 309) y que las costumbres lingüísticas nos inducen a replicar formas que ya no dan cuenta de los nuevos fenómenos.

¹⁰ “Business Insider informó así sobre las declaraciones de Schmidt (ex director ejecutivo de Google): “Preguntado por las regulaciones impuestas por los Estados, Schmidt dijo que la tecnología se mueve a tal velocidad que los Gobiernos no deberían ni siquiera tratar de regularla, porque cambia con demasiada rapidez y cualquier problema que surja será resuelto por la propia tecnología. ‘Nos movemos mucho más rápido que ninguna Administración Pública’.” (Zuboff, 2021, pp. 147-148).

¹¹ Según Kate Crawford (2022) “la IA no es artificial ni inteligente. Más bien existe de forma corpórea, como algo material, hecho de recursos naturales, combustible, mano de obra, infraestructuras, logística, historias y clasificaciones. […] De hecho, la IA como la conocemos depende por completo de un conjunto mucho más vasto de estructuras políticas y sociales. Y, debido al capital que se necesita para construir IA a gran escala y a las maneras de ver que optimiza, los sistemas de IA son, al fin y al cabo, diseñados para servir a intereses dominantes ya existentes. En ese sentido, la IA es un certificado de poder”. (p. 29)

¹² Un estudio muy circunstanciado de este proceso se encuentra en los capítulos 3 a 6 de McNeill (1989).

¹³ “[…] en contraste con Hegel, la dialéctica de tesis y antítesis en los escritos teóricos de Clausewitz insiste en la resolución; intenta clarificar diferencias; no forma parte de la progresión necesaria que da expresión a, y mueve, un estado de infinita armonía.” (Paret, 1979, p. 121).

¹⁴ “Feuerbach resuelve la esencia religiosa en la esencia humana. Pero la esencia humana no es algo abstracto inherente a cada individuo. Es, en su realidad, el conjunto de las relaciones sociales.” (Parte de la tesis 6 sobre Feuerbach). (Marx y Engels, 1974, I, p. 9).

Referencias

Arendt, H. (2014). Los orígenes del totalitarismo. Alianza.

Aznar Fernández-Montesinos, F. (2024). La guerra. Teoría para comprender los conflictos del siglo XXI. El Viejo Topo.

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Lo viejo funciona. Tecnología, instituciones y guerra en tiempos de disrupción tecnológica

The Old Still Works: Technology, Institutions, and War in Times of Technological Disruption

Aureliano da Ponte ¹

Alfredo Leandro Ocon ²

Recibido: 10/02/2026

Aceptado: 06/03/2026

Resumen

Este artículo examina la relación entre la innovación tecnológica y los fundamentos del poder militar en la guerra contemporánea. Sostiene que las tecnologías emergentes y de doble uso no se traducen automáticamente en ventajas estratégicas, sino que dependen de capacidades institucionales, industriales y logísticas preexistentes. El estudio desarrolla un marco analítico que vincula innovación, Soberanía Tecnológica (ST) y base industrial, conceptualizándolas como condiciones habilitantes y limitantes de la capacidad estratégica. Se propone un estudio comparado de dos conflictos recientes: Rusia–Ucrania (2022–2024) e Israel–Irán (2025). A partir del análisis de la adopción tecnológica, la absorción institucional y el sostenimiento industrial-logístico, los resultados muestran que la innovación sólo produce efectos operacionales sostenibles cuando se inserta en sistemas de producción resilientes, estructuras organizacionales y cadenas de suministro capaces de escalar y reponer capacidades bajo condiciones de interdependencia armada. Los hallazgos indican que la disrupción tecnológica no sustituye las bases materiales e institucionales de la guerra; por el contrario, las revaloriza al demostrar que la eficacia estratégica depende de estructuras duraderas de producción, logística y gobernanza.

Palabras clave: tecnologías duales, instituciones, soberanía tecnológica, interdependencia armada.

Abstract

This article examines the relationship between technological innovation and the foundations of military power in contemporary warfare. It argues that emerging and dual-use technologies do not automatically translate into strategic advantages, but instead depend on preexisting institutional, industrial, and logistical capacities. The study develops an analytical framework that links innovation, technological sovereignty (TS), and the industrial base, conceptualizing them as enabling and constraining conditions of strategic capability. The article proposes a comparative study of two recent conflicts: Russia–Ukraine (2022–2024) and Israel–Iran (2025). Through the analysis of technological adoption, institutional absorption, and industrial and logistical sustainment, the findings show that innovation generates sustainable operational effects only when embedded in resilient production systems, organizational structures, and supply chains capable of scaling and replenishing capabilities under conditions of weaponized interdependence. The findings indicate that technological disruption does not replace the material and institutional foundations of warfare; rather, it revalues them by demonstrating that strategic effectiveness ultimately depends on enduring structures of production, logistics, and governance.

Keywords: Dual technologies, institutions, technological sovereignty, weaponized interdependence

I. Incertidumbre estratégica, interdependencia armada y tecnologías duales en la política internacional contemporánea

La evolución reciente del sistema internacional ha erosionado los supuestos centrales de la globalización liberal y la idea de una interdependencia supuestamente benigna dominante en las décadas posteriores a la Guerra Fría. Más allá de shocks contingentes, destacándose la pandemia de COVID-19, se evidencian transformaciones estructurales que reorientan la política internacional hacia una competencia estratégica marcada por la incertidumbre (Bunde y Eisentraut, 2026). En este contexto emerge la interdependencia armada, entendida como redes tecnológicas, logísticas y financieras jerarquizadas que permiten a Estados situados en nodos críticos ejercer coerción, control y vigilancia (Farrell y Newman, 2019; 2023). Este fenómeno representa un riesgo permanente con impactos directos sobre la inserción internacional y la defensa de un país.

Lejos del esquema de integración simétrica, este tipo de interdependencia otorga poder estructural a quienes controlan los cuellos de botella más sensibles del sistema. Un ejemplo ilustrativo es la centralidad estratégica adquirida por las tierras raras, definidas por su combinación única de propiedades ópticas, mecánicas, electrónicas y magnéticas, así como por su criticidad para tecnologías militares (Auslin, 2024). Esto demuestra que la interdependencia no disminuye la relevancia del poder político-estratégico; por el contrario, lo reconfigura, desplazándolo hacia ámbitos tecnológicos e infraestructurales, donde el control de plataformas (Gray, 2021) y nodos críticos es decisivo.

En un entorno crecientemente competitivo, la innovación funciona como recurso generador tanto de dependencia como de autonomía. Esto refuerza el papel central de la tecnología en la política internacional contemporánea, especialmente considerando que una proporción creciente de innovaciones relevantes tiene naturaleza dual, difuminando la separación tradicional entre lo civil y lo militar (da Ponte y Ocón, 2016).

No obstante, pese al avance de tecnologías disruptivas, la guerra contemporánea mantiene un fuerte anclaje en lógicas industriales, organizativas y doctrinarias persistentes. Como destacan Gray (1999); Cohen (2002); Horowitz (2010); Posen (1984) y Biddle (2004) el impacto real de la tecnología depende de su integración en estructuras institucionales, procesos de adquisición, doctrinas y capacidades industriales capaces de sostener operaciones prolongadas. Las guerras recientes muestran que la innovación sin una base industrial robusta ni mecanismos eficientes de reposición posee un valor estratégico limitado.

Estas transformaciones han generado una revalorización de la noción de ST como dimensión habilitadora de la autonomía estratégica (León, 2024). La ST es la capacidad relativa de un país o grupo de países para tomar y aplicar decisiones respecto a la generación, absorción y explotación de una tecnología, de acuerdo con sus objetivos, tanto en condiciones favorables como hostiles (da Ponte et al., 2023).

La ST se sustenta en activos tales como capital humano especializado, infraestructura crítica, y capacidades de I+D. Estos permiten absorber, gestionar y adaptar tecnologías, reducir vulnerabilidades y responder a disrupciones externas. En este marco, la cooperación internacional se convierte en dimensión complementaria, no sustitutiva, que puede fortalecer las capacidades nacionales (da Ponte, 2024). Cuando estas competencias nutren la base industrial de defensa y se articulan con un ecosistema de tecnologías duales, generan un efecto sinérgico positivo.

La literatura reciente ha avanzado en el análisis de la innovación, la disrupción y la interdependencia armada (Lehdonvirta et al., 2025; Drezner, 2024; Gjesvik, 2023; Evron y Bitzinger; 2023; Ti y Kinsey, 2023; Brose, 2020). Asimismo, proliferan estudios que analizan la guerra en Ucrania desde diferentes perspectivas (Danylyuk y Watling, 2025; Martí, 2024; Jones et al., 2023). Sin embargo, perdura una brecha importante: no existen marcos que integren sistemáticamente la relación entre tecnologías duales, continuidad institucional y capacidad industrial para explicar resultados operativos en conflictos contemporáneos. La disrupción tecnológica, lejos de reemplazar estas estructuras, las revaloriza. La articulación entre capas tecnológicas (sensores, comunicaciones, IA, ciber), estructuras institucionales (doctrina, gobernanza de datos, adquisiciones) y capacidades industriales (producción, mantenimiento, reposición, escalado) es crítica para entender la efectividad militar en las guerras actuales. Este es el debate en el que se inscribe este artículo.

En tal virtud, el argumento que desarrolla el trabajo es el siguiente: el nivel de ST de un país constituye una condición estructural determinante para la consolidación de capacidades de defensa robustas y sostenibles. Esta habilidad para sostener, explotar y ampliar el poder de combate no depende únicamente de la adquisición e incorporación de tecnologías —ya sean duales o estrictamente militares—, sino también de la base industrial e institucional que posibilita su absorción, adaptación y reposición bajo condiciones de estrés operativo. En consecuencia, ST entendida como la articulación conjunta de capacidades industriales e institucionales, se configura como un pilar fundamental de la ventaja estratégica en los conflictos contemporáneos.

En esa línea, se persiguen tres objetivos principales. Primero, proponer un marco analítico que conecte tecnologías de doble uso, soberanía tecnológica y base industrial de defensa bajo condiciones de interdependencia armada. Segundo, analizar comparativamente cómo distintos Estados han integrado —con resultados diversos— esta articulación en dos conflictos recientes. Tercero, derivar implicaciones de política orientadas al diseño de estrategias nacionales que fortalezcan la preparación industrial, la movilización y el escalado sostenible de tecnologías duales en un entorno caracterizado por crecientes tensiones geopolíticas y dependencias estratégicas.

Los casos Rusia–Ucrania (2022–2024) e Israel–Irán (2025) son pertinentes por cuatro razones: (1) constituyen interacciones interestatales de alta intensidad; (2) funcionan como laboratorios de innovación donde proliferan sistemas disruptivos junto a continuidades industriales clásicas; (3) revelan dependencias típicas de la interdependencia armada; y (4) muestran que lo viejo funciona: la escala industrial, la organización estatal y la logística siguen siendo condiciones habilitantes para el éxito operacional, incluso en contextos altamente tecnologizados.

Metodológicamente, se adopta un diseño comparado de estudios de caso sustentado en un análisis descriptivo y estructural de dos conflictos recientes. Este enfoque apunta a identificar cómo los niveles relativos de soberanía tecnológica de los países involucrados, medidos a partir de su acceso, control y capacidad de absorción de tecnologías duales, junto con sus arreglos institucionales y capacidades industriales, permiten explicar variaciones en los resultados operacionales observables en campañas convencionales bajo condiciones de interdependencia armada. El estudio privilegia la comparación sistemática mediante indicadores estandarizados y evita la reconstrucción secuencial de mecanismos causales, centrándose en la evaluación de capacidades estructurales que condicionan la efectividad militar sostenida.

El resto del artículo se estructura de manera secuencial para guiar al lector desde los fundamentos teórico-conceptuales hasta la evidencia empírica y las implicaciones estratégicas. La sección 2 desarrolla el concepto de soberanía tecnológica (ST), su vínculo con la política industrial y la formulación operativa del marco analítico propuesto. La sección 3 analiza cómo la continuidad doctrinaria y organizacional condiciona la adopción de tecnologías disruptivas. En la sección 4 se aplica el instrumental analítico a los casos. La sección 5 sintetiza los hallazgos, mostrando cómo la interacción entre continuidades históricas y tecnologías disruptivas configura las condiciones efectivas del poder militar contemporáneo y ofrece implicaciones de política pública. La sección 6 presenta las conclusiones, limitaciones y agenda de investigación futura.

2. Soberanía tecnológica y política industrial: el poder detrás del poder

La noción de ST es un vector habilitador de la autonomía estratégica y, por tanto, un componente estructural del poder en la guerra contemporánea (León y da Ponte, 2023 y 2020)³. En un entorno de interdependencia armada, la capacidad de diseñar, producir, mantener y reponer sistemas complejos —desde sensores y municiones guiadas hasta infraestructuras digitales— condiciona la posibilidad de sostener el esfuerzo bélico a lo largo del tiempo. La dependencia respecto de cadenas de suministro globalizadas, sujetas a cuellos de botella tecnológicos y logísticos potencialmente controlados por rivales, configura una vulnerabilidad estructural que puede ser explotada coercitivamente.

En este marco, el dominio tecnológico en ámbitos cruciales refuerza la capacidad de un país para hacer la guerra y, por tanto, su capacidad de disuasión. Pero la innovación también determina el poder económico, ya que otorga a los Estados influencia sobre las cadenas de suministro y la capacidad de establecer las reglas para los demás. Es ahí donde la política

industrial deja de ser un ámbito separado de la seguridad: vuelve a coproducir el poder. Decisiones sobre qué producir, qué exportar o a quién vender/restringir componentes críticos —en particular insumos duales como semiconductores— son tan estratégicas como el despliegue militar. Ciencia, industria y Estado reaparecen en el centro, no como reliquias industriales del pasado, sino como condiciones materiales del presente.

En las últimas décadas se privilegió la especialización en funciones intensivas en conocimiento, defendiendo que la I+D explicaría por sí sola el desempeño a largo plazo. Bajo esa mirada, la fabricación habría quedado relegada a un plano secundario. Sin embargo, la evidencia reciente, y el caso chino de convergencia manufacturera-tecnológica, sugiere tratar la producción como parte integral del avance tecnológico, no como un subproducto de la invención (Wang, 2023). En el marco del auge de la interdependencia benigna, la división internacional del trabajo demandaba mayor especialización y desarrollo tecnológico en áreas específicas alojadas en las ventajas comparativas. Este enfoque ha producido procesos de desindustrialización de distinta intensidad en economías avanzadas y de desarrollo medio.

Este ciclo de externalización/deslocalización abrió un debate renovado sobre capacidades domésticas y política industrial: el eclipse de la producción respondió menos a una demostración empírica y más a sesgos analíticos de la economía neoclásica, que dejó fuera la dinámica del aprendizaje y la innovación en la producción (Kaldor, 1972). Para Chang y Andreoni (2020), el desempeño productivo deficiente se atribuyó por inercia a la “subinversión en insumos de conocimiento, como la I+D y la educación” (Chang y Andreoni, 2020, p. 331), sin ponderar el efecto de deslocalizar funciones: dependencia de importaciones, interrupciones en cadenas, control extranjero de infraestructuras críticas, pérdida de habilidades al dejar de fabricar y necesidad de reconstruir competencias futuras. Andreoni y Gregory (2013) señalan que la sobreestimación de ventajas para las empresas industriales y/o proveedores de servicios incidió en las políticas de subcontratación y externalización, perjudicando la cadena de provisión local.

En síntesis, las capacidades tecnológicas no son abstractas: descansan en activos organizacionales y productivos concretos cuya presencia o ausencia determina el nivel de ST.

3.1 Definición operativa de ST e implicaciones de política

Este trabajo adapta la conceptualización de la ST para definirla como la capacidad relativa de un Estado para diseñar, producir, sostener y reponer tecnologías críticas indispensables para su poder militar y económico bajo condiciones de interdependencia armada. Esta definición subraya agencia y resiliencia: no implica autarquía, sino control efectivo sobre segmentos tecnológicos estratégicos cuya vulnerabilidad podría derivar en coerción externa⁴.

Una estrategia que apunta a incrementar el nivel relativo de ST permite, por su propia lógica, reducir las principales huellas que provocan vulnerabilidad, aquellas que constituyen parte de las interdependencias susceptibles de ser weaponizadas o utilizadas para servir a los objetivos políticos de terceros actores. De todos modos, su racionalidad no es apenas defensiva. Un mayor nivel de ST permite cooperar e insertarse en la economía global desde una posición que, por un lado, favorece los intereses económicos nacionales, y por el otro, contribuye a la defensa y seguridad nacional.

¹ Doctor en Economía y Gestión de la Innovación (UCM-UPM-UAM).. Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF, Janes-JSS). ORCID: 0000-0003-4529-1772. Correo electrónico: adaponte@ucm.es

² Doctor en Ciencia Política (UTDT). ORCID: 0000-0002-6731-566X. Correo electrónico: leandroocon@gmail.com

³ La ST como tema de investigación académica es la derivación de un debate proveniente de la política. En los últimos años fue ganando relevancia en el contexto de las economías desarrolladas, pero se extendió a nivel global influyendo a economías emergentes. No se trata de una noción nueva (Grant, 1983; Globerman, 1978), sino que ha resurgido como respuesta a la emergencia de procesos complejos que configuran un periodo de incertidumbre estratégica en el cual la intensificación de la competencia mundial basada en la tecnología ha generado una creciente demanda para que los países preserven su capacidad de actuar estratégicamente en la consecución de sus objetivos. En América Latina la tradición académica ha empleado el término de “Autonomía tecnológica” (Sabato, 2014).

• Racionalidad interna. Implica construir capacidades fundacionales —productivas, tecnológicas y organizativas— en empresas, universidades, centros de I+D, organismos de transferencia y en el propio Estado. Estas capacidades facilitan la absorción incremental, la readaptación y la apropiación de oportunidades en tecnologías duales. La ausencia de capital humano especializado en el sector público puede bloquear la eficacia del sistema de innovación.

• Racionalidad externa. Exige una estrategia geotecnológica que articule acceso a tecnología y condicionantes geopolíticos mediante alianzas mutuamente beneficiosas. Evita trampas clásicas de dependencia, como relaciones de intercambio basadas en asimetrías absolutas que erosionan la capacidad de agencia. La consigna “comprar a quien nos compra” sintetiza un error clásico: aceptar asimetrías absolutas y relativas que restringen la agencia y subvierten la ST.

A efectos de organizar su aplicación empírica en los casos seleccionados, se propone un análisis articulado sobre dos dimensiones principales: (i) capacidades tecnológicas y (ii) capacidades industriales y logísticas. Para ello, se elaboró una matriz de operacionalización de la ST que reúne doce indicadores distribuidos en cuatro dimensiones —diseño, producción, escalado y autonomía en redes/datos—, lo que permite sistematizar la comparación entre actores. Este instrumento facilita observar cómo cada país transforma activos y competencias tecnológicas e industriales en desempeño operacional y logístico, así como identificar de qué manera la interdependencia armada amplifica o restringe su libertad de acción.

El estudio se sustenta en fuentes abiertas, documentación oficial de defensa, evidencia operativa y literatura especializada. Su propósito no es reconstruir cronologías exhaustivas, sino aislar patrones causales que permitan evaluar cómo la articulación entre tecnologías duales, instituciones y base industrial condiciona la efectividad militar.

La matriz traduce estos factores en indicadores comparables que permiten valorar la resiliencia tecnológica e industrial de cada país. Cada dimensión refleja competencias críticas —desde el diseño de subsistemas hasta la gestión autónoma de redes y datos— cuyo desempeño conjunto ofrece una medida del grado de autonomía estratégica bajo condiciones de interdependencia armada. En conjunto, la matriz cumple tres funciones analíticas: (1) operacionalizar conceptos abstractos, (2) habilitar comparaciones sistemáticas y (3) vincular capacidades estructurales con resultados operacionales observables.

La asignación de valores se basa en evidencia verificable. Aunque la escala es necesariamente simplificadora, captura diferencias sustantivas en diseño tecnológico, capacidad productiva, escalado y autonomía en redes. La escala ordinal 0–3 permite reflejar variaciones en autonomía, redundancia y resiliencia sin asumir intervalos lineales entre categorías. En conjunto, la matriz constituye un instrumento analítico que permite evaluar cómo cada país convierte activos tecnológicos e industriales en resiliencia logística y efectividad militar, así como comprender cómo la interdependencia armada amplifica o limita esa capacidad.

Cuadro N° 1: Dimensiones e indicadores

Escala de medición (0–3): 0 — Nulo: dependencia total, sin capacidad doméstica.

1 — Bajo: capacidad limitada o fragmentada; dependencia alta.

2 — Medio: capacidades significativas, aunque con brechas o cuellos de botella.

3 — Alto: autonomía sólida, redundancia, proveedores múltiples, capacidad de escalado.

3. El peso de la historia: continuidad y ruptura doctrinaria en tiempos de disrupción tecnológica

La proliferación de tecnologías disruptivas —sensores avanzados, enjambres de drones, IA aplicada al Comando y Control (C2), Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (ISR) persistente y capacidades cibernéticas ofensivas— ha reactivado los debates sobre una supuesta transformación radical de la guerra. Sin embargo, autores como Gray (1999; 2010), Cohen (2002) y Biddle (2004) muestran que las innovaciones tecnológicas no eliminan las estructuras doctrinarias, industriales e institucionales heredadas que siguen determinando cómo los Estados planifican, organizan y sostienen operaciones militares. La guerra cambia menos de lo que sugerirían los discursos de ruptura: lo nuevo se monta sobre lo viejo, y solo se materializa cuando encuentra un ecosistema organizacional, industrial y doctrinal capaz de absorberlo.

Desde una perspectiva histórica, doctrinas clásicas —de Clausewitz a von der Goltz— continúan ofreciendo coordenadas permanentes para entender la guerra: la centralidad del Estado, el papel de la voluntad política, la importancia del sostenimiento logístico y la concepción del conflicto como choque de voluntades respaldadas por capacidades materiales. El auge de tecnologías duales no reemplaza estas lógicas; las reconfigura, integrándolas en nuevas arquitecturas tecnológicas sin alterar su fundamento estratégico. Los drones kamikaze, la guerra electrónica masiva o los ataques de saturación no representan rupturas absolutas, sino nuevas iteraciones tecnológicas de principios históricos como la concentración de fuerza, la búsqueda de dislocar la cohesión enemiga o la necesidad de operar a escala.

En este sentido, los debates sobre nuevas guerras o generaciones de guerra (Lind et al., 1989; Kaldor, 1999; 2012), aunque útiles, suelen sobredimensionar la novedad tecnológica y subestimar las continuidades doctrinarias e institucionales que estructuran el empleo de la fuerza. Como señala Horowitz (2010), la adopción militar de tecnología no depende de la invención en sí misma, sino de la capacidad organizacional para integrarla, doctrinas flexibles para emplearla y una base industrial capaz de sostenerla. Aquí se inserta la articulación analítica del artículo: la continuidad doctrinaria, combinada con la soberanía tecnológica y la infraestructura industrial, condiciona las trayectorias de innovación dual.

Es precisamente esta persistencia de estructuras históricas lo que permite comprender que, incluso en entornos de aparente disrupción, la guerra siga siendo un fenómeno logístico, industrial y estatal. La saturación con drones en Ucrania, por ejemplo, puede compararse analógicamente con las cargas de masas napoleónicas no porque las herramientas sean similares, sino porque la lógica —quebrar defensas mediante volumen coordinado— remite a principios históricos. En línea con Gray (2010; 1999), para quien la estrategia evoluciona mucho menos que los medios tecnológicos que la soportan, la innovación no altera las constantes fundamentales del arte estratégico. La tecnología introduce nuevas posibilidades, pero no redefine por completo el fundamento del conflicto.

Asimismo, la perspectiva de interdependencia armada desarrollada por Farrell y Newman (2023; 2019) resulta fundamental para entender esta tensión entre continuidad y cambio. Las redes tecnológicas globales introducen vulnerabilidades recíprocas, pero solo los Estados con suficiente soberanía tecnológica, control de cuellos de botella y capacidad de escalar producción dual pueden explotar dichas asimetrías. Otto von Bismarck podría haber reconocido esta lógica: la política internacional sigue estructurada por la capacidad de los Estados para traducir recursos materiales en poder estratégico; simplemente, hoy esos recursos incluyen semiconductores, satélites, capacidad de lanzamiento, infraestructura en nube y líneas de fabricación de drones.

De manera análoga, los aportes de Posen (1984), Brooks (2008) y Talmadge (2015) subrayan que las instituciones —relaciones cívico-militares, estructuras burocráticas, procedimientos de adquisición y culturas organizacionales— filtran y moldean la adopción de nuevas tecnologías. Esta es otra continuidad crucial: incluso en entornos tecnológicamente fluidos, la efectividad militar depende de instituciones capaces de coordinar doctrina, tecnología e industria. La historia militar está llena de innovaciones que fracasaron no por falta de potencial, sino por ausencia de institucionalidad que permitiera absorberlas.

Las tensiones entre continuidad y cambio se examinarán a través de los conflictos Rusia–Ucrania (2022–2024) e Israel–Irán (2025). Ambos casos muestran que la disrupción tecnológica no desplaza las lógicas heredadas de la guerra, sino que coexiste con doctrinas persistentes, capacidades industriales acumuladas e instituciones con trayectorias históricas definidas. En Ucrania, la integración de sistemas comerciales, redes satelitales —incluido Starlink—, drones de fabricación rápida y ciberdefensa amplió el repertorio ISR y facilitó un C2 más flexible. Sin embargo, estos avances descansan en una dependencia estructural de las redes logísticas occidentales, cuya capacidad de reposición industrial explica en gran medida la continuidad operativa del esfuerzo ucraniano⁵. Rusia, por su parte, combina tácticas de desgaste clásicas con innovaciones en guerra electrónica y municiones merodeadoras. No obstante, su desempeño revela que la innovación sin una base industrial robusta enfrenta límites estructurales, como la dependencia de componentes electrónicos extranjeros y la dificultad para sostener cadenas críticas de alta tecnología (IISS, 2025).

convencionalidad —prácticas y reglas aceptadas— de simetría —relación material de capacidades—: actores asimétricos pueden operar de manera convencional, mientras que actores simétricos pueden optar por medios no convencionales (Levy et al., 2026). Son dimensiones analíticas distintas que orientan, pero no determinan, el empleo de la fuerza (Ocón y da Ponte, 2019). La racionalidad conceptual se visualiza a continuación.

Figura N° 1. Esquema conceptual

En definitiva, incluso en un entorno de aceleración tecnológica, la guerra, la paz y sus grises siguen organizadas por continuidades históricas que actúan como límites, filtros y habilitadores de la disrupción. Las doctrinas clásicas no desaparecen; se actualizan. Las instituciones no se vuelven irrelevantes; condicionan la innovación. La industria no es un componente colateral; es el esqueleto sin el cual las tecnologías duales no pueden sostener el esfuerzo bélico. Comprender esta interacción —entre lo que persiste y lo que cambia— es esencial para explicar los casos analizados y para derivar implicaciones de política en un mundo marcado por la interdependencia armada. Además, justifica la necesidad de una operacionalización comparativa mediante indicadores de ST.

3.1 Condiciones de la innovación tecnológica en la guerra

El impacto estratégico de la innovación tecnológica en la guerra no es automático ni lineal (Biddle, 2004; Murray y Millet, 1996). Entre la disponibilidad de una tecnología —sea disruptiva o incremental— y su traducción en efectos operacionales sostenibles media un conjunto de condiciones estructurales que pueden clasificarse analíticamente en habilitantes, aceleradoras y limitantes. Esta distinción permite precisar los mecanismos causales mediante los cuales las tecnologías duales se convierten —o no— en poder militar efectivo.

Las condiciones habilitantes refieren a los prerrequisitos materiales e institucionales sin los cuales la innovación no puede ser absorbida ni empleada de manera sistemática (Posen, 1984). En primer lugar, una base industrial capaz de producir, mantener y reponer sistemas complejos bajo presión (Kennedy, 2016); en segundo lugar, arreglos institucionales coherentes —doctrina, procedimientos de adquisición, estructuras de comando y control— que permitan integrar nuevas capacidades sin disrupciones organizacionales; y, finalmente, un nivel mínimo de soberanía tecnológica que reduzca vulnerabilidades críticas en componentes, datos y redes (Sábato, 2014). Sin estas condiciones, la innovación permanece episódica, dependiente de actores externos o confinada a nichos tácticos de corta duración.

Las condiciones aceleradoras operan una vez que los habilitantes están presentes y explican la velocidad y profundidad con la que una innovación se difunde y escala. Entre ellas destacan la flexibilidad organizacional, la capacidad de aprendizaje bajo combate, la densidad del ecosistema civil-militar y la existencia de mecanismos ágiles de retroalimentación entre el campo de batalla, la industria y el sistema de innovación (O’Hanlon, 2009). Estas condiciones no sustituyen a las habilitantes, pero amplifican su efecto, permitiendo ciclos rápidos de adaptación tecnológica, reducción de costos y ajustes doctrinarios continuos. La proliferación de UAS de bajo costo o la rápida adaptación frente a la guerra electrónica ilustran este tipo de aceleración.

Por último, las condiciones limitantes establecen los techos estructurales de la innovación, incluso cuando existen capacidades tecnológicas avanzadas. Estas incluyen cuellos de botella industriales (microelectrónica, explosivos, interceptores), dependencia de infraestructuras críticas controladas por terceros (satélites, nube, PNT), fricciones logísticas acumulativas y déficits de coordinación institucional. Bajo escenarios de alta intensidad y desgaste prolongado, estas limitaciones tienden a imponerse sobre los beneficios iniciales de la disrupción tecnológica, erosionando su rendimiento marginal y condicionando la sostenibilidad del esfuerzo militar.

En conjunto, esta tipología contribuye al argumento central del artículo: la innovación tecnológica no sustituye las bases materiales e institucionales de la guerra. Por el contrario, su eficacia depende de un entramado previo de capacidades tecno-productivas que habilitan, aceleran o limitan su traducción en poder estratégico, es decir, la base industrial e institucional que conforman la ST.

3.2 La mediación político-estratégica

La traducción de capacidades tecnológicas e industriales en efectos estratégicos no depende únicamente de su disponibilidad material, sino de decisiones políticas que regulan su empleo, escalada y control. El nivel político-estratégico actúa como un filtro decisional que condiciona cuándo, cómo y hasta dónde se utilizan las capacidades militares disponibles, especialmente en entornos de interdependencia armada y riesgo de escalada.

La literatura clásica sobre conducción estratégica (Brooks, 2008) muestra que incluso Estados con capacidades tecnológicas avanzadas pueden autolimitar su empleo por consideraciones políticas, alianzas, umbrales de escalada o costos reputacionales. En conflictos recientes, estas dinámicas se intensifican por la presencia de tecnologías duales, infraestructuras críticas compartidas y dependencias externas que amplifican los riesgos de escalada horizontal.

En este sentido, la soberanía tecnológica no elimina el dilema político-estratégico, pero amplía el menú de opciones creíbles disponibles para el decisor estratégico. Estados con mayor control sobre sus cadenas tecnológicas y logísticas pueden modular con mayor precisión la intensidad, duración y escalamiento del uso de la fuerza, mientras que aquellos con alta dependencia externa enfrentan restricciones políticas adicionales, derivadas tanto de vulnerabilidades técnicas como de compromisos con proveedores y aliados.

Así, la innovación tecnológica sólo se convierte en ventaja estratégica cuando es integrada en un marco de coordinación político-militar y gestión deliberada de la escalada. La ausencia de esta mediación puede convertir capacidades avanzadas en factores de riesgo estratégico, generando efectos no deseados o escaladas difícilmente controlables.

Con el fin de sintetizar los mecanismos analíticos desarrollados en esta sección y clarificar la lógica que conecta innovación tecnológica, continuidad institucional y desempeño estratégico, se introduce un diagrama causal simplificado. Este esquema no pretende representar una secuencia lineal ni determinista, sino ordenar los principales eslabones a través de los cuales las tecnologías de doble uso pueden —o no— traducirse en efectos operacionales sostenibles. Al explicitar las relaciones entre absorción institucional, capacidad industrial, soberanía tecnológica y decisión político-estratégica, el diagrama permite identificar puntos de ruptura, cuellos de botella y mediaciones críticas que condicionan la efectividad militar bajo condiciones de interdependencia armada. En este sentido, funciona como un puente entre el marco teórico y el análisis empírico comparado que se desarrolla en las secciones siguientes.

Figura N° 2. Diagrama causal simplificado

3.3 La logística como núcleo del conflicto

El brillo mediático de drones e IA suele ocultar la constante histórica, los conflictos de alta intensidad se deciden por la capacidad de sostener el esfuerzo: munición, energía, mantenimiento y transporte. La experiencia ucraniana lo demuestra, tras la fascinación inicial por tecnologías comerciales adaptadas (como los drones de consumo modificados), emergió lo permanente: la reposición de municiones y el incremento de la capacidad industrial.

En términos clausewitzianos, la fricción recuerda que la guerra no es un ejercicio técnico sino una empresa sostenida que exige infraestructura industrial, control territorial y articulación entre políticas económicas, científicas y militares. Estos elementos constituyen el núcleo de las dimensiones ST-sostenimiento (sostenimiento/escalado) y ST-producción.

En este contexto, la transición de una logística reactiva a una logística predictiva, basada en sensores, mantenimiento anticipado, analítica de demanda y visibilidad integral de la cadena de suministro, se convierte en ventaja decisiva (Hamilton, 2025; Mohan, 2025). En Ucrania, los ataques rusos a nodos logísticos aceleraron esta transición e impulsaron adaptaciones doctrinarias rápidas (Skoglund, Listou y Ekström, 2022; Tudosia, 2023).

A nivel agregado, estudios recientes destacan el repunte de la producción europea de proyectiles (EDA, 2025 y 2024) y la inversión en capacidades industriales de defensa (SIPRI), coherentes con el argumento de que la innovación sólo rinde si la base industrial y las cadenas logísticas son resilientes (Gilli y Gilli, 2023).

4. Estudios de caso

Esta sección contrasta dos conflictos recientes, Rusia–Ucrania e Israel–Irán, para observar cómo la innovación tecnológica produce (o no) efectos estratégicos sostenibles según el nivel de ST y la capacidad industrial logística disponible. El objetivo no es reconstruir cronologías, sino aislar mecanismos causales que conectan tecnologías duales, absorción institucional y sostenimiento bajo interdependencia armada.

A efectos de orientar la comparación, introducimos una variable compuesta —Desafío a la Interdependencia— que se aproxima mediante dos dimensiones: nivel de ST y esfuerzo de gasto militar (niveles y trayectoria). La evidencia indica la siguiente caracterización preliminar:

Rusia con ST media y gasto elevado, pero con cuellos de botella en microelectrónica.
Ucrania con ST baja y alta dependencia de reposición aliada.
Irán con ST media basada en sustitución bajo sanciones; el esfuerzo militar ha sido consistente con limitaciones financieras, priorizando capacidades asimétricas y de negación de área.
Israel con ST media-alta en ecosistema dual y esfuerzo de gasto elevado en términos per cápita y de trayectoria tecnológica, apoyado en integración con aliados y un tejido civil-militar densos.

Estas tipificaciones operan como hipótesis de trabajo sujetas a verificación y matriz en los subapartados que siguen.

En relación con la primera de las dimensiones adoptadas, los Gráficos 1 y 2 evidencian que Israel presenta niveles per cápita superiores a los demás, mientras que Rusia destaca por volumen total. Estos patrones sugieren trayectorias de inversión y capacidades de sostén distintas. Sin embargo, estos datos agregados permiten analizar parcialmente el asunto. De ello se colige la importancia de explorar los casos en profundidad.

Gráfico 1. Gasto militar per cápita en dólares corrientes (2024) período 1989-2021

Fuente: elaboración propia en base a datos de SIPRI (2025)

Gráfico 2. Gasto Militar total en dólares corrientes (2024)

Fuente: elaboración propia en base a datos de SIPRI (2025)

4.1. Rusia–Ucrania: Laboratorio para la innovación

La guerra iniciada en febrero de 2022 constituye probablemente el mayor conflicto convencional europeo desde 1945 y un escenario en el que innovaciones tecnológicas coexisten con persistencias industriales, logísticas y doctrinarias. La literatura especializada coincide en que la innovación modifica la conducción de operaciones, pero no sustituye las estructuras materiales e institucionales que las hacen sostenibles (Kofman, 2023; Rácz, 2023; Galeotti, 2023).

Condiciones previas

Antes de 2022, Rusia acumulaba ventajas en artillería, defensa aérea y GE, apoyada en una base industrial heredada, aunque con dependencias en microelectrónica y otros componentes de alta tecnología (IISS, 2025). Es pertinente señalar que Rusia fue una de las primeras potencias militares en reconocer la importancia de los drones en los conflictos modernos y, en consecuencia, la necesidad de una defensa adecuada frente a esta amenaza. Desde 2014, muchas revistas relacionadas con el pensamiento militar ruso (entre ellas Voennaya Mysl) han debatido la relevancia de integrar tales capacidades ofensivas y defensivas dentro de las Fuerzas Terrestres rusas. Se ha prestado especial atención al componente de defensa no cinética contra UASs, concretamente los sistemas de GE contra drones (EW C-UAS). En el centro de la discusión estaba la evaluación de si los sistemas de GE desplegables más avanzados actuales podrían ser suficientes para contrarrestar la amenaza, o si fuese necesario insertar un componente táctico antidrones (C-UAS) específico dentro de las subunidades o brigadas de GE⁶.

Ucrania, por su parte, mantenía dependencia externa para munición, reposición y sistemas complejos (Comisión Europea, 2025); SIPRI (2025) estima que entre 2020 y 2024 Ucrania absorbió alrededor del 9% de las importaciones globales de armas, situándose como receptor principal. El uso y la contestación de servicios espaciales comerciales (Comunicaciones satelitales -SATCOM-, PNT y teledetección) habrían sido determinantes para el C2 ucraniano, aunque expuestos a ciberataques e interferencias (RAND, 2025).

Las comunicaciones por satélite resultaron esenciales en el conflicto para la transmisión de datos y para los sistemas de navegación de aeronaves, UASs y municiones guiadas (Precision-guided munition o PGM en inglés). Rusia ha desplegado varios sistemas capaces de interferir eficazmente las comunicaciones por satélite, incluyendo los complejos de GE Zhitel, Krasukha-4 y Borisoglebsk-2.

En la matriz, ello se traduce en que Rusia registró ST-Diseño y ST-Redes significativos, con ST-Producción parcial por cuellos de botella en componentes clave. Ucrania, por su parte, exhibía ST baja: capacidades tecnológicas y productivas fragmentadas y elevada dependencia externa para munición y sistemas complejos; la ruptura de cadenas con Rusia tras 2014 agravó la situación y anticipó ST-Sostenimiento muy limitado.

Dinámica operativa

La ofensiva inicial rusa combinó fuegos de precisión, penetraciones terrestres y operaciones informacionales. No obstante, problemas de C2, coordinación y sostén logístico habrían limitado el logro de objetivos maximalistas. En paralelo, se constituyó un corredor logístico multinacional hacia Ucrania —articulando hubs, transporte estratégico y acuerdos diplomáticos-militares— que parece haber sido crítico para la continuidad operacional. Ello tuvo efectos significativos para ST-Sostenimiento por reposición aliada, sosteniendo munición, defensa aérea y mantenimiento de sistemas complejos.

El RUSI estima que la producción ucraniana de UAS pasó de 3–5 mil (2022) a >2,2 millones, con proyección 4,5 millones (2025), aunque con alta dependencia de componentes importados (Niederkofler, 2025). A su vez, el RUSI señala que Rusia neutraliza decenas de miles de drones mensuales en varios periodos, lo que fuerza mejoras anti-interferencia y adaptación táctica (Watling y Reynolds, 2025).

Efectos sobre capacidades

La GE rusa degradó en distintos momentos la precisión de municiones guiadas y afectó la navegación de UAS, forzando adaptaciones técnicas (receptores anti-interferencia, Assured PNT -APNT-, perfiles de vuelo) por parte ucraniana y de proveedores (IISS, 2025). A su vez, Rusia mostró éxitos tácticos con municiones merodeadoras (Lancet) y capacidades de GE, aunque con restricciones industriales y sensibilidad a cuellos de botella en insumos críticos. El caso ucraniano muestra indicios consistentes de absorción tecnológica e innovación distribuida (UAS Drones FPV, ISR comercial, C2 descentralizado), apalancando pymes y redes civiles; no obstante, estos avances parecen dependientes del sostén industrial-financiero externo. Interpretado en clave de la matriz, el rendimiento siguió condicionado por ST-Sostenimiento externo (reposición aliada) y ST-Producción doméstico insuficiente.

Implicaciones

• Tecnología ≠ supremacía sostenida: sin ST-P/ST-S, el rendimiento táctico no escala a ventaja operacional.

La evidencia sugiere que ninguna de las partes traduce automáticamente tecnología en supremacía operativa sostenida. Rusia combina innovación y desgaste, pero enfrenta fricciones industriales y logísticas; Ucrania innova y absorbe con rapidez, aunque depende de aliados para sostener el esfuerzo.

• Portafolios de masa vs exquisitez: proliferación de FPV baratos frente a sistemas de mayor costo: costo por efecto/tiempo de reconstitución como criterio⁷.

En conjunto, el caso es coherente con la tesis de que la ventaja estratégica emerge de la articulación entre tecnologías duales, instituciones y cadenas logísticas resilientes, más que de la mera disponibilidad de sistemas avanzados.

• Defensa en capas costo-efectiva: combinación soft-kill o no-cinética (Guerra Electrónica) y cinética o hard-kill ajustada a saturación y presupuesto.

• Interdependencia armada: la resiliencia del corredor logístico se vuelve un multiplicador de ST-S para Ucrania.

• UAS y drones FPV: absorción/innovación distribuida, pero ST-Diseño condicionado por la procedencia de componentes; ST-Redes sometido a fuerte disputa en GE.

4.2. Israel–Irán: precisión tecnológica y vulnerabilidades de sostén

El enfrentamiento de junio de 2025 —frecuentemente referido como “Guerra de los Doce Días”— se presenta, de acuerdo con fuentes abiertas, como un episodio de alta tecnologización (aéreo-espacial, ciber, precisión) con asimetrías en integración doctrinal, institucional e industrial (INSS, 2025; IIIS Rasanah 2025).

Condiciones previas

Israel exhibe un ecosistema dual consolidado y una estrecha integración civil-militar, sustentados en alianzas estratégicas y desarrollo conjunto (INSS, 2025; JINSA, 2025). Irán, bajo sanciones prolongadas, ha priorizado autosuficiencia relativa mediante adaptación e ingeniería inversa, con foco en misiles, UAVs y Anti-Acceso/Denegación Área (A2/AD), aunque con limitaciones en subsistemas avanzados y dependencia de insumos externos (IIIS Rasanah, 2025).

Planteado en los términos de la matriz, Israel opera sobre un ecosistema que respalda ST-Diseño alto (diseño de sensores, interceptores, software) y ST-Redes alto (C2 en red, ciberdefensa, SATCOM), junto con ST-Producción robusto. Irán prioriza autosuficiencia relativa bajo sanciones con foco en misiles/UAVs y A2/AD, logrando ST-Producción/ST-Sostenimiento medios vía sustitución y volumen, pero con ST-Diseño/ST-Redes más limitados por acceso a subsistemas y C2 avanzados.

Dinámica operativa.

La campaña israelí, con apoyo estadounidense, habría combinado ataques cinéticos y cibernéticos hacia defensa aérea, C2, infraestructura nuclear y sistemas misilísticos. Irán respondió con salvas de misiles y UAS a distancia. Aunque la defensa en capas israelí habría interceptado una proporción significativa, reportes de prensa y análisis regionales sugieren impactos localizados en áreas urbanas y en infraestructura crítica, con tensión sobre inventarios de interceptores y necesidad de reposición (Reuters, 2025; Al Jazeera, 2025; Shelbey, 2025)⁸. La magnitud del daño a capacidades nucleares permanece disputada en fuentes abiertas (INSS, 2025; Geranmayeh, 2025). El ritmo de intercepción tensionó inventarios de interceptores, lo que evidenció límites de ST-Sostenimiento bajo saturación y la necesidad de reposición acelerada.

Efectos sobre capacidades

La evidencia disponible en fuentes abiertas sugiere que la campaña israelí degradó elementos de la red defensiva iraní y afectado enlaces y redundancias; al mismo tiempo, Irán mantuvo habilidad de proyección con misiles/UAS, aunque con vulnerabilidades en prelanzamiento y coordinación. El desempeño observado indica un alto grado de integración tecnológica-industrial y cohesión institucional, aunque con tensiones visibles en el sostenimiento, así como dependencia aliada para ritmos altos de intercepción (INSS, 2025; JINSA, 2025).

Implicaciones

Los resultados observables en fuentes abiertas sugieren un balance operacional asimétrico: Israel retiene ventajas cualitativas por integración institucional-industrial y apoyo aliado; Irán demuestra capacidad de adaptación y generación de daño pese a restricciones estructurales. La evidencia disponible apunta a resultados mixtos y costos de sostén significativos para ambos, con vulnerabilidades que emergen bajo saturación y exigencias de reposición.

4.3. Discusión comparada

La matriz comparativa sintetiza doce indicadores en cuatro dimensiones (ST-Diseño, ST-Producción, ST-Sostenimiento, ST-Redes) mediante una escala 0–3 tal como fue introducido en la sección metodológica. El promedio ponderado asigna el doble de peso a ST-S y ST-P, atendiendo a su impacto directo sobre la resiliencia operacional; ST-D y ST-R mantienen peso simple. Esta ponderación no asume intervalos lineales y se utiliza con fines heurísticos, priorizando comparabilidad y transparencia sobre precisión cardinal. La asignación de valores se apoya en evidencia abierta y documentación especializada, lo cual permite versatilidad en función de profundizar en el análisis empírico. Mientras los números de cada dimensión se asignan en valores absolutos, el ST total es el resultado de un promedio que incluye decimales (con el fin de aportar varianza y matices).

Matriz comparativa ST 1989-2021

• Ucrania (ST baja): ST-Diseño condicionado por componentes importados; ST-Producción bajo con iniciativas pymes; ST-Sostenimiento externo vía corredores UE/aliados; ST-Redes en disputa por GE. Dependencia estructural de importaciones de armamento y fuerte apoyo aliado; uso intensivo de SATCOM/ISR comerciales (p. ej., Starlink), con vulnerabilidades a ciberataques y jamming.

• Rusia (ST media, con cuellos de botella): ST-Diseño/ST-Redes: empleo sostenido de GE; ST-P parcial: cuellos de microelectrónica; ST-S: reposición significativa en vectores tradicionales, limitada en alta tecnología.

• Israel (ST alta en diseño/producción/redes): ecosistema dual maduro y defensa multicapa (Iron Dome, David’s Sling, Arrow); tensión logística por tasas de intercepción bajo saturación.

• Irán (ST media, con capacidades importantes en misiles y sistemas no tripulados): avances en misiles/UAS y capacidad de aumentar capacidad productiva con restricciones en C2/redes y dependencia tecnológica externa para diversas capacidades (defensa antiaérea, aviación de combate).

La comparación permite extraer mecanismos comunes y variaciones:

• Interdependencia armada y cuellos de botella. La comparación sugiere que la efectividad operacional se ve sistemáticamente condicionada por infraestructuras y estándares críticos: microelectrónica en Rusia, PNT/GNSS y satélites en Ucrania, interceptores y cadenas de reposición en Israel (SIPRI, 2025; IISS, 2025; RAND, 2025).

• Articulación dual-institucional-industrial. Las tecnologías duales generan ventaja cuando hay absorción institucional y escalado industrial. Rusia innova en GE/munición meroreadora, pero enfrenta límites de producción; Ucrania absorbe e innova con rapidez, aunque dependiente de socios; Israel integra capacidades avanzadas vía ecosistema estatal-industrial; Irán compensa con volumen, dispersión y adaptación (INSS, 2025; Rasanah, 2025; JINSA, 2025).

• Logística como ritmo estratégico. La logística marca pausas, habilita ofensivas y limita ambición: Rusia encara fricciones estructurales; Ucrania depende de corredores aliados; Israel gestiona inventarios bajo saturación; Irán sufre degradación acumulativa (SIPRI, 2024; NPR, 2025; Breaking Defense, 2025).

• Gobernanza institucional. Donde C2 y coordinación son deficitarios, la ventaja tecnológica se diluye; donde son cohesivos, la innovación multiplica efectos (INSS, 2025; IISS, 2025)

En suma, los casos analizados revelan que incluso en entornos altamente tecnologizados, la guerra sigue dependiendo de estructuras industriales, estatales e institucionales. La innovación reconfigura formas, pero la estructura —en particular la capacidad de reposición y escalado— tiende a decidir la sostenibilidad de los resultados.

Un contraste analítico útil lo ofrece el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán (conflicto Nagorno-Karabaj, 2020–2023). En este caso, Azerbaiyán desplegó tecnologías relativamente avanzadas —UAS armados, municiones merodeadoras y capacidades ISR integradas— apoyadas en adquisiciones externas y cooperación tecnológica, logrando efectos tácticos significativos en las fases iniciales del conflicto (Brose, 2020; Gady, 2020; Watts, 2021). Sin embargo, este desempeño no descansó en una soberanía tecnológica amplia ni en una base industrial de defensa robusta, sino en una combinación de acceso externo, ventaja puntual y superioridad local, en gran medida dependiente de proveedores externos y de la integración operativa de sistemas importados (Radin et al., 2022; Kofman y Lee, 2023).

Este caso ilustra un escenario de innovación sin profundidad estructural: la tecnología permitió alterar el balance táctico, pero sin generar una capacidad autónoma de sostén, escalado o adaptación prolongada. La dependencia de proveedores externos y la limitada integración institucional-industrial restringieron la posibilidad de convertir la ventaja inicial en una superioridad estratégica sostenible más allá del teatro específico, particularmente en términos de reposición, aprendizaje organizacional e independencia tecnológica (Horowitz, 2010; Biddle, 2023).

El contraste refuerza la tesis central del artículo: la innovación tecnológica puede ser decisiva a corto plazo incluso con baja soberanía tecnológica, pero su efecto tiende a ser contingente y frágil cuando no se apoya en instituciones, logística e industria propias. En este sentido, el caso Azerbaiyán-Armenia opera como un límite empírico que confirma, por contraste, que “lo viejo” —estructura estatal, capacidad industrial y sostenimiento logístico— es lo que permite que lo nuevo perdure.

4.4. Notas sobre resultados observables y cautelas interpretativas

Dada la naturaleza de los conflictos activos o recientes, es apropiado indicar tres cautelas interpretativas. Primero, las cifras clave (tasas de intercepción, daños a infraestructura crítica, reconstitución de inventarios) presentan alta dispersión entre fuentes abiertas. Segundo, muchas estimaciones pueden incluir sesgos de origen —partes en conflicto, medios con agendas, o analistas con acceso desigual—. Tercero, la ventana temporal de observación condiciona la lectura de tendencias: variaciones puntuales pueden no reflejar cambios estructurales. En consecuencia, las inferencias del análisis deben entenderse como provisionales, ancladas en el mejor conjunto de evidencia disponible y sujetas a revisión ante nueva información verificable.

5. Articulación: lo viejo y lo nuevo como forma de poder

La guerra contemporánea no se divide entre pasado y futuro, ni enfrenta tradición e innovación como categorías excluyentes. Los conflictos analizados son consistentes con que el poder militar actual surge de una articulación dinámica entre continuidades estructurales —logística, base industrial, instituciones, mando, territorio— y componentes tecnológicamente disruptivos —sistemas autónomos, ISR comercial, ciberoperaciones, municiones precisas, defensas multicapa e Inteligencia Artificial—.

Esta lectura es coherente con la tradición estratégica de Gray y Biddle: la tecnología altera la forma, pero no los fundamentos. Donde existen instituciones cohesionadas, ecosistemas industriales robustos, procesos logísticos redundantes y gobernanza tecnológica madura, las innovaciones avanzan con rapidez y se traducen en coherencia operacional. Donde estos elementos faltan, la disrupción tecnológica queda confinada a episodios tácticos de corta duración, vulnerables a interrupciones externas o desgaste sostenido.

Los discursos que proclaman revoluciones tecnológicas suelen invisibilizar esta lógica relacional. Drones, IA o enjambres no anulan el papel del Estado, la industria o la logística: lo reconfiguran y, en muchos casos, lo revalorizan. La evidencia empírica muestra que la guerra contemporánea es simultáneamente innovadora y tradicional. La tecnología no reemplaza a las instituciones: las exige. La innovación no reduce la relevancia de la logística: la acentúa. Y lo disruptivo no desindustrializa la guerra: la industrializa de nuevo, porque sin reposición, mantenimiento y escalado, ninguna ventaja tecnológica es sostenible.

Al mismo tiempo, la interdependencia armada introduce un conjunto de límites y oportunidades. El control de cuellos de botella tecnológicos (microelectrónica, satélites, nube, estándares) puede amplificar el poder estructural de algunos Estados, pero también puede exponerlos a vulnerabilidades acumulativas cuando dependen de nodos que no controlan. La soberanía tecnológica se vuelve, por tanto, un requisito para gestionar —y no solo sufrir— esa interdependencia.

5.1. Lo viejo permite que lo nuevo funcione

Los casos Rusia–Ucrania e Israel–Irán ilustran de forma concluyente esta interdependencia:

• Ucrania logró masificar drones FPV, integrar ISR comercial y descentralizar el C2 gracias a un mínimo entramado institucional y a corredores logísticos y financieros aliados, sin los cuales la innovación habría sido efímera.

• Rusia combinó GE avanzada y municiones merodeadoras con una base industrial heredada. Su innovación depende directamente de esa infraestructura acumulada, incluso con limitaciones en microelectrónica.

• Israel puede sostener precisión aeroespacial y defensa multicapa porque descansa en décadas de inversión industrial, gobernanza tecnológica y alianzas estratégicas que garantizan reposición hasta cierto punto. Esto podría no ser sostenible en conflictos de alta intensidad y duración prolongada.

• Irán, pese a sanciones, logró producir daño porque había construido un ecosistema parcial de autosuficiencia; pero sus límites estructurales emergieron cuando la presión tecnológica y logística aumentó. El nivel de ST sobre ciertas tecnologías estratégicas constituye un factor desequilibrante.

La lección común es clara: la disrupción tecnológica adquiere valor estratégico sólo cuando se inserta en estructuras duraderas de sostenimiento. Industria, logística e instituciones no sólo “siguen funcionando”: permiten que lo nuevo funcione. Sin estructura, la tecnología es volátil; sin capacidades materiales, la innovación es superficial; sin ST relativa, los Estados quedan expuestos a coerción y vulnerabilidad operativa.

5.2. Implicaciones de política pública

Del análisis surgen implicaciones concretas para Estados que buscan aumentar su ST como condición de autonomía estratégica en un entorno de interdependencia armada.

a) Autonomía estratégica basada en la Soberanía Tecnológica

Los Estados deben evitar lecturas binarias entre globalización o autarquía. La autonomía estratégica se construye fortaleciendo la ST a través de capacidades domésticas críticas —diseño, fabricación, logística— dentro de cadenas globales complejas. No se trata de producir todo, sino de controlar segmentos estratégicos que garanticen resiliencia y agencia.

b) Gobernanza de tecnologías duales

Las tecnologías duales requieren marcos institucionales que integren: seguridad, regulación de datos, industria, diplomacia tecnológica y adquisiciones. La coordinación interministerial y agencias técnicas especializadas son esenciales para evitar dependencias asimétricas.

c) Alianzas tecnológicas y soberanía relativa

La colaboración internacional sigue siendo clave, pero debe basarse en relaciones relativamente simétricas, donde los Estados conserven control sobre componentes críticos. Las alianzas tecnológicas deben permitir intercambio, codesarrollo y acceso recíproco, evitando estructuras jerárquicas que generen dependencia única.

d) Rediseño de cadenas logísticas y de valor

Los conflictos recientes muestran que la logística define el ritmo estratégico. Los Estados deben invertir en redundancia, segmentación de proveedores, mantenimiento predictivo, almacenamiento estratégico de insumos, digitalización y protección de infraestructura crítica. La resiliencia logística ya no es un atributo complementario del poder: es su núcleo operativo.

6. Conclusiones, limitaciones y agenda de investigación

La guerra contemporánea combina tecnologías emergentes y elementos tradicionales dentro de una estructura persistente definida por la industria, la logística y las instituciones. La innovación amplía opciones tácticas y acelera ritmos operativos, pero solo genera ventajas estratégicas cuando se integra en doctrinas coherentes, organizaciones capaces de absorberla y bases industriales que puedan sostenerla. Esta es la esencia de lo viejo funciona: la disrupción tecnológica no sustituye la estructura, la revaloriza.

En consecuencia, la ventaja estratégica no surge de incorporar artefactos nuevos sino de la capacidad estatal para absorberlos, adaptarlos y sostenerlos gestionando cuellos de botella e interdependencias. De ello se derivan implicaciones de política: priorizar cadenas de valor críticas, cerrar brechas en diseño, fabricación y logística, fortalecer capital humano técnico, establecer alianzas tecnológicas simétricas y jerarquizar la reposición como núcleo operativo del poder militar.

En suma, la ST y la política industrial constituyen el poder detrás del poder: el fundamento que convierte la innovación dual en capacidad combatiente. Sin esa base material, la disrupción tecnológica difícilmente puede traducirse en ventaja sostenida.

6.1 Limitaciones del estudio

Este estudio presenta limitaciones que deben ser consideradas al interpretar sus resultados. En primer lugar, el análisis se basa en dos conflictos de alta intensidad recientes (Rusia–Ucrania e Israel–Irán) que, si bien ofrecen laboratorios empíricos valiosos para observar la interacción entre innovación tecnológica, capacidad industrial y absorción institucional, no representan la diversidad completa de los contextos bélicos contemporáneos. Las conclusiones derivadas de estos casos no pueden extrapolarse automáticamente a guerras civiles prolongadas, conflictos híbridos, ni a competencias interestatales de baja intensidad, donde la estructura organizacional, la presión logística y la naturaleza de la interdependencia armada suelen operar bajo dinámicas distintas.

En segundo lugar, la velocidad de cambio tecnológico en dominios como inteligencia artificial, enjambres autónomos, sensores cuánticos o ciberoperaciones plantea un desafío metodológico. El marco analítico desarrollado captura la lógica estructural de la autonomía tecnológica, pero requiere actualización continua para reflejar la evolución de tecnologías emergentes cuyo impacto aún no es plenamente observable en el nivel operacional o estratégico.

Por último, aunque la matriz de indicadores de ST permite comparaciones sistemáticas, su naturaleza heurística y ordinal implica límites analíticos. La escala 0–3 no pretende capturar magnitudes exactas, sino diferencias cualitativas robustas, y la ponderación de ST-Producción y ST-Sostenimiento refleja una decisión metodológica orientada por la evidencia empírica de los casos, pero no necesariamente generalizable a todos los contextos.

6.2 Agenda de investigación futura

Las limitaciones señaladas abren varias líneas de investigación que pueden profundizar, extender y matizar los hallazgos de este estudio a la vez que contribuir a refinar el marco propuesto, evaluar su validez en escenarios no cubiertos por los casos analizados y avanzar hacia una teoría más precisa sobre los límites estructurales de la disrupción tecnológica en la guerra contemporánea.

En primer lugar, resulta necesario explorar cómo varía la relación entre innovación tecnológica, base industrial y absorción institucional en conflictos de baja intensidad, guerras civiles prolongadas o escenarios híbridos donde el desgaste logístico, la densidad industrial y la propia naturaleza de la interdependencia operan bajo lógicas menos visibles. Dichos contextos permiten evaluar si la matriz de ST mantiene la misma capacidad explicativa o si requiere adaptaciones para capturar dinámicas de fragmentación, actores intermedios o flujos tecnológicos irregulares.

Una segunda línea de investigación apunta a estudiar cómo las capacidades industriales y la ST condicionan la integración de tecnologías emergentes, especialmente aquellas basadas en inteligencia artificial, autonomía distribuida, enjambres y sensores avanzados. La literatura destaca que la adopción militar de IA enfrenta límites organizacionales, doctrinales, éticos y logísticos. Analizar estos procesos permitiría anticipar qué Estados estarán en condiciones de aprovechar la próxima ola tecnológica y cuáles quedarán sujetos a dependencias estructurales.

Por último, resulta pertinente examinar estrategias estatales que optan deliberadamente por dependencia tecnológica gestionada, ya sea por razones económicas, políticas o de alineamiento geopolítico. Comprender los efectos de este tipo de dependencia sobre la autonomía estratégica, la credibilidad disuasiva y la resiliencia bajo presión permitiría matizar enfoques dicotómicos entre autonomía y vulnerabilidad, ofreciendo una caracterización más fina de las trayectorias tecnológicas contemporáneas.

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La actualidad de la agresión y la necesidad de discutir la aplicación diferenciada del derecho internacional humanitario

The current relevance of aggression and the need to discuss the differentiated application of international humanitarian law

Luciano Pezzano¹

Recibido: 11/02/2026

Aceptado:08/03/2026

Resumen

El artículo explora la aplicación diferenciada del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en caso de agresión. Señala la gravedad de la agresión y la centralidad de su prohibición en el derecho internacional contemporáneo como el fundamento de la aplicación diferenciada y la ruptura del principio de igualdad entre los beligerantes. Desde el momento en que uno de ellos –el agresor– incurre en una violación grave de una norma de ius cogens, pretender que el DIH reconozca como iguales a los beligerantes en este caso pondría en jaque la posición de la prohibición de la agresión en el orden jurídico: el agresor podría pretender valerse de las normas del DIH para consolidar los efectos jurídicos de su agresión, en manifiesta violación del ius cogens y de la jerarquía que este implica en el derecho internacional. Al mismo tiempo, indica los límites de la aplicación diferenciada, que se reducen a los derechos y ventajas que el DIH reconoce a los Estados, y en nada afecta los derechos de las personas protegidas ni las obligaciones de los Estados —tanto beligerantes como terceros— a su respecto. Se argumenta que la aplicación diferenciada se limita a impedir al agresor la posibilidad de invocar derechos o ventajas en virtud del DIH que le permitan consolidar su agresión, pero no a legitimar ninguna violación de las obligaciones de la víctima de la agresión. El artículo indaga en tres cuestiones en el ámbito del DIH que dan lugar a argumentos en favor de la aplicación diferenciada: la imposibilidad del agresor de invocar la necesidad militar como excepción; la modificación en los derechos y obligaciones del agresor en caso de ocupación; y la responsabilidad del agresor por la muerte de combatientes enemigos.

Palabras clave: agresión – ius cogens – derecho internacional humanitario –necesidad militar – ocupación

Abstract

This article explores the differentiated application of International Humanitarian Law (IHL) in case of aggression. It points to the gravity of the aggression and the centrality of its prohibition in contemporary international law as the basis for differentiated application and the breach of the principle of equality of belligerents. Since one of them—the aggressor—commits a serious violation of a peremptory norm of international law (jus cogens), claiming that IHL should recognize the belligerents as equals in this case would jeopardize the position of the prohibition of aggression within the legal order: the aggressor could attempt to use IHL norms to consolidate the legal effects of its aggression, in clear violation of jus cogens and the hierarchy it implies in international law. At the same time, the article indicates the limits of differentiated application, which are restricted to the rights and advantages that IHL recognizes for States, and in no way affect the rights of protected persons or the obligations of States—both belligerents and third parties—towards them. It is argued that differentiated application is limited to preventing the aggressor from invoking rights or advantages under IHL that would allow it to consolidate its aggression, but does not legitimize any violation of the victim’s obligations. The article examines three issues within IHL that give rise to arguments in favor of differentiated application: the aggressor’s inability to invoke military necessity as an exception; the modification of the aggressor’s rights and obligations in the case of occupation; and the aggressor’s responsibility for the deaths of enemy combatants.

Keywords: aggression – jus cogens – international humanitarian law – military necessity – occupation

I. Introducción

En la compleja relación entre el ius ad bellum y el ius in bello, pocos debates suscitan posiciones tan encontradas como el relativo a la aplicación diferenciada del derecho internacional humanitario (DIH) en caso de agresión. La razón es lógica: al plantearse como una excepción al principio de la igualdad de los beligerantes, considerado como uno de los pilares del DIH, encuentra resistencia entre operadores jurídicos y académicos.

Sin embargo, hay razones que justifican mantener abierto el debate. La invasión rusa a Ucrania, sumada a la intervención ilícita de los Estados Unidos en Venezuela, y los ataques de Israel y los Estados Unidos a Irán, confirmaron dramáticamente la actualidad de la agresión, lo que se suma a ciertos desarrollos normativos y jurisprudenciales que pueden dar sustento a esta idea.

Se debe insistir en que la aplicación diferenciada del DIH (en adelante, la aplicación diferenciada) se limita solo a los derechos y ventajas que este reconoce a los Estados, y en nada afecta los derechos de las personas protegidas ni las obligaciones de los Estados —tanto beligerantes como terceros— a su respecto. Todas las partes seguirán obligadas a cumplir con el DIH, sin importar que su recurso a la fuerza sea lícito, puesto que el fundamento mismo del DIH es proteger a las víctimas de los conflictos, tal como lo reafirma el Preámbulo del Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra (en adelante, PA I²). La aplicación diferenciada, entonces, se limita a impedir al agresor la posibilidad de invocar derechos o ventajas en virtud del DIH que le permitan consolidar su agresión, pero no a legitimar ninguna violación de las obligaciones de la víctima de la agresión.

El objetivo de este artículo es, entonces, explorar la aplicación diferenciada del DIH en caso de agresión. Con tal fin, comenzaremos por señalar el fundamento de la aplicación diferenciada y los límites que esta tiene, para pasar luego a estudiar tres situaciones en las que la doctrina y la práctica internacional revelan posibles supuestos de aplicación diferenciada.

Adoptamos aquí un enfoque eminentemente jurídico, lo cual implica que no analizaremos argumentos de tipo moral, que en favor de la aplicación diferenciada se han propuesto en los estudios modernos de la teoría de la guerra justa³, ni tampoco los argumentos prácticos relativos a la existencia o no de incentivos para el agresor de cumplir con las normas del DIH, que habitualmente se utilizan en contra de la aplicación diferenciada⁴.

II. Fundamento y límites de la aplicación diferenciada

1. La gravedad de la agresión como fundamento de la aplicación diferenciada

Quienes han planteado o defendido la aplicación diferenciada la derivan de la proscripción de la agresión con el Pacto Briand-Kellogg de 1928 y su criminalización con el Estatuto y la sentencia del Tribunal de Núremberg, o bien, a partir de la prohibición del uso de la fuerza en el Art. 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas⁵. Los autores, sin embargo, no van más allá de la ilegalidad de la agresión como fundamento de la aplicación diferenciada, y ello nos resulta insuficiente.

La agresión es la “forma más grave y peligrosa del uso ilegítimo de la fuerza” (Definición de la Agresión, 1974, Preámbulo, quinto párrafo). Es decir, es la forma más grave de los usos de la fuerza prohibidos por el Art. 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, como fuera confirmado por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el célebre caso Nicaragua (CIJ,1986, párr. 191). Su prohibición es considerada la norma imperativa de derecho internacional general (o ius cogens) por excelencia (CDI, 2022) y, por lo tanto, es el ejemplo paradigmático de crimen internacional o “violación grave de obligación emanada de norma imperativa”, en el sentido del Art. 40 del Proyecto de Artículos de la Comisión de Derecho Internacional (CDI) sobre Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos (en adelante, Proyecto de 2001).

Por su gravedad, la agresión es singular incluso dentro de la reducida categoría de crímenes internacionales. Además de ser el único mencionado por su nombre en la Carta de las Naciones Unidas (en los Arts. 1.1 y 39), no solo es susceptible de activar el sistema de seguridad colectiva, sino que es el único que da lugar a la legítima defensa (Art. 51).

También es el único ilícito internacional que tiene efectos específicos en el derecho de los tratados, de acuerdo al Art. 75 de la Convención de Viena de 1969 (Pezzano, 2020) y es posible sostener sus efectos por una multiplicidad de áreas del ordenamiento jurídico (Pezzano, 2021a). La variedad de consecuencias y ámbitos donde se producen nos habla de una enorme fuerza expansiva de la agresión y la centralidad que su prohibición tiene en el derecho internacional (Pezzano, 2021b).

Estas consecuencias tienen una manifestación muy concreta en la diferente posición en que el derecho internacional considera al agresor y a la víctima de la agresión⁶. Mientras esta tiene reconocida la facultad —excepcional— de recurrir a la fuerza para repeler la agresión, aquel no solo es el autor del más grave quebrantamiento de la paz, sino que también, por haber cometido una violación grave de una obligación emanada de una norma imperativa, es pasible de una responsabilidad de tipo agravado⁷, y sus líderes son responsables penalmente por la comisión del crimen de agresión⁸.

Pensamos que el DIH no es ni puede ser inmune a estas consecuencias si buscamos una interpretación armónica de las normas aplicables y acorde con la unidad del orden jurídico. Esto significa que la igualdad de los beligerantes (Sassòli, 2007) no puede aplicarse con rigidez en caso de agresión⁹. De otra forma, el agresor podría pretender valerse de las normas del DIH para consolidar los efectos jurídicos de su agresión, en manifiesta violación del ius cogens y de la jerarquía que este implica en el derecho internacional¹⁰. Insistimos, si el agresor pudiera valerse del DIH con tal fin, se beneficiaría de su propia agresión, en contra del principio que impide al autor de un hecho ilícito hacer nacer derechos de este, expresado en la máxima latina ex iniuria ius non oritur (Lauterpacht, 1953).

Es significativo, como decíamos, que, incluso los autores que comparten el criterio de la aplicación diferenciada del DIH en caso de agresión no la fundamentan en lo que para nosotros es esencial: el carácter imperativo de la prohibición de la agresión y la gravedad de su comisión. Insistimos: es la gravedad de la agresión y sus consecuencias en el ordenamiento jurídico la que justifica la aplicación diferenciada, y no solamente su prohibición y criminalización. De hecho, si la agresión es un crimen internacional, es precisamente porque es una violación grave de una norma imperativa, pero, aun así, esto no es tenido en cuenta del todo.

En este sentido, no podemos olvidar que el PA I dispone:

Expresando su convicción de que ninguna disposición del presente Protocolo ni de los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 puede interpretarse en el sentido de que legitime o autorice cualquier acto de agresión u otro uso de la fuerza incompatible con la Carta de las Naciones Unidas (Protocolo Adicional I, 1977, Preámbulo, cuarto párrafo).

Es decir, los redactores del Protocolo se cuidaron de impedir cualquier interpretación de las normas del DIH que legitime un acto de agresión. En tales condiciones, no podemos más que sostener que toda interpretación que reconozca derechos o ventajas al agresor en virtud del DIH estaría legitimando la agresión y, por lo tanto, sería contraria no solo al ius cogens, sino también al espíritu del Protocolo Adicional I expresado en su Preámbulo. Desde la perspectiva de la agresión, podemos ver un reflejo de esta disposición en el Art. 5.1 de la Definición, que dispone: “Ninguna consideración, cualquiera sea su índole, política, económica, militar o de otro carácter, podrá servir de justificación de una agresión”¹¹ .

2. Los límites a la aplicación diferenciada

Probablemente el mayor error en el que incurrieron algunos de los primeros propulsores de la aplicación diferenciada fue afirmar que, en caso de agresión, las normas del DIH ya no resultan aplicables por igual, y que la víctima de la agresión no está obligada a continuar respetándolas¹². Esta idea brindó un sólido argumento para quienes se oponen a la aplicación diferenciada (Comellas Aguirrezábal, 2007), al permitir cuestionarla por ignorar la finalidad misma del DIH, que es proteger a las víctimas de la guerra. Una posición que permitiera tolerar la comisión de atrocidades contra los combatientes y civiles del Estado agresor, fundada exclusivamente en la ilicitud de la agresión es condenable desde cualquier punto de vista e inadmisible en el derecho internacional contemporáneo. De allí que no pocos autores, al tratar sobre esta cuestión, señalan esa afirmación para luego poder rechazarla fácil y fundadamente.

Lejos estamos de compartir esa errónea afirmación, aunque sostenemos firmemente la necesidad de la aplicación diferenciada del DIH. ¿Cómo? Limitando el alcance de esta a los efectos sobre los derechos de los Estados y no sobre sus obligaciones respecto a las personas. El PA I no descarta esta posición, al expresar:

Reafirmando, además, que las disposiciones de los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y del presente Protocolo deben aplicarse plenamente en toda circunstancia a todas las personas protegidas por esos instrumentos, sin distinción alguna de carácter desfavorable basada en la naturaleza o el origen del conflicto armado o en las causas invocadas por las Partes en conflicto o atribuidas a ellas (énfasis añadido) (Protocolo Adicional I, 1977, Preámbulo, quinto párrafo).

Esta disposición que, a menudo se cita como un argumento en contra de la aplicación diferenciada (Okimoto, 2015), parece descartar está respecto de las personas protegidas, mas no respecto de los Estados (Mandel, 2011), y creemos que allí radica la clave de la interpretación. Si el propósito del DIH es proteger a las víctimas de la guerra, no cabe realizar ningún tipo de diferenciación en cuanto a qué bando pertenecen: el sufrimiento es el mismo y sus derechos son los mismos; de allí que deban ser protegidos por igual y en toda circunstancia.

Pero con los Estados no sucede lo mismo: si el DIH les reconoce un derecho por su condición de beligerantes, en el caso del agresor ese derecho se derivará de su propio acto de agresión: ¿podría el agresor válidamente invocar ese derecho nacido de su agresión solo porque el ius in bello lo autoriza? Pensamos que la negativa es necesariamente la única respuesta jurídicamente posible¹³.

El derecho internacional no es ajeno a situaciones en las que la ilicitud de los hechos de los Estados impide que estos obtengan ventajas de aquellas, sin que los derechos de los individuos deban verse afectados por esa ilicitud. En su opinión consultiva sobre las Consecuencias Jurídicas para los Estados de la presencia continua de Sudáfrica en Namibia, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) distinguió entre los actos del Estado que beneficiaban al Estado y los actos desempeñados en beneficio de los habitantes del territorio (CIJ, 1971, párr. 125). Si este test, usado en ese caso para juzgar los actos realizados en el curso de la dominación colonial, se aplica a la ocupación en caso de conflicto armado, explicaría de modo similar que los actos de la potencia ocupante –agresora– desempeñados puramente en el interés de los habitantes no se verán afectados por la nulidad derivada de su violación de una norma imperativa (Orakhelashvili, 2007). Al mismo tiempo, la ilicitud intrínseca de la agresión afectará solamente la posición del agresor, pero no los derechos que el DIH reconoce a las personas y las obligaciones de los Estados a su respecto. Por ejemplo, la población civil del Estado agresor no podrá ser objeto de ataques de parte del Estado víctima (Art. 51 PA I) y estará bajo las disposiciones protectoras del Cuarto Convenio de Ginebra, y el Estado víctima no podría válidamente invocar su condición de tal para eludir el cumplimiento de sus obligaciones al respecto.

Resulta significativo que los autores que rechazan la aplicación diferenciada no se detengan en esta cuestión que para nosotros es crucial. Se insiste: con la aplicación diferenciada, tal como la proponemos aquí, no se pretende una disminución de las obligaciones de la víctima de la agresión en virtud del DIH respecto de las personas protegidas, ni tampoco la afectación de los derechos de estas, con independencia del bando al cual pertenezcan. Lo que se busca es impedir que el agresor pueda valerse de derechos o ventajas reconocidos por el DIH para consolidar su agresión.

Greenwood parece ser la excepción, al estudiar la cuestión con cierto detenimiento, para concluir que, en realidad, el DIH no reconoce “derechos”¹⁴ en sentido estricto a los beligerantes y, por lo tanto, la aplicación diferenciada no estaría justificada (1983). No obstante, pensamos que esta noción estricta que el autor plantea para su conclusión podría igualmente dar lugar a que el DIH reconozca ciertas ventajas a los beligerantes que un agresor podría invocar a su favor, como es el caso de la necesidad militar, que analizaremos más adelante.

Algunos autores que se oponen a la aplicación diferenciada, plantean una distinción entre la situación del agresor durante el conflicto (en el que el DIH se le aplicaría en forma igualitaria que a la víctima de la agresión), y después del conflicto (cuando existirían ciertas consecuencias para el agresor). Hersch Lauterpacht deja abierta esta posibilidad al sostener que después del cese de hostilidades cabe la aplicación del principio según el cual en ciertas esferas el agresor no puede obtener derechos y beneficios de su ilicitud (1953). Esto podría aparecer como otra limitación a la aplicación diferenciada, transformándola en una cuestión de responsabilidad. También Kreß parece inclinarse por este criterio, pese a rechazar la idea de la aplicación diferenciada, cuando sostiene que ciertas violaciones del agresor a los derechos de personas que pertenecen al Estado víctima, aunque permitidas en su opinión por las reglas de conducción de las hostilidades, pueden ser relevantes para determinar el alcance del derecho de reparación que este tiene contra el agresor a raíz de la violación por este último del ius contra bellum (2022).

El argumento es interesante y debe ser considerado, toda vez que el agresor es responsable de todos los daños que cause por su agresión (D’Argent, 2002; Gattini, 2002), incluso si fueron provocados en cumplimiento del ius in bello (Greenwood, 1999). Pero, ¿por qué privar al agresor de oponer las defensas que el DIH le permitiría si el principio de igualdad de los beligerantes así lo establece, según esos autores? Hay dos posibles respuestas a este interrogante. Según la primera, que subyace muchas veces a la posición mayoritaria, ius ad bellum y ius in bello son dos ordenamientos completamente independientes entre sí, lo cual nos parece incompatible con la unidad del orden jurídico. La segunda respuesta, en cambio, nos resulta más sencilla, y viene dada por la aplicación diferenciada: a raíz de la gravedad de la agresión, el agresor carecerá del derecho a invocar las ventajas y excepciones que el DIH concede a los beligerantes para disminuir su responsabilidad.

En conclusión, la aplicación diferenciada sí se manifiesta principalmente como una cuestión de responsabilidad, pero eso no implica que esta no exista desde el comienzo mismo del conflicto, es decir, desde que da inicio el acto de agresión.

Relacionado a la responsabilidad está otro argumento que se utiliza para rechazar la aplicación diferenciada, y que plantea que, de aceptar el enfoque, todos los soldados del Estado agresor se transformarían automáticamente en responsables (Kreß, 2022). Esto no es así. En primer lugar, no podrían ser responsables del crimen de agresión, por cuanto este se limita a los líderes de un Estado (McDougall, 2021; Clark, 2017; Pezzano, 2021b). En segundo lugar, la responsabilidad penal por la comisión de crímenes de guerra se rige por las normas del derecho penal internacional y el principio nullum crimen, por lo que, si la conducta de que se trate no está tipificada como crimen de guerra, como sucede, por ejemplo con las muertes de los combatientes del Estado víctima de la agresión, no se podrá exigir responsabilidad penal individual a los autores, pero sí responsabilidad del Estado agresor, por cuanto esas muertes, como veremos más adelante, no están justificadas por el DIH en caso de agresión. Puede haber casos, no obstante, de responsabilidad penal de comandantes que ordenen ataques u otros actos que tanto el DIH como el derecho penal internacional tipifican como crímenes de guerra a menos que estén justificados por la necesidad militar. Como veremos, en caso de agresión, la necesidad militar no puede invocarse como eximente de responsabilidad y, por lo tanto, allí sí existirá responsabilidad penal individual como consecuencia de la aplicación diferenciada, pero ello no es porque se esté creando o pretendiendo crear un tipo penal nuevo, sino porque el tipo ya preveía la evaluación de la aplicación o no de la eximente. En definitiva, la aplicación diferenciada del DIH en caso de agresión no implica transformar a los soldados del Estado agresor en responsables de la agresión.

III. Casos de aplicación diferenciada

La aplicación diferenciada se pone de manifiesto de diferentes formas. Sin ánimo de exhaustividad, señalaremos aquí tres cuestiones en el ámbito del DIH que dan lugar a argumentos en favor de la aplicación diferenciada: la necesidad militar; los derechos y obligaciones del ocupante en caso de ocupación beligerante; y la muerte de combatientes enemigos.

1. La necesidad militar

Pese a ser reconocida como uno de los principios del DIH, la necesidad militar no aparece definida con claridad en el ordenamiento jurídico. La Sala de Apelaciones del Tribunal Penal para la ex Yugoslavia, en el caso Kordic, expresó: “La ‘necesidad militar’ ya ha sido definida en el Artículo 14 del Código Lieber, de 24 de abril de 1863, como la necesidad de aquellas medidas que son indispensables para asegurar los fines de la Guerra, y que son lícitas de acuerdo a las leyes y usos modernos de la guerra”¹⁵ (TPIY, 2004: párr. 686). El recurso a la definición del Código Lieber por el TPIY le da renovada actualidad, a la vez que requiere que se la interprete a la luz del derecho internacional contemporáneo. En particular, si la necesidad militar permite adoptar medidas indispensables para asegurar los fines de la guerra, es porque tales fines son lícitos.

En ese sentido, es importante tener en cuenta que, desde el punto de vista jurídico, la necesidad militar se configura como una excepción a la aplicación de diversas normas del DIH (Dinstein, 2015, párr. 14). Así lo considera Hayashi (2010):

como una excepción, la necesidad militar exime una medida de ciertas reglas específicas del derecho internacional humanitario que prescriben la acción contraria en la extensión en que la medida es requerida para la consecución de un propósito militar y está, por otra parte, en conformidad con dicho derecho. Así definida, la noción puede ser dividida en cuatro requisitos, a saber: 1) Que la medida sea tomada principalmente para un propósito militar específico; 2) Que la medida se requiera para la consecución de un propósito militar; 3) Que el propósito militar por el cual se toma la medida esté en conformidad con el derecho internacional humanitario; y 4) Que la medida en sí misma esté de conformidad con el derecho internacional humanitario¹⁶.(p. 62)

En el caso de una agresión, ¿cuáles son los fines de la guerra o el propósito militar específico para el agresor? No podemos más que pensar que se trata de sostener y consolidar la agresión, una violación grave –tal vez la más grave que defina el ordenamiento jurídico– de una norma de ius cogens. Pero si el DIH reconoce al agresor la posibilidad de invocar la necesidad militar para justificar un ataque –que no tendrá otro objeto que seguir reforzando su agresión–, este podría valerse de aquel para justificar su grave ilícito.

Dinstein considera que la necesidad militar implica que el acto cometido o planeado pueda otorgar una ventaja militar al beligerante que la invoca en su esfuerzo por ganar la guerra (2015, párr. 21), a punto tal que, si no se puede anticipar una ventaja militar, es imposible hablar de la existencia de una necesidad militar de perseguir determinada conducta (2015, párr. 23). ¿Cuál es la ventaja militar en el caso de la agresión, sino concretar total o parcialmente el objetivo del agresor de violar la soberanía, la integridad territorial o la independencia política del Estado víctima?

En el mismo sentido, Eboe-Osuji se pregunta cómo el derecho internacional puede proscribir la agresión no solamente por ilícita, sino también criminal, y al mismo tiempo permitir que el agresor invoque la necesidad militar, cuando esta le permite ganar su guerra de agresión (2022a). La necesidad militar, dice el ex magistrado de la CPI,

busca permitir a un beligerante usar la fuerza que es razonablemente necesaria y lícita para ganar la guerra o una batalla particular. Pero, ¿puede la fuerza comprendida en un acto de agresión ser considerada “razonablemente necesaria y lícita”? Y, sobre todo, ¿puede ser jurídicamente correcto para el derecho internacional –a través de la doctrina de la necesidad militar– facilitar a aquellos involucrados en una guerra de agresión ganar esa guerra, que el derecho internacional considera ilícita y criminal para empezar?¹⁷ (2022a, pp. 26-27)

Eboe-Osuji menciona que la prohibición de la agresión tiene carácter jus cogens (2022a) y, al referirse a ciertas interpretaciones que durante el período de entreguerras buscaban negar al agresor los derechos y beneficios derivados de su agresión¹⁸, considera que dicho carácter imperativo refuerza en el derecho contemporáneo aquellas interpretaciones, que impiden que el agresor se valga de la necesidad militar para justificar ataques (2022a), sobre todo a partir de una de las consecuencias de las violaciones graves de obligaciones emanadas de normas imperativas –entre las que, insistimos, la agresión ocupa un lugar preeminente–: el deber de todos los Estados de no reconocer como lícita la situación creada por la violación grave, de acuerdo al Art. 41.2 del Proyecto de 2001 (2022b)¹⁹. Considera que si el derecho internacional ha prohibido la agresión y la ha hecho un acto criminal, sería lógicamente absurdo que el mismo derecho internacional reconociera algún derecho a quienes se involucran en esa actividad ilícita y criminal para continuarla más allá de su inicio (2022b).

Aunque compartimos la esencia de su planteo –sobre todo en lo que respecta a la necesidad de lograr una interpretación armónica de las normas en juego, en una manera compatible con la unidad del orden jurídico–, vemos necesario puntualizar dos cuestiones. La primera es que no estamos seguros de derivar la aplicación diferenciada del deber de no reconocer del Art. 41.2; en todo caso, ambos son consecuencias de la aplicación del principio ex iniuria ius non oritur. La segunda es que llevar la aplicación diferenciada al extremo de responsabilizar a los combatientes del Estado agresor complejiza en demasía un problema complejo per se: por un lado, desvía el foco de la atención de los verdaderos responsables (los líderes que cometen el crimen de agresión y el Estado que comete el acto de agresión, según señalamos más arriba), y a la vez, abre la puerta a críticas al enfoque.

Pese a esas cuestiones, su conclusión es contundente y no podemos más que compartirla: “Permitir a un agresor alegar la ‘necesidad militar’ no hace nada menos que facilitar a ese agresor la comisión de un crimen de derecho internacional”²⁰ (2022a, p. 34).

En su réplica a Eboe-Osuji, Claus Kreß apunta una cuestión esencial que el magistrado nigeriano omite explicitar en su artículo: la agresión es la forma más grave de uso ilícito de la fuerza, en lugar de cualquier uso ilícito de la fuerza, y eso es lo que justificaría el enfoque diferenciado (2022), pese a que este no existe para el jurista alemán. Aunque la idea está implícita en la posición de Eboe-Osuji, su explicitación es fundamental para comprender el fenómeno, tal como lo hacemos aquí.

Incluso Dinstein, un autor que sostiene firmemente la igualdad de los beligerantes (2016), comenta que, aunque por regla, la justificación de necesidad militar –cuando está permitida como excepción a determinada norma– está a disposición de todos los beligerantes, no es así en todos los casos (2015, párr. 19). Llama así la atención sobre el Art. 54 PA I. En virtud del párrafo 2 de esta norma,

Se prohíbe atacar, destruir, sustraer o inutilizar los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, tales como los artículos alimenticios y las zonas agrícolas que los producen, las cosechas, el ganado, las instalaciones y reservas de agua potable y las obras de riego, con la intención deliberada de privar de esos bienes, por su valor como medios para asegurar la subsistencia, a la población civil o a la Parte adversa, sea cual fuere el motivo, ya sea para hacer padecer hambre a las personas civiles, para provocar su desplazamiento, o con cualquier otro propósito (Protocolo Adicional I, 1977, Artículo 54.2).

Sin embargo, el párrafo 5 del mismo artículo dispone:

Habida cuenta de las exigencias vitales que para toda Parte en conflicto supone la defensa de su territorio nacional contra la invasión, una Parte en conflicto podrá dejar de observar las prohibiciones señaladas en el párrafo 2 dentro de ese territorio que se encuentre bajo su control cuando lo exija una necesidad militar imperiosa (Protocolo Adicional I, 1977, Artículo 54.5).

Como afirma Dinstein (2015, párr. 19), de ello se sigue que la política de “tierra arrasada” está específicamente permitida en circunstancias de necesidad militar para un bando cuando se retira de su territorio, pero no para el otro.

Esta norma resulta fundamental en nuestro análisis. En primer lugar, se refiere a una invasión —de hecho, es la única norma de todo el Protocolo que lo hace— que, de conformidad con el Art. 3, inc. a) de la Definición, constituye un acto de agresión, lo que no es un dato menor en este contexto. En segundo lugar, y tal vez más importante, es que estamos frente a una norma de DIH que específicamente reconoce la diferencia de posición entre un invasor y la víctima de la invasión, concediendo a ésta un derecho que aquél no posee. ¿Cuál es la razón de semejante distinción? El propio párrafo refiere a las exigencias vitales que supone la defensa del territorio nacional contra una invasión. El comentario del CICR no ahonda sobre el significado de estas exigencias, y respecto del fundamento de la norma menciona que numerosos Estados no querían limitar los medios a su disposición para defender su territorio nacional contra un invasor, incluso mediante acciones de tierra arrasada que pudieran impedir o hacer más lento el avance de las fuerzas enemigas (Sandoz, 1987). Aunque no haga consideraciones de ius ad bellum, el empleo de la palabra invasión y la clara distinción entre los dos beligerantes nos mueve a interpretar la norma en clave de la aplicación diferenciada, y considerarla como una tímida pero clara consecuencia de la gravedad de la agresión en las mismas normas del DIH.

En la práctica internacional, la imposibilidad de invocar la necesidad militar se planteó con relación a la invasión de Iraq a Kuwait en 1990, que es considerada como el ejemplo de agresión más claro de la segunda mitad del siglo XX (Pezzano, 2021b). En ese contexto, Fox (1993) sostuvo:

el Estado agresor es responsable por las consecuencias de librar una guerra de agresión: mientras un beligerante lícito puede reducir la extensión de tal responsabilidad demostrando que el daño causado por las operaciones bélicas fue resultado de la necesidad militar, parecería que tal alegación no está disponible para el agresor. Este no puede apoyarse en la necesidad militar del tiempo de guerra²¹. (p. 250)

Zedalis (1991) analiza la necesidad militar en el contexto de la destrucción de los pozos de petróleo kuwaitíes durante la retirada iraquí en 1991, y llama la atención sobre el Art. 23, inc. g) del Reglamento relativo a las leyes y costumbres de la guerra terrestre, anexo al Convenio IV de La Haya de 1907 (en adelante, el “Reglamento de La Haya”). De acuerdo a esta norma, está prohibido: “Destruir o tomar propiedades enemigas, a menos que tales destrucciones o expropiaciones sean exigidas imperiosamente por las necesidades de la guerra” (Convenio IV de La Haya, Anexo, Art. 23, inc.g). Es evidente que las “necesidades de la guerra” es una referencia a la necesidad militar (Dinstein, 2015, párr. 12). Zedalis (1991) considera:

la excepción de necesidad militar a la prohibición del artículo 23(g) puede ser interpretada mejor incluyendo la referencia no solamente a la utilidad militar de la destrucción involucrada, sino también a los motivos, planes y ambiciones de tiempo de guerra de la nación que la inflige. Juzgado por este estándar, el objetivo del Iraq de engrandecimiento territorial socava seriamente su posibilidad de justificar la destrucción de los recursos petroleros de Kuwait²². (p. 714)

En el análisis, Zedalis tiene en cuenta la relevancia de la prohibición de la agresión y el hecho de que la invasión y ocupación de Kuwait por parte del Iraq en 1990-1991 constituyó una agresión, y sostiene que una guerra ilícita de agresión es, de hecho, una consideración relevante al determinar si el Art. 23, inc. g) permite la destrucción de propiedad protegida (1991), puesto que la destrucción infligida durante el curso de una guerra de agresión no puede ser definida como una destrucción “exigida imperiosamente por las necesidades de la guerra” (1991, p. 753). Resulta claro que, para el autor, la evaluación de la necesidad militar debe incluir un análisis de la legalidad del uso de la fuerza (1991).

Aunque el autor despliega un esfuerzo argumental en sustento de su postura, no menciona lo que para nosotros es esencial: la aplicación diferenciada no se justifica en la mera ilegalidad del uso de la fuerza, sino en la gravedad de la agresión. De todas formas, su aporte no debe ser soslayado: en la evaluación de la necesidad militar no debe obviarse la circunstancia de la comisión de una agresión.

2. Derechos y obligaciones del ocupante

De acuerdo al DIH, el beligerante que ocupa parte del territorio enemigo puede ejercer diferentes derechos y facultades como consecuencia de la ocupación. La aplicación diferenciada sugiere que el agresor ocupante no tendría los mismos derechos, pero esto es rechazado por la mayor parte de la doctrina (Benvenisti, 2012). Sin embargo, entendemos que hay argumentos suficientes para sostener la aplicación diferenciada en lo relativo a la ocupación.

Al respecto, Von Glahn (1957) llama la atención sobre una muy importante distinción:

… las reglas aplicables a la ocupación beligerante son en parte permisivas y en parte prohibitivas –un hecho que ha sido pasado por alto frecuentemente en los tratamientos de la materia–. Las reglas permisivas de la ocupación permiten a un Estado beligerante realizar muchas cosas que ese Estado no podría lícitamente intentar hacer en virtud del derecho de la paz, como la ocupación de territorio extranjero y efectuar requisiciones, o emitir regulaciones obligatorias para una población extranjera mientras la ocupación es efectiva. Las reglas prohibitivas, por otro lado, en general imponen limitaciones en el ejercicio de esos poderes anormales de un beligerante. Es esta distinción la que parecería justificar las diferencias en la responsabilidad final según si el ocupante es un belígeramente “legítimo” o un “agresor”. En cualquier caso, las reglas prohibitivas se aplican igual, pero en principio un Estado no adquiere nuevos poderes a raíz de su agresión, y está por lo tanto obligado a reparar todas las pérdidas resultantes de su ocupación, confiscación de propiedad, y otros actos emprendidos en consecuencia de su agresión²³ (pp. 5-6).

La posición del autor es la misma que exponemos aquí: la aplicación diferenciada del DIH en caso de ocupación a consecuencia de una agresión impide al agresor beneficiarse de los derechos y facultades que aquel reconoce al ocupante, dejando intactas sus obligaciones. Sin embargo, Von Glahn (1957) no desarrolla el fundamento de la aplicación diferenciada que, sostenemos, es la gravedad de la agresión.

El DIH permite al ocupante requisar ciertos bienes bajo ciertas circunstancias (Art. 52 del Reglamento de La Haya). ¿Podría un agresor requisar y conservar tales bienes? Von Glahn (1957) sostiene que un Estado no puede en principio adquirir un título lícito a través de la agresión y de allí que no pueda establecer un título válido sobre los bienes confiscados en un territorio ocupado ilícitamente, por lo que todos esos bienes deben ser restituidos o indemnizados plenamente después de terminada la guerra. Lauterpacht (1953), aunque en general opuesto a la aplicación diferenciada, considera que esta cuestión –la adquisición válida de un título de propiedad sobre tales bienes– es la que más permitiría una evaluación de la ilicitud de la guerra, toda vez que no debería permitirse que el agresor retuviera, después de la guerra, cualquier beneficio que hubiese adquirido como consecuencia de su obrar ilícito, aunque señala que la jurisprudencia posterior a la Segunda Guerra Mundial no apoya esa idea.

También nos resultan relevantes las obligaciones del ocupante. Así, el Art. 43 del Reglamento de La Haya dispone:

Desde el momento en que la autoridad legítima pase de hecho a manos del ocupante, éste tomará todas las medidas que estén a su alcance a fin de restablecer y conservar, en cuanto sea posible, el orden y la vida públicos, respetando, salvo impedimento absoluto, las leyes vigentes en el país (Convenio IV de La Haya, Anexo, Art. 43).

Se trata de una obligación de medios —todas las medidas que estén a su alcance — que el DIH impone al ocupante, pero que, en caso de agresión, la práctica y la jurisprudencia internacional parecen tratar de manera diferente.

En 1991, habiendo declarado la responsabilidad del Iraq por todos los daños y pérdidas directos causados por la invasión y ocupación de Kuwait²⁴, el Consejo de Seguridad creó la Comisión de Indemnización de las Naciones Unidas (UNCC), encargada de tramitar y gestionar las reclamaciones por tales daños. En su primera decisión, sobre los criterios para la tramitación de reclamaciones urgentes por daños a personas, el Consejo de Administración de la Comisión consideró como indemnizables “el fallecimiento, las lesiones corporales u otras pérdidas directas ocasionadas a personas como resultado de la invasión y ocupación ilícitas de Kuwait por el Iraq”, incluyendo las pérdidas sufridas a raíz de: “Los disturbios civiles en Kuwait o el Iraq” (UNCC, 1991, párr. 18) durante el período comprendido entre el 2 de agosto de 1990 y el 2 de marzo de 1991.

Heiskanen y Leroux (2015) critican este enfoque:

la opinión prevaleciente parece ser que en virtud de las reglas tradicionales del ius in bello, la potencia ocupante tiene en este respecto meramente una obligación de medios (obligation de moyens), no una obligación de resultado (obligation de résultat). En otras palabras, la potencia ocupante no siempre es responsable si se perturba el orden civil en el territorio ocupado; deviene responsable solamente si no ha hecho los esfuerzos razonables, o no ha empleado los medios apropiados, para mantener el orden y la seguridad públicos. En el Art. 43 del Reglamento de La Haya, eso se refleja en los términos “en cuanto sea posible”, que califican la obligación. En el caso del Iraq, sin embargo, el Consejo de Administración no hizo ninguna reserva respecto de la razonabilidad de los esfuerzos realizados ni la propiedad de las medidas empleadas por el Iraq para mantener el orden y la seguridad públicas en Kuwait²⁵. (p. 64)

Esta aparente discrepancia entre las reglas del ius in bello y el enfoque de la Comisión puede ser fácilmente explicado si tenemos en mente que el origen de la responsabilidad del Iraq no fue la violación del DIH, sino su propio acto de agresión (Greenwood, 1999). Y la gravedad de la agresión es tal que, en virtud de la aplicación diferenciada, la obligación de medios del Art. 43 del Reglamento se transforma en una obligación de resultado.

Esto también lo vemos en el caso de las Actividades armadas en el territorio del Congo (RDC c. Uganda), en el que la CIJ resolvió en su sentencia de reparaciones:

Uganda está obligada a reparar todos los daños resultantes del conflicto en Ituri, incluso si resultan de la conducta de terceras partes, a menos que se haya establecido, con respecto a una lesión particular, que no fue causada por el incumplimiento de Uganda de sus obligaciones como potencia ocupante²⁶ .(CIJ, 2022a, párr. 95)

Esta posición fue criticada en la misma CIJ por el Magistrado Yusuf (CIJ, 2022b, párr. 6-21), precisamente porque parece invertir la carga de la prueba y transformar una obligación de medios en una obligación de resultado.

Pensamos, no obstante que puede encontrarse una explicación satisfactoria para esta decisión en un contexto jurídico más amplio. En primer lugar, la CIJ fue clara en que el caso involucraba una situación de ocupación (CIJ, 2022a, párr. 96). Todo parece indicar que la CIJ se refiere a una situación de ocupación en el sentido del ius in bello, puesto que así determinó las violaciones del DIH y de derechos humanos por parte de Uganda en su sentencia sobre el fondo (CIJ, 2005, párr. 172-180). Pero allí, la Corte también había considerado que la ocupación de Ituri fue un hecho internacionalmente lícito por el cual Uganda debía responder (CIJ, 2005, párr. 259). La ocupación, entonces, fue ilícita, como la propia CIJ determinó en el primer punto del párrafo dispositivo de su sentencia sobre el fondo (CIJ, 2005, párr. 345.1).

Resulta claro que la ilicitud de la ocupación surge de la violación del principio de la prohibición del uso de la fuerza por parte de Uganda²⁷. En este contexto, el Art. 3, inc. a) de la Definición considera como un acto de agresión “la invasión o el ataque por las fuerzas armadas de un Estado del territorio de otro Estado, o toda ocupación militar, aun temporal, que resulte de dicha invasión o ataque” (énfasis añadido) (Definición de la Agresión, 1974, Artículo 3, inc. a). Así, si leemos ocupación en el sentido del ius ad bellum, es posible concluir que la “situación de ocupación” mencionada por la CIJ (una ocupación ilícita, tal como la propia CIJ lo determinó (CIJ, 2005, párr. 345.1)) es un acto de agresión.

La inversión de la carga de la prueba, la transformación de la obligación de medios del Art. 43 del Reglamento de La Haya en una de resultado y la atribución a Uganda del daño causado por terceros puede ser fácilmente explicado a través de la gravedad de la agresión. Por lo tanto, la responsabilidad (agravada) de Uganda por la ocupación ilícita de Ituri no es solamente una consecuencia de sus violaciones como potencia ocupante en virtud del DIH, sino principalmente una consecuencia de su acto de agresión contra la RDC, e implica una aplicación diferenciada de aquel.

Pensamos que puede ser un importante argumento para confirmar que la CIJ efectivamente calificó —aunque de manera implícita— las acciones de Uganda como un acto de agresión en su fallo sobre el fondo²⁸. Las críticas que recibió la CIJ, no obstante, pueden ser merecidas, debido a la falta de explicación para su razonamiento, lo que hizo que quedara abierto a la interpretación (Bonafé, 2022).

Finalmente, en su opinión consultiva sobre las Consecuencias jurídicas que se derivan de las políticas y prácticas de Israel en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, la CIJ fue muy clara al observar que: “una ocupación involucra, por su misma naturaleza, un uso continuado de la fuerza en territorio extranjero. Tal uso de la fuerza está, sin embargo, sujeto a las normas del derecho internacional que rigen la licitud del uso de la fuerza o ius ad bellum”²⁹ (CIJ, 2024, párr. 253). Esta conclusión tiene notables implicancias para nuestro análisis, puesto que, si la ocupación califica como un acto de agresión conforme al Art. 3, inc. a) de la Definición, el ocupante será un agresor y su responsabilidad será como tal.

3. Las muertes de los combatientes enemigos

En principio, y de conformidad con el DIH, la muerte de los combatientes enemigos no genera responsabilidad para los beligerantes. Sin embargo, la práctica y la jurisprudencia internacional en caso de agresión muestran una tendencia que se orienta a la aplicación diferenciada también en este aspecto.

En 2018 el Comité de Derechos Humanos adoptó su Observación General N°36 (OG 36), sobre el derecho a la vida, en la que afirmó: “Los Estados partes que cometan actos de agresión tipificados en el derecho internacional que tengan como resultado la privación de la vida, vulneran ipso facto el artículo 6 del Pacto” (CCPR, 2018, párr. 70). La afirmación del Comité es revolucionaria: la agresión viola ipso facto el derecho a la vida, lo que implica que todas las muertes en una agresión, incluso si cumplen con el DIH, son privaciones arbitrarias de la vida en el sentido del art. 6.1 PIDCP (Lieblich, 2021). Resulta claro que la OG 36 no se refiere a las muertes resultantes de todas las violaciones del art. 2.4 de la Carta, sino sólo a aquellas que resultan de los actos de agresión, tipificados en el derecho internacional (Lieblich, 2021).

Es por eso que Lieblich se pregunta qué sucede con las muertes resultantes de usos ilícitos de la fuerza que no constituyen actos de agresión, teniendo en cuenta que si la agresión es una violación porque involucra muertes no defensivas, lo mismo debería aplicarse a hechos ilícitos debajo del umbral de agresión (2021). Podemos cuestionar la premisa en que se basa. Nada hay en la OG 36 que indique que la agresión es una violación del derecho a la vida porque involucra muertes no defensivas, ni siquiera porque constituye una violación de las normas del ius ad bellum. La justificación se encuentra en la característica inherente de la agresión, su gravedad, algo que los comentaristas de la OG parecen olvidar y que, para nosotros, insistimos, es esencial.

El Comité también se refiere a la aplicación del art. 6 PIDCP en situaciones de conflicto armado:

Al igual que el resto del Pacto, el artículo 6 se aplica también en situaciones de conflicto armado a las que son aplicables las normas del derecho internacional humanitario, incluida la conducción de las hostilidades. Si bien en los casos en que se requiera la aplicación de las normas del derecho internacional humanitario, estas podrían ser pertinentes para la interpretación y la aplicación del artículo 6 del Pacto, ambas esferas del derecho son complementarias y no mutuamente excluyentes. El uso de la fuerza letal de manera compatible con el derecho internacional humanitario y otras normas del derecho internacional vigentes no es, en general, arbitrario. (énfasis añadido) (CCPR, 2018, párr. 64)

Atento a lo que expresa la OG 36 en cuanto a que el uso de la fuerza letal compatible con el derecho internacional humanitario y otras normas del derecho internacional no es, en general, arbitrario, ¿qué sucede con un uso de fuerza letal permitido por el DIH pero producido como consecuencia de un acto de agresión? Como dijimos, al ser la agresión un ataque contra el derecho a la vida, toda privación de la vida causada por un acto de agresión es arbitraria en el sentido del art. 6.1 PIDCP (Lieblich, 2021; Haque, 2017). Esta interpretación es admitida por dos miembros del Comité, Heyns y Shany (2019), quienes sostienen que el término “arbitrariamente” del Art. 6.1 PIDCP debe ser interpretado a la luz de otras normas relevantes del derecho internacional, incluyendo el ius ad bellum.

Como lo afirma la doctrina, la cuestión clave es que las muertes relevantes, que de otra forma no serían arbitrarias, solo lo serán y así equivaldrán a una violación del derecho a la vida, si resultan de un acto de agresión (Jackson y Akande, 2022). Esto implica que las normas del derecho internacional de los derechos humanos (DIDH) –aplicables en caso de agresión como lo son en caso de cualquier conflicto armado tal como lo reafirma el Comité– cubrirían aquellos supuestos que no están amparados por la protección del DIH, cerrando la brecha entre ambos regímenes normativos (Dill, 2019).

En particular, ¿es la muerte de los soldados del Estado víctima de la agresión una “privación arbitraria” de su vida y, por lo tanto, una violación del art. 6 PIDCP? Una interpretación armónica de la OG 36 lleva a una respuesta afirmativa, lo que se traduce en la forma de ver la relación entre el DIDH, el DIH y las normas del ius ad bellum más acorde con la unidad del orden jurídico. Schabas (2007) había adelantado esta posible interpretación al sostener que el DIDH requiere que solo puede permitirse una privación de la vida si con ella se persigue un fin legítimo, y una guerra de agresión jamás puede superar ese test, lo que permitiría afirmar que una guerra de agresión, sería, en sí misma una violación de derechos humanos.

La práctica internacional podría dar una incipiente fundamentación a esta interpretación y, en ese sentido, resultan de relevancia, también aquí, las conclusiones de la Comisión de Indemnización de las Naciones Unidas. En su Decisión N°11, la Comisión decidió excluir de las personas con derecho indemnización a los miembros de las fuerzas armadas de la Coalición Aliada (que liberó Kuwait), excepto si habían sufrido daños como prisioneros de guerra o violaciones del DIH (UNCC, 1992); es decir, podían presentar reclamaciones por violaciones al ius in bello, pero no como consecuencia de la agresión del Iraq.

Lo interesante es, no obstante, que el Grupo de Comisionados nombrado para examinar las reclamaciones individuales por razón de lesiones corporales graves o muerte, en su primer informe, consideró que las reclamaciones presentadas por miembros de las Fuerzas Armadas de Kuwait, relativas a los eventos que ocurrieron el día de la invasión (2 de agosto de 1990) o durante los días inmediatamente posteriores, constituían reclamaciones indemnizables, dado que en esos momentos iniciales, la Coalición aún no existía, y las lesiones personales o la muerte eran consecuencia directa de la invasión y ocupación de Kuwait por parte del Iraq (UNCC, 1994). Aquí tenemos una clara situación en la que combatientes del Estado víctima de la agresión pueden reclamar por daños personales por su mera relación de causalidad con la agresión misma, sin necesidad de demostrar violación alguna del DIH.

En el caso de las Actividades armadas, la RDC había solicitado la indemnización por 2000 vidas que alegaba haber perdido entre los miembros de sus fuerzas armadas, pero, en su sentencia de reparaciones, la CIJ rechazó el reclamo por falta de evidencia (CIJ, 2022a, párr. 165). Lo interesante es que esa fue toda la razón del rechazo, y no su inadmisibilidad, lo cual puede significar que la CIJ considera que también las muertes de los combatientes generan responsabilidad para el agresor, puesto que la RDC no sostuvo que esos soldados hubieran muerto en violación de las obligaciones de Uganda en virtud del ius in bello. El origen de la responsabilidad de Uganda está, entonces, en su violación grave de la prohibición del uso de la fuerza –que para nosotros constituye un acto de agresión–. Como destacan Jöbstl y Rosenberg, la CIJ no pareció rechazar que tales rubros de daños estén comprendidos por el deber de reparación integral (2023).

Ahora bien, ¿cómo podemos relacionar este enfoque con la aplicación diferenciada? En su crítica a la aplicación diferenciada, Kreß (2022) parece verlo como dos posiciones antitéticas, y considera que el enfoque del Comité es preferible, por cuanto, aunque considera que no se resuelve la tensión normativa entre los diferentes regímenes aplicables (ius contra bellum, DIH y derechos humanos) deja en claro que se trata de una cuestión de responsabilidad del Estado agresor y no afecta la posición de sus combatientes. Dado que, como sostenemos más arriba, la aplicación diferenciada no tiene por objeto hacer responsables a los combatientes por nuevas violaciones del derecho internacional sino impedir al agresor valerse del DIH para justificar hechos ilícitos consecuencia de su agresión –por los que sí es responsable–, no vemos incompatibilidad alguna con el enfoque del Comité. Al contrario, pensamos que la aplicación diferenciada resuelve la tensión a la que se refiere Kreß, en una interpretación armónica y compatible con la unidad del orden jurídico.

Kreß (2022) recurre a otro argumento para rechazar esta interpretación, al sostener que el enfoque del Comité no resulta de la prohibición de la agresión –que, por darse en la relación entre Estados no genera derechos para los individuos–, sino del derecho humano relevante reconocido por el derecho internacional, en este caso, el derecho a la vida. El argumento tampoco nos resulta convincente: la agresión es una violación del derecho a la vida por su gravedad inherente que, como vimos, el propio Kreß reconoce. De otra forma, el Comité habría extendido esas consecuencias a todos los usos ilícitos de la fuerza, lo que no hace, como Kreß (2022) también apunta. Si solamente la agresión es una violación del derecho a la vida, lo es por la característica que la diferencia de otros usos ilícitos de la fuerza, y esta no es otra que la gravedad.

Así, no hay oposición alguna entre el enfoque del Comité y la aplicación diferenciada; al contrario, pensamos que podemos ver a aquél como una forma de esta. Si al momento de interpretar el DIDH en caso de conflicto armado, se recurre no solamente al DIH sino también a las normas del ius ad bellum, y estas determinan que se trata de una agresión, la privación de la vida de los combatientes enemigos será considerada arbitraria, pero no porque el DIH no deba tenerse en cuenta, sino porque la gravedad de la agresión justifica su aplicación diferenciada.

IV. Consideraciones finales

Presentamos aquí los argumentos por los que corresponde sostener la aplicación diferenciada del DIH en casos de agresión, para evitar que un agresor pueda valerse de las normas del ius in bello, diseñadas para aliviar el sufrimiento de la guerra y proteger a los seres humanos de los conflictos, con el único objetivo de consolidar su agresión y lograr un propósito que ha sido prohibido y criminalizado por el derecho internacional.

La gravedad de la agresión y la centralidad de su prohibición en el derecho internacional contemporáneo aparecen como el fundamento de la aplicación diferenciada y la ruptura del principio la igualdad de los beligerantes. Desde el momento en que uno de ellos –el agresor– incurre en una violación grave de una norma de ius cogens, pretender que el DIH reconozca como iguales a los beligerantes en este caso pondría en jaque la posición de la prohibición de la agresión en el orden jurídico: el agresor podría pretender valerse de las normas del mismo para consolidar los efectos jurídicos de su agresión, en manifiesta violación del ius cogens y de la jerarquía que este implica en el derecho internacional. Es por eso que la cuestión debe mantenerse en el debate y discutida a la luz de todas las normas y principios aplicables, como se pretende en esta contribución.

Aunque se trata de una discusión que lleva décadas, los últimos años han reconocido avances normativos y jurisprudenciales que permiten mantenerla viva. A la vez, la agresión rusa contra Ucrania y las gravísimas violaciones del derecho internacional que conlleva, le dan dramática actualidad.

Seguir pretendiendo, so pretexto de la igualdad de los beligerantes, que el agresor tiene los mismos derechos que la víctima en virtud del DIH no solamente implica reconocerle la posibilidad de beneficiarse de su propia agresión, en contra del principio ex iniuria ius non oritur, sino también generar el peligro de interpretaciones contradictorias entre las normas del ius ad bellum y el ius in bello, a las que también se suma el DIDH.

La aplicación diferenciada propone una interpretación armónica de las normas en juego, asegurando la superioridad jerárquica de las normas de ius cogens y la centralidad, tanto de la prohibición de la agresión, como de la protección de los derechos fundamentales del ser humano en el derecho internacional contemporáneo. Se trata, ni más ni menos, que de asegurar la unidad del orden jurídico.

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Sentidos de la guerra en la Argentina del siglo XXI. Un problema epistemológico para su estudio

Meanings of war in 21st Century Argentina: An epistemological problem for its study

Germán Soprano¹

Gerardo Tripolone²

Recibido: 02/02/2026

Aceptado:10/03/2026

Resumen

El objetivo de este trabajo es abordar los debates de especialistas civiles y militares argentinos en torno a las mutaciones en la guerra en el siglo XXI. Para ello, nos proponemos indagar en los sentidos y los usos de la guerra en relación con las principales categorías que definen los posicionamientos en torno a la política de defensa nacional en el país, tales como seguridad, defensa, amenazas, agresiones, riesgos, conflictos, entre otras. El trabajo nos permitirá plantearnos si es posible construir categorías analíticas genuinamente comprehensivas que permitan interpretar más amplia y diversamente el universo de categorías, actores y sentidos relativos a la guerra. La propuesta es dialogar con la historia de los conceptos políticos fundamentales, ya que en ese marco se comprenden mejor las mutaciones conceptuales, en este caso, de la guerra. De modo más general, este trabajo reflexiona acerca del problema epistemológico de comprender un objeto de estudio del cual formamos parte como objeto y sujeto de conocimiento.

Palabras clave: Guerra – Defensa nacional – Seguridad – Argentina – Mutaciones conceptuales

Abstract

The aim of this article is to examine the debates among Argentine civilian and military specialists regarding transformations in warfare in the 21st century. To this end, it seeks to explore the meanings and uses of war in relation to the main categories that shape positions on national defense policy in the country, such as security, defense, threats, aggressions, risks, and conflicts, among others. This analysis allows us to consider whether it is possible to construct genuinely comprehensive analytical categories capable of interpreting, in a broader and more diverse manner, the universe of categories, actors, and meanings related to war. The proposal is to engage in dialogue with the history of fundamental political concepts, as this framework provides a better understanding of conceptual transformations—in this case, those concerning war. More generally, this article reflects on the epistemological problem of understanding an object of study of which we are simultaneously both object and subject of knowledge.

Keywords: War – National Defense – Security – Argentina – Conceptual change

I. Introducción

En la literatura y en el debate público sobre la defensa nacional en la democracia argentina contemporánea hay dos acuerdos que parecen transversales a las posiciones políticas fundamentales en torno a las amenazas sobre el país: primero, la inexistencia de hipótesis de conflicto con los países vecinos, especialmente, con Brasil y Chile. Segundo, que el conflicto por la ocupación de las Islas Malvinas por el Reino Unido no se resolverá por medios militares. En el lenguaje común, los diferendos con los vecinos y la disputa en el Atlántico Sur no se procesarán mediante una guerra.

Ahora bien, en este debate sobre defensa nacional también podemos apreciar divergencias importantes entre gobiernos y especialistas civiles y militares en torno al aspecto legal de esta política pública (Soprano & Tripolone, 2025a; 2025b). Éstas se remontan a la década de 1980 y se profundizaron en el siglo XXI. A partir de las discusiones sobre la definición de agresión de origen externo del Artículo 2° de la Ley de Defensa Nacional N° 23.554 o la distinción entre defensa nacional y seguridad interior explicitada en su artículo 4, existe una controversia fundamental sobre el rol de las Fuerzas Armadas Argentinas en el combate contra el narcotráfico, el terrorismo y otras de las llamadas nuevas amenazas. Para un grupo, estos fenómenos son abarcados por la noción de seguridad y, por tanto, englobados en la Ley de Seguridad Interior N° 24.059, mientras que hay quienes consideran que deberían formar parte de la defensa nacional. Si este debate se lo aborda en el lenguaje utilizado por medios de comunicación, sectores políticos y de asociaciones civiles, la pregunta sería si las Fuerzas Armadas deben actuar en la guerra contra el narcotráfico o en la guerra contra el terrorismo o sólo deben limitarse a la preparación para una guerra contra otro Estado.

Esta polémica se enmarca en un tiempo de postdictadura en, al menos, dos sentidos: por un lado, porque, algunos autores consideran que el país (y, en general, la región) vive todavía una situación de transición a la democracia y, en parte, esta transición permanente se debe a no haber logrado una relación adecuada entre civiles y militares (García Gallegos & Ugarte, 2024); por el otro, porque, se esté o no todavía en transición, la dictadura militar de 1976-1983 todavía actúa en la Argentina como factor determinante en la toma de decisiones sobre política militar, de defensa nacional y sobre las concepciones acerca de la guerra. Es lo que Sabina Frederic (2013) ha denominado las trampas del pasado. En este sentido, la última dictadura constituye un fenómeno de un pasado relativamente lejano, pero que continúa siendo fundamental para definir la política de defensa y las relaciones civiles-militares.

El presente artículo parte de este contexto de acuerdos y desacuerdos sobre la guerra y otras categorías centrales de la política de defensa nacional en nuestro país. El objetivo es indagar específicamente en los sentidos y apropiaciones del concepto de guerra para resaltar un problema epistemológico fundamental de los estudios sobre la materia: la posibilidad de construir categorías analíticas genuinamente comprensivas que permitan interpretar más amplia y diversamente el universo de categorías, actores y sentidos relativos a la guerra en Argentina. Por la trascendencia que tiene este debate en el escenario de la democracia contemporánea en nuestro país, también se tendrá en cuenta la producción historiográfica y sociológica del siglo XXI sobre el uso de la categoría guerra para analizar la violencia política durante el siglo XX, especialmente durante la década de 1970.

Existen indagaciones que han analizado las producciones académicas de actores civiles y militares sobre los conceptos de amenazas, agresiones y los sentidos de la guerra en sus producciones (Soprano & Tripolone, 2025c, 2026). Por lo tanto, en estas páginas no buscamos relevar este debate, sino utilizar los abordajes previos para tratar nuestra pregunta. La indagación se vincula con la discusión sobre las mutaciones de la guerra en Argentina en relación con la legislación en defensa nacional y, más en general, sobre las mutaciones en la guerra desde el siglo XX hasta el presente. Desde hace más de un siglo, los cambios en la guerra han conmovido los conceptos de seguridad, defensa, amenazas, agresiones, riesgos, conflictos, enemigo, criminal, guerra, entre otras.

Toda la indagación se enmarca en una pregunta más amplia, que no alcanzaremos a tratar acabadamente aquí: el problema epistemológico de comprender un objeto de estudio del cual formamos parte como objeto y sujeto de conocimiento. Como parte del campo académico dedicado a los estudios de la defensa nacional y la guerra, este concepto constituye un desafío epistemológico para nuestras investigaciones. Estas páginas se hallan en la senda de la propuesta de Hernán Cornut (2020), quien, como historiador militar, analiza el desafío epistemológico para su disciplina del concepto de guerra. El autor entiende que, especialmente desde la historia militar hecha por académicos (esto es, aquella que no está orientada a la formación profesional de los militares), se ha producido una ampliación de la denotación del concepto de guerra que ha llevado a que prácticamente cualquier fenómeno violento pase a estar englobado bajo el mismo rótulo. Esto genera un problema:

El hecho de englobar bajo un mismo rótulo de violencia a los fanatismos religiosos, el crimen organizado, los reclamos sociales, los desplazamientos forzados, las disputas étnicas, la guerra entre Estados y al terrorismo —no ya como vector ofensivo sino como actor estratégico— tiende a diluir las diferencias y omite las singularidades que cada caso demanda para ser cabalmente comprendido e historiado. (Cornut, 2020, p. 21)

Según nuestra hipótesis, este problema epistemológico es producto de las mutaciones en el concepto de la guerra, el cual, al ser un concepto político fundamental en términos de Koselleck (1989; 2012), diversos actores disputan su uso. Lo que quisiéramos pensar es si, en este contexto, la guerra constituye una categoría comprensiva de los fenómenos que se tratan en los debates sobre la defensa nacional en el país o bien habría que construir nuevos conceptos para investigar sobre esta política pública.

II. ¿El fin de la guerra?

A fines de la década de 1930, Carl Schmitt (2005) se abocó a pensar los cambios en la guerra. Esta tesis puede relacionarse con sus indagaciones en el marco de lo que llamó sociología de los conceptos políticos y sus mutaciones (Schmitt, 2009a, 2009b). El jurista alemán indagó en la disolución de los conceptos fundamentales de la política y el derecho público. La idea de interior y exterior y amigo y enemigo, que son estructurantes de su noción de lo político, para el jurista, se habían disuelto (Schmitt, 1979, 2009c, 2005). Los medios de comunicación y militares difuminaron las fronteras de los estados, lo que rompió con los límites del interior y el exterior estatal. A la par, las nociones de amigo y enemigo fueron reemplazadas, en el imaginario liberal, por las de competidores económico y político o por la de criminal. Esto implicó, por caso, que un partido comunista o fascista sea considerado un competidor más de la democracia, habilitando los medios para acceder por vías legales al poder, a la par que se consideraba al Imperio Alemán como un criminal al que, luego de la Primera Guerra Mundial, debía juzgarse.

Estas mutaciones impactaron en la guerra, como es evidente. Por un lado, porque la imposibilidad de distinguir entre interior y exterior anula los límites espaciales de la guerra. La guerra no tiene un espacio delimitado en un teatro de operaciones, por lo que no sólo se ataca a combatientes. El bombardeo aéreo de ciudades es la imagen más evidente de este cambio en la primera mitad del siglo XX. Los civiles de esas ciudades pasaron a ser objetivos militares de la misma forma que un soldado uniformado, ya que aquéllos son también fundamentales para el esfuerzo bélico. Como apreció prontamente Ernst Jünger (1995), los trabajadores de las industrias son tan necesarios como los soldados.

A la par, el enemigo se transforma en criminal y la guerra en acción policial. Schmitt (1979) identificó esta mutación con el ingreso de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Su intervención, según las argumentaciones de su presidente Woodrow Wilson, no era por razones políticas, sino morales y jurídicas.

Los criterios morales y jurídicos, como señala Schmitt (2009c) en El concepto de lo político, radicalizan las oposiciones y transforman el conflicto en total. Según Wilson, Estados Unidos combatía para terminar con las guerras y lo hacía contra criminales que atentaban contra la humanidad. Alemania era un Estado criminal y su líder, el káiser Guillermo II, lo era personalmente. Se les atribuyó la responsabilidad de la guerra, que ahora se entendía como crimen, y el antídoto era también una guerra, pero entendida como acción policial.

Este cambio en la guerra volvió obsoleto el concepto de neutralidad (Lauterpacht, 1968; Tripolone, 2022). Antes de 1914, la guerra era un medio más de resolver disputas políticas, una de las acepciones que puede derivarse de la famosa idea de Clausewitz (1984) de la guerra como la continuación de la política por otros medios. Siendo esto así, los estados que no tenían esa disputa, podían mantenerse neutrales frente al conflicto bélico, ya que no se juzgaba moralmente a los contendientes. Los neutrales, aclara Schmitt (1979), cumplían un papel fundamental en el sostenimiento del derecho internacional y en la contención de la guerra. Eran ellos los que evitaban que el conflicto deviniera en total.

Al contrario, frente al crimen nadie puede mantenerse neutral, ni tampoco existen las contenciones que solo aplican si se considera que el enemigo posee un estatuto moral equivalente. La neutralidad fue una posición jurídica y moralmente posible mientras la guerra no fue un crimen. Sin embargo, desde el momento en que lo fue, ya no es posible la neutralidad, ya que no hay equivalencia moral entre los contendientes. Entre un estado criminal y un estado que está ejerciendo una acción policial para contrarrestarlo, la neutralidad será siempre vista como una posición favorable al criminal.

La disolución de espacios y la criminalización del enemigo provocó una transformación de la guerra hacia una guerra civil internacional, un concepto que se hizo conocido en la historia y las ciencias sociales a partir de la polémica planteada por Ernst Nolte (1996) y su idea de guerra civil europea para el periodo 1917-1945 y guerra civil mundial para la Guerra Fría (Nolte, 1995). Sin embargo, fue retomado por Enzo Traverso (2009) y Giorgio Agamben (2017), entre otros, además de poseer antecedentes en Hannah Arendt (2014) y, antes, en Ernst Jünger (1996) y, por supuesto, el propio Schmitt (Tripolone, 2021).

La guerra civil internacional supone una confrontación que no es predominantemente estatal, sino de grupos ideológicos. Esta confrontación se da en un espacio ampliado a los estados o, mejor, no reconoce fronteras.

El adjetivo internacional calificaría a la guerra justamente por esto, por no darse en el interior de un estado. El adjetivo civil, que antes calificaba a las guerras en el interior de las fronteras estatales, indica que ese combate se percibe como parte de un interior ampliado. Con esto queremos decir que una región o el mundo en su conjunto sería el interior de un espacio que no está limitado por las fronteras políticas del estado. Por eso es que, por ejemplo, la guerra contra el comunismo se la consideraba como una guerra civil internacional. Era internacional por exceder las fronteras estatales, pero era a la vez civil porque se la consideraba como parte de una unidad, el mundo entero o, al menos, el hemisferio occidental u Occidente en su conjunto. Lo mismo sucede con la global war on terror, una guerra internacional, pero que se pelea en el interior de cada estado, por lo que es civil y global a la vez³.

Las ideas de Schmitt se basaban tanto en la praxis de los estados como en la evolución del derecho internacional. Con la Carta de Naciones Unidas se proscribió la guerra de agresión y se la consideró un crimen en la Resolución 2625 de la Asamblea de la ONU. La guerra es, a partir de ese momento, una forma ilegítima de resolver controversias.

Lo que había advertido Schmitt en el periodo de entreguerras se convirtió en derecho positivo vigente a nivel internacional. Es cierto que, aunque hubo propuestas de eliminar el concepto de guerra de los documentos internacionales por su prohibición entre miembros de la comunidad internacional y por ser un término militar, pero no jurídico (Pezzano, 2021), no se dejó de hablar de guerra. De hecho, ciertas partes del derecho internacional de los conflictos armados y del derecho internacional humanitario siguen utilizando el concepto. Sin embargo, lo cierto es que el derecho internacional proscribió la guerra. Esto produjo un quiebre conceptual fundamental. Mientras que los conflictos armados siguieron calificándose como guerra en la historiografía, los medios de prensa, los análisis militares y de política internacional, jurídicamente su uso fue siendo cada vez más irrelevante.

Por caso, la Guerra de Corea no fue declarada formalmente por Estados Unidos. De hecho, ni siquiera se autorizó el uso de la fuerza por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sino por la Asamblea General en la Resolución 377 de 1950, conocida como Unidos por la Paz. Por supuesto, en su texto no se habla de guerra, sino que autoriza medidas ante el incumplimiento del Consejo de Seguridad de su responsabilidad con el mantenimiento de la paz producto de la falta de unanimidad entre sus miembros permanentes.

Lo central es que el uso de la fuerza no era una guerra para el derecho internacional de Naciones Unidas. Aunque los libros de historia se titulen Guerra de Corea y los monumentos honran a los veteranos de este enfrentamiento, para el derecho internacional no podría calificarse como tal o, como se verá en el apartado siguiente, esa calificación es jurídicamente irrelevante.

Lo que quisiéramos hacer en las páginas siguientes es tratar este cambio conceptual en la Argentina del siglo XXI. Partiremos de un corpus de ideas que ha sido analizado en trabajos previos, el cual está compuesto por: 1) textos académicos de especialistas civiles en defensa nacional y temas militares; 2) publicaciones de revistas especializadas de instituciones castrenses; e 3) historiografía y sociología argentina producida en el siglo XXI sobre guerras en Argentina de la segunda mitad del siglo XX, especialmente durante la década de 1970.

III. La guerra como categoría normativa

Como dijimos en el apartado anterior, el derecho internacional ha proscripto la guerra de agresión desde 1945 con la sanción de la Carta de Naciones Unidas. Esto llevó a que ciertos actores políticos y juristas del derecho internacional consideraran que el concepto de guerra, en general, debe ser desterrado como categoría analítica, tal como analiza Pezzano (2021). Puede, en todo caso, aceptarse un uso material de guerra, pero no técnico-jurídico. Esto podría explicar por qué su uso con posterioridad a la Carta de Naciones Unidas es muy limitado, más allá de que el Estatuto del Tribunal Militar de Núremberg y de Tokio sí hablaran constantemente de la idea de guerra de agresión, guerra que constituya violación de un tratado y, por supuesto, los crímenes de guerra. Frente a esto es que se postuló la distinción de un sentido material y uno técnico-jurídico de la guerra.

Luego de analizar las distintas posiciones y las consecuencias jurídicas del derecho internacional contemporáneo, Luciano Pezzano (2021) —profesor de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales— entiende que, a partir del artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas que prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza, no puede sostenerse válidamente que la guerra siga constituyendo un concepto jurídico relevante: si el derecho internacional contemporáneo considera la guerra para algo, lo hace para prohibirla.

La consideración usual de los especialistas y las delegaciones en distintos tratados y foros internacionales habría sido que la idea de guerra de agresión era demasiado restrictiva frente al concepto de agresión explicitado en la resolución 3.314 de la Asamblea de Naciones Unidas (Pezzano, 2021). La conclusión del autor es que:

La guerra no existe más en cuanto condición técnica, ni las normas refieren a ella en cuanto concepto material. Es decir, la guerra como concepto no tiene ninguna relevancia jurídica para el derecho internacional y, siendo la guerra de agresión una de sus especies, tampoco será un concepto relevante.

Por lo tanto, el concepto de guerra de agresión es una noción histórica, sin contenido alguno en el derecho internacional contemporáneo. Pretender una interpretación distinta es negar la evolución en las normas relativas al uso de la fuerza ocurrida a partir de 1945 y forzar el sentido de los conceptos involucrados. (Pezzano, 2021, p. 321)

El análisis jurídico-internacional de Pezzano es una muestra muy interesante de la idea de que no habría guerras para las fuerzas armadas desde el punto de vista del derecho internacional. No sucede lo mismo desde el plano del derecho interno argentino, ya que la Constitución Nacional y la Ley N° 23.554 de Defensa Nacional de 1988 mantienen el lenguaje de la guerra⁴. Sin embargo, para el orden jurídico internacional, las fuerzas armadas podrían verse involucradas en distintos tipos de operaciones militares, pero no en una guerra. Desde el punto de vista jurídico-internacional, el concepto de guerra no poseería la relevancia que tuvo en otro momento y, por tanto, no debería utilizarse como categoría analítica para los fenómenos que debe afrontar la política de defensa nacional del país. Esta es una conclusión eminentemente normativa, en el sentido en que se basa en un análisis que aprecia un fenómeno a la luz de un sistema jurídico particular, en este caso, el derecho internacional relativo a los conflictos armados.

Aunque también es una visión normativa, otras son las razones por las que el concepto de guerra tampoco es empleado por parte de los cultores de la denominada historia reciente⁵ para abordar la violencia política de la década de 1970 en el país y, por tanto, por el rol desempeñado por las fuerzas armadas en ese contexto. En un libro publicado recientemente sobre la historia de la última dictadura militar, Gabriela Águila (2023) decide explícitamente no considerar.

Los discursos ni las explicaciones provistas por los militares desde los años de la dictadura y aún hoy en los estrados judiciales donde están siendo juzgados por violaciones a los derechos humanos, que plantean que hubo una guerra desatada por las organizaciones de la izquierda armada, en la que las Fuerzas Armadas se vieron ‘obligadas’ a intervenir. Y esto porque lo sucedido antes y después del golpe no fue ni un enfrentamiento entre ejércitos beligerantes ni una guerra civil, sino que se trató del despliegue de una brutal represión implementada por las Fuerzas Armadas del Estado. (pp. 16-17)

La autora toma una decisión metodológica fundamental: no considerar siquiera la perspectiva de los militares que sostienen haber combatido una guerra. Tampoco de las organizaciones guerrilleras, que sostuvieron lo propio. Sin embargo, a lo largo del libro sí puede apreciarse cómo políticos o artistas aceptaban esta idea para describir lo que estaban viviendo (Águila, 2023). En cualquier caso, esta decisión, como se aprecia en la cita, parte de entender que no hubo una guerra, lo que implica aceptar alguna noción de guerra para, luego, evaluar si eso se da en la realidad, con independencia de las valoraciones de los actores del tiempo.

A diferencia de Águila, otro libro reciente aborda de manera directa el problema de la percepción militar y de las organizaciones guerrilleras de haber peleado, según el título del capítulo respectivo, una guerra que no fue. Los autores reconocen que, durante la década de 1970, las fuerzas armadas y las organizaciones político-militares creyeron estar librando una guerra. Sin embargo, estos autores afirman que esa guerra no existió (Confino & González Tizón, 2024). Es decir, las percepciones de los actores de ese momento estaban viciadas, ya que pensaban estar haciendo algo que, en realidad, no hacían.

Esta percepción putativa habría generado consecuencias nefastas. Para Confino y González Tizón, entre los factores de corto plazo que explican el terrorismo de Estado se halla el diagnóstico compartido por militares y civiles —incluidas las organizaciones guerrilleras— de que en Argentina se estaba librando una guerra interna. Esta creencia abrigó el accionar de la Triple A, el Comando Libertadores de América y el marco normativo que justificaría la posterior toma de control por parte de las fuerzas armadas (Confino & González Tizón, 2024). Como se ve, no sólo la creencia de militares, sino también de las organizaciones guerrilleras, para los autores, constituyen factores de corto plazo que explican el terrorismo de Estado.

Esto es controvertible para el caso de los agentes militares y civiles del estado, pero lo es mucho más para las organizaciones guerrilleras: ellas pensaban que combatían una guerra, pero es difícil apreciar cómo esa percepción puede ser considerada como un factor de corto plazo que explica el terrorismo de Estado. Confino y González Tizón (2024) explícitamente niegan que el golpe de 1976 y la represión en general puedan explicarse como una reacción o respuesta de las fuerzas armadas a las acciones de la guerrilla en los años previos. Sin embargo, sostener que un factor de corto plazo que explica el terrorismo de Estado fue la creencia de las organizaciones guerrilleras de estar peleando una guerra — además de la de los militares y civiles— obligaría a considerar una co-responsabilidad de ellas con los métodos terroristas por parte del Estado, los cuales se presentaron como respuesta a su accionar⁶. Esta consecuencia (seguramente no buscada) es el resultado de postular un concepto normativo de guerra y juzgar que su uso para explicar la violencia de la década de 1970 constituye, en el mejor de los casos, un error o, en el peor, una búsqueda de negar o justificar crímenes de lesa humanidad.

En conclusión, en este apartado hemos visto dos abordajes normativos sobre el uso de la guerra o, más bien, sobre por qué no debe usarse. El primero es normativo en sentido jurídico, ya que se basa en lo que establece el derecho internacional. Desde este punto de vista, el concepto de guerra no tendría consecuencias jurídicas relevantes, por lo que bien puede descartarse como categoría analítica para pensar, desde esta rama jurídica, el fenómeno que se designa en el lenguaje común como guerra.

El segundo es un abordaje historiográfico que también supone una concepción normativa, aun cuando no sea estrictamente jurídica: guerra es un concepto que posee una definición que permitiría medir si, en el pasado, se dio o no una guerra con independencia del juicio de los actores. En otras palabras, aunque los actores hayan pensado que combatían una guerra, es posible señalar el error o las intenciones ocultas que tendrían a partir de la aplicación de un concepto general a casos particulares (una labor que, en definitiva, puede entenderse como análoga a la de aplicar una norma jurídica).

A pesar de estas visiones normativas, ciertas indagaciones han mostrado que, en Argentina, tanto especialistas civiles como militares se valen de la idea de guerra para el análisis del fenómeno (Soprano & Tripolone, 2025c; 2026). En el apartado siguiente veremos la permanencia del concepto tanto para el estudio de la política de defensa nacional, como de la sociología. En ambos casos se da cuenta de las mutaciones conceptuales de las categorías políticas fundamentales, entre las que se halla la de guerra.

IV. Las mutaciones de guerras

Como se ha mostrado en otro lugar (Soprano & Tripolone, 2025c), en la producción castrense publicada en la revista Visión Conjunta de la Escuela Superior de Guerra Conjunta, los oficiales de las fuerzas armadas de nuestro país continúan debatiendo sobre la guerra en esos términos. Sin embargo, los militares no coinciden en el uso del concepto guerra.

Para un grupo —ciertamente mayoritario—, la guerra ha cambiado de manera fundamental luego de la Guerra Fría. Este grupo de militares adapta la tesis de William Lind, sobre las guerras de cuarta generación (Lind et. al., 1989), y/o la de Frank Hoffman (2007), sobre las guerras híbridas, para pensar las misiones que deberían tener las Fuerzas Armadas Argentinas. Como señalaba Koselleck (1989) para la mutación conceptual de los conceptos políticos en general, la disputa por los conceptos obliga a adosarles adjetivos que los especifiquen. Por tanto, se le llama guerra de cuarta generación, asimétrica, híbrida, molecular o de alguna otra forma que permite diferenciarla de las guerras convencionales, trinitarias (por la trinidad de Clausewitz) o interestatales⁷.

Para otro grupo, la guerra permanece en su naturaleza imperturbable. Lo que ahora se aprecia como guerras híbridas, de cuarta generación, asimétricas, o cualquier otra denominación que se haya creado para describir la novedad, constituyen, en realidad, prácticas de la guerra que utilizan medios militares y no militares, algo que es tan antiguo como la guerra misma. Para estos militares, el problema no es que ahora la guerra convencional no sea la única forma de guerra, sino no tomar consciencia de que nunca lo fue.

Lo importante para nuestra discusión es notar que ambos grupos discuten sobre la guerra. Para los oficiales argentinos autores de estos textos, el concepto de guerra como categoría analítica se da por descontado. No acuerdan en el adjetivo que debe adosarse al concepto fundamental de guerra. En otras palabras, las fuerzas armadas están para la guerra, pero no hay acuerdo sobre qué implica la guerra. A diferencia de las visiones normativas vistas en el apartado anterior, aquí el análisis puede entenderse como descriptivo. Los autores constatan que la guerra habría mutado o bien que ha permanecido en sus características básicas inmutables. En ningún caso ofrecen un concepto abstracto que deba ser llenado por la realidad que someten a escrutinio. Es justamente esa realidad la que muestra la mutación de la guerra.

Una disyuntiva en parte semejante se expresa también entre especialistas civiles en defensa nacional en Argentina. El análisis de la producción en la materia muestra la controversia sobre la determinación acerca de para qué y por qué debe tener una política de defensa nacional y fuerzas militares el país. Parte de la controversia se debe a un diferendo en torno a cómo concebir o definir las ideas de agresión de origen externo, amenaza, actores estratégicos y, por supuesto, guerra. Mientras que una posición entiende que debe limitarse a la idea convencional de guerra entre fuerzas armadas de estados, otra piensa que fenómenos como el narcotráfico, el terrorismo u otros asuntos asociados a la seguridad deben ser tratados por las fuerzas armadas y por la política de defensa nacional, ya que pueden configurar una agresión de origen externo y, por tanto, una guerra en sentido literal (Soprano & Tripolone, 2026)⁸.

Este segundo grupo se inserta en un campo de discusión que proviene del siglo XX, pero que se profundizó en el siglo XXI en el contexto de la guerra global contra el terrorismo y la guerra contra el narcotráfico en América Latina. Estas ideas configuraron una verdadera mutación conceptual de la categoría guerra, lo que trastocó el entendimiento y la praxis de la política de defensa nacional y los ordenamientos jurídicos de cada país, como así también la interpretación del derecho internacional humanitario y de los conflictos armados (Tripolone, 2024).

A la par de militares y especialistas civiles argentinos que mantienen un entendimiento amplio del concepto de guerra como categoría analítica para pensar el fenómeno, una vertiente de la sociología muestra perspectivas diversas a las reseñadas en el apartado anterior sobre la violencia en la década de 1970. Por caso, la obra coordinada por Inés Izaguirre (2012a) acepta el concepto de guerra civil para el conflicto político argentino vivido, no sólo en la década de 1970, sino desde 1955 hasta 1983. La directora de la obra sostiene que su trabajo aporta al esclarecimiento de un proceso de lucha de clases en el Cono Sur latinoamericano y en particular en Argentina, que transcurre durante la segunda mitad del siglo XX y que culmina en la guerra civil (Izaguirre, 2012a).

Desde una perspectiva marxista, la autora entiende que la guerra militar que inicia el conflicto son las acciones armadas de junio de 1955 y provocan el derrocamiento de Perón en septiembre de ese año. Para Izaguirre (2012a), esto dio lugar a una lucha de clases en Argentina que

se desenvuelve en condiciones de guerra civil, en el sentido clásico del término: un proceso de lucha de clases que se va desarrollando hasta alcanza su estadio político—militar, porque la alianza social que contiene a la mayoría de la clase obrera es excluida políticamente durante 18 años y ese es el motor que alimentará todas las confrontaciones del período hasta culminar en una guerra civil abierta, una vez que logre nuevamente su acceso al gobierno en mayo de 1973. (Izaguirre, 2012a, pp. 15-16)

El punto de inflexión es, para la autora, la masacre de Ezeiza de 1973. Allí se habría iniciado la guerra civil abierta que prosiguió hasta 1976. Izaguirre (2012b) caracteriza a esta guerra civil como asimétrica, difusa y/o de baja intensidad en donde un núcleo estratégico central fue buscar la destrucción moral y psicológica, lo que requiere de medios que no son exclusivamente militares.

En la misma obra colectiva, Flabián Nievas (2012) utiliza el concepto de guerra de posición para referirse a la “situación intermedia entre la guerra abierta y la política, situación de guerra irregular, larvada, que, si aún no ha desplegado sus formas de manera inequívoca, sí ha traspasado claramente los límites de la política, circunscripta a lo simbólico” (p. 121).

Este libro, publicado en 2012, tiene un antecedente explícito en la obra de Juan Carlos Marín (2007) titulada Los hechos armados. Argentina 1973—1976 que el autor publicó durante su exilio en México en 1979. La obra tuvo tres ediciones más: 1996, 2003 y 2007. Este libro es una fuente primaria de análisis fundamental, ya que Marín también propone el estudio de los hechos armados desde una óptica claramente militar: para su autor, Argentina vivió realmente una guerra.

En el fondo, esta visión posee dos puntos de apoyo, a veces no explicitados. El primero, no separar lo político de la guerra, algo que resalta Edgardo Manero en su análisis sobre los nacionalismos, la política y la guerra en la Argentina plebeya de 1945 a 1989. El autor cuestiona el mito fundacional del proceso democrático abierto en 1983, el cual se basaría en una sociedad inocente y víctima de una violencia que le era ajena. Para tratar la experiencia violenta en Argentina, sostiene Manero (2014):

se debe superar, por un lado, el relato despolitizador de la guerra. Por otro, cuestionar una interpretación dualista, tendiente a afirmar política y guerra no como dos órdenes esencialmente distintas, sino como principios supremos irreductibles y antagónicos. Pretendemos mostrar el carácter ilusorio de ese antagonismo. Desmitificar el acto arbitrario de separación. (p. 31)

El rechazo al concepto guerra suele provenir de una concepción teórico política propia del imaginario democrático—liberal, el cual expulsa de lo político cualquier fenómeno violento, algo analizado por Eduardo Grüner (2007). Por su parte, la idea de sociedad inocente y víctima contrasta, al decir de Hugo Vezzetti (2012), con una constatación: que la significación general de una confrontación total, sin concesiones ni acuerdos posibles, no estaba sólo presente en el actor militar y en las vanguardias armadas, sino que era acompañada por una franja considerable de la sociedad. Las — en sus palabras— figuras de la guerra campeaban en los militares, organizaciones armadas y, también, en grandes porciones de la sociedad.

El segundo es la aceptación del uso nativo del concepto guerra tanto para militares, como para civiles y miembros de organizaciones armadas. Como ha señalado Soprano (2019), esta perspectiva de indagación contrasta con la negación de usar el concepto de guerra que existe en gran parte de la historiografía del siglo XXI sobre la violencia de la década de 1970, más allá de que haya sido empleada por los actores del tiempo. Las razones son variadas, entre las que se destaca una búsqueda de diferenciarse del discurso con el que los militares implicados en delitos de lesa humanidad quisieron defenderse de las acusaciones durante los procesos judiciales y frente a la opinión pública. Sin embargo, el autor entiende que el reconocimiento de la perspectiva de los actores permite, además de comprender el fenómeno sin convertirse en juez sobre los hechos, apreciar el carácter mutante de la guerra. Es decir, no verla como un fenómeno estático definido apriorísticamente y esperar que los hechos se adecuen a esa definición.

Esto se halla en línea con lo que planteó Federico Lorenz en 2015: la necesidad de terminar “con una omisión que es, a mi juicio, uno de los desafíos que plantea” la “guerra” como objeto de estudio: “un trabajo que aborde los hechos armados de la década de 1970 desde la perspectiva de la historia sociocultural de la guerra” (pp. 25-26). Al contrario de la visión normativa, el autor postulaba que las formas en las que los actores representan sus acciones son claves para analizar su experiencia histórica, las ideas y los valores a partir de los cuales vivieron su tiempo. El historiador entiende que este análisis no debe sucumbir a la extorsión conceptual de pensar que, por hacerlo, se le está dando argumentos a quienes impugnan los juicios por crímenes de lesa humanidad. Superar esta extorsión sería fundamental para avanzar en el conocimiento histórico de una época que aún nos atraviesa en sus consecuencias.

Los especialistas civiles y militares analizados en este apartado, así como la producción historiográfica y sociológica mencionada, entienden que guerra constituye una categoría que sigue funcionando en, al menos, dos sentidos: como reconocimiento de un concepto nativo que los actores utilizaron y experimentaron en la historia o como concepto analítico para entender una pluralidad de fenómenos violentos y que son objeto de la política de defensa nacional y de las misiones de las Fuerzas Armadas Argentinas.

V. Reflexiones finales

Este artículo ha mostrado dos formas de usar el concepto de guerra en Argentina en el marco de debates de especialistas civiles y militares sobre defensa nacional y en la historiografía y la sociología del siglo XXI sobre la violencia política de la segunda mitad del siglo pasado. Por un lado, una aproximación normativa a la guerra que incluye: 1) juristas del derecho internacional que aprecian que la categoría guerra ya no tiene consecuencias jurídicas en el derecho de los conflictos armados; 2) parte de la historiografía y de la sociología que ha analizado la violencia de la segunda mitad del siglo XX.

Esta forma de comprender y usar el concepto es normativa en dos sentidos diferentes. Para el primer grupo, es normativa porque se basa en el estudio de las normas jurídicas (en este caso sobre los conflictos armados) y busca identificar si los hechos satisfacen los requisitos del derecho positivo vigente. Lo que esta posición muestra es que el concepto de guerra no engloba ningún universo de casos jurídicamente relevantes y, por tanto, su uso en el derecho no es técnico. Para el segundo, porque se construye una idea de guerra que puede o no ser estrictamente jurídica o bien propia de alguna definición de las ciencias sociales y humanas con la cual se intenta evaluar la historia a través de ella. Para esta visión, guerra también es un concepto con el cual se evalúa o juzga la realidad.

Por el contrario, también existen especialistas civiles y militares en defensa nacional y producciones historiográficas y sociológicas que entienden que el concepto de guerra es relevante como categoría analítica para pensar los desafíos de la defensa nacional para el país o para la historia de la violencia del siglo XX. Cuanto menos, el concepto de guerra debe reconocerse como una categoría nativa de militares, civiles y organizaciones guerrilleras involucradas en la violencia del siglo XX y, por tanto, amerita ser tenida en cuenta para la comprensión de ese periodo de la historia. Es decir, no debe descartarse su análisis bajo el preconcepto de que, en verdad, no hubo tal guerra.

Esta polémica epistemológica tal vez puede abordarse desde la perspectiva de la historia conceptual de Koselleck (2012). Para el autor, los conceptos políticos fundamentales no se definen, sino que se interpretan. Como dijimos, ellos forman parte de la lucha política y, al resultar insustituibles, cada grupo en contienda reclama el monopolio de significado y uso. Es por esto que están sujetos a los sentidos que se le atribuyen en esa contienda. Guerra suele tener una carga valorativa positiva en relación a terrorismo o represión. Por tanto, las organizaciones armadas irregulares argentinas, por ejemplo, reclamaban estar combatiendo una guerra popular o una guerra revolucionaria y no ser terroristas, lo mismo que los militares, quienes sostuvieron combatir una guerra contrainsurgente o guerra sucia antes que ejerciendo represión o terrorismo de estado. Como dijimos y se ve en estos ejemplos, en la puja política, los conceptos necesitan de adjetivos que los especifiquen.

Esto no significa aceptar un relativismo absoluto sobre los conceptos. La historia conceptual permite apreciar las capas de significados que se asientan sobre él. Existe una trama semántica que, aunque no siga un curso estrictamente lógico, permite explicar los cambios (Palti, 2025). Los conceptos, para Koselleck, contienen o registran historia. Por tanto, aunque la polisemia sea consustancial al concepto, es posible interpretarlo mediante su estudio en el contexto de significados y experiencias político—sociales en que se usa y determinando situacionalmente para qué se usa. El concepto es un haz de experiencias y de expectativas (Abellán, 2007), lo que implica que no cualquier contenido puede ser atribuido al concepto. Es posible indagar en el haz de experiencias y de expectativa, en esa trama semántica que yace en el concepto, para ver si no se está haciendo un uso arbitrario del mismo. De hecho, el control semántico es una de las misiones de la historia conceptual (Aguirre & Morán, 2021).

Para terminar, es interesante mencionar una advertencia hecha en un trabajo reciente por Ricardo Laleff Ilieff (2025) que, aunque aborda una problemática distinta, aplica a nuestro problema:

El investigador perderá capacidad explicativa si busca imponer su mirada por sobre la de los actores y protagonistas, pero también si se vale de estas omitiendo su inscripción en un marco de sentidos mucho más amplio que –siempre– las rebasa. Rehuir la soberbia epistemológica, tanto como las supuestas certezas de la autopercepción, y procurar comprender los sentidos circulantes en una época, sus significantes nodales e imaginarios, es el camino del cual intentaremos no desviarnos aquí. (pp. 43-44)

En definitiva, fuera del ámbito del derecho y del juicio moral de los hechos históricos, es posible y, sobre todo, provechoso para la comprensión del fenómeno, usar el concepto de guerra más allá de una definición acotada en un momento particular de la historia. Lo central tal vez sea la identificación de las mutaciones conceptuales en la guerra, ya que eso nos permite apreciar cómo se tensiona el derecho internacional y nacional referido a los conflictos armados y la defensa nacional, a la par que nos permite identificar los desafíos de la política de seguridad internacional y de defensa nacional. Ahora bien, esto tal vez no implique necesariamente que esa categoría sea genuinamente comprehensiva, ya que, al ser un concepto político fundamental, siempre estará a merced de la lucha política del momento.

Referencias

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Nuevas derechas y negacionismo climático.

Desafíos éticos ante la crisis socioambiental

New Rights and the Denial of Climate Change.

Ethical challenges in the face of the social and ecological crisis

Alberto César Molina¹

Recibido: 05/05/2025

Aceptado:29/03/2026

Resumen

Este artículo reflexiona críticamente sobre la dimensión ética de la crisis climática contemporánea. Analiza fenómenos tales como el negacionismo climático, la demora en la acción y el ascenso de las nuevas derechas, que configuran un escenario político orientado a desestimar los consensos científicos y éticos en torno al cambio climático. En este contexto, se examina de qué manera ciertos discursos políticos actuales, caracterizados por la exaltación de la libertad individual en detrimento del bien común, erosionan la posibilidad de construir una ética ambiental compartida.

A partir de un enfoque interdisciplinario y reflexivo, el artículo propone una revisión de la noción de responsabilidad ética en relación con la acción (o inacción) frente a la crisis socioecológica. Se incorpora, junto con el negacionismo climático, el concepto de demora climática como forma de inacción deliberada, justificada retóricamente bajo supuestos economicistas o ideológicos, lo cual refuerza estructuras de poder que perpetúan la degradación ambiental.

Como estudio de caso, se analiza la actual presidencia de Javier Milei en la República Argentina, en tanto expresión paradigmática del discurso negacionista y del desmantelamiento de políticas ambientales, situando este fenómeno en el marco más amplio del avance de las derechas radicalizadas en América Latina. El artículo pone de relieve cómo estas posiciones reconfiguran los vínculos entre ética, política y medio ambiente, y plantea la necesidad de repensar el compromiso ético desde una perspectiva ecológica, crítica y situada.

El texto concluye con una invitación a reactivar una conciencia ética que supere el individualismo y enfrente los desafíos socio ecológicos con responsabilidad colectiva, entendiendo que la crisis climática no es sólo un problema técnico o científico, sino resaltado su dimensión ético política.

Palabras clave: negacionismo climático – Nuevas Derechas – Javier Milei

Abstract

This article critically reflects on the ethical dimension of the contemporary climate crisis, examining how phenomena such as climate denialism, climate delay and the rise of the new rights configure a political scene that disregards the scientific and ethical consensus on climate change. In this framework, we examine how certain current policy discourses, characterized by the exaltation of individual freedom at the expense of the common good, undermine the possibility of a shared environmental ethic.

Based on an interdisciplinary and reflexive approach, the article proposes a revision of the notion of ethical responsibility in relation to action (or inaction) in the face of the socio-ecological crisis. Along with climate denialism, the concept of climate delay is included as a form of deliberate inaction, rhetorically justified under economic or ideological assumptions, which reinforces power structures that perpetuate environmental degradation.

As a study case, the current presidency of Javier Milei in Argentina is analysed as a paradigmatic expression of the denialist discourse and the dismantling of environmental policies, placing this phenomenon within the broader framework of the advance of radicalized right-wingers in Latin America. The article shows how these positions reconfigure the links between ethics, politics and the environment, and raises the need to rethink ethical engagement from an ecological, critical and situated perspective.

The text concludes with an invitation to reactivate an ethical conscience that overcomes individualism and faces socio-ecological challenges with collective responsibility, understanding that the climate crisis is not only a technical or scientific problem, but highlighting its ethical-political dimension.

Keywords: Denial of Climate Change - New Rights – Javier Milei

I. Introducción

En el contexto de la actual crisis socioecológica Molina y Mellado (2022) el cambio climático se presenta como uno de los desafíos más urgentes y complejos del siglo XXI. Sin embargo, a pesar del amplio consenso científico sobre su existencia y causas, el negacionismo climático ha cobrado fuerza, especialmente en sectores vinculados a las nuevas derechas. Este fenómeno no solo obstaculiza la implementación de políticas ambientales efectivas, sino que también pone en tensión principios éticos fundamentales relacionados con la responsabilidad intergeneracional, la justicia climática y el derecho a un ambiente sano.

Este trabajo tiene como objetivo analizar la relación entre las configuraciones políticas emergentes denominadas nuevas derechas o populismos de derecha y el negacionismo climático, explorando los desafíos éticos que surgen ante la crisis socioambiental. Para ello, se emplea una metodología cualitativa basada en la revisión bibliográfica, el análisis de fuentes institucionales y la identificación de tipologías del negacionismo climático.

El estudio se estructura en tres apartados: en primer lugar, se aborda la relación entre la ética ambiental ante el negacionismo y la demora climática, examinando sus fundamentos filosóficos y morales; en segundo lugar, se analiza el papel de las nuevas derechas ante la crisis socioambiental, identificando discursos y estrategias utilizadas para minimizar o deslegitimar la emergencia climática. Finalmente, se presenta un estudio de caso sobre el negacionismo climático en la era Javier Milei, una figura representativa de esta corriente ideológica.

A partir de este análisis, se busca contribuir al debate sobre las implicancias éticas y políticas del negacionismo y la demora climática, así como reflexionar sobre la necesidad de respuestas integrales para enfrentar la crisis ambiental desde una perspectiva de justicia y sostenibilidad.

II. ¿Una ética ante la crisis socioambiental?

La vida en el planeta atraviesa una crisis sin precedentes, manifestada en el calentamiento global, sequías, pérdida de biodiversidad, fenómenos climáticos extremos, desigualdades crecientes. Ante los efectos del Antropoceno (Crutzen y Eugene, 2000) —entendido como la era geológica en la que la actividad humana se ha convertido en la principal fuerza de transformación del planeta— surge una creciente preocupación ética sobre los comportamientos morales hacia la naturaleza. Estas discusiones pueden sintetizarse en la siguiente reflexión de Warnock (1971, citado en Valdés, 2004):

Consideremos la cuestión de a quiénes se aplican los principios de la moralidad, desde la posición no del agente, sino del paciente. Aquí cabe preguntar: ¿Qué condición debe cumplirse para que algo tenga relevancia moral? ¿Qué requisito es necesario para que un ser o entidad merezca ser considerada por los agentes racionales dentro de los principios morales? (p. 148)

El debate sobre la ampliación de la consideración moral más allá de la especie humana constituye un interrogante central de la ética ante la crisis ambiental. En este sentido, Taylor (2005) se pregunta si “¿Tienen los miembros de la comunidad de vida de la Tierra, independientemente de la especie a la que pertenezcan, un valor intrínseco?” (p.15).

Para diversos autores (Jonas, 1995; Ponce Ramírez, 2017; Valdés, 2004), la ética tradicional se muestra insuficiente frente a los desafíos derivados del cambio global y la irrupción de la tecnología. En su obra El principio de responsabilidad, Jonas (1995), plantea una crítica a la ética convencional, señalando características que, según él, la hacen inapropiada para los tiempos actuales. Ponce Ramírez (2017) retoma estas observaciones y desglosa los siguientes puntos: 1) la concepción de la neutralidad de las acciones humanas respecto a la biosfera, 2) la centralidad del trato directo entre seres humanos en la esfera moral, 3) la idea de una esencia humana inmutable, y 4) la falta de consideración sobre el alcance global de las acciones humanas, que antes estaban limitadas a interacciones inmediatas entre individuos. Ante este panorama, Jonas (1995) argumenta que resulta urgente la creación de un nuevo paradigma ético, que pueda dar respuesta a la crisis socioambiental actual.

Este debate ha originado diversas corrientes dentro de la ética ambiental, que se dividen principalmente en dos grandes enfoques: las éticas ambientales antropocéntricas, que siguen situando al ser humano como centro de la reflexión ética, y las no antropocéntricas, que buscan ampliar la consideración moral a otros seres y elementos del ecosistema.

1. Antropocentrismo

La ética antropocéntrica se fundamenta en la idea de que “el bienestar humano constituye el único valor moral intrínseco, mientras que el resto del mundo natural se valora únicamente en función de su utilidad para los seres humanos” (Valdés, 2004, p. 5). Este enfoque puede identificar sus raíces en el pensamiento de Protágoras de Abdera (411-481 d.C.), quien postuló que el ser humano es la medida de todas las cosas, una premisa que resalta la centralidad del ser humano en la construcción del sentido y valor del mundo que lo rodea. Esta concepción se consolidó a lo largo de la historia y durante el Renacimiento, en un contexto de profundo avance científico y filosófico, fue reforzada por los trabajos de pensadores como Galileo, Bacon y Descartes, quienes, a través de sus investigaciones, subrayan la capacidad del ser humano para dominar y transformar la naturaleza en beneficio propio (de Anguita et al., 2004).

Anguita et al. (2004) sostiene que Immanuel Kant profundiza aún más en esta disociación entre el ser humano y la naturaleza. Desde su perspectiva, la ética se construye sobre un fundamento antropocéntrico, en el cual las obligaciones hacia la naturaleza y los animales son concebidas de manera indirecta, en tanto que se derivan del deber moral que el ser humano tiene consigo mismo. En este sentido Cortina y Conill (1989 citado en de Anguita et al., 2004) afirman:

Kant formula este punto de partida antropocéntrico al afirmar que ‘se toma como deber hacia otros lo que es un deber del hombre hacia sí mismo’, de modo que las obligaciones del hombre frente a la naturaleza y los animales forman parte ‘indirectamente’ del deber del hombre consigo mismo. ( p. 3)

Esta postura refuerza la centralidad del ser humano en la ética y reduce la consideración moral de la naturaleza a su impacto sobre la vida humana.

Sin embargo, dentro del antropocentrismo han surgido enfoques que buscan atenuar sus implicancias ambientales. Se ha desarrollado lo que se conoce como antropocentrismo atenuado, una corriente que, si bien mantiene a la persona humana como centro de la creación, reconoce la necesidad de preservar y cuidar la naturaleza. Un ejemplo de ello es el teleologismo del citado Jonas (1995), quien intenta fundamentar una ética que justifique la conservación del medio ambiente desde una perspectiva metafísica.

El autor introduce el principio de emergencia, cuyo postulado central sostiene que la humanidad debe orientar sus acciones hacia la garantía de su propia supervivencia. En este sentido:

La fundamentación metafísica de Jonas parte de intentar fundamentar su ética en plantearse si la existencia del mundo es en sí valiosa, es decir, si la existencia del mundo es preferible a la nada, intentando encontrar un criterio que pueda aceptar dicha proposición. Dicho criterio es la finalidad (de ahí el nombre de ética teleológica). (de Anguita et al., 2004, p, 2)

Bajo este planteamiento, la ética ambiental antropocéntrica reserva el mundo moral exclusivamente para la persona humana. No obstante, amplía su ámbito de responsabilidad al reconocer la necesidad de una óptima conservación y administración de la naturaleza, no por un valor intrínseco de la misma, sino en la medida en que ello garantice el bienestar humano.

2. Ética ambiental

A medida que se intensifican los efectos negativos del antropocentrismo, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, surgen nuevas perspectivas éticas que cuestionan la visión antropocéntrica del mundo, aún desde los ámbitos de las religiones y su compromiso con el cuidado de la creación (Beling & Vanhulst, 2019). En este contexto, a finales de la década de 1960 y principios de 1970, comenzó a formarse una corriente ética emergente que se conocería como ética ambiental. Un hito significativo en el desarrollo de esta corriente fue el trabajo de Richard Routley, quien en 1973 acuñó el término ética ambiental en su influyente artículo ¿Existe la necesidad de una nueva ética ambiental?: “en su crítica al “chauvinismo humano” y a la concepción antropocéntrica, Routley cuestionó la presunción de superioridad de la especie humana sobre las demás formas de vida, proponiendo un cambio radical en el enfoque moral hacia la naturaleza” (Ponce Ramírez, 2017, p. 53).

Así, la ética ambiental se distingue por ampliar el concepto de valor moral más allá de los seres humanos, reconociendo que diversas entidades del mundo natural, tales como especies animales, ecosistemas y organismos vivos en general, poseen valor intrínseco. “Este enfoque supera la utilidad instrumental de la naturaleza, promoviendo una visión más inclusiva y holística de la ética” (Valdés, 2004, p. 6).

Dentro de esta corriente, se identifican varias perspectivas teóricas, entre las que se destacan tres enfoques principales: la ecología profunda (Deep ecology), el biocentrismo y las teorías que abogan por el valor intrínseco de las experiencias sensibles.

Dentro del grupo de éticas ambientales no antropocéntricas hay también una variedad interesante. En un extremo se ubican los defensores de la ecología profunda que otorgan un valor intrínseco a todo ser natural, vivo o no vivo, y que abrazan una especie de panteísmo; en el centro tenemos a los biocentristas, que defienden el valor intrínseco de la comunidad biótica de la Tierra, esto es, la de todos los seres vivos; y, por último, en el otro extremo están quienes defienden que sólo las experiencias sensibles de los seres vivos pueden tener un valor intrínseco. (Valdés, 2004, p. 6)

La ecología profunda o deep ecology es una corriente de pensamiento que se desarrolla a partir de fines de la década de 1960 y fue sistematizada por Næss (1973) en su artículo “The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement”. Su planteo cuestiona el antropocentrismo y propone una visión ecocéntrica. En este marco, uno de los antecedentes fundamentales es la ética de la tierra de Leopold (1949), quien sostiene que “algo es correcto cuando tiende a preservar la integridad, la estabilidad y la belleza de la comunidad biótica; es incorrecto cuando tiende a lo contrario” (Leopold, 1949, p. 224).

En este sentido, los principios que propone esta línea ética pueden resumirse en ocho grandes puntos, los cuales establecen las bases de un cambio radical en la relación entre el ser humano y la naturaleza. Como lo plantean Anguita et al. (2004), estos principios son:

La vida de los seres no humanos es un valor en sí; la riqueza y la diversidad de estas formas de vida son también valores en sí; los seres humanos no pueden intervenir de manera destructiva en la vida; a este respecto, la intervención humana actual es eminentemente excesiva; por consiguiente, las reglas de juego deben ser radicalmente modificadas; esta modificación radical debe hacerse tanto a nivel de las estructuras económicas como de las estructuras ideológicas y culturales. (p. 3)

Estos postulados no sólo redefinen la relación del ser humano con la naturaleza, sino que también plantean la necesidad de modificar profundamente los sistemas económicos, políticos y culturales que han propiciado la crisis ambiental. La ecología profunda critica el modelo de desarrollo basado en la explotación ilimitada de los recursos naturales y en la maximización del consumo, argumentando que este paradigma es insostenible a largo plazo. En consecuencia, insta a la adopción de un enfoque centrado en la calidad de vida, entendida no como la acumulación de bienes materiales, sino como una existencia equilibrada en la que se respeta la diversidad biológica y se reconoce el valor inherente de todas las formas de vida.

Además, este enfoque no solo implica una transformación en las estructuras económicas y políticas, sino también en el ámbito ideológico y cultural. Según Naess (1973), la sociedad debe replantearse sus valores fundamentales y adoptar una ética que priorice la armonía con la naturaleza sobre el beneficio material inmediato. En este sentido, la ecología profunda exige un compromiso activo por parte de quienes aceptan sus principios, pues considera que el cambio debe ser promovido tanto individual como colectivamente para alcanzar una verdadera transformación en la relación entre la humanidad y el entorno natural.

Cercano al enfoque anterior, el biocentrismo es una perspectiva de ética ambiental que sostiene que tanto los seres humanos como los animales no humanos y las plantas, en tanto individuos, deben ser considerados sujetos de valor moral. A diferencia del ecologismo profundo, que enfatiza la protección de sistemas ecológicos en su conjunto, el biocentrismo se centra en la defensa del mundo natural desde una perspectiva individual, otorgando importancia ética a cada ser vivo en sí mismo. Este enfoque se basa en la existencia de un valor intrínseco determinado por los intereses particulares de cada organismo, lo que justifica su inclusión en la esfera de consideración moral.

Dentro de esta corriente, se distinguen dos posturas principales representadas por Taylor (2005) y Goodpaster (2004). Taylor (2005), desde su concepción del igualitarismo biológico, sostiene que todos los seres vivos poseen el mismo valor moral, independientemente de su función dentro del ecosistema. Por otro lado, Goodpaster (2004) desarrolla un biocentrismo moderado que, si bien reconoce el valor intrínseco de los organismos individuales, plantea una jerarquización dentro de la consideración ética.

Si bien las diferencias entre ambos enfoques pueden parecer sutiles, no son menores. Ponce Ramírez (2017) señala: “mientras que el biocentrismo se enfoca en el valor inherente de cada organismo individual, la ecología profunda extiende este valor a entidades más amplias como ecosistemas e incluso componentes no vivos de la naturaleza” (p. 51).

Esta distinción es fundamental, ya que marca un contraste entre una ética que prioriza la existencia y bienestar de los individuos y otra que valora la integridad de los sistemas ecológicos en su totalidad. Ambos enfoques representan un rechazo a la visión antropocéntrica, aunque desde perspectivas distintas. Mientras que el biocentrismo enfatiza el valor moral de cada organismo individual, la ecología profunda extiende esta consideración a sistemas ecológicos completos, incluyendo incluso elementos no vivos de la naturaleza. A pesar de sus diferencias, ambas corrientes ofrecen alternativas complementarias que buscan redefinir la relación ética del ser humano con el entorno natural.

Las mencionadas concepciones resultan fundamentales para comprender las implicaciones morales de las prácticas humanas sobre el ambiente, especialmente en el contexto actual, donde la crisis socioecológica exige un replanteamiento profundo de nuestras responsabilidades éticas. En este sentido, el debate en torno a la ética ambiental no solo se presenta como una respuesta a las limitaciones del antropocentrismo, sino como una necesidad imperante para la formulación de nuevas bases normativas que incluyan a todas las formas de vida y sus interacciones dentro de los ecosistemas.

No obstante, a pesar del avance de estas corrientes y de la creciente conciencia ambiental, el siglo XXI ha sido testigo del surgimiento de nuevas problemáticas éticas y políticas, entre ellas el negacionismo climático. Este fenómeno, que desafía la evidencia científica acerca del cambio climático y obstaculiza la implementación de políticas ambientales efectivas, plantea un dilema moral y social de gran envergadura. Así, tras haber explorado las relaciones entre ética, prácticas morales y crisis ambiental, nos adentramos en el análisis del negacionismo y la demora climática, sus fundamentos e implicancias éticas como una de las manifestaciones más controvertidas de la actualidad.

III. Negar y disimular lo evidente

1. Negacionismo Climático

El cambio climático es un fenómeno global complejo que involucra múltiples dimensiones, tanto científicas como sociales, y que genera diversas respuestas en la sociedad, desde la preocupación activa hasta el negacionismo abierto. Esta crisis ambiental es el resultado de una interacción entre causas naturales y, sobre todo, antropogénicas, es decir, aquellas vinculadas a las actividades humanas, especialmente aquellas relacionadas con la acumulación capitalista y la explotación insostenible de los recursos naturales (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2018). Según autores como Harvey (2014), la crisis ambiental es una consecuencia directa de la lógica neoliberal que ha priorizado la expansión económica y la maximización de beneficios sin tener en cuenta los límites del medio ambiente. La confrontación entre visiones ecologistas y productivistas sobre el uso de los recursos naturales, o mejor dicho bienes comunes², se configura como causa y como consecuencia de esta crisis.

No obstante, uno de los principales obstáculos a la acción frente al cambio climático es la imposición de un lenguaje de negación, sustentado por movimientos que no solo niegan la existencia del cambio climático, sino que promueven la inacción en cuanto a la adopción de políticas efectivas (Abellán López, 2021). Estos movimientos se basan en narrativas deterministas que buscan naturalizar el calentamiento global, eximiendo a la humanidad de cualquier responsabilidad, y presentando el fenómeno como un proceso inevitable y fuera del control humano (Oreskes y Conway, 2010). Algunos grupos sociales se identifican como escépticos, una posición que, aunque no niega la existencia del cambio climático, pone en duda la magnitud de sus impactos. Sin embargo, una forma disimulada de negacionismo, como se argumenta a lo largo de este análisis. Las distintas inclinaciones políticas, ideológicas y los intereses económicos de los individuos favorecen la consolidación de creencias profundamente divergentes sobre fenómenos como el cambio climático (McCright & Dunlap, 2011)

Es importante señalar que muchas de las posturas escépticas o negacionistas siguen presentes en los discursos oficiales, como se evidencia en las conclusiones de la COP 25 celebrada en Madrid en diciembre de 2019. Estas posiciones no son nuevas, sino que han estado presentes durante décadas, y han sido desarrolladas principalmente en Estados Unidos, donde ha surgido un relato de negación particularmente elaborado, cuya expansión ha sido notable, reflejando un crecimiento significativo de sectores sociales negacionistas. Abellán López (2021) sostiene que:

La negación y el escepticismo del cambio climático antropogénico (anthropogenic global warming, AGW) ha construido cierto corpus teórico en las ciencias sociales. Incluso, se ha generado cierta discusión académica para debatir sobre el término más adecuado para captar afinadamente la oposición a reconocer la realidad sobre el cambio climático. (p.286)

En este contexto, es crucial realizar una distinción clara entre los negacionistas, los escépticos y los contrarios climáticos. Brevemente, se los puede distinguir ya que los negacionistas rechazan la evidencia científica que demuestra la existencia del cambio climático y su vínculo con las actividades humanas. Por su parte, los escépticos, aunque no niegan el cambio climático, minimizan su gravedad y las consecuencias que este tendrá, mientras que los contrarios climáticos atacan activamente a la ciencia y a los científicos, a menudo con apoyo financiero de las grandes corporaciones vinculadas a los combustibles fósiles (Dunlap, 2013).

Las estrategias discursivas empleadas por los negacionistas, corriente que aquí interesa, se encuentran organizadas en diversos repertorios. Abellán López (2021) los sintetiza, sosteniendo que el primero de estos es la negación de la ciencia, en el cual se argumenta que el cambio climático es simplemente parte de un ciclo natural de la Tierra o bien que es el resultado de una conspiración científica global. El segundo es la negación económica, en la que se asevera que las políticas para mitigar el cambio climático, tales como la transición a energías renovables o la implementación de regulaciones ambientales más estrictas, son económicamente destructivas y perjudicarán a las economías nacionales. El tercero es la negación política, en la que se justifica la inacción afirmando que otros países no están tomando medidas similares, y, por tanto, no es necesario actuar a nivel nacional. Estos repertorios de negación se ven ampliados y complejizados por el uso de la desinformación, que desempeña un papel crucial en la propagación de estas ideas erróneas, mediante la difusión de fake news y la manipulación ideológica. Los negacionistas del cambio climático recurren a tácticas que buscan sembrar la duda sobre las evidencias científicas y debilitar la percepción pública de la crisis.

A nivel global, el negacionismo climático no sólo retrasa las acciones necesarias para mitigar el calentamiento global, sino que también tiene implicaciones devastadoras para las generaciones futuras, especialmente en los países en desarrollo, que son los más vulnerables a los efectos del cambio climático. El negacionismo climático, al bloquear la acción colectiva y las políticas públicas, perpetúa un ciclo de inacción que amenaza la seguridad y el bienestar de las poblaciones más desfavorecidas. Por tanto, es imperativo abordar este fenómeno desde un enfoque integral que combine las ciencias naturales y las sociales, para fomentar la alfabetización climática y fortalecer la capacidad de la sociedad para tomar decisiones informadas y responsables frente a la crisis climática.

A partir de ello y desde una perspectiva ética, el negacionismo climático puede entenderse como una manifestación de la corriente antropocéntrica en la ética ambiental. Según esta visión, el valor del medio ambiente se determina por su utilidad para los seres humanos, y no por un valor intrínseco propio de los ecosistemas o las especies no humanas. Este enfoque utilitarista prioriza los intereses humanos a corto plazo, tales como la estabilidad económica y el mantenimiento de los modelos de producción y consumo actuales, sin tener en cuenta los riesgos a largo plazo que los daños ambientales implican para las futuras generaciones y para el equilibrio de los ecosistemas.

Dunlap (2013) sostiene que la negación del cambio climático no es principalmente una cuestión científica, sino una lucha política, donde los intereses materiales de ciertos grupos prevalecen sobre la necesidad de actuar frente a la crisis ambiental. Así, como advierten Oreskes y Conway (2010) la negación del calentamiento global y la minimización de su impacto tienen un objetivo claro: evitar los cambios costosos o incómodos que podrían alterar los intereses económicos de sectores dominantes, como la industria petrolera.

Es decir que, el negacionismo climático refleja una ética que prioriza los intereses económicos inmediatos de ciertos sectores humanos sobre la salud del planeta, lo que resulta en una obstrucción a las políticas que podrían mitigar los efectos del cambio climático. Esta perspectiva es criticada por enfoques éticos alternativos, como el biocentrismo, que otorgan valor intrínseco a todos los seres vivos, no solo a los seres humanos. La lucha contra el cambio climático, por tanto, requiere no solo de avances científicos, sino también de una transformación ética y política que desafíe el antropocentrismo dominante y promueva una visión más inclusiva y sostenible de la relación entre los seres humanos y su entorno natural.

2. Demora Climática

Ante la actual crisis socioambiental, los discursos que no reconocen la misma se han ido sofisticando. Así emerge lo que se podría denominar demora climática, entendida como el conjunto de discursos que justifican la inacción o los esfuerzos insuficientes frente al cambio climático, a pesar de aceptar su existencia, Lamb et al., (2020) sostienen:

Una cuarta estrategia ha recibido relativamente poca atención hasta la fecha: los discursos centrados en políticas que explotan los debates contemporáneos sobre qué medidas se deben tomar, con qué rapidez, quién tiene la responsabilidad y dónde se deben asignar los costos y los beneficios. A estos discursos los llamamos “climate delay”, ya que a menudo conducen a un punto muerto o a la sensación de que existen obstáculos insalvables para adoptar medidas. (p. 1)

Lamb et al. (2020) reúne en cuatro grupos a dichos discursos en función de que propician:

1) Redirigir la responsabilidad, derivando la misma de las principales corporaciones responsables, a la ciudadanía individual, inhibiendo la acción de unos Estados por la inacción de otros o argumentando que los primeros que realicen acciones ambientales contundentes se perjudicarán y beneficiarán a los últimos.

2) Justificar acciones no disruptivas, ya que la solución provendrá de la propia industria de combustibles fósiles, los avances tecnológicos de modo inercial mitigarán el cambio climático, propiciando incentivos selectivos positivos para la acción climática, pero nunca negativos (regulaciones estatales).

3) Una alta complejización de la situación, demasiado análisis trae parálisis, apelando a los efectos negativos que tendrían sobre el bienestar y la justicia social desmontar la actual estructura de acumulación y reproducción.

4) Rendirse ante lo inexorable, tirar la toalla, ya que el cambio es imposible y el futuro catastrófico, inevitable.

Estos discursos pretenden conducir a un punto muerto o a la sensación de que hay obstáculos intratables para tomar medidas. Su objetivo es erosionar el apoyo público y político a las políticas climáticas. En esta definición contemporánea de los discursos la intervención de las redes sociales virtuales marca una diferencia radical en el espectro comunicativo.

En la era de los medios digitales y en línea, el campo de juego de la comunicación se ha nivelado entre las instituciones expertas, los periodistas tradicionales como guardianes de la información y los usuarios de la información.

El equilibrio de control se ha desplazado hacia la gente antes conocida como la audiencia, con un segmento comprometido de usuarios de los medios que participan como contribuyentes activos, colaboradores, creadores, difusores, recomendadores y, a veces, críticos en el debate sobre el cambio climático. (Nisbet, 2011, p. 356)

Las redes sociales virtuales se convierten así en plataformas de amplificación del debate y sensibilización de la problemática del cambio climático. Pero, como toda herramienta, también son utilizadas para polinizar a los usuarios con mensajes de negacionismo o demora climática. Al respecto Nisbet (2011) manifiesta que si bien los medios digitales representan una herramienta valiosa para quienes buscan información sobre el cambio climático, sus propias características dentro del sistema mediático actual también dificultan la movilización de una voluntad pública lo suficientemente fuerte como para influir en los responsables políticos a nivel nacional.

Así, el análisis comienza a traer a la escena a la política como dimensión social central en el debate de la ética ante la crisis socioambiental. En este contexto, las denominadas nuevas derechas han estructurado en sus plataformas electorales y acciones de gobierno posiciones contundentes en torno al cambio climático, promoviendo discursos que minimizan la necesidad de regulaciones ambientales y cuestionan las políticas de mitigación. Esta postura se vincula estrechamente con el negacionismo y la demora climática, utilizando estrategias discursivas que refuerzan la idea de que cualquier transición ecológica significativa conlleva costos inaceptables para la economía y el desarrollo nacional. De este modo, la instrumentalización de la crisis climática en el discurso político de las nuevas derechas refuerza la inacción y perpetúa un modelo de desarrollo basado en la explotación intensiva de los recursos naturales.

III. Nuevas derechas y negacionismo climático: El caso de la presidencia

de Javier Milei en Argentina

1. Las nuevas derechas y el marco ideológico del negacionismo climático

El negacionismo climático no solo se manifiesta en discursos aislados, sino que también ha sido incorporado en las plataformas políticas de diversos movimientos contemporáneos, en particular por las llamadas nuevas derechas. Estas corrientes, caracterizadas por su defensa del liberalismo económico extremo y su escepticismo hacia las regulaciones estatales, han logrado consolidar posiciones de poder en distintos países, obstaculizando políticas de mitigación y adaptación al cambio climático. En este contexto, el caso de la presidencia de Javier Milei en Argentina (iniciado en diciembre de 2023) representa un ejemplo paradigmático de cómo estos sectores abordan la crisis socioambiental, articulando un discurso que combina el rechazo a la intervención estatal con la promoción de un modelo de desarrollo extractivista basado en la explotación intensiva de los recursos naturales.

La denominada nueva derecha es una “corriente político-cultural que surge en oposición al comunismo y al keynesianismo, con exponentes históricos como Ronald Reagan y Margaret Thatcher” (Manero y Ferrás, 2024, p. 58). En el siglo XXI, este fenómeno ha adquirido nuevas manifestaciones con la irrupción de liderazgos carismáticos que desafían el status quo político y económico, como Donald Trump en Estados Unidos, Jair Bolsonaro en Brasil y Javier Milei en Argentina. Manero y Ferrás (2024) sostienen que, si bien estas figuras han sido caracterizadas bajo el rótulo de populistas, sus propuestas difieren sustancialmente de los ciclos populistas tradicionales, ya que no tienen un carácter socialmente inclusivo y, en cambio, se orientan hacia una radicalización del libre mercado y una crítica frontal al Estado y sus instituciones.

El rechazo al orden establecido recoge sentimientos sedimentados de frustración y deseos de terminar con lo que se entiende como la política “realmente existente”, que hace que el gobierno explote, en nombre de una ilusión, el padecimiento de vastos sectores, incluidos quienes lo votan. Ese hastío constituye un rasgo específico que, si bien no define necesariamente los lineamientos de una construcción identitaria como sucede con otras expresiones populistas [...], genera un cierto lazo de identificación con el líder, aunque no entre sí. (Manero y Ferrás, 2024, p.72)

Los autores sostienen que el debate académico en torno a la clasificación de las nuevas derechas oscila entre términos como populismos de derecha y protofascismos. La distinción clave entre ambos radica en que los primeros mantienen ciertos elementos de representación democrática, mientras que los segundos rechazan los principios democráticos y promueven una visión autoritaria del poder. Además, argumentan que estas nuevas derechas encarnan una crítica política radical y buscan consolidar o redefinir una identidad colectiva. En este sentido, su carácter oposicional y desafiante del statu quo, rasgo compartido con experiencias populistas previas, se combina con una visión conservadora del orden social. Aquí señalan una paradoja, ya que, aunque estos movimientos impulsan una reconfiguración social en oposición al modelo vigente, su postura contestataria se sostiene en la reivindicación de valores contrarios a las ideas progresistas (Manero, 2019; Ferrás, 2022; Manero y Ferrás, 2024).

En Argentina, la emergencia de esta nueva derecha se manifiesta a partir del arribo a la gestión pública de Javier Milei, quien ha hecho del combate contra el populismo y el socialismo el eje central de su discurso político. Su liderazgo encarna una reconfiguración del espacio de las derechas en el país, caracterizada por una fusión entre el ultraliberalismo económico y una retórica anti política que desafía los marcos tradicionales de interpretación política. A diferencia de otras expresiones de la extrema derecha en la región, el fenómeno mileista no se sustenta en una reivindicación del nacionalismo o la identidad cultural, sino en un rechazo explícito a la intervención estatal.

Sobre la irrupción de La Libertad Avanza, Semán (2023) expresa que:

El escenario geopolítico global supone fuerzas y recursos financieros, ideológicos y comunicacionales que operan como nutrientes de la formación de La Libertad Avanza, [...]. Pero Milei no es Bolsonaro ni Trump ni un plan perfecto de la internacional negra, sino un fenómeno que tiene parecidos de familia con ellos, pero que metaboliza y hasta radicaliza esas experiencias. [...], Milei tiene un ascenso más abrupto, más acelerado y desde posiciones más marginales que las de los líderes estadounidenses y brasileños. [...], sin experiencia de gestión, sin padrinazgos institucionales y con un partido nuevo que, hasta poco tiempo antes de las elecciones presidenciales, no disponía ni de una mínima red territorial ni de apoyos económicos o sociales institucionalizados [...]. (p. 12)

En ese combate al populismo, “que en última instancia es el combate al Estado de Derecho como garante de la justicia social” (Manero y Ferrás, 2024, p. 72), implica la negación de las causas antropocéntricas del cambio climático. Reconocerlo implicaría develar que la acción humana ha propiciado transformaciones negativas sobre la naturaleza, que los pro procesos productivos poseen un límite dado por la naturaleza y que el capital económico y financiero puede no ser necesariamente el garante de la libertad humana, sino que desbocado y sin regulaciones, puede transformar al individuo en un esclavo sometido a las contingencias creadas por su misma acción de racionalidad económica carente de toda ética ambiental.

2. El negacionismo climático mileista

El posicionamiento de Javier Milei respecto al cambio climático se enmarca dentro de un contexto global en el que otros líderes de derecha han promovido políticas de desregulación ambiental y minimización de la crisis climática. En Brasil, el expresidente Jair Bolsonaro impulsó una política de abandono de la Amazonia, caracterizada por la expansión descontrolada de actividades extractivas intensivas -mineras, madereras y agropecuarias-, el debilitamiento de los organismos de protección ambiental y la promoción de los intereses del sector conocido como Buey, bala y biblia³. De manera similar, en Estados Unidos, el presidente Donald Trump promovió la política Drill, baby, Drill⁴, que buscó aumentar la exploración de petróleo y gas en áreas previamente restringidas, como Alaska, además de revertir iniciativas de transición energética, como la promoción de la energía eólica marina y la expansión de la movilidad eléctrica.

En este marco, el cambio climático ha sido un tema recurrente en los discursos de Javier Milei desde los inicios de su carrera política, en particular en foros internacionales y en su actividad en redes sociales. Su posicionamiento se ha caracterizado por el rechazo de la evidencia científica y la negación del impacto de la actividad humana en el calentamiento global. En 2021, durante una entrevista en la plataforma Twitch con el influencer Julián Serrano, Javier Milei sostuvo que el calentamiento global constituye una construcción ideológica vinculada al socialismo. En ese marco, cuestionó la consistencia de los debates científicos sobre el clima, señalando cambios en las hipótesis a lo largo del tiempo, y afirmó que los modelos de simulación climática estarían deliberadamente sesgados para generar temor en la población (Gardel, 2023a).

En la plataforma electoral de La Libertad Avanza (LLA), para las elecciones presidenciales de 2023, las referencias al medio ambiente son escasas y se encuentran circunscritas al ámbito productivo, específicamente dentro del apartado dedicado a la Agricultura, Ganadería y Pesca. En este contexto, la propuesta del partido menciona la necesidad de propiciar una agricultura que aplique las buenas prácticas, contemplando la sustentabilidad del suelo y la preservación del medio ambiente (La Libertad Avanza, 2023).

No obstante, la formulación de esta medida carece de detalles concretos sobre mecanismos de implementación, regulación o monitoreo, lo que limita su alcance como una política ambiental integral. Como han señalado diversas investigaciones, Milei fue desde un inicio el candidato con menor cantidad de propuestas ambientales concretas (Gardel, 2023a).

En el debate presidencial del 8 de octubre de 2023 el eje desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente, fue incluido en la lista de temas gracias a la votación ciudadana. Allí Javier Milei fue acusado por la candidata presidencial del PRO Patricia Bullrich de negacionista climático, a lo que el economista respondió que no era cierto, pero seguidamente reafirmó que las políticas climáticas lo único que buscan es recaudar fondos para financiar vagos.

No niego el cambio climático; digo que existe un ciclo de temperaturas en la historia de la Tierra y este es el quinto punto del ciclo. La diferencia con los cuatro anteriores es que en esos no estaban los seres humanos. Por lo tanto, todas las políticas que culpan al ser humano del cambio climático son falsas y solo buscan recaudar fondos para financiar a vagos socialistas que escriben papers de cuarta. (La Nación, 2023, párr. 13)

Apenas llegado a la presidencia Javier Milei debió decidir sobre la continuidad de la delegación argentina en la COP 28 de Dubái, que se desarrollaba en medio de la transición presidencial argentina. Tras una fuerte presión internacional, con exhortaciones explícitas de asistencia por parte del presidente de Francia, la ministra de Ambiente de Colombia, y el embajador de Estados Unidos en Argentina (Rocha, 2023), el primer mandatario argentino envió a una representante a la cumbre y mantuvo al país dentro del Acuerdo de París.

En cuanto a su gabinete de gobierno, Milei degradó la cartera ambiental, transformado lo que era el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación en un desguace conformado por una subsecretaría dependiente del Ministerio del Interior, mientras que los Ministerios de Agricultura y Energía asumieron responsabilidades adicionales en la materia. La primera titular de la subsecretaría afirmó que, aunque el cambio climático es innegable, también es natural y cíclico y tiene poco que ver con la industrialización y el ser humano (Avramow, 2024). Además, anunció la suspensión de la Agenda 2030 como política nacional.

En el ejercicio de sus facultades, el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, dictado por el presidente Javier Milei al inicio de su gestión, derogó la Ley 26.737/2011, que establecía límites al dominio extranjero sobre tierras rurales. Sin embargo, la Cámara Federal de La Plata suspendió la aplicación de esa medida. Asimismo, el DNU introdujo modificaciones a la Ley 27.424/2017, eliminando los subsidios estatales y los mecanismos de control previstos en dicho régimen.

Por otro lado, la denominada Ley de Bases y Puntos de Partida N° 27.742/2024 para la Libertad de los Argentinos, conocida como Ley Ómnibus, en su versión original contemplaba la modificación de diversas normativas clave, tales como la Ley de Glaciares, la Ley de Bosques, la Ley de Quema y el régimen de manejo del fuego, con el objetivo de fomentar la inversión. Sin embargo, la versión reducida de la ley, sancionada en julio pasado, se limitó exclusivamente a modificar la Ley 27.007/2014 de hidrocarburos, otorgando al Poder Ejecutivo Nacional la facultad de elaborar, con el consentimiento de las provincias, una legislación ambiental orientada a implementar las mejores prácticas internacionales en la gestión de las actividades de exploración, explotación y/o transporte de hidrocarburos.

Asimismo, en el marco de la Ley de Bases, se sancionó el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), cuya finalidad es atraer inversiones a través de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios durante un período de 30 años. Entre las objeciones que se han formulado contra este régimen, sobresale la preocupación sobre cómo facilitar la creación de instituciones extractivas, además de la contradicción implícita en la disposición que establece la nulidad de cualquier norma nacional o local que restrinja los beneficios del RIGI. Es fundamental recordar que, según la Constitución Nacional, las provincias tienen autonomía para gestionar y legislar sobre sus recursos naturales; por tanto, la redacción del régimen entra en conflicto con dicho principio constitucional (Fundación Ambiente y Recursos Naturales -FARN, 2024).

Otro hecho de relevancia fue la firma del Pacto de Mayo el 9 de julio de 2024, que, en su séptimo punto, comprometió a las provincias a avanzar en la explotación de los recursos naturales. Esta iniciativa suscitó una respuesta inmediata de cerca de ochenta organizaciones ambientales y sociales, quienes criticaron el discurso del presidente Milei, quien afirmó que “la naturaleza debe servir al ser humano y a su bienestar, no a la inversa” (Círculo de Políticas Ambientales, 2024). En su comunicado, las organizaciones argumentaron que dicho pacto:

(…) va a contramano del mandato constitucional, que garantiza a todos los argentinos el derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, y que establece el deber de las autoridades a proveer a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales. (Círculo de Políticas Ambientales, 2024)

El 7 de octubre Milei eliminó por el Decreto 888/2024 el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Fobosque). Ello generó un alto rechazo por parte de las provincias y organizaciones ambientales, argumentando que “esto representaría un retroceso en la política de conservación de los bosques nativos que hoy, en el contexto de la crisis climática, es una de las más urgentes, prioritarias y necesarias” (La Nación, 2024, paráfrasis. 13).

El 13 de noviembre de 2024 Javier Milei ordena el retiro de la delegación argentina de la 29na Conferencia de las Partes (COP29), que se estaba llevando a cabo en Bakú, Azerbaiyán, rompiendo una tradición de participación activa desde hace casi 30 años del país desde la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). “Esta es una decisión gubernamental que no tiene precedentes e implica un cambio de rumbo en la posición global del país. Argentina siempre se destacó por ser activa y propositiva en las negociaciones internacionales ambientales” (FARN, 2024, párraf.. 7).

En el Foro de Davos de 2025 en su alocución del 23 de enero, Milei se despachó nuevamente contra los análisis que responsabilizan a la acción humana en el cambio climático - antropoceno-, vinculando a los mismos con ideologías partidarias y culturales globalistas:

El wokismo, además, se manifiesta en el siniestro ecologismo radical y la bandera de cambio climático. Conservar nuestro planeta para las futuras generaciones es cuestión de sentido común, nadie quiere vivir en un basurero. Pero nuevamente el wokismo se la arregló para pervertir esa idea elemental de preservar el medio ambiente para el disfrute de los seres humanos, pasamos a un ambientalismo fanático donde los seres humanos somos un cáncer que debe ser eliminado, y el desarrollo económico poco menos que un crimen contra la naturaleza.(Oficina del Presidente, 2025, párr. 23)

Y agregó:

[...], cuando uno argumenta que la Tierra ha tenido ya cinco ciclos de cambios bruscos de temperatura y que en cuatro de ellos el hombre ni existía, nos tildan de terraplanistas para desacreditar nuestras ideas, [...]. No es casualidad que estos mismos sean los principales promotores de la agenda sanguinaria y asesina del aborto, [...] diseñada a partir de las premisas malthusianas de que la superpoblación va a destruir a la Tierra y, [...], debemos implementar algún mecanismo de control poblacional. [...], esto ha sido ya adoptado al extremo que hoy en el planeta se está empezando a convertir en un problema la tasa de crecimiento de la población. (Oficina del Presidente, 2025, párr. 24)

En definitiva, la postura de Javier Milei respecto al cambio climático se inscribe dentro de una tendencia más amplia de las nuevas derechas, que han incorporado el negacionismo climático como parte de su discurso político. Su rechazo a la evidencia científica, sumado a su énfasis en la desregulación económica y la reducción del papel del Estado, plantea serios desafíos para la implementación de políticas ambientales en Argentina. En este sentido, su gobierno representa un caso paradigmático de cómo el negacionismo climático puede consolidarse como una barrera para la acción frente a la crisis socioambiental global.

A modo de conclusión

Ante el creciente interés por la ética ambiental en los últimos años, las emergentes nuevas derechas han demostrado una alineación profunda con la reproducción del capital en sus fases extractivas y digital. En este contexto, las posturas de estas corrientes políticas promueven una ética ambiental ligada a un comportamiento moral antropocéntrico, en el que la humanidad y sus intereses económicos se erigen como los únicos parámetros válidos para establecer los horizontes de explotación. Las limitaciones planetarias, ignoradas por estas nuevas derechas, son desplazadas por visiones optimistas como la promesa del avance tecnológico, que incluso sugiere la posibilidad de la colonización de otros planetas, lo que evidencia una falta de responsabilidad frente a la crisis ambiental que atraviesa la Tierra.

El presente escrito ha tenido como objetivo explorar la compleja interacción entre las nuevas derechas, el negacionismo climático y los desafíos éticos que surgen en el contexto de la crisis civilizatoria contemporánea. El análisis se ha centrado en la figura de Javier Milei en Argentina como un ejemplo paradigmático de estas corrientes políticas y de cómo integran el negacionismo climático en su discurso y en la implementación de sus políticas gubernamentales.

La crisis socioambiental global plantea interrogantes fundamentales sobre los comportamientos morales hacia la naturaleza. La ética tradicional resulta insuficiente para afrontar los retos derivados del cambio global y la irrupción de nuevas tecnologías, lo que exige la creación de un nuevo paradigma ético que pueda integrar estos desafíos. En este sentido, el debate entre el antropocentrismo y las éticas no antropocéntricas se convierte en un tema crucial para comprender las implicaciones morales de las prácticas humanas sobre el ambiente. El negacionismo climático puede entenderse como una manifestación extrema del antropocentrismo, priorizando los intereses humanos inmediatos por encima de la salud del planeta y relegando la importancia del bienestar de los ecosistemas y de las generaciones futuras.

Asimismo, el negacionismo climático, alimentado por diversos repertorios discursivos, impide la implementación de políticas ambientales efectivas. La demora climática, entendida como los discursos que justifican la inacción o las respuestas insuficientes, ha evolucionado y ahora emplea estrategias sofisticadas que van desde redirigir la responsabilidad hacia otros actores hasta justificar acciones que no alteran el statu quo. Las nuevas derechas han incorporado el negacionismo climático en sus plataformas políticas, minimizando la necesidad de regulaciones ambientales y cuestionando las políticas de mitigación, lo cual está vinculado a la defensa del liberalismo económico extremo y al escepticismo hacia la intervención estatal.

El caso de Javier Milei en Argentina ejemplifica cómo el negacionismo climático puede consolidarse como un obstáculo para abordar la crisis socioambiental. Su discurso niega las causas antropogénicas del cambio climático, argumentando que las políticas climáticas buscan únicamente “recaudar fondos para financiar vagos” (Gardel, 2023b). Además, las acciones de su gobierno, como la degradación del Ministerio de Ambiente y la modificación de leyes de protección ambiental, refuerzan este enfoque.

Las implicaciones éticas y políticas del negacionismo climático son devastadoras, no solo porque retrasan las acciones necesarias para mitigar el calentamiento global, sino también porque afectan profundamente a las generaciones futuras y a las poblaciones más vulnerables. Desde una perspectiva ética, el negacionismo climático refleja la priorización de los intereses económicos inmediatos de ciertos sectores sobre la salud del planeta y el bienestar de la humanidad en su conjunto.

En consecuencia, la negación del cambio climático y la inacción frente a la crisis socioambiental constituyen algunos de los mayores desafíos contemporáneos para la ética y la política. Es esencial superar la visión antropocéntrica que anteponga los beneficios económicos a corto plazo al bienestar de las generaciones futuras y al equilibrio planetario. Es necesario promover una transformación profunda de los valores y las estructuras sociales, económicas y políticas que han facilitado el deterioro ambiental.

En este sentido, es imperativo promover la alfabetización climática, fortalecer la capacidad de los pueblos para tomar decisiones informadas en procesos de gobernanza lo más simétricos y participativos posibles, y construir un nuevo paradigma ético que reconozca el valor de la naturaleza en relación con la vida humana de forma relacional, promoviendo lazos de comunidad organizada frente al individualismo imperante. El caso de Javier Milei debe servir como una advertencia sobre los peligros del negacionismo climático y la necesidad de resistir las políticas que socavan la protección de nuestra casa común.

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Desgranamiento estudiantil en la Licenciatura en Ciencias Políticas de la FACSO-UNSJ en el periodo 2015-2025

Student attrition in the Bachelor’s Degree in Political Science at FACSO-UNSJ during the 2015–2025 period

Faustino Levato Pérez¹

Constanza del Rosario Estrada Belli²

Ivana Carina Garrido³

Cintia Belén Garay Barrionuevo⁴

Recibido: 07/02/2026

Aceptado:07/04/2026

Resumen

El desgranamiento estudiantil en la educación superior constituye un fenómeno cuya complejidad suele quedar oculta tras las cifras de deserción. Este artículo se sumerge en la dimensión subjetiva de dicha problemática, analizando las percepciones de los y las estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) entre los años 2015 y 2025. A través de un enfoque cualitativo basado en la Teoría Fundamentada, el estudio busca reconstruir las percepciones que rodean las experiencias estudiantiles.

A partir de entrevistas semiestructuradas, la investigación indaga en las tensiones existentes entre las expectativas iniciales de los y las estudiantes y la realidad de la vida universitaria. Se exploran dimensiones que van desde las condiciones socioeconómicas y la compatibilidad laboral, hasta elementos más intangibles como el sentido de pertenencia y el impacto de los vínculos pedagógicos en la permanencia en sus estudios de grado.

El análisis no se limita a describir el abandono como un hecho estático, sino que lo propone como un proceso dinámico de desmotivación y resistencia. Al colocar el foco en la voz de los protagonistas, el artículo cuestiona las lógicas institucionales vigentes y abre el debate sobre la necesidad de nuevas estrategias de acompañamiento. El resultado es una invitación a repensar la universidad pública como un espacio que debe trascender lo académico para reconocer la humanidad de quienes transitan sus aulas.

Palabras clave: desgranamiento estudiantil, percepciones, investigación cualitativa.

¹ Estudiante de Licenciatura en Ciencias Políticas en Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de San Juan, Argentina. ORCID: 0009-0009-2528-0145. Correo electrónico: faustinolevato012@gmail.com

² Estudiante de Licenciatura en Ciencias Políticas en Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de San Juan, Argentina. ORCID: 0009-0002-8547-2631. Correo electrónico: cotiestradabelli@gmail.com

³ Estudiante de Licenciatura en Ciencias Políticas en Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de San Juan, Argentina. ORCID: 0009-0004-6616-4750. Correo electrónico: carinagarridoarredondo@gmail.com

⁴ Estudiante de Licenciatura en Ciencias Políticas en Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de San Juan, Argentina. ORCID: 0009-0002-1948-7181.Correo electrónico: cin.garay18@gmail.com

⁵ El presente artículo no podría haberse realizado sin el acompañamiento de la Dra. Valeria Gili Diez, docente de Metodología de la Investigación II, a quien le agradecemos profundamente por su constante presencia en nuestro proceso de aprendizaje y cuyos aportes significativos nos transformó como estudiantes y personas.

Abstract

Student attrition in higher education constitutes a phenomenon whose complexity is often hidden behind dropout statistics. This article delves into the subjective dimension of this issue by analyzing the perceptions of students enrolled in the Bachelor’s Degree in Political Science at the National University of San Juan (UNSJ) between 2015 and 2025. Through a qualitative approach based on Grounded Theory, the study seeks to reconstruct the perceptions surrounding students’ experiences.

Based on semi-structured interviews, the research explores the tensions between students’ initial expectations and the reality of university life. It examines dimensions ranging from socioeconomic conditions and work–study compatibility to more intangible elements such as sense of belonging and the impact of pedagogical relationships on retention in their undergraduate studies.

The analysis is not limited to describing dropout as a static fact, but rather frames it as a dynamic process of demotivation and resistance. By focusing on the voices of the main actors, the article challenges prevailing institutional logics and opens the debate on the need for new support strategies. The result is an invitation to rethink the public university as a space that must transcend the academic sphere in order to recognize the humanity of those who pass through its classrooms.

Keywords: student attrition, perceptions, qualitative research.

I. El laberinto del desgranamiento: puntos de partida y alcances de la investigación

El presente artículo se enmarca en la tradición cualitativa, bajo el enfoque de la Teoría Fundamentada en los datos (Glaser y Strauss, 1967). Su objetivo es comprender las percepciones de los y las estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Políticas (LCP) de la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), en relación con el fenómeno del desgranamiento estudiantil durante el período 2015–2025.

El desgranamiento estudiantil en la carrera LCP es un fenómeno complejo que afecta la trayectoria y egreso de los y las estudiantes. Comprender la problemática es esencial para reconocer las diversas razones –académicas, socioeconómicas, institucionales, personales– que ponen en juego los y las estudiantes al momento de continuar, retrasar o abandonar la carrera, y que conforman nuestros objetivos de conocimiento.

Respecto a nuestra universidad y en consonancia con la búsqueda de datos para abordar la problemática, el informe de autoevaluación institucional de la UNSJ publicado en 2011 aportó cifras significativas y destaca que el 80% de las personas que ingresan al sistema universitario en la provincia no alcanza a conseguir la titulación. Es de particular interés resaltar que dicho documento expone que, en relación a la diferencia entre la duración estimada y la duración real de las carreras, en la FACSO se enfatiza el caso de la LCP cuyos estudiantes, en promedio, demoran 11 años en alcanzar el título.

Desde la perspectiva de investigación adoptada, se buscó interpretar las percepciones que los actores y las actoras le atribuyen al fenómeno, identificando los aspectos académicos, institucionales, socioeconómicos y vinculares que se ponen en juego en la permanencia o interrupción de los estudios. La investigación se orienta, por lo tanto, a reconstruir los sentidos que atraviesan las vivencias universitarias, considerando que el desgranamiento no se explica únicamente por variables estructurales, sino también por percepciones, vínculos, contextos personales y colectivos que actúan en la continuidad o abandono de la carrera. A diferencia de las investigaciones que cuantifican el abandono, el presente trabajo profundiza en las percepciones que rodean al desgranamiento.

La diversidad de nuestro equipo —que incluye a estudiantes de diferentes cohortes y rangos de edad— nos proporcionó una perspectiva multifacética del problema. Como estudiantes avanzados y avanzadas de la carrera, protagonistas y testigos del fenómeno colocado bajo lupa, reconocemos las dificultades y complejidades que se ponen en juego en esta investigación, pero destacamos también que esta variedad de experiencias nos motiva a explorar las dimensiones de la problemática que preocupa a estudiantes en distintas etapas de su vida y formación académica.

II. Diálogos teóricos: dimensiones y perspectivas sobre el desgranamiento estudiantil

1. Desgranamiento estudiantil

El abordaje de las percepciones estudiantiles exige conceptualizar de manera precisa los procesos asociados a la interrupción, discontinuidad o finalización diferida de los estudios. Algunas investigaciones destacan la existencia de distintas manifestaciones del fenómeno: “ingreso, permanencia, promoción, lentificación, desgranamiento, deserción, e, incluso, distintos modos de permanecer como el/la estudiante “ficticio/a” (quien se reinscribe todos los años, pero no registra actividad académica)” (Algañaraz et al., 2017, p. 55).

Definir el desgranamiento estudiantil implica necesariamente diferenciarlo de otros conceptos, ya que cada uno de ellos incorpora supuestos teóricos y explicativos distintos que condicionan la manera de comprender el problema. En este sentido se destaca que la elección de la categoría desgranamiento estudiantil resulta la más pertinente a los fines de nuestra investigación ya que permite analizar la problemática desde una perspectiva amplia, procesual y no reduccionista, integrando tanto las dimensiones estructurales e institucionales como las subjetivas, y evitando las connotaciones normativas y estigmatizantes presentes en otras nociones como abandono, deserción o fracaso.

En primer lugar, términos como expulsión se utilizan para señalar la capacidad del sistema educativo de excluir de manera consciente o inconsciente a aquellos y aquellas estudiantes que no logran ajustarse a las pautas institucionales exigidas. Sin embargo, no siempre se manifiesta de forma directa, sino mediante mecanismos sutiles que producen desigualdades en el acceso, la permanencia y el egreso de la universidad (Santos Sharpe et al., 2019). Si bien este concepto es útil para visibilizar la dimensión institucional, resulta limitado, ya que tiende a centrarse exclusivamente en la responsabilidad de la universidad, sin dar cuenta de las diversidades estudiantiles.

Algo similar ocurre con el concepto de fracaso, empleado tradicionalmente para referirse a la no finalización de la carrera universitaria, lo que supone una interpretación asociada al valor del título como sinónimo de éxito académico y personal (Santos Sharpe et al., 2019).

Por otro lado, la deserción o el abandono universitario pueden ser definidos de manera operativa como la cantidad de estudiantes que no se rematriculan en una carrera del sistema de educación superior entre uno y otro período académico (Sanseau et al., 2023). Si se profundiza, se distingue que la categoría deserción, ampliamente utilizada, tiende a colocar el peso de la responsabilidad sobre la persona, invisibilizando las condiciones estructurales, institucionales y subjetivas que intervienen en la decisión de no continuar los estudios. Frente a esta mirada, Santos Sharpe et al., (2019), propone sustituirla por discontinuidad, concepto que resulta más inclusivo y menos estigmatizante, pues permite reconocer la multiplicidad de dimensiones y no presupone una ruptura definitiva.

En esta línea, el término abandono ha sido adoptado como una alternativa a deserción para evitar las connotaciones negativas. Como señalan Moreno y Montoya (2010) (como se citó en Santos Sharpe et al., 2019), el concepto proviene del ámbito militar y construye una representación del y de la estudiante como desertor, generando una mirada estigmatizante. En contraste, el abandono se define como el proceso voluntario o forzoso por el que un o una estudiante no continúa sus estudios, reconociendo la complejidad del fenómeno. Sin embargo, mantiene una valoración que implica una decisión unilateral, sin considerar otras formas de tránsito posibles.

Del mismo modo, términos como desvinculación o desafiliación ponen el foco en la responsabilidad institucional. Por ejemplo, Fernández (2010) (como se citó en Santos Sharpe et al., 2019) define al estudiante desafiliado o como aquel que, habiéndose matriculado en un determinado nivel educativo, no lo finaliza y registra un período de inactividad dentro de su trayectoria. Este concepto no capta los procesos intermedios, como las interrupciones temporales, el cambio de carrera o la disminución de la carga horaria.

Frente a estas limitaciones, Viale Tudela (2014, como se citó en Obregón, 2023, p. 183) plantea que el desgranamiento no debe ser entendido únicamente como un abandono total de la vida universitaria ni como una desvinculación plena del o de la estudiante con la institución. Remarca que reducir el desgranamiento al concepto de deserción académica implica desconocer los múltiples modos en que los y las estudiantes continúan vinculados y vinculadas con la universidad —ya sea mediante el uso de instalaciones, la participación en eventos sociales o la pertenencia a agrupaciones estudiantiles—, aunque no logren sostener un cursado regular.

En este sentido, la categoría de desgranamiento estudiantil ofrece una mirada más integradora y procesual. Tal como sostienen Santos Sharpe et al. (2019), el tránsito universitario no puede entenderse desde una lógica binaria de éxito o fracaso, permanencia o abandono, sino que requiere captar la heterogeneidad y la no linealidad de los procesos educativos estudiantiles. El desgranamiento permite incluir una amplia gama de situaciones: desde el abandono definitivo hasta la interrupción temporal, la lentificación en el cursado, los cambios de carrera o incluso las estrategias de alternancia entre estudio y trabajo.

Además, evita adjudicar responsabilidades unilaterales y abre la posibilidad de considerar simultáneamente los aspectos personales, como las motivaciones y proyectos de vida; los factores institucionales, como la flexibilidad curricular y los dispositivos de acompañamiento; y los factores estructurales, como las desigualdades socioeconómicas y las políticas públicas. En este sentido, el desgranamiento estudiantil representa una herramienta conceptual pertinente para comprender un fenómeno complejo, sin imponer juicios de valor ni reducirlo a un único plano explicativo.

2. Percepciones

El concepto de percepción, procedente del campo de la psicología, es fundamental para comprender cómo las personas organizan e interpretan su entorno. Se entiende como “un proceso mediante el cual, los individuos organizan e interpretan sus impresiones sensoriales con el fin de darle significado a su ambiente” (Robbins, 1998, como se citó en Biderbost, 2007, p. 11). A su vez, Wittig (1979, como se citó en Biderbost, 2007, p. 11) recuerda que la percepción complementa los procesos sensoriales, ya que transforma los mensajes sensoriales en algo comprensible. Otra definición, que forma parte de una tradición teórica paralela, sostiene que la percepción es “toda idea de sentido común generada en los habitus, es decir, en las elecciones prácticas aprendidas a través del tiempo y experimentadas en la vida cotidiana y que es analizable a través de los discursos” (Etchegaray Dondé, 2001, como se citó en Biderbost, 2007, p. 12).

Desde una perspectiva sociológica, la percepción también se relaciona con el concepto de habitus de Bourdieu. Las percepciones no son ideas arbitrarias, sino “disposiciones interiorizadas (habitus) que reflejan la estructura social y guían la percepción, el pensamiento y la acción del individuo. No son individuales ni arbitrarias, sino profundamente sociales y estructuradas” (Bourdieu & Wacquant, 1995, p. 11). Las reflexiones sobre el habitus operan como matriz simbólica de percepciones, pensamientos y comportamientos.

El sociólogo Rinesi (2015) complementa esta visión, sosteniendo que las percepciones son la clave para entender por qué los y las estudiantes abandonan. Para él, no es por falta de capacidad, sino por sentimientos de no pertenencia, soledad o desorientación. En este sentido, destaca que la cultura académica y las prácticas institucionales pueden generar barreras simbólicas que hacen que los y las estudiantes, especialmente de sectores populares, sienten que la universidad no es para ellos.

En nuestra investigación la categoría percepciones responde a las representaciones mentales que refieren a opiniones, creencias, sentimientos e interpretaciones que atraviesan los y las estudiantes de la LCP de la FACSO de la UNSJ sobre el desgranamiento estudiantil dentro de la carrera.

3. Aspectos académicos e institucionales

Esta categoría comprende el conjunto de factores estructurales y pedagógicos que configuran el escenario donde se despliegan las percepciones estudiantiles, actuando como mediadores fundamentales entre la intención de estudiar y la permanencia efectiva. Es decir, representan el núcleo estructural de la vida universitaria donde se materializan las condiciones que median entre el o la estudiante y la institución. Refieren a las dimensiones relacionadas con la organización del plan de estudios, las prácticas docentes, las evaluaciones y las respuestas de la institución ante las dificultades del cursado.

Un elemento central identificado es la organización y actualización del plan de estudios; de gran importancia en aquellos casos donde los contenidos son percibidos como desactualizados o alejados de las transformaciones y debates actuales del ámbito profesional. Las prácticas pedagógicas y el vínculo con el cuerpo docente también resultan determinantes, especialmente en lo que respecta a la dinámica del aula y la coherencia entre lo que se enseña y lo que se evalúa. Asimismo, la infraestructura física y los recursos materiales, tales como la disponibilidad de espacios de estudio, comedores y conectividad, no son simples complementos, sino condiciones de posibilidad que facilitan u obstaculizan la cotidianeidad universitaria. Por último, las estrategias institucionales de acompañamiento, que incluyen sistemas de tutorías, orientación pedagógica y programas de becas, constituyen dispositivos críticos para compensar desigualdades de origen y promover una persistencia equitativa en el sistema.

4. Aspectos socioeconómicos

Entendemos esta categoría como el conjunto de condiciones sociales y económicas que atraviesan la vida de los y las estudiantes tales como el nivel de ingresos, la necesidad de trabajar, el nivel educativo y ocupacional del entorno familiar y el acceso a recursos básicos. Estos factores influyen directamente en las oportunidades, elecciones y posibilidades de sostener procesos como la educación superior.

Según Ezcurra et al. (2010), los y las estudiantes provenientes de sectores más vulnerables enfrentan diversos obstáculos que dificultan su permanencia en la educación superior. Entre ellos se incluyen la necesidad de trabajar para sostenerse económicamente, la distancia entre su lugar de residencia y la universidad, y la falta de una formación secundaria sólida. Además, muchos y muchas son los primeros y las primeras en sus familias en acceder a la educación universitaria, lo que implica una menor disponibilidad de acompañamiento familiar y conocimientos previos que faciliten la trayectoria académica.

Por su parte, Paparini y Ozollo (2015) señalan que la educación superior en Argentina transita de un modelo basado en la representación de la universidad como institución que debe garantizar igualdad de oportunidades, hacia otro que concibe esa igualdad como un derecho. Comprender esta transición hacia un modelo que entiende a la educación superior como bien público social, derecho universal y responsabilidad del Estado permite visualizar la relevancia de las políticas y prácticas institucionales orientadas a promover la permanencia de los y las estudiantes universitarios y universitarias.

Las condiciones socioeconómicas constituyen uno de los factores más determinantes en el desgranamiento estudiantil, ya que impactan de manera directa en la permanencia y continuidad de los y las jóvenes en el sistema educativo. Tal como señala Aparicio de Santander (2001), “la deserción universitaria constituye una de las principales preocupaciones de la educación superior en América Latina, tanto por su impacto en la trayectoria individual como por las implicancias para el desarrollo nacional” (p. 5). En este sentido, las dificultades de orden económico no sólo afectan el acceso a los recursos básicos para estudiar, sino que también limitan las oportunidades de desarrollo profesional futuro. La permanencia estudiantil, por lo tanto, no puede comprenderse sin considerar los ingresos familiares, el acceso a recursos educativos y el capital cultural y social con el que cuentan los y las estudiantes. Tampoco se puede dejar de lado los ingresos familiares y la estabilidad laboral de padres, madres, tutores y tutoras porque son aspectos centrales que inciden en la trayectoria educativa. Aparicio de Santander (2001) destaca que los factores que explican el abandono de estudios incluyen, entre otros, problemas de índole económica; una familia con ingresos inestables o empleo informal, encuentra dificultades para sostener gastos relacionados con cuotas, materiales de estudios, transporte o conectividad.

5. Dimensión vincular

La dimensión vincular se sitúa en la intersección entre lo subjetivo y lo social, rescatando la importancia de los lazos afectivos y la integración comunitaria como sostenes vitales del recorrido académico, elementos intangibles pero decisivos. Se definen como las experiencias interpersonales que se tejen dentro y fuera del ámbito académico, incluyendo las relaciones entre compañeros y compañeras, el apoyo emocional, la sociabilidad, el sentido de pertenencia y las responsabilidades familiares.

Esta categoría trasciende la mirada cuantitativa del desgranamiento para entender a la universidad como un espacio social inclusivo donde se construyen redes de transformación y pertenencia. El sentido de pertenencia institucional es un factor clave de persistencia y suele fortalecerse a través de la participación en espacios colectivos donde el estudiantado se apropia de la cultura universitaria y encuentra soporte ante las crisis vocacionales o académicas. El entramado emocional y afectivo opera como una red de contención que permite procesar las frustraciones propias del aprendizaje y las presiones externas. En definitiva, entendemos que la sociabilidad entre pares no solo facilita la circulación de información estratégica sobre la carrera, sino que configura una experiencia compartida que dota de sentido a la permanencia, permitiendo que él y la estudiante se sienta parte de un proyecto colectivo que trasciende el logro individual.

III. Hoja de ruta metodológica: del relato estudiantil a la construcción de categorías

Entendiendo al método como la “forma característica de investigar determinada por la intención sustantiva y el enfoque que la orienta” (Rodríguez et al., 1999, p. 16), la propuesta metodológica de la investigación se sustenta en la investigación cualitativa. Siguiendo a Taylor y Bogdan (2000) ésta se caracteriza por producir datos descriptivos y contemplar que tanto el escenario como las personas, sus palabras y sus conductas, son consideradas por los y las investigadores e investigadoras como un todo.

Desde este posicionamiento nos interesó conocer las percepciones de los y las estudiantes sobre su paso por la universidad. En ese sentido, para acercarnos a la construcción del objeto de estudio, se pretendió comprender cómo se sintieron en la carrera, qué piensan del plan de estudios, cómo fue su relación con los y las docentes, qué dificultades enfrentaron en lo económico y en lo afectivo, cómo se sintieron dentro de la institución, qué expectativas tenían al momento de ingresar a la carrera y también respecto a su futuro laboral, entre otras consideraciones.

Para abordar el desgranamiento, la perspectiva de investigación cualitativa utilizada fue la Teoría Fundamentada en los datos⁶, a partir de los desarrollos de Glaser y Strauss (1967) que propone que las teorías no deben aplicarse desde el inicio, sino surgir desde los propios datos (Schettini y Cortazzo, 2015). Como señalan Strauss y Corbin (1994), este método permite generar teoría a partir de un proceso sistemático que incluye la codificación de datos, la comparación constante y el muestreo teórico.

Este enfoque metodológico nos permite generar conocimientos directamente desde las voces de los y las protagonistas, lo que resulta fundamental para pensar estrategias institucionales que se adapten mejor a las realidades concretas y promuevan la continuidad y culminación de sus estudios, aspecto que representa uno de los propósitos centrales del presente artículo.

El tipo de diseño es flexible, y es seleccionado por su compatibilidad con la Teoría Fundamentada en los datos en tanto perspectiva de la investigación cualitativa. La articulación interactiva de los elementos que conforman el proceso de investigación; la contemplación de la posibilidad de cambio en las preguntas, objetivos y estrategias de construcción de datos; el carácter circular del desarrollo del proceso, en oposición a la linealidad rigurosa de un diseño estructurado, lo convierte en el tipo de diseño más apropiado para nuestra investigación (Mendizábal, 2012).

El espacio empírico de nuestra investigación se ubicó en la FACSO de la UNSJ, tomando como población de referencia a estudiantes de la LCP que cursaron entre los años 2015 y 2025 y que no completaron sus estudios. Consideramos adecuada una delimitación temporal abarcadora de una década para abordar un período signado por distintos modelos de gestión universitaria y políticas públicas, cuyas transformaciones delinearon maneras diversas de concebir la formación y el acompañamiento estudiantil.

Ello supuso la selección de una muestra intencional o basada en criterios ya que se trata de una estrategia en la cual los y las estudiantes son escogidos deliberadamente para proveer información importante que por otras selecciones no podría ser tan bien construida ni sería de utilidad para responder a nuestras preguntas de investigación (Maxwell, 1996).

Esta delimitación del espacio empírico intentó captar la heterogeneidad de las percepciones sobre desgranamiento estudiantil y acercarnos de la mejor forma posible a un campo completo de variación. Los criterios de selección considerados fueron: edad, género, situación laboral y experiencia académica simultánea o posterior.

En cuanto a la edad, los entrevistados y las entrevistadas oscilan entre los veintidós y cincuenta y un años, lo que permitió incorporar tanto experiencias de estudiantes jóvenes que iniciaron la carrera inmediatamente después del nivel medio, como de personas adultas que retomaron estudios en etapas más avanzadas de su vida.

Respecto al género, se procuró un equilibrio entre varones y mujeres con el fin de identificar si los procesos de desgranamiento presentan matices asociados a desigualdades o responsabilidades diferenciadas por género.

La situación laboral constituyó otro criterio relevante, ya que gran parte de los casos seleccionados combinaron el estudio con el trabajo, lo cual permitió explorar de qué manera las exigencias laborales y las responsabilidades económicas interfieren o condicionan la continuidad académica.

Finalmente, se consideró como criterio de interés la experiencia educativa paralela o posterior. Este elemento aportó una perspectiva comparativa valiosa entre distintos modelos formativos —universidades públicas y privadas, tecnicaturas o profesorados— que contribuyó a comprender cómo se resignifican las experiencias previas en Ciencias Políticas y qué dimensiones se relacionan con la decisión de migrar hacia otros espacios académicos.

Estos criterios permitieron captar la heterogeneidad de las percepciones estudiantiles y construir un campo empírico representativo en términos de variación, más que de cantidad, configurando así un corpus de análisis coherente con los objetivos y la direccionalidad teórica de la investigación.

Respecto al acceso a campo, el contacto inicial con los referentes empíricos seleccionados fue posible gracias a la diversidad de cohortes que conforman este equipo de investigación, lo que implicó que parte del equipo tuviera acceso directo a las personas entrevistadas, o conociera a personas que pudieran hacer de nexo. Siguiendo los criterios de ética pertinentes a la investigación cualitativa, se procuró que las entrevistas no fueran realizadas por personas que tuvieran un vínculo de cercanía. Además, se garantizó la confidencialidad y el anonimato a través de la elección de nombres ficticios de su preferencia, criterio que se empleó no sólo para los nombres de las personas entrevistadas sino también para instituciones y terceros o terceras, razón por la cual todos los datos personales fueron modificados.

Se empleó una estrategia metodológica de construcción de datos de tipo intensiva que permitió “entramar procesos socioculturales con los procesos y relaciones vividos y significados por los sujetos” (Achilli, 2000, p. 64). Por ello, la estrategia de construcción de datos empleada fueron las entrevistas semiestructuradas. Para Maxwell (1996) éstas permiten acceder al significado que las personas otorgan a sus experiencias, no buscan datos objetivos, sino comprender cómo los sujetos y las sujetas interpretan su realidad, aportan profundidad, contexto y comprensión de los procesos sociales.

En total se realizaron seis entrevistas semiestructuradas. La cantidad de casos no responde a un criterio metodológico de saturación teórica, sino a un criterio práctico vinculado al carácter formativo de la práctica de investigación. Dado que se trata de un trabajo realizado en el marco de una asignatura, los tiempos y recursos disponibles delimitaron el alcance del relevamiento empírico.

El análisis de datos realizado fue de tipo categorial (Gibbs, 2012). En ese sentido, los procesos de codificación y categorización fueron centrales.

El paso inicial consistió en la lectura de las copias de entrevistas, cuya escucha y transcripción ya conforma una instancia previa propia del análisis, como así también lo es la escritura y reorganización de los memos.

A continuación, tuvo lugar la codificación que consiste en la fracción de los datos para reordenarlos en categorías que faciliten la comparación. Esto contribuye al desarrollo de conceptos teóricos desarrollados inductivamente.

Se debe destacar que, al momento de proceder con la comparación constante de los datos, no se realizaron los procesos siguiendo con exactitud la línea secuencial que propone la Teoría Fundamentada en los datos. Aclaramos que, en vez de realizar una entrevista, transcribirla y codificarla, para luego continuar con la realización de otra; lo que hicimos fue una recopilación de todo el material empírico, y tras la compilación de todas las transcripciones se continuó con la codificación. En este sentido, la comparación se centró exclusivamente en los códigos y en los datos, realizando codificación y categorización, constituyendo estos momentos sólo un momento de todo el procedimiento que encierra necesariamente el método de comparación constante. Dicha limitación no respondió a una decisión arbitraria por parte del equipo de investigación, sino que se relaciona con las condicionalidades prácticas propias del desarrollo de una investigación en el marco de una asignatura semestral con una dedicación horaria no exclusiva para los y las estudiantes que conformamos el grupo de trabajo.

Tras clasificar los códigos por familias, debido a sus semejanzas y diferencias, se fue realizando la estructuración de categorías, subcategorías y propiedades.

La construcción respondió tanto a la emergencia de información en los relatos de los entrevistados y las entrevistadas como a la coherencia analítica necesaria para articular los aspectos institucionales, socioeconómicos, vinculares, y personales presentes en las preguntas de conocimiento. Dicha organización no impone una estructura rígida, sino pretende ofrecer un marco interpretativo que posibilite percibir las tensiones y relaciones que se expresan en las percepciones estudiantiles.

IV. Voces en tensión: hallazgos e interpretaciones del análisis cualitativo

A continuación, se presenta el desarrollo de las categorías centrales emergentes del estudio. Es pertinente señalar que, si bien el proceso de categorización alcanzó una extensión y profundidad mayores en la investigación, en esta instancia se han priorizado aquellas dimensiones fundamentales a los fines de cumplir con los criterios para la presentación del artículo. Cabe precisar que el alcance del análisis está vinculado a una práctica de investigación desarrollada en el marco de una asignatura; por consiguiente, los resultados presentados constituyen una etapa inicial que sienta las bases para futuras líneas de trabajo, orientadas a ampliar el corpus empírico y profundizar la densidad analítica del fenómeno.

1. Relación con los y las docentes

La elección para el desarrollo de la presente categoría se debe a que, en las entrevistas realizadas, la relación con los y las docentes aparece como uno de los ejes más sensibles y complejos del proceso formativo. Los relatos muestran que este vínculo no solo se manifiesta en la experiencia académica, sino también en la construcción subjetiva de la identidad universitaria y en la continuidad o no de la carrera.

El análisis de las entrevistas y de la estructura categorial construida permite afirmar que la relación entre docentes y estudiantes se configura como un punto de inflexión en las experiencias estudiantiles. Además, adquiere un carácter ambivalente dado que puede funcionar como soporte de la permanencia cuando el vínculo es pedagógicamente significativo y humanizado; o como motivo de desgranamiento cuando predominan la distancia, arbitrariedad o deslegitimación de las voces de los y las estudiantes.

Se advierte que, más allá de las diferencias individuales, predomina una percepción de distancia y asimetría. En muchos casos, el trato docente es descrito como frío, formal o autoritario, lo que genera un clima de tensión y desaliento. Se señala que la figura del o de la docente suele ocupar un lugar de poder vertical, donde “el que pone la nota” (M. Álvarez, comunicación personal, 9 de octubre de 2025) se erige como autoridad incuestionable. Esta posición no se expresa únicamente en el plano académico, sino que se extiende a dimensiones vinculares e ideológicas, donde la evaluación suele estar atravesada por afinidades personales o por la coincidencia (o no) con determinadas posturas políticas hegemónicas dentro del ámbito universitario.

Los entrevistados y las entrevistadas transmiten la sensación de que el acto de evaluar trasciende el rendimiento académico y se convierte en una forma de control simbólico. En algunos casos, mencionan que la calificación o la actitud de los y las docentes parecen depender de si el o la estudiante comparte ciertas ideas, o adopta una forma de participación que el profesor o la profesora considera legítima. Esto produce una dinámica en la que la libertad de pensamiento se ve restringida, precisamente, muchos y muchas estudiantes optan por callar sus opiniones o moderar su participación por temor a consecuencias en la instancia de examen. Se destaca que:

...compañeros, que por pensar diferente el profe ya los tildaba, viste, o tenían problemas, o les hacía un poquito más difícil la carrera…eh…pero…ha sido mala desde mi perspectiva, pero porque no hubo un acompañamiento creo. Mucho ‘acá se va a estudiar lo que yo digo y listo’. (M. Álvarez, comunicación personal, 9 de octubre de 2025)

Asimismo, emergen referencias a la falta de acompañamiento y escucha, lo que refuerza una sensación de desamparo institucional. Varios entrevistados y varias entrevistadas señalaron que, ante dificultades o consultas, e incluso en la cotidianeidad de las clases, no encuentran disposición al diálogo, sino respuestas distantes o despectivas. En este sentido, la figura docente se percibe más como evaluadora que como formadora, lo que genera un clima de desconfianza y desmotivación. Respecto a la percepción general de la predisposición docente para con los y las estudiantes, una de las ideas que se sostiene con firmeza es: “Viene a dar sin ganas la clase, no tiene compromiso (...) para mi viene a martirizar gente” (M. Pérez, comunicación personal, 9 de octubre de 2025).

Otro aspecto relevante para los entrevistados y las entrevistadas es la brecha generacional y pedagógica. Se observa que gran parte del cuerpo docente pertenece a generaciones que, según los y las estudiantes, mantienen prácticas antiguas, con escasa actualización metodológica o desconexión con las realidades actuales del estudiantado. “Uno no pretende sacar a (...) dinosaurios ¿me entendés? Pero que vean una realidad que, ¿me entendés?, en la que estamos nosotros. En la que uno está” (L. Gil, comunicación personal, 8 de octubre de 2025).

Este distanciamiento se traduce en clases excesivamente teóricas, poco interactivas y centradas en la exposición magistral. En algunos casos, se menciona que los exámenes finales se basan en la repetición de frases o anécdotas mencionadas en clase, antes que en la comprensión de los contenidos teóricos del material de estudio. Esta modalidad refuerza la percepción de arbitrariedad y desalienta la participación activa.

En contraste, también se reconocen experiencias positivas. Algunos y algunas estudiantes destacaron a docentes que enseñan con pasión, que se muestran cercanos y que logran transmitir entusiasmo y pertenencia. Esos casos son vividos como excepciones valiosas, capaces de revertir parcialmente el desánimo generalizado.

Desde nuestra interpretación, el conjunto de estos elementos evidencia que la relación pedagógica se encuentra tensionada por dinámicas de poder, desigualdad y reconocimiento. En diálogo con Rinesi (2015), puede interpretarse que la universidad, además de producir conocimiento, también configura formas de autoridad simbólica y legitimación cultural que pueden reforzar o cuestionar las jerarquías sociales existentes. Desde su perspectiva, el desafío político de la universidad pública consiste precisamente en democratizar dichas relaciones, garantizando que el acceso y la participación en la vida universitaria no se definan por criterios de exclusión.

En la misma línea, a partir de la noción de violencia simbólica desarrollada por Bourdieu y Wacquant (1995), puede interpretarse que el poder docente participa en la producción y reproducción de legitimidades dentro del campo académico. En este sentido, el acto de enseñar no sólo transmite conocimiento, sino que también consagra determinados modos de pensar, configurando jerarquías simbólicas que definen qué discursos resultan legítimos y cuáles quedan marginados.

El desgranamiento, en consecuencia, no responde sólo a problemas de aprendizaje o rendimiento, sino también a un entramado institucional en el que el aula puede transformarse en un escenario de desigualdad simbólica. Allí donde la evaluación se usa como herramienta de control o sanción, la motivación y la confianza se debilitan; donde el vínculo se humaniza, en cambio, emerge la posibilidad de una experiencia universitaria significativa.

2. Retomar la carrera: entre “yo quiero volver ahí” y “la he dejado definitivamente”

La categoría permite observar que el desgranamiento no se traduce necesariamente en un abandono definitivo, sino que en muchos casos constituye una interrupción transitoria atravesada por aspectos personales, institucionales y simbólicos. Los relatos reflejan una diversidad de posiciones que van desde el deseo explícito de volver, hasta el reconocimiento de una desvinculación irreversible; sin embargo, en algunos casos se conserva algún tipo de lazo con la carrera.

Una parte significativa de los entrevistados y las entrevistadas manifiesta que volvería a cursar, aunque en otro contexto o si cambian algunas cosas. Estas expresiones reflejan una relación ambivalente con la institución: por un lado, persiste el interés por la disciplina, la vocación y la identificación con el campo político; por otro, existe una percepción de agotamiento o desencanto frente a la forma en que la carrera está organizada. Retomar se proyecta, entonces, como una posibilidad condicionada, dependiente de la existencia de cambios estructurales que hagan viable la continuidad.

En otros casos, la idea de retorno se presenta como un horizonte más simbólico que práctico: la carrera aparece como una “carrera pendiente” (L. Gil, comunicación personal, 8 de octubre de 2025), un proyecto inconcluso que conserva valor afectivo y biográfico. Incluso cuando las condiciones materiales o emocionales dificultan la vuelta, los sujetos y las sujetas mantienen viva la representación de que en algún momento podrían hacerlo. Desde nuestra interpretación, esto evidencia que el vínculo con la universidad no se interrumpe de manera tajante, sino que se mantiene en estado latente, como una forma de pertenencia suspendida. El anhelo de volver a la carrera da cuenta de que, aún en la distancia, la pertenencia universitaria permanece viva: “Termino ahora la carrera o me recibo, lo que sea, yo quiero volver ahí” (S. Méndes, comunicación personal, 11 de octubre de 2025).

No obstante, emergen relatos que expresan una decisión más definitiva respecto a la continuidad. Algunos entrevistados y algunas entrevistadas manifiestan haber cerrado el ciclo, no tanto por falta de interés en la disciplina, sino como resultado de una acumulación de frustraciones, decepciones institucionales y conflictos personales con la dinámica académica. En estos casos, la decisión de no regresar se vincula con un proceso de desgaste emocional sostenido en el tiempo, donde la interrupción se resignifica como una forma de protección frente a un espacio percibido como hostil o agotador. “La he dejado definitivamente, ya no voy a volver a la facultad, no voy a volver a cursar” (N. López, comunicación personal, 9 de octubre de 2025).

Si bien en las entrevistas se mencionaron condiciones estructurales como las exigencias laborales, la falta de tiempo, las responsabilidades familiares y la distancia entre el trabajo y la universidad, todas ellas reconocidas como obstáculos recurrentes, lo que aparece con mayor fuerza en los relatos es la percepción de que el problema central no reside únicamente en estas limitaciones materiales o de índole socioeconómica, sino en la capacidad institucional de generar condiciones reales para la revinculación. En otras palabras, más que una cuestión de voluntad individual, retomar la carrera se presenta como un desafío que depende, en gran medida, de la existencia de políticas y dispositivos institucionales que acompañen efectivamente a quienes desean volver.

Desde los referentes conceptuales, Viale Tudela (2014, como se cita en Obregón, 2023) distingue entre abandono y desgranamiento, subrayando que este último se refiere a interrupciones temporales que no implican necesariamente una ruptura definitiva. En consonancia, Santos Sharpe et al. (2019) proponen comprender la discontinuidad como un proceso multidimensional en el que confluyen las biografías personales, las dinámicas institucionales y los contextos socioeconómicos. Desde esta perspectiva, retomar la carrera se configura como un proceso de reactivación del vínculo con el conocimiento y con la comunidad académica, que no depende únicamente de las decisiones individuales, sino también de la manera en que la universidad reconoce, acompaña y articula estas experiencias estudiantiles.

En términos interpretativos, los testimonios sugieren que el deseo de volver es también una forma de resistencia frente a las condiciones que expulsan o desmotivan. Los relatos estudiantiles expresan que, aunque las condiciones puedan desmotivar o generar dificultades, los y las estudiantes conservan un vínculo simbólico con la universidad. Más que un abandono definitivo, el desgranamiento se configura como un proceso de tensión entre las aspiraciones personales y los límites institucionales, donde el interés por la realización académica y profesional no desaparece, sino que emerge en conflicto y lucha por sostenerse frente a las adversidades.

Finalmente, desde una lectura inspirada en Achilli (2000), comprender los procesos educativos implica reconocer la articulación entre las condiciones estructurales y las prácticas significativas de los sujetos y las sujetas. En este caso, las decisiones de retomar o no retomar la carrera no pueden pensarse como elecciones puramente individuales, sino como prácticas situadas que se inscriben en contextos de oportunidad desiguales. Retomar implica no sólo reingresar a un espacio académico, sino también reconstruir un vínculo simbólico con una institución que muchas veces se percibe distante o poco receptiva. Por eso, más que una simple decisión personal, la posibilidad de volver se configura como un acto de reapropiación del sentido universitario, que demanda políticas activas de acompañamiento y reconocimiento.

3. Desmotivación

La desmotivación se presenta como una categoría clave para comprender el proceso de desgranamiento, ya que integra dimensiones emocionales, institucionales y relacionales presentes en la experiencia universitaria. En los relatos, la desmotivación no se presenta tanto como un motivo inicial del abandono, sino como el resultado acumulativo de experiencias frustrantes vividas en el ámbito universitario.

Los y las estudiantes relatan sensaciones de agotamiento y pérdida de sentido asociadas, principalmente, a tres tipos de situaciones: el esfuerzo no reconocido, la ausencia de acompañamiento y la falta de horizontes de realización. En varios casos, se mencionan experiencias en las que, a pesar de haber estudiado intensamente, los resultados no fueron los esperados. “Cuando no aprobás, cuando te estudias todo, vas y decís no, no podés, no puede ser que me haya puesto un dos, me maté estudiando un mes y medio ¿Qué hice mal? Y te replanteas la carrera” (M. Pérez, comunicación personal, 9 de octubre de 2025).

Esta desproporción entre la dedicación invertida y la recompensa obtenida se experimenta como una forma de injusticia simbólica que erosiona el sentido del esfuerzo y desgasta la motivación. La exposición reiterada a este tipo de frustraciones produce un efecto acumulativo en donde los y las estudiantes comienzan a internalizar la idea de que su desempeño nunca será suficiente, aun cuando se esfuercen. Esta percepción genera un progresivo deterioro de la confianza en las propias capacidades y construye una autoimagen académica frágil, atravesada por la inseguridad.

En este marco interpretativo, consideramos crucial destacar que la ausencia de reconocimiento institucional y pedagógico, sumada a la arbitrariedad evaluativa, contribuye a la conformación de un miedo desmedido a rendir exámenes finales. Éste no se reduce a la ansiedad esperable frente a una evaluación, sino que expresa un proceso más profundo de auto-deslegitimación, donde el o la estudiante deja de confiar en su potencial para responder a las exigencias académicas, en algunos casos percibidas como desmedidas.

En este sentido, se percibe que lo que se evalúa muchas veces es la capacidad de reproducir lo que él o la docente espera escuchar. Asimismo, los y las estudiantes destacan la exigencia de repetir contenidos de memoria, sin valorar la comprensión ni la interpretación personal. Esta práctica genera la sensación de que el aprendizaje se limita a reproducir las palabras del o de la docente, en lugar de fomentar el pensamiento crítico y la reflexión. Cuando el o la estudiante intenta expresar lo que entendió y es corregido por no decirlo igual, se produce un bloqueo emocional y una pérdida de confianza en sus propias capacidades. De este modo, en lugar de ser una instancia de validación del aprendizaje, el examen se resignifica como un escenario de amenaza.

En síntesis, entendemos que este miedo a rendir no surge de una falta de voluntad o preparación, sino como resultado de un contexto institucional que no retroalimenta ni reconoce adecuadamente el esfuerzo. La vivencia reiterada de resultados negativos, sin devolución ni acompañamiento, genera un circuito de evitación, donde el miedo se transforma en un mecanismo defensivo para no volver a experimentar lo que se percibe por los y las estudiantes como fracaso.

Otro aspecto que emerge con fuerza es la falta de reconocimiento a los y las estudiantes comprometidos y comprometidas, lo que genera la sensación de que el esfuerzo no tiene valor. Varios relatos aluden a situaciones en las que quienes mostraban iniciativa eran incluso desalentados y desalentadas a colaborar con sus compañeros y compañeras. Se expresa que: “Había chicos muy capaces y… y por ahí también pasaba esto: el profe los veía muy capaces y decía: ‘no, no ayudes a tus compañeros’, ‘no, que tus compañeros vayan solos’” (M. Álvarez, comunicación personal, 9 de octubre de 2025).

En paralelo, la falta de pares con los cuales compartir la experiencia, producto del abandono de otros y otras, genera un sentimiento de soledad que potencia el desgaste emocional. “Empezamos siendo como sesenta, y ya en el segundo semestre, menos de la mitad. Creo que del primer grupo se han recibido dos…hace un montón” (M. Álvarez, comunicación personal, 9 de octubre de 2025).

La disminución del grupo de cursada no se percibe sólo como un dato cuantitativo, sino como una vivencia de pérdida colectiva. A medida que los compañeros y las compañeras abandonan, se desarma la red de apoyo cotidiano que sostiene emocionalmente los procesos formativos. La cursada se vuelve más solitaria y menos estimulante.

Esta dinámica limita la posibilidad de construir redes de apoyo y refuerza la idea de que cada uno o una debe afrontar la carrera en soledad, lo que aumenta la vulnerabilidad frente a situaciones de estrés, frustración o desmotivación:

Lo que yo veía es eso, muy individual. Y si está bien, después cuando salís, o estás en tercer año, está bien, vos podes concentrarte en tu grupo y demás, pero nunca te olvides del factor compañero (...) dale una mano a otra persona. (L. Gil, comunicación personal, 8 de octubre de 2025)

Desde nuestra interpretación, la desmotivación no se reduce a una pérdida de interés individual, sino que se configura como una respuesta subjetiva a condiciones institucionales y pedagógicas poco estimulantes. La repetición de clases monótonas, la desconexión generacional entre docentes y estudiantes, y la ausencia de espacios participativos son percibidas como señales de un sistema universitario que envejece sin renovarse. En este contexto, la figura del o de la docente sentado (M. Álvarez, comunicación personal, 9 de octubre de 2025) y distante, incapaz de interpelar a un público joven, se convierte en símbolo de una universidad que no logra actualizar sus formas de enseñar ni de vincularse con el estudiantado.

En términos teóricos, esta situación puede comprenderse a partir de la articulación entre habitus y campo, propuesta por Bourdieu y Wacquant (1995). Cuando las disposiciones del habitus estudiantil no logran adecuarse a las reglas y expectativas del campo universitario, se produce un desajuste simbólico que afecta la experiencia y la motivación de los y las estudiantes. Es decir, cuando las reglas de ese campo no reconocen las expectativas, los ritmos ni los lenguajes de los sujetos y las sujetas, se genera una ruptura simbólica que deteriora la motivación.

Por último, puede observarse que, aunque algunos y algunas estudiantes deciden abandonar definitivamente, otros y otras continúan o mantienen el deseo de finalizar como una forma de resistencia. En esos casos, la persistencia aparece ligada al orgullo o al desafío personal más que al acompañamiento institucional.

En síntesis, la desmotivación no puede ser comprendida como una simple falta de interés individual, sino como el reflejo de un entramado estructural e institucional que atraviesa las experiencias estudiantiles. Cuando el esfuerzo no encuentra validación, cuando la evaluación pierde sentido formativo, y cuando el vínculo con docentes y compañeros y compañeras se debilita, el proyecto universitario se vuelve frágil.

Desde nuestra perspectiva, la desmotivación actúa como un síntoma visible de procesos más profundos: revela las tensiones entre las lógicas institucionales de enseñanza y las vivencias de quienes estudian. Reconocerla en esta complejidad permite desplazar la mirada que coloca el centro en la responsabilidad del o de la estudiante, hacia la universidad que debe interrogar sus propias prácticas, modos de acompañamiento y formas de reconocer el esfuerzo.

V. La universidad frente al espejo: reflexiones finales

El presente artículo como resultado de una práctica de investigación cualitativa sobre las percepciones del desgranamiento estudiantil en la LCP nos ha permitido trascender la mirada meramente cuantitativa del fenómeno, construyendo un marco interpretativo que articula las vivencias subjetivas con las dinámicas institucionales y contextuales. Los principales hallazgos del análisis se configuran en torno a las dimensiones establecidas en los objetivos de conocimiento, revelando que el desgranamiento en esta carrera es un proceso multidimensional y complejo, a menudo entendido por los actores y las actoras no como un abandono definitivo, sino como una interrupción condicionada por múltiples tensiones.

La vinculación entre los aspectos académicos e institucionales y el desgranamiento se configura como un punto de inflexión en las experiencias estudiantiles. Las percepciones del estudiantado apuntan a una relación tensa y asimétrica con el cuerpo docente. Predomina una visión de la figura docente más como evaluadora que como formadora, marcada por la distancia, el trato formal o, en casos extremos, el autoritarismo y la arbitrariedad evaluativa. Esta dinámica genera un clima de tensión y desaliento, donde la evaluación es percibida como una forma de control simbólico, restringiendo la libertad de pensamiento y la participación activa por temor a consecuencias negativas en el examen.

Un elemento concurrente es la brecha generacional y pedagógica, donde prácticas de enseñanza tradicionales —clases teóricas, exposición magistral, exámenes de repetición— son percibidas como obsoletas y desconectadas de las realidades del estudiantado. La dificultad de los y las docentes para conectar con la juventud se expresa en algunos relatos en términos como dinosaurios, y esta falta de renovación en la docencia se percibe como un aspecto que contribuye al desgranamiento. Respecto a la institución, la percepción es de falta de apoyo y ausencia de detección del abandono, lo que se traduce en una escasa capacidad para generar condiciones reales de re-vinculación a quienes interrumpen sus estudios.

Las percepciones sobre las dimensiones vinculares indican que la experiencia universitaria en la LCP puede ser percibida como individualista y competitiva. La disminución progresiva del grupo de cursada se vive como una pérdida colectiva que desarma la red de apoyo cotidiano, potenciando la sensación de soledad y desgaste emocional.

Aunque se rescatan vínculos de amistad y apoyo emocional (especialmente familiar y de pares), el sentido de pertenencia a la carrera se debilita o no logra concretarse para todos y todas los y las estudiantes. La dimensión vincular se entrelaza con la desmotivación, ya que la ausencia de pares o de un reconocimiento institucional refuerza la idea de que cada estudiante debe enfrentar solo o sola los desafíos académicos, elevando la vulnerabilidad frente a la frustración.

El análisis de las expectativas y motivaciones revela que la desmotivación opera como un resultado acumulativo de experiencias frustrantes, y no como un motivo inicial de abandono. Esta se nutre de la sensación de esfuerzo no reconocido, lo que erosiona la confianza en las propias capacidades y genera un miedo desmedido a rendir exámenes finales.

La posibilidad de retomar la carrera se configura como un horizonte condicionado y, a menudo, como una carrera pendiente. La persistencia del deseo de volver evidencia que el vínculo con la universidad permanece en estado latente y funciona como una forma de resistencia frente a las condiciones que expulsan o desmotivan. Sin embargo, la decisión de no regresar es también el resultado de un desgaste emocional sostenido, donde la interrupción se resignifica como una protección frente a un espacio percibido como hostil o agotador.

Si bien los aspectos socioeconómicos (necesidad de trabajar, falta de tiempo, responsabilidades familiares, costo de transporte, acceso a recursos como conectividad y bibliografía) se reconocen como obstáculos recurrentes, las percepciones de los y las estudiantes enfatizan que el problema central reside en la capacidad institucional para acompañar y generar condiciones de re-vinculación, más que en las limitaciones materiales puras.

Además, la dificultad para visualizar una salida laboral concreta y estable en el campo disciplinar emerge como un motivo de desmotivación y abandono. Las percepciones sugieren una incoherencia entre la formación teórica y una inserción laboral más amplia que la de ser solo asesores políticos y asesoras políticas o limitarse al ámbito educativo. Además, se destaca la importancia de la militancia política para la inserción laboral.

A partir de los hallazgos y las voces de los y las estudiantes, y en consonancia con la estructura categorial desarrollada, emergen problemas no abordados en profundidad por las preguntas iniciales, que podrían guiar futuras investigaciones.

Una de ellas refiere a las implicancias de la ideología en la trayectoria estudiantil. Surge la posibilidad de explorar de forma específica cómo la imposición de una sola voz o ideología hegemónica se traduce en prácticas de exclusión simbólica, autocensura y restricción de la libertad de pensamiento.

Otra línea investigativa podría abordar el rol de la militancia en la permanencia. En ese sentido, los datos construidos a partir de las entrevistas semiestructuradas nos sugieren que analizar el carácter ambivalente de la militancia política en el contexto universitario podría resultar interesante. Por un lado, es vista como un motivo de pertenencia y acceso a información y a redes; por otro, puede ser una fuente de desigualdad y favoritismo, grupos selectos con privilegios, o incluso un factor de desmotivación al no cumplirse las expectativas de cambio.

Por último, también se podría realizar una comparación de modelos de enseñanza y evaluación que permita analizar en profundidad las percepciones sobre la eficiencia y flexibilidad de la universidad pública frente a la privada en términos de modalidades de cursado, acceso a recursos y trato docente.

Es menester destacar que la necesidad de un cambio generacional y metodológico en el cuerpo docente y en las prácticas institucionales emerge como el reclamo más fuerte para transformar el contexto académico y, por ende, las experiencias estudiantiles en la LCP.

Finalmente, deseamos reconocer que, como equipo de investigación, ser parte de esta realidad nos permite comprenderla desde otro lugar, más humano y más honesto. No se trata sólo de analizar el desgranamiento como un fenómeno académico, sino de entenderlo como una vivencia que deja huellas personales y colectivas. Al mirarnos dentro de esta experiencia, sentimos la necesidad de que la universidad sea un espacio donde se escuche, se dialogue y se acompañe.

Llegar al final de esta investigación no significa dar por concluido el objeto de estudio, sino abrir los ojos ante una realidad que duele: la del o la estudiante que se apaga en silencio, que deja de creer, que se retira sin que nadie le pregunte por qué. El desgranamiento no es solo un fenómeno académico, es una herida que muchas veces enseña mucho, pero se la escucha poco.

Como investigadores e investigadoras aprendimos que detrás de cada estudiante hay una historia, detrás de cada historia, una emoción, y detrás de cada emoción, un sistema que podría haber hecho algo distinto. Comprendimos que la educación superior no fracasa por falta de inteligencia, sino por falta de empatía, y que ningún conocimiento vale más que la sensibilidad de mirar al otro o a la otra y reconocer su humanidad.

Hoy entendemos que investigar no es sólo recopilar datos, es mirar de frente las injusticias y tener el coraje de nombrarlas. Es preguntarnos qué papel jugamos nosotros y nosotras, desde la Ciencia Política, en la construcción de un Estado más justo, una universidad más humana y una sociedad más consciente. Porque estudiar, enseñar e investigar son actos profundamente políticos. Cada vez que alguien se anima a volver, a intentarlo, a no rendirse, la educación recupera su sentido más puro, la de transformar la realidad desde adentro.

Deseamos que este trabajo sea una forma de agradecer y también de reclamar, nuestra voz no busca culpables, sino caminos. Porque si logramos que una sola persona se sienta menos sola, si una institución comienza a escuchar, si un o una docente decide enseñar con más ternura, entonces esta investigación habrá cumplido su verdadero propósito; recordarnos que en el corazón de la universidad late la esperanza de un futuro más humano, más justo y más nuestro.