Año 1. Número 1.

REVISTA DE CIENCIA POLÍTICA • UNSJ

ISSN 3008-7376

CONTENIDO

EDITORIAL

Daniel Inojosa Bravo y Valeria Gamboa

PROLOGO DOSSIER

“40 AÑOS DE DEMOCRACIA EN ARGENTINA”

ARTÍCULOS DE DOSSIER 13

Alberto Caballero y Mónica Veramendi Pont


Periodizar el ciclo democrático.

Notas para el estudio a 40 años de democracia

Ezequiel Román Berlochi

Análisis de los factores que impulsaron la irrupción progresiva de las nuevas derechas en Argentina Javier Carri y Alberto Antonio Emilio Galle

Noción de Estado y comunidad en el pensamiento político peronista a cuarenta años de democracia Noel Bazzetti

ARTÍCULOS LIBRES 92

Pensamiento libertario. Una sistematización teórica-política en torno a sus principales enemigos: la democracia y el Estado Federico Alejandro Orihuela Quiroga


El Basural de La Bebida: de problema a solución integradora

Alejandro Nelson Astorga y Walter Daniel Moreno

Deleuze en los confines de la filosofía política:

¿existe una filosofía política deleuziana?

Martín Masciardi Recabarren

Modulaciones del poder punitivo: reformas de la justicia penal y ampliación del poder de castigar

Sonia Silvana Torti y Juan Bautista Sánchez

“Xi Jinping al mando: Reformas Políticas, Económicas y Culturales en la China Contemporánea”

RESEÑAS 171

Mauro Jesús Doña López


Farris, S. (2021). En nombre de los derechos de las mujeres:

El auge del feminacionalismo. Madrid: Traficantes de sueños.

pp. 311. ISBN 978-84-123398-5-7

Hernán Videla

Walter Benjamin, centinela mesiánico: a la izquierda de lo posible. Daniel Bensaïd (autor). El cuenco de plata.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 2021. 288 pág

Santiago Agustin Pereyra Nouveliere


ARTÍCULOS JÓVENES 180

Democracia artificial: reflexiones sobre el alcance de la Inteligencia Artificial en la praxis democrática

Constanza del Rosario Estrada Belli, Octavio Ezequiel Herrera y Lucas Fabián López


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La Unidad Ejecutora de la Revista es el Gabinete de Estudios en Investigaciones en Ciencias Políticas (GEICPO) del Departamento de Ciencias Políticas, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan (FACSO-UNSJ).

Director


Contacto Principal: Gabinete de Estudios e Investigaciones en Ciencias Políticas.

Facultad de Ciencias SocialesUniversidad Nacional de San Juan Av. Ignacio de la Roza 590 (oeste) Complejo Universitario Islas Malvinas | CPA: J5402DCS | Rivadavia | San Juan | Argentina Teléfono: +54 0264 4231949 Email: revistacsp@unsj-cuim.edu.ar


Estudios sobre el poder. Revista de Ciencia Política está licenciada bajo CC BY 4.0© 2 por GEIPO.DPTO DE CIENCIAS POLÍTICAS.FACSO.UNSJ

Editorial

Nos es grato presentar el primer número de Estudios sobre El Poder. Revista de Ciencia Política, publicación del Departamento de Ciencias Políticas dependiente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan.

Universidad Nacional de San Juan- Estudios sobre el Poder. Revista de Ciencia Política / Abril 2025 / N°01. - ISSN 3008-7376

Después de un trabajo sostenido de varios meses, finalmente podemos publicar lo que creemos será un hito en la Ciencia Política sanjuanina. Desde el comienzo tuvimos como propósito darle a una futura publicación del Departamento el status de calidad académica según las exigencias de las publicaciones científicas en nuestro país.

Alcanzar este objetivo nos ha significado un enorme esfuerzo, en primer lugar, para contar con la aprobación del proyecto inicial por parte de nuestra Facultad y luego el reconocimiento, a través del número de ISSN, asignado por el Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica (CAICYT). A continuación, los meses de trabajo con los recursos del software de la plataforma OJS (Open Journal System), la recepción de los artículos, las evaluaciones iniciales de formato por parte de los integrantes del Comité Editorial, las evaluaciones en las instancias de doble ciego y las correspondientes recomendaciones, modificaciones y correcciones sugeridas por los/as evaluadores/as.

El resultado es nuestro primer número con el Dossier: “40 años de democracia en Argentina”, que reúne los aportes de Ezequiel Román Berlochi, Javier Carri y Alberto Antonio Emilio Galle, Noel Bazzetti y Federico Alejandro Orihuela Quiroga.

La sección dedicada a “Artículos Libres” cuenta con las contribuciones de Alejandro Nelson Astorga y Walter Daniel Moreno, Martín Masciardi Recabarren, Sonia Silvana Torti y Juan Bautista Sánchez, y Mauro Jesús Doña López. En el apartado “Reseñas” se destacan los trabajos de Hernán Videla y Santiago Agustín Pereyra Nouveliere. Finalmente, la sección de “Artículos Jóvenes (Estudiantes)” contiene el valioso aporte de Constanza del Rosario Estrada Belli, Octavio Ezequiel Herrera y Lucas Fabián López.

En resumidas palabras, presentamos los artículos de Dossier:

Por último, el artículo joven denominado “Democracia artificial: reflexiones sobre el alcance de la Inteligencia Artificial en la praxis democrática”, de autoría de los estudiantes Constanza del Rosario Estrada Belli, Octavio Ezequiel Herrera y Lucas Fabián López. La propuesta se enfoca en la exploración de las posibilidades y los límites del ejercicio de la democracia en un escenario en donde la Inteligencia Artificial ha obtenido un rol protagónico. La Inteligencia Artificial pertenece al conjunto de estas innovaciones y constituye el perfecto ejemplificador de una invención que progresó a gran velocidad al mismo tiempo que importó una influencia en la vida humana, modificando desde la forma en que los humanos trabajan, se relacionan, se expresan, hasta el modo en que las decisiones políticas son tomadas. La importancia del análisis del círculo vicioso expresado en el algoritmo, la publicidad y el consumo radica en la advertencia de las transformaciones suscitadas en la realidad y se manifiesta en el orden social, político y económico e incluso en la constitución de los sujetos, de modo que motiva el estudio de las probabilidades de que estas nuevas formas y prácticas alteren la naturaleza y actual concepción de la democracia.

Agradecemos a todos los/as autores/as por elegir nuestra Revista y por la calidad de sus contribuciones, que no dudamos serán grandes aportaciones al desarrollo de la Ciencia Política argentina.

También nuestro agradecimiento a todos los docentes e investigadores de la Secretaría de Redacción, el Comité Editorial y los Consejos Científicos Interno y Externo que se comprometieron con su tiempo y dedicación a la Revista. En especial, nuestro agradecimiento al Lic. Ab. Alberto Caballero y a la Mg. Lic. Mónica Veramendi Pont, quienes coordinaron el primer Dossier.

Además, agradecemos a las autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales, al Sr. Decano Dr. Marcelo Lucero ya la Secretaria de Extensión, Lic. Sandra Buso.

Finalmente, un agradecimiento especial a nuestro colega, Lic. Antonio Santos (docente-jubilado del Departamento de Ciencias Políticas), quien generosamente contribuyó con su arte para ilustrar el primer Dossier, con su obra denominada “Caos”.

El título nos invita a reflexionar sobre los actuales escenarios globales y nacionales, caracterizados por la complejidad e inestabilidad. En estas circunstancias, esperamos que una vez más la Ciencia Política esboce respuestas y posibilidades para una acción transformadora.


Universidad Nacional de San Juan- Estudios sobre el Poder. Revista de Ciencia Política / Abril 2025 / N°01. - ISSN 3008-7376

Dr. Daniel Inojosa Bravo y Lic. Valeria Gamboa

Directores

PRÓLOGO

DOSSIER “40 AÑOS DE DEMOCRACIA EN ARGENTINA”


Universidad Nacional de San Juan- Estudios sobre el Poder. Revista de Ciencia Política / Abril 2025 / N°01. - ISSN 3008-7376

Los primeros 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país (1983 – 2023), exigen una reflexión desde la politología que supere las diferencias, antagonismos y enfrentamientos ideológicos. La experiencia de cuatro décadas de régimen democrático es el logro no solo de un sector político, de un grupo económico o de un movimiento social, sino de toda una sociedad que con aciertos y errores en el camino sigue convencida de que la democracia es la mejor manera de vivir en una comunidad políticamente organizada.

El pasado siglo XX en nuestro país estuvo signado por la alternancia entre gobiernos electos por el voto popular y gobiernos de facto. Estos últimos, dictaduras cívico – militares, supieron poner en jaque y cercenar el ejercicio de los Derechos Humanos hasta un extremo último: el derecho a la vida.

Desde el aprendizaje doloroso del autoritarismo en el poder, que marcó buena parte de la reciente historia argentina y de la cultura política de nuestro país, se valoró el retorno a la democracia en octubre de 1983 a través de elecciones libres y competitivas que se constituyeron en uno de los instrumentos por excelencia de nuestra forma de gobierno.

Ahora bien, la clásica distinción entre democracia procedimental, que pone el acento en las reglas e instituciones, y la democracia sustantiva, que centra su preocupación en los problemas de la determinación de un orden justo, parece seguir vigente como tensión ante una realidad cada vez más desigual que imposibilita una mayor democracia.

La brecha entre el deber ser de la democracia y la democracia real, entre la proclamación formal de derechos y libertades y el ejercicio efectivo de las mismas, se traduce en una denuncia constante y en un creciente desencanto sobre las ventajas y beneficios del orden democrático desde aquel retorno esperanzador en 1983. Descontento ciudadano que se expresó en el 2001 con el eslogan “que se vayan todos” y con el mayor nivel de “voto bronca” experimentado en los últimos 40 años de democracia.

La ciudadanía puso en cuestión las instituciones básicas de la democracia moderna, la representación y los partidos políticos que la vehiculizan. Esas críticas no se dirigen hacia la dimensión valorativa o ética de la democracia (sustantiva) como régimen de gobierno, pero sí hacia la dimensión que posibilita su funcionamiento institucional (procedimental) a través del cual debería hacer posible alcanzar aquel “deber ser” democrático.

Frente a este panorama adverso, surgen nuevos formatos de articulación de intereses y decisiones en la convivencia democrática argentina como la “democracia de lo público” (Manin, 2017), donde la creciente incidencia de los medios de comunicación en la conformación de la imagen de los candidatos repercute en una relación de identificación cada vez más débil entre ciudadanía y partidos políticos y entre líderes y /o candidatos y partidos. De manera creciente, los votantes tienden a elegir una persona por sobre el partido o programa de gobierno, fenómeno propio de la personalización de la política.

Por su parte, la llamada “democracia delegativa” (O’Donnell, 2010), definida como aquella

que se basa en la premisa de que la persona que gana la elección presidencial está autorizada

a gobernar como crea conveniente, sólo restringida por la cruda realidad de las relaciones de poder existentes y por la limitación constitucional del término de su mandato.

Cualquier semejanza con la realidad de nuestro país no es pura coincidencia. Estamos viviendo una metamorfosis de la representación política en términos de Manin (2017) que resulta de la crisis de confianza que afecta a gobernantes y gobernados.

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Ante un escenario oscilante e incierto, una forma de lograr un horizonte compartido como sociedad es repensar el sistema de representación en esta organización de la vida en común. Retomar la noción de régimen político en términos aristotélicos como forma de vida en la ciudad, como principio rector. El régimen político según Raymond Aron designa el modo de ejercicio del poder, establece un sistema de protección contra los abusos y arbitrariedades y determina si una sociedad es libre o despótica (Laleff Ilieff, 2019).

Cuatro décadas de democracia ininterrumpida en nuestro país deben servir de aprendizaje para conocer y defender este régimen político como forma de organización de la vida en sociedad. La democracia como construcción humana tiene aciertos y errores, pero sigue siendo hoy el sistema que permite el despliegue de la ciudadanía en sus derechos, demandas y proyectos.

Desde la Ciencia Política es encomiable la posibilidad de espacios de reflexión y debate, como esta publicación académica “Estudios sobre el Poder. Revista de Ciencia Política”, respecto de los temas siempre vigentes en la politología, en un escenario que embate, desde las nuevas derechas, al Estado, la política y los políticos, en el que prevalece en la toma de decisiones de gobierno, la imposición sobre el consenso.


Lic. Ab. Alberto Caballero y Mg. Mónica Veramendi Pont


ARTÍCULOS DE DOSSIER



“Caos” Antonio Santos, 2022.

Periodizar el ciclo democrático. Notas para el estudio a 40 años de democracia

Periodize the democratic cycle. Notes for the study 40 years of democracy

Ezequiel Román Berlochi¹


Universidad Nacional de San Juan- Estudios sobre el Poder. Revista de Ciencia Política / Abril 2025 / N°01. - ISSN 3008-7376

Recibido: 12/03/2024 Aceptado:14/09/2024


Resumen

El presente trabajo busca reflexionar sobre el ciclo democrático más largo de la historia argentina. Para ello establecemos cuatro periodos de análisis a saber: 1) 1983-1990 período de construcción democrática, 2) 1991-2000 los años 90, consolidación de la democracia y reformas, 3) 2001-2007 crisis y reconfiguración del Estado y 4) 2007- actualidad preeminencia de lo político. Buscamos analizar desde la perspectiva sociohistórica las rupturas y continuidades en lo que refiere a los cambios acontecidos a nivel de representación política a lo largo de este ciclo democrático. Especialmente haremos referencia al proceso de metamorfosis y crisis de la representación, con sus consecuentes mutaciones principalmente en el sistema de partidos, su relación con las crisis económicas y las reacciones de la sociedad civil a las mismas. Por otra parte, también nos detendremos en las identidades políticas que se fueron construyendo a lo largo del periodo, sus transformaciones e incidencias en el campo de lo político. De ese modo aspiramos a construir una visión global del ciclo histórico que nos ayude a entender el devenir de la política argentina de la última década. Para tal fin, se repasan los principales hitos desde la recuperación democrática examinando la reconstrucción del sistema de partidos, para luego analizar las crisis por las que fue atravesando a lo largo de estos 40 años.


Palabras clave: Democracia; Política; Partidos; Argentina; Representación.


¹Licenciado en Ciencia Política (UNR). Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacio- nal de Rosario. ORCID: 0000-0002-8569-2194. Correo Electrónico ezequiel.berlochi@fcpolit.unr.edu.ar

Abstract

Universidad Nacional de San Juan- Estudios sobre el Poder. Revista de Ciencia Política / Abril 2025 / N°01. - ISSN 3008-7376

The present work search to reflex about the longer democratic cycle to the Argentina’s history. For that we establish four periods for analyze: 1)1983-1990 democratic construction period, 2) 1991-2000 the 90 years, consolidation of the democracy and reforms, 3) 2001-2007 crisis and reconfiguration of the State and 4) 2007-actualitiy preeminence of the political. We are looking to analyze from the sociohistoric perspective ruptures and continuities about the changes that have occurred at the level of political representation throughout this democratic cycle. Especially we will reference to the metamorphosis process and the representation crisis with their consequents mutations principally in the political parties system, their relations with the economic crisis and the reactions of the social civility. In the odder hand, also we will study the political identities that were making in the period, their transformations and incidence into the political camp. In that way, we aspire to build a global vision of the historical cycle that help us to understand the evolution of argentine policy in the last decade. To this end, the main milestones since the democratic recovery are reviewed, examining the reconstruction of the party system, and then analyzing the crisis it has gone through these 40 years.

Key words: Democracy; Policy; Parties; Argentina; Representation.


  1. Introducción

    El 10 de diciembre de 1983 se concretaba la finalización de un período signado por el predominio de las Fuerzas Armadas en tanto actor político y la alternancia cívico-militar, mientras se configuraba un nuevo modo de hacer política, marcada por el asiento de un régimen democrático. Comenzaba de ese modo un nuevo periodo donde se crearon nuevas referencias simbólicas, identidades políticas y sociales y formas de hacer política. Como todo período histórico, éste no estuvo exento de rupturas y continuidades, así como crisis tanto económicas como políticas. Es en ese sentido que el presente escrito pretende aportar al debate sobre el ciclo democrático, primeramente, estableciendo una posible periodización del ciclo a analizar. Asimismo, buscamos identificar las rupturas y continuidades, así como reconocer los posibles nudos problemáticos presentes en el mismo.

    A diferencia de otros ciclos o periodizaciones, desde la historia política aún no se ha pensado o abordado el período en su conjunto. Por el contrario, lo que hay son trabajos particulares sobre los distintos hitos presentes en estos 40 años de democracia ininterrumpida o estudios centrados en las presidencias. Obviamente, en una periodización general no se puede analizar en detalle o con rigor todos los elementos o cuestiones particulares que acontecieron a lo largo de todos esos años, cuestión que tampoco nos proponemos realizar. La idea, como mencionamos, es tener una visión global del período especialmente en lo que refiere a rupturas y continuidades que nos permita trazar un mejor análisis sobre el conjunto, haciendo foco en los cambios acontecidos en el sistema político, las crisis políticas, las transformaciones identitarias, entre otras.

    Creemos que una aproximación desde la sociohistoria es sumamente valiosa, ya que esta perspectiva se presta al análisis del pasado para comprender el presente. Por otro lado, como plantea Gerard Noiriel (2011), la sociohistoria estudia “problemas empíricos precisos” (p.8) y de esa forma comprender más cabalmente el presente. Las relaciones de poder, los modos en que se construye la legitimidad política, así como las relaciones entre la sociedad civil y la política, son temas de análisis de la sociohistoria.

    Universidad Nacional de San Juan- Estudios sobre el Poder. Revista de Ciencia Política / Abril 2025 / N°01. - ISSN 3008-7376

    Lo anterior nos sirve de referencia a la hora de analizar los nudos problemáticos que vamos a encontrar en la periodización y la reconfiguración en las diferentes coyunturas. En los últimos 8 a 10 años hemos sido testigos de los cambios acontecidos en la arena política, particularmente la alternancia político-partidaria a nivel nacional que se dio en 2015 con la alianza Cambiemos, el ascenso nuevamente del peronismo de la mano del Frente de Todos en 2019 y la reciente victoria en 2023 de La Libertad Avanza. Estas reconfiguraciones políticas traen a colación una serie de problemas que son posibles de ser analizados en perspectiva sociohistórica si tomamos el periodo democrático de larga duración, más que nada cuando la democracia parece haber entrado en crisis, fenómeno que no sería exclusivo de la Argentina, por cierto.

    Para comenzar, podemos establecer la siguiente periodización:

    1. 1983-1990 Período de construcción democrática

    2. 1991-2000 Los años 90, consolidación de la democracia y reformas

    3. 2001-2007 Crisis y reconfiguración del Estado

    4. 2007- actualidad Preeminencia de lo político

      En lo que sigue, abordaremos las características generales de cada periodo, justificamos la centralidad política de cada uno de ellos e identificamos los problemas pasibles de ser abordados desde la historia política y la ciencia política.


  2. 1983-1990 Período de construcción democrática

    El ciclo abierto el 10 de diciembre de 1983 puso fin a la alternancia de gobiernos militares y al poder político de las Fuerzas Armadas, pero como reconoce Marina Franco (2023), este no fue un proceso sencillo y mucho menos concentrado en la victoria electoral del radicalismo de la mano de Raúl Alfonsín. El proceso de transición o construcción democrática ha sido objeto de diversas interpretaciones y análisis (O’Donnell y Schmitter, 1994; Quiroga 1994; Lesgart, 2003; Mazzei, 2011; Franco, 2023). No vamos a profundizar sobre la cuestión teórica de la transición, ya que puede ser encontrada en los textos citados, sí nos parece importante retomar una idea esbozada por Franco (2023) sobre la terminología a emplear al hacer referencia a este momento clave de la historia política argentina contemporánea.

    Para la autora, el término más adecuado para referirse a este periodo es el de reconstrucción democrática o democratización, antes que el más clásico de transición, propio de los debates de la época en la cual todavía no se avizoraba un punto de llegada:

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    …tampoco se trató de un proceso de ‘recuperación democrática’, dado que esa democracia como ejercicio pleno y libre de la ciudadanía sin restricciones y regular, no había existido con continuidad antes y estaba por hacerse. Más bien se trató del fin de la presencia militar en el poder y el gobierno, y el comienzo de un aprendizaje democrático. En todo caso, sí está claro que las y los contemporáneos/as eran plenamente conscientes de que estaban frente a un momento de cambio y movimiento: se terminaba la dictadura y las expectativas estaban puestas en la apertura del juego electoral y un nuevo periodo constitucional. El resto era deseo e incertidumbre (Franco, 2023, p. 19).

    De ese modo, para nosotros tiene más sentido hablar de construcción democrática ya que fue un momento de creación e invención de nuevas formas de hacer política, aunque todavía pervivían algunas viejas formas, como ya veremos más adelante.

    Lo importante del periodo 1983-1990 en lo referido a la construcción democrática tiene que ver con la ponderación de la propia idea de democracia como un modo de vida, más allá de los marcos institucionales, lo cual quedó condensado en la definición del propio Alfonsín durante la campaña electoral de que “con la democracia no sólo se vota, sino también se come, se cura y se educa”, esto avizoraba un horizonte de promesas que corresponde a sucesivos estudios a analizar en detalle. Por lo pronto, esa frase que pasó a la posteridad como una promesa o máxima a seguir, condensó lo que significaba el nuevo periodo que se abría luego de la sangrienta dictadura del autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”.

    Para lograr el mencionado objetivo de construcción de una Argentina democrática, el primer gran problema que se debió enfrentar fue el que se conoce como la “cuestión militar”. Como se sabe, el cambio de un régimen autoritario a uno democrático se hizo sin pacto alguno, como sí ocurrió en otros Estados de la región, debido al colapso del régimen militar producto de tensiones internas, crisis económica y la derrota militar en Malvinas. La imposibilidad de pactar un lugar de privilegio para las Fuerzas Armadas en el nuevo régimen, así como la no investigación de los crímenes cometidos por la dictadura en la denominada “lucha contra la subversión”, dejó al actor castrense en una posición de extrema debilidad que se vio reflejada en la posibilidad de enjuiciar a las cúpulas militares en los históricos juicios de 1985. A pesar de eso, como plantea Hugo Quiroga (1994), en el momento de transición lo que hubo fue un pacto postergado en el tiempo, es decir:

    un pacto diferido en el tiempo, que crea una situación no clausurada sino más bien suspendida. Los sacudones militares en tiempos de la democracia que derivan en las leyes de ‘obediencia debida’ y ‘punto final’, como en el indulto presidencial, pueden explicarse en clave de pacto postergado (p. 456).

    La presión ejercida por los militares en cuatro levantamientos (1987, dos en 1988 y 1990) condicionaron a la naciente democracia. Ello en el marco de una sociedad civil en efervescencia donde el movimiento de derechos humanos tenía un fuerte protagonismo presionando a los gobiernos en relación a la indagación sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura (Jelin, 2017; Feld y Franco, 2015; Lvovich y Bisquert, 2008). Aquí podemos

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    establecer dos momentos, el primero durante el gobierno de Alfonsín, un período signado por rupturas y continuidades, presionado tanto por un poder castrense en descomposición pero que todavía tenía cierto margen de maniobra, como por los organismos de derechos humanos. En el medio, la posición del gobierno civil que trataba de navegar entre las dos posiciones avanzando y retrocediendo (Crenzel, 2014), la propuesta de enjuiciar a las cúpulas militares, el armado de la CONADEP, la publicación del informe Nunca Más y el propio juicio a las Juntas tuvieron sus límites ya sea en las propias limitaciones impuestas por el gobierno (en la distinción en tres categorías de autores de las violaciones a los derechos humanos que limitaba el enjuiciamiento) como en la nula posibilidad de resistir los embates del poder militar en los tres primeros levantamientos carapintadas, que se vieron luego reflejados en las sanciones de las leyes de impunidad (Obediencia Debida y Punto Final).

    El segundo momento se dio durante los primeros años del gobierno de Carlos Menem que culminaría con uno de los principales problemas que encontraba la institucionalización de la democracia y que cierra este periodo. Menem tuvo éxito donde Alfonsín no había podido imponer la voluntad del Estado, logrando cerrar la cuestión militar. Aunque dicho cierre es un tanto agridulce porque si bien lograr el cometido de que las Fuerzas Armadas repriman el último levantamiento carapintada de 1990, lo hace acordando primeramente con los militares un indulto a todos aquellos que habían sido condenados por violaciones a los derechos humanos en los procesos judiciales iniciados con el alfonsinismo.

    De esa manera, “el indulto consolidó la autoridad de Cáceres en el Ejército [Jefe del Estado Mayor del Ejército nombrado por Menem] y destruyó la legitimidad que les restaba a los ‘carapintadas’, que entre octubre y noviembre fueron dados de baja del Ejército” (Canelo, 2011, p. 147)². La cuestión militar se zanjaba definitivamente con el predominio de la impunidad sobre lo actuado por las Fuerzas Armadas en la denominada “lucha contra la subversión”. Por otra parte, al decir de Lvovich y Bisquert (2008), con la asunción de Menem a la presidencia se ponía en juego un nuevo modo de entender el pasado reciente, buscando dejar atrás el pasado para centrarse en las posibilidades que el futuro traería en pos de la “pacificación nacional” (p. 52).

    El último punto nos habilita a tratar uno de los problemas transversales que se verá a lo largo de estos 40 años que tiene que ver con los usos del pasado, ya que la postura de Menem no había sido el primer ensayo interpretativo. En 1983, cuando asumió el primer gobierno civil, se había propuesto lo que se conoció como la “teoría de los dos demonios” (Lvovich y Brisquert, 2008, p. 13; Franco, 2015, pp. 24-25) que ensayaba la inocencia de la sociedad frente a las violencias de los grupos guerrilleros y el accionar represivo estatal equiparándolas.


    ² Es importante aclarar que el levantamiento carapintada de Seineldín de 1990, se produjo luego del otorgamiento de una primera tanda de indultos, como especifica Paula Canelo “el alzamiento buscaba desplazar a la cúpula del Ejército y recuperar el espacio perdido dentro de la institución. Su proclama afirmaba: ‘Esto no es un golpe de Estado: nosotros

    respetamos la Constitución, pero desconocemos el generalato. El Comandante legítimo del Ejército es el Coronel Mohamed Alí Seineldín’” (Canelo, 2011, p. 148). La consolidación de la autoridad de Cáceres al interior del Ejército, producto de

    los indultos, fue lo que permitió que la institución en conjunto reprimiera al movimiento insurreccional, rompiendo “el pacto intramiliatar de Villa Martelli, que había logrado mantener un cierto equilibrio interno” (Canelo, 2011: 147). Como sintetiza la autora, con ese acto Menem lograba instaurar la visión de que el movimiento de carapintadas no era el Ejército Nacional y por lo tanto carecía de legitimidad.

    La idea de reconciliación, tenía en su matriz la propuesta de los “dos demonios” puesto que el terrorismo estatal es colocado en el mismo plano que el “terrorismo subversivo”: ambos son igualados en la medida en que se afirma que es necesario que cada uno, humildemente reconozca en el otro aciertos y errores. Sólo así, el odio y la venganza, no la necesidad de impartir justicia, serán superados, abriendo las puertas al “mutuo perdón” y a la “unidad nacional” (Lvovich y Brisquert, 2008, p. 52).

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    Ambas teorías se dieron en un contexto de movilización social particularmente de los organismos de derechos humanos que se movilizaban con el afán de solicitar justicia por las violaciones cometidas durante la dictadura. Y puede que esa movilización y masificación de protestas durante este primer periodo, sea el punto más notable al momento de analizar el ciclo democrático. Aquí quisiéramos referirnos a un punto nodal que tiene que ver con la construcción y consolidación de la democracia, como dijimos anteriormente, la coyuntura política post-Malvinas habilitó a que la sociedad civil se movilizara y los partidos políticos salieran del letargo impuesto por la dictadura.

    Un primer hito tiene que ver con la masividad en que ciudadanos y ciudadanas se afiliaron a diversos partidos políticos, siendo el Justicialismo y la UCR los que más afiliados y afiliadas tuvieron (casi cuatro millones de personas entre ambos, aunque no fueron los únicos partidos que incrementaron sus filas). La reconstrucción institucional de la democracia argentina comenzaba entonces desde abajo, con un gran caudal de afiliados/as y militantes, además de que los partidos comenzaban sus propios caminos de renovación, siendo la UCR quien lo hará en el contexto de transición, mientras que el PJ lo hará una vez derrotado en la contienda electoral, siendo que era el principal favorito para hacerse con la primera magistratura (Franco, 2023; Levitsky, 2005).

    Lo que nos interesa resaltar de este tema es un rasgo que tendrá el sistema político argentino democrático y que durará hasta mediados del período siguiente, la consolidación de un sistema de partidos anclado en una especie de bipartidismo, expresado en la alternancia entre la UCR y el PJ en los distintos cargos electivos (Abal Medina, 2004). De ello se desprende la alternancia entre ambos partidos especialmente en 1989 cuando Carlos Menem del PJ ganó la elección presidencial sumado a la instauración de un sistema de negociación institucional entre ambos partidos y líderes, tema que se verá mejor en el apartado siguiente.

    Para finalizar con este apartado, consideramos importante destacar, siguiendo a Inés Pousadela (2006), que la campaña de 1983 trajo aparejado consigo un cambio fundamental en el sistema político-partidario argentino. La autora sigue en este caso a Bernard Manin (Manin, 1992 citado en Pousadela, 2006), cuando plantea el concepto de metamorfosis de la representación, clave para entender el devenir histórico-político de la política argentina en estos 40 años, puesto que refiere a todos aquellos:

    Fenómenos relacionados con la declinación de la importancia de los programas partidarios, la personalización de los liderazgos y la instrumentalización de los partidos políticos por parte de sus líderes, el imperio de los medios de comunicación y la preponderancia de la imagen por sobre el debate programático. (Pousadela, 2006, pp. 9-10)

    A pesar de la reconstitución de los partidos políticos, especialmente de los “dos grandes” de la Argentina, la campaña y elección de 1983 comenzó a exponer la crisis del sistema de partidos de masas. Como sostiene la autora:

    La campaña de 1983 fue, sobre todo, la que marcó el inicio de una nueva era en la política argentina. En ella se hizo sentir la presencia novedosa de una ‘ciudadanía fluctuante’ capaz de definirse en función de los acontecimientos políticos de coyuntura y, en particular, frente a los sucesos que puntuaban las campañas electorales. (Pousadela, 2006, p. 67)

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    Si bien podemos considerar que el periodo 1983-1990 mantuvo las identidades políticas preexistentes, especialmente entre radicales y peronistas aunque no fueron las únicas³, lentamente comenzaba a vislumbrarse una serie de cambios significativos que acentuaron la crisis de los partidos políticos en el siguiente periodo y terminaron eclosionando en 2001, estando ahora frente a una crisis de la representación, entendida como aquellos “fenómenos tales como la percepción de la incapacidad o corrupción de la llamada clase política, indiferenciada en su composición y con intereses corporativos más poderosos que los de sus representados, y la desconfianza hacia las instituciones representativas” (Pousadela, 2006, p. 10)

  3. 1991-2000 Los años 90, consolidación de la democracia y reformas

    Como mencionamos anteriormente con la represión del último levantamiento carapintada, la cuestión militar se zanjó definitivamente consolidándose la democracia, especialmente en lo que refiere a una estructura institucional funcional (partidos políticos, Parlamento) y la desactivación definitiva de las Fuerzas Armadas en tanto actores políticos. Aun así, cuestiones clave como lo referido a los derechos humanos y a los crímenes cometidos por la dictadura no encontraban respuesta a las demandas de la sociedad civil, dejadas de lado con la idea de reconciliación nacional, esgrimida por el gobierno de Carlos Menem en pos de un futuro promisorio, llegando al punto álgido con el otorgamiento de los indultos a los culpables de los juicios iniciados en el periodo anterior. .

    Los años 90 se destacan por dos cuestiones fundamentales, la apertura económica que implicó una reconfiguración del rol del Estado y un mayor peso del mercado, especialmente financiero, y los primeros síntomas de la crisis del sistema político de partidos con cambios en las identidades políticas existentes que terminará desembocando en una crisis de representación. Asimismo, retomando el planteo de Pousadela (2006), los años 90 también marcaron la profundización de la metamorfosis de la representación política, pasando a tener liderazgos marcadamente personalistas y un rol cada vez más activo de los medios de comunicación en la política.

    Sobre el primer aspecto, el gobierno radical de Alfonsín terminó su mandato (entregando el mando seis meses antes) en medio de una crisis económica y social que puso en juego la


    ³ Ya que se crearon otras, como por ejemplo la UCDE (Franco, 2023).

    institucionalidad recientemente conseguida. El proceso hiperinflacionario, los saqueos a comercios y las demandas de la sociedad civil ciertamente fueron una prueba de fuego que la democracia argentina tuvo que pasar. Ello en un clima electoral donde se renovaron las autoridades nacionales, obteniendo el justicialismo la presidencia de la Nación, hito de suma relevancia ya que por primera vez en casi más de medio siglo un gobierno elegido por la ciudadanía entregaba el mando a otro gobierno electo y de distinto signo partidario sin objeción alguna.

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    Es posible pensar que la década de los 90 en Argentina comienza en 1991, cuando el gobierno de Menem inició una política económica favorable al libre mercado y a la desregularización de la economía, acompañada de una redefinición del rol del Estado en la mencionada actividad. Este proceso de reforma estuvo reflejado en las sanciones de las leyes de Emergencia Económica y Reforma del Estado en 1989 y la Ley 23.928 de convertibilidad de 1991⁴ acompañado con el nombramiento de Domingo Cavallo como ministro de Economía (Basualdo, 2010; Belini y Korol, 2020). Con esta última comenzaba a perfilarse el proyecto económico de Menem y los cambios en lo referido a la matriz estatal imperante en las décadas anteriores. En buena medida, serán estas reformas, aunque no las únicas, las que inicien el proceso de crisis en que el sistema político argentino estaba cayendo.

    En lo que refiere a este punto, si durante la etapa anterior se había procurado la (re) construcción y consolidación de un orden institucional democrático, poniendo énfasis en las instituciones tanto estatales como partidarias, los años 90 parecían desarrollarse en un clima un tanto diferente. La construcción de la democracia, como vimos en el apartado anterior, tuvo como principal protagonista (pero no el único) a los partidos políticos, fenómeno que podemos apreciar en el nivel de afiliación registrado en el contexto de transición de un régimen autoritario a uno democrático. A finales de la década, la crisis de los partidos políticos había alcanzado al recientemente reconstituido sistema de partidos, fenómeno que podemos enmarcar dentro de los que Pousadela (2006) denomina como metamorfosis de la representación ¿Cómo impactó en el sistema político argentino?

    El cambio de signo político en la administración nacional trajo aparejado varias transformaciones algunas de las cuales ya hemos presentado. En lo estrictamente político, retomando el planteo de Alfredo Pucciarelli (2011), Menem se abocó a la construcción de una legitimidad para llevar a cabo las reformas esbozadas, tratando de prescindir del aparato partidario, configurando de este modo una nueva relación con la ciudadanía que tuvo como eje rector la centralidad de su liderazgo personal y la interacción con la está por medio de los medios de comunicación. La puja entre el partido, representado por Antonio Cafiero presidente del PJ y el presidente de la Nación, giraba en torno al cambio de la matriz económica que éste último buscaba implementar. De ese modo comenzó a construirse una imagen de Menem en tanto líder prescindente de las estructuras partidarias.


    ⁴ Que fijaba la convertibilidad del dólar y el peso en un cambio fijo (1 a 1).

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    Los éxitos iníciales en lo económico, además de las victorias obtenidas en las elecciones legislativas de 1991 y 1993, llevó a Menem a buscar un segundo mandato para lo cual era necesario la reforma de la Constitución. En ese marco se producen los acuerdos de Olivos, una reunión entre Menem y Alfonsín en la que acordaron algunos puntos de interés para ambos partidos como la reelección del presidente por un mandato consecutivo o la elección de un tercer senador en representación de la primera minoría. Aquí ya se puede comenzar a evidenciar la crisis de los partidos políticos, puesto que la UCR se hallaba debilitada por lo traumático de la salida del gobierno de Alfonsín, mientras que el PJ comenzaba a sufrir las primeras escisiones producto del giro programático de la política económica.

    Estos sectores que se alejaron del justicialismo conjuntamente con otros espacios conformaron el Frente Grande, como una expresión de oposición al acuerdismo de los dos partidos hegemónicos y a las políticas neoliberales. El Frente Grande rápidamente desplazó a la UCR como el principal partido de oposición, quebrando de este modo el “bipartidismo” imperante desde la recuperación democrática. La elección presidencial de 1995 lo demuestra al obtener el 27,83% frente al 16% de la UCR, quedando en el segundo y tercer puesto respectivamente⁵ . Este éxito, sumado a la popularidad de la dirigencia frepasista, hizo que la UCR iniciara negociaciones en vista a la constitución de una coalición política. De ese modo, en 1997 se constituye la Alianza por el trabajo, la justicia y la educación, o simplemente Alianza, amalgamando a los dos espacios políticos.

    El contexto del surgimiento de la Alianza es significativo. A pesar de la importante victoria en la elección presidencial, el gobierno de Menem comenzaba a exhibir algunos desgastes. Por un lado, la figura presidencial y su entorno eran objetados por la sucesión de casos de corrupción que involucraron a las más altas esferas del poder. Durante los 90 se producen una serie de hechos criminales que se relacionaban directamente con el poder político⁶ .Para mediados de la década comienzan a hacerse sentir los efectos negativos de las políticas neoliberales, mostrando una activación por parte de la sociedad civil en movimientos como el piquetero o de trabajadores desocupados (Svampa, 2005).

    En ese clima de efervescencia social la Alianza encuentra un nicho para construir su política, con un discurso que buscaba contraponerse al menemismo enfrentado al par dicotómico honestidad-corrupción, así como la propuesta de políticas que buscaban paliar los efectos sociales regresivos de la economía neo-liberal, pero sin abandonar la convertibilidad (Persello, 2007; Dikenstein y Gené, 2014; Basualdo, 2010; Belini y Korol, 2020). El paroxismo de la crisis de los partidos políticos se encuentra en la constitución de este espacio político, una coalición electoral sumamente desequilibrada, como la han


    ⁵ El PJ que llevó a Carlos Menem como candidato a presidente obtuvo el 47,49%, siendo reelecto. Resaltamos que, en esa elección, el Frente Grande concurrió como FREPASO, al haber agrandado la base de coaliciones partidarias que lo conformaban inicialmente.

    ⁶ Los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA (1992 y 1994) son los más paradigmáticos, a los que se podría sumar la voladura de la ciudad de Río Tercero en 1995 para encubrir el contrabando de armas a Ecuador y Croacia, entre tantos otros.

    retratado Violeta Dikenstein y Mariana Gené (2014), con una importante disparidad de fuerza: una UCR debilitada en términos sociales pero poseedora de un fuerte aparato partidario y un FREPASO muy fuerte de cara a la sociedad, pero débil en lo interno, muy dependiente de los liderazgos personalistas de sus referentes y del peso mediático.

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    A pesar de obtener la victoria presidencial en 1999 con la fórmula Fernando de la Rúa- Carlos “Chacho” Álvarez con promesas de cambio, particularmente en lo que refería a un nuevo rumbo en la política volcado hacia la transparencia y la honestidad, la experiencia de la Alianza terminó naufragando críticamente no sólo por la crisis económica desatada por la negativa de abandonar, o por lo menos reformar, el plan de convertibilidad, sino también por la incapacidad de funcionar como un espacio político cohesionado. Es decir, el caso de la Alianza evidencia que su constitución fue meramente con un objetivo electoralista, sin contar con un proyecto político propio y compartido entre todos los actores intervinientes.

    El desbalance entre los socios de la coalición se hizo notar en la función de gobierno, al igual que la continuación de viejas prácticas heredadas del periodo anterior. Concretamente, nos referimos al escándalo del Senado que involucró denuncias de sobornos para aprobar la reforma laboral, que por otra parte profundizó la ya efectuada por Menem. La denuncia involucró a senadores del PJ y la UCR, mientras la figura del vicepresidente se ponía en una posición bastante complicada al ser él quien presidía el cuerpo. Las idas y vueltas entre los dos principales líderes de la coalición por intentar resolver la crisis que se había producido por la denuncia, no hicieron más que acentuar las divisiones y diferencias entre ambos partidos. La imposibilidad de resolver la misma terminó con la renuncia de Álvarez a la vicepresidencia de la Nación en diciembre de 2000, aunque el FREPASO no abandonó la coalición.


  4. 2001-2007. Crisis y reconfiguración del Estado

    El ciclo democrático argentino reconoce dos puntos de inflexión. El primero es el 10 de diciembre de 1983, con la inauguración del ciclo que, como hemos visto, sentó las bases para la construcción y consolidación de la democracia. El segundo, fueron las jornadas del 20 y 21 de diciembre de 2001 que pusieron en jaque a la joven democracia argentina. La resolución institucional de la crisis llevó tiempo, como veremos en el presente apartado. En momentos donde no se sabía qué podría pasar con el sistema democrático, marcó un hito de suma importancia que apuntaló al sistema al resolver la crisis desde adentro. De cualquier manera, debemos hacer mención que la cuestión se resolvió con ciertos altibajos. La crisis de la política no fue sencilla de recomponer, concretamente la relación del sistema político con la ciudadanía. Este periodo puede ser dividido en dos momentos. Desde 2001 hasta 2003, donde la crisis de representación y descontento con la política se hizo sentir con fuerza y de 2003 a 2007, el ciclo que concuerda con el primer gobierno kirchnerista, momento donde aún perduraba la desconfianza hacia el sistema y comenzaba su lenta recomposición y la del rol del Estado en medio de una profunda crisis económica y social. Entendemos que la crisis no se resuelve con el nombramiento de un presidente o con la celebración de elecciones, sino que conlleva una serie de modificaciones tanto en lo político como en lo económico, cuestión que se terminaría

    de resolver recién sobre el final del periodo. Pero vayamos por parte.

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    El escándalo del Senado fue la primera de una serie de crisis, que como reconocen Dikenstein y Gené (2014) socavaron las bases de la coalición política de la Alianza⁷. A la renuncia y salida del gobierno del vicepresidente se le sumó la imparable crisis económica y social que en menos de un año se cobraría la renuncia de tres ministros de economía (Machinea, López Murphy y Cavallo), finalizando con la renuncia del propio presidente en diciembre de 2001. Un detalle no menor para lo que venimos trabajando en el presente escrito, tiene que ver con las elecciones legislativas de octubre de 2001. La importancia de esta elección radica en que es el momento donde comienza a visibilizarse la crisis de representación (Pousadela, 2006; Cheresky, 2003). El nivel de voto en blanco e impugnado, al igual que la abstención electoral, marcaron la tónica en la mencionada elección que más tarde, en las jornadas de protesta social de diciembre de ese año, se sintetizaría en la consigna “que se vayan todos”. Ésta, explicaba el nivel de desconfianza en que había caído el sistema político argentino frente a una sociedad a la cual no podía dar respuesta a las principales inquietudes provocadas por la crisis económica. En ese contexto comenzaron a surgir distintas formas de organización de tipo político y social por fuera del aparato institucional, como las asambleas barriales, los clubes de trueque y la recuperación de fábricas declaradas en quiebra por parte de sus trabajadores en forma de cooperativas. La sociedad comenzaba a buscar soluciones a los problemas por fuera de los canales institucionales al desconfiar de la política y particularmente de “los políticos”. Se trataron de experiencias político-sociales novedosas ancladas en territorios particulares con participación plena e igualitaria de vecinas y vecinos que recurrieron a formas de participación horizontales de democracia directa (Svampa, 2005; Rossi, 2005; Cabral, 2006; Pousadela, 2006 y 2011). Es menester resaltar que, aunque estas experiencias fueron más bien acotadas y de corta extensión en el tiempo, su importancia radicó en el descrédito en que había caído la

    política institucionalizada.

    En términos institucionales la continuidad del sistema logró mantenerse con la reunión de la Asamblea Legislativa que eligió un presidente para que continuara con el mandato truncado de Fernando De La Rúa con el nombramiento, en última instancia, del senador por el PJ


    ⁷ Para estas autoras, son tres los hitos que tendieron a debilitar y socavar las bases de la Alianza: el escándalo en el senado y la renuncia de Álvarez; el fallido blindaje financiero y la renuncia del ministro de economía Machinea y finalmente, la corta gestión de López Murphy, sumado a la vuelta de Cavallo luego de la renuncia del primero debido al ajuste al que había sometido a la sociedad, aceleró la disolución de la Alianza debido a la imposibilidad de controlar la crisis económica (Dikenstein y Gené, 2014).

    Eduardo Duhalde⁸. El año y medio que éste estuvo al frente de la presidencia procuró encontrar solución a la crisis económica y social, frente a una sociedad que impugnaba a la política tradicional, buscando nuevas formas de expresión como ya hemos enumerado. Paralelamente, los partidos políticos profundizaron aún más la crisis en la que estaban inmersos desde mediados de la década anterior, como se vio en la elección de 2003.

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    Podríamos decir que una de las consecuencias políticas de la crisis de 2001 fue la redefinición de las identidades políticas, a la luz de los cambios que exhibieron los partidos políticos, especialmente el PJ y la UCR. A ello hay que sumar el clima de volatilidad y fragmentación electoral, así como el descrédito de la ciudadanía hacia el sistema político-partidario. Podemos sostener, a modo de hipótesis, que entre los años 2001-2003 el sistema político argentino entró en una severa crisis que combinó tanto crisis de representación como el inicio de una gradual metamorfosis que comenzaría a desarrollarse sobre finales de este periodo para acentuarse en el siguiente. Pasemos a examinar algunas problemáticas presentes en ese particular momento.

    En primer lugar, hay que considerar dos las elecciones realizadas en la coyuntura descrita anteriormente. La legislativa de octubre de 2001, de la que ya hemos hecho mención, y las elecciones generales de 2003, mantuvieron un gran índice de abstencionismo, voto en blanco e impugnado. La desconfianza hacia la política tradicional, sumada a la crisis social y económica, provocó un fuerte cortocircuito entre la ciudadanía y la dirigencia política, que terminó generando una mayor profundización de la crisis en la que estaban inmersos los partidos políticos. Ello responde en buena medida al desgaste para el PJ ocasionado por el gobierno de Carlos Menem y a la traumática experiencia de la Alianza que diluyó al FREPASO y puso en crisis al armado político de la UCR. Es ese sentido, recurriendo al planteo de Gerardo Aboy Carlés (2001), las identidades políticas que se habían comenzado a construir en la coyuntura de la transición hacia la democracia y que habían sustentado en buena medida la constitución de los partidos políticos en tanto organización política, comenzaron a perder fuerza y centralidad, dando lugar a nuevas identidades, muchas de ellas efímeras o por lo menos mucho más débiles que las tradicionales.

    En segundo lugar, en sintonía con lo anteriormente planteado, el comienzo de una redefinición de los partidos políticos en un momento donde ya la propia idea de partido, o por lo menos como lo plantea Pousadela (2004) asociada al partido de masas dejaba de tener el sentido aglutinador de antaño para pasar a organizaciones mucho más efímeras y ancladas en un fuerte liderazgo y personalismo, como exponentes de la nueva representación política, entendida por la autora como “la carencia de un social previo que deba reflejarse en el


    ⁸ Para estas autoras, son tres los hitos que tendieron a debilitar y socavar las bases de la Alianza: el escándalo en el senado y la renuncia de Álvarez; el fallido blindaje financiero y la renuncia del ministro de economía Machinea y finalmente, la corta gestión de López Murphy, sumado a la vuelta de Cavallo luego de la renuncia del primero debido al ajuste al que había sometido a la sociedad, aceleró la disolución de la Alianza debido a la imposibilidad de controlar la crisis económica (Dikenstein y Gené, 2014).

    Terreno político, el carácter coyuntural y fluctuante de los apoyos que es capaz de cosechar, la levedad de las adhesiones que concita y de las identidades que constituye” (Pousadela, 2004, p. 127). Para la elección presidencial de 2003, la primera en importancia desde el colapso del gobierno de la Alianza y todavía con el “que se vayan todos” resonando, se evidenció la severa desestructuración de los partidos políticos tradicionales.

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    En el caso del PJ concurrió a la elección con tres espacios políticos distintos que reconocían una misma identidad de origen: Carlos Menem con el Frente por la Lealtad, Néstor Kirchner con el Frente para la Victoria y Adolfo Rodríguez Saá con el Frente Movimiento Popular; a su vez la UCR si bien concurrió con su sello con la candidatura de Leopoldo Moreau, mostró su desestructuración con la conformación de dos coaliciones una de centro-derecha con Ricardo López Murphy con RECREAR y una de centro-izquierda con Elisa Carrió con el ARI que se llevaron desprendimientos del centenario partido y construyeron alianzas con otros espacios o partidos más pequeños (Pousadela, 2004).

    Otra lectura merece el resultado de la elección, que como dijimos todavía arrastraba los efectos de la desconfianza por parte de la ciudadanía reflejados en grandes niveles de ausentismo y voto en blanco o impugnado. Carlos Menem fue el candidato más votado con un 24%, seguido de Néstor Kirchner con el 22%, lo que debió resolverse en un ballotage que nunca ocurrió, ya que, ante un presumible vuelco masivo de votos hacia el gobernador santacruceño, el expresidente Menem terminó bajándose de la segunda vuelta, siendo Néstor Kirchner proclamado presidente de la Nación⁹. La escasa legitimidad de origen del nuevo presidente post-crisis, marcó un desafío importante en lo que respecta a la democracia argentina, dado que la sociedad se encontraba sumida en una crisis social y económica que, si bien comenzaba lentamente a repuntar, todavía no lograba estabilizarse. Además, hay que sumar un sistema de partidos fraccionado y totalmente desconectado de sus bases de legitimación y sustento, impugnados por una ciudadanía que desconfiaba de ellos.

    El segundo momento de este periodo comenzaba con el gobierno de Néstor Kirchner (2003- 2007), teniendo que afrontar los desafíos ya enunciados. La estrategia que persiguió Kirchner fue la de construir una base de legitimidad abandonando la confrontación directa, y promoviendo en cambio instancias de diálogo directo con organizaciones populares, junto a los planes sociales ya entonces masivos. Las políticas novedosas en materia de Derechos Humanos y los efectos visibles de la reactivación económica, le dieron al presidente la posibilidad de erigirse en líder post hoc del proceso de ruptura con el régimen neoliberal (Cantamutto, 2017).


    ⁹ Cabe recordar que la interna peronista en esa coyuntura se había tensionado entre la puja por el control del partido entre el expresidente Menem, que había crecido en las encuestas y comenzaba a tener mayor espacio en los medios de comunicación, especialmente haciendo gala de los años más virtuosos en lo económico de su gobierno, frente al presidente provisional Duhalde con quien sostenía un viejo enfrentamiento. En esa coyuntura, y ante la imposibilidad de presentarse a la elección (además de que su gestión venía seriamente golpeada por la continuación de la crisis y por la represión al movimiento piquetero), apadrinó al prácticamente desconocido gobernador de la provincia patagónica de Santa Cruz, Néstor Kirchner como su “delfín” en la elección, además de construir alianzas con otros actores tanto sociales como políticos. Para más detalle sobre esto, véase Cheresky (2004); Gallo y Bartoletti (2013) y Cantamutto (2017).

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    En un contexto de crisis política y tensiones sociales, Kirchner tuvo que replantear un esquema de alianza con distintos actores para revertir la escasa legitimidad de origen y fortalecer su gobernabilidad. Como ha planteado acertadamente Francisco Cantamutto (2017), el presidente realizó una serie de alianzas articuladas mediante la noción de transversalidad, de ese modo se concretaron lazos con diversos actores tanto sociales, corporativos como políticos¹⁰. La transversalidad buscó la incorporación de diversos partidos y dirigentes políticos de una amplia extracción partidaria que confluyeron en el gobierno de Néstor Kirchner, concretamente un sector de la UCR que tendría cierto protagonismo en la etapa siguiente encabezando la vicepresidencia. De cualquier manera, como afirma el autor, este esquema de alianza se mantuvo hasta el 2008, quebrándose en el gobierno de Cristina Fernández en pleno conflicto con el agro. Cabe destacar que si bien podría reconocerse en el modo de gobernar de Néstor Kirchner un esquema de tipo populista, todavía no estaba conformada una identidad política kirchnerista, como si lo estará para el periodo que se inicia en 2007.

    En ese sentido, el esquema de alianzas planteadas entre 2003 y 2008 suplió la falta de una identidad política que se fue construyendo gradualmente a lo largo de esos años, lo que le permitió tener una base de sustentación mucho más importante al kirchnerismo de la etapa de Cristina. Nos parece importante destacar la visión de Ana Soledad Montero y Lucía Vincent (2018) quienes establecen una cronología para el periodo 2003-2007 relativo a la construcción de la identidad política kirchnerista estableciendo seis momentos: “la irrupción en la escena política; el idilio con la opinión pública durante los primeros cien días de gobierno; la construcción ‘transversal’; la hora del ‘peronismo puro’: la consolidación del ‘kirchnerismo puro’, y finalmente, la búsqueda por la continuidad en un segundo período de gobierno” (p. 124).


  5. 2007-actualidad. Preeminencia de lo político

    El último período, además de ser el más reciente y el que está actualmente en desarrollo, es el más complejo de analizar por las diversas capas que se superponen y las problemáticas que podemos identificar. Ciertamente, es un período que permanece abierto a preguntas y reflexiones. De hecho, hasta se podría pensar si no sería más adecuado dividirlo en dos etapas diferentes o en momentos bisagra, sin embargo, lo que nos lleva a considerarlo como un solo bloque es precisamente la particularidad en lo que refiere a la discusión política.

    La salida de la crisis política y de la crisis de representación del 2001-2003, encontró al arco político en un proceso de reconversión originado por la consolidación de la identidad


    ¹⁰ Como especifica el autor, Néstor Kirchner logró articular alianzas con sectores de la clase dominante (como la UIA y la CAC), además de entidades bancarias que nucleaba a los bancos nacionales y las PYMES. Con organizaciones populares, particularmente con los organismos de derechos humanos, como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y organizaciones del movimiento piquetero. Por otro lado, en lo que refería al movimiento obrero organizado, la CGT fue la interlocutora privilegiada, así como un sector de la CTA. Véase Cantamutto (2017).

    política kirchnerista y su hegemonía hasta el 2015¹¹, mientras que por la parte de la oposición se constituían nuevas identidades y se rearmaban las coaliciones tanto sociales como políticas. En ese sentido, es posible entender dos momentos. Por un lado, el referido a los gobiernos de Cristina Fernández (2007-2015) y por otro, el período que se abre con el ascenso de Mauricio Macri en 2015-2019, un interregno peronista con Alberto Fernández (2019-2023), para pasar al advenimiento de un nuevo gobierno de tinte liberal-libertario con Javier Milei (2023-2027).

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    ¿Cuál sería el rasgo característico de este período? Si bien existen múltiples variables para ser analizadas, consideramos que puede haber una que centralice o por lo menos le dé cierta coherencia al período estudiado. La cuestión por lo político, en términos de Chantal Mouffe (2007), es la variable que podría dar cuenta de las discusiones que atraviesan estos años. Para la autora, lo político es concebido como

    La dimensión de antagonismo que considero constitutiva de las sociedades humanas, mientras que entiendo a ‘la política’ como el conjunto de prácticas e instituciones a través de las cuales se crea un determinado orden, organizando la coexistencia humana en el contexto de la conflictividad derivada de lo político. (p. 16)

    En las páginas anteriores, ciertamente nos hemos centrado más en la política, lo que no quiere decir que no existiera antagonismo o construcciones identitarias políticas, ya que como plantea la autora, ambos conceptos se incluyen mutuamente. Pero en esta etapa, el antagonismo y las identidades cobraron un rol central exacerbándose.

    A modo de hipótesis, para continuar trabajando en futuras indagaciones, la aparición de dos figuras discursivas acompañará esta construcción y preeminencia de lo político. Nos referimos a “la grieta” y a la “casta”, dos términos que hacen referencia al antagonismo social y político de los últimos años y por ende son edificadores de identidades políticas como pueden ser la identidad kirchnerista y anti-kirchnerista. La exacerbación de los antagonismos podría ser indicio de que, a partir de este periodo, y concretamente luego de la “crisis del campo” (2008), el sistema político argentino volvió a entrar en una progresiva crisis de representación que terminó desembocando en el advenimiento libertario en 2023. Ciertamente, un período tan complejo, necesita de mayor espacio para analizar en detalle las múltiples aristas y variables presentes.

    Lo que podríamos plantear a modo de cierre del apartado es que esta exacerbación de los antagonismos sumado a un declive de la institucionalización de los partidos políticos, provocado por los cambios en la representación política producto de las mutaciones culturales, pero también por lo acontecido en 2001, generó que la crisis pasara a disputarse en el terreno de los imaginarios sociales en un momento donde el espacio público comenzó a cobrar una centralidad cada vez mayor, sumado a la aparición de nuevos formas de comunicación como son las redes sociales y el espacio virtual que complejizaron y cambiaron las formas de hacer política.


    ¹¹ Un periodo que no debe entenderse como homogéneo, ya que para el 2008 el conflicto con el campo reestructuró las

    alianzas políticas del kirchnerismo como bien plantean Cantamutto (2017) y Montero y Vincent (2018).

  6. Conclusiones

El presente artículo buscó reflexionar y dejar planteadas algunas cuestiones relativas a la democracia argentina en los últimos 40 años. De este modo, hemos establecido una posible periodización del ciclo democrático más largo de la historia política nacional. Un ciclo que como hemos visto, no estuvo exento de crisis y momentos de tensiones sociales y políticas, pero que sin embargo logró sortearlas y consolidar una democracia que históricamente había contado con bases poco sólidas.

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Así, hemos establecido un primer período entre los años 1983-1990 de construcción y consolidación de la democracia, cuyo principal eje fue el de clausurar la cuestión militar, al tiempo que se consolidaron dos espacios políticos que serían los que regirán la política institucional de los primeros años de la democracia recuperada: la UCR y el PJ. La consolidación de la democracia tuvo varios hitos como el traspaso de un gobierno electo por la ciudadanía de un signo partidario a otro o la finalización de los mandatos. También hay que mencionar la desintegración del poder político de la FFAA, aunque este punto presenta varias cuestiones a observar debido a los condicionamientos de la política de derechos humanos que, si bien tuvo hitos de relevancia como el juicio a las Juntas Militares de 1985, los obstáculos presentados por los militares al avance de la justicia, terminaron asignado a ese punto escasos avances.

Un segundo período se inicia entre 1991 con las reformas económicas de libre mercado aplicadas por Carlos Menem y finaliza en el año 2000 con los inicios de una crisis tanto económica como fundamentalmente política y de representación que signará el período siguiente. Si bien lo económico con la reasignación del rol del Estado tuvo el eje prioritario en estos años, desde la política se asistió al inicio de una crisis de los partidos políticos, acentuándose una metamorfosis de la representación política que puso en tensión a los dos partidos políticos mayoritarios de la consolidación y recuperación democrática. Aquí es posible comenzar a ver ciertos cambios en lo que refiere a las identidades políticas, la pérdida del peso del aparato partidario y el mayor rol que ocuparán los medios de comunicación como mediadores entre los partidos o la política y la ciudadanía.

Como ya habíamos mencionado, el tercer período se inicia en 2001 con la crisis más importante por la que atravesó la democracia argentina, representando de ese modo el segundo punto de inflexión del ciclo democrático después de la recuperación y consolidación de la democracia en 1983. Las renuncias del vicepresidente y luego del presidente, la crisis social con tasas de pobrezas y desocupación impactantes, sumadas a la imposibilidad del sistema político por encauzar los efectos sociales de la crisis económica fueron los ejes del periodo, así como la crisis de representación expresada en el lema “que se vayan todos”. La solución institucional a la sucesión presidencial representó un punto alto del periodo, pero el sistema de partidos quedó fuertemente herido, lo que puede apreciarse en los resultados de las elecciones de 2001 y 2003 con un fuerte porcentaje de voto en blanco, impugnado y ausentismo. El ciclo inaugurado por Néstor Kirchner no sólo le daría un nuevo rol al Estado en materia económica y social, sino que desde lo político también presentó cambios al reconstituir las identidades políticas, comenzando a dar forma a la identidad propia.

Finalmente, el último período que inicia en 2007 y continúa hasta hoy, está signado por la

preeminencia de lo político, en el sentido de la exacerbación de los antagonismos. Es un período del cual no hemos dicho mucho, precisamente porque consideramos que es el que se deben centrar futuras indagaciones sobre esta cuestión.

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Como se habrá podido apreciar, el presente escrito no pretende ser una mera síntesis de hechos o acontecimientos que marcaron estos 40 años de democracia ininterrumpida, los más largos de nuestra historia política, sino que hemos procurado brindar cierta coherencia y sistematicidad al estudio de este ciclo en una perspectiva más global, pero que sin dudas amerita una mayor precisión en algunos de los ejes o problemas descritos. Esperamos haber contribuido al análisis de este ciclo estableciendo una posible periodización, así como también el establecimiento de un punto de partida desde el cual seguir trabajando en futuras indagaciones.


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Analysis of the Factors Driving the Progressive Emergence of New Right-Wing Movements in Argentina

Javier Carri¹ Alberto Antonio Emilio Galle²


Universidad Nacional de San Juan- Estudios sobre el Poder. Revista de Ciencia Política / Abril 2025 / N°01. - ISSN 3008-7376

Recibido: 31/03/2024 Aceptado:01/10/2024


Resumen

El presente artículo tiene como objetivo analizar los procesos a partir de los cuales la corriente política de la derecha neoliberal asciende al poder en Argentina. Este ascenso se ha desarrollado a lo largo de varias etapas significativas. En una primera instancia, esto ocurre a través de un golpe de Estado en 1976 cuando, mediante la violencia, la junta militar irrumpe en la escena política nacional. Posteriormente, en una segunda etapa, las políticas neoliberales se establecen y consolidan durante los dos mandatos presidenciales de Carlos Menem, quien accede al poder por medios democráticos utilizando la estructura del partido peronista. Las dos últimas etapas tienen lugar en el siglo XXI: en primer lugar, en el año 2015 cuando la coalición Cambiemos lleva a la presidencia a Mauricio Macri, quien gana las elecciones con un discurso liberal moderado y reformista. Finalmente, en 2023, Javier Milei llega al poder, aliado con el ex presidente Macri, presentándose como un contrapunto radical al peronismo. Su estrategia de campaña se caracteriza por su marcada confrontación contra el statu quo, promoviendo un supuesto proyecto "anti-política" y adoptando las consignas del neoliberalismo radical. En su discurso, Milei coquetea entre la idea de un anarco-capitalismo y elementos asociados al autoritarismo propio de un ultracapitalismo con tintes cercanos al fascismo contemporáneo.


Palabras clave: Democracia / Estado / Partidos Políticos/ Derechas Neoliberales / Argentina


¹ Licenciado en Ciencia Política (UBA). Profesor de Enseñanza Media y Superior en Ciencia Política (UBA),

Diploma de Estudios Avanzados en Política y Economía (IDAES/UNSAM), Maestrando en Gobierno Local (UNQ). ORCID: 0009-0009-6524-916. Correo electrónico: javiercarri@hotmail.com

² Licenciado en Ciencia Política (UBA). Posgrado en Evaluación de Programas y Proyectos de Economía Social y Solidaria (UNGS), Diploma en Desarrollo Local y Economía Social (FLACSO). ORCID: 0009-0009-7682-7876. Correo electrónico: albertogalle@hotmail.com

Abstract

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The purpose of this article is to analyze the path for which the neoliberal political current rises to power in Argentina. This rise went through several significant stages. In the first instance, all started through a government putsch in 1976 when, with military force, the army heads burst onto the national political scene. Subsequently, in a second stage, neoliberal policies are established and consolidated during the two presidential terms of Carlos Menem, who accesses the chair through democratic means using the political structure of the Peronist party. The last two phases took place in the 21st century: first, in 2015 when the Cambiemos political coalition brings Mauricio Macri to the presidency, who wins the elections with a moderate liberal and reformist speech. Finally, in 2023, Javier Milei comes to power, allied with former president Macri, presenting himself as a radical counterpoint to Peronism. His campaign strategy is characterized by his marked confrontation against the status quo, promoting a supposed "anti-politics" project and adopting the slogans of neolibertarian movement. In his speech, Milei flirts between the idea of anarchy-capitalism and elements associated with the authoritarianism of an ultra-capitalism with shades close to contemporary fascism.

Keywords: Democracy / State / Political Parties / Neoliberal Right / Argentina

I.Introducción

Tras el retorno a la democracia en 1983, la derecha política en Argentina ha estado representada por diferentes partidos y coaliciones que han abogado por políticas económicas liberales, como la reducción del rol del Estado y la apertura económica. La irrupción de las derechas neoliberales en la política argentina ha sido influenciada por una combinación de factores económicos, políticos y sociales, generando importantes desafíos para la democracia en el país, principalmente en términos de desigualdad, deterioro de los derechos sociales y laborales, dependencia económica externa y polarización política y social.

Para analizar cómo el modelo neoliberal se consolidó como paradigma dominante en la política argentina, a pesar de las profundas tensiones que provoca en estos aspectos, es necesario un marco teórico que integre diversas perspectivas. Pierre Dardot y Christian Laval (2009) conceptualizan el neoliberalismo como un proyecto político que reconfigura la sociedad en su conjunto, transformando instituciones, relaciones sociales y subjetividades. Este enfoque es crucial para entender cómo la derecha neoliberal en Argentina ha promovido políticas enfocadas en la eficiencia económica y en la reestructuración del poder en favor de las élites.

El contexto histórico es también fundamental para entender este proceso. Eduardo Basualdo (2006), en su análisis sobre la reestructuración de la economía argentina desde la última dictadura cívico-militar, subraya cómo los cambios estructurales facilitados por el capital financiero y los sectores exportadores permitieron la consolidación del neoliberalismo en el país. Estos cambios fueron decisivos para orientar la política económica hacia un modelo que favorece a las élites económicas.

Además, el análisis de Fair (2010) sobre la articulación y consolidación del régimen socioeconómico de la Convertibilidad durante el gobierno de Carlos Menem ofrece una comprensión crucial de cómo el discurso político contribuyó a legitimar y consolidar el neoliberalismo en Argentina. Argumenta que la construcción de identidades y la configuración de un discurso hegemónico fueron elementos claves para articular una cadena significante que consolidó el modelo neoliberal durante la década de 1990, lo que resultó en una reconfiguración socioeconómica profunda y duradera.

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La tensión entre neoliberalismo y democracia es otro aspecto central que requiere atención. Santiago Morresi (2008) y Pablo Seman (2023) abordan cómo las nuevas derechas en Argentina promueven una "democracia sin política", despolitizando el debate público y desmantelando mecanismos de participación popular, reemplazándolos por lógicas de mercado. A pesar de operar dentro de un sistema democrático, estas fuerzas neoliberales han limitado la deliberación popular y la participación, erosionando los principios democráticos esenciales.

Es importante advertir que el escenario actual es producto de un proceso histórico que comenzó con la implementación del modelo neoliberal que llevó adelante el ministro Martínez de Hoz durante la última dictadura militar, la crisis hiperinflacionaria de fines de los ochenta, las reformas estructurales de los años noventa, así como también el intento trunco de consolidación del modelo aplicado por el ex presidente Mauricio Macri.

En este sentido, la pregunta que guía esta investigación es: ¿Cómo logró imponerse el modelo neoliberal como paradigma político dominante? El presente artículo tiene como objetivo principal explicar el proceso mediante el cual las derechas neoliberales se establecieron como fuerza hegemónica en la política argentina, culminando con la victoria electoral de un candidato libertario en las elecciones presidenciales de 2023. Para ello, se examinará el contexto histórico de las últimas décadas, el cual ha moldeado el surgimiento de dicha fuerza política.

Para abordar la pregunta de investigación se utilizará una metodología cualitativa con un enfoque histórico-comparativo que permite analizar el proceso de consolidación del neoliberalismo a lo largo de diferentes periodos históricos, comparando la implementación y los resultados de las políticas neoliberales en distintas épocas y bajo diferentes gobiernos. Esta metodología permitirá no solo reconstruir el proceso histórico que llevó al neoliberalismo a convertirse en un paradigma dominante en la política argentina, sino también analizar sus

implicancias para la democracia y la sociedad en general.


II. Neoliberalismo y dictadura, el desafío de la transición democrática.

Cualquier análisis que aspire a esclarecer las dinámicas de las fuerzas políticas surgidas a partir del proceso democrático instaurado en 1983, debe iniciar su estudio a partir de los acontecimientos ocurridos durante la última dictadura cívico-militar. En efecto, el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 no solamente marcó el comienzo de la dictadura más brutal y sangrienta que haya experimentado nuestra nación, instauró también un modelo que dejó efectos permanentes y significativos en el sistema económico, político y en la correlación de fuerzas sociales.

Este proceso tuvo lugar en el contexto de lo que se conoce como la crisis del Estado de Bienestar, el cual se había caracterizado por una serie de reformas económicas, sociales y políticas destinadas a promover el desarrollo económico, el pleno empleo y una distribución equitativa de la renta. Según Offe (1990), a partir de la crisis socioeconómica el Estado fue perdiendo apoyo al tiempo que comenzaron a tomarse medidas para su achicamiento y los ajustes estructurales pasaron a ser moneda corriente en diversos países. Así, las fuerzas del mercado fueron adquiriendo un lugar destacado en el desarrollo de las economías nacionales.

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El gobierno de Isabel Perón enfrentaba una crisis múltiple, el deterioro de su legitimidad y la acentuación del malestar social. La situación se veía agravada por una grave crisis económica, con inflación descontrolada y una crisis política generalizada que minaba la confianza en el sistema democrático. Además, la violencia política iba en aumento, tanto en disputas internas del peronismo como en enfrentamientos entre organizaciones disidentes y fuerzas de represión estatal.

Las Fuerzas Armadas intervinieron en la vida institucional del país, apoyadas por varios sectores sociales. Esto condujo a una nueva hegemonía de poder, liderada por la oligarquía terrateniente, el capital financiero y el sector industrial exportador. Los militares actuaron como su brazo armado para promover un modelo neoliberal.

Pucciarelli (2004) argumenta que la nueva alianza cívico-militar identificaba los desafíos del país en un régimen populista que fomentaba la corrupción y obstaculizaba el desarrollo nacional. Esto fortalecía a una clase trabajadora conflictiva y debilitaba al Estado, incapaz de contener las ideologías de izquierda y la violencia política, resultando en un deterioro del orden público.

En dicho marco, la dictadura cívico-militar tuvo su oportunidad de cambiar el modelo económico consolidado hasta entonces y someterlo al tratamiento neoliberal y a la lógica del mercado. Siguiendo a Canitrot (1980), la economía sirvió a un plan político de disciplinamiento social. En este sentido, el gobierno militar actuó en dos frentes:

represión de individuos considerados "subversivos" y abolición del modelo de sustitución de importaciones para eliminar el sistema industrial obrero del período peronista. Esto implicó una reforma económica que dejó a la clase trabajadora en una posición política e institucional subordinada, restringiendo sus organizaciones políticas y sindicales y eliminando sus posibilidades de desarrollo en el futuro.

Según Basualdo (2006), la política económica durante la dictadura se centró en una reorientación hacia la valorización financiera y la desarticulación del paradigma de sustitución de importaciones. Esto incluyó desindustrialización, concentración de capital, predominio del capital financiero, aumento del endeudamiento externo y la creación de un nuevo modelo de acumulación dominado por el capital transnacional. Socialmente se buscó consolidar la dominación, fragmentar la clase media y fomentar la individualización. Se erosionaron las bases económicas del apoyo social mediante la creación de nuevos estratos de trabajadores precarios y poco organizados, más susceptibles a las exigencias del mercado.

El modelo económico basado en una estructura crediticia externa y la sobrevaluación cambiaria demostró ser insostenible a largo plazo. Durante este proceso, la acumulación de deuda externa se destacó como el aspecto más significativo heredado del proyecto militar en el

ámbito económico, tanto por su magnitud como por sus efectos negativos a largo plazo. Según Aspiazu, Basualdo y Khavisse (2004), la deuda se utilizó para financiar el déficit fiscal y promover el crecimiento del sector privado, así como para la especulación financiera. La crisis económica se desencadenó por la inestabilidad del sistema, lo que provocó una fuga masiva de capitales y la exigencia de garantías por parte de los acreedores externos.

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La derrota en la guerra de Malvinas aceleró el fin del régimen militar y el inicio de la transición democrática, mientras que la sociedad presionada por la crisis económica y las violaciones a los derechos humanos, aumentó la crítica hacia el gobierno. En efecto, la sociedad comenzó a ocupar el espacio público y a repolitizarse con una creciente perspectiva de materialización democrática. Se observó una participación política intensa y un aumento en la afiliación a partidos políticos. El movimiento de derechos humanos centró el debate en los desaparecidos, la verdad y la justicia, lo que llevó a críticas abiertas de los partidos políticos hacia el régimen autoritario. Los sindicatos presionaron con paros generales entre 1982 y 1983.

Alfonsín, al asumir la presidencia, enfrentó desafíos enormes: decidir qué hacer con los militares, enfrentar la grave deuda externa, la inflación y resolver problemas políticos como la oposición sindical peronista. Asumió con un discurso basado en la democracia y la defensa de los derechos humanos (Galasso, 2005).

En este contexto, es interesante hacer referencia al concepto de democracia delegativa de Guillermo O’Donnell (1993). Este sistema es típico de las formas poliárquicas en países emergentes en contraste con las formas institucionalizadas de democracia. La delegación del poder al ejecutivo, la falta de consolidación de las instituciones políticas y el control público sobre ese poder son características fundamentales de esta democracia. En este sentido, como veremos más adelante, podemos analizar la crisis del gobierno de Raúl Alfonsín desde la perspectiva de un presidente que decantó en la debilidad del liderazgo.

A su vez, con el advenimiento de la democracia, la UCR y el PJ fueron desechando la tradicional lógica hegemónica, y optaron por emplear mecanismos que respeten a los partidos de oposición y las normativas del Estado de derecho y la democracia (Novaro, 1994).

En el periodo que abarca desde diciembre de 1983 hasta abril de 1987, la gestión gubernamental de Alfonsín transitó entre una primera fase de confrontación inicial y posteriores intentos de concertación con los principales actores corporativos del país.

Como señala Marcelo Acuña (1995), la política económica en sus inicios estuvo dirigida hacia la reorganización de la estructura socioeconómica buscando ampliar el mercado interno, reducir las rentas financieras y controlar la inflación. No obstante, esta estrategia encontró enormes obstáculos provenientes de poderosos sectores económicos.

Según Morresi (2008) la nueva derecha ha sido y seguirá siendo crucial en la delimitación de las acciones de las mayorías sociales. Su poder se debe en gran medida a un triunfo cultural y ético-político de gran magnitud. La autoridad del establishment o sectores dominantes no solo se basa en el poder económico, sino también en una hegemonía ideológica.

De esta forma, hacia 1985 el gobierno reorientó la política económica con el objetivo de aumentar las exportaciones y la inversión privada. Se implementaron medidas como la

reducción de gastos estatales, aumento de impuestos y apoyo crediticio al campo. A su vez, tras un enfrentamiento inicial con el sector sindical, el gobierno buscó establecer un acuerdo económico-social con una fracción de los sindicalistas peronistas y paralelamente, se aproximó a los sectores empresariales más influyentes en el marco del fracaso del Plan austral durante 1986 (Galasso, 2005).

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Sin embargo, dichos intentos de alcanzar acuerdos con las principales corporaciones fracasaron, lo que llevó a un incremento de los paros sindicales y a una escalada de tensiones distributivas entre el sindicalismo y el empresariado, así como entre facciones empresariales nacionales. La inclusión de los acreedores externos empeoró la situación, contribuyendo a agravar la crisis económica y social marcada por una inflación en aumento y un déficit fiscal creciente.

El levantamiento militar de la Semana Santa de 1987 marcó un punto de quiebre que reconfiguró el panorama político y social argentino. A partir del levantamiento se fortaleció la estrategia de acuerdos parlamentarios entre el gobierno y la oposición peronista, liderada por la corriente renovadora³, con el objetivo de preservar la estabilidad democrática.

Sin embargo, la negativa del gobierno a aumentar salarios por encima de la inflación, junto con las críticas por su intento de implementar un programa de apertura económica y privatización parcial de empresas estatales, provocó otro fracaso en el ensayo de lograr un acuerdo entre las principales fuerzas políticas (Basualdo, 2006).

En un entorno de creciente inestabilidad política, económica y social a mitad de 1988, el gobierno buscará recuperar el control implementando un nuevo plan de estabilización llamado Plan Primavera. Sin embargo, este plan empeorará la situación. En lugar de poner fin a las altas tasas de inflación, al déficit fiscal, exacerbará estos problemas (Basualdo, 2006). Dicho programa económico agravó los efectos recesivos sobre el mercado de trabajo (aumento del desempleo, reducción salarial, precarización laboral) con el consiguiente incremento del desprestigio electoral del alfonsinismo.

Acuña (1998) analiza la crisis de representación de la UCR a fines de la década de 1980, y la atribuye al papel de las élites partidarias y a la pesada estructura del partido. Plantea que la falta de dinamismo interno ha dificultado la emergencia de nuevas ideas y líderes capaces de abordar las demandas de las democracias estabilizadas. Reconoce que los cambios mundiales, como el desmantelamiento del Estado de Bienestar y el desafío de conciliar democracia con eficiencia económica, han afectado la capacidad del Estado para tomar decisiones en políticas sociales. A pesar del contexto de pérdida de legitimidad social del gobierno y la incapacidad del Estado para controlar la situación política, económica y social, que incluyó hiperinflación y saqueos a supermercados y comercios, el gobierno logró mantener la estabilidad democrática.


³ La corriente renovadora del peronismo surgió en la década de 1980 como respuesta a la necesidad de modernización del partido tras el retorno a la democracia en Argentina. Liderada por figuras destacadas como Antonio Cafiero y Car- los Menem, abogaba por reformas internas y políticas económicas de corte neoliberal para promover la estabilidad y la integración global del país. Su objetivo era democratizar el partido y aumentar la participación ciudadana en la política. Representó un cambio significativo en la orientación ideológica del peronismo.

Este logro fue posible considerando la creciente necesidad de recursos materiales por parte

del peronismo que se consolidó definitivamente (Novaro, 1996).

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En suma, se observa una estrategia política de acuerdos entre los principales partidos con el fin de garantizar la "gobernabilidad" del sistema y excluir la presencia de posibles terceros partidos, estableciendo así un régimen bipartidista consolidado. También, y principalmente, dicha estrategia permite fortalecer la estabilidad del régimen democrático al mismo tiempo que produce un alejamiento progresivo del sistema de partidos respecto a la sociedad. Este hecho, sumado a la problemática económica y social descrita, marcará una crisis de representación creciente que permitirá el avance de la derecha política al poder, ahora por medios democráticos.


  1. La Era Menemista: Transformaciones y Controversias en la Argentina de los 90

    Las elecciones del 14 de mayo de 1989 dieron por ganador a la fórmula peronista de Carlos Saúl Menem y Eduardo Duhalde por sobre la dupla radical liderada por Eduardo Angeloz y su candidato a vicepresidente Juan Manuel Casella. La crisis económica y social se aceleró a tal punto que no dejó margen de maniobra al todavía presidente Alfonsín, precipitando una crisis que acabó adelantando cinco meses el traspaso del mando al presidente electo.

    Como analizamos, hacia fines de los años 80 ya existía un fuerte discurso anti-estatista y se podía observar en la Argentina un avance de la “solución” neoliberal mediante un discurso a favor de las reformas y ajustes estructurales (apertura de mercado, desregulación, privatizaciones, equilibrio fiscal, etc.), una mixtura de elementos neodesarrollistas y neoliberales (Fair, 2011).

    Con la irrupción de Carlos Menem, que permanecerá en el poder una década, se llevaron adelante un proceso de reformas pro mercado que transformaron de raíz la estructura económica y social del país. Estas reformas estructurales, de orientación neoliberal, contrastaban con las tradicionales peronistas, de fuerte presencia de un Estado intervencionista y distribucionista con eje en el mercado interno y la inclusión social (Fair, 2010).

    El panorama de crisis post período alfonsinista preparó las bases para un gobierno caracterizado por la concentración de poder y, lo que para muchos fue, el uso y abuso de los decretos de necesidad y urgencia.

    La reforma del Estado de comienzo de la década del 90 se puede explicar por cuatro lógicas (García Delgado, 1997), por un lado la crisis del Estado benefactor, en segundo lugar la lógica de la emergencia bajo el contexto de hiperinflación, ingobernabilidad y adelantamiento del traspaso del poder, el tercer punto es la influencia del Consenso de Washington (apoyado en organismos internacionales y grupos económicos) y por último, la concentración del poder que caracterizó la presidencia de Menem.

    El discurso predominante en los 90 presentaba un fuerte antagonismo con un Estado definido de forma negativa y vinculado a lo “deficitario”, “ineficiente”, “burocrático”, “corrupto” y a significantes como lo “elefantiásico” o lo “gigante” (Fair, 2010). Si bien Carlos Menem era un gobernador de larga tradición política, la estrategia de campaña presidencial de 1989 fue generar la imagen de una figura representativa ajena al mundo de la política partidaria con el

    fin de mantener no solo el voto peronista, incluir parte del votante desencantado con la política y más tarde, sumar una derecha que siempre fue antiperonista, lo que Torcuato Di Tella (2003) llamó “menemización del peronismo”.

    La campaña de Menem se basaba en promesas nacionalistas y populistas, palabras “salariazo", "revolución productiva" o "reducción del 50% de los impuestos" eran sus eslóganes de campaña en tanto por otro lado se tendían puentes con los grupos económicos y organismos financieros que eran argumento de sus adversarios en campaña (Novaro, 2016).

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    El malestar generado por la inflación durante el primer momento de la presidencia de Menem, provocó un principio de conflicto social que comenzó a agravarse, fue entonces que se reconfiguraría el gabinete en los primeros meses de 1991 nombrando como ministro de economía a Domingo Cavallo, quien aprovechando el elevado nivel de reservas ideará un plan para establecer una paridad cambiaria legal de la moneda nacional, el Austral, con el dólar estadounidense y con la aprobación en ambas Cámaras ingresó en vigencia la llamada Ley 23.928 de Convertibilidad (Fair, 2016).

    Una de las ideas más fuertes del anarcocapitalismo que se ha popularizado en la agenda pública es el cuestionamiento al rol del Estado en la vida social. Como observa Sandra Savoini (2023) “dejar el terreno liberado completamente a las fuerzas del mercado que son quienes tienen más poder por sobre los vulnerables, la denegación de la justicia social se inscribe en ese paradigma” (p. 2).

    Las ideas de poder limitar los poderes del presidente no se lograron con la reforma de la Constitución como se esperaba, incluso el rol del jefe de gabinete acabó siendo un mero coordinador del ejecutivo y no una contra figura con poder para balancear el presidencialismo. Fabian Bosoer (2023) analiza que durante el menemato existió este hiperpresidencialismo en parte porque el gobierno de Menem mantuvo una mayoría parlamentaria, hasta fines de 1997, y luego, “la dinámica de las prácticas políticas siguió atada a una cultura arraigadamente presidencialista, hasta el derrumbe del malogrado gobierno de la Alianza presidido por Fernando de la Rúa, a fines de 2001” (p. 17).

    El discurso del menemismo desactiva la lógica hegemónica que caracterizaba históricamente tanto al radicalismo como al peronismo ya que Carlos Menem abandona o subordina en parte la dimensión nacional-popular que definía al peronismo tradicional (Fair, 2011).

    La experiencia menemista tiene, entre otras características indiscutibles, la extraordinaria velocidad y, fundamentalmente, la profundidad con que destruyó la herencia del nacionalismo popular, es decir, un Estado presente y activo unido a la expansión y consolidación de derechos sociales (Borón, 2021). En este sentido, Fair (2016) expresa que la década de los noventa se caracterizó “por una profunda transformación política, económica y sociocultural, implementando un modelo de acumulación y un conjunto de alianzas políticas situados en las antípodas del Estado Benefactor del peronismo clásico y de su modelo integrador-social” (p. 109).

  2. Nuevos desafíos, viejas crisis

    La Alianza entre la UCRyelFrepaso se formó en 1997 paradesplazar al PJdel poderyapostóacorregir aspectos parciales del modelo económico heredado de las reformas menemistas (Novaro, 2004).

    El gobierno de la Alianza, frente a un escenario que presentaba un Estado desfinanciado y en un contexto recesivo y de alta desocupación, prefirió mantener el ajuste fiscal antes que dejar de pagar sus compromisos externos o bien modificar una estructura distributiva regresiva y acabó en default interno y externo generando una crisis institucional de gran magnitud (Castellani y Schorr, 2004).

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    El 2 de marzo de 2001 renunció el ministro de Economía, y el gobierno siguiendo las recomendaciones del FMI, cambió todo su gabinete para presentar el 16 de marzo el plan de ajuste fiscal que provocó la renuncia de tres ministros y la convocatoria de Domingo Cavallo, creador de la Ley de Convertibilidad, que había logrado acabar con la hiperinflación 10 años atrás y contaba con la aceptación del FMI (Cortés Conde Roberto, 2003).

    Como señala Marcos Novaro (2004), la Alianza apareció como la solución a los problemas y las elecciones de octubre de 1997 lo confirmaron con el triunfo en los principales distritos, incluida la provincia de Buenos Aires, y a nivel nacional sumó el 45,7% de los votos contra el 36,3% del PJ.

    El gobierno de la Alianza transcurrió en una infinita serie de decepciones, cada semana el presidente y sus funcionarios hacían anuncios que confirmaban pésimos pronósticos (Novaro, 2004). La debilidad política en aumento sumada a la recesión económica desembocó en un final anunciado de cara a las elecciones de renovación parlamentaria del 2001: el oficialismo sufrió una amplia derrota electoral y de corolario, se potenció el llamado “voto bronca” como expresión de impugnar los votos ya que el descontento popular era el protagonista.

    La nueva formación conformada básicamente de un polo anti-menemista dentro del peronismo y la recuperación electoral de las fuerzas opositoras no llegó a establecer mecanismos de toma de decisiones, resolución de conflictos y construcción de acuerdos programáticos (Novaro, 2004), por lo tanto, nunca hizo pie. La Alianza en el poder nació prácticamente muerta como resultado de la extrema fragmentación de la coalición de gobierno y la incapacidad del presidente Fernando de la Rúa (Cavarozzi, 2020).

    La novedad de diciembre de 2001, describe Sidicaro (2008), residió en la puesta en escena de una beligerante configuración en la que “una amplia corriente de opinión coincidió en identificarse en un nosotros (el pueblo o los ciudadanos) versus ellos (la clase política)” (p. 45).

    El 21 de diciembre de 2001, las manifestaciones sociales presionan la renuncia del presidente De la Rúa, luego de la dimisión de todo su gabinete. Al día siguiente, la Asamblea Legislativa nombra al gobernador Adolfo Rodríguez Saá como presidente provisorio, pero sus medidas populistas y las presiones políticas motivaron su renuncia, lo que finalmente llevó a Eduardo Duhalde, elegido por la Asamblea Legislativa, a asumir la presidencia para terminar el período en el 2003.


  3. Crisis del orden neoliberal y la década Kirchnerista

    Según el informe de la CEPAL, el crecimiento económico que mantuvo un ritmo anual de casi 9% durante cuatro años permitió morigerar los principales problemas laborales y sociales

    que enfrentaba el país en 2002, en particular, el desempleo y el subempleo (Kosacoff, 2007).

    El 25 de mayo de 2003 llega a la presidencia Néstor Kirchner y se inaugura una etapa que acabaría transformando la arena política frente a un escenario de escasa legitimidad resultado de su bajo porcentaje electoral.

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    A pocos años del colapso político que produjo la crisis de diciembre de 2001, bajo la consigna del “que se vayan todos” y de las movilizaciones generadas por la protesta, obtenemos posiblemente los canales que conforman parte de la primera identidad del kirchnerismo bajo una muy débil institucionalización. Podemos decir que en el período kirchnerista, que gobernó entre 2003 y 2015, se intentó modificar las reglas de la relación entre Estado y mercado que habían regido durante el menemismo, reorganizar un proyecto político más redistributivo y ampliar las esferas de intervención del Estado (Vommaro, 2021).

    Néstor Kirchner llegó al poder con muy poca legitimidad de origen lo que provocó una imperiosa necesidad de fortalecer su perfil político, por lo que se dio un “kirchnerismo transversal” en palabras de Martín Plot (2017), es decir, basando su legitimidad en el despliegue de distintas modalidades de alianzas políticas y convergencias electorales, siendo mayormente exitoso en sus batallas políticas y culturales.

    En diciembre de 2007, Cristina Fernández gana las elecciones, el traspaso de mando se concreta de la mano de Néstor Kirchner, su marido. Fue un período marcado por una combinación de logros y desafíos, implementó políticas económicas orientadas hacia el crecimiento y la inclusión social con un énfasis en la expansión del gasto público, programas de asistencia social y la nacionalización de empresas estratégicas como YPF, así como también promovió la inversión en infraestructura, salud y educación.

    Mastrangelo y Pozzi (2023) afirman que, si bien el empleo y el poder adquisitivo mejoraron desde que el matrimonio Kirchner asumió la presidencia en 2003 hasta 2011, otros cambios sociales significativos representaron que:

    Hacia 2015 uno de cada cuatro argentinos estaba desempleado o tenía un empleo ocasional; un tercio de todos los asalariados estaban empleados “en negro”; la inseguridad laboral subió a niveles récord; el bienestar social (las obras sociales) casi ha desaparecido para más de la mitad de la población; la afiliación sindical se encuentra en un mínimo histórico del 35%; toda una generación nunca ha tenido un trabajo regular; los niveles educativos han disminuido y el analfabetismo ha aumentado, con respecto a 1989; y la brecha entre el diez por ciento más rico y el más pobre se ha ampliado. (p. 280)

    Si bien Cristina Fernández mantuvo una base de apoyo firme entre sectores populares y sindicales, enfrentó protestas y movimientos de oposición. Uno de los episodios bisagra de su mandato fue el anuncio de la resolución 125 en marzo de 2008 por parte de su ministro de Economía, Martín Lousteau.

    El intento de aumentar las retenciones a la soja provocó una escalada de conflictos que traspasó al sector agropecuario y se gestó una polarización que generó el debilitamiento del oficialismo al punto de perder la votación decisiva referida a los impuestos a las exportaciones

    para ciertos productos agrícolas, un año después en las elecciones legislativas del 2009, la derrota electoral redujo el bloque parlamentario oficialista a una minoría y consolidó gobiernos provinciales opositores en grandes distritos como la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba (Cheresky, 2016).

  4. Cambiemos, el resurgimiento neoliberal en Argentina

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    En 2015, la política argentina experimentó un cambio significativo con la victoria en las elecciones presidenciales del frente electoral Cambiemos, liderado por Mauricio Macri y su partido Propuesta Republicana (PRO). Este resultado fue sorprendente debido a que, desde la implementación de la ley Sáenz Peña en 1912, ningún partido identificado con la derecha había logrado ganar las elecciones presidenciales sin recurrir al fraude o a la proscripción de los partidos más importantes. Surge así la pregunta sobre cómo el PRO pudo triunfar donde otros partidos de derecha habían sido derrotados.

    La irrupción de Cambiemos es expresión de un síntoma de que se han producido transformaciones profundas en el seno de nuestra sociedad. En este sentido, Cambiemos no llegó al poder para resolver una crisis socioeconómica profunda como lo hicieron otras derechas en el pasado. Como señala Canelo (2019) durante el kirchnerismo se incrementó la polarización política como parte de un esfuerzo por reducir la brecha social. Se implementaron políticas de redistribución e inclusión para abordar las desigualdades sociales y se señaló a las corporaciones económicas, como el establishment y el Grupo Clarín, como responsables de dichas desigualdades. El gobierno de Macri buscó

    En términos de continuidades, las políticas económicas de Cambiemos comparten varios aspectos con las administraciones neoliberales anteriores. Según Basualdo (2020) se observa una persistencia histórica en la orientación hacia la valorización financiera y la política de endeudamiento público que se remonta a la última dictadura militar y se profundiza durante los gobiernos de Menem y De la Rúa. Estos gobiernos buscaron asistencia financiera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y se alinearon con los intereses de las naciones desarrolladas. También se evidencia continuidad en las políticas de liberalización comercial y financiera, que contribuyeron a la desindustrialización, reprimarización económica y concentración del ingreso. Las medidas de ajuste fiscal implementadas durante estos períodos muestran similitudes históricas en sus consecuencias, como el aumento de la pobreza, el desempleo y la desigualdad social. Además, se destaca la alianza con el sector bancario-financiero, los acreedores extranjeros y el complejo agroexportador.

    En relación a las transformaciones, un cambio significativo se evidencia en la política de comunicación. Como señala Becerra (2016) en diciembre de 2015 el gobierno de Cambiemos anunció un decreto que disolvía la Ley de Medios creada en 2010 durante el kirchnerismo. En su lugar, se creó una nueva entidad reguladora, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), que excluyó a las minorías parlamentarias y otorgó un mayor control al Poder Ejecutivo sobre el área. Esta política estuvo acompañada de un cambio en la comunicación política del gobierno que comenzó a compartir con los principales grupos mediáticos la promoción del nuevo programa político y económico, así como la crítica al gobierno anterior.

    Otra cuestión tiene que ver con la impronta que tuvo el poder judicial, en tanto actor central de la escena política en Argentina durante el gobierno de Cambiemos. Dicho protagonismo se inscribe en los procesos de "judicialización de la política" que se fueron dando en distintas regiones del mundo por un lado y por el otro, los conflictos abiertos entre el gobierno de Cristina Kirchner y el sistema judicial.

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    El gobierno de Macri realizó distintos movimientos para relacionarse con el poder judicial. Según Zaffaroni (2020) se trató de un plan sistemático de cooptación del poder judicial para que cumpliera unaseriedeobjetivos:laimpunidaddelafamiliaMacri,obtenerlegalidadparalaspolíticasneoliberales que violan diversos derechos laborales, jubilatorios, económicos, sociales y la persecución penal y proscripción política de los opositores al gobierno. En la persecución se incluyen líderes políticos, especialmente Cristina Kirchner, junto con otros miembros del Partido Justicialista.

    Otro punto de diferenciación entre los gobiernos de Menem, De la Rúa y Macri radica en torno a la política implementada frente a la protesta social. En este punto, la estrategia de polarización extrema del gobierno de Macri adquirió gradualmente rasgos acentuadamente autoritarios. Dicha estrategia abarcó una serie de acciones que incluyeron desde la modificación de la ley de Migraciones hasta la represión violenta a inmigrantes y la detención arbitraria de militantes sociales y dirigentes políticos de la oposición (Catanzaro y Stegmayer, 2018). El despliegue de prácticas sociales claramente autoritarias, combinadas con rasgos xenófobos, resulta una característica distintiva del gobierno de Macri en el contexto de una línea ideológica de continuidad de la nueva derecha neoliberal en la Argentina reciente.

    Desde un análisis de los imaginarios sociales, Cambiemos buscó establecer el individualismo neoliberal junto con una defensa innovadora de la meritocracia. La lógica meritocrática se asocia con el esfuerzo individual y emprendedor del sector privado, en contraposición a lo que consideran como la ineficiencia, el acomodo y el paternalismo estatal, atribuidos al kirchnerismo y a sectores ideológicamente afines (sindicalistas y movimientos sociales) y a los gobiernos "populistas" en general (Fair, 2021). Así, emerge un nuevo sujeto neoliberal que busca legitimar y normalizar la desigualdad social.

    A su vez, el gobierno de Macri homóloga al Estado con una empresa privada que debe ser gestionada de un modo puramente técnico y racional, sin antagonismos ficticios, y asocia al empresario con la eficiencia intrínseca del sector privado.

    El gobierno de Cambiemos contribuyó a difundir en la Argentina un modelo de acumulación y un conjunto de valores y políticas de matriz neoliberal, pero su principal limitación en la construcción de poder radicó en su incapacidad para generar la confianza política necesaria para disciplinar a los agentes económicos, controlar la inflación y fomentar un crecimiento sostenido. A partir de la corrida cambiaria de abril de 2018, los indicadores de inflación y el tipo de cambio se desbordaron rápidamente y, junto con la profundización del ajuste ortodoxo, potenciaron la recesión económica y generaron mayores niveles de pobreza. El gobierno logrará, como tabla de salvación, un préstamo de 55.000 millones de dólares del FMI a costa de condicionar la política económica y social del país por muchos años (Basualdo, 2020).

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    En suma, a pesar de que Cambiemos llegó al poder con la promesa republicana de poner límites al Poder Ejecutivo, implementó nuevamente un sistema económico neoliberal que generó una profunda crisis económica, incrementó el desempleo y la desigualdad social. Debido a las dificultades económicas y políticas resultantes, el gobierno radicalizó su discurso y accionar y, se sostuvo a partir de los medios hegemónicos, el poder judicial y las corporaciones empresarias. Tras cuatro años de esta nueva experiencia neoliberal, la sociedad argentina experimentó un deterioro en sus indicadores económicos y sociales, profundizó sus divisiones políticas y agudizó su crisis de representación.


  5. Peronismo fragmentado, neoliberalismo libertario y sus implicaciones en Argentina.

    Alberto Fernández asume la presidencia de la Argentina el 10 de diciembre del año 2019 en un momento crítico en materia económica y social. En primer lugar, el país estaba experimentando una crisis económica prolongada, caracterizada por alta inflación, deuda externa elevada, una moneda en constante depreciación y recesión económica.

    Mauricio Macri “entregó un país en recesión (2,5% de caída del PBI en 2018 y 2,2% en 2020), con más pobreza (35,5%), una inflación de 53,8% y una situación financiera al borde del colapso: el peso se devaluó casi 550%” (Natanson, 2021, p. 4). Quizás, lo más grave y preocupante, fue que la deuda pasó de menos de 40% a más de 100% del PBI con un asfixiante cronograma de pagos (Natanson, 2021).

    El panorama de la Argentina era muy complejo, enfrentaba una creciente polarización política y una falta de confianza en las instituciones públicas. Fernández tenía como uno de sus mayores objetivos buscar restaurar la confianza en el gobierno, las instituciones y promover la unidad nacional para abordar los desafíos del país. El primer y quizás mayor desafío inesperado para la nueva conducción fue la irrupción de una pandemia mundial. La llegada del COVID-19 en 2020 exacerbó los problemas existentes y generó nuevos desafíos para la administración de Fernández. La crisis sanitaria requirió medidas de contención y mitigación, así como apoyo económico y social para los sectores más afectados.

    El 19 de marzo de 2020 el gobierno anunció un aislamiento social obligatorio en todo el país para contener la propagación del virus. Esta medida implicaba restricciones significativas a la movilidad de las personas, la suspensión de actividades no esenciales y el cierre de fronteras. El gobierno de Fernández apostó a invertir en mejorar la capacidad de respuesta del sistema público de salud, muy desfinanciado y con graves problemas, antes que el propio sistema sanitario nacional colapsara.

    La pandemia marcó un punto de inflexión en varios aspectos. El principal tiene que ver con el surgimiento de La Libertad Avanza (LLA), partido que hasta ese entonces era percibido como poco más que un fenómeno temporal, el cual terminó finalmente por sacudir el panorama electoral y la agenda política del país.

    Entonces, ¿qué es La Libertad Avanza? Según Pablo Semán (2023) es una fuerza que combina la protesta contra el statu quo con la reinterpretación de la libertad en un movimiento que se superpone con versiones actualizadas y más agresivas del neoliberalismo, desafiando tanto las dimensiones sociales de la democracia como las dimensiones liberales de la república. Esta nueva

    derecha se circunscribe en la emergencia de lo que se ha denominado “neoliberalismo autoritario”, “fascismo neoliberal” o “autoritarismo libertario”.

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    Veamos someramente cuáles son las condiciones sociales e históricas más inmediatas en las que se ha fraguado el proceso político en que se inscribió la candidatura de Javier Milei y la emergencia de LLA. En primer lugar, es necesario señalar condiciones socioeconómicas, como analizamos a lo largo de este trabajo, la Argentina no ha encontrado un modelo productivo capaz de remediar el aumento de los picos de pobreza, el estancamiento y el decrecimiento del PBI per cápita, la precariedad, informalidad e intermitencia del trabajo, el empobrecimiento de las clases medias y el engrosamiento de las camadas de asalariados pobres. Dentro de este mismo contexto, se encuentra el proceso de devaluación de la moneda nacional, que ha resultado en múltiples cambios en la denominación monetaria y, en última instancia, en la desconfianza social hacia el peso argentino. Esta crítica no se limita únicamente al ámbito económico, sino que también afecta la percepción hacia el Estado y la esfera política en general. La creciente aceptación de la dolarización puede entenderse como una expresión económica del rechazo hacia las élites gobernantes, el sistema populista y un Estado que, en momentos de crisis, emite una moneda que carece de estabilidad.

    Otro tipo de cuestiones tiene que ver con la pérdida de legitimidad de los partidos políticos. A pesar de que la decepción y la crítica hacia los distintos partidos son generalizadas, se observa un cuestionamiento más intenso hacia el peronismo. Esto surge de la experiencia de veinte años durante los cuales el kirchnerismo ha generado divisiones, desconfianza y distanciamientos. Esta actitud se refleja en una variedad de reacciones que van desde la apatía y el distanciamiento hasta una hostilidad generalizada hacia el peronismo y a sus principales ideales de las últimas décadas, dentro de un contexto de crítica hacia "la casta" política en general (Semán, 2023).

    Como mencionamos, la pandemia es otro factor de suma importancia para tener en cuenta por el efecto corrosivo que tuvo para el gobierno de Alberto Fernández. Los confinamientos, la polémica fiesta de cumpleaños en la residencia presidencial de Olivos, las tragedias relacionadas con la pérdida de vidas y los impactos económicos como la pérdida de ingresos, empleo, ahorros y patrimonio, habilitaron los discursos de la extrema derecha y permitieron el desafío a los puntos de vista estatales y la progresiva pérdida de legitimidad del gobierno peronista.

    En suma, en la medida que los gobiernos populares no salgan de su impasse y no logren reducir las desigualdades sociales e incrementar el bienestar material de la población, es probable que fuerzas políticas neoliberales autoritarias, como LLA, continúen emergiendo y consolidándose.

    En cuanto a las características principales de esta nueva derecha radical, se destaca que el capitalismo financiero sigue siendo el principal modo de acumulación económica, mientras que la lógica neoliberal establece las pautas que guían nuestras acciones con el objetivo de convertir a los individuos en actores económicos en constante competencia.

    No obstante, estas nuevas corrientes de derecha se distinguen de las anteriores al enfatizar la defensa de las jerarquías basadas en la raza, la clase social, el género y la nacionalidad, así como al respaldo del autoritarismo y el uso de la violencia.

    En efecto, como señala Sanmartino (2024), el gobierno de Macri fue un intento neoliberal

    gradualista, cuyo objetivo era imponer una agenda de privatizaciones, destruir la protección laboral y desregular la economía. Sin embargo, conservó las políticas sociales, negoció con las provincias transferencias más allá de la coparticipación y tuvo en lo cultural cierta tolerancia con las diversidades de género. Lo que estamos viendo hoy con el gobierno de Milei es radicalmente diferente. Pasamos de un neoliberalismo culturalmente tolerante a uno claramente autoritario, que se expresa desde medidas como el protocolo antipiquetes, el decreto 70, el cierre del INADI y la agencia de noticias TELAM o la cancelación de las becas del CONICET.

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    Milei viene a radicalizar desde la extrema derecha la experiencia macrista, proponiendo un modelo de gobierno diferente, sin consensos y negociaciones. LLA representa a esa clase dominante impaciente por barrer con las conquistas heredadas del modelo desarrollista con inclusión social. El decreto 70 y la ley ómnibus son la expresión máxima de este proceso, cuyo objetivo es la captura del Estado por los grandes grupos concentrados, la destrucción de las instituciones de protección y la expulsión de las clases subalternas del aparato del Estado (Sanmartino, 2024).

    En este sentido, podemos observar que el autoritarismo se encuentra intrínsecamente ligado al paradigma ultracapitalista promovido por Milei, y por ello es inconciliable con cualquier noción de soberanía popular. Esta postura implica una crítica dirigida hacia las formas institucionales que articulan los compromisos sociales y los acuerdos democráticos alcanzados a través de las luchas populares. En suma, a pesar de que las instituciones electorales, el parlamento y la justicia siguen operando, es posible que en lugar de vivir en una verdadera democracia estemos experimentando más bien un régimen electoral. Este sistema representa una forma de democracia formal incompatible con la idea amplia de la democracia como soberanía popular, como arena de intervención ciudadana.


  6. Conclusiones

A lo largo de este artículo hemos analizado cómo las derechas neoliberales ascendieron al poder en la Argentina y se convirtieron en la fuerza hegemónica del sistema político. Pese a las diferencias que podemos observar dentro de las distintas experiencias del neoliberalismo argentino, existe una característica común a todos ellos: su vocación por suspender la política, entendida como debate entre modelos alternativos, y subordinarla a la lógica económica. Dicha subordinación equivale a decir que la economía se independizó de las demandas sociales y constituye la expresión material del poder de los actores más concentrados y de su modelo de acumulación socialmente excluyente. En primer lugar, examinamos cómo la democracia se encontró desde sus inicios rodeada por diversos factores de poder, tales como los militares, las corporaciones empresariales, los bancos extranjeros y el sector agropecuario. Dichos sectores alcanzaron una notable influencia económica y política, estableciendo un modelo de acumulación que, en lo sucesivo, dificultó la implementación

de políticas de desarrollo inclusivas fundamentales para la expansión de una democracia real.

El cambio de gobierno entre Alfonsín y Menem marcó un hito en la transición democrática argentina, pero las circunstancias no se correspondieron a las esperadas por la sociedad. La historia del neoliberalismo en los años 90 se caracterizó por un ciclo continuo en el que el auge y la crisis

se retroalimentaron constantemente: a medida que la crisis se profundizaba se implementaba más neoliberalismo y, a su vez, el incremento del neoliberalismo conducía a una crisis de mayor magnitud. A fines de 2001, durante el gobierno de Fernando De la Rúa, este modelo llegó a su fin debido al deterioro extremo de la estructura social, política y económica.

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Lasiguienteexperiencianeoliberalnacióafinesde2015comoconsecuenciadelascontradicciones que se gestaron en el seno de la sociedad durante los años del modelo desarrollista con inclusión social. La llevó adelante Mauricio Macri, cuyo gobierno redujo el Estado e implementó una feroz redistribución del ingreso desde el sector asalariado hacia los sectores del capital más concentrados de la economía. Pero la transformación más evidente fue la profundización de la individualización y la restauración de las preferencias por las jerarquías sociales. Dicha preferencia explicaría por qué, en 2019, el 40% de la sociedad votó a Macri a pesar de la crisis económica y del aumento de la desigualdad. De esta forma, Cambiemos es una expresión de la derechización de nuestra sociedad.

Cambiemos ganó las elecciones a través de promesas falsas y mantuvo su gobierno por la protección de los medios hegemónicos, jueces y fiscales y el apoyo del capital financiero y el FMI. La implementación de toda esta artillería política, mediática y judicial dejó consecuencias muy negativas en el plano social y económico, y marcó un nuevo fracaso del neoliberalismo. Dicho fracaso refuerza la evidencia de que son los distintos intentos por implementar el neoliberalismo los que impiden el desarrollo económico con inclusión social en el país.

Alberto Fernández al asumir la presidencia se encontró ante una situación muy compleja. Dicha realidad se caracterizaba por una combinación de desafíos económicos, sociales, políticos y de salud pública que requerían respuestas urgentes y coordinadas para estabilizar la situación del país. Sin embargo, la elevada inflación, la devaluación de la moneda y la gestión de la pandemia de COVID-19, marcaron un descontento generalizado hacia el gobierno por la falta de eficacia en las medidas adoptadas.

Este contexto contribuyó a crear un terreno fértil para el surgimiento y éxito político de figuras de la extrema derecha como Javier Milei y su partido. Con un discurso antisistema, LLA pudo capitalizar el malestar popular y ganar terreno político. Además, la polarización política y la falta de consenso entre los partidos tradicionales facilitaron aún más la llegada al poder de este tipo de neoliberalismo autoritario.

El ascenso de la retórica anarcocapitalista plantea como objetivo el supuesto de una sociedad capitalista sin Estado, ideas que ganaron terreno impulsadas por intensas campañas en redes sociales y el crecimiento de influencers que, hasta el día de hoy las promueven ya sea de forma directa o indirecta. En este sentido, a diferencia del liberalismo clásico que limitaba el accionar del Estado, la propuesta de Javier Milei es abolirlo, quizás en el sentido anarquista, pero en este caso para beneficio de la propiedad privada de los medios de producción.

Si consideramos la propuesta de LLA como una forma radical de libertarismo, orientada por la lógica de promover la completa eliminación del Estado, entendemos el porqué del sistemático ataque a todo lo vinculado a éste. Para este espacio político, cualquier vertiente que no se oponga a la regulación del Estado es considerada “la casta”, un enemigo de ideología marxista, socialista,

socialdemócrata, keynesiano o, lo que es peor para Milei, un radical alfonsinista.

Durante la campaña que posicionó a Javier Milei encontramos como base cardinal de su proyecto la crítica a los líderes de ambas coaliciones, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, a quienes trató de casta política. De esta forma el candidato se benefició de algo que solo el partido LLA tenía que es, justamente, no tener ninguna experiencia de gestión en el ejecutivo por lo que logró representar el descontento general como principal insumo de campaña.

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Los principales slogans de Javier Milei se basaron en dolarizar la economía, el libre mercado, la defensa a la propiedad privada y mano dura con la delincuencia. Estas promesas se sumaron a la confrontación con un modelo que lo precede y al que culpa de todos los males, sintetizado básicamente, como la justicia social a la que el actual presidente llamó aberrante y la describió como robarle a alguien para darle a otro⁴.

Ensuma, lavictoriade LLArepresentóundesplazamientohacialaderechadelsistemapolítico. Este proceso se caracterizó por el surgimiento de un partido neoliberal autoritario que logró capitalizar el descontento haciéndose eco de las desilusiones y resentimientos de la sociedad. A través de la articulación de una narrativa que exaltaba la épica del anarcocapitalismo y que identificaba al Estado y a la élite política como adversarios consiguió movilizar un amplio apoyo popular.

Frente a los discursos antisistema de contenido des-democratizantes, el desafío urgente de la política implica fortalecer los derechos individuales por canales de articulación que permitan que, tanto las expectativas como las demandas de los ciudadanos sean reconocidas de forma republicana. Abordar estos desafíos implica reafirmar el compromiso con la equidad social, la igualdad económica, la preservación del medio ambiente y la defensa de los derechos humanos por medio del diálogo político constructivo que promueva la cooperación y el consenso.

Lo que estamos observando en Argentina es un proyecto político extremo, algo muy diferente a las anteriores experiencias neoliberales que se habían dado desde el retorno de la democracia. En este marco, los partidos políticos que representan a las mayorías populares enfrentan responsabilidades ineludibles por delante. A pesar del ascenso de la nueva derecha, es crucial que desarrollen estrategias alternativas al neoliberalismo, reconstruyendo las instituciones con el objetivo no solo de restaurar la capacidad de intervención del Estado, sino también para establecer canales sólidos que garanticen que las distintas demandas sociales sean tenidas en cuenta. En última instancia, este proceso de reconstrucción institucional y búsqueda de alternativas al neoliberalismo es fundamental para fortalecer la democracia y promover un desarrollo socioeconómico más inclusivo y equitativo en el ámbito social.


⁴ En su discurso de agosto del 2023 ante los empresarios de la 20° edición del Consejo de las Américas Javier Milei declaro “la justicia social es aberrante, es robarle a alguien para darle a otro, un trato desigual frente a la ley, que además tiene consecuencias sobre el deterioro de los valores morales al punto tal que convierte a la sociedad en una sociedad de saqueadores". Ver .

https://www.infobae.com/politica/2023/08/24/la-trastienda-de-javier-milei-en-el-consejo-de-las-americas-criti- co-a-los-empresarios-prebendarios-y-prometio-sacarles-el-estado-de-encima/

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Noción de Estado y comunidad en el pensamiento político peronista a cuarenta años de democracia

Notion of State and community in peronist political thought forty years after the arrival of democracy

Noel Bazzetti¹


Universidad Nacional de San Juan- Estudios sobre el Poder. Revista de Ciencia Política / Abril 2025 / N°01. - ISSN 3008-7376

Recibido: 15/04/2024 Aceptado: 30/09/2024


Resumen

El proyecto político peronista no solo fue una experiencia histórica concreta en Argentina, sino que también dio lugar a numerosos desarrollos conceptuales, especialmente en materia de teoría política. A través de una perspectiva hermenéutica, el presente artículo aborda las construcciones teóricas del pensamiento político peronista que remiten fundamentalmente a sus nociones de Estado, comunidad e individuo, con el propósito de saber si es posible encontrar en esta expresión política elementos de una teoría del Estado, si es posible hablar de un Estado peronista y cómo se diferencia de otras formas estatales, como la liberal o la marxista. Para ello analizamos las obras escritas por Juan Domingo Perón como uno de sus máximos exponentes, teniendo en cuenta las circunstancias históricas nacionales e internacionales de guerra y posguerra. Consideramos que las elaboraciones conceptuales de Perón no solo conforman un cuerpo teórico político, sino que también se corresponden con formas institucionales estatales, semiestatales, que expresan los esfuerzos por plasmar en la realidad aquel proyecto político señalado. Además, estas elaboraciones conceptuales ofrecen una nota distintiva clave que nos invita a pensar una democracia social distinta al paradigma liberal: la noción de Comunidad Organizada. Este trabajo puede resultar de interés e importancia contemporánea, ya que remite a la tensión permanente entre individuo y comunidad. En este sentido, pretende contribuir a la actualización de los debates teórico-políticos contemporáneos, que adquieren vigencia frente al actual retorno de tesis individualistas y neoliberales radicalizadas en nuestro país, que tensionan las formas de vida comunitaria propuestas por el peronismo.


Palabras clave: Estado, comunidad, democracia, peronismo


¹ Licenciado en Ciencias Políticas y Doctorando en Filosofía-Universidad Nacional de San Juan. ORCID: 0009-0004- 6569-387X. Correo electrónico: noelbazzetti@gmail.com

Abstract

Universidad Nacional de San Juan- Estudios sobre el Poder. Revista de Ciencia Política / Abril 2025 / N°01. - ISSN 3008-7376

The Peronist political project was not only a concrete historical experience in Argentina, but also gave rise to numerous conceptual developments, especially in political theory. Through a hermeneutic perspective, this article addresses the theoretical constructions of Peronist political thought that refer fundamentally to its notions of State, community and individual, with the purpose of knowing if it is possible to find in this political expression elements of a theory of the State, if it is possible to speak of a Peronist State and how it differs from other state forms, such as the liberal or the Marxist. To this end, we analyze the works written by Juan Domingo Perón as one of its greatest exponents, taking into account the national and international historical circumstances of war and post-war. We consider that Perón's conceptual elaborations not only make up a political theoretical body, but also correspond to state, semi-state institutional forms, which express the efforts to translate into reality that political project. Moreover, these conceptual elaborations offer a key distinctive note that invites us to think of a social democracy different from the liberal paradigm: the notion of Organized Community. This work may be of contemporary interest and importance since it refers to the permanent tension between the individual and the community. In this sense, it intends to contribute to the updating of contemporary theoretical-political debates, which acquire validity in the face of the current return of individualistic and radicalized neoliberal theses in our country, which stress the forms of community life proposed by Peronism.


Key words: State, community, democracy, Peronism.


I.Introducción

El objeto que motiva el presente trabajo es indagar sobre las elaboraciones teóricas del pensamiento político peronista a partir de la obra producida por Juan Domingo Perón, con el fin de saber si es posible hallar en ellas nociones de Estado, Comunidad o Individuo. Es decir, si podemos encontrar en esta experiencia histórica la construcción de elementos de una teoría del Estado.

A través de una perspectiva hermenéutica (Gadamer, 1998) desarrollamos indagaciones teóricas que nos permiten identificar elementos conceptuales sobre qué entiende este movimiento político por Estado y cómo se diferencia de otras formas estatales. Para ello, analizamos las obras escritas por Juan Domingo Perón como uno de sus máximos exponentes, teniendo en cuenta las circunstancias históricas nacionales e internacionales de guerra y posguerra.

También es necesario tener en cuenta el marco de la compleja situación general de Argentina a comienzos del siglo XX. Esta se caracterizó por una serie de crisis vinculadas entre sí que refieren a problemas de distribución, de legitimidad política y a una crisis de dependencia económica con los centros económicos mundiales (Waldmann, 1985).

Para comprender estas crisis es necesario señalar que, a partir de 1853, en Argentina se había consolidado un Estado liberal. El mismo proponía un país inserto en el concierto

internacional como productor de materias primas que privilegiaba a un pequeño grupo social vinculado al sector agroexportador. Sin embargo, pese al desarrollo demográfico, económico y la movilidad social generados en el período 1880-1930, la dependencia externa hizo a la economía local vulnerable a las crisis y vaivenes internacionales. Fue principalmente la crisis de 1930 la que afectó a los trabajadores y empleados de baja categoría, ampliando su base numérica y deteriorando sus condiciones de vida (Waldmann, 1985). Desde aquí, la brecha socioeconómica entre ricos y pobres se fue ampliando considerablemente.

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A su vez, el sistema político se encontraba en crisis debido a que el sector de dirigentes llevaba años ‘eligiendo’ presidentes en elecciones fraudulentas. Este período que va de 1930 a 1943 se conoce como la Década Infame. En conjunto, estas condiciones fueron alarmando a la cúpula del Ejército Argentino quienes temían por un inminente crecimiento de la tensión social que pudiera desencadenar en una revolución violenta (Feinmann, 2015; Galasso, 2005; Pavón Pereyra, 2018; Waldmann, 1985).

Ante esta situación un sector del Ejército argentino decide ocuparse, por un lado, de la crisis social de distribución y, por otro, de la falta de legitimidad del sistema político. Es así como en 1943 un grupo de oficiales del Ejército, reunidos bajo el nombre de Grupo de Oficiales Unidos (G.O.U.), toman el poder poniendo fin al gobierno fraudulento de Ramón Castillo (Galasso, 2012; Waldmann, 1985).

Este grupo asume con una serie de objetivos como: poner fin al fraude electoral; lograr una inteligente inserción internacional del país post segunda guerra mundial; atender a la difícil situación social; asegurar la unión nacional y llevar a cabo una reforma del sistema político, de modo que éste dejara de ser conducido por una elite que únicamente atendía a sus propios intereses. Pero también se proponía darle al Estado la custodia de la armonía social (Pavón Pereyra, 2018; Waldmann, 1985).

En este contexto, Juan Domingo Perón era un joven coronel que se comenzaba a destacar en el G.O.U. ya que, debido a su formación en el ejército y su larga estadía en Europa como agregado militar, tenía una visión más amplia de cómo encarar los problemas y de este modo procurar evitar posibles conflictos violentos (Segovia, 2001). Es así como logra ocupar lugares claves dentro del gobierno y destacarse, primero, en la Secretaría de Trabajo y Previsión, luego en la vicepresidencia, hasta su asunción como presidente de la Nación en 1946 (Galasso, 2012).

Una vez en el poder, Perón comienza a pensar en la necesidad de elaborar formulaciones teórico-políticas. Estas se vieron plasmadas en sus textos “Doctrina Peronista” (1947), “Comunidad Organizada” (1949/2010), “Conducción Política” (1951/2014), “Sociología Peronista” (1954/2016), “Filosofía Peronista” (1955/2020)², y, antes de su tercera presidencia, “Modelo Argentino para el Proyecto Nacional” (1974/2012).


² Difundido en 1955 en el marco de la formación brindada en la Escuela Superior Peronista.

El contexto de producción de estas obras se da en el marco de posguerra, crisis del Estado y de la democracia liberal, atendiendo a que esta ya no podía circunscribirse a los derechos civiles y políticos, sino que también era necesario incorporar derechos sociales (Segovia, 2019). Esta producción también surge en el marco de las críticas a la concepción liberal e ilustrada acerca del orden social que miraba a Europa como faro, como así también su idea de progreso que lleva implícita un agnosticismo amoral y egoísta (Bolívar, Di Lorenzo y Ríos, 2014).

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También el pensamiento comunitario peronista tiene puntos de coincidencia con las reflexiones del nacionalismo restaurador europeo de la década del 30 (Williams, 2019). No obstante, estos textos pueden ser considerados para la acción política o, como dice Poratti (2007), “momentos de una acción” (p. 60).

Además, estas obras responden, por un lado, a las peculiaridades de los problemas argentinos y, por otro, se mantienen equidistantes en sus concepciones de las principales formas ideológicas en pugna: el liberalismo y el comunismo ganadores de la Gran Guerra (Pavón Pereyra, 2018) pero también de los fascismos que habían cometido crímenes atroces contra la humanidad y eran los grandes perdedores de la Segunda Guerra Mundial (Perón, 2020).

Estas elaboraciones conceptuales de Perón no sólo conforman un cuerpo teórico político, sino que también intentaron corresponderse con formas institucionales estatales, semiestatales, o con un cuerpo normativo como la Constitución Nacional de 1949, elementos que expresan los esfuerzos por plasmar en la realidad un proyecto político (Feinmann, 2015; Galasso, 2005; Waldmann, 1985). En estas elaboraciones conceptuales aparece una nota distintiva clave que nos invita a pensar una democracia social distinta al paradigma liberal: la noción de Comunidad Organizada.

Creemos que este trabajo puede resultar de interés e importancia contemporánea ya que remite a la tensión permanente entre individuo y comunidad. En este sentido, pretende contribuir a la actualización de los debates teórico-políticos contemporáneos que adquieren vigencia frente al actual retorno de tesis individualistas y neoliberales radicalizadas en nuestro país y que tensionan las formas de vida comunitaria propuesta por el peronismo.


  1. Antecedentes

    Destacados investigadores se han ocupado de analizar el pensamiento peronista. A continuación, señalamos algunas producciones que sirven de guía para nuestro trabajo.

    Desde un enfoque politológico y jurídico, Leticia Vita (2021) ha analizado las producciones teóricas que fueron el sostén de la Convención Constituyente de 1949, además de las discusiones desarrolladas durante su funcionamiento respecto del alcance y rol del Estado que debía establecer la Constitución de 1949. Como señala la investigadora, importa enfatizar que esta reforma no tenía como objeto solo la reelección de Perón, sino que está inscripta en los cambios del constitucionalismo social del momento y del gran trabajo realizado por aquella Convención. En esta línea también destacamos las indagaciones histórico-políticas constitucionales de Segovia (2019). Estas asocian la reforma de 1949 con una corriente político-constitucional favorable al reformismo que se hizo muy fuerte en el siglo XX incorporando a la idea de democracia

    no solo los derechos civiles y políticos, sino también los derechos sociales (Segovia, 2019).

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    La formación política y militar de Perón, su concepción de la política y de la guerra como experiencia vital, así como la relación existente entre ambas han sido objeto de estudio del investigador Gerardo Tripolone (2017). Éste señala que, debido a su formación militar, Perón pensaba que el mundo estaba próximo a una tercera confrontación mundial, por tanto el país debía estar preparado para un posible conflicto. En la concepción de la guerra total y la Nación en armas, en la que Perón se encuentra inscripto, la aniquilación del enemigo consiste en la anulación total de su capacidad de lucha y, para conseguir este objetivo, todos los medios son necesario (económico, industrial, la prensa, etc.). Por ello la pobreza se convierte también en una cuestión de defensa nacional (Tripolone, 2017).

    No obstante, aunque guerra y política están relacionadas en el pensamiento de Perón no se igualan. El objetivo de la guerra es, de acuerdo con Tripolone (2017), el aniquilamiento del enemigo, esto es, quitarle su capacidad de acción para alcanzar el objetivo de la política. Al respecto sostiene que la política busca administrar intereses opuestos para la aspiración del Estado de un bien. Así, en esta concepción, la guerra se encuentra subordinada a la política.

    Para profundizar en la noción de política de Perón es necesario advertir la tensión latente en la misma. Al respecto, tomando a Segovia (2001), entendemos que Perón reconoce que la política es lucha, pero el objetivo de una política justa debe ser evitar el conflicto y la disolución nacional.

    El pueblo es un elemento clave de la teoría del Estado de Perón (2016). Ciertos estudios que indagan la dinámica de los partidos políticos, la democracia y el liderazgo destacan, por un lado, la figura del pueblo como sujeto soberano de la democracia y, por otro, la lucha de los partidos políticos nacionales del momento por quién se apodera de la palabra “Democracia” (Azzolini, 2015). Los debates que tuvieron lugar durante la Primera Guerra Mundial y en el período de entreguerras en la Argentina alteraron la forma de entender una democracia liberal en crisis que según Perón había dejado al ser humano liberado a su suerte. A partir de esto la noción de democracia ya no podía desentenderse de la idea de justicia social. Por ese entonces, medidas de distribución de la riqueza y contención social ya habían sido aplicadas en EEUU por Roosevelt poniendo en marcha su New Deal y convirtiéndose en un modelo a seguir. Así, en las elecciones de 1946, tanto Tamborini como Perón propusieron reformas como las que había llevado a cabo Roosevelt (Ruiz Jimenez, 2007).

    Por su parte, García Zamor (1972) ha interpretado al peronismo como un fenómeno heredero de la revolución francesa y el positivismo francés, ya que la elite intelectual argentina estuvo ligada desde el siglo XIX al socialismo utópico francés y las ideas de Saint Simon (García Zamor, 1972). Esta visión resulta llamativa puesto que, si bien es cierto que en sus escritos Perón (2010) destaca la importancia de los idearios de la Revolución Francesa, también considera que éstos sólo terminaron por consolidar la libertad de comercio. Además, nos advierte del profundo desprecio de exponentes del Iluminismo hacía los sectores populares que era el más importante y sobre el cual basó su proyecto político.

    El campo filosófico ha hecho aportes que recuperan a los intelectuales que nutrieron el ideario justicialista desde su filosofía, fundamentalmente a Carlos Astrada y Arturo Sampay.

    Con respecto a Astrada, Nora Bustos (2012) destaca su papel como filósofo de Estado durante el primer peronismo. Por otra parte, Williams (2019) analiza su visión de comunidad que recuperamos en este trabajo. Además, Bolívar, Di Lorenzo y Ríos (2014) enfatizan su crítica a la cultura liberal oligárquica expresada en la revista Sur. Las contribuciones de Astrada y Sampay así como de los filósofos que abordan sus obras, son de gran relevancia ya que contribuyen a destacar la mirada del pensamiento político peronista respecto a la cultura liberal burguesa y los exponentes del Iluminismo.

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    En el “Mito Gaucho”, Astrada nos presenta un análisis poético-existencial del poema Martín Fierro de José Hernández. Prestía (2015) señala que El Mito Gaucho aparece como el mito fundante de lo argentino, donde es posible encontrar su esencia. Allí, el gaucho del “infinito pampeano” se presenta con una hostilidad al Estado liberal burgués que lo niega y mira hacia Europa como destino (Bolívar et al., 2014). Astrada hace una interpretación hermenéutica de la historia argentina, donde la figura mítica del gaucho devendrá en la figura del trabajador o “descamisado” en la experiencia histórica del peronismo (Williams, 2019, Prestía, 2015). Así, para Astrada será el peronismo el proyecto político capaz de cumplir el Destino Nacional (Prestía, 2015).

    En lo que refiere a Arturo Sampay se han señalado sus aportes desde la teoría del Estado y la Constitución. Bolívar et al. (2014) señalan que su reflexión, desde un personalismo cristiano, ha girado en torno a una crítica a la filosofía Iluminista contenida en la Constitución de 1853 y en Alberdi como su principal exponente argentino. En su antropología filosófica señala que el hombre tiene un compuesto doble: el ser humano, como criatura caía y en pecado lleva en sí mismo la semilla de la maldad, pero al mismo tiempo está hecho a imagen y semejanza de Dios. Es decir que el hombre lleva en sí mismo una parte buena que el Estado debe estimular a través de la Constitución (Bolívar et al., 2014).

    También desde la filosofía se han tratado las posibles cercanías entre el concepto de comunidad propuesto por Perón en el texto Comunidad Organizada y la consideración del Estado como un individuo colectivo en Baruch Spinoza (Sabater, 2024). Así también, se ha analizado como ha sido presentado Hegel en dicha obra indagando la noción de comunidad de Perón y su posible compatibilidad con el concepto de Estado propuesto por el filósofo alemán (Curotto, 2021). Estos trabajos nos permiten destacar la perspectiva de Perón sobre el individuo no como un ser aislado, sino como un ser gregario, es decir, inserto en una vida comunitaria.

    Como hemos señalado anteriormente, en este trabajo nos enfocamos en el análisis del pensamiento político de Perón plasmado en su obra. Consideramos que éste no solo fue un militar y un político práctico que ejerció tres veces la presidencia de la nación, sino también un teórico de la política. Por esto nos interesa destacar al escritor, teórico del poder y de la política, entendiendo que es posible rastrear sus nociones de teoría del Estado en sus escritos.

  2. Núcleo Central de Ideas del Pensamiento Político Peronista

    Para procurar captar las nociones teóricas de Estado, comunidad e individuo elaboradas por el pensamiento político peronista es necesario indagar en lo que entendemos como su núcleo central de ideas. Es decir, aquellos criterios ideológicos en base a los cuales se articula

    la diversidad de relaciones que conforman un orden político estatal (Sánchez Agesta, 1959).

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    Antes de avanzar en el núcleo central de ideas peronistas es necesario recordar que el pensamiento de Perón estaba dominado por la idea de recuperar la legitimidad del sistema político, la unidad nacional y reducir los niveles de conflictividad social que pudieran llevar a un conflicto armado ya que a comienzos del siglo XX existía en el país un abismo económico entre ricos y pobres (Pavón Pereyra, 2018). Tal situación había asumido proporciones alarmantes después de la Segunda Guerra Mundial. Esto se suma a una decadencia de la dirigencia política que no ve los cambios sociales de entre guerra y postguerra ni es capaz de asumir su representación (Galasso, 2012), por lo que Perón y su entorno político pensaban que tarde o temprano tal situación devendría en estallido social violento como reacción de las capas más bajas frente a la concentración de la riqueza (Waldmann, 1985).

    De este modo, para que una creciente resistencia social no se transformara en acción revolucionaria capaz de destruir la unidad nacional y el sistema político era necesario modificarlo, es decir, hacer las estructuras del Estado más abiertas y permeables a los intereses de los sectores más lastimados de la sociedad. El Estado, a través de la dimensión vertical de la política, iba a establecer la dirección de los procesos políticos (Sartori, 1987; Waldmann, 1985).

    A raíz de ello, una vez llegado al poder, Perón comienza a elaborar conceptualizaciones teóricas acerca de cómo pensar la realidad de nuestro país para dar respuestas a sus problemas.


  3. El Estado como Forma Política

    La concepción de Estado en el pensamiento político peronista puede inscribirse en la tradición teórica que entiende al Estado como forma política. Es decir, como cambiantes configuraciones históricas normativas e institucionales de la organización y ejercicio del poder político, de acuerdo con una interpretación ideológica. Estas formas han existido y existirán en distintos tiempos y lugares, pasando por la polís griega, la urbs romana, la monarquía o la civitas christiana (Negro Pavón, 2010; Rivero Vives, 2005).

    En Filosofía peronista, Perón (2020) nos dice que los antagonismos históricos entre pueblos y clases privilegiadas han sido ocultados y aprovechados por estas últimas para poner a los pueblos contra los Estados. Así, el Estado ha sido históricamente controlado por estas clases privilegiadas. Con lo cual instituciones estatales claves como la justicia, las fuerzas de seguridad o la administración pública se convirtieron en instrumentos de dominación y explotación.

    Para sostener estas afirmaciones, Perón (2020) hace un recorrido histórico del papel del Estado en la historia y el lugar que él cree que ocuparon los sectores populares en las diferentes comunidades políticas. Así, por ejemplo, en las formaciones políticas de la antigüedad, tanto en Grecia como en Roma, la Ciudad-Estado o la República, las clases privilegiadas eran todopoderosas frente a los pueblos. Además, los esclavos no eran siquiera considerados seres humanos. Es decir, un grupo reducido de privilegiados tomaban decisiones sin participación alguna de las masas.

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    Con el derrumbe del Imperio Romano acontece la división de éste en diversos reinos y un consecuente debilitamiento de todo poder central. Es así que aparece lo que se conoce como feudalismo. Aquí el cristianismo ocupa el lugar de elemento de unidad, toda vez que los bárbaros comenzaron a convertirse al cristianismo, primero al arrianismo y después a la doctrina universal de la Iglesia Católica. De modo que el poder de la Iglesia se va consolidando hasta ocupar el vacío de poder que había dejado el Imperio Romano (Espinar Moreno, 2020). En este período, como sabemos, es difícil hablar de Estado en sentido moderno ya que a cada señor le correspondía atribuciones políticas, jurídicas, administrativas e incluso militares. Es decir, no existía la unidad territorial, militar, política del Estado moderno (Weber, 2002).

    Sobre dicho período Perón (2020) señala que los más humildes tampoco tenían ningún tipo de injerencia en las decisiones políticas.

    Ya entrada la Modernidad, se observa un clima de fervor por los derechos individuales poniendo un fuerte acento en éstos que va a servir de matriz para el Estado de derecho liberal (Pérez Luño, 1991). Para Perón (2020) es preciso señalar que en este periodo no se puso acento en todos los individuos sino en el burgués ya que el hombre de pueblo seguía siendo considerado como “bestia de carga”.

    Al mismo tiempo, la concepción que tenían los enciclopedistas que inspiran este periodo sobre los sectores populares era negativa. Exponentes de este momento histórico como Voltaire, admiraban a la aristocracia londinense y su industrialismo como promotor del progreso de las sociedades y tenían una visión despectiva de las clases populares a las que consideraba como meros “bueyes de carga que necesitan yugo, picana y comida” (Perón, 2020, p. 93; Schorske, 2006, p. 26).

    Así, en el pensamiento peronista, los ideales de la Revolución Francesa, la Ilustración, sus ideólogos y sus principios terminaron por consolidar al sistema capitalista (Perón, 2020).

    Para referirse a ello Perón (2010) nos dice:

    La Gran Revolución, soñada y anunciada por los “ilustrados” y los “enciclopedistas”, que terminaría con la miseria y la tiranía absolutista feudal, implantando los principios de “Libertad, Igualdad y Fraternidad”, solo logró que la libertad, tantas veces cantada por los poetas, se convirtiera en la libertad de comercio, en la libertad del capitalismo para hacer sus negocios, sin la oposición del Estado. (p. 93)

    Lo que resultó de este proceso fue el Estado liberal. En este tipo de Estado, para Perón (2020) la libertad individual es concebida como un valor absoluto y las actividades que lleva a cabo el Estado deben circunscribirse a las menores posibles. Al mismo tiempo que tiene una concepción del hombre como individuo aislado y no tiene en cuenta su carácter de ser gregario. Uno de los principales exponentes teóricos del liberalismo, como fue Locke, afirma que el Estado surge de un pacto social que tiene como objetivo asegurarle al individuo la libertad y seguridad para proteger la propiedad de los hombres; y, por último, la vida o seguridad externa para que abandonen el estado de naturaleza y constituyan la comunidad política. También debe administrar la justicia de modo tal que se elaboren normas que permitan resolver las controversias en torno a la propiedad. Solo a estas actividades se debe circunscribir el Estado

    (Pacheco Torrico, 2006; Rivero Vives, 2021).

    Así, para el pensamiento político peronista, la forma estatal liberal considera al hombre como un “Dios autónomo”, aislado sin ningún sentimiento de solidaridad y, si éste tiene más fuerzas, no duda en esclavizar al otro. Con lo cual aísla a los hombres entre sí, favoreciendo a los más poderosos ya que el Estado no debe intervenir más que para las actividades específicamente establecidas (Perón, 2020). Estas concepciones son las que conducen a Hobbes a decir que “el Hombre es el lobo del hombre” (Perón, 2010).

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    A partir de lo antes dicho, Perón (2020) señala que las desigualdades generadas por el Estado liberal, que beneficiaban solo a la burguesía como clase dominante, dieron lugar a doctrinas políticas que pretenden dar más poder al Estado paraatender los desequilibrios entre los hombres. Es así como, con el tiempo, el Estado fue tomando cada vez más poder frente a los individuos y la consecuencia de ello fue el surgimiento de los Estados totalitarios que se han manifestado de tres maneras en la historia contemporánea: el fascismo, el nazismo y el bolchevique.


  4. Propuesta del Estado Peronista como Forma Estatal Superadora

    Perón se muestra crítico con las formas estaduales de su tiempo, ya sean estas liberales, fascistas, nazi o bolcheviques. Por ello va a proponer otro tipo teórico de Estado que se distingue de ellos.

    Para Perón (2020), el Estado bolchevique se encuentra en las antípodas del Estado liberal por cuanto que el primero exacerba su valor frente al individuo. Aquí el individuo se debe por entero a la sociedad y al Estado. Además, niega la dimensión espiritual del hombre, afirmando que la única realidad es material. Al respecto, señala que Estado totalitario “Desconoce la personalidad del hombre, su “yo”, lo que lo hace persona; en última instancia niega su espíritu, puesto que éste es el fundamento de la personalidad” (p. 107).

    En el caso concreto del nazismo o el fascismo cuestiona que estos hacen hincapié en el “espíritu de la raza o del Estado”, atribuyéndole a ésta una superioridad respecto de la dimensión espiritual o anímico-intelectual del ser humano.

    Para referirse a ellos, Perón (2020) nos dice:

    Tanto el liberalismo como el totalitarismo sostienen concepciones limitadas, parciales, de la realidad humana, que favorecen los intereses del capital, en el primer caso, y del Estado en el segundo, avasallando la verdadera libertad del hombre, medio indispensable para su realización como tal. (p. 108)

    De modo que, para el pensamiento político peronista, las formas estaduales de la modernidad fueron funcionales a la acumulación de la clase capitalista y la consecuencia de ello surge el Estados totalitarios, que colocaba a los seres humanos a su servicio. Frente a estas doctrinas de su época, el peronismo ideó su propia formulación teórica sobre el Estado y lo presentó como una propuesta superadora.

    Antes de referirnos a la forma estadual peronista, recordemos que siempre en su exposición Perón puso el acento en la tensión entre las clases privilegiadas y los pueblos. Aquellas clases privilegiadas pusieron al Estado al servicio de sus intereses haciéndolo aparecer como una

    institución opresora. No obstante, para Perón (2020) es importante destacar que el poder estatal puede ser puesto al servicio de los pueblos y al desarrollo de la vida comunitaria.

    Es el Estado, como centro unitario de poder, capaz de coordinar una unidad de acción de un grupo social humano (Heller, 2010), el que puede superar los antagonismos entre clases privilegiadas y pueblos, devolviéndole su rol de articulador de la comunidad como un todo (Perón, 2020).

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    La concepción de la forma estadual peronista parte de los seres humanos, que conforman una unidad material y anímico-espiritual, considerados seres gregarios de carácter superior que pueden tener fines e intereses propios, por lo que el derecho de libertad individual es importante en esta forma de Estado (Perón, 2020).

    El rol del Estado en este caso será orientar y guiar al ser humano considerado como el centro de la sociedad y crear condiciones adecuadas para la satisfacción de sus necesidades (Perón, 2020). Es allí donde aparece el Estado con su función de coordinar a toda la sociedad, poniéndose al servicio del hombre. Esto lo lleva a definirlo como un medio material, intelectual y moral que ofrece al hombre elementos para alcanzar su desarrollo y felicidad dentro de la vida en comunidad. En la teoría política peronista el Estado no puede ser pensado fuera de la vida real de los seres humanos ya que todas las actividades de éstos son consideradas actividades sociales. Con lo cual, su sentido está enmarcado dentro de la estructura social, tiene una función histórica y no puede estar separada de valores. El Estado ordena y articula el acontecer social en su totalidad buscando puntos de encuentro y el bien común (Tripolone, 2017; Segovia, 2001; Heller, 2010). Es así como que la forma estatal peronista se propone la reconciliación

    entre hombres, pueblo y Estado (Perón, 2020).

    En este punto observamos que en el pensamiento político de Perón se recupera la noción clásica de la política, donde polis, individuo y sociedad son comprendidos como elementos vinculados entre sí, ya que aluden a la necesidad natural de los hombres de vivir en comunidad (Arendt, 2009). Para clarificar esta situación Perón (2020) nos dice:

    No aceptamos la explotación del hombre por el hombre y menos aceptaremos la explotación del hombre por el Estado. Creemos, sí, que la sociedad modernamente organizada debe ser una colectividad en la que el hombre sea atendido y ayudado por el hombre y los hombres atendidos y ayudados por el Estado. (p. 112)

    En esta forma estatal es el Estado el que coordina y articula la sociedad para alcanzar el bien común. Otros teóricos contemporáneos como Laclau y Mouffe (2010) definen la articulación como “toda práctica que establece una relación tal entre elementos, que la entidad de estos elementos resulta modificada como resultado de esa práctica” (p. 142). Aquí, articulación remite a relaciones que asumen la imposibilidad de identidades plenas y de fijación de significados que devienen hegemónicas cuando la particular relación entre estos elementos diferenciales se universaliza y pasa a ser representante del conjunto (Laclau y Mouffe, 2010). Desde esta perspectiva, las relaciones se constituyen a partir de universos discursivos.

    En las teorías marxistas el eje de articulación ha sido siempre el capital, y el Estado ha sido entendido como una instancia garante de reproducción capitalista. Así, las articulaciones resultan de las relaciones cambiantes entre Estado y mercado (Mascaro, 2015).

    Desde nuestra perspectiva, el Estado peronista asigna prioridad a la política en su expresión organizativa de la sociedad (Perón, 2020). Es decir, los modos articulatorios se hacen posibles por el poder político del Estado a través de las relaciones verticales de mando y obediencia (Sartori, 1987).

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    El poder del Estado, a través de la política, vincula o articula los distintos elementos o partes preexistentes y hacen posible que se conformen nuevas realidades políticas o forma estatal. La propuesta del peronismo pretende superar los antagonismos entre clases privilegiadas y pueblo; entre individuos aislados o individuos que se deben por entero al Estado, estableciendo el poder articulatorio del Estado al servicio de toda la comunidad.

    Sumariamente, Perón (2020) entiende al Estado como “forma política” que pretende superar los antagonismos entre clases privilegiadas y pueblos, y contribuir al ser humano, en tanto unidad material y espiritual, a desarrollarse y estar al servicio de todos los miembros de la comunidad.

    A continuación, mencionamos los elementos que constituyen el Estado peronista. Ponerlos de relieve, nos permitirá captar su realidad de la forma estatal como así también profundizar en su especificidad respecto de otras.

  5. Elementos del Estado Peronista

    Todo Estado cuenta con elementos que constituyen su unidad y sin ellos éste no puede ser pensado. La teoría política en general coincide en que éstos incluyen el poder, entendido como la capacidad que tiene un grupo humano desde el Estado para influir en el comportamiento de una sociedad y lograr su unidad de acción (Heller, 2010); una base humana (pueblo-nación); un espacio físico delimitado (territorio) y una base jurídica o constitución (Dabin, 2023; Heller, 2010; Rivero Vives, 2005).

    Perón (2016) los llama “elementos componentes del Estado”. En primer lugar, menciona lo relativo al elemento humano, la masa, que se refiere a un conjunto de hombres que carecen de conciencia colectiva. En segundo lugar, pone el foco de atención en el pueblo, que es la comunidad primaria por excelencia. Éste proviene de la masa, pero son una comunidad primaria originada en ascendencia común, lengua, costumbres etc., y tienen conciencia social. El pueblo se erige sobre un sentir, pensar y querer común. De modo que éste último desea hacer su destino común y tiene objetivos propios constituyéndose en un elemento clave de la sociedad (Perón, 2016; Rivero Vives, 2005).

    El pueblo experimenta un proceso evolutivo de superación que lo constituye en nación, otro de los elementos del Estado peronista, que proviene del pueblo, pero tiene caracteres distintos. En la nación la unidad es de orden político y el sentimiento de pertenencia es aún mayor, hay una explicitación de la pretensión de cohesión y una memoria colectiva. Ésta representa el deseo de un conjunto humano que quiere vivir en común y perseguir los objetivos de la comunidad. En ella todos los elementos que la constituyen se unen por la voluntad de realizar el destino común (Perón, 2016; Yturbe, 2003).

    Es decir que el pensamiento peronista se inscribe en la tradición teórica que considera que la idea de «Nación» no es un concepto construido en un vacío abstracto, sino que tiene sus raíces en realidades sociales, históricas, locales, singulares y que expresan una voluntad de ser

    una nación (Sánchez Agesta, 1941; Yturbe, 2003).

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    Además, para Perón (2016), la nación necesita de un instrumento que le posibilite su desarrollo en el tiempo y el espacio (territorio) para poder ir en pos de ese destino que se propone. De esta manera surge una organización jurídico-política que proviene de la nación: esta organización es el Estado, definido por Perón (2016) como la nación organizada jurídica y políticamente. Para el pensamiento político peronista, es difícil que la nación sin el Estado pueda desarrollarse históricamente, pero el Estado sin nación solo es una organización jurídico-política carente de base humana.

    En este punto juega un papel importante el poder como elemento constitutivo del Estado peronista. Si bien Perón no se refiere directamente a esto, consideramos que cuando tomamos esta definición, se puede observar que el Estado (como devenir y unidad real de la nación jurídicamente organizada), es el que ejerce el poder político y, a través de él, tiene la capacidad de influir en el comportamiento de una sociedad en pos del bien común. Por eso el gobernante tiene poder en el Estado, pero nunca tiene el poder del Estado (Heller, 2010). Allí radica la importancia de que, en la teoría política peronista, los gobernantes sean representantes del pueblo organizado (Perón, 2016). Sobre este último punto nos referiremos más adelante.

    Es necesario recordar que, a la hora de hacer estos aportes teóricos, el peronismo tiene en mente el peligro de una posible disolución nacional o una guerra civil como la que tuvo lugar en España. Por ello, frente a la lucha de clases que ignora la unidad de la patria y frente al individualismo liberal, que aísla al individuo del Estado, el pensamiento político peronista apela al concepto de nación como unidad de destino (Perón, 2016; Sánchez Agesta, 1941). Y es allí donde surge el Estado, como organización jurídico-política de la nación, que le permite a un grupo humano establecer una unidad de decisión y acción para ejecutar su empresa o destino común (Heller, 2010).


  6. Finalidad del Estado Peronista: El Bien Común

    La teoría del Estado peronista supone una teleología, es decir, el Estado tiene una finalidad que justifica su existencia. Tal finalidad no consiste en facilitar las lógicas de acumulación capitalista funcionales a la burguesía, como lo entendería una visión marxista del Estado (Mascaro, 2015), sino que consiste en dirigir y coordinar a toda la sociedad para lograr el bien común. Esto también expresa una concepción del bien para el pensamiento político peronista. No se persigue el bien del Estado o el interés particular del individuo, sino el bien de todos los miembros de la comunidad (Perón, 2010, 2016; Tripolone, 2017).

    Esta construcción teórica del Estado que hace el pensamiento político peronista se remite su concepción del ser humano, el cual está ubicado en el centro de sus desarrollos teóricos, concebido como realidad material y espiritual armónica, animada por un alma racional y esta racionalidad es la que lo diferencia y distingue de los animales (Perón, 2020). Este hombre goza de libertad y si sus actos son rectos le permiten desarrollar su ser. De lo contrario se deshumaniza (Maino, 2020; Perón, 2010, 2020). Este hombre necesita para su despliegue personal una serie de bienes materiales y espirituales que son imposible de alcanzar sin la colaboración de otros. Por ello son necesarias realidades

    asociativas que el peronismo llama “comunidades menores” las cuales persiguen sus intereses particulares, como familia, sindicatos, empresas, asociaciones religiosas, sociedades sin fines de lucro, etc., por lo que el bien común no es incompatible con los intereses particulares y la libertad, sino que contribuye a su realización (Perón, 2016).

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    De modo que el ser humano sólo puede alcanzar su existencia plena en sociedad con otros, es un ser sociable por naturaleza. Es la vida en comunidad la que le ofrece la posibilidad de educación, bienes materiales, cultura, etc. Estas prácticas, cuando se ordenan, persiguen realizar algo en común: el bien común (Maino, 2020). Este puede ser entendido como el desarrollo de todos los miembros de una comunidad nacional situada (Perón, 2012). El bien común persigue la paz y seguridad, disfrutar del ejercicio de los derechos y de los bienes materiales y espirituales (Maino, 2020).

    El bien común es concebido como una necesidad ya que está inscripta en el carácter social del ser humano. Es un bien indivisible y participable. No es algo que se posee de modo individual, sino que todos contribuimos a realizarlo a través de las solidaridades sociales, con la coordinación y el auspicio del Estado (Perón, 2020; Maino, 2020; Tripolone, 2017).

    Esta noción de bien común que persigue la forma estatal peronista busca distanciarse de visiones marxistas que perpetúan el conflicto por medio de la lucha de clases e impide la colaboración solidaria entre los sectores sociales. Desaparece la noción de bien común por la de bien del Estado. También busca distanciarse del peligro del individualismo liberal donde el bien común se confunde con la sumatoria de intereses individuales y el ser humano queda inmerso en la “selva” de los intereses particulares (Maino, 2020; Perón, 2020).


  7. Comunidad Organizada

Cuando nos referimos al Estado peronista también debemos tener en cuenta una noción clave propia de esta forma política, la de Comunidad Organizada. Lo primero que es necesario señalar es que esta noción busca diferenciarse de las expresiones políticas liberales que rechazan cualquier pertenencia comunitaria. Pero también busca distanciarse de los totalitarismos, fascistas o marxistas, que anulan al individuo.

Esta categoría es presentada como una evolución del ser humano, un salto cualitativo de la vida en común. También como proyecto político concreto llevado a cabo en nuestro país en la primera mitad del siglo XX, propuesto al mundo como salida a la antinomia marxismo- liberalismo (Perón, 2010; Williams, 2019).

En el primer Congreso Nacional de Filosofía, celebrado en la ciudad de Mendoza en julio de 1949, sería expuesto por Perón un discurso que después se conocería como: la Comunidad Organizada. Allí, Perón nos alerta que el individuo puede quedar abandonado a su suerte en la sociedad liberal o anulado en los totalitarismos. Ambas consideradas como expresiones de la modernidad que se desentienden de la dimensión anímico-espiritual de los seres humanos. Por ello, en la Comunidad Organizada, se hace una apelación al humanismo cristiano para destacar este aspecto anímico-espiritual de los hombres que, desde el renacimiento, sólo se los ha considerado en su dimensión material (Bolívar et al., 2014; Perón, 2016, 2010). Como consecuencia de ello, en las sociedades actuales, los seres humanos se encuentran viviendo en

un estado de “insectificación” y sienten “nauseas” por la vida, ya que no pueden desarrollarse

plenamente como seres humanos (Perón, 2010).

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Por ello Perón (2016) se esfuerza en diferenciar la noción de comunidad de la idea moderna de sociedad. Esta distinción radica en que la sociedad se origina en una voluntad e intereses arbitrarios del hombre, generalmente vinculada al mundo de los negocios y que puede desaparecer cuando se crea necesario. Mientras que las comunidades se expresan en la naturaleza sociable de los seres humanos. Está en la esencia del hombre querer actuar y vivir en comunidad puesto que se necesitan los unos a los otros para poder sobrevivir.

También lo que caracteriza a las comunidades son sus nociones de individualidades y el sentido de constituir lo colectivo. Para que cada comunidad logre sus objetivos es necesario que cada individuo pueda desplegar sus facultades libremente y realizar sus propios fines. Al mismo tiempo, éstos no trabajan solo para ellos mismos, sino también colectivamente para toda la comunidad. Esto quiere decir que para que puedan desarrollarse y alcanzar sus objetivos individuales también deben lograrse los de toda la comunidad, de lo contrario no podrán hacerlo (Perón, 2016).

Por ello las comunidades para Perón (2016; 2010) expresan dos notas características fundamentales: el hombre dentro de la comunidad es un hombre solidario y responsable. Es solidario porque no trabaja solo para sí, sino que trabaja colectivamente para toda la comunidad; y es responsable porque sabe que el sentido de su vida y la posibilidad de realizar sus fines depende de la suerte de su comunidad.

Estas dos características de la comunidad propuesta por el pensamiento político peronista pueden hallarse en la doctrina católica sobre la responsabilidad y la solidaridad de Donoso Cortés. Este autor considera al hombre un ser libre y creativo, capaz de crear nuevas realidades para sí y al mismo tiempo ese hombre es reflejo del bien y el mal en las sociedades (Sánchez Agesta, 1941). Por tanto, Perón (2010) se preocupa en señalar que el bien y el mal obran tanto en los hombres como en las sociedades.

Por su parte, Donoso Cortés (1903, como se citó en Sánchez Agesta, 1941) al preguntarse cuál es el elemento de unidad de una nación, concluye que es la solidaridad y esta se expresa de manera innata en los hombres. Pero también es la responsabilidad por el pecado original, ya que la especie humana salió de Adán y comparte la responsabilidad por su pecado original.

Para Donoso Cortés (1903, como se citó en Sánchez Agesta, 1941) el hombre tiene una responsabilidad colectiva, profesional, municipal y nacional, puesto que por ser miembro de la especie humana responde por los pecados de su familia y su nación, fundamentos espirituales que unen a los hombres en las comunidades. Ésta es una entidad histórica: seres humanos unidos por su pasado, presente y futuro. Por ello sostiene que la unidad en una comunidad nacional es consecuencia de la responsabilidad y la solidaridad.

Retomando el pensamiento político peronista, el ideal de comunidad es el que Perón (2016) denomina Comunidad Organizada. Ésta es de carácter superior porque supone un doble equilibrio entre lo individual y lo colectivo, es decir que se pone énfasis en destacar que los seres humanos somos un ser-en-otros, singularidades que nos desplegamos en el ámbito de lo colectivo (Williams, 2019).

Además, en la Comunidad Organizada el ser humano no es considerado solo materia sino también es tenida en cuenta su dimensión anímico-espiritual. Este aspecto es fundamental para que el hombre pueda desarrollarse en todos los aspectos de su vida (Perón, 2016; Bolivar et al., 2014). La concepción del ser humano se plasmó en principios constitucionales, como por ejemplo, los derechos del trabajador, los derechos a la ancianidad, la función social de la propiedad, la humanización del capital y la organización de la riqueza (Constitución Nacional, 1949, artículos 37, 38, 39, 40³; Segovia, 2019; Vita, 2021).

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Como podemos ver al término Comunidad Perón (2016) le agrega la expresión “Organizada” porque es ella misma la que se constituye en instrumento de su funcionamiento armónico, contiene y expresa libremente todas las manifestaciones individuales y colectivas de la sociedad o comunidades menores como la familia, el sindicato, las instituciones religiosas, el pueblo, la nación, el Estado, etc., pero orientadas en un sentido y dentro del límite de sus funciones.

El pueblo es el elemento componente clave de la teoría política peronista. A él le corresponde organizarse libremente persiguiendo sus intereses particulares. Es también la nota específica de la Comunidad Organizada, en ella el pueblo se agrupa en organizaciones menores (sindicatos, asociaciones de profesionales, etc.) y persigue sus propios intereses en la actividad económica, profesional o actividades sin fines de lucro (Perón, 2016).

Es el pueblo el que elige sus representantes en el gobierno que ocupan los puestos en el Estado y éste, como organización jurídico-política del pueblo-nación, hace lo que el pueblo quiere, pero también tiene por objeto establecer a las comunidades menores la condición del interés nacional y el bien común (Perón, 2016; Tripolone, 2017). Es en este sentido que, en la Comunidad Organizada, se cumpliría una auténtica democracia o “demos” griego. Es decir, la democracia entendida como gobierno del pueblo (Perón, 2010).


IV. Consideraciones Finales

En este trabajo nos propusimos indagar la obra de Perón con el propósito de recuperar los elementos de una teoría del Estado peronista. Hemos señalado que las formas políticas hacen referencia a cambiantes configuraciones históricas normativas e institucionales de la organización y ejercicio del poder político, en base a un núcleo central de ideas (Negro Pavón, 2010; Rivero Vives, 2005). Teniendo esto en cuenta, a partir de las indagaciones de la obra de Perón, hemos desarrollado el núcleo de ideas o elementos conceptuales de lo que consideramos una teoría del Estado peronista.

Estas nociones no solo conforman un cuerpo teórico político, sino que también se corresponden con un cuerpo normativo como la Constitución Nacional de 1949 o con formas institucionales estatales y semiestatales, como por ejemplo, instituciones económicas como el IAPI, la nacionalización de los depósitos del Banco Central, los Planes Quinquenales, las instituciones sociales o semi-estatales como el Consejo Nacional de Posguerra, la fundación Eva Perón, la Ciudad de los Niños, las escuelas y universidades obreras, etc. (Feinmann, 2015;


³ Ver en: https://www.senado.gob.ar/bundles/senadoparlamentario/pdf/49/sancion_definitiva_cn49.pdf

Galasso, 2005; Waldmann, 1985). Si bien en este trabajo no analizamos específicamente las instituciones del gobierno peronista, lo cual ameritaría una indagación distinta, creemos que ellas implican un esfuerzo por plasmar en la realidad estas nociones teóricas.

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También consideramos que estas elaboraciones conceptuales aportan una nota clave que nos invita a pensar una democracia social distinta al paradigma liberal: la noción de Comunidad Organizada. Éstas ideas pueden resultar importantes teniendo en cuenta que, a cuarenta años de democracia en Argentina, presenciamos un retorno de tesis liberales y neoliberales radicalizadas, que se proponen rediscutir la noción de bien común, terminar con los institutos jurídico-políticos del Estado peronista y todo vestigio de vida comunitaria.

Si bien el término “Democracia” se encuentra entre los más disputados y ambiguos del vocabulario político moderno, pudiendo ser social, liberal, directa, participativa, etc., podríamos convenir que este concepto remite al “gobierno del pueblo”. El neoliberalismo también nos ofrece libertad e igualdad y un gobierno surgido del pueblo y para él. No obstante, la garantía de igualdad a través del Estado de derecho y la participación en la soberanía popular es reemplazada en este caso por una competencia que da como resultado ganadores y perdedores al tiempo que se destruyen todas las solidaridades sociales (Brown, 2015).

Carl Schmitt (2009, 1990) había adelantado que la democracia liberal era una forma de reemplazar el Estado y la política por la economía. Pero como sostiene Brown (2015) el neoliberalismo va un poco más allá y ve en toda actividad humana homos economicus y capital humano.

La razón neoliberal sugiere que tanto Estados como individuos maximicen su capital y cualquier régimen que busque otro camino deberá enfrentarse a estrepitosas crisis fiscales, a la bancarrota o a la disolución. De igual modo, cualquier individuo que se desvíe de ese camino se arriesga a la pobreza y pérdida de su propia solvencia. Pero también incluye la comercialización inmoral e insensible de “bienes” que conducen a la degradación humana, desde órganos humanos hasta madres sustitutas del Tercer Mundo para parejas adineradas del Primer Mundo (Brown, 2015).

En contraposición al pensamiento político peronista, el neoliberalismo se nos presenta con una hostilidad declarada a lo político, a la promesa de un Estado democrático que pueda asegurar la inclusión y la igualdad de todos, al mismo tiempo que les pide a los ciudadanos que se procuren de manera individual lo que se supone que en una democracia se procura de manera comunitaria. Lo que el neoliberalismo casi no menciona es la eliminación de la protección por parte del Estado para los más vulnerables (Brown, 2015).

Ante esta situación, la concepción de Estado en el pensamiento político peronista nos propone una nota política clave, la noción de Comunidad Organizada que se expresa como una forma de vivir-en-común (Williams, 2013). En ella, las figuras de individuo y comunidad no son contrapuestas y hay una búsqueda permanente de equilibrio entre los distintos sectores sociales (Perón, 2010).

Es en esta noción de Comunidad Organizada donde se encuentra su concepción de democracia que se aleja del paradigma liberal. La democracia en sentido liberal pone el acento en los derechos de ciudadanos individuales y egoístas que persiguen intereses aislados

(Williams, 2013). Mientras que la noción de comunidad busca ser una alternativerspectiva estatalista que pretende anular al ser-individual, pero también a la perspectiva liberal que abandona a los individuos a su suerte (Perón, 2010, 2016, 2020; Williams, 2013).

La clave de la democracia peronista -o la democracia social como la llama Perón- parece estar en pensar el despliegue del individuo en el todo comunitario o el principio de evolución del yo en el nosotros (Curotto, 2021; Perón, 2012, 2010).

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Perón (2012) señala que su concepción de democracia es social no solo porque hace lo que el pueblo quiere sino porque procura un equilibrio entre lo individual y lo colectivo. Esta democracia tiene la función social de la articulación de todos los sectores para la realización del bien común a través del desarrollo nacional y poniendo el acento en el carácter gregario de los seres humanos.

La democracia propuesta por la Comunidad Organizada nos invita a pensar la realización en la práctica de una democracia social compuesta por seres singulares que se reconocen en el bien general, donde el bien común es tan importante como la libertad individual.


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Pensamiento libertario. Una sistematización teórica- política en torno a sus principales enemigos: la democracia y el Estado

Libertarian thought. A theoretical-political systematization around its main ene- mies: democracy and the State

Universidad Nacional de San Juan- Estudios sobre el Poder. Revista de Ciencia Política / Abril 2025 / N°01. - ISSN 3008-7376

Federico Alejandro Orihuela Quiroga ¹


Recibido: 15/04/2024 Aceptado:16/10/2024


Resumen

El presente estudio se propone analizar las principales categorías teóricas del pensamiento libertario en su relación con la democracia y el Estado. Para lo cual, la primera parte estará signada por la significación y fundamento en torno a la concepción de la propiedad, como así también, en la pesquisa y discusión de sus principales pensadores en temas centrales como libertadycoacción. Posteriormente, serámenestercomprender, nosólolasdiferenciasteóricas sustanciales entre liberalismo clásico y libertarismo, sino también la corriente paleolibertaria, surgida en los años 90. Luego, analizaremos el concepto libertario y las implicancias que éste tiene para la vida en sociedad, así como el cambio de paradigma en los deberes y derechos de ciudadanía que este pensamiento propone. Trabajaremos, por último, en los conceptos de Estado y democracia desde la teoría minarquista y libertaria anarcocapitalista, comprendiéndolas como antagónicas a las formas en las que se organiza la estructura política, jurídica y social de la República Argentina. Esto adquiere especial importancia, toda vez que, a 40 años de democracia interrumpida, la nación argentina es comandada por un gobierno que profesa dicha doctrina liberal-libertaria y que paradójicamente a su pensamiento, asume el poder por los mecanismos constitucionales que cuestiona. En relación a esta discordancia, expondremos ciertas experiencias anarcocapitalistas de las que se sirve la actual gestión de gobierno para llevar adelante su programa, para lo cual observaremos que los actuales criterios teóricos de los que se vale dicha gestión no son revolucionarios, sino resignificaciones de modelos ya implementados en la historia.


Palabras clave: Libertarismo; Estado; Democracia.


¹ Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). Maestrando en “Estudios sobre cons- trucción de ciudadanía” con orientación en Derechos Humanos y ejercicio de la Ciudadanía, por la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). Docente (UNSJ). ORCID: 0009-0007-2287-6512. Correo electrónico: federicorihuela@gmail.com

Abstract

Universidad Nacional de San Juan- Estudios sobre el Poder. Revista de Ciencia Política / Abril 2025 / N°01. - ISSN 3008-7376

The present study aims to analyze the main theoretical categories of libertarian thought in their relationship with democracy and the State. For this, the first part will be marked by the significance and foundation around the conception of property, as well as the research and discussion of its main thinkers on central topics such as freedom and coercion. Subsequently, it will be necessary to understand not only the substantial theoretical differences between classical liberalism and libertarianism, but also the paleolibertarian current, which emerged in the 90s. Then, we will analyze the libertarian concept, and the implications it has for life in society, as well as the paradigm shift in the duties and rights of citizenship that this thought proposes. Finally, we will work on the concepts of State and democracy from minarchist and libertarian anarcho-capitalist theory, understanding them as antagonistic to the ways in which the political, legal and social structure of the Argentine Republic is organized. This acquires special importance, since, after 40 years of interrupted democracy, the Argentine nation is commanded by a government that professes said liberal-libertarian doctrine, and that, paradoxically to its thinking, assumes power through the constitutional mechanisms that it questions. In relation to this discordance, we will expose certain anarcho-capitalist experiences that the current government administration uses to carry out its program, for which we will observe that the current theoretical criteria used by said administration are not revolutionary, but rather resignations of models already implemented in history.


Keywords: Libertarian; State; Democracy.


1. Introducción

El filósofo austriaco Karl Popper (1945) en su obra La sociedad abierta y sus enemigos, pone en debate la llamada paradoja de la tolerancia, éste concepto nos ayudará a abordar el trasfondo del presente trabajo, toda vez que se explica a partir de la idea de que la tolerancia ilimitada debe conducir indefectiblemente a la desaparición de la tolerancia.

Es menester ratificar en este punto que el planteo de Popper no se dirige al ataque de la libertad de expresión en cualquiera de sus formas, sino a la defensa de una sociedad tolerante frente a quienes abogan por su destrucción. De esta forma, comprendemos que se nos exige cuestionar racionalmente cualquier tipo de atropello contra los ataques de sectores que buscan romper con la paz social, su orden y la convivencia democrática, desde el interior del mismo sistema.

En efecto, lo que queremos significar es la relación, a nuestro juicio tensional, entre Estado y democracia y las llamadas teorías libertarias anarcocapitalistas comprendiéndolas como antagónicas, disímiles y en permanente conflicto. Para lo cual, podemos hacer una analogía con la paradoja citada, en tanto la democracia como forma de gobierno, acepta y legitima dentro de sus propias reglas de juego a diversos actores grupos e ideologías políticas que podrían destruirla o al menos debilitarla como es el caso del libertarismo.

A partir de lo dicho, es que la tesis central del presente artículo consiste en analizar la incompatibilidad entre democracia y las teorías libertarias, realizando un racconto teórico de sus principales exponentes, en el año en que Argentina festeja 40 años de democracia

ininterrumpida y asume por el voto popular el primer presidente libertario de nuestra historia. Por lo tanto, no solo es importante problematizar dicho diagnóstico desde la Ciencia Política, en tanto este paradigma ha puesto en tensión a la sociedad en cuanto al rol del Estado, del ciudadano, y de la significación del otro como una forma de invasión del espacio privado, sino también por el hecho de tender hacia un profundo conocimiento del corpus teórico en el que se ampara quien dirige los destinos de nuestra nación.

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Para finalizar este primer apartado, y enfatizando en la importancia de la temática a analizar, debemos tener presente que según el decreto 55/2024, el gobierno argentino declaró al 2024 como el Año de la Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad, cuyos considerandos están justificados desde la teoría libertaria, la declaración de derechos de Virginia, la Constitución Nacional de 1853, la economía de mercado, y los derechos de propiedad como principio rector en la estructura social y económica de la República. Por lo cual, todas aquellas ideas que parecen ser abstractas y permanecer en el plano meramente filosófico se adscriben en nuestra legislación y en la coyuntura nacional, modificando la realidad política y social.


  1. Consideraciones centrales del libertarismo

    El triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales argentinas, en el año 2023, trajo aparejado a nivel teórico político, un llamamiento en las Ciencias Sociales para comprender de manera más exhaustiva el pensamiento libertario, en vistas de que el actual mandatario se presenta como seguidor de la escuela de Chicago y del anarcocapitalismo, la escuela objetivista de Rand y la filosofía política de Nozick (Morresi y Ramos, 2023).

    No obstante, definir y precisar conceptos relativos a este pensamiento no es sencillo de realizar dada su diversidad teórica. Es decir, podemos encontrar un libertarismo clásico, un libertarismo minarquista o bien anarcocapitalista.

    Por lo cual, presentada esta dificultad en materia teórica, buscaremos indagar en los diversos matices libertarios, elementos conceptuales que nos permitan comprender su estructura de pensamiento. Como también reconocer la corriente paleolibertaria, categoría de pensamiento surgida en los años 90 con los autores Llewellyn Harrison Rockwell y Murray Rothbard, quienes considerando al libertarismo como un movimiento que había entrado en debacle, y sobre todo sus instituciones, propusieron agregar el prefijo paleo para llevar al libertarismo al plano de la realidad más cercano a la sociedad, incluso pugnando por un populismo de derecha.

    En función de lo planteado, podemos decir brevemente que el movimiento libertario no es un fenómeno propio del siglo XX, dado que sus primeras manifestaciones “emergieron de los movimientos liberales clásicos de los siglos XVII y XVIII en el mundo occidental, en particular, de la Revolución Inglesa del siglo XVII” (Rothbard, 2006, p. 14). Hay que subrayar que el contexto de la llamada Revolución Gloriosa es el tiempo de actuación del padre del liberalismo John Locke (2007) quien sentó las bases de esta teoría significando al poder como creación humana y al trabajo como fundamento de la propiedad privada. En este sentido, vale aclarar para una mejor interpretación de este pensamiento que Locke (2007) comprendió a los hombres en el estado de naturaleza en “completa libertad siendo libres e independientes, a

    favor de la tolerancia, y de una "sociedad política" surgida, esta, de un pacto civil donde solo se entregan el derecho al autogobierno y el de ser juez de su propia causa a cambio de protección y seguridad” (Leonardelli, 2007, p. 169).

    Así, la importancia del filósofo inglés para este pensamiento es central, en tanto sienta las bases doctrinales del libertarismo, para lo cual siguiendo a Fernández (2024) podemos dar una primera afirmación, esto es:

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    El libertarismo no es una filosofía de la libertad, sino de la propiedad, vale decir, la concepción libertaria de la libertad es inescindible de la apropiación originaria de la tierra producto del trabajo, así como de la auto propiedad del cuerpo estipulada por John Locke en el siglo XVII. Por tanto, la justicia sostenida en los principios de los libertarios es estrictamente de títulos, no de equidad; en otros términos, el título de propiedad determina el ejercicio de la libertad. Aquellos que no tengan la titulación no podrán ejercer su autonomía. (p. 78)

    Esta aserción es sustancial, en tanto se presenta como el objeto de estudio que trasciende al pensamiento libertario. De esta forma lo precisa el economista norteamericano Murray Rothbard (1982) en su obra, La Ética de la Libertad, donde pone el eje del pensamiento libertario en los derechos de propiedad:

    La clave de la teoría de la libertad es la clara delimitación de los derechos de la propiedad privada. Sólo es posible, en efecto, delimitar la esfera en que las acciones de los individuos concretos están justificadas una vez bien fijados y establecidos sus derechos de propiedad. Sólo entonces puede definirse y analizarse con precisión el “delito” como invasión violenta o agresión contra la justa propiedad (incluida la propiedad sobre su propia persona) de otros individuos. (p. 21)

    Luego de presentar tales afirmaciones es que podemos comprender el posicionamiento del libertarismo respecto del Estado, la libertad y la democracia. Es decir, a partir de esta concepción de la propiedad, se sientan los elementos para definir el conjunto de su doctrina.

    Por consiguiente, si abordamos el concepto de libertad, tema puesto en permanente discusión y defensa por los pensadores libertarios², lo debemos observar desde la propiedad. Ahora bien, definir libertad no es tarea sencilla dado el carácter diferencial de los autores referentes en este pensamiento, como lo son Murray Rothbard y Friedrich Hayek.

    Este último define a la libertad como ausencia de coacción, elemento con el que va a discutir Rothbard (1982), a saber, la “coacción que algunos ejercen sobre los demás queda reducida, en el ámbito social, al mínimo” (Hayek, 1960, p. 22). La importancia de este primer concepto radica, para este estudio, en la palabra mínimo y por lo tanto no absoluta. Incluso el mismo Hayek sostiene que la libertad perfecta es imposible, aunque no niega su deseo de que esto suceda. Esta definición es comprendida como libertad negativa porque justamente se presenta como ausencia de obstáculos y de impedimentos, sobre todo del Estado.

    A propósito, es interesante el planteo Hayek (1960) en tanto esta libertad implica también


    ² Incluso siendo el nombre de la coalición del gobierno argentino actual, La Libertad Avanza (LLA).

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    la libertad para morirse de hambre, para delinquir, para tomar decisiones que nos puedan traer perjuicios, porque justamente su concepto no ampara al desamparado. La libertad se desea y se prefiere aún a costas de la propia vida. Un ejemplo en este sentido es aquel que brinda el pensador austríaco cuando sostiene que es mucho más libre quien vagabundea en busca de alimentos que el trabajador formal de Estado con los beneficios económicos, sociales y familiares que asume, o cualquier empresario o trabajador que tiene un superior a quien responder. Se comprende entonces, por qué para él, la libertad es deseable por todos, aunque algunos no puedan disfrutarla, esto lo menciona para aclarar que su definición de libertad está ligada al concepto histórico de libres y esclavos.

    Entonces, la coacción es estar atado a la planificación de un tercero, a la “presión autoritaria que una persona ejerce en el medio ambiente o circunstancia de otra” (Hayek, 1960, p. 35) cualquiera sea, en cualquier ámbito.

    En oposición a esta visión, el economista estadounidense Murray Rothbard (1982) disiente con el pensador antes citado, en principio porque no escinde la libertad de la propiedad al estar indisolublemente unidas.

    Así al régimen de libertad pura —a la sociedad libertaria— se le puede describir como una sociedad en la que no se distribuyen los títulos de propiedad, es decir, en la que nadie perturba, menoscaba, viola o se interfiere en los derechos de propiedad que las personas tienen sobre sí mismas o sobre otros bienes tangibles. Y esto significa que puede disfrutar de libertad absoluta. (p.77)

    En relación con la problemática expuesta, el punto que suscita la discusión entre los autores antes mencionados es en el concepto de coacción. Rothbard (1982) visualiza un defecto en la definición de Hayek (1960), al distinguirlo “como una especie de término híbrido que incluye no sólo la violencia física, sino también acciones voluntarias, no violentas ni invasoras, como la actitud de carácter” (p. 300), en consecuencia, para el economista estadounidense una relación violenta entre pares no puede considerarse coactiva por el hecho de que existe la libertad para abandonar dicha relación conflictiva en cualquier momento, siendo el carácter de una persona reducida a una cuestión moral o estética.

    Sin ánimos de extendernos demasiado en este punto, nos parece necesario presentar algunos ejemplos que ilustran el modo en el que Rothbard (1982) concibe realmente la coacción. El autor menciona que aún en casos donde, verbigracia un pueblo se ha quedado sin agua y solo existe un pozo posible de extracción, propiedad de una sola persona, ésta no está obligada a ofrecer el servicio para satisfacer tal necesidad básica si así no lo desea, de lo contrario, de ser obligado sería un caso de esclavización y de verdadera coacción. Se puede observar así que las normas como lo son los derechos humanos, no están presentes en esta teoría como protectoras de la dignidad humana, sino en la forma de derechos de propiedad.

    Por otro lado, la discusión entre Hayek (1960) y Rothbardv (1982) se profundiza aún más teniendo en cuenta el criterio último por el que se debate, esto es el rol del Estado. El pensador austríaco, en su obra Fundamentos de la Libertad, reivindica el papel del Estado (mínimo) como protector de la esfera privada, en concreto le reconoce, y legitima el monopolio de la fuerza física, en post de la protección de la vida libre del ser humano. Así lo sostiene:

    La coacción, sin embargo, no puede evitarse totalmente porque el único camino para impedirla es la amenaza de coacción. La sociedad libre se ha enfrentado con este problema confiriendo al Estadoelmonopoliodelacoacción,intentandolimitarelpoderestatalaloscasosqueseanecesario ejercerlo e impidiendo que dicha coacción se ejercite por personas privadas. (Hayek, 1960, p. 35)

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    A partir de tal afirmación es que Rothbard (1982) sale al cuestionamiento de Hayek (1960), porque para el primero no existió el contrato social, es decir, la sociedad nunca le confirió al Estado el monopolio de coacción, sino que este se la apropió mediante la violencia ofensiva, a la que la considera como “criminal e injusta” (Rothbard, 1982, p. 306), por lo cual, para el autor tanto el poder estatal como su propia existencia es injustificable. Por otra parte, la discusión se suscita en torno a lo que se conoce como el imperio de la ley. Así, cuando Hayek (1960) argumenta en favor de la existencia de normas generales, no arbitrarias y aplicables a la sociedad en general, el pensador estadounidense, Rothbard (1982), las reconoce como totalitarias, en tanto supone que un gobierno puede tomar decisiones despóticas bajo la forma de leyes universales y predecibles, como por ejemplo, el servicio militar.

    En consecuencia, el concepto de libertad en su trasfondo, es una discusión en torno al rol del Estado, materia que veremos más adelante luego de definir al libertarismo como indagaremos a continuación.


  2. El modelo libertario: Conceptualización y la corriente paleolibertaria

    Como sostuvimos anteriormente, el libertarismo cuenta desde sus inicios con los aportes de la tradición liberal clásica quien se rebeló contra el antiguo orden con el objetivo de recuperar la libertad individual. Por lo tanto, si tuviéramos que comenzar a realizar una diferenciación entre liberalismo y movimiento libertario, partiremos del rol del Estado. Es en este punto donde podemos comenzar a definir al libertarismo, desde la mirada rothbardiana, como sinónimo de anarcocapitalismo y, por lo tanto, ajeno y crítico radical de cualquier intervención estatal, abogando como fin sustancial por su destrucción.

    Esta significación es contraria al liberalismo clásico que acepta, aun con discrepancias, la existencia del Estado para asegurar la libertad de mercado y la defensa de la propiedad privada, conceptualización más cercana a la visión de Hayek y Robert Nozick. Aun así, actualmente pensadores libertarios sostienen que esta es una de las mayores contradicciones del liberalismo clásico, por cuanto aceptan, por un lado, la defensa de la propiedad por parte del Estado, pero por otro, el cobro de impuestos para obtener ese derecho, contraprestación entendida como violenta por el libertarismo.

    Al respecto Héctor Arcos Robledo (s.f.) sostiene:

    En caso de la tradición liberal clásica/libertaria, los miembros radicalmente anti estatistas a menudo reclaman la denominación libertaria, y niegan esa inscripción a sus compañeros de viaje menosantiestatistas,altiempoquelosmiembrosmenosantiestatistasreclamanladenominación de liberales clásicos, negando aquellas posiciones anti estatistas más férreas. (p. 2)

    En este orden, el libertarismo sostiene que es “superior moralmente frente a cualquier otra corriente de pensamiento por el hecho de abrazar los valores de la sociedad de occidente” (Milei, 2002, p. 260). En este punto cabría preguntarse qué es lo que comprenden estos

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    autores por inmoral. La base de esta respuesta vuelve a ser el aparato estatal, pero sobre todo el cobro de impuestos. Es aquí donde pone el énfasis esta corriente incluso llamando al Estado directamente como criminal o como nuestro peor enemigo, como es el caso de los capítulos de los libros Libertad, libertad, libertad (2019) y El camino del libertario (2022), publicados por el actual presidente argentino donde textualmente repite en ambos casos el mismo título y concepto para referirse al Estado. Si el criterio para definir lo moralmente superior es la actuación del Estado, entonces el liberalismo clásico quedaría enmarcado súbitamente en una teoría inferior no tomada como criterio para comprender los fenómenos sociales.

    Es conveniente reafirmar esta idea en la teoría libertaria, en orden a la cual surgen nuevas categorías que trascienden el presente estudio pero que son pertinentes aportar. En este sentido, la figura del intelectual como legitimador de las acciones estatales es uno de los puntos en los que se afirma el libertarismo aduciendo que su papel es imprescindible para que las masas sean dóciles y no se cuestionen el pago de impuestos. Esto lo afirma Rothbard (2016) en el texto Populismo de derecha: Una estrategia para el movimiento paleo la clase dominante necesita intelectuales para justificar su gobierno y embaucar a las masas para que sean sumisas y paguen impuestos, conformes con los designios del Estado.

    Así, desde esta mirada los impuestos son, “un robo, un robo a grande y colosal escala, que ni los más grandes y conocidos delincuentes pueden soñar en igualar. Es una apropiación coactiva de las propiedades de los moradores (o súbditos) del Estado” (Rothbard, 1982, p.339). Por esto, discute con otros autores libertarios como Hayek y Nozick, quienes al aceptar un Estado mínimo avalan el cobro de impuestos, incluso acusando a este último de que en su teorización evade considerar una teoría fiscal que explique sus alcances.

    Resumiendo, los liberales clásicos, desde una visión filosófica, consideran al Estado como un ente necesario, pero no natural. En razón de ello, abogan por su existencia, pero concediéndole funciones muy limitadas, basándose siempre en el pleno respeto a la libertad del individuo. Los libertarios anarcocapitalistas, por su parte, ensalzan los derechos individuales y, por lo tanto, la intervención del Estado es condenada por violar el derecho a la propiedad, incluyendo los derechos de asistencia social, respetando como fin absoluto la soberanía del individuo.

    Con todo, es necesario comenzar a definir al libertarismo en post de una mejor comprensión y aclaración de su doctrina como así también del modelo paleolibertario, en cuanto hay autores que sostienen que, tanto Javier Milei como Donald Trump, son los portadores principales de esta corriente en la actualidad.

    El politólogo y economista español Miguel Bastos (2020), sostenía que el libertarismo es ante todo un movimiento conservador y contrarrevolucionario, especialmente en su expresión tradicionalista decimonónica que buscaba: “mitigar o revertir las consecuencias que sobre la forma de organización política y social tuvo la Revolución Francesa. Es por tanto un pensamiento radicalmente anti estatista y por consiguiente anti centralista, defensor de fueros y derechos locales y regionales” (p. 227).

    En este punto, es menester mencionar que la palabra libertario ya aparece en los movimientos combativos-anarquistas de principios del siglo XX y en los acontecimientos de la

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    guerra civil española. Estos grupos eran colectividades que pugnaban por la libertad, la igualdad y la solidaridad, pero en las antípodas, ideológicamente hablando, del actual libertarismo en tanto se presentaban como cuasi comunismo libertario. En su mayoría trabajadores que habían sido castigados duramente por la crisis del capitalismo de los años 30, formaban colectividades autogestoras con el fin de satisfacer necesidades básicas, teniendo como eje rector la solidaridad y el compañerismo. Sociedades profundamente colectivistas con un gran sentido de pertenencia, algunas denominadas expresamente como ciudades libertarias, como fue el caso de la comunidad de Aragón.

    En tal sentido, llama la atención la modificación del concepto que hoy se le da a la palabra libertario o la apropiación de este por los movimientos actuales. Aquél del siglo XX, basado en el colectivismo, el compañerismo y la solidaridad, y el actual, trazado históricamente por el individualismo, la libertad de mercado y la propiedad. Aun así, ambos están marcados por el anarquismo, con sus diferencias sustanciales, mientras que para las comunas libertarias, el fin era el autogobierno en las diversas comunidades fortaleciendo el federalismo como principio rector de conexión entre ellas, para el libertarismo actual, el fin es que todo queda supeditado a la mano invisible del mercado.

    Ahora bien, si existe un concepto reivindicado y sostenido por los pensadores libertarios argentinos actuales, es el de Benegas Lynch (h) (2004) quien sostiene al “liberalismo como el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad” (p. 11). La definición citada es, como dijimos, el pilar teórico desde donde se sustenta este pensamiento, pero esto es el apéndice de lo que en verdad cree y sostiene un pensador libertario.

    A partir de lo cual podemos decir que, una de las primeras formulaciones concretas del libertarismo es que se presenta como un movimiento anarquista, teniendo como base la crítica radical y sobre todo moral hacia el Estado. El fundamento de este cuestionamiento parte de afirmar que el Estado es como cualquier grupo o persona, y por lo tanto, sus acciones se miden con la misma vara moral que cualquier otra entidad.

    En este sentido Rothbard (2006) creador del fundamento anarcocapitalista, brinda una afirmación a la que le llama, el credo libertario, asumiendo que el mismo descansa sobre un axioma central:

    Ningúnhombrenigrupodehombrespuedecometerunaagresióncontralapersonaolapropiedad de alguna otra persona. A esto se lo puede llamar el “axioma de la no agresión”. “Agresión” se define como el inicio del uso o amenaza de uso de la violencia física contra la persona o propiedad de otro. Por lo tanto, agresión es sinónimo de invasión. (p. 39)

    Es decir, todo aquello que se considere invasivo hacia la persona y la propiedad es condenado como causa criminal por quien se encolumne en este pensamiento. Dicho esto, es que podemos entender como los libertarios no condenan la venta de órganos, el mercado libre de bebés, la prostitución y la venta de armas, porque justamente se consideran como el derecho a la propiedad de uno mismo, y por lo cual la no inferencia del Estado en ningún aspecto de la vida en sociedad es su axioma principal.

    Ahora bien, como advertimos en párrafos anteriores, existe una corriente del libertarismo surgida a comienzos de 1990 llamada paleolibertarismo. Este término surge con el ya mencionado Murray Rothbard y con el pensador estadounidense Lew Rockwell, quienes en un nuevo estadio del libertarismo vienen a discutirlo, o bien a “fusionando a la ya conocida lucha por la libertad, junto con una defensa sólida a instituciones tales como la familia, la religión y la cultura occidental como aquellos centros capaces de plantar cara el Estado y desmantelarlo” (Ocampo, 2022, p. 4).

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    Rothbard (2016) sostenía en los años 90 que el libertarismo había entrado en decadencia, se había evaporado hasta la intrascendencia al alejarse de la realidad. Es probable que esta transición del libertarismo al paleolibertarismo está marcado justamente por el distanciamiento con la vida real. En consecuencia ¿por qué paleo? la razón es que esta nueva corriente ya no está dispuesta a compartir movimiento con los libertarios, no-burgueses y no- religiosos, intolerables y drogadictos. Debido a que este tipo de gente, por razones evidentes, tiende a desagradar o en realidad a repeler a la mayoría, gente que o trabaja para ganarse la vida, o es de clase media o trabajadora, que, de acuerdo en la vieja y gran expresión, disfruta de medios visibles de subsistencia.

    Entendido de esta forma, podemos observar una ruptura con el movimiento libertario tradicional, en tanto precisa de nuevos elementos teóricos-prácticos para adecuarse a los contextos sociales y ganar nuevos adeptos. Así, lo que propone Rothbard es un programa populista de derecha para las clases medias y trabajadoras que propugne por un paleolibertarismo activo, con mayor protagonismo en las urnas y, por lo tanto, más cercano a la sociedad. Este programa está basado en “ocho puntos demoledores de la autoridad que buscan reforzar la “autoridad social” (familia, iglesias, empresas), de manera tal que estas “instituciones intermedias”, producto del “orden espontáneo”, sean el espacio desde el cual combatir al Estado” (Fernández, 2024, p. 89).

    Resumimos brevemente estos puntos: reducción drástica de impuestos, desmantelamiento del Estado de Bienestar, abolición de privilegios raciales o de grupo, recuperación de las calles: triturar a los criminales y deshacerse de los vagos, abolición de la Reserva Federal, ataque a los banqueros criminales, primero América y la defensa de los valores familiares (Rothbard, 2016)³. Planteado este proceso diferencial, es que debemos abordar las diversas acepciones del

    Estado para comprender el lugar que asume esta institución en el pensamiento libertario.


  3. Discusiones en torno al Estado.

    La tradición libertaria-anarcocapitalista encuentra en Herbert Spencer, Gustave de Molinari, Lysander Spooner y Franz Oppenheimer sus pensadores fundantes sin mencionar


    ³ Para puntualizar cada uno de los puntos mencionados por Rothbard, ver el texto Populismo de derecha: Una estrategia para el movimiento páleo, donde argumenta en favor de su modificación teórica respecto al libertarismo clásico. Más importante aún, es el texto de Llewellyn Rockwell publicado en la revista Liberty, en 1990, llamado En defensa del paleo- libertarismo, donde sienta las bases de la teoría paleolibertaria, poniendo énfasis en la importancia del cristianismo para esta doctrina, dado el gran porcentaje de creyentes en los Estados Unidos, así lo establece: “La familia, el libre mercado, la dignidad del individuo, los derechos de propiedad privada, el mismo concepto de libertad: todos son productos de nuestra cultura religiosa” (Rockwell, 2020).

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    al ya citado Rothbard. Es importante rescatar a dos de los autores aludidos para explicar de forma más exhaustiva el pensamiento de la escuela aquí trabajada. Por una parte, nombramos a Spooner (2011), jurista estadounidense, que escribió en 1870 un libro llamado Sin traición. La constitución no tiene autoridad, donde sostiene que no hay traición alguna al actuar en contra de una institución estatal, “ya que nunca se le debió lealtad debido a que la constitución no tiene ninguna autoridad para obligar a las personas sin su consentimiento manifiesto, ni a anular la revocación personal de un consentimiento previo” (p. 4), negando así las tesis contractualistas del Estado. La cita es clara en cuanto a la observación que hace el autor sobre el Estado y su negación, incluso el mismo Spooner ejercía su labor de abogado por fuera de las habilitaciones estatales de su época pasando por alto cualquier tipo de regulación.

    En segundo lugar, debemos citar al sociólogo alemán Franz Oppenheimer mencionado en varias oportunidades por el actual presidente Javier Milei para definir al Estado en sus diversos libros. Existe en este punto una cuestión central a tomar en cuenta y es que, este autor, sigue la tradición de comprender al Estado como surgido de la violencia y la conquista, no así desde un contrato social.

    Oppenheimer planteó una dicotomía en la forma de obtener riquezas por parte del individuo. Por un lado, menciona que la única, legítima y natural, es aquella por la cual el ser humano utiliza su fuerza y su mente para transformar los recursos y posteriormente intercambiarlos por otros bienes creados por otras personas.

    Por otro lado, se encuentra toda aquella riqueza que se obtiene mediante la fuerza, es decir, a través de los medios coercitivos y explotadores, por lo cual sostiene que son contrarios a la ley natural y constituyen un mecanismo parasitario. Esto es lo que el autor denomina medios políticos, es decir, la clase parasitaria que incurre en el robo y en el saqueo y se sostiene por el trabajo del otro. Es a partir de esta diferenciación que define al Estado encuadrándolo como medios políticos, a saber:

    El Estado, es la organización de los medios políticos; es la sistematización del proceso predatorio sobre un territorio determinado. Pues el crimen es, en el mejor de los casos, esporádico e incierto, el parasitismo es efímero y la vida coercitiva y parasítica puede ser cortada en cualquier momento, a través de la resistencia de las víctimas. El Estado provee un canal legal, ordenado y sistemático para la depredación de la propiedad privada; hace segura y relativamente pacífica la vida de la casta de parásitos en la sociedad. Ya que la producción debe preceder siempre a la depredación, el mercado libre anterior al Estado. El Estado nunca ha sido creado mediante un contrato social,

    siempre ha nacido de la conquista y la explotación. (Rothbard, 2000, p. 57)

    En resumen, para el libertarismo-anarcocapitalista que profesa el actual presidente Milei el Estado es un medio político, en el sentido que le da Oppenheimer, es decir, criminal y explotador; predatorio, es decir, saqueador, atinente al robo y a la violencia. A su vez se presenta como un sistema de castas, comprende esta teoría todo lo relativo al gobierno, a la casta gobernante⁴, conquistador, alejado de las teorías contractualistas, como ya lo habíamos afirmado con Spooner (2011) y surgido por la violencia y la conquista.


    ⁴ Esta conceptualización es trabajada por el autor Ludwig von Mises en su obra llamada Teoría e Historia, donde establece una diferenciación entre el concepto de clases de Marx y el sistema de castas indio, hoy utilizado para referirse a todo aquel que pertenezca al establishment político

    Llegados a este punto, podríamos comenzar a aseverar que desde el libertarismo anarcocapitalista el Estado no tiene fundamento de existencia como tampoco el sistema de impuestos y todo tipo de intervención asistencialista para el ascenso social, ni el respeto a los derechos humanos y sociales, solo derecho sobre la propiedad privada. Como vimos en las definiciones citadas no se menciona en ningún momento el ejercicio de la ciudadanía y la complejidad de vivir en un sistema capitalista, muchas veces injusto y cruel para todas aquellas personas que quedan a diario fuera del mismo.


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  4. El Estado en el libertarismo minarquista.

    Dicho esto, no podemos imputar a todo el movimiento libertario como anarcocapitalista, así, las diferencias teóricas en este punto son sustanciales. Autores como Ludwig von Mises, Robert Nozick y Friedrich Hayek, tienen una concepción mucho más permisiva del Estado, aceptándolo con discrepancias, pero legitimando su existencia.

    Al respecto, no podemos dejar de mencionar a la escuela austríaca, tradición de pensamiento económico fundamental en la teoría libertaria. Se ha sostenido que dicha escuela surge con la obra de Carl Menger (1871) Gründsätze der Volkswirthschaftslehre (Principios de Economía Política) pero el rastreo histórico nos conduce a la Escuela de Salamanca de los siglos XVI-XVII como propulsora de las ideas que posteriormente tomó Menger para su escrito.

    Según Jesús Huerta de Soto (1984), la escuela austríaca es la escuela liberal de economía por antonomasia, pues es la que mejor explica cómo la intervención del Estado y la coacción sobre la función empresarial, perturban gravemente el proceso social de creatividad y coordinación. El humanismo, la función empresarial, la concepción dinámica del mercado y el liberalismo son las cuatro notas diferenciadoras de esta corriente de investigación económica, para la cual el concepto de acción humana individual “es el principio metodológico sobre el que se construye la teoría económica austríaca, es decir, los hombres eligen por tanto sus fines, y buscan medios adecuados para conseguirlos, todo ello según sus individuales escalas de valor” (p. 162).

    Un referente de esta escuela es el mencionado Hayek quien, partiendo de cuestionar el modelo keynesiano, asume la importancia del Estado de derecho poniendo énfasis en su previsibilidad, aun siendo este concepto tan criticado en su teoría. Así lo refiere en su obra Camino de Servidumbre del año 1944.

    Para Hayek (1944):

    Nada distingue con más claridad las condiciones de un país libre de las que rigen en un país bajo un gobierno arbitrario que la observancia, en aquél de los grandes principios conocidos bajo la expresión El Estado de Derecho (Rule of Law). Despojada de todo su tecnicismo, significa que el Estado está sometido en todas sus acciones a normas fijas y conocidas de antemano; normas que permiten a cada uno prever con suficiente certidumbre cómo usará la autoridad en cada circunstancia sus poderes coercitivos, y disponer los propios asuntos individuales sobre la base de este conocimiento. (p. 93)

    Dicho esto, podríamos decir que el pensador austríaco no es un ferviente defensor del laissez-faire porque admite una cierta intervención del Estado, siempre partiendo del imperio de la ley, incluso brindando un mínimo de protección como es el caso de la salud, el salario mínimo o la vestimenta, pero con la condición sine qua non de que los sujetos conozcan de antemano las reglas de juego⁵.

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    Mencionaremos, a su vez, la concepción de Estado del estadounidense Robert Nozick (1988) que se presenta como contraria tanto al anarcocapitalismo rothbardiano, como a la teoría de Hayek. Así lo menciona el autor en su obra Anarquía, Estado y utopía donde sostiene “El Estado mínimo es el Estado más extenso que se puede justificar” (p. 1). Ahora bien, es menester preguntarse qué elementos se justifican en esta definición. En este punto, lo que el filósofo acepta del Estado mínimo es la justicia y la seguridad, como, por ejemplo, el ejército, los tribunales de justicia o la policía (Nozick, 1988).

    Nozick (1988) es uno de los mayores expositores de la teoría minarquista, cuestionando en parte a la teoría de John Rawls sobre la justicia distributiva y la posición original trabajada en su obra Teoría de la Justicia de 1971. Para el filósofo estadounidense, Rawls pugna por un Estado mucho más extenso de lo que él preferiría ya que, como dijimos, su ideal es un Estado mínimo que sólo asegure la protección contra la propiedad.

    Es importante mencionar esta discusión porque en cualquiera de las ramas libertarias John Rawls no es estimado. A pesar de ser un teórico importante para el liberalismo político, más aún, el actual presidente argentino Javier Milei no lo considera ni como liberal.

    Por último, el economista, Ludwig von Mises (2002) consideraba al Estado como indispensable y necesario, dado el carácter imperfecto del ser humano y su poca capacidad para promover la paz y la civilización. Por lo cual, el poder estatal es beneficioso, siempre comprendido como un instrumento más no como un fin, por ser una institución humana. Así sostiene que:

    El Estado es el instrumento más beneficioso y más útil que ha encontrado el hombre en sus esfuerzos para promover la felicidad y el bienestar de la humanidad. Pero es únicamente un instrumento, un medio, no un fin. No es Dios. Es simplemente compulsión y coerción, fuerza policial entendido de esta forma el Estado es fuerza policial. (p. 81)

    Es decir, para Mises (2002) el Estado puede ser aceptado en tanto sea bien administrado, en cuanto quienes dirijan los destinos de una nación no sean incompetentes y fácilmente corrompibles porque de ser así el Estado es fuente de desgracias y desastres como aconteció en diversos momentos de la historia.

    Ahora bien, retomando la visión del Estado en la visión anarcocapitalista, vamos a mencionar de forma sucinta cuál es la solución o la estructura que vendría a reemplazar al Estado.


    ⁵ Esta es una cuestión central en el pensamiento de Hayek, en tanto acepta la necesaria actuación del Estado, afirmando, que no “hay Estado que no tenga que actuar, y toda acción del Estado interfiere con una cosa o con otra. Pero ésta no es la cuestión. Lo importante es si el individuo puede prever la acción del Estado y utilizar este conocimiento como un dato al establecer sus propios planes, lo que supone que el Estado no puede controlar el uso que se hace de sus instrumentos y

    que el individuo sabe con exactitud hasta dónde estará protegido contra la interferencia de los demás, o si el Estado está en situación de frustrar los esfuerzos individuales” (Hayek, 2008.p.169).

  5. Sociedad anarcocapitalista.

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    Para el pensamiento libertario anarcocapitalista, la eliminación del Estado no supone un caos, ante lo cual toman como referencia la anarquía del sistema mundial. Ahora bien, esto no supone la anomia total ya que alguien tiene que oficiar de árbitro en las relaciones sociales, sobre todo para el cumplimiento del respeto irrestricto de la propiedad. A partir de este planteo, proponen que las agencias privadas aseguren la ley y el orden, a saber, un sistema de seguros que actúe como cualquier empresa de mercado, basado en la confianza y la opinión de la gente. En la sociedad anarcocapitalista el derecho privado sería el eje rector de la vida en común, así, todo sería definido bajo contratos voluntarios establecidos por agencias frente a que debe responder en el caso de cometer algún delito. Por ejemplo, antes de contratar a un solicitante de empleo, el empresario le haría firmar un documento que tuviera cláusulas con el sentido de “prometo no robar a la empresa Acme. Si me descubren robando, según establece la Agencia de Arbitraje X, acepto pagar cualquier indemnización que la Agencia X considere apropiada”

    (Murphy, 2010, p. 14).

    La complejidad de la propuesta abre un sin fin de interrogantes a resolver partiendo de la situación, altamente probable, de que existan personas que no cuenten con los medios para sustentarse un sistema de seguros para lo cual quedarían inmediatamente fuera de cualquier esquema de integración y protección social, sumado al grado de indefensión en el que se encontraría el individuo, al ser este sistema fácilmente corruptible por los grandes grupos empresarios que podrían sobornar los sistemas de seguros. Por lo cual, la vida humana quedaría supeditada a cualquier decisión arbitraria.

    Muchas otras son las propuestas que podríamos analizar en detalle respecto de este sistema, pero al no ser el objeto de este estudio de este escrito, mencionaremos una idea que quizás resume tal esquema, esto es, el mercado de bebés. Al respecto, Robert Murphy (2010), en su libro La teoría del caos, nos dice:

    Por mucho que choque a las sensibilidades modernas, habría un mercado de bebés a pleno funcionamiento, en el que los privilegios de paternidad se venderían al mejor postor. Aunque parezca de mal gusto, un mercado así indudablemente reduciría el abuso de niños. Después de todo, los padres abusivos y negligentes son los que más probablemente ofrezcan a sus niños en adopción, mientras que las parejas enamoradas se permitirán pagar más generosamente por ellos. (p. 25)

    En este punto, cuando al actual mandatario se le pregunta sobre su posición ideológica, responde ser “minarquista en la práctica y anarcocapitalista en la teoría” (Milei, 2022, p. 64), por lo cual, su gobierno está signado por los teóricos aquí presentados. Ahora bien, establecer los límites de ese obrar es al menos complejo porque, como observamos, su visión de la libertad abarca un conjunto anómico de protección de los derechos ciudadanos, a saber: la libertad de morir de hambre, el mercado de bebés y, por lo tanto un ciudadano totalmente desamparado en la satisfacción de sus necesidades básicas.

    Es menester detenernos en este punto dado que Javier Milei es un fiel seguidor de la ya mencionada filósofa Ayn Rand (1961), quién sentó las bases de lo que se conoce como “virtud

    del egoísmo”, título de su principal obra, en la que autora, nacida en San Petersburgo, incluye en uno de sus capítulos el concepto de ética objetivista, categoría ligada al concepto de egoísmo racional o bien de la ponderación de los intereses personales por sobre cualquier beneficio externo o social. Así, la ética objetivista sostiene que el actor siempre debe ser el beneficiario de sus acciones y que el hombre tiene que actuar en favor de su propio interés racional.

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    En base a esta teoría, la persona en su rol social no debe preocuparse más que por sí misma, pugnando solo por sus deseos, es decir, el individuo es un fin en sí mismo, siendo el altruismo, la solidaridad y la humildad, consideradas como falta de autoestima de la propia persona quien, en post de ayudar a un tercero, sacrifica su propia vida.

    En suma, el orden espontáneo, entendido como la mano invisible del mercado, es quien apaciguaría la situación de los desposeídos mediante la cooperación y las oportunidades que brinda precisamente el mercado. Este concepto al que Hayek llama kosmos, en contraposición del orden taxis (economía dirigida o planificada), es hijo del darwinismo social, que pugna por la no intervención de agentes externos al sistema y “dado que no es fruto de mente alguna es sumamente complejo e irreductiblemente incontrolable como proceso” (Gómez, 2011, p. 64). Dicho esto, si en esta teoría el mercado es quien resuelve las injusticias sociales pero el individuo a su vez es egoísta, sólo preocupado por sus intereses, ¿qué rol cumple la voluntad popular?, o bien, ¿cómo comprende la democracia el libertarismo? El siguiente capítulo indaga

    las principales acepciones de estos interrogantes.


  6. Democracia en el libertarismo

    A priori podemos decir que entre democracia y libertarismo no existe un correlato significativo en la práctica, todo lo contrario, se afirma una cierta desconfianza en el poder del pueblo (dēmos, kratos), lo que se presenta como la gran contradicción coyuntural, al ser el propio libertarismo quien gobierna actualmente los destinos del país. En efecto, resulta necesario abordar este concepto para comprender si en sus aristas se presenta algún dejo de confianza en la democracia para sustentar su gobernabilidad.

    En una entrevista para la televisión argentina al entonces precandidato a diputado nacional Javier Milei, hoy presidente de la nación, le consultaron si creía o no en el sistema democrático. Su respuesta no fue concreta, pero mencionó su preferencia por el teorema de imposibilidad de Arrow, economista neoclásico que plantea que ninguna regla de elección social puede satisfacer simultáneamente todas las condiciones, lo que implica una notoria incredulidad ante cualquier sistema de votación en el que el pueblo se exprese. Por lo que se debe establecer un orden de preferencias, abarcando todas las alternativas individuales y sociales de modo jerárquico, y exigiendo completud y transitividad.

    En suma, la respuesta del presidente actual deja entrever su desconfianza sobre la democracia, entonces ¿qué teóricos se encuentran detrás de su pensamiento y del pensamiento libertario actual, respecto de esta temática tan crucial para la vida en sociedad?

    Como primera medida mencionaremos al economista austríaco Joseph Schumpeter (1984) y su obra Capitalismo, socialismo y democracia. Este pensador parte de una visión crítica

    de la teoría normativa de la democracia y de la existencia del bien común, faro orientador de la política. Es decir, para Schumpeter no existe algo en el que todos y cada uno de los ciudadanos estemos de acuerdo y sea claramente identificado y definido, como tampoco concibe al individuo con una clara calidad racional en sus elecciones, por lo cual no existe algo como la voluntad popular.

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    El autor es un fiel representante de la visión elitista de la democracia a la que define como: “aquel sistema institucional, para llegar a las decisiones políticas, en el que los individuos adquieren el poder de decidir por medio de una lucha de competencia por el voto del pueblo” (Schumpeter, 1996, p. 343). Esta definición pone de manifiesto la importancia de los líderes políticos en la construcción de las voluntades políticas, y no así en la ejecución de la voluntad general, o como sostiene Godofredo Vidal de la Rosa (2010) en la “lucha oligopólica por la captura del mercado de votos” (p. 189).

    El pensador alemán, radicado en los Estados Unidos, Hans-Hermann Hoppe (2013), discípulo de Mises y Rothbard, es otro de los grandes exponentes libertarios. Este autor se concentra en gran parte en la teoría democrática y es acá donde entramos en un terreno de difícil salida. Sin demasiados preámbulos, Hoppe escribió un libro llamado Democracia, el dios que fracasó, partiendo como todo libertario de comprender al Estado como el gran corruptor, pero a la vez como elemento descivilizador.

    Hoppe (2013) sostiene que la primera guerra mundial fue la línea divisoria entre monarquías y repúblicas democráticas, triunfando estas últimas luego de la contienda. A partir de allí, todo el poder decantó en las magistraturas políticas y en los parlamentos. Se trató de una guerra ideológica comandada por el gobierno estadounidense de Wilson luego de su entrada en el conflicto. Este acontecimiento fue el que conllevó al esparcimiento de la democracia en países como Alemania, Rusia y Austria. En donde la monarquía subsistió como fue el caso de España, Holanda y Bélgica, perdió su poder. De esta forma, luego de la guerra comenzó la paz americana con su correlato democrático, esto se tradujo “en una creciente degeneración moral, la desintegración familiar y social, y la decadencia cultural según se pone de manifiesto en las crecientes tasas de divorcio, paternidad ilegítima, abortos y criminalidad” (p. 26).

    A partir de este planteo, y de forma contrafáctica, el autor sostiene que, si los Estados Unidos no hubiesen entrado en la primera guerra mundial, ésta hubiese terminado en 1916 por las diversas iniciativas de paz propuestas en la década. Austria-Hungría, Alemania y Rusia hubieran mantenido su forma monárquica tradicional y, por lo tanto, los bolcheviques en Rusia no habrían conquistado el poder, esto hubiese impedido que como reacción frente a la amenaza comunista en el este, hicieran lo mismo fascistas y nacionalsocialistas en Italia y Alemania. Con ello se habrían salvado millones de víctimas del comunismo, del nacionalsocialismo y de la II Guerra Mundial, y el mundo seguiría regido por el sistema de cooperación y división del trabajo ante la no intervención gubernamental en la economía privada.

    Todo esto es una explicación para culpar a las democracias de todos los males actuales como un “desastre sin paliativo” (Hoppe, 2013, p. 27) y para poner como ejemplo a la Austria de los Habsburgos y la edad pre democrática como los sistemas a seguir.

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    Ahora bien, esto resulta interesante porque si bien existe una preferencia por la monarquía, esto no significa que el libertario esté de acuerdo con tener una autoridad superior, es más bien el mal menor, porque en el fondo tanto el sistema democrático como el monárquico tienen el poder del cobro de impuestos y, como se sabe, esta es la imposición fatal de la doctrina. En este punto, debemos preguntarnos si ambos sistemas son ilegales y corruptos e incompatibles con la protección de la vida y la propiedad ¿por qué la preeminencia de uno por sobre otro? La respuesta es contradictoriamente, a nuestro juicio, la mayor virtud de la democracia, en concreto, la igualdad y el derecho a participar políticamente.

    Para un libertario la monarquía es superior porque “está restringida sistemáticamente por la discrecionalidad personal del príncipe” (Hoppe, 2013, p. 131).

    Para esta teoría, sólo las clases hereditarias y nobles deben formar parte del gobierno, de modo tal que se confía en el azar, ante el nacimiento de un príncipe recto y bondadoso, y no en la voluntad del pueblo ya que incurre, la mayor de las veces en la elección de demagogos moralmente desinhibidos. Así pues, la democracia asegura virtualmente que “sólo los hombres indecentes y peligrosos pueden llegar al poder, persuadiendo a individuos menos dotados intelectualmente” (Hoppe, 2013, p. 138).

    No podemos culminar el trabajo presente sin mencionar la concepción de la democracia que asume Hayek (1960). La democracia para el autor es un método, es decir, un medio y no un fin, en el liberalismo, en cambio, una doctrina sobre lo que debiera ser la ley, pero no cree, y esto es lo sustancial:

    Que lo que dicte la mayoría deba ser tomado como autoridad para decidir lo que será ley, es decir acepta la regla de la mayoría como un método de decisión, pero no como una autoridad en orden a lo que la decisión debiera ser. (p. 142)

    De esta forma el gran problema que acarrea la democracia para el autor austríaco es la voluntad general, esto es, el poder de las mayorías porque degenera en demagogias. Debemos aclarar que estas afirmaciones están dadas en un contexto en el cual los totalitarismos se habían hecho con el poder a través del voto democrático, como por ejemplo en la Alemania hitleriana, y Hayek había escrito Caminos de Servidumbre en 1944, por lo cual su visión de la democracia está enmarcada por estos sucesos. Incluso, en sus declaraciones al diario chileno El Mercurio del 12 de abril de 1981, sostuvo: “mi preferencia personal se inclina a una dictadura liberal y no a un gobierno democrático donde todo liberalismo esté ausente” (Fernández, 2024, p. 84). Si bien para Hayek un gobierno de élites educadas es preferentemente mejor que el sistema democrático, asume que este último es quien mejor salvaguarda la libertad y, por lo tanto, la

    acepta como el sistema más justo.

    Aun así, resulta menester decir que el método democrático aceptado por Hayek es el planteado por Tocqueville en su magna obra La democracia en América. Vale aclarar que podemos estar hablando de una nueva contradicción en tanto el autor parisino ponderó de gran forma la soberanía del pueblo, la igualdad ante la ley, los derechos políticos, la igualdad de condiciones, etc. De igual forma, lo que Hayek rescata de Tocqueville es la comprensión de la democracia como el único método efectivo de educar a la mayoría.

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    Hayek (1960) no defiende a la democracia como el método de seleccionar a los individuos que gobiernan una nación, sino que “al participar activamente una gran parte de la población en la formación de la opinión, se amplía el número de personas capacitadas entre las cuales elegir” (p. 148). A priori, se comprende que la educación de la mayoría es un bien y un derecho, pero el autor austríaco lleva este punto más allá, al concebir la idea del filósofo político ajeno a la voluntad de la mayoría como quien debe tomar las decisiones. En conclusión, Hayek se encuentra a favor de una democracia limitada contra la tiranía de la mayoría, siempre atento y resguardado por el imperio de la ley y el constitucionalismo.

    Benegas Lynch (h) (2017) siguiendo esta línea de pensamiento ha reivindicado al pensador italiano Giovanni Sartori al sostener que la democracia ilimitada, convertida en anti-demos, se ha tornado en una cleptocracia en cuanto abandonó todo sentido de los valores y principios de la democracia, transformándose en una caricatura para, de contrabando, transformarse en un gobierno de ladrones de libertades, propiedades y sueños de vida.

    Para finalizar, aun cuando en el mismo libertarismo existan diversos matices respecto al momento de definir la democracia, podríamos argumentar que existe un eje transversal que une a todos y es que, como lo sostiene Milton Friedman, “la democracia y la libertad sólo pueden tener lugar en aquellas naciones en las que impera el capitalismo” (Morresi, 2008, p. 23). Es decir, el conjunto de esta teoría tiene su eje en común en el sistema capitalista y sus instituciones.


  7. A modo de conclusión

Desde el inicio de este trabajo presentamos al libertarismo como una categoría antagónica al Estado y a la democracia, lo que hemos podido confirmar al sistematizar su pensamiento. Así, en el análisis y racconto de sus principales teóricos, hemos podido detectar categorías sustanciales para aseverar dicha conclusión.

La voluntad popular no es representativa ni tomada en cuenta por el pensamiento libertario. Al contrario pensadores como Kenneth Arrow, Joseph Schumpeter, Hans-Hermann Hoppe y Friedrich Hayek, aún con las diferencias expuestas, desestiman y desconfían del poder del pueblo y el bien común, pugnando por un gobierno de élites.

El Estado es sin duda su gran enemigo, esto lo podemos afirmar taxativamente desde el libertarismo anarcocapitalista, quienes son críticos sustanciales de cualquier intervención estatal, para éste la venta de bebés, la tenencia de armas y la libertad de morirse de hambre, son ejemplos de hasta donde se comprende la libertad en esta teoría, sustentada a su vez por la filosofía de Ayn Rand desde la virtud del egoísmo. Posteriormente, con el advenimiento del paleolibertarismo y el populismo de derecha, esta teoría mitigó su doctrina en pos de un mayor acercamiento con la realidad.

En conclusión, por una parte, podemos decir que el libertarismo anarcocapitalista es un pensamiento anarquista, por lo cual, antiestatal y antidemocrático, proempresarial, defensor de la libertad individual y de la propiedad como principios rectores. Mientras que el minarquismo se presenta como una corriente que admite la presencia del Estado, pero en su rol de protector de la justicia y seguridad.

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ESTUDIOS SOBRE

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El Basural de La Bebida: de problema a solución integradora

The La Bebida landfill: from problem to integrative solution

Alejandro Nelson Astorga ¹

Walter Daniel Moreno ²


Universidad Nacional de San Juan- Estudios sobre el Poder. Revista de Ciencia Política / Abril 2025 / N°01. - ISSN 3008-7376

Recibido: 26/03/2024 Aceptado:11/09/2024


Resumen

Se presenta el problema socio ambiental del Basural de La Bebida, ubicado en el departamento Rivadavia, San Juan, Argentina. Se realiza un esbozo de su evolución histórica y del asentamiento precario de calle Pellegrini asociado al mismo. Se plantean modelos de teorías de políticas públicas. Se explicitan las diferentes estrategias llevadas a cabo por los sucesivos gobiernos de la Provincia de San Juan, especialmente a principios del siglo XXI. Se llegó a comprender que la solución al problema del Basural debía contemplar a los habitantes del asentamiento de calle Pellegrini para constituir una solución integradora desde el punto de vista social y económico aplicando una política de estado.

La solución del problema se encaró, por parte de las autoridades competentes, proyectando a futuro el llamado “Complejo Ambiental San Juan”, integrado por un Parque de Tecnologías Ambientales, uncentrodeestudiosambientales: Anchipuracyun Parque Industrial Tecnológico Ambiental Regional: PITAR. Se comenzó por parte de la Secretaría de Medio Ambiente por la realización de un censo integral del asentamiento de calle Pellegrini para intentar lograr que la mayoría de los habitantes masculinos del mismo pudieran incorporarse como operarios en las distintas partes del Complejo Ambiental San Juan. La anterior actividad permitió que se produjera un beneficioso impacto social entre los habitantes del asentamiento en diferentes dimensiones: laboral, sanitaria y educativa.


Palabras clave: Residuos; Reciclaje; Políticas; Asentamiento humano; Parque Industrial.


¹ Lic. en Ciencias Geológicas y Lic. en Gestión de organizaciones universitarias. UNSJ- FACSO-IISE. ORCID: 0009-0000- 8303-7535. Correo electrónico: astorgaalejandronelson@gmail.com

² Lic. en Trabajo Social. UNSJ-FACSO-IISE- ORCID: 0009-0006-1919-7116.

Correo electrónico: walterdanielmoreno7@gmail.com

Abstract

Universidad Nacional de San Juan- Estudios sobre el Poder. Revista de Ciencia Política / Abril 2025 / N°01. - ISSN 3008-7376

The socio-environmental problem of the La Bebida Landfill, located in the Rivadavia department, San Juan, Argentina, is presented. An outline is made of its historical evolution and the precarious settlement on Pellegrini Street associated with it. The different strategies carried out by the successive governments of the Province of San Juan are explained, especially at the beginning of the 21st century. It was understood that the solution to the Landfill problem had to contemplate the inhabitants of the Pellegrini Street settlement to constitute an integrative solution from a social and economic point of view applying a State Policy.

The solution to the problem was addressed by the competent authorities, projecting a future called “San Juan Environmental Complex”, made up of an Environmental Technologies park; an environmental studies center: Anchipurac and a Regional Environmental Technological Industrial Park: PITAR. The Ministry of the Environment began by carrying out a comprehensive census of the Pellegrini Street settlement to try to ensure that the majority of its male inhabitants could join as workers in the different parts of the San Juan Environmental Complex. The previous activity allowed a beneficial social impact to occur among the inhabitants of the settlement in different dimensions: work, health and education.


Keywords: Waste; Recycling; Policies; Human settlement; Industrial Park


1. Introducción

Partimos del concepto de Ambiente de Hajek quien lo concibe como un sistema global complejodemúltiplesydiversasinteracciones,dinámicoyevolutivo,conformadoporotrossubsistemas: físico, biológico, social, político, económico y cultural (Madueño Lahoz y Gamboa Cortez, 2020)

Esta visión global y sistémica del ambiente, entendido como conjunto de componentes naturales y sociales y sus interacciones, supera la visión restringida a algunos elementos naturales físicos y bióticos o incluso a algunos procesos en dichos elementos naturales (contaminación de aire, agua, etc.). El carácter complejo del ambiente requiere de una gestión que dé cuenta de éste y supere la fragmentación en el tratamiento de los recursos y la sectorialización de las acciones.


  1. Desarrollo

    A continuación, trazaremos las líneas directrices teóricas que han seguido las políticas públicas, según diferentes autores, en distintos tiempos y lugares, para intentar comprender la situación en la que se encontraba la provincia de San Juan a comienzos del siglo XXI, época en la que se gesta la idea del Complejo Ambiental San Juan.

    Considerando al ambiente como objeto de estudio, se lo puede abordar desde una concepción de la realidad como totalidad compleja, cuya conformación es producto de procesos en los que intervienen diferentes sujetos y dimensiones. En esta complejidad se entrecruzan el mundo biológico-natural con el mundo humano-social, definiendo problemáticas ambientales que expresan tanto en la degradación de recursos naturales como en la exclusión de sujetos

    sociales al acceso a bienes materiales y no materiales necesarios para la satisfacción de sus necesidades, social e históricamente determinadas.

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    La sociedad humana conforma ese ambiente y lo necesita para su supervivencia, pero éste le impone límites a su actividad productiva, no pudiendo exceder ciertos umbrales con riesgo de alterar los ciclos regeneradores y reproductivos de los ecosistemas. Las acciones llevadas a cabo por el Estado se denominan políticas públicas. Éstas son definidas con diferentes miradas por diversos expertos. Desde una perspectiva amplia, Lahera Parada (2002) sostiene que son cursos de acción y flujos de información referidos a un objetivo público -desarrollados por el sector público, la comunidad y el sector privado- conteniendo orientaciones o contenidos, instrumentos o mecanismos y definiciones o modificaciones institucionales.

    Para Oszlak y O'Donnell (1995) las políticas públicas son un conjunto de acciones u omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado en relación con una cuestión que concita interés y movilización de diferentes actores de la sociedad.

    Roth Deubel (2007) las define como un conjunto de objetivos abordados por el gobierno con la finalidad de orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos para modificar una situación problemática.

    Recordemos que el consenso y la continuidad son los principales atributos de las políticas de estado (Cueto y Guardamagna, 2012). Éstas constituyen una realidad dinámica y no pueden pensarse como un programa rígido y estático en el tiempo dado que suponen altos niveles de conflictividad y, al mismo tiempo, requieren consensos y acuerdos.

    La situación anterior se vivió en el Asentamiento de calle Pellegrini y obligó a aplicar una política de estado vinculada al tratamiento de los residuos del Basural de La Bebida.

    Para el abordaje de la política ambiental, se hace necesario ahondar en el estudio de las políticas públicas y en la secuencia que se libera a su alrededor, en las que se desencadena un amplio proceso político y social de toma de posiciones de los diferentes agentes intervinientes e interrelacionados lo que a su vez genera diferentes escenarios que se van complejizando por la aparición de nuevos agentes con intereses propios.

    Siguiendo a Oszlak y O'Donnell (1995) se puede definir a las políticas estatales como un conjunto de acciones y omisiones que implica una determinada modalidad de intervención del Estado en relación con una cuestión que concita atención, interés o movilización de otros actores de la sociedad civil.

    Para Subirats (2008) las entiende como aquella serie de decisiones o acciones, intencionalmente coherentes, tomadas por diferentes actores -cuyos recursos, nexos institucionales e intereses varían- a fin de resolver un problema colectivo.

    En otros términos, Velásquez Gavilanes (2009) las conceptualiza como un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, adoptado por las autoridades con la participación eventual de los particulares para solucionar o prevenir una situación definida como problemática. La política pública se inscribe en un ambiente determinado del cual se nutre y al cual pretende modificar o mantener.

    Otros autores utilizan el término políticas de estado que adquieren una connotación política y temporal específica, ya que trascienden ideologías, partidos políticos, mandatos gubernamentales y requieren de un acuerdo y compromiso estratégico, político y social, con miras a un objetivo de largo plazo, de carácter irrenunciable para la sociedad, que priorice el interés del conjunto (Cueto y Guardamagna, 2012).

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    Del análisis de estos conceptos aparecen algunos cuestionamientos tales como: ¿La Política Ambiental implementada por la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) de la provincia de San Juan acuerda con la idea de “racionalidad ambiental” ?; ¿Las acciones realizadas por la SAyDS y el marco jurídico que las avalan responden a este tipo de “racionalidad”? En resumen, cada grupo de teorías se adosa en distintas perspectivas epistemológicas. El primero es el neo-positivismo tradicional, el segundo un neo-positivismo corregido por Kuhn y la tercera es una versión basada en la teoría crítica y el constructivismo que nos muestra que los agentes ajustan sus comportamientos políticos más a partir de ideas y creencias que a partir de datos objetivos, es decir, una buena historia o relato resulta más persuasiva que una

    tabla Excel o que una sofisticada ecuación (Roth Deubel, 2021).

    Como sostiene Roth Deubel (2021), la teoría tradicional de la política pública ha conducido a la legitimación del saber experto (tecnocracia) basado en una razón instrumental universal y en una actitud de poder vertical donde la ciudadanía, considerada como ignorante, es espectadora pasiva, receptora y simple beneficiaria. El ciudadano común y corriente no sabe, por lo tanto, los expertos dominan el discurso. Indirectamente, hay en esa actitud una cierta legitimación de los regímenes autoritarios en los cuales una tecnocracia decide para los demás, es la “ciudadanía fantasma” del escritor Walter Lippmann.

    La segunda perspectiva es una versión más pluralista porque diferentes teorías disputan para imponer su propia explicación científica, es decir, compiten sistemas de creencias para lograr la hegemonía cognitiva sobre un tema o sector de intervención pública. En la praxis política, se puede ilustrar esta corriente con los regímenes democráticos parlamentarios en donde se confrontan las diferentes corrientes de opinión a través del proceso de competición electoral y en los debates parlamentarios. Los votos definen quién tiene más razón y son las élites las que dominan el debate político gracias a su poder económico o social y a su control sobre los medios de comunicación.

    La tercera perspectiva considera que hay que profundizar la democracia mediante la inclusión de la ciudadanía en los procesos de formación y decisión de políticas y establecer un diálogo horizontal entre políticos, expertos y ciudadanos. Eso implica una transformación de los procesos de participación en la formación de las políticas públicas que tenga en cuenta la voz de la ciudadanía, es decir, la promoción de formas y mecanismos de democracia participativa, colaborativa y deliberativa. De ese pluralismo epistemológico nace una dispersión de modelos, teorías y enfoques para el estudio de las políticas públicas que perdura hasta hoy.

    Finalmente, en los últimos años, esa multiplicidad de enfoques ha derivado en un intento de refundación. Cairney y Weible (2017) propusieron la creación de unas «New Policy Sciences» que combinan elementos de las diferentes perspectivas en un nuevo enfoque que permitiría

    reunificar el campo.

    De las perspectivas brevemente expuestas en América Latina, los gobernantes adoptaron la primera, es decir, la neopositivista o neoracionalista (neoliberal y luego neoinstitucionalista), la cual es dominante en el campo académico y, en particular, en las escuelas económicas que influenciaron fuertemente las ideas sobre políticas públicas y toma de decisiones políticas desde los años 80.

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    Esa perspectiva neoinstitucionalista, mainstream desde el año 2000 aproximadamente, resulta muy atractiva por su promesa de resolución de problemas con relativa facilidad a través de reformas institucionales, limitando la comprensión de las instituciones a las estructuras administrativas. Desde esta perspectiva, un impulso político reformador de estructuras burocráticas desde la cima gubernamental pareciera ser el principal elemento para transformar la sociedad y solucionar los problemas públicos (Roth Deubel, 2021).

    Esta visión que restituye al actor político como reformador, es decir, como héroe en cruzada contra la mala administración, va a ser muy apreciada tanto en la izquierda como en la derecha latinoamericana, generando así un nuevo populismo. De modo que, el neoinstitucionalismo en su vertiente económica principalmente, servirá de guía ideológica para la formación de las políticas públicas a lo largo y ancho del continente, sin importar el signo ideológico (Roth Deubel, 2021).

    Este contexto, dominado por las ideas económicas neoliberales y neoinstitucionales importadas, contribuyó a la escasez de aportes al estudio de las políticas públicas desde América Latina, en un contexto de relativa debilidad de los estudios políticos. Así, la región se convirtió en terreno de experimentación de estas teorías neoinstitucionalistas, que se implementaron de manera acrítica sin tener en cuenta la propia realidad (Roth Deubel, 2021). En el anterior entorno descrito, se comenzó a idear y planificar el Complejo Ambiental San Juan rescatando elementos de cada teoría en la búsqueda de alternativas que permitan

    solucionar la problemática.


  2. Metodología

    En cuanto al aspecto metodológico la temática presentada se aborda holísticamente para estudiar la complejidad que encierran los procesos y comportamientos de los distintos sujetos involucrados, sus interrelaciones y derivaciones.

    La propuesta metodológica corresponde a un diseño descriptivo-comprensivo. La información se obtuvo a partir de entrevistas en profundidad a funcionarios, técnicos y representantes de organizaciones sociales, análisis documental-normativo, y visitas de campo al Complejo Ambiental San Juan.

    Debido a que la investigación se realizó en la dirección del descubrimiento, se definen líneas directrices iniciales de búsqueda que podrán ser reformuladas y enriquecidas por la emergencia de nuevas categorías en el proceso mismo de la investigación. Dicho proceso avanzará en el interjuego entre recolección y análisis de los datos guiados por conceptos teóricos ordenadores (Madueño Lahoz, Gamboa Cortez, Astorga y Moreno, 2020; Madueño Lahoz, Gamboa Cortez, 2020).

  3. Parque Industrial Tecnológico Ambiental Regional (PITAR)

    Luego de tres décadas de aplicación de políticas neoliberales, que sumergieron a la Argentina en una profunda crisis económica, política y social, en el año 2003 el país inició un camino de crecimiento económico con inclusión social y desarrollo humano, en el que el Estado retomó su participación como garante del acceso y ejercicio de derechos. Se hizo necesario, entonces, repensar estrategias que permitieran reconstruir las bases para que dicho crecimiento fuera sostenido y se consolidara la justicia social.

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    La restitución y ampliación de derechos, la generación y defensa del empleo, y el desarrollo de la producción nacional, fueron los ejes fundamentales de esa transformación, que se tradujeron en una política pública que, en todas sus facetas, apuntó a promover la inclusión, el acceso y el ejercicio pleno de los derechos que deben ser garantizados por el Estado, mediante la creación de oportunidades, la ampliación y promoción del acceso a bienes y servicios de calidad para la salud, la seguridad social, la educación, el trabajo y la participación.

    Otro de los ejes fundamentales de este camino de inclusión fue el cambio de paradigma en las políticas sociales, que asumieron a cada uno de los ciudadanos como sujetos titulares de derechos, lo que permitió implementar diversas políticas orientadas a mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la sociedad.

    En ese contexto se planifica y proyecta el Complejo Ambiental San Juan con la inclusión de

    los habitantes del asentamiento de calle Pellegrini entre sus prioridades.

    El PITAR busca la radicación de industrias que, a partir del procesamiento de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), obtengan un producto de utilidad comercial. Se pretende que las diferentes industrias actúen sinérgicamente entre ellas y utilicen, en parte, la energía solar generada en la planta fotovoltaica Anchipurac, ubicada en el mismo Complejo.

    La gestión integral de los residuos sólidos es entendida como uno de los desafíos urbanos con que se enfrentan los gobiernos en los tiempos actuales, si bien la recolección de residuos es una función de larga data que cumplen los municipios, en la gestión integral intervienen además de este último, otros niveles de gobierno y también actores sociales (Madueño Lahoz, Gamboa Cortez, Astorga y Moreno, 2020; Madueño Lahoz, Gamboa Cortez, 2020).

    En el parque industrial mencionado, se busca avanzar en la profundización del conocimiento de la gestión ambiental que lleva adelante el Estado, analizando el caso desde una perspectiva dinámica que permita develar la trama de relaciones entre los sujetos implicados tanto públicos como privados, locales o internacionales.

    Así, el PITAR hace uso de los conceptos de la llamada “Economía Circular” una forma de producción que implica reutilizar, renovar y reciclar los materiales existentes durante el mayor tiempo posible, es decir, utiliza los residuos como “materia prima” para elaborar nuevos productos. En los últimos años, la Economía Circular se ha convertido en un modelo que se orienta al desarrollo sostenible, planteando distintas estrategias en la totalidad de la cadena de producción y uso de los productos y servicios (Prieto Sandoval, Jaca García y Ormazábal, 2017). Ese modelo se inscribe en un nuevo paradigma que busca modificar la forma en que producimos y consumimos. Frente a la economía lineal de extracción, producción, consumo

    y desperdicio, la economía circular alienta un flujo constante, una solución virtuosa, en la que los residuos puedan ser utilizados como recursos para reingresar al sistema productivo. De esta manera, reducimos nuestros desechos y extraemos menos bienes naturales del planeta (Secretaría de Ambiente de la Nación, s.f).

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    En Argentina se genera un promedio de 45.000 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos, lo que equivale a una tonelada de basura cada dos segundos, esto tiene un impacto negativo en el ambiente. Los rellenos sanitarios utilizados en centros urbanos para la disposición de los residuos domiciliarios son grandes fuentes de gases de efecto invernadero (GEI), principalmente metano, un gas 21 veces más reactivo que el CO2 con relación al cambio climático (Secretaría de Ambiente de la Nación, s.f).

    En términos comparativos, en la Planta de Tratamiento Ambiental ubicada en el Complejo Ambiental San Juan se reciben unas 700 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos (A. Pittavino, comunicación personal, 14 de octubre de 2019).

    El Plan Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) era una iniciativa que el gobierno nacional llevaba adelante en articulación con diferentes gobiernos locales a través del cual se entregaban maquinarias e insumos para el cierre de basurales y la construcción de centros socioambientales que permitieran un tratamiento diferenciado y eficiente de los residuos. En paralelo, el plan contemplaba la asistencia técnica para el desarrollo de normativas ambientales y campañas de educación y concientización en los diferentes municipios y provincias del país.

    La provincia de San Juan aprovechó dichos recursos durante la primera parte del siglo XXI para fomentar diversos programas y planes de concientización destinados a la población respecto del tratamiento y separación de residuos. Es en este punto donde el Complejo Ambiental San Juan comienza a ser planificado y calculado.

    Los recuperadores urbanos son el eslabón principal en la cadena de la Economía Circular. Por eso, se llevaron adelante políticas de promoción de la gestión integral de residuos con inclusión social y distintas líneas de acción, tendientes a fortalecer el trabajo de las cooperativas de recicladores desde una perspectiva ambiental, sanitaria, social y económica.

    Los recuperadores urbanos son los que llamamos comúnmente “cirujas”, es decir, aquellos trabajadores informales que sobreviven a partir de lo que extraen de las bolsas de residuos.

    Los habitantes del asentamiento de calle Pellegrini, antes de la construcción del Complejo, se dedicaban exclusivamente a “cirujear”, trabajando sin saberlo para aportar a la Economía Circular, modelo basado en el principio de “cerrar el ciclo de vida” de los recursos, de forma tal que se produzcan los bienes y servicios necesarios al tiempo que se reduzca el consumo y el desperdicio de energía, agua y materias primas.

    La economía circular pretende generar ciclos cerrados de producción y consumo, mediante la conservación de los recursos naturales, a fin de contribuir al desarrollo sostenible (Madueño Lahoz, Gamboa Cortez, Astorga y Moreno, 2020; Madueño Lahoz, Gamboa Cortez, 2020).

    Según se advierte en los trabajos de, Astorga y Moreno (2020) y Madueño Lahoz y Gamboa Cortez (2020) la Economía Circular se basa en tres principios fundamentales:

    1. Preservar y mejorar el capital natural, controlando existencias finitas y equilibrando los flujos de recursos renovables y rotando productos, componentes y materiales con máxima

      utilidad en todo momento en ciclos técnicos y biológicos. El sistema selecciona recursos y elige tecnologías y procesos que empleen los de tipo renovables o que tengan mejores resultados.

    2. Optimizar el uso de los recursos, mediante el ecodiseño, es decir, delinear el proceso de fabricación, restauración y reciclaje de modo que componentes y materiales recirculen y sigan contribuyendo a la economía.

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    3. Fomentar la eficiencia del sistema revelando y eliminando externalidades negativas, esto implica reducir los daños del accionar humano (alimentos, movilidad, vivienda, educación, salud, ocio), y gestionar externalidades (uso del terreno, contaminación atmosférica, de aguas y acústica, emisión de sustancias tóxicas, y cambio climático).

      Hay que tener en cuenta que el Complejo Ambiental San Juan comenzó a operar con 20 técnicos y unos 60 operarios procedentes del asentamiento de calle Pellegrini. En la actualidad esa cantidad se ha incrementado a unos 150 operarios, trabajando en turnos rotativos (A. Pittavino, comunicación personal, 14 de octubre de 2019).

      El modelo de desarrollo sustentable está íntimamente vinculado a la necesidad de generación de energías renovables. Por ello, de acuerdo con las ideas económicas en auge, la transición de una economía lineal a una de tipo circular pretende que el valor de los productos, los materiales y los recursos se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible y, paralelamente, se reduzca al mínimo la generación de residuos. El fin último de esta transición, es la generación de una economía sostenible baja en carbono, eficiente en el uso de recursos como la energía y competitiva en términos del mercado.

      Uno de los principios de la Economía Circular es la utilización de Energías Renovables como fuente natural que se va renovando con el paso del tiempo, sustituyendo de este modo el uso de combustibles fósiles y nucleares (Hermida Balboa, 2014).

      Casas Úbeda (2008) denomina Energías Renovables a aquellas que se obtienen de fuentes naturales virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que contienen o porque son capaces de regenerarse por medios naturales, por ejemplo, energía eólica, solar, etc. Con la promulgación, en el año 2015, de un nuevo régimen sobre fomento a la energía eléctrica de fuentes renovables mediante la sanción de la Ley Nacional N° 27.191, Argentina retomó la transición hacia una matriz energética más sustentable y diversificada. Desde entonces, la política energética nacional ha impulsado la creación de un mercado doméstico de Energía de Fuentes Renovables (EFR). Antes de diciembre de 2015, éstas participaban con el 0.8% en la matriz energética primaria en Argentina. A partir de esa fecha, hay un crecimiento

      marcado en la generación de EFR (Castelao Caruana, 2019).

      En el PITAR existe una planta de generación fotovoltaica que aprovecha la radiación solar presente en el área. Esta recibe el nombre de Parque Fotovoltaico Anchipurac y se encuentra gestionado por Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE). Éste genera unos 3 MW de potencia con 9500 paneles solares ubicados en 7.64 has., con el objetivo de comercializar energía eléctrica limpia con las industrias que se instalen en el PITAR.

      La Ley provincial N° 1451-L, sancionada en septiembre 2016, legisla sobre la creación del Complejo Ambiental San Juan que será administrado por la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS).

      El mencionado Complejo está integrado por:

      -El Parque de Tecnologías Ambientales (PTA): Centro de Tratamiento y disposición final de los RSU.

      -El Centro de interpretación Ecoparque “Anchipurac” cuyo objetivo es la educación ambiental y toma de conciencia de la población.

      -El Parque Industrial Tecnológico Ambiental Regional (PITAR), un espacio para la radicación de industrias que utilicen como insumo o materia prima residuos clasificados y separados, provenientes de los centros de tratamiento y disposición final de la provincia, de otras jurisdicciones o del extranjero.

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      Los objetivos del PITAR:

      -Fomentar y facilitar la radicación de empresas aportantes de soluciones e innovaciones tecnológicas y adecuadas desde el punto de vista ambiental.

      -Generar productos con valor agregado y utilidad comercial que incorporen material

      extraído del proceso de clasificación de los RSU.

      -Promover el desarrollo de un clúster de la cadena de valor que permita reducir los costos de producción, mejorando la oferta y demanda de los mismos.

      -Establecer un espacio de articulación para promocionar los emprendimientos entre organismos gubernamentales provinciales, municipales y privados.

      -Propiciar la construcción y desarrollo de emprendimientos privados o mixtos dirigidos al tratamiento y valorización de neumáticos en desuso y residuos de aparatos electrónicos y eléctricos (RAEE).

      -Convertirse en referente a nivel nacional en lo referido a la gestión y administración de los RSU e industriales asimilables.

      La creación del Complejo Ambiental San Juan completa el proceso de la Planificación Estratégica de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (PEGIRSU) con los modelos del Desarrollo Sustentable y la Economía Circular. Además, la iniciativa del PITAR armoniza aspectos económicos, ambientales y sociales, y proyecta la creación de doscientos cincuenta

      (250) nuevos puestos de trabajo.

      El proyecto prevé la relación de distintos sujetos sociales intervinientes: Estado, sociedad, mercado y empresas. Además, entre los aspectos positivos se encuentran la absorción de mano de obra y el cuidado de la salud.

      El PITAR sintetiza la interrelación entre las dimensiones: ambiental, económica, social y política (Madueño Lahoz, Gamboa Cortez, Astorga y Moreno, 2020; Madueño Lahoz, Gamboa Cortez, 2020). La idea de reutilizar industrialmente los RSU es bastante reciente, en el siglo XIX no se consideraba la posibilidad de darle cierto aprovechamiento, sin embargo, en las últimas décadas del siglo XX comienza a considerarse la posibilidad de su tratamiento industrial, particularmente luego de la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992.

      La idea básica del PITAR es favorecer la actividad industrial utilizando RSU y energía renovable, a fin de disminuir el impacto ambiental, maximizar la creación de empleos verdes, incentivar la investigación, la capacitación y la colaboración en distintos niveles tanto regionales como locales.

      Los orígenes del mencionado parque se remontan al año 2016. Su objetivo es conformar,

      en los próximos años, un “clúster” de industrias recicladoras que generen sinergia a partir del agregado de valor a los materiales recuperados. De esta manera, se generarían empleos, que podrían ser ocupados por antiguos “chatarreros” que habitaban las inmediaciones de la Planta de Tratamiento Ambiental (PTA), además se podrían sustituir importaciones y se le daría impulso a la economía sanjuanina.

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      El PITAR cierra el círculo de la Economía Sustentable a partir de la transformación y el recicladodemateriasprimasqueaportanlosresiduosseparadosenla PTA. Losestablecimientos interesados en instalarse en el lugar podrían cubrir, en un futuro cercano, casi la totalidad de los residuos que se generen en la provincia y en la región del NOA y Cuyo.

      Se proyectan instalar los siguientes establecimientos industriales

      -Planta de reciclado mecánico de neumáticos y cauchos fuera de uso.

      -Planta refinadora de aceites minerales usados, aguas en contacto con hidrocarburos y

      desechos sólidos.

      -Planta de reciclado y reutilización de plásticos.

      -Planta de reciclado de papel.

      -Planta de reciclado de residuos de construcción y demolición.

      -Sistema integral de gestión para la fabricación y recuperación de big bags.

      -Planta fabricación modelo de productos relacionados con el hierro y la metalurgia.

      -Planta de tratamiento y valorización de componentes de vehículos fuera de uso (VFU) y de materiales ferrosos “chatarras industriales”.

      -Planta de gestión y reciclado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEES) y pilas.

      -Reciclado de baterías en desuso para obtención de plomo y fabricación de nuevas baterías.

      -Planta de reciclado de planchas de cartón gris.

      -Planta de reciclado de ropas en desuso y residuos textiles para fabricación de productos

      terminados (frazadas, trapos de piso, bolsones de rafia).

      -Planta de reciclado de gránulos de caucho para la producción de artículos destinados a la construcción sustentable.

      -Fabricación de enmiendas orgánicas mediante procesos biológicos a partir de residuos orgánicos agroindustriales.

      -Planta de reciclado de aceites vegetales usados para biodiesel.

      -Planta de reciclado de Fracción Orgánica de los Residuos Sólidos Urbanos (FORSU) para producción de inertizantes y productos para la construcción.

      En suma, recuperando lo ya expuesto sobre la incorporación de los primeros habitantes del asentamiento de calle Pellegrini, como operarios u obreros, en los diversos sectores del Complejo Ambiental San Juan, reafirmamos que este logro es un ejemplo de impacto social positivo con inserción laboral.

      Asimismo, el hecho de que los primeros habitantes del asentamiento tuvieran prioridad en la adjudicación de viviendas de barrios entregados por el Instituto provincial de la Vivienda (IPV), conforma un ejemplo de integración social.

      Por otro lado, el hecho de que gran parte de los habitantes primigenios del asentamiento tuvieran la oportunidad de terminar su enseñanza primaria, conforma un impacto social educativo positivo.

      Finalmente, la circunstancia de que casi la totalidad de los habitantes del asentamiento pudieron ser vacunados contra diversas enfermedades constituye un ejemplo de impacto social sanitario positivo.

  4. Evolución en una línea de tiempo de los principales acontecimientos asociados

    Universidad Nacional de San Juan- Estudios sobre el Poder. Revista de Ciencia Política / Abril 2025 / N°01. - ISSN 3008-7376

    Resulta interesante realizar un bosquejo de la evolución temporal de las respuestas y omisiones gubernamentales al problema de los residuos en la provincia de San Juan que transitó de un escaso interés por aprovechamiento de residuos, en el siglo XIX, a la acumulación e incineración sin mayores cuidados en el campo de La Bebida en el siglo XX que derivó, en el siglo XXI, en una política pública ambiental, inspirada en la Cumbre de la Tierra (Estocolmo, Suecia, 1972), la Cumbre de Río de Janeiro (1992) y el Protocolo de Kyoto (1997).

    A continuación, se realiza una periodización de los principales acontecimientos en San Juan:

    1990: calle Pellegrini y calle 5 se ha transformado en un “gran basural” de dimensiones importantes (unos 20 kilómetros cuadrados, equivalentes a 2000 hectáreas aproximadamente), donde unas 200 personas en trabajo “hormiga” operaban sobre los residuos para comercializarlos.

    1997: se comienza a formar el asentamiento de calle Pellegrini. 2004: el gobierno provincial lanza la Campaña “Guerra a la basura”. 2006: se impulsa la implementación del PEGIRSU.

    2011: comienza a funcionar la PTA con unos 81 operarios, la mayoría habitantes del asentamiento de calle Pellegrini y se constituye una cooperativa de trabajo con aquellos que no ingresaron a la planta.

    2012: en articulación con el Ministerio de Educación, se promovió la educación de adultos en dependencias de la PTA (nivel primario y secundario) y en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, se trabajó en la prevención y atención primaria de la salud.

    2016: por Ley provincial se crea el PITAR.

    2017: se empieza a implementar el programa “Misión Buen Ambiente”. 2019: se inaugura el Centro Educativo Ambiental “Anchipurac”.

    2021: se instala, dentro del PITAR, la Planta Fotovoltaica Anchipurac (un predio de 8 has. con 9120 paneles solares).

    En función del racconto histórico realizado, advertimos que las decisiones tomadas en las diferentes reuniones convocadas por la ONU y el aumento exponencial de los residuos a cielo abierto, inspiraron políticas públicas ambientales para lograr un manejo eficiente de los residuos sólidos urbanos en la provincia.


  5. Conclusiones

En el marco del presente trabajo, nos resultó interesante plantear como discusión el diseño y ejecución de la política ambiental. El interjuego discursivo y las significaciones que los funcionarios otorgan a los problemas ambientales que se pudo cotejar con lo realizado en materia de recolección, tratamiento y reciclaje de residuos sólidos urbanos.

Como hemos expuesto, las acciones promovidas en la Cumbre de la Tierra, la Cumbre de

Río de Janeiro y el Protocolo de Kyoto referidas al cuidado del ambiente, tuvieron su correlato en San Juan al inspirar la generación de una política pública ambiental para el tratamiento de los RSU. Las acciones implementadas dan cuenta de una política integral que trasciende el aspecto ambiental dado su impacto en términos económicos, laborales, educativos, sanitarios y sociales, esto se manifiesta en la integración de los primeros habitantes del asentamiento precario de calle Pellegrini como mano de obra en diferentes actividades del Complejo Ambiental San

Juan y en el mejoramiento de sus condiciones de vida.

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Para encarar la problemática ambiental generada por el basural de La Bebida, las autoridades gubernamentales tuvieron en cuenta los últimos avances tecnológicos en materia de reciclaje. Por otra parte, se mantuvo una retroalimentación (feedback) entre las oportunidades laborales que aparecían durante los tratamientos de los residuos y las diversas experiencias adquiridas por los operarios.

El impacto social positivo desde el punto de vista laboral, económico, educativo y sanitario generado por el Complejo Ambiental San Juan es visto por la sociedad sanjuanina, como una inversión a futuro y no como un gasto del presente.

Debido a lo dicho, destacamos la importancia de mantener una política de estado que trascienda varias gestiones gubernativas para alcanzar los objetivos trazados en materia ambiental.


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Deleuze en los confines de la filosofía política: ¿existe una filosofía política deleuziana?

Deleuze in the confines of political philosophy: is there a Deleuzian political

philosophy?

Martín Masciardi Recabarren ¹


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Recibido: 24/03/2024 Aceptado:09/09/2024


Resumen

El presente artículo aborda un tema crucial en la filosofía deleuziana: la cuestión política en la obra de Gilles Deleuze. Nuestro objetivo es examinar la lectura crítica de Badiou sobre Deleuze realizada desde la filosofía política. Consideramos que la crítica de Badiou es representativa de un conjunto de recursos textuales que parten del marco analítico de la filosofía política tradicional. Consideramos que al partir de estos supuestos no logran captar la multiplicidad y complejidad del pensamiento político en Deleuze. Por esta razón, hemos decidido centrarnos en la interpretación de Badiou en el contexto de la filosofía política, con el fin de demostrar que, efectivamente, existe una política en Deleuze, aunque esta no se ajuste a los parámetros de la filosofía política tradicional. Para alcanzar este objetivo, primero vamos a exponer la interpretación de Badiou. En un segundo momento, reconstruiremos los presupuestos que sostienen la filosofía política mediante una exposición de sus dos tradiciones clásicas: la corriente liberal y la antagónica. Al explorar estas tradiciones, por un lado, reconstruiremos y problematizaremos los supuestos de los que parte Badiou, y, por otro lado, contrastaremos estas perspectivas con la postura impolítica y no representativa de Deleuze. Esta comparación nos permitirá proporcionar una visión sólida y matizada de su contribución al pensamiento político.


Palabras clave: Deleuze, filosofía política, Badiou, representación, impolítico


Abstract

This article addresses a crucial issue in Deleuzian philosophy: the political question in the work of Gilles Deleuze. Our aim is to examine Badiou's critical reading of Deleuze from the perspective of political philosophy. We consider Badiou's critique to be representative of a set of textual resources that start from the analytical framework of traditional political philosophy. We consider that by starting from these assumptions they fail to capture the multiplicity and complexity of Deleuze's political thought. For this reason, we have decided to focus on Badiou's interpretation in the context of political philosophy, in order to demonstrate


¹ Licenciado en filosofía (FFHA-UNSJ). Doctorando en filosofía y maestrando en historia. JTP adscripto cátedra Metodología de la Investigación Filosófica en licenciatura y profesorado en filosofía FFHA-UNSJ.

ORCID: 0009-0006-5489-0872. Correo electrónico: masciardimartin@gmail.com

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that there is indeed a politics in Deleuze, even if it does not fit the parameters of traditional political philosophy. To achieve this goal, we will first set out Badiou's interpretation. In a second step, we will reconstruct the presuppositions underpinning political philosophy through an exposition of its two classical traditions: the liberal and the antagonistic currents. In exploring these traditions, on the one hand, we will reconstruct and problematize the assumptions from which Badiou starts, and on the other hand, we will contrast these perspectives with Deleuze's impolitic and non-representative stance. This comparison will allow us to provide a solid and nuanced view of his contribution to political thought.

Keywords: Deleuze, political philosophy, Badiou, representation, impolitic


  1. Introducción: el debate sobre el problema de lo político en Gilles Deleuze

En el ámbito de los estudios deleuzianos, la cuestión política en la obra de Deleuze suscita un amplio abanico de interpretaciones. El problema de determinar la especificidad política, de abordar una reflexión propiamente política, ha sido tratado por diversos comentaristas, generando opiniones divergentes sobre el tema. Desde la publicación de El Anti-Edipo en 1972, Michel Foucault (1994) afirmó en el prefacio de la edición inglesa que se trata de un texto ético cuyo propósito es combatir el fascismo en nuestro pensamiento, en nuestra vida, en el discurso y en el cuerpo.

En las últimas décadas Žižek (2006), desde una perspectiva que combina el análisis de Lacan y Hegel, considera a Deleuze como un teórico celebratorio del capitalismo tardío. A su vez, Philippe Mengue (2008) clasifica a Lyotard, Foucault, Deleuze y Guattari como un grupo de intelectuales vinculados al izquierdismo francés posterior a Mayo del 68, quienes tendrían en común la idea de que la política no requiere un dominio específico del pensamiento. Mengue argumenta que los conceptos políticos de Deleuze deben interpretarse en clave ética, en los márgenes de la reflexión política e histórica. Finalmente Badiou (2009) sostiene que el pensamiento deleuziano carece de una reflexión específicamente política, y que la filosofía de Deleuze expresa una ética desprovista de valor político. Sin embargo, otras investigaciones han abordado la cuestión de lo político en Deleuze desde una perspectiva que evita reconducir la discusión dentro de los límites de la filosofía política, eludiendo así el problema de una ontología política. En cambio, se centran en la convergencia de problemas vigentes de la teoría política contemporánea. Uno de los temas más actuales en los estudios deleuzianos es la cuestión de la racialidad², así como la exploración de fuentes en la obra de Deleuze que no han sido examinadas en profundidad. Tal es el caso de la presencia de Marx en los aspectos “macropolíticos”³ de la filosofía deleuziana: el Estado⁴, el derecho, el concepto de

pueblo, el problema de la soberanía, la cuestión de la guerra y el análisis del capitalismo.


² Para una mirada más detallada sobre Deleuze y el problema de la racialidad, se recomienda a de Oto y Pósleman, 2016, 174-192. En este texto, la filosofía política de Deleuze se ve potenciada al entrar en convergencia con los estudios decoloniales a través de su puesta en relación con el trabajo de F. Fanon. Remitimos además a Pósleman 2017, 67-87.

³ Recomendamos para un estudio sobre los aspectos macropolíticos en Deleuze y la presencia de Marx en su filosofía: Sibertin-Blanc (2013) Politique et État chez Deleuze et Guattari. Essai sur le matérialisme historico-machinique. Presses Universitaires de France.

⁴ Una reflexión sobre el lugar del Estado en la filosofía política de Deleuze, en la que se establece un fecundo diálogo con la filosofía hegeliana, puede consultarse en Ferreyra, 2015, pp. 211-234 y 2016, pp. 243-266.

Una mirada general a estos materiales parece confirmar nuestra afirmación inicial: el problema de definir la especificidad de lo político en Deleuze sigue siendo un tema abierto. Por estas razones, consideramos necesario asumir el desafío y la polémica a los que han sido convocados los estudios deleuzianos: ¿existe algo que pueda llamarse política en Deleuze?

Badiou (2009) expresa con claridad que no existiría una política en Deleuze porque no hay una

reflexión propiamente dicha sobre lo político.

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El planteamiento de Badiou, es decir, la necesidad de establecer una reflexión específica o un criterio de lo político, constituye una cuestión inherente al ámbito de la filosofía política, con lo cual no deja de resultar problemático ya que parece reconducir la filosofía deleuziana hacia un campo que no le es propio, debido a que sus presupuestos y problemáticas son divergentes.

Consideramos que el debate debe ser reconducido al marco desde el cual se formula. Si queremos resolver este problema de manera efectiva es necesario situarlo directamente en el campo de la filosofía política y abordarlo de manera frontal: la necesidad de establecer una reflexión propiamente dicha sobre lo político implica investigar ciertas fuentes específicas de este campo. Por ello, para analizar el marco de la filosofía política recurriremos a materiales que representan sus dos grandes tradiciones: la corriente liberal y la corriente del conflicto. Hemos escogido a dos referentes de estas tradiciones, Leo Strauss y Chantal Mouffe para mostrar que, en lo esencial, comparten un aspecto común que no sólo define su forma de comprender la política, sino que también determina la especificidad de la filosofía política.

De este modo, lo fundamental en ambas tradiciones es remarcar que la comprensión del fenómeno político se configura dentro de la dimensión ontológica de lo político, vinculada a una naturaleza constitutiva, ya sea el antagonismo o el consenso. Es decir, más allá de sus diferencias, ambas tradiciones analíticas comparten un mismo enfoque esencial: un modo común de entender el fenómeno de la política que, a su vez, define la especificidad de la filosofía política. Demostraremos que, aunque las perspectivas liberal y antagónica parten de presupuestos ontológicos distintos, ambas permanecen dentro del campo de la representación. Estos supuestos serán puestos en tensión a partir de Maquiavelo (trad. en 2016) y Esposito (1996), ya que sus formas de entender la política se entrelazan con la propuesta deleuziana al ubicarse en un espacio reflexivo que opera en los márgenes de la filosofía política. Asimismo, analizaremos las dificultades de establecer una reflexión propiamente política y cómo el ámbito de lo político “trasciende” un dominio específico. Para ello nos basaremos en algunas indicaciones de Luciano Nosetto (2013).

Reconducir el problema de lo político en Deleuze al campo de la filosofía política nos permitirá demostrar a lo largo de nuestra exposición que la clave para que la filosofía pueda abordar el fenómeno de la política radica en pensar más allá de los presupuestos de una filosofía política anclada en el modelo de la representación. Por ello, es necesario situar el debate dentro del propio marco de la filosofía política, a fin de esclarecer los presupuestos que operan en cualquier análisis de la política en Deleuze que se inscriba en este contexto interpretativo.

  1. ¿Existe algo así como una política deleuziana?

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    En este primer apartado comenzaremos analizando una conferencia de Badiou que nos permitirá corroborar nuestra propuesta de análisis: el problema de delimitar las bases sobre las cuales se evalúa el pensamiento político en Deleuze no puede resolverse desde los criterios de una filosofía política anclada en el modelo de la representación⁵. Por esta razón, el debate debe situarse dentro del marco de la filosofía política tradicional para desentrañar los supuestos de los análisis críticos sobre Deleuze realizados desde este contexto. La filosofía política proporciona el marco para la discusión con Badiou, ya que ofrece una reflexión en la que convergen puntos de vista que sostienen que el pensamiento deleuziano carece de una reflexión específicamente política.

    Badiou (2009) en el año 2001 dictó una conferencia en el museo Tate Modern de Londres bajo el título: “¿Existe algo así como una política deleuziana?”. En esta conferencia es presentado por Dominic Willsdon, curador del museo, como un filósofo de “una lectura poderosa de la filosofía de Deleuze” y de una “interpretación heterodoxa de Deleuze” (p. 15). En este marco expositivo se pregunta: “¿Es posible identificar algo así como una política deleuziana? La cuestión es muy difícil” (p. 15)⁶. Reconoce la dificultad de la pregunta y nos advierte de ciertos usos “militantes” de algunas nociones, de algunos conceptos deleuzianos tales como son el de devenir, deseo y minorías. Acepta que tienen cierta carga política pero no son suficientes para que sea posible hablar de una filosofía política deleuziana. Acto seguido, determina una serie de problemas que podemos enumerar con fines expositivos:

    1. “De hecho, la pregunta plantea varios problemas. La primera es que Deleuze nunca aísla la política como algo que deba ser pensado per se como un pensamiento específico. En Qu'est-ce que la philosophie, Deleuze y Guattari cuentan, como sabemos, con tres tipos de pensamiento: ciencia, arte y filosofía” (p. 15).

    2. El segundo problema es del tipo subjetivo: “No se puede decir que Deleuze estuviera muy interesado en la política. Sin duda, en un gran número de textos escritos con Guattari, se pueden encontrar algunas ¨concepciones políticas¨. Pero cuando Deleuze escribe solo, nunca dice que su creación filosófica se hace bajo las condiciones de la política” (p. 16).

    3. Tercer punto: Badiou reconoce que Deleuze “habla” de política pero ¿de qué política habla o escribe? En Pourparlers (2005), en la sección dedicada a la política, sería posible detectar consideraciones concretas sobre las orientaciones políticas deleuzianas.



      ⁵ Deleuze es un filósofo que se sitúa al margen de la historia y de la filosofía política convencional al momento de desplegar una reflexión sobre la política. La diferencia esencial en Deleuze, respecto a la filosofía política tradicional, radica en que esta última ofrece una forma de pensar que intenta responder a los problemas políticos a través de la aspiración de fundar la política, pretendiendo sentar sus bases. Esta fundación puede definirse mediante una operación performativa que denominamos representación, la cual instituye un discurso normalizador. Este es el problema central de la filosofía política tradicional, y es dentro de este marco que se ha planteado la cuestión de si existe o no una filosofía política en Deleuze.

      Badiou, entre otros, analiza la filosofía deleuziana desde esta perspectiva, y es a este enfoque al que nos dedicaremos en este primer apartado. Nuestro propósito es discutir estas lecturas remitiéndonos a su contexto analítico: la filosofía política tradicional. Este planteamiento refuerza la idea de que Deleuze ofrece una visión alternativa y que las críticas desde la filosofía política tradicional no logran captar completamente su postura.

      ⁶ Badiou, justifica este señalamiento tomando como referencia ¿Qué es filosofía? (2005), donde Deleuze junto con Guattari distinguen: filosofía, ciencia y arte. De lo que se deduce el primer problema: no hay una clasificación para la política como un campo específico. No hay un pensamiento per se de la política.

      Bajo la denominación de política entiende Badiou que se hacen explícitos dos puntos en particular:

      1. Una filosofía de la historia: que propone tres etapas en la historia universal: a) las sociedades de soberanía, b) las sociedades de disciplina, c) las sociedades de control. Para Badiou se trataría de un gran esquema histórico, una especie de reconstrucción pos teórica del futuro global de las sociedades humanas.

      2. Un segundo punto en tensión con el anterior. No hay en Deleuze una verdadera preocupación por la historia, hay como en Nietzsche, sostendrá Badiou, un antihistoricismo que diferencia de manera tajante “historia” y “devenir”.

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      Badiou utiliza como fuentes, declaraciones de entrevistas en las cuales Deleuze habría expresado que el “devenir” no es parte de la historia. El “devenir” como tal, es algo nuevo, por ejemplo el Mayo del 68 constituiría una forma de irrupción del devenir en estado puro. El puro devenir no formaría parte de la historia. A este respecto, afirma Badiou (2009):

      Si la política no es más que la gestión de la dirección de los asuntos, el gobierno de la ciudad, entonces es historia, es parte de la historia. Hay que decir: la política, salvo en un periodo como mayo del 68, no forma parte de la historia, porque la política tiene que ser la creación de algo nuevo. (p. 16)

      Estos puntos que constituyen el marco desde el cual Badiou lee a Deleuze, también nos advierten de ciertas contradicciones entre la producción textual deleuziana y las declaraciones públicas en entrevistas, marcando además una diferenciación basada en contradicciones entre las fuentes textuales y las entrevistas. Para Badiou (2009) política en Deleuze sería “la creación de algo nuevo” (p. 16), tal como ilustra la referencia de mayo del 68. Sin embargo, nos señala que Deleuze en otros contextos afirmará lo contrario, no es creación sino análisis teórico, es decir, lo político no se limita al campo exclusivo de la creación, sino que es análisis teórico de un objeto particular, el capitalismo:

      Por todo ello, la dificultad sigue siendo muy grande. En primer lugar, hay textos en los que Deleuze sostiene lo contrario, es decir, que la política no es creación práctica, sino análisis teórico. Por ejemplo, cuando afirma que “la filosofía política debe dirigirse al análisis del capitalismo y de los medios por los que se ha desarrollado” (Badiou, 2009, p. 17). Desde este punto de vista la política es el análisis del capitalismo, no la creación de algo nuevo.

      Consideramos que este es el núcleo del problema:

      Si la filosofía política es el análisis del capitalismo, ésta forma parte de la filosofía de la historia. Pero la política, como creación, no forma parte de la historia. Hay una gran tensión entre la condición previa de la política, por un lado (el capitalismo, la distinción entre los diferentes tipos de sociedades enumerados anteriormente), y, como en mayo del 68, el puro devenir (Badiou, 2009).

      Según este análisis de Badiou (2009) la máxima política de Deleuze afirmaría la importancia del devenir relegando a un segundo lugar la historia, la máxima sería “crear algo nuevo” en el contexto restrictivo de la sociedad de control, la sociedad de control constituye la organización de la prohibición, un límite para la producción del devenir. De esto se desprende que para él la política deleuziana sería una máxima no política por la razón de que no hay una reflexión per se. Sin embargo, luego dirá que la habría de manera aparente en el análisis del capitalismo pero en tensión con el puro devenir. Incluso cuando afirma como máxima per se el capitalismo y los medios por los que se ha desarrollado no constituye una reflexión pura sino que se confunde

      con una descripción que remite a un marco historicista: a) las sociedades de soberanía, b) las sociedades de disciplina, c) las sociedades de control.

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      Badiou (2009) sostendrá que la reflexión política deleuziana lo es para el arte, la ciencia y la filosofía: “Deleuze piensa que hay una política del arte, una política de la ciencia y una política de la filosofía” (p. 17). Para el autor, la política en Deleuze es una máxima de creación pero no una creación en sí misma, la política es una máxima para el arte, la ciencia y la filosofía y un análisis del capitalismo. La reflexión política deleuziana está fuera del campo disciplinar de la filosofía política porque no constituye una reflexión de la política en sí misma. En otros términos, no determina un principio ontológico. De este razonamiento, desprende lo que a su consideración conforman las dos máximas políticas en Deleuze:

      1. Política: es crear algo nuevo.

      2. Política: es el análisis de las nuevas formas del capitalismo. Sin embargo, es más una filosofía de la historia que una reflexión política per se. Aunque reconoce que es una definición específica, no constituye una máxima de acción.

      Del punto uno se desprende que la política es creación de algo nuevo y crítica de la historia, entonces la política está en todas partes porque toda experiencia humana forma parte de la política, con lo cual no habría un campo específico, un objeto determinado como política en tanto una reflexión específica.

      Del punto dos se desprende que si política es el análisis del capitalismo, análisis de las sociedades, teoría de la historia y la política habría una reflexión política específica porque filosofía política sería, en este contexto, el único análisis del capitalismo moderno pero no un pensamiento creativo. Todo este orden expositivo presentado por Badiou apunta a concluir con el razonamiento que sienta las bases de su tesis sobre la filosofía deleuziana, no como una filosofía política, sino como una filosofía ética:

      Pero, ¿qué es una máxima política de la acción que envuelvealas creaciones humanas en su totalidad?

      ¿Qué es una máxima política, si la máxima está en el arte, en la sexualidad, en el devenir del ser humano?

      Creo que es, de hecho, una máxima ética, mucho más que una máxima política (Badiou, 2009).

      La pista ética según Badiou (2009) consiste en “creer” en el mundo y “precipitar” el acontecimiento como forma de escapar al control. Deleuze sería un filósofo cuya teorización nos remite al campo de la ética y no al de la política. Las tres máximas éticas presentes en él serían: “la máxima negativa (escapar del control), la máxima subjetiva (creer en el mundo) y la máxima creativa (precipitar los acontecimientos)” (p. 18).

      Para Badiou (2009) la conexión de las tres esferas constituye la ética de Deleuze. Crear algo nuevo es crear los vínculos para la vida que se manifiestan a través de nuevas afirmaciones, nuevos modos de subjetivación, es un asunto de la ética. Para concluir afirma al final de la conferencia su tesis que hace de Deleuze un pensador de lo Uno⁷, al definir el devenir puro como la vida pura, la vida pura, es la totalidad en lo Uno. Esta tesis de Badiou sobre Deleuze como un filósofo de lo Uno no es nueva pero en esta conferencia vuelve a confirmarla.



      ⁷ Remitimos al lector al texto donde está desarrollada esta tesis en profundidad: Badiou, A. (1997) Deleuze: La clameur de l'Etre. Hachette.

      Básicamente la tesis de Badiou (2009) sobre lo Uno en Deleuze consiste en leer la tesis sobre la univocidad del ser deleuziana en términos de un Ser-Uno. La operación sobre la filosofía de Deleuze se sostendría sobre una disyunción exclusiva entre o bien pensar el Uno o bien pensar lo Múltiple, cuando Deleuze a través del concepto de univocidad, apunta a pensarlos a ambos a la vez⁸. Deleuze (2005) afirma lo contrario a lo que sostiene Badiou:

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      Lo esencial de la univocidad no es que el Ser se diga en un único y mismo sentido, sino que se diga, en único y mismo sentido de todas sus diferencias individuantes o modalidades intrínsecas. El Ser es el mismo para todas sus modalidades, pero estas modalidades no son las mismas. Es igual para todas, pero ellas mismas no son iguales. Se dice en un solo sentido de todas, pero ellas mismas no tienen el mismo sentido. (p. 72)

      Deleuze afirma que “lo esencial” no es que el Ser se diga en “un solo y mismo sentido”, sino que se predica de todas sus diferencias; es decir, no hay jerarquía ontológica. Sin embargo, pasando por alto la evidencia textual o ejerciendo una lectura forzada del texto, una lectura “heterodoxa”, Badiou sostiene que “lo esencial es el predicarse de modo unívoco” y deduce a partir de allí el carácter irreal, ficticio y secundario de los entes (Antonelli, 2011 p. 163).

      Hasta aquí la exposición de Badiou (2009) y su lectura “heterodoxa”. Según su interpretación, en la obra de Deleuze no hay un pensamiento específicamente político, sino una ética con algunas connotaciones políticas, pero no una reflexión per se de lo político que permita inscribir la producción deleuziana en el campo de la filosofía política. En este marco de análisis la comprensión del fenómeno de la política se produce en la dimensión ontológica de lo político.

  2. Leo Strauss: la naturaleza esencial de la política

    Nuestra elección de Strauss se justifica porque constituye una referencia ineludible en los estudios de filosofía política⁹, ocupándose del problema de determinar un campo específico para ésta intentando articular una reflexión per se de lo político, diferenciándose de otras disciplinas. Este aspecto constituye uno de los problemas clave de la filosofía política: delimitar la especificidad de su campo disciplinar y definir un criterio ontológico de lo político. Estas cuestiones son relevantes en el ámbito de la filosofía política, ya que resulta problemático definir un campo propiamente político sin considerar otros aspectos del ámbito social. ¿Es posible desvincular lo político del marco de la ética?

    Strauss aborda la relación entre la filosofía política y otros campos disciplinares con los que comparte objeto de estudio, como la ciencia política. Su propuesta busca delimitar las fronteras de la filosofía política. Debido a la complejidad de su objeto, ésta enfrenta dificultades al intentar establecer las bases de un campo específico de lo político o una reflexión per se, como exige Badiou a Deleuze.

    Por esta razón, se consideró necesario ponderar el debate con Badiou por dos motivos: primero, porque su análisis crítico de Deleuze es representativo dentro de los estudios deleuzianos;



    ⁸ Sobre este problema de la univocidad del ser en Deleuze, remitimos al lector interesado a Antonelli, M. S (2011) El Uno-Todo y lo múltiple. Crítica de la interpretación de Badiou de la filosofía deleuziana en La filosofía y el problema de la justificación racional, Ediciones UNL, pp. 160-166.

    ⁹ Remitimos al lector a un interesante trabajo sobre la importancia del autor en cuestión en el marco de los estudios de filosofía política tradicional, véase a Hilb, C. (2005). Leo Strauss: el arte de leer. Una lectura de la interpretación straussiana de Maquiavelo, Hobbes, Locke y Spinoza. Fondo de Cultura Económica.

    y segundo, porque su lectura se sitúa en el marco de la filosofía política. Nuestro objetivo es reconducir el problema de lo político en Deleuze al ámbito de la filosofía política y, desde esa perspectiva, demostrar por qué es factible una política en Deleuze que se ubica en sus márgenes.

    Hechas estas aclaraciones previas, pasemos a la exposición de la propuesta straussiana. En

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    ¿Qué es filosofía política? Leo Strauss (1991) afirma que el fin de la acción política está orientado hacia la conservación o el cambio del orden existente. Para Strauss, la filosofía política no sólo debe comprender y analizar las estructuras políticas, sino también cuestionar su justificación moral y racional, es decir, si deben mantenerse o ser transformadas. Esta orientación hacia la conservación o el cambio es fundamental para entender el papel de la filosofía política en relación con el poder, la justicia y el orden social:

    Cuando deseamos conservar tratamos de evitar el cambio hacia lo peor; cuando deseamos cambiar tratamos de actualizar algo mejor. Toda acción política, pues, está dirigida por nuestro pensamiento sobre lo mejor y lo peor. Un pensamiento sobre lo mejor y lo peor implica, no obstante, el pensamiento sobre el bien. (p. 100)

    Para Strauss (1991) la acción política supone cierta tendencia hacia el conocimiento del bien, todas las acciones en este sentido implican cierto grado de comprensión del bien. Comportan también cierto grado de opinión, cuando esta comprensión se hace explícita da lugar al surgimiento de la filosofía política. Habría entonces filosofía política, cuando “el hombre se impone explícitamente como meta la adquisición del conocimiento del bien en su vida y en la sociedad, entonces surge la filosofía política” (p. 99).

    En este sentido, el surgimiento de la filosofía política, según Leo Strauss (1991) ocurre cuando se realiza un esfuerzo racional por comprender “el sentido” del bien, dado que este es la finalidad última de la acción política. Para el autor, la filosofía política forma parte de un ámbito más amplio: la filosofía en su totalidad. Ésta, como disciplina troncal, incluye diversas ramificaciones entre ellas la estética, la ética y la gnoseología. Desde esta perspectiva, la filosofía política no es un campo autónomo, sino una diversificación de la filosofía, subordinada a su método y dedicada al estudio del fenómeno político como objeto.

    Strauss (1991) define la filosofía política como la reflexión sobre los grandes objetivos de la humanidad, los cuales incluyen la libertad, el gobierno y la autoridad. La filosofía política, para él, no es una disciplina autónoma, sino una rama de la filosofía, que se ocupa del ámbito político solo en la medida en que este resulta relevante para la vida en sociedad y la consecución del bien. Ahora bien, si la filosofía política pertenece a la filosofía en general, entonces cabe preguntarse:

    ¿qué es la filosofía para Strauss en este contexto?

    Parael autor,es una búsquedaracional del conocimiento último de la realidad. Se trata de un esfuerzo por acceder a verdades fundamentales a través de la razón, sin depender de la opinión o de la tradición. La filosofía, no se conforma con explicaciones parciales o contingentes, sino que busca comprender la totalidad de las cosas, incluyendo las dimensiones políticas, éticas y sociales de la vida humana.

    Dentro de esta concepción, la filosofía política adquiere una relevancia particular porque su propósito es determinar los principios últimos que deberían guiar la acción política. Esto implica que la filosofía política tiene como tarea no solo analizar el funcionamiento de las instituciones o las normas políticas, sino también reflexionar sobre las finalidades más elevadas de la política, como la justicia, la libertad y el bien común.

    Esta concepción de filosofía, configura en el campo de la filosofía política, su caracterización del objeto: filosofía política es el intento de sustituir el nivel de opinión por un nivel de conocimiento que dé cuenta de “la esencia” de la política. Otra característica relevante es que la política no constituye un objeto neutro, es decir, implica cierta carga valorativa. Si la política tiene como fin el bien de un conjunto, posee necesariamente cierta carga valorativa, toda política está relacionada por su naturaleza a la valoración, esto es, a la aprobación o la desaprobación, a la crítica, a la aceptación o el rechazo.

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    La lectura straussiana de la filosofía política se presenta como un ejercicio intelectual que busca alcanzar conocimientos ciertos sobre la naturaleza esencial de la política y sobre el orden político justo o el buen orden. Para Strauss (1991) la política no es solo una serie de técnicas de gestión del poder o de resolución de conflictos, sino una actividad orientada hacia la búsqueda del bien común. Éste es inseparable de la dimensión ética, dado que, en el pensamiento straussiano, la política no puede aspirar a objetivos inmorales o al mal, pues esto sería contradictorio con la naturaleza humana, que tiende a buscar su propio bienestar y el de la comunidad en la que vive. Enestesentido,lapolíticasegúnStrauss(1991)estáinevitablementevinculadaaconsideraciones éticas ya que persigue un ideal normativo: la justicia y el orden que promuevan el bien general. Esta conexión intrínseca entre política y ética no solo destaca la importancia de los valores en el ámbito político, sino que también marca la distinción entre la filosofía política y otras disciplinas que abordan la política como objeto de estudio. Tal es el caso de la ciencia política o la sociología política, que pueden centrarse más en los aspectos descriptivos o empíricos del poder y de las instituciones, la filosofía política straussiana se centra en los aspectos normativos, en los principios fundamentales que deben guiar la acción política hacia el bien. Esto le otorga a la filosofía política un carácter prescriptivo, orientado a establecer no sólo qué es la política, sino también qué debería

    ser, en función de los ideales de justicia, libertad y orden que debe perseguir una sociedad.

    Por tanto, al haber hecho esta caracterización de la filosofía política en términos de su orientación hacia el bien y su conexión con la ética, es posible trazar una línea clara que la diferencia de otras disciplinas que también estudian la política, pero que lo hacen desde una perspectiva más descriptiva o “técnica”, sin necesariamente incluir una carga valorativa tan marcada. La filosofía política, en este sentido, es más que un análisis de las estructuras de poder; es una reflexión sobre los principios fundamentales que deben regir esas estructuras en pos de un ideal ético y justo.

  3. La dimensión ontológica de lo político

    De lo expuesto hasta el momento, podemos concluir que el planteo sobre lo que es constitutivo de lo político abre el debate central de la filosofía política. Como vimos, éste se ha basado en la búsqueda de un criterio que permita definir el ámbito de lo político en términos de principios, normas o esencias. En ese marco, la política se presenta como un campo delimitado y organizado por criterios que la filosofía busca establecer y formalizar. Sin embargo, tal como lo hemos analizado con Badiou y otros autores de la filosofía política tradicional, esta demanda de una reflexión ontológica:

    ¿no implica una reducción de la política a un conjunto de categorías abstractas, predefinidas que pretenden subsumir la complejidad del fenómeno político al esquema de la representación?

    Para situarnos en este problema, nos dirigimos ahora al análisis del texto de Chantal Mouffe, En torno a lo político, donde se propone que la dimensión constitutiva de la política es el antagonismo.

    Mouffe (2011) sostiene que este antagonismo no sólo define el campo de la política, sino que además sirve como base para criticar el modelo liberal, el cual entiende la política como un espacio de diálogo y consenso racional.

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    Mouffe (2011) rechaza esta visión liberal, argumentando que la política no puede reducirse a un espacio de negociación, de intereses y acuerdos consensuales. En lugar de ello, la autora defiende la política como una dimensión inherentemente conflictiva, caracterizada por la presencia inevitable del antagonismo, es decir, de oposiciones irreconciliables entre grupos e intereses. Este antagonismo es lo que define ontológicamente el campo de la política, haciendo de ésta un espacio donde el conflicto no solo es inevitable, sino necesario.

    Por tanto, la discusión de Mouffe (2011) con el modelo liberal se basa en la necesidad de ofrecer un criterio ontológico alternativo que reconozca el conflicto como un elemento constitutivo de lo político. Esta posición no solo reconfigura nuestra comprensión de la política, sino que también cuestiona los ideales liberales de consenso y diálogo como mecanismos insuficientes para abordar la “verdadera naturaleza” del conflicto político.

    A lo largo de la exposición, veremos cómo esta perspectiva de Mouffe desafía la filosofía política liberal, al mismo tiempo que nos ofrece una vía alternativa para pensar lo político desde una ontología del antagonismo, marcando una diferencia clara con la visión consensualista de la política.

    En consideración de Mouffe (2011) fundar lo político sobre la base de un consenso universal, hace del campo un “espacio ideal” que determina las instituciones como instancia de imparcialidad y unidad de los conflictos de los sectores en pugna:

    la tarea de los teóricos y políticos democráticos debería consistir en promover la creación de una esfera pública vibrante de lucha “agonista”, donde puedan confrontarse diferentes proyectos políticos hegemónicos (…) condición sine qua non para un ejercicio efectivo de la democracia. (p. 11)

    Lo político en el enfoque agonista tiene su anclaje en una comprensión real de la política, aquí es donde la perspectiva consensual resultaría insuficiente para dar cuenta de su objeto porque pretende lograr como fin una sociedad reconciliada. El conflicto como la dimensión constitutiva de lo político conforman ese criterio ontológico, tiene además como antecedente directo, al filósofo y jurista alemán Carl Schmitt.

    En este contexto de análisis, llamará teorías ¨pospolíticas¨ a todas aquellas corrientes que niegan el antagonismo como lo determinante de la política. Al negar esta perspectiva efectúa un desplazamiento de la dimensión antagónica hacia otro campo, el campo del registro moral. La distinción antagónica de un nosotros/ellos político se traduce en un bien/mal, buenos/villanos que deja de ser político para ser un problema de la moral:

    En otras palabras, aún consiste en una discriminación nosotros/ellos, pero el nosotros/ ellos, en lugar de ser definido mediante categorías políticas, se establece ahora en términos morales. En lugar de una lucha entre “izquierda” y “derecha” nos enfrentamos en una lucha entre “bien y mal”. (Mouffe, 2011, p. 13)

    Este desplazamiento constituye un problema que conduce a la posibilidad de la destrucción del otro, en tanto es representado no como un adversario político sino como un agente moralmente definido como malo. En la forma adversarial, cuando no hay canales por los cuales el conflicto pueda adoptar una forma agonista, esos tienen adoptar un modo antagónico. Es decir, cuando la forma

    adversarial es desplazada al campo de la moral, entre el bien y el mal, en este momento el campo de lo político se diluye. Cuando el conflicto es desplazado a la dimensión del registro moral, el oponente es percibido como un enemigo que debe ser destruido, aspecto incompatible en el contexto de la dimensión política del conflicto. La diferencia con Strauss en este aspecto es notable. Mientras Strauss no concibe la reflexión política sin considerar una carga valorativa que la vincula con principios éticos, Mouffe sostiene lo contrario: bajo el registro moral, el oponente es un enemigo a destruir.

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    La distinción entre "la política" y "lo político" refleja dos enfoques diferentes hacia el fenómeno del poder y la organización social. Según Mouffe (2011) la política se refiere al ámbito empírico, a los hechos concretos y las prácticas observables en el contexto de las instituciones. Este es el dominio de la ciencia política que se encarga de estudiar estas realidades empíricas, lo óntico, lo cual comprende la multiplicidad de acciones, decisiones y estrategias dentro del marco de las estructuras establecidas. Por otro lado, la filosofía política se ocupa de una reflexión más profunda que apunta a la esencia de lo político, un enfoque que comparte con Strauss. La preocupación de la filosofía política no son los hechos contingentes de la política, sino las condiciones ontológicas que permiten su surgimiento. En otras palabras, mientras que la política se ocupa de los eventos y prácticas que ocurren en la vida política diaria, lo político concierne a las estructuras fundamentales que hacen

    posible la organización social y el conflicto, el terreno sobre el cual se construyen estas prácticas.

    La falta de comprensión de “lo político” en su dimensión ontológica es la que origina nuestra actual incapacidad para pensar de un modo político (…) en la que está en juego en la discusión acerca de la naturaleza de “lo político” es el futuro mismo de la democracia. (Mouffe, 2011, p. 16)

    La especificidad de la política democrática no es la superación de la oposición nosotros/ellos, sino el modo diferente en el que se establecen. Para Mouffe (2011) lo que requiere la democracia es trazar la distinción nosotros/ellos de modo que sea compatible con el reconocimiento del pluralismo, y es en este punto se distancia de Schmitt (2009) quien al respecto determinaba la dimensión ontológica de lo político en estos términos:

    La distinción política específica, aquella a la que pueden reconducirse todas las acciones y motivos políticos, es la distinción de “amigo y enemigo”. Lo que ésta proporciona no es desde luego una definición exhaustiva de lo político, ni una descripción de su contenido, pero sí una determinación de su concepto en el sentido de un criterio. En la medida en que no deriva de otros criterios, esa distinción se corresponde en el dominio de lo político con los criterios relativamente autónomos que proporcionan distinciones como el bien y el mal en la moral, la belleza y la fealdad en lo estético, etc. (p. 56)

    La diferencia con Schmitt vendrá dada porque no hay lugar en su concepción para el pluralismo dentro de la comunidad política democrática. Según Mouffe (2011), en Schmitt la democracia supone la existencia de un demos homogéneo que excluye todo pluralismo, si es posible un pluralismo, el único está presente en la figura del Estado. El hecho de considerar lo político como la posibilidad siempre presente de un antagonismo supone la falta de un fundamento último, implica reconocer una dimensión de indecibilidad que domina todo orden.

    De lo expuesto podemos concluir que toda formación social es producto de una serie de prácticas que buscan establecer un orden en un contexto de contingencia. La especificidad de la política democrática tiene como desafío no superar la oposición nosotros/ellos. Para Mouffe (2011) es necesario en términos democráticos no la superación de las oposiciones, sino diseñar

    una distinción nosotros/ellos de modo que sea compatible con el reconocimiento del pluralismo que es la base constitutiva de la democracia.

  4. La filosofía política y el problema de la representación: Gilles Deleuze en los confines de

    lo impolítico

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    Hemos expuesto hasta ahora dos de los problemas centrales que enfrenta la filosofía política: primero, la posibilidad de establecer un campo disciplinar autónomo, diferenciado de otras áreas de estudio como la ciencia política o la ética; y segundo, la necesidad de determinar un criterio ontológico que permita definir lo político en su esencia. Como señala Schmitt (2009) un criterio independiente que no depende de otros establece un dominio autónomo. Esto resalta la importancia de encontrar un principio fundamental que delimite el terreno de lo político.

    En este contexto, Badiou se adentra en la obra de Deleuze intentando hallar ese criterio ontológico en su pensamiento, algo que resultaría crucial para legitimar la política como una disciplina autónoma dentro del marco de la filosofía deleuziana. Sin embargo, según Badiou (2009) Deleuze no llega a establecer una reflexión ontológica clara sobre lo político que pueda considerarse como una determinación per se del campo político. A partir de esta interpretación, concluye que el pensamiento de Deleuze carece de una reflexión específica sobre la política en los términos que exige la filosofía política tradicional, es decir, situada dentro de un criterio ontológico. De este modo, el análisis de Badiou se ancla a los problemas propios de la filosofía política tradicional al situar su crítica dentro de un marco en el que se exige una fundamentación ontológica específica para reconocer un campo político legítimo. Esto revela una tensión entre el pensamiento deleuziano que se resiste a ser encasillado dentro de los parámetros tradicionales de la filosofía política y las exigencias del marco tradicional que busca delimitar y estructurar lo político de

    acuerdo a criterios ontológicos establecidos.

    En este sentido, la tesis de Badiou parece acertada: no existe una filosofía política en Deleuze ya que no se encuentra un criterio ni un principio claro que estructure el fenómeno de la política en su obra que se traduzca en una máxima de acción específica porque teoría y práctica no están escindidas; más bien, constituyen una misma realidad dinámica: “la teoría no expresa, no traduce, no aplica una práctica; es una práctica” (Foucault, 1992, p. 85).

    Esta convergencia entre teoría y práctica en Deleuze contrasta con la filosofía política tradicional que tiende a separar ambas esferas, enfocándose en principios abstractos y normas de acción que, muchas veces, acaban siendo meramente teóricas. El problema que emerge aquí es que, al permanecer en un plano teórico y enredarse en disputas ontológicas interminables, la filosofía política termina por divorciarse de su objeto real: la vida política concreta. Al aislarse en la abstracción, corre el riesgo de perder de vista las dinámicas políticas vivas, aquellas que verdaderamente configuran el campo de la acción política.

    Deleuze (2005) en su rechazo a estas formas de pensamiento representacional y en su insistencia en la inmanencia, escapa de este tipo estructura de pensamiento que privilegia la búsqueda de un criterio o principio universal. En su lugar, concibe la política como un flujo de multiplicidades en devenir, lo que dificulta su inserción en los parámetros tradicionales de la filosofía política, centrada en establecer criterios fijos y universales.

    La consecuencia de esto, como bien señala Badiou (2009) es que no hay un “sistema”, no hay una

    filosofía política en Deleuze en los términos clásicos, ya que su pensamiento es radicalmente no

    representacional y escapa a las clasificaciones ontológicas fundacionales.

    En este sentido, la filosofía política al centrar sus esfuerzos en la especulación sobre la especificidad de su campo y en la búsqueda de principios ontológicos de lo político, pierde su objeto real. Esta especulación en lugar de “trascender” hacia una comprensión práctica y concreta de la política, se queda atrapada en un nivel teórico que intenta determinar el campo fáctico desde lo especulativo. Como consecuencia, se produce una creciente separación entre la política, entendida como práctica concreta, y el pensamiento, que se limita a reflexionar sobre ella desde un plano abstracto representacional.

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    Este fenómeno, según Roberto Esposito (1996), implica un riesgo significativo: el pensamiento filosófico pierde su conexión con el objeto real de la política, aun cuando paradójicamente se ve acompañado de una proliferación de ensayos y textos sobre el tema. La creciente producción teórica no necesariamente se traduce en una acabada comprensión de la política real; al contrario, puede aumentar la brecha entre el pensamiento y la práctica política. El autor sugiere que esta desconexión entre política y filosofía da lugar a un estado de incomprensión mutua, donde el pensamiento filosófico no logra captar la vitalidad de la política y la política no encuentra en la filosofía una guía práctica o relevante para su acción.

    Estas consideraciones nos ilustran porque Deleuze no puede ser inscrito en el campo de la filosofía política tradicional y, sin embargo, su pensamiento abre una nueva forma de concebir lo político que enriquece el debate de la filosofía política. Lo que Badiou observa como una ausencia de reflexión política en Deleuze no es una falla, sino una renuncia deliberada a los presupuestos de la representación y la fundación normativa que caracteriza la filosofía política tradicional. En lugar de establecer criterios o principios universales, Deleuze concibe la política como un campo de fuerzas, dinámico y múltiple, inseparable de la vida, donde la teoría es ya una práctica y la política no necesita de una justificación ontológica fija. Es en este sentido que la política deleuziana no es una “filosofía política” en los términos tradicionales, sino una afirmación de lo político en su sentido inmanente y creativo.

    Por lo expuesto, la tesis de Esposito (1996) nos es conveniente para profundizar en la discusión con las afirmaciones de Badiou: “la filosofía política no consigue llenar - o simplemente conocer – la separación entre política y pensamiento porque es precisamente ella quien la produce” (p. 19). Según el autor, la filosofía política tradicional está atrapada en una especie de círculo cerrado en el que produce y responde a sus propios problemas sin confrontar verdaderamente la realidad de lo político. La separación entre política y pensamiento no solo se mantiene, sino que es creada por la misma filosofía política en su intento de teorizar sobre lo político desde criterios y principios abstractos, ajenos a la experiencia y la práctica política efectiva.

    La crítica de Esposito es útil para repensar la tesis de Badiou. Si la filosofía política tradicional no puede dar cuenta de la política sin generar una brecha entre pensamiento y acción, entonces es comprensible por qué Deleuze no puede ser situado dentro de sus límites.

    Esposito (1996) argumenta que la filosofía política, cuando aborda el fenómeno de la política, lo hace siempre desde un marco metodológico que se centra en la realización de un orden ideal, un régimen óptimo o una utilidad colectiva. Esto significa que la filosofía política opera desde el presupuesto de la fundación, es decir, que intenta establecer las bases sobre las cuales se puede construir o evaluar un orden político legítimo o ideal.

    A fines expositivos, presentamos un esquema de los fundamentos del Enfoque Filosófico

    Político según Esposito (1996):

    1. Lenguaje del Método, Medio y Fin: La filosofía política utiliza un lenguaje que se centra en la concepción de métodos para alcanzar un ideal político, medios para implementar ese ideal y fines que se buscan lograr. Esto conlleva una aproximación que no sólo teoriza sobre la política, sino que también prescribe cómo debería ser el orden político.

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    2. Presupuesto de la Fundación: La filosofía política presupone la existencia de una base fundamental o un principio que sirve como fundamento para construir y evaluar sistemas políticos. Este enfoque se basa en la idea de que es posible y necesario establecer una base sólida para el análisis político que defina y oriente la discusión sobre lo que constituye un orden político correcto o deseable.

    3. Orientación hacia el Orden Ideal: En lugar de enfrentarse directamente con la política como se presenta en la práctica, la filosofía política se enfoca en cómo debería ser el orden político ideal, lo que lleva a una separación entre la teoría y la práctica política real. Esto crea una brecha entre el pensamiento filosófico y la realidad concreta de la política.

    4. Crítica a la Aproximación Tradicional: considera que la filosofía política no pueda abordar adecuadamente la realidad de la política, ya que está demasiado centrada en construir teorías abstractas y universales sobre lo que debería ser el orden político, en lugar de enfrentar las complejidades y antagonismos reales presentes en la política práctica.

      En resumen, la crítica de Esposito ayuda a entender por qué la filosofía política tradicional, al centrarse en la fundación y en el ideal normativo, no puede captar adecuadamente el pensamiento político de Deleuze que opera fuera de estos presupuestos. A la reflexión de Esposito podemos sumar la de Nosetto, en tanto resalta un aspecto a tener en consideración que nos permite además conectar con Maquiavelo: la irreductibilidad al reductio ad unum.

      En la medida en que el poder se ejerce en todos los puntos del cuerpo social, este se encuentra por todos lados expuesto a su inversión (…) Decir que ¨todo es político¨ es decir de esta omnipresencia de las relaciones de fuerza y de su inmanencia a un campo político. Todo, entonces, es político. (Nosetto, 2013, p. 34)

      Las relaciones de poder niegan la representación, porque si en la base de las relaciones antagónicas está el poder, también está el deseo y las pasiones que agitan el campo molecular¹⁰. La filosofía política pierde su especificidad: todo es político en el campo de las relaciones de fuerza, en el plano inmanente del campo de la política. El conflicto constituye la realidad de la política y su factum. Su facticidad no entra en los esquemas representativos de la filosofía política, no es pronunciable en su armazón categorial. Porque la antinomia es el fondo



      ¹⁰ Frente a la filosofía política, Deleuze aporta en El Anti-Edipo un enfoque problematizador de lo político sin recurrir a una iniciativa fundadora y sustancialista. La propuesta deleuziana es la de una forma de pensamiento en términos de deseo. En esta propuesta analítica acerca del hombre y la naturaleza, del homo historia y el homo natura, no expresan términos enfrentados sino una sola y misma realidad esencial del producto y del productor. La producción como proceso nos remite al deseo en tanto principio inmanente. La formación deseante es como el soporte de las relaciones y principios que distribuyen a los agentes en el que entran en juego las relaciones de producción. La “identidad de naturaleza” entre

      la naturaleza de la economía libidinal y la economía social, implica la univocidad del concepto de producción. Estos dos registros económicos suministran la base de una economía general en la que la producción social expresa un tipo de estratificación particular. En la base, no el fundamento, sino el deseo que en tanto producción, produce lo real, es decir, la realidad y la formación social es un campo político.

      irrepresentado, irreductible al reductio ad unum. El elemento antinómico está conformado por el conflicto en todas sus dimensiones, el campo molecular de las relaciones de fuerza. Este es sin dudas el gran problema de la filosofía política tradicional: reducir las multiplicidades del campo social, de llevar los muchos al Uno, de llevar el conflicto al orden, de llevar la realidad a la idea. Reversibilidad de la crítica de Badiou y persistencia apasionada de sostener una lectura anclada en el error: no hay filosofía de lo Uno en Deleuze.

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      La exposición de Badiou no problematiza a la filosofía política de Deleuze, sino a la del propio Badiou y demás ensayísticas bajo el mismo marco analítico: la filosofía política. La antinomia rompe el molde de la representación, el hecho de la política rompe el caparazón que envuelve la representación filosófica. Al respecto, sostiene Esposito (1996): “Lo que es Uno en la teoría se revela infinitamente múltiple en la realidad” (p. 22). Quizá la clave para la filosofía, para dar cuenta de la política, es pensar por fuera de los presupuestos de la filosofía política tradicional. En este sentido, quienes mejor han pensado la filosofía política son autores ajenos a su tradición, pensemos en todas esas lecturas “en clave política” que se hacen de la filosofía de Deleuze. Algunas de ellas, como Badiou por ejemplo, no hacen más que suscribirlas al criterio de lo Uno, sea negando una filosofía política por no poder encontrar un criterio único, una reflexión per se de la política, y en consecuencia, relegándola a otras ramas de la filosofía: la

      ética o la estética.

      Un antecedente interesante de una lectura no representativa de la política lo constituye Maquiavelo¹¹ que supo sustraer de la política a su representación filosófica, criterios con los que Badiou por ejemplo lee a Deleuze:

      1. A su presupuesto: la unidad.

      2. A su objetivo: el mejor régimen-orden presente o posible.

      Nos parece que el pensamiento de Maquiavelo y el de Deleuze pueden dialogar en cuanto a su enfoque respecto de la política desde una perspectiva que no conduce a los criterios tradicionales de la filosofía política. Maquiavelo, al igual que Deleuze, se aleja de la conciliación y los principios éticos y organicistas que intentan reducir la política a un único criterio o a una representación simplificada. Ambos enfatizan el conflicto, el deseo y las pasiones como elementos centrales en la política.

      La visión de Maquiavelo sobre el poder, sin recurrir a un ideal de consenso o a principios ontológicos que lo determinen, resuena con la perspectiva de Deleuze sobre la política como un campo de relaciones moleculares en constante mutación. Esta perspectiva “maquiavélica de izquierda” en Deleuze, enfatiza la multiplicidad y el conflicto sin reducirlos a un solo principio o a las operaciones de performatividad de la representación. El enfoque de Deleuze, al igual que el de Maquiavelo, desafía las nociones de una política anclada en el modelo del orden, en cambio abraza la complejidad y la dinámica de las relaciones de poder y los deseos que se configuran atravesando la realidad política.



      ¹¹ La vinculación entre Maquiavelo y Deleuze cuenta con antecedentes en: Mengue, P. (2015) en Espaces lisses et lignes de

      fuite. Éthique, esthétique et politique deleuziennes. Éditions Kimé.

  5. Consideraciones finales

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La noción de una “política en Deleuze” que emerge de su carácter impolítico ofrece un replanteamiento radical de la comprensión de la política en el marco del debate de la filosofía política. Esta postura impolítica, centrada en el deseo y en las formaciones sociales como multiplicidades que coexisten sin unidad armónica ni teleológica, abre un camino alternativo a la filosofía política tradicional, en la que Deleuze rehúye a la necesidad de sentar las bases de un orden que fundamente la política desde un criterio único o en una representación unificadora; en su lugar, propone un pensamiento que aborde la política en su devenir constante, en su fluidez y mutaciones, en sus tensiones irreductibles.

El hecho de que la política en Deleuze no se ajuste a los criterios tradicionales de la filosofía política revela su naturaleza problemática, pero también su riqueza. Su rechazo a los esquemas historicistas y a la representación unitaria permite pensar las relaciones de poder, el deseo y los conflictos como fuerzas siempre presentes que configuran lo político. No existe un horizonte final que reconcilie estas fuerzas, sino que están siempre en constante movimiento y transformación. Pensar la política fuera de los marcos de la filosofía política tradicional, como lo hace Deleuze, implica una apertura a formas no representacionales del poder y del deseo, a una analítica política que no busca imponer principios que establezcan un orden fundante, sino

que se mueve con las fuerzas que la atraviesan.

En resumen, aunque no se pueda encasillar a Deleuze dentro de una filosofía política tradicional, porque su pensamiento ofrece una alternativa potente para entender las dinámicas de la política contemporánea precisamente al negarse a subsumir el campo social a un fundamento ontológico único, la política deleuziana, en su carácter impolítico, abre una nueva manera de pensar la política en términos de deseo, conflicto y multiplicidad, enriqueciendo el debate en el marco de la filosofía política.


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Modulaciones del poder punitivo: reformas de la justicia penal y ampliación del poder de castigar

Modulations of Punitive Power: Criminal Justice Reforms and the Expansion of the Power to Punish


Recibido: 30/03/2024 Aceptado:01/10/2024

Sonia Silvana Torti¹ Juan Bautista Sanchez²


Universidad Nacional de San Juan- Estudios sobre el Poder. Revista de Ciencia Política / Abril 2025 / N°01. - ISSN 3008-7376

Resumen

En este artículo nos proponemos analizar las transformaciones en la administración de justicia penal dentro del marco general del proceso de modernización del dispositivo de seguridad y control del delito de la provincia de San Juan.

Nuestra provincia no fue ajena a las reformas judiciales impulsadas por organismos multilaterales de crédito para toda América Latina con el propósito declarado de fortalecer las democracias de estos países. Los argumentos esgrimidos para justificar estas reformas a nivel local, pierden peso y credibilidad al ser contrastados con las consecuencias inmediatas de su implementación. El análisis de los fundamentos explicitados a lo largo de tres décadas, deja al descubierto las lógicas instrumentales que guían este proceso. Este examen permite observar las mutaciones legales, institucionales, tanto internas como externas a los espacios de la justicia penal y observar las consecuencias de estas transformaciones en relación a una eventual vulneración de garantías

constitucionales mínimas, que deben preservarse durante el desarrollo de un proceso penal.

El modo en que se han instrumentado las reformas impacta en otros ámbitos de actuación externos a la propia justicia y se desplazan a espacios policiales y penitenciarios, provocando consecuencias directas sobre la vida y los derechos de las personas sometidas a control penal, de allí la importancia de su estudio.

Palabras clave: Reforma Judicial – Justicia Penal – Sistema Punitivo – Dispositivo de Seguridad


Abstract

In this article, we aim to analyze the transformations in the administration of criminal justice within the general framework of the modernization process of the security and crime control apparatus in the province of San Juan. Our province was not immune to the judicial


¹ Doctora en estudios sociales de América Latina. Docente e investigadora IISE-FACSO-UNSJ. ORCID: 0009-0000-0417-

6343. Correo electrónico: soniatorti@hotmail.com

² Abogado egresado de la UNC. Doctorando en el Doctorado en Ciencias Sociales UNSJ. Docente e Investigador IISE - FACSO- UNSJ. ORCID: 0009-0000-7287-344X. Correo electrónico: juanbautistasanchez96@gmail.com

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reforms driven by multilateral credit organizations for all of Latin America with the declared purpose of strengthening the democracies of these countries. The arguments put forth to justify these reforms at the local level lose weight and credibility when contrasted with the immediate consequences of their implementation. The analysis of the reasons stated over three decades exposes the instrumental logics that guide this process. This examination allows us to observe the legal and institutional mutations, both internal and external to the spaces of criminal justice, and to observe the consequences of these transformations in relation to a potential violation of minimum constitutional guarantees that must be preserved during the development of a criminal process. The way in which the reforms have been implemented impacts other external areas of action beyond the justice system itself and shift to police and penitentiary spaces, causing direct consequences on the lives and rights of individuals subjected to penal control, hence the importance of its study

Key words: Judicial Reform – Criminal Justice – Punitive System - security apparatus


  1. Introducción

    Desde hace tres décadas se viene produciendo en San Juan un paulatino pero constante avance del sistema punitivo. Pasa inadvertido para la mayor parte de los ciudadanos, pero no por ello deja de ser una constante que se verifica simplemente con observar algunas nuevas instituciones recientemente creadas en nuestra provincia. Uno de los lugares donde se evidencia con mayor claridad esta situación es en el ámbito de la administración de justicia.

    Loqueresultallamativoesqueautoridadesdegobierno,políticosdedistintosespacios,miembros de las fuerzas de seguridad, magistrados y funcionarios judiciales, periodistas de distintos medios de comunicación y algunos académicos, sostienen que estas transformaciones se anclan en una matriz garantista que, en el marco de normativas constitucionales específicas de respeto por las garantías procesales, permitirían brindar justicia con celeridad, eficacia y eficiencia³.

    Sin embargo, parece haber señales de que la implementación de estas reformas del modo en que se están instrumentando, podría comprometer ciertas protecciones constitucionales inherentes al proceso penal. La celeridad como lógica argumental de todo el proceso de reforma, no se condice con ciertos límites y resguardos que deben observarse en la aplicación del ius puniendi.

    Si bien la mayor parte de las reformas se ha verificado desde hace menos de una década resulta interesante revisar un poco más atrás en el tiempo, a fin de comprender cuáles han sido y cómo han mutado, a lo largo de estos años, los argumentos oficiales respecto de estas transformaciones punitivas.

    Para realizar este estudio expondremos, en primer lugar, algunas consideraciones metodológicas en relación a la construcción y análisis de los datos utilizados para abordar la problemática expuesta. Luego, se revisan las características que adoptaron los procesos de


    ³ En este sentido, afirma el Gobernador Uñac “Necesitábamos dar respuesta a una necesidad de la comunidad y Flagrancia fue fruto de una Política de Estado, pero también un logro del trabajo conjunto entre los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para darle velocidad judicial a la resolución de causas de este tipo. Fuente Diario Página 12 del 10/08/2022: “Flagrancia: el sistema que cambió la justicia en San Juan” Ultima consulta marzo de 2024. Disponible en https://www. pagina12.com.ar/448393-flagrancia-el-sistema-que-cambio-la-justicia-en-san-juan

    reformas-verificadosenlaregiónenlosqueintervinieronorganismosmultilateralesdecrédito- semejantes a los que atravesó nuestra provincia. En un tercer momento, nos referiremos a las características de los modelos procesales que han adoptado los códigos provinciales en distintas épocas. Dos apartados revisan las reformas implementadas en nuestra provincia que podrían considerarse reformas de primera y segunda generación. Por último, se explica la incidencia de las reformas de justicia en otros espacios punitivos que también conforman el dispositivo provincial de control del delito.


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  2. Desafíos metodológicos. Algunas consideraciones sobre el tratamiento de los datos

    Este trabajo reúne los avances de una investigación en curso y de otra ya finalizada, ambos

    proyectos CICITCA - UNSJ, desarrollados en el periodo 2021-2024.

    El inicio del proceso de modernización del dispositivo de seguridad y control del delito en la provincia de San Juan puede situarse en el año 2011, momento en que se pone en marcha el Plan Estratégico de Seguridad 2011-2015, alineado con las transformaciones securitarias, operadas en el ámbito de la Nación al crearse el Ministerio de Seguridad en diciembre del año 2010. Si bien en la provincia las primeras reformas legislativas en el área procesal penal aparecen durante la década del 90 e inicios del año 2000, consideramos que el momento inicial del proceso de modernización se da a partir de la creación de este Plan Estratégico por las características que asumieron las transformaciones -integrales, sustantivas y articuladas- que afectaron todos los niveles del sistema punitivo sanjuanino.

    Seleccionar, organizar y sistematizar la información para el extenso periodo de tiempo en que se registran estos cambios en materia de seguridad constituyó un desafío teniendo en cuenta que existen diversos factores que condicionan el acceso a los datos. La provincia de San Juan no ha adherido a la Ley Nacional 27.275 sobre derecho de acceso a la información pública, lo que hace que los datos provistos por las agencias que conforman el dispositivo de seguridad y control del delito sean escasos y fragmentados. Debido a ello, apelamos a múltiples fuentes para contextualizar las transformaciones de la justicia penal y reconstruir los argumentos vertidos para justificarlas. Contar con un diseño flexible facilitó la organización de la multiplicidad de datos obtenidos, segmentándolos por ejes temáticos y estructurándolos según características comunes, hasta que logramos definir tres momentos clave por similitud o identidad de argumentos.

    El escenario complejo en relación a la falta de publicidad de datos institucionales, nos obligó a ser creativos en la integración de diversos enfoques y requirió de un ejercicio analítico que permitiera contrastar, articular y comparar la totalidad de fuentes empleadas, apelando a la complementariedad metodológica para la mejor comprensión del objeto de estudio. En este sentido fue que empleamos diversas estrategias de metodología cualitativa para la construcción y análisis de datos -entre ellas el uso de fuentes documentales y las entrevistas semiestructuradas- como también de metodología cuantitativa (uso de software SPSS).

    El uso de fuentes documentales fue la estrategia metodológica que permitió la selección de las fuentes secundarias tales como las leyes de modificación de códigos procesales penales provinciales, la ley de creación del procedimiento especial de flagrancia, leyes de implementación del código procesal penal, los registros taquigráficos del diario de sesiones

    de la Cámara de Diputados, los videos del 4to. Encuentro Nacional de Oficinas Judiciales, informes estadísticos disponibles en sitios web nacionales y provinciales, noticias periodísticas de medios provinciales y nacionales, entre otras.

    Al momento de analizar las normas legales tuvimos en cuenta que el Derecho es un producto social, resultado de una pugna de intereses donde se ponen en juego determinados criterios de verdad. Por ello debimos observar con qué otras dinámicas presentes en la trama social aparecían vinculadas las normas y las producciones discursivas en torno a ellas (Torti y Sánchez, 2019).

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    El análisis documental, como técnica de análisis de datos, nos permitió contextualizar las normas en el escenario social en el que la praxis política institucional posibilita su surgimiento, comprendiendo de qué manera se intenta dotarlas de un sentido específico. En este orden de ideas, la interpretación del contenido de tales disposiciones normativas, no se limitó a un simple análisis gramatical sino a la comprensión de las intenciones del autor al elaborarlas, analizando su inserción en una trama social compleja que permitió que las normas en cuestión fueran re-significadas (Torti y Sánchez, 2019). A través de la interpretación que facilita el análisis documental, se pudieron develar las intencionalidades que quedan atrapadas en las innovaciones propuestas, que obturan la comprensión de los objetivos reales de las políticas diseñadas por el gobierno. Esto es así, porque si bien desde los discursos oficiales se expresan las ventajas de algunos de estos nuevos institutos, la plataforma fáctica sobre la que se asientan muestra el clivaje entre aquello que oficialmente se declara y los acontecimientos sociales que contradicen estas afirmaciones.

    La utilidad de la complementariedad en el uso de fuentes primarias estuvo dada por la necesidad

    de recuperar, por un lado, la perspectiva de las partes que intervienen en los nuevos sistemas procesales y por otro, de reconstruir datos imprecisos brindados por el propio Poder Judicial. Por ello, las voces de operadores jurídicos, entre ellos jueces, fiscales y defensores del procedimiento especial de flagrancia se recuperaron a través de entrevistas semiestructuradas. Las experiencias y opiniones de los propios condenados por flagrancia también se recogieron a través de este instrumento. Idéntica técnica se adoptó para conocer las consecuencias de la aplicación de los nuevos sistemas procesales en el ámbito de la ejecución de la pena privativa de la libertad.

    Dado que los informes existentes en el sitio oficial del Poder Judicial, en relación con este procedimiento especial, no presentan los mínimos estándares de calidad en la producción de datos no pudieron ser tomados como una fuente rigurosa y exhaustiva de información. Para resolver esta dificultad y validar los datos obtenidos a través de las entrevistas, se aplicó un cuestionario integrado por preguntas abiertas, cerradas y escalares. El análisis estadístico descriptivo se realizó a través del software SPSS.

    Las elecciones metodológicas adoptadas a lo largo del proceso de investigación, especialmente el empleo articulado de diversas técnicas y estrategias para el tratamiento de los datos, posibilitó contrastar lo expresado oficialmente a través de diversas producciones discursivas en relación a las transformaciones de la administración de justicia penal con las consecuencias reales de su implementación, permitiendo cuestionar los argumentos oficiales vertidos para justificarlas.

  3. Las reformas de la administración de justicia y organismos multilaterales de crédito:

    una continua trama de dominación.

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    Talcomohasidoexpresadoporalgunosautores(TortiySánchez,2020,2023)losorganismosdecrédito multilaterales han promovido las reformas judiciales en diversos países de la región, entre ellos el nuestro. Las intervenciones de estos organismos, que pueden ser consideradas como verdaderas intromisiones en la vida institucional de los países más desaventajados, se vienen produciendo desde mediados del siglo pasado, han reformulado su modalidad pero no sus objetivos de fondo. A partir de las transformaciones en el contexto mundial, que comenzaron a evidenciarse durante los años setenta y ochenta, se estableció un nuevo escenario político y económico global. El abandono paulatino de un modelo de Estado interventor o welfare state por una propuesta neoliberal cristalizada en el Consenso de Washington, facilitó la conformación de un nuevo bloque hegemónico en que los países centrales, cuyos intereses eran representados por estos organismos crediticios, impusieron otras formas para las intromisiones en la vida de los Estados más débiles facilitando la expansión y transnacionalización del capital. Como citan algunos autores, (Guzmán, 2012; Lista, 2013), en el caso latinoamericano se trataba, además, de países que enfrentaban procesos de recuperación de sus democracias y evidenciaron debilidades en distintos ámbitos: en la solidez de sus estados de derecho y en aspectos económicos tales como: déficit estatal, desequilibrios en las balanzas de pagos, corrupción, endeudamiento externo, etc. En el nuevo escenario político económico organismos tales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo fijaron políticas de condicionalidad, esto es, establecieron condiciones para otorgar créditos de ayuda, entre ellas, las reformas estructurales que garantizaran la circulación de los flujos de capital trasnacional (Lista, 2013). Los motivos de esta nueva modalidad de intervención no constituyen un secreto: fue necesario adoptar medidas, entre ellas, reformas de la administración de justicia, reformas laborales, desregulaciones impositivas que facilitaran el mantenimiento de un orden que permitiera los juegos del mercado asegurando

    a su vez la gestión de la conflictividad social producto de esas innovaciones estructurales.

    Estas instituciones crediticias se enfocaron además en la producción de sentido, la generación de discursos y la elaboración de teorías, no con la simple intención de producir conocimiento, sino orientada a generar cambios respecto de cómo debe conducirse la justicia poniendo como modelo los propios sistemas jurídicos de los países centrales. Al referirse a estos organismos, Lista (2013) expresa,

    más allá de su fortaleza financiera no se debe desatender a su capacidad para desarrollar un soporte teórico y argumental desde el que se abordan, de manera directa e indirecta, temas jurídico-políticos tan fundamentales como estado de derecho, soberanía, ciudadanía, democracia y gobernabilidad (governance). (p. 2)

    Esa “importación” de prácticas no siempre tiene como resultado una “mejor” justicia en el marco de las previsiones establecidas por nuestra Constitución Nacional, especialmente aquellas del orden de las garantías procesales. Nuestra norma máxima sustenta una fuerte tradición de derecho penal liberal extraña a las formas de control penal posfordista de los países anglosajones. Por el contrario, estas modalidades importadas expresan una tendencia neoliberal que prefiere organizar los tribunales como si fueran una empresa y, por tanto, parametrizar los procesos estableciendo como “éxito” la eficiencia de los procedimientos medida por la cantidad de casos

    culminados y, si estos llevan condena, se considera que el éxito es rotundo (Simone, 2005).

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    De acuerdo con Simone (2005) diversos países⁴ de América Latina recibieron créditos por 420 millones de dólares para desarrollar las reformas de justicia. Por su parte Ganón (2008) advierte que estos organismos multilaterales, desde los años noventa, le brindaron préstamos a la Argentina por 2.000 millones de dólares para ser invertidos en estas reformas. Aunque estas cuestiones parecen alejadas de la realidad provincial, también marcan una tendencia en la vida institucional en la que encontramos estos avances reformistas. Las normas que consagran procesos acusatorios evidencian, desde los años noventa, un proceso de reformas mucho mayor y de alcance continental promovido por agencias y organismos internacionales, específicamente norteamericanos, tales como: el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés); la Comisión Nacional Bipartidaria sobre América Central o el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJAS); entre otros.

    Si bien los organismos citados manifestaban la intención de mejorar el sistema de justicia en América Latina desde la década de 1980, fue recién en 1998 que se presenta en Argentina el plan de reforma judicial por el ministro Granillo Ocampo, buscando inmediatez, eficiencia, calidad, acceso a la justicia, etc. La incorporación de procesos especiales de juzgamiento exprés para determinados delitos estaban indudablemente comprendidos en ellos ya que el uso de estos términos despliega un posicionamiento específico sobre el tema cuyo eje central es la eficiencia. A ello se sumó la colaboración inestimable de una “red de expertos activistas” que son definidos por Langer (2007) como: los “… entrepreneurs legales que invierten parte de sus recursos económicos, políticos, y/o simbólicos en sus esfuerzos por promover códigos acusatorios y se reconocen entre sí como reformadores de códigos” (p. 36). Estos “expertos” son una suerte de emprendedores morales en términos de Becker (2009), especialistas en derecho que han recorrido diferentes países de América Latina promoviendo tales reformas. Pero lo más importante aún es que además han formado difusores de estas ideas a nivel nacional y subnacional, como el caso de San Juan, con conferencias y disertaciones promovidas a través de diversos encuentros o visitas institucionales penetrando con este accionar la suma de voluntades necesarias para llevar adelante el cambio normativo. Estas tareas de “seducción” se presentaron como lo “nuevo”, “moderno”, “eficiente” con la capacidad de modificar las deplorables opiniones

    públicas existentes sobre los jueces y el sistema judicial (Ganón, 2008).

    Afirma Vargas Viancos (2008) que en virtud del contenido de las reformas y del momento en que se produjeron, es posible hablar de reformas de primera y segunda generación. En las primeras se buscó enfatizar en los objetivos vinculados al Estado de Derecho y el debido proceso, mientras que con las segundas se pretendió disminuir la ineficiencia de sus sistemas penales.

    En este mismo sentido se indica que mientras la primera generación de reformas consistió básicamente en la sanción de nuevas leyes de procedimiento penal, es decir, los cambios se redujeron a nuevos textos legales, las de segunda generación fueron más complejas en tanto se centraron en los mecanismos de implementación.


    ⁴ “Desde el año 1993, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- han otorgado préstamos

    por una suma de 420 millones de dólares, para llevar adelante veinticuatro proyectos de reforma judicial en países latinoamericanos. Del total de proyectos, quince fueron aprobados en países de América del Sur y los nueve restantes en países de América Central. Algunos países como Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Perú y Venezuela fueron destinatarios de más de un proyecto.” (Simone, 2005, p. 1).

    La primera ola de reformas influyó en la instauración de la oralidad en algún momento del proceso buscando superar el expediente escrito, resorte fundamental del sistema inquisitivo. En estos casos, la oralidad fue un débil avance ya que aún persistían los procesos mayormente escritos en expedientes llevados por empleados con dirección del juez en la investigación y escasa participación del Ministerio Público Fiscal.

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    Las de segunda generación buscaron una profunda transformación en las prácticas de los diferentes actores del proceso penal. Por ello, fundamentalmente se enfocaron en la incorporación de instituciones y en la capacitación adecuada de toda la gama de usuarios del sistema desde el personal hasta los magistrados de la justicia penal.

  4. Dos modelos procesales contrapuestos

    Los sistemas procesales penales constituyen un conjunto de principios y reglas que orientan la aplicación del derecho penal durante la investigación y hasta la ejecución de la sentencia lo que permite garantizar los derechos de las partes y administrar justicia (Zaffaroni, 1998).

    Es óptimo que sean las propias Constituciones las que fijen los principios más relevantes del derecho procesal a fin de que -como en el caso de nuestra Constitución Nacional- se asegure la imperatividad de reglas mínimas que deben observarse en el proceso penal. Explica Clariá Olmedo (1998) que las bases constitucionales del proceso penal son el juicio previo; juez natural; inviolabilidad de la defensa en juicio; non bis in ídem “… y otros más referidos a la institución judicial en lo penal, a la situación del imputado y a la actividad procesal penal” (p. 60-61). Estas reglas resultan tan importantes para la vigencia del Estado de Derecho que Roxin (2003) afirmó que “el derecho procesal penal es el sismógrafo de la Constitución política de un Estado” (p. 10). Entonces podemos afirmar que las garantías procesales se configuran como disposiciones constitucionales que aseguran los derechos de los imputados frente a la fuerza del poder estatal de castigar para brindar seguridad jurídica a las partes y garantizar un juicio justo, equitativo y respetuoso

    de los principios democráticos y del Estado de Derecho (Bacigalupo, 2017; Cafferata Nores, 2016).

    La provincia de San Juan hasta el año 1990 contaba con un código procesal de corte inquisitivo que databa del año 1911. En un modelo inquisitivo el papel del juez resulta preponderante ya que desarrolla las tareas investigativas y de juzgamiento por lo que no existe una atribución diferenciada de funciones, lo que puede impactar de manera negativa en la imparcialidad del juzgador. El procedimiento escrito y secreto constituye otra de las características de este modelo que recoge una antigua tradición que se remonta a la “inquisitio” de la edad media.

    Asimismo, la forma mixta comparte caracteres de ambos, una primera parte escrita (instrucción) y una segunda parte oral y pública (juicio oral y público), siendo en general la forma que adoptaron la mayoría de las provincias argentinas con diferentes matices en cada momento. Si bien como afirmamos la instrucción de todos nuestros códigos era escrita, existen muchas variantes en cuanto a la intervención que se da en ella al imputado y la defensa. En cuanto a la segunda fase legislan un juicio con debate oral ante tribunal técnico predominantemente colegiado que actúa en única instancia. En estos procedimientos mixtos, la instrucción (escrita) aporta fundamentalmente la prueba que dará base a la acusación y la recibida en el juicio es valorada por el sistema de la sana crítica o libre convicción.

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    Por su parte, en un proceso penal acusatorio las funciones de investigación y acusación por un lado y las de defensa y juzgamiento por otro, están atribuidas a órganos distintos a fin de asegurar imparcialidad y equidad entre las partes intervinientes en el proceso. Afirma Clariá Olmedo (1998) que esto distribuye “poder a cada órgano diferente; acusador (público o privado), juez (técnico) e imputado y su defensor (de confianza u oficial), dándosele al imputado la calidad de sujeto procesal” (p. 116). El principio contradictorio, a diferencia del inquisitorio, permite que las partes tengan iguales posibilidades para argumentar y ofrecer prueba, garantizando principalmente el derecho del acusado a una defensa competente y eficiente. La contradicción es un elemento esencial de este modelo ya que permite que se escuchen todos los puntos de vista y se llegue a una decisión basada en un análisis completo de la evidencia y los argumentos presentados por ambas partes. La publicidad y la oralidad constituyen principios fundantes del acusatorio y, junto con el de concentración e inmediación, garantizan un proceso judicial justo, equitativo y transparente donde se respeten los derechos fundamentales de todas las partes involucradas, asegurando al mismo tiempo que nadie sea privado de su libertad en un proceso judicial irregular, sin la defensa adecuada o con evidencias insuficientes.

    La provincia de San Juan contó originalmente con un código procesal penal bajo el modelo

    inquisitivo el que sufrió diversas modificaciones que revisaremos a continuación.


  5. Sin prisa, pero sin pausa: el inicio de las transformaciones en materia de seguridad y

    control punitivo

    En nuestra provincia las tímidas reformas de las normas procesales penales comienzan a evidenciarse a finales del siglo pasado. La primera ola de reformas se inició en 1990 con la sanción del primer código procesal penal mixto (Ley N° 6140), luego sustituido en el año 2003 por un nuevo código mixto (Ley N° 7398) quedando cerrada en nuestra provincia lo que podría considerarse la primera ola de modificaciones exclusivamente legislativas.

    La sanción de un nuevo código procesal penal en el año 1990, que reemplazaría al viejo código procesal inquisitorio del año 1911, tuvo sus justificaciones en virtud de un creciente aumento de la tasa de delitos en nuestra provincia⁵ (Miguez e Islas, 2010). Se habían producido, además, dos hechos graves que conmocionaron y movilizaron a la población sanjuanina⁶ apurando la reforma legislativa. Los registros taquigráficos del Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados dan cuenta de una creciente preocupación por la cuestión de la seguridad y lo que consideraron un alarmante crecimiento de la delincuencia. En ellos puede leerse argumentos a favor de las modificaciones “a raíz del pavoroso incremento de la delincuencia que aflige a nuestra provincia.”; “... los medios de comunicación social dan cuenta diariamente sobre este fenómeno que está adquiriendo características

    atroces…impidiendo el desarrollo normal de nuestra sociedad...”⁷.


    ⁵ Estos autores afirman que a partir de 1987 se había producido un importante incremento del delito en nuestro país. Durante la década de 1990, San Juan encabezaba la pirámide delictiva del país, registrando 2591 hechos cada 100.000 habitantes. (Miguez e Islas, 2010, p. 17)

    ⁶ Uno de ellos fue el caso ocurrido en febrero de 1989, en que dos jóvenes fueron violadas en el camping El Pinar. El otro, fue el de un taxista asesinado por su amante y dos cómplices.

    ⁷ Diario de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados del 24 y 31 de agosto y 7 de septiembre de 1989.

    Esta forma de concebir la seguridad y la naturaleza de las respuestas estatales para abordarla comienza a entreverse en las expresiones de nuestros legisladores y anticipa una forma de intervención estatal que más tarde será conocida como populismo punitivo y será la respuesta predominante frente a la conflictividad que provoca el delito. Los argumentos estaban estrechamente vinculados a un enfoque particular de la seguridad basándose en la declaración de una emergencia permanente y una “amenaza apocalíptica”, medida que facilita la gestión del pánico social mediante la sanción de normativas más punitivas⁸.

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    Resulta además muy llamativo otro de los argumentos esgrimidos en aquella oportunidad, la imposibilidad de defender jurídicamente un “principio escrituralista y mucho menos el inquisitivo porque han sido considerados contrarios a la letra y al espíritu que animaron, por ejemplo, el artículo 18 de la Constitución (Nacional)”⁹. Podemos asumir entonces que proponer cambios en virtud de una posible contradicción con principios constitucionales básicos, implicaba afirmar que el sistema acusatorio vendría a salvar esas inconsistencias legislativas. Años más tarde, como veremos más adelante, estos imperativos constitucionales en términos de resguardos y salvaguardas de derechos se desplazarán al plano de las lógicas instrumentales más cercanas al manejo de una empresa y ligadas a una gestión eficaz y eficiente del poder.

    Durante el año 2003 se produce una nueva modificación de las normas procesales penales con la sanción de un nuevo código mixto (Ley Nº 7398, hoy 754-O). En los considerandos del decreto reglamentario¹⁰ se expresa la necesidad de proponer una “verdadera política de Estado en materia de seguridad y justicia”, citando la adhesión a un Pacto Democrático¹¹ por el cual “los ciudadanos le encomiendan al Estado que enfrente problemas comunes a todos con soluciones que no estén al alcance de los individuos”, teniendo en cuenta que si la creatividad política “no puede plantear más soluciones que las que el ciudadano común puede imaginar en su casa, ese pacto está en deuda”.

    Nuevamente el fundamento principal gira en torno a la seguridad, pero también se agrega la justicia como una herramienta versátil para dar respuesta a lo que, a diez años de la primera reforma, seguía percibiéndose como una cuestión problemática.

    Ambos códigos procesales penales -el de 1990 y el de 2003- intentan aligerar la rigidez de las normas de 1911 proponiendo la oralidad para una parte del proceso (juicio) a fin de remediar la lentitud que el modelo inquisitivo provocaba a lo largo de todo el procedimiento. Sin embargo, las modificaciones a las facultades policiales previstas en el duro código de principios del siglo pasado, no serán del orden de la restricción, sino de su ampliación. En efecto, en el código procesal de 1990 la policía tiene expresas facultades investigativas con una amplia gama de acciones permitidas, contenidas en el art.193, el que en sus 12 incisos consagró entre otras, la posibilidad de disponer allanamientos -sin orden- y requisas urgentes (art. 225, inc. 5), clausuras (inc. 6), interrogatorios a testigos (inc. 7), aprehensión a los culpables (inc. 8).


    ⁸ Mediante ley provincial Nº 7013 de marzo del año 2.000 se declaró el Estado de Emergencia de los Servicios de Seguridad que prestan la Policía de San Juan y el Servicio Penitenciarios Provincial, tal medida ha sido renovada anualmente hasta la fecha en que por ley Nº 2578-P se ha extendido hasta el 31 de diciembre de 2024.

    ⁹ Versión taquigráfica de la HCD, fs. 9

    ¹⁰ Decreto del Poder Ejecutivo N.º 337/00

    ¹¹ Del que no constan mayores referencias

    Por su parte, el código del año 2003 mantiene las potestades previstas en el código anterior y se le agregan mediante ley N° 7908 la figura de la “extensión de allanamiento” (art. 254 bis), la posibilidad de comunicar a la policía en forma “informática” las órdenes de allanamientos y requisas (art. 254 ter) autorizándose además la requisa y el registro sin orden judicial haciéndola extensiva incluso a los “operativos públicos de prevención”, sobre vehículos y personas (art. 260 bis), es decir, fuera de un proceso judicial.


  6. No hay bien que por mal no venga: segunda generación de reformas y nuevo modelo

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    acusatorio adversarial

    Este segundo momento del proceso de reformas se caracteriza por generalizar la oralidad y empoderar al Ministerio Público que de manera activa se encargará de impulsar la investigación penal preparatoria. Pero lo más importante será el énfasis dado a la modificación de las estructuras de gestión judicial y a la renovación del rol y funciones de todos los actores involucrados en el proceso. De hecho, algunos autores expresan que desde el inicio de este nuevo diseño se tuvo claro que la reforma era su implementación, “para lo cual, los temas de gestión resultaban de suma importancia” (Vargas Viancos, 2008, p. 37).

    En San Juan este segundo momento de reformas se pondrá en marcha a partir del decreto N° 631/04 dictado por el gobernador José Luis Gioja mediante el que dispone “… la reorganización del Consejo Técnico Coordinador de la Reforma Legislativa en Materia de Seguridad y Justicia”, creado en el año 2000, que en adelante se denominará Consejo Permanente para la Reforma de los Servicios de Justicia y Seguridad (COPERJUS)¹² y cuya composición, cometidos y funcionamiento se regirán por las normas del decreto referido.

    En esta nueva etapa la reforma en materia procesal penal no se iniciará hasta diez años después, con la creación en 2014 de una comisión a la que se le encomendó la elaboración de un nuevo código procesal penal¹³. Esta comisión – reorganizada durante el gobierno de Sergio Uñac iniciado en diciembre de 2015 – reflejaría nuevos acuerdos políticos y se nutriría de las tendencias reformistas imperantes en la región, centrándose en el estudio del modelo de justicia promovido por la OEA, esto es, el modelo judicial chileno (Bombini, 2008) para su posterior incorporación a la normativa local. Con esa intención todos sus miembros viajaron al país trasandino, en virtud del contacto con el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJAS), para inspirarse en la experiencia chilena, iniciando un camino que destrabará cambios de suma importancia en 2017 con la puesta en marcha del procedimiento especial de flagrancia.


    ¹² El COPERJUS estaba “...presidido por el Vicegobernador de la Provincia, lo integraban además el Ministro de Gobierno y en su defecto el Jefe de Asesores del Sr. Gobernador, dos representantes de la Corte de Justicia, el Fiscal General de la Corte y tres diputados representantes de distintos bloques políticos del Poder Legislativo a decisión de este” (Art. 2 del Decreto 631/04).

    ¹³ Por el Decreto N° 1616/14 conforma la comisión con los siguientes integrantes: “… Sres. Jueces de Cámara de Apelaciones en lo Penal y Correccional Dr. Raúl José Iglesias y Dr. Eugenio Roberto Barbera, el Sr. Fiscal de Cámara Dr. Gustavo Enrique Manini, los Sres. Agentes Fiscales de Instrucción de Primera Instancia Dres. Fabio Daniel Guillen y Dr. Fabrizio Medici, el

    Sr. Prosecretario de la Corte de Justicia Dr. Mario Héctor Parisi Flores, el Sr. Secretario de Gobierno, Justicia y Derechos

    Humanos, Dr. Juan Luis Romero y el Sr. Jefe de Asesores del Ministerio de Gobierno Dr. Marcelo Salinas Weber”.

    En efecto, la primera producción de esta flamante comisión fue la elaboración del proyecto de procedimiento especial de flagrancia (en adelante PEF) que se cristalizará con la sanción de la ley 1465-O. Su creación aparecerá como una “tardo reforma” a los viejos códigos inquisitivos o una regulación especial en los códigos acusatorios o adversariales más modernos, tratando así de dotar de mayor eficiencia a los procesos judiciales (Ganón, 2008), constituyéndose en una respuesta estatal de política criminal frente a lo que oficialmente se consideraba un reclamo ciudadano por hechos de inseguridad.

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    La nueva organización de la justicia -como característica esencial de la segunda ola de reformas- es evidente al momento de la creación del PEF puesto que no hubo reparos en los esfuerzos políticos y económicos realizados para implementarlo, tal es el caso de la modificación de la Ley Orgánica de Tribunales y la Ley de Ministerio Público que fueron reformadas en el mismo momento en que se sanciona el PEF. Además, se requirió una considerable inversión de recursos económicos no solo para asignar el personal necesario, sino también para llevar a cabo las reformas en las instalaciones. A este fin se designaron cuatro Jueces, cuatro Fiscales, cuatro Defensores Oficiales y veintiún Ayudantes de Fiscales, además de una veintena de funcionarios y empleados de soporte. Con la suma de $62.800.0001¹⁴ se compró un edificio que en solo dos meses se refaccionó para la instalación de todo el sistema de juzgamiento especial.

    Este procedimiento se constituyó, en palabras de nuestros legisladores, en una vía judicial breve y eficaz para juzgar delitos flagrantes, posibilitando la rápida reacción de la administración de justicia, dando así respuestas a las demandas de mayor seguridad de la ciudadanía. En esta etapa, el discurso oficial comienza a mutar desde la seguridad como política prioritaria de Estado para satisfacer a la ciudadanía, a la necesidad de mejorar el servicio de justicia para dotarla de celeridad y eficacia procesal, las que se constituirán en las nuevas lógicas del proceso de reforma¹⁵. Apenas si hay espacio en los debates para sostener los argumentos que advierten evitar la criminalización de la pobreza y solicitan asegurar el respeto por los derechos y garantías procesales de los imputados¹⁶.

    Los números del PEF comienzan a evidenciar que el sistema punitivo está expandiéndose rápidamente e intensifica su control, especialmente sobre una franja de la población. Para el año 2022, cuando se cumplían cinco años desde su creación, el servicio informativo SI San Juan ¹⁷ indicaba que en ese lapso se habían condenado a 4183 personas, de las cuales el 33% obtuvo una condena de prisión de cumplimiento efectivo.


    ¹⁴ El monto actualizado a la fecha sería de $3.030.062.499,5. Fuente: https://calculadoradeinflacion.com/. Consulta marzo

    de 2024.

    ¹⁵ Versión taquigráfica de la 8ª Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de San Juan, 11 de agosto de 2016, pág. 19.

    ¹⁶ Versión taquigráfica de la 8° Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de San Juan, 11 de agosto de 2016.

    ¹⁷ SI San Juan, 09/08/2022. Estas son las estadísticas tras cinco años de flagrancia. Disponible en https://sisanjuan.gob.ar/ seguridad/2022-08-09/42913-conoce-las-estadisticas-tras-cinco-anos-de-flagrancia

    La celeridad, como un propósito de las reformas, se cumplió acabadamente. Por el medio citado se informaba que el 95% de las causas se resolvieron en un tiempo promedio de 72 hs desde la aprehensión de la persona, por lo cual el PEF fue considerado, además, un modelo para el país¹⁸. Esto a primera vista podría comprometer el respeto al derecho de defensa, considerando que el 60% de los imputados¹⁹ hacen uso de la defensa oficial, teniendo en cuenta además que ésta sólo se integra por 4 abogados defensores, mientras existen 4 fiscales y 21 ayudantes de fiscales. Algunos de nuestros informantes indicaron también que sus abogados manifestaron no “haber tenido tiempo ni de leer de qué se trataba la causa”²⁰.

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    Como hemos referido en otros trabajos, el foco de atención estatal está puesto en la persecución de determinados delitos, esto es, de los de carácter predatorios que son los que provocan mayor desasosiego en la población. De los datos recabados por el equipo de investigación²¹ surge que el 50% de las causas que ingresan al PEF están constituidas por delitos contra la propiedad (hurto, tentativa de hurto, robo, tentativa de robo). Los imputados pertenecientes a los estratos sociales que tienen mayores dificultades para ingresar al sistema productivo son los principalmente atrapados en delitos para los que no se requiere mayores habilidades ni organización: El 4% de los imputados no cuenta con ningún nivel educativo, 15% no ha concluido la escuela primaria y el 26% sólo cuenta con ese nivel de trayectoria educativa formal. Asimismo, el 70% de los aprehendidos se encuentran precarizados y realizan actividades marginales y el 85% es menor de 40 años.

    La exitosa experiencia de flagrancia²², en términos de eficacia punitiva y celeridad procesal, alentó el proceso de reformas. La Comisión ad hoc, luego de asesoramientos²³ , viajes²⁴ y debates presenta al Poder Ejecutivo su proyecto de Código Procesal Penal Acusatorio Adversarial a fines del año 2017. Este lo elevó el año siguiente a la Cámara de Diputados para su consideración, recibiendo sanción el ocho de noviembre de 2018 bajo Ley N° 1851-O. El discurso que circulará entre los legisladores al momento de tratar y aprobar esta nueva norma ha mutado: desde los fundamentos de las primeras reformas (1990 y 2003) en que se apelaba al clamor popular y a la necesidad de una política criminal que permitiera la lucha contra la delincuencia, pasando por los argumentos a favor de más y mejor justicia para abordar el delito -durante la creación del PEF- hasta alcanzar la justificación de las transformaciones en la necesidad de acuerdos



    ¹⁸ SI San Juan 09/08/2022 citado precedentemente.

    ¹⁹ Fuente: Cuestionario aplicado por el equipo de investigación utilizando Software SPSS. Proyecto CICITCA – UNSJ 2020-

    2022. Datos coincidentes con la información oficial vertida en SI San Juan citado precedentemente.

    ²⁰ Datos obtenidos de entrevistas semiestructuradas realizadas por miembros del equipo de investigación en el proyecto citado precedentemente.

    ²¹ Cuestionario aplicado por el equipo de investigación citado precedentemente.

    ²² Sitio Oficial del Poder Judicial: “Un diez para Flagrancia” última consulta marzo 2024. Disponible en https://www. jussanjuan.gov.ar/informes-especiales/un-10-para-flagrancia/

    ²³ SI San Juan. Servicio Informativo. 10/04/2017 “Cambio de Paradigma con el nuevo Código Procesal Penal”. Última consulta marzo 2024.

    https://sisanjuan.gob.ar/ministerio-de-gobierno/2017-04-10/4245-cambio-de-paradigma-con-el-nuevo-codigo-procesal-penal

    ²⁴ Sitio Oficial del CEJAS: 15/09/2016 “Encargados de la reforma procesal penal de San Juan visitan Chile para conocer el

    sistema acusatorio”. Última consulta marzo 2024. Disponible en

    https://cejamericas.org/2016/09/15/encargados-de-reforma-procesal-penal-de-san-juan-visitan-chile-para-conocer-sistema-acusatorio/

    interagenciales entre los tres poderes del Estado. Asimismo, rapidez, eficiencia y aún mayor celeridad, capacitaciones del personal, nuevas instituciones jurídicas y los nuevos roles de los actores del proceso penal, terminan por completar el catálogo de nuevas urgencias en el discurso oficial²⁵.

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    Otro dato muy importante a tener en cuenta es el discurso transversal a todas las reformas, el conflictivo problema de la seguridad/inseguridad como ya hemos referido. Los datos para San Juan indican que, después de los picos en la tasa de delitos ocurridos en los años 2001 y 2002 se produce un retroceso, lo que resta legitimidad y entidad empírica a estos argumentos. El siguiente gráfico, de elaboración propia a partir de datos obtenidos del Sistema Nacional de Información



    Criminal, muestra la evolución de la tasa de delitos cada cien mil (100.000) habitantes entre

    1991 y 2022 que acredita la afirmación que aquí efectuamos.

    Como venimos relatando,

    Las ideas matrices del nuevo modelo de gestión son dos. Por una parte, la de aprovechar economías de escala terminando con los juzgados entendidos como pequeñas unidades que cubren en forma exclusiva un determinado territorio judicial, cada una conformadas por un juez, un secretario y un conjunto de empleados. La segunda idea es de profesionalizar la gestión. (Vargas Viancos, 2008, p. 37-38)

    Esto significó para nuestra provincia un nuevo diseño procesal con la desaparición del juzgado penal tradicional (correccional o de instrucción, Ley 754-O) y su reemplazo por la eficiente oficina judicial penal, por un lado y el Colegio de Jueces y el Tribunal de Impugnación, por otro. Sumado a lo anterior, destacamos que este nuevo modelo es un proceso totalmente oral con plazos contados en horas: 72 hs, por ejemplo, es el plazo máximo que puede transcurrir entre la aprehensión y la intervención del juez²⁶. De esta forma, se produce la optimización respecto del



    ²⁵ Versión taquigráfica de la 14° Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de San Juan, celebrada el día 08/11/2018.

    ²⁶ Código Procesal Penal, Ley N.º 1851-O, art. 121 inc. 1°, art. 294, art. 305.

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    anterior sistema en su capacidad de respuesta, así como la reducción significativa de la duración de los procedimientos, satisfaciendo las demandas de justicia eficiente destacadas en su aprobación. Es tal la lógica eficientista, que parametriza los tiempos de los distintos actos procesales, que la oficina de estadística utiliza como dato testigo la cantidad de personas que permanecen con autos de prisión preventiva, es decir, sin condenas. Actualmente, se presume una marcada reducción de éstas, las cuales se ven reemplazadas por sentencias efectivas dictadas en un período de tiempo breve. Se argumenta que, con esta práctica, se disipa la incertidumbre de las personas implicadas en un delito en cuanto a su situación procesal: ya no experimentan dudas ni inquietudes puesto que ahora se encuentran definitivamente condenadas.

    Otra evidencia del sesgo punitivista de la reforma es que en esta nueva organización institucional se han nombrado gran cantidad de funcionarios y magistrados judiciales. De esta forma, el cuerpo de fiscales se conforma con 30 integrantes mientras que el colegio de jueces está integrado por 19 jueces de garantías, mientras la Defensa Oficial cuenta sólo con 6 abogados defensores para la gran cantidad de causas tramitadas que los requieren.

    En oportunidad de realizarse el 4to Encuentro Nacional de Oficinas Judiciales en la provincia, durante el mes de octubre de 2022, llegaron a San Juan diversos expositores nacionales y extranjeros a fin de resaltar las ventajas de esta nueva organización de la justicia. En sus conferencias puede advertirse que el espíritu reformista, propio de los organismos internacionales referidos anteriormente, atraviesa sus exposiciones y sus argumentos son reproducidos por intelectuales de nuestro país²⁷ y de la región y por autoridades judiciales locales. La lógica eficientista que se pretende imprimir a la justicia, gestionándola como si fuera una empresa, puede observarse en que quienes implementan las reformas son contadores, administradores de empresa y especialistas en gestión empresarial. En efecto, conceptos tales como: liderazgo, idoneidad gerencial, celeridad, iniciativa, empowerment, etc., resaltan en las conferencias de los expositores, quienes además ponen en juego interrogantes tales como “¿Qué habilidades debe tener un administrador de gestión judicial?” destacando que debe poseer “habilidades gerenciales, gestión de procesos, competencias neurolingüísticas”²⁸. Nunca se pone en duda si el gerenciamiento judicial con su pretensión eficientista podría acaso lesionar los derechos de los imputados.

  7. Bienvenidos a Duloc²⁹ el pueblo feliz, o la articulación de la justicia, la policía y la

    cárcel para el control de la población

    El nivel de imbricación evidenciado entre las transformaciones en materia de seguridad y la normativa procesal de forma, nos llevaron a adoptar la noción de dispositivo (Foucault, 2006) como


    ²⁷ Uno de los disertantes invitados fue el Dr. Luis María Palma, que, entre otros títulos, ostenta el de Consultor de la Agencia de Desarrollo Internacional del Gobierno de los Estados Unidos de América (USAID). También estuvo presente, traída por el INECIP, la Dra. Paula Hannaford Agor, directora del Centro de Estudios de Jurados del NCSC (National Center for States Courts), especialista en juicios por jurados, quien recorre diversos países subdesarrollados, para alentar las reformas de la

    justicia, en este caso inaugurando las jornadas con una charla titulada “Adoptar el cambio en el Poder Judicial”. A ello debemos agregar la disertación del presidente de la Corte Suprema de la República de Chile Dr. Juan Eduardo Fuentes Belmar quien se explayó sobre los “Desafíos en la consolidación de las Oficinas Judiciales / Hacia la segunda etapa”.

    ²⁸ Los videos con las conferencias del 4to. Encuentro Nacional de oficinas Judiciales, están disponibles en el siguiente sitio: https://www.jussanjuan.gov.ar/4to-encuentro-nacional-oficinas-judiciales/videos/

    ²⁹ Duloc es el pueblo feliz de la película animada de Shrek en el que se conmina a todos sus habitantes a llevarse bien mientras que el control se ejerce para imponer una paz forzosa.

    categoría analítica imprescindible a fin de comprender la conformación del poder punitivo en San Juan. La funcionalidad de esta herramienta teórica permitió entender el modo en que elementos heterogéneos se articulan entre sí y a su vez, interpretar las relaciones existentes entre estos en función de una necesidad o urgencia presente en un determinado momento (Castro, 2011). De esta manera, las modificaciones normativas, que comenzaron a desarrollarse desde hace más de treinta años, fueron articulándose con transformaciones generales de otros espacios del sistema punitivo referidos a lo territorial (policía y CISEM 911) y a lo custodial (encierro penitenciario).

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    En cuanto a las funciones policiales, ya vimos cómo se amplió la discrecionalidad de la fuerza policial en el caso de la reforma del código procesal penal de 1990 (Ley Nº 6140) y esto se reiteró con la reforma de 2003 (Ley Nº 7398, hoy 754-O) al mantener las potestades previstas en la norma anterior y además agregar otras nuevas ya referidas anteriormente.

    Paradójicamente con la última reforma, en la que se merman las facultades policiales, es cuando creemos que podrían ocurrir mayores irregularidades procesales porque con la sanción del código procesal penal que fija un proceso acusatorio adversarial (Ley Nº 1851-O) todas las potestades policiales son recuperadas por el Ministerio Público Fiscal. Es este último quien dirige y ejecuta la investigación penal bajo el control directo del Juez de Garantías. Es tan fuerte la participación que los fiscales adquieren en el proceso, limitando el accionar policial, que incluso el Código Procesal soslaya la participación de la Policía Judicial³⁰, reemplazándola por la débil expresión “policía en función judicial” ³¹. Esta verdadera limitación a la intervención policial contrasta fuertemente con la realidad en atención a que la policía, que es el primer preventor que interviene en cualquier hecho delictivo, muchas veces debe esperar durante horas la llegada de los Ayudantes Fiscales³² sin recibir instrucciones sobre qué hacer en tanto les ha sido vedada la comunicación con los Jueces. Esto ocurre porque los ayudantes fiscales, ante la ocurrencia de un delito, deben constituirse en forma inmediata en el lugar del hecho, pero si la demora en su presencia obliga a la policía a adoptar algún tipo de diligencia, éstas quedan sin ningún contralor judicial a la espera de la eventual confirmación del Fiscal interviniente.

    Además del gran número de causas provistas mayormente por el sistema de video vigilancia CISEM 911 que controla selectivamente³³ el territorio³⁴, la actividad de la defensa oficial se ve eclipsada frente a las amplias facultades fiscales, en términos de recursos humanos y materiales, puesto que una vez ocurrido el hecho delictivo la policía en función judicial obedece únicamente



    ³⁰ La Policía Judicial es una creación prevista en el artículo 270 de la Constitución Provincial, pero nunca fue puesta en funcionamiento. Originalmente estaba previsto que tuviera a su cargo la investigación del delito

    ³¹ Código Procesal Penal de la provincia, Título IV Cap. 4 “Policía en función judicial” art. 117 y siguientes

    ³² Según expresa el artículo 111 inc. 9 LP Nº 1851-O

    ³³ La referencia al ejercicio selectivo del control a través del sistema de video vigilancia refiere a que, como un elemento más del sistema punitivo y de control social formal estatal, su accionar elige de manera desigual qué delitos y a qué personas detecta el ojo del vigilante, contribuyendo así a gobernar a través del delito (Sequera, 2015), (Arteaga Botello, 2010), (Torti - Mabres 2016) ³⁴ Fuente: Diario de Cuyo digital del 14/08/2021 “La mayor parte de las cámaras se encuentran en los departamentos

    de Chimbas y Rawson” Última consulta marzo 2024. Disponible en https://www.diariodecuyo.com.ar/sanjuan/Agregan-

    camaras-en-Capital-Rawson-y-Chimbas-para-reforzar-la-seguridad-20210613-0051.html

    las órdenes de los fiscales, dejando en clara desventaja a la defensa para recolectar pruebas en

    favor de sus defendidos.

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    No contamos aún con datos ciertos sobre la cantidad de causas tramitadas bajo el nuevo modelo acusatorio -que desde febrero de 2024 incluyó bajo su jurisdicción a todos los delitos³⁵- puesto que la provincia de San Juan no ha adherido a la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública Nº 27.275, de allí el hermetismo en lo que refiere a las modulaciones del sistema penal.



    Por su parte, la celeridad como lógica que impulsa al sistema acusatorio en general, incluyendo el PEF, ha dado sus frutos. No hace falta más que atender a la progresión del encarcelamiento en la provincia de San Juan desde la instauración del PEF como se destaca en el cuadro siguiente:

    Ambos espacios -el PEF y el sistema acusatorio- funcionan como una útil herramienta de secuestro institucional de un sector de la población que confronta con el sistema punitivo (Daroqui, 2012).

    El encarcelamiento masivo produce serios problemas en una cárcel ya colapsada no sólo agravando los problemas que trae aparejado la sobrepoblación, sino que también impide la aplicación de un régimen ya conflictivo en el que la progresividad y la ideología rehabilitadora solo son eufemismos sin correlato con la realidad. La sobrepoblación³⁶ es consecuencia inmediata de la política reformista pero no la única. Los profesionales de los equipos técnicos se ven en serias dificultades³⁷ para proponer cualquier tipo de tratamiento frente a presos condenados con penas



    ³⁵ Conforme Ley N.º 2461-O, dejando en manos de la Corte de Justicia la fecha efectiva de inicio del sistema. Mediante Acuerdo General N° 06/2024 se dispuso como tal, el 26 de febrero de 2024

    ³⁶ De acuerdo al último Informe SNEEP 2022, en el Servicio Penitenciario de San Juan hay 1804 presos, en un penal con 1000 plazas aproximadamente. Según la información de algunos medios locales, el Penal de Chimbas ya cuenta con 2000 presos. (Fuente: Diario digital Huarpe del 13/09/2023 “Un 60% de los presos de San Juan no hizo la primaria.” Última consulta marzo de 2024. Disponible en

    https://www.diariohuarpe.com/nota/mas-de-la-mitad-de-los-presos-del-penal-no-fueron-nunca-a-la-escuela-2023913600

    ³⁷ Datos obtenidos de entrevistas semiestructuradas realizadas por el equipo de investigación. Las dificultades derivan, como se indica en el texto, en la imposibilidad de cumplir con los plazos del régimen de progresividad de la pena impuestos por la ley 24.660 y modificatorias.

    muy cortas en meses o con penas muy largas por delitos graves que tienen reducido el otorgamiento de cualquier tipo de salida anticipada, por lo que sólo trabajan con condenados a penas de mediana duración. Esto constituye de por sí un reconocimiento tácito de que el tratamiento y los derechos de los presos sólo pueden considerarse como una fictio juris.

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    A raíz del aumento de la tasa de encarcelamiento producto de estas nuevas formas procesales se han comenzado a utilizar los calabozos de comisarías como lugar de ejecución de la pena ante el desborde del antiguo penal de Chimbas, lo que acarrea serias vulneraciones en los derechos de los presos en el régimen de progresividad y en el imperativo de la “rehabilitación”, siempre inasible³⁸.

  8. Conclusiones

Aún con la última reforma del proceso acusatorio adversarial desarrollándose podemos anticipar algunas conclusiones que, aunque no definitivas, permiten ordenar la mirada sobre el desarrollo del proceso reformista en nuestra provincia.

Hemos advertido en primer lugar un desplazamiento en el discurso oficial sobre el problema de la seguridad como antes resaltamos. Se ha pasado de justificar las reformas procesales en acuciantes problemas de in-seguridad y el clamor popular por el delito y la violencia, a un discurso que se funda hoy en la necesidad de eficiencia, rapidez y máxima velocidad en condenar a las personas captadas por el sistema penal en atención al mantenimiento del orden.

En segundo lugar, debe reconocerse que la influencia de diversos organismos internacionales ha dejado su impronta en las transformaciones de la justicia penal ordinaria en nuestra provincia. Los principios sustentados por éstos para la administración de justicia -tales como la celeridad, agilidad, eficacia y eficiencia- dominaban los discursos de funcionarios políticos y magistrados judiciales y se reflejaron en las reformas judiciales implementadas.

Podemos observar que los datos oficiales que hemos mencionado, que sirven para legitimar las políticas públicas, indican que el encarcelamiento continúa aumentando mientras que las tasas delictivas se mantienen estables reforma tras reforma del sistema procesal.

Existe, por lo tanto, un solapado entusiasmo punitivo que puede advertirse en las reformas propuestas, anteponiendo justificaciones basadas en la seguridad, la celeridad, la eficiencia, la necesidad de acuerdos entre poderes, en lugar de avanzar en dirección a una organización de la justicia que reformulara lo negativo, lo inadecuado, lo vetusto, proponiendo a su vez mejoras en el marco del mayor respeto por los derechos de las partes intervinientes y por el Estado de Derecho. Sin embargo, las innovaciones eran necesarias en términos de un mayor contralor en la designación de funcionarios y magistrados, en relación al uso racional de los recursos materiales, en la renovación de propuestas de medidas alternativas a la prisión, etc. El lema pareciera ser

“tramitar más rápidamente y condenar más asiduamente”.

Surge así, que toda vez que se pusieron en práctica iniciativas para terminar con el sistema

inquisitivo adoptando uno acusatorio, los argumentos oficiales no giraron en torno a las ventajas



³⁸ Fuente: Diario digital Tiempo de San Juan del 24/11/2022 “Las comisarías del Gran San Juan ya alojan a condenados porque no hay lugar en el Penal” última consulta marzo 2024. Disponible en

https://www.tiempodesanjuan.com/politica/las-comisarias-del-gran-san-juan-ya-alojan-condenados-porque-no-hay-lugar-el- penal-n339315

que permite una división de roles promoviendo el resguardo de los derechos de las partes, sino que con las iniciativas se amplió la gama de potestades punitivas del Estado.

Con la creación del PEF y la implementación del nuevo modelo acusatorio adversarial se han producido cambios en las formas de comprender y aplicar justicia, así como en los modos en que se explica y habilita un discurso de justicia en que el encarcelamiento rápido es su eje. Ambos muestran al sistema punitivo como una máquina de retirar los indeseables del espacio social, funcionando como un mecanismo de circulación controlada de la población que es foco de persecución penal.

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Finalmente, afirmamos que en la defensa de la vida democrática y el Estado de Derecho resulta vital que el Estado vele por las garantías constitucionales de los imputados sin anteponer la eficacia y la celeridad como valores más importantes que los resguardos constitucionales para un proceso penal.


Referencias

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“Xi Jinping al mando: Reformas Políticas, Económicas y Culturales en la China Contemporánea”

“Xi Jinping in charge: Political, Economic and Cultural Reforms in Contemporary China”


Mauro Jesús Doña López¹


Universidad Nacional de San Juan- Estudios sobre el Poder. Revista de Ciencia Política / Abril 2025 / N°01. - ISSN 3008-7376

Recibido: 30/03/2024 Aceptado:28/09/2024


Resumen

El sistema político de la República Popular China (RPCh) ha evolucionado a lo largo de la historia influenciado por factores históricos, culturales e ideológicos. El Partido Comunista Chino (PCCh) ha sido fundamental en la configuración de un régimen político único que ha guiado el destino del país. Desde las Guerras del Opio hasta la Revolución China y la fundación de la RPCh en 1949, el país ha experimentado momentos críticos que han dejado una marca indeleble en su estructura política.

Este trabajo analiza las características clave del régimen político chino y sus estructuras institucionales. Se destacan los cambios desde el liderazgo de Mao Zedong hasta la apertura económica liderada por Deng Xiaoping, enfocándonos especialmente en la llegada al poder de Xi Jinping, la cual estuvo marcada por la transición a la quinta generación de líderes del PCCh en 2012. Xi Jinping ha implementado una estrategia política minuciosa y ha consolidado lealtades dentro del partido. Desde su ascenso al poder, ha tenido que hacer frente a los desafíos que presenta China, debido a su rápido desarrollo económico, posicionándola como una potencia mundial. Xi ha establecido prioridades para una China más influyente y activa en la geopolítica internacional, impulsando reformas en áreas políticas, económicas, sociales, culturales y educativas.

Para una mejor comprensión el trabajo se encuentra dividido en cuatro partes: una primera parte con la introducción y los aspectos metodológicos de la investigación, una segunda parte con el análisis de la estructura del sistema político chino y el ascenso al poder de la quinta generación de líderes. La tercera parte se enfoca en los cambios económicos y sociales de China durante el primer mandato de Xi Jinping y las estrategias utilizadas para consolidar su política exterior. Por último, en la cuarta parte encontraremos las transformaciones culturales que fueron impulsadas por el mandatario, comenzando por el disciplinamiento interno del Partido hasta la difusión de la cultura milenaria china sobre el resto del mundo.

Palabras clave: China, Partido Comunista, Xi Jinping, Reformas.


¹ Profesor de Historia, egresado de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA). Perteneciente al Instituto de Filosofía (IDEF-UNSJ). ORCID: 0009-0005-7166-4642. Correo electrónico: maurojesus996@gmail.com

Abstract

The political system of the People's Republic of China (PRC) has evolved throughout history influenced by historical, cultural and ideological factors. The Chinese Communist Party (CCP) has been instrumental in shaping a unique political regime that has guided the country's destiny. From the Opium Wars to the Chinese Revolution and the founding of the PRC in 1949, China has experienced critical moments that have left an indelible mark on its political structure.

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This work analyzes the key characteristics of the Chinese political regime and its institutional structures. It highlights the changes from Mao Zedong's leadership to the economic opening led by Deng Xiaoping, but focuses especially on Xi Jinping's rise to power, marking the transition to the fifth generation of CCP leaders in 2012. Xi Jinping has implemented a careful political strategy and has consolidated loyalties within the party. Since his rise to power, he has addressed the challenges China faces due to its rapid economic development, positioning it as a global power. Xi has set priorities for a more influential and active China in international geopolitics, driving reforms in political, economic, social, cultural and educational areas.

For a better understanding, the work is divided into four parts: the first part contains the introduction and the methodological aspects of the research; the second part contains the analysis of the structure of the Chinese political system and the rise to power of the fifth generation of leaders. The third part focuses on the economic and social changes in China during Xi Jinping's first term and the strategies used to consolidate his foreign policy. Finally, in the fourth part we will find the cultural transformations that were promoted by the president, starting with the internal discipline of the Party up to the diffusion of the ancient Chinese culture to the rest of the world.


Key words: Judicial Reform – Criminal Justice – Punitive System - security apparatus


  1. Introducción

    El sistema político de la República Popular China (RPCh) ha experimentado una evolución compleja marcada por influencias históricas, culturales e ideológicas. En este contexto, el Partido Comunista Chino (PCCh) ha desempeñado un papel central en la configuración de un régimen político único que ha definido el rumbo del país a nivel nacional e internacional. Desde las secuelas de las "Guerras del Opio" en el siglo XIX hasta la Revolución China y la posterior instauración de la República Popular en 1949, el país ha atravesado momentos cruciales que han dejado una huella indeleble en su estructura política.

    Desde la consolidación del sistema socialista bajo el liderazgo de Mao Zedong hasta la apertura económica liderada por Deng Xiaoping, se delinean los cambios significativos que han moldeado el panorama político chino contemporáneo. Sin embargo, este trabajo plantea el interrogante de cómo han influido las reformas políticas, económicas y culturales, implementadas en el primer gobierno de Xi Jinping, en la transformación del sistema político chino y la consolidación de su poder blando a nivel global. La elección de Xi Jinping es importante ya que marca la transición del poder hacia la quinta generación de líderes del PCCh.

    A través de una estrategia política minuciosa y el establecimiento de una red de lealtades, que todavía sigue dando que hablar, Xi Jinping fue posicionándose en puestos clave dentro del partido para ser electo secretario general del PCCh en el año 2012. Desde aquel momento, el nuevo presidente tuvo que enfrentar una serie de problemas que afectaban al gigante asiático, producto de su desarrollo económico a gran escala, y que llevarían a que el país se convirtiera en la segunda potencia económica en el escenario mundial.

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    Es por ello que consideramos que las reformas implementadas durante su primer mandato han reforzado un modelo de gobernanza centralizado y autoritario en China, lo que ha permitido no solo la consolidación del poder político interno, sino también el fortalecimiento de su política exterior, especialmente su vinculación con regiones estratégicas como América Latina, África y sus vecinos más cercanos, mediante el uso de herramientas culturales, educativas y diplomáticas. Tras su llegada al poder, Xi Jinping estableció una serie de prioridades dejando atrás aquella China pasiva para imprimirle una nueva figura más influyente y activa en la geopolítica internacional. Para lograr tener éxito en su empresa, llevó adelante una serie de reformas en diversas áreas: política, economía, sociedad, cultura, educación y el poder blando² (soft power) que ha caracterizado a China en los últimos diez años. Este concepto, acuñado por el estadounidense Joseph Nye, refiere a la capacidad que tiene una nación para influir en las demás a través de la atracción y la persuasión en lugar de la coerción o la fuerza. Nye sugirió que el poder blando consta de tres componentes principales: cultura, valores políticos y política exterior. Dichos componentes contribuyen a la capacidad que tiene una nación para moldear las percepciones e influir en otros países sin tener que recurrir a la coerción militar o económica, como señalamos anteriormente. No obstante, para lograr su cometido se deben tener en cuenta elementos como la propaganda, los planes de incentivos económicos, los programas de intercambio cultural o las iniciativas educativas que ayudan a promover una agenda política o cosmovisión específica. Desde esta perspectiva, la estrategia actual del poder blando chino es polifacética y abarca diversos elementos como la cultura, la educación, la diplomacia y el compromiso económico (Rouvinski, 2023). Estas iniciativas del poder blando pueden observarse en América Latina, una región diversa y rica en recursos que

    se ha convertido en el último tiempo en un escenario crucial para China³.

    En razón de lo expuesto, el presente trabajo busca realizar un análisis de las principales reformas políticas, económicas y culturales impulsadas e implementadas por Xi Jinping durante su primer mandato de gobierno (2012-2017) para luego evaluar cómo estas han contribuido a la transformación del sistema político chino y al fortalecimiento del poder blando del país en el escenario internacional. El periodo seleccionado responde a la necesidad de comprender los cambios generados a partir de la transición política producida en el año 2012, ya que consideramos que las primeras medidas tomadas reflejan una nueva visión y estrategia política


    ² En el pasado, la capacidad de un país y otro para lograr sus objetivos en el ámbito internacional se media evaluando su poder duro, entendido como el uso de la fuerza, la coerción económica u otras formas de presión abierta. El ascenso de china como potencia económica y política mundial ha ido acompañado no solamente del uso del poder duro, sino por el impulso estratégico de aumentar su poder blando en todo el mundo (Rouvinski, 2023)

    ³ Se puede decir que la atención que China atrae en la región está impulsada principalmente por el ritmo de ascenso de

    China y la atracción de beneficiarse de ella a través de compromisos y la participación en negocios (Ellis et al., 2022)

    que ayudó a consolidar una posición hegemónica de China sobre el resto del mundo, disputando actualmente ese lugar con los Estados Unidos.

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    Asimismo, el trabajo utilizará un enfoque histórico para analizar las reformas y su impacto en la transformación del sistema político y el poder blando de China a nivel global. Para una mejor comprensión hemos decidido dividir el trabajo en cuatro partes: una primera que contiene la introducción y los aspectos metodológicos de la investigación, la segunda orientada por el análisis de la estructura del sistema político chino y el ascenso al poder de la quinta generación de líderes. La tercera, enfocada en los cambios económicos y sociales de China durante el primer mandato de Xi Jinping y en las estrategias utilizadas para consolidar su política exterior y, por último, estudiaremos las transformaciones culturales que fueron impulsadas por el mandatario, comenzando por el disciplinamiento interno del PCCh hasta la difusión de la cultura milenaria china sobre el resto del mundo. Estas transformaciones reflejan la estrategia de fortalecer y consolidar el estatus alcanzado a nivel nacional e internacional, promoviendo un renacimiento cultural que, según ellos, se encuentra arraigado con los valores socialistas y las tradiciones chinas.

  2. Metodología

    Lametodologíapropuestaparalarealizacióndeltrabajoincorporaelementosdelainvestigación histórica como, por ejemplo, la búsqueda e identificación de fuentes primarias y secundarias (Heurística), el análisis y la interpretación de las fuentes documentales (Hermenéutica), la determinación de la autenticidad, integridad, credibilidad y contexto de las fuentes (Crítica), entre otras, teniendo en cuenta que como sostiene Arostegui (1999) la investigación de la Historia, en tanto investigación del pasado, está ligada a algunas peculiaridades y constreñimientos que no se presentan, o no lo hacen de la misma forma, en otras ciencias sociales .

    Asimismo se utilizará la historia oral como herramienta complementaria del trabajo de investigación para inferir y analizar aquellos testimonios directos que puedan sumar datos, como por ejemplo, los discursos del presidente Xi Jinping. Como sostiene Moos (1991), la historia oral se concentra en las experiencias directas de la vida de los individuos y el recopilador participa, en un esfuerzo conjunto y de cooperación, con el narrador en el examen y registro de las experiencias.

    Los referidos recursos metodológicos, trabajados en su conjunto, permitirán realizar un análisis general de las políticas, reformas, estrategias gubernamentales, acciones y decisiones tomadas durante el primer gobierno de Xi Jinping (2012-2017) para consolidar la política exterior china.

    Estetrabajopuedeserdefinidocomountipodeinvestigaciónbásica(segúnlafinalidad),descriptiva

    y explicativa (según los objetivos perseguidos) y documental (según el tipo de fuentes a trabajar).

    En cuanto a las estrategias a utilizar serán de tipo cualitativa y cuantitativa. Éstas se abordarán a lo largo de la investigación con las técnicas mencionadas anteriormente como son: análisis de fuentes documentales (artículos, revistas, editoriales, libros), análisis comparativos de distintos periodosdetiempoydediscursosoficiales,estudiosdeinstitucionesyorganismosgubernamentales encargados de la historia china, entre otros. Dichas estrategias ayudarán a inferir de manera exhaustiva ciertos procesos y de qué manera han impactado en el conjunto de la sociedad.

  3. El Régimen político chino y la llegada de Xi Jinping al poder


    1. Características del régimen político chino

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      El sistema político de la RPCh es el resultado de un proceso evolutivo complejo y multifacético en el que se han entrelazado diversas influencias históricas, culturales e ideológicas a lo largo del tiempo. El Partido Comunista Chino (PCCh) ha desempeñado un papel central en la configuración de este sistema y su liderazgo ha establecido una estructura política única que ha marcado profundamente el rumbo del país y su papel en el escenario mundial.

      Las traumáticas consecuencias que dejaron las “Guerras del Opio”⁴, que implicaron la imposición de tratados desfavorables para China por parte de potencias extranjeras en el siglo XIX, las convulsionadas crisis sociales y políticas que atravesó el país a comienzos del siglo XX como: la Revolución China (1911), la guerra civil entre el Kuomintang (KMT) y el PCCh, las divisiones territoriales y la formación de gobiernos provisorios, y la posterior instauración de la República Popular (1949) han llevado a dejar una impronta significativa en el sistema político chino.

      A lo largo de su historia moderna, China ha experimentado una serie de cambios en la estructura política del Estado como la Monarquía reformada bajo la Dinastía Qing (1644- 1912), la transición hacia la República luego del triunfo de la Revolución China en 1911, el multipartidismo temprano y la instauración de la dictadura de Chiang Kai-Sek durante la Guerra Civil (1927-1937, 1946-1949). No obstante, tras el triunfo del PCCh bajo el liderazgo de Mao Zedong se consolidaron los caminos hacia el establecimiento de un sistema político comunista.

      Tras la llegada de Mao al poder, el PCCh fue organizando una estructura política que se diferenció de sus pares occidentales por presentar características únicas. Para su creación se basaron en la identificación de la tradición histórica, los éxitos culturales y las circunstancias básicas de la nación, lo que conllevó a la creación de un régimen revanchista, socialista- nacionalista, personalista y sumamente pragmático.

      Su origen se encuentra en las situaciones vivenciadas durante la guerra civil china y las persecuciones de exterminio llevadas adelante por el Kuomintang sobre el PCCh. A partir de entonces, Mao, decide impulsar una política revanchista que busca redimir a China y devolverle el prestigio perdido durante el “siglo de la humillación⁵” por las injerencias extranjeras sobre el territorio nacional. Para ello, incorpora fuertes elementos del nacionalismo buscando fusionar las ideas marxistas-leninistas con un sentido de orgullo nacional chino para cortar


      ⁴ Las “Guerras del Opio” (1839-1842; 1856-1860) fueron una serie de conflictos armados que tuvieron lugar en el

      siglo XIX entre China y Gran Bretaña, y posteriormente involucraron a otros países occidentales como Francia y Estados Unidos. Estas guerras marcaron un punto de inflexión en la historia china y fueron vistas como una humillación nacional. También contribuyeron a la desestabilización del sistema político y social chino, y sentaron las bases para las posteriores intervenciones extranjeras en China.

      ⁵ El denominado “Siglo de la Humillación” es el periodo caracterizado por la intervención imperialista de occidente y Japón sobre el territorio chino, que terminará con el desgaste de la Dinastía Qing y los intentos por establecer una República.

      Este concepto es actualmente utilizado para referirse a los años que van desde la primera Guerra del Opio (1839) hasta la instauración de la República Popular (1949) y es traído a colación cuando se debaten los temas de política exterior.

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      con la dependencia extranjera e impulsar el desarrollo autónomo. Su liderazgo llevó a imprimir un carácter altamente personalista durante su régimen, convirtiendo su figura en el centro del poder político y del culto popular. También se caracterizó por el fuerte pragmatismo de su gestión en los asuntos políticos y económicos, situación que se mantendrá con sus sucesores. Con la llegada de Deng Xiaoping⁶ en 1978 se inició una nueva etapa en la política china caracterizada por políticas de innovación, reforma y apertura. A partir de ese momento, la reforma rural comenzó a extenderse desde determinados lugares de prueba hacia el resto del país⁷. En las ciudades también se puso en marcha la reforma de algunas compañías y empresas estatales para que comenzaran a tener más autonomía en la toma de decisiones⁸. En 1981 se revisaron las experiencias que el partido había acumulado desde 1949 y se resolvió condenar la Revolución Cultural, evaluar el estatus histórico de la figura de Mao Tse-Tung y su pensamiento y avalar la teoría de continuar la revolución bajo la dictadura democrática del

      proletariado. A partir de estas situaciones se corrigió la ideología del PCCh (Jie, 2019).

      En aquel entonces Deng adopta el concepto del "Socialismo con características chinas", un enfoque que reconocía la necesidad de integrar la verdad del marxismo con la realidad concreta de China, adaptando las políticas económicas proteccionistas hacia una apertura del mercado global y la inversión extranjera. La apertura comercial impulsó un vertiginoso crecimiento económico que posicionará a China como una de las principales potencias económicas del mundo en los años siguientes.

      Durante la época que compartieron juntos Deng y Mao su relación fue siempre tensa y parcialmente contrapuesta en el sentido que Deng quería siempre impulsar una apertura de la RPCh mientras que Mao propugnaba por una idea más proteccionista, marcada por lo acontecido en las épocas en que China fue humillada.

      Inteligentemente cuando Deng contaba con el poder supremo supo mantener el equilibrio necesario hacia adentro del PCCh, convenciendo con la tradición al sector más a la izquierda del partido (cercano al pensamiento de Mao) y con la renovación al sector más a la derecha del partido



      ⁶ Deng Xiaoping, reconocido como revolucionario y gran estadista, fue el líder supremo de China desde diciembre de 1978 hasta noviembre de 1989 y es considerado uno de los artífices de las reformas económicas y políticas que transformaron el país. Después de la muerte de Mao Zedong en 1976, Deng ascendió gradualmente al poder supremo y condujo a la RPCh a través de una serie de reformas de mercado, que le valió la reputación del arquitecto de la China moderna.

      ⁷ Para comienzos de los años ochenta, las comunas habían sido desmanteladas y la producción agrícola colectiva había sido reemplazada en gran medida por el cultivo familiar individual. Esta radical transformación estaba motivada por la vieja necesidad económica del estado de extraer el excedente de las aldeas para financiar el desarrollo económico moderno de la nación (Meisner, 2007)

      ⁸ En octubre de 1978, seis compañías que eran propiedad del Estado, entre ellas la compañía de hierro y acero de Chongqing y la planta de herramientas mecánicas Sichuan de Ningjiang, se convirtieron en las primeras en tener mayor autonomía. De esta manera, en lugar de estar sujetas al control de un sistema de gestión centralizado, tenían más libertad para tomar iniciativas que impulsaran la productividad (Jie, 2019, p. 284)

      que comulgaban con su pensamiento. Finalmente, con esta estrategia del equilibrio logró los apoyos necesarios para llevar a cabo sus reformas.

      En la década de los 80 algunos intelectuales asociados a la Secretaría General del Partido buscaban proveer una justificación ideológica racional a la combinación de la economía de mercado capitalista con la dictadura política estalinista, la extraña unión que en efecto había resultado de las reformas económicas de Deng Xiaoping.

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      Los neo-autoritarios sostenían que el éxito económico de China requería de un grupo de intelectuales que tome decisiones y sea capaz de diseñar el futuro y aconsejar al líder sobre cómo llegar allí. Para lograr su cometido justificaban la necesidad de limitar la democracia, lo que generaría tensiones entre los académicos que defendían la figura de Deng y aquellos que buscaban reformas del régimen político. Frente a esto, Deng decide perseguir a la oposición intelectual que se oponía a su régimen y que había acumulado poder durante los primeros movimientos por la democracia de 1989.

      Sin embargo, el descontento estudiantil y de las clases obreras llegó a ser tan alto que las manifestaciones se concentraron en la Plaza Tiananmen llevando a que los dirigentes del Partido Comunista se dividieran en torno al apoyo de los reclamos estudiantiles. La situación fue escalando a medida que pasaban los días hasta que, a pesar de la Ley Marcial decretada por Deng, se ordenó tomar la Plaza y restituir el orden con el ejército nacional, generando uno de los hechos de persecución y matanza civil más importantes de la historia china. En los años que siguieron a la masacre de Beijing, bien entrada la nueva década, la vida política e intelectual china fue marcadamente más represiva que durante la mayoría de los años ochenta (Meisner, 2017).

    2. La estructura de las instituciones estatales

      En el sistema político chino actual el poder político se encuentra compartido entre las instituciones estatales y las estructuras paralelas del PCCh.

      Las instituciones estatales como la Asamblea Popular Nacional, la Conferencia Popular Consultiva Política de China, el Consejo de Estado, la Comisión Militar Central, el Tribunal Popular Supremo y la Procuraduría General Popular, desempeñan un papel esencial en la gestión gubernamental y en el control del sistema legal. Si bien algunas instituciones como la Asamblea Popular Nacional⁹ fueron establecidas cuando se fundó la República Popular en 1949, los otros organismos fueron organizados a partir de la Constitución de 1954 en sus diversos artículos y sus funciones modificadas con las diversas reformas constitucionales (1975, 1978, 1982).



      ⁹ El artículo 20 de la Constitución nacional establece que la Asamblea Popular Nacional es el órgano supremo del poder del Estado. Tiene la facultad de elaborar las leyes y de elegir y remover a los principales funcionarios del Estado.

      Entre las distintas funciones de las instituciones estatales podemos mencionar:

      • Asamblea Popular Nacional (APN): máximo órgano legislativo de China, se encarga de aprobar leyes, enmendar la Constitución, aprobar el presupuesto estatal y elegir o remover a los altos funcionarios del Estado. Pese a su poder, en la práctica sigue las directrices del PCCh.

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      • Conferencia Popular Consultiva Política de China (CPCPCh): este órgano consultivo incluye representantes de diversos sectores de la sociedad china, incluyendo minorías étnicas, organizaciones sociales y partidos políticos no comunistas. Se encarga de asesorar al gobierno y actuar como un foro de discusión y consulta.

      • Consejo de Estado: este consejo se encuentra encabezado por un primer ministro que supervisa la administración pública, ejecuta las políticas de gobierno y gestiona diversas áreas como economía, defensa y diplomacia. Implementa las decisiones y leyes adoptadas por la Asamblea Popular Nacional.

      • Comisión Militar Central (CMC): funciona como la máxima autoridad militar en China. Se encuentra encabezada por el presidente de China, quien también cumple funciones como Secretario General del PCCh. De esta manera, se consolida el control civil sobre el ejército.

      • Tribunal Popular Supremo: el tribunal máximo de justicia de China supervisa la aplicación de las leyes, emite sus interpretaciones jurídicas y se encarga de los casos importantes. Cabe destacar que China ha realizado importantes esfuerzos para mejorar la jurisprudencia interna, tomando como modelos los códigos procesales civiles y comerciales de distintos países del mundo adaptándolos a sus necesidades específicas.

      • Procuraduría General Popular: tiene a cargo la supervisión legal, investiga y persigue delitos penales, supervisa la actuación de las fuerzas del orden y también protege los derechos e intereses públicos.

        Es importante establecer que pese a que estos organismos son propios del organigrama estatal, funcionan en paralelo y se encuentran bajo las directrices del Partido Comunista Chino. Esta característica lo hace único y lo diferencia del resto de los partidos políticos de occidente.

        Franz Schurmann (1968) describe al partido, desde una organización leninista, como una estructura organizativa vertical y un control absoluto del Estado que puede observarse en la organización de los comités presentes en todos los niveles de la sociedad: fábricas, aldeas e instituciones gubernamentales. Por otro lado, Andrew Nathan (1985) lo define como un partido dominante que controla los pequeños partidos políticos que buscan rivalizar sin éxito alguno. Esto conlleva al establecimiento de un partido único en China.

        No obstante, hay que destacar la definición de Lucian Pye (1981) quien sostiene que si bien se trata de un partido dominante y de control absoluto sobre el aparato estatal, también ha presentado una flexibilidad ideológica que le ha permitido mantenerse en el poder. Asimismo, David Shambaugh (2008) describe al PCCh como un partido-Estado que ha logrado adaptarse y sobrevivir, utilizando tanto las estrategias leninistas como aquellas más pragmáticas que hacen a la realidad china.

        En definitiva estamos hablando de un partido sumamente verticalista que ha logrado sobrevivir a las circunstancias históricas por las reformas internas y los cambios de paradigmas implementadas por los distintos mandatarios, adaptando la idea del partido a las necesidades nacionales.

        El PCCh ejerce una influencia preponderante en el sistema político y cuenta con órganos clave para la toma de decisiones y la implementación de políticas. Dentro de su estructura organizativa encontramos, en primer lugar, la figura del Secretario General, quien cumple la función de Jefe de Estado y Jefe de las Fuerzas Armadas, concentrando el poder supremo de la conducción del país. En segundo lugar, se constituye la Comisión Permanente del Politburó, compuesta por seis miembros permanentes más el Secretario General. Cada uno de ellos es el máximo responsable de la cartera política a la que accede (corrupción, ideología, disciplina o personal).

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        En el tercer escalón encontramos el Politburó compuesto por veinticinco miembros activos y un Comité Central¹⁰ que desempeña un papel crucial en la toma de decisiones y en la definición de las estrategias y de las políticas fundamentales. Además, para fortalecer el control y la cohesión interna del PCCh existen departamentos bajo el mando del Comité Central como por ejemplo: el departamento de organización; central de propaganda; de disciplina e inspección; oficina general y las secretarías que tienen funciones diversas pero influyen en las decisiones que se toman en las instituciones estatales. Por debajo de estos departamentos encontramos pequeños grupos de liderazgo que existen en todos los niveles de gobierno y muchas veces son comisiones creadas ad hoc para resolver situaciones de crisis o eventos de alto perfil.

        Con el objetivo de mejorar la eficiencia y la aplicación de las decisiones sobre cuestiones importantes, el Comité Central del PCCh ha establecido más de 20 grupos o comisiones dirigentes, algunos de los cuales fueron creados después del XVIII, entre ellos: el Congreso Nacional del PCCh, la Comisión Central de Seguridad Nacional, el Grupo Dirigente del Comité Central para la Profundización integral de la Reforma, el Grupo Dirigente del Comité Central para la Seguridad Cibernética y la Informatización, el Grupo Dirigente de la Comisión Militar Central para la profundización de la Reforma de la Defensa Nacional y del Ejército, el Grupo Dirigente del Comité Central para las Actividades de Educación y de Práctica Referentes a la Línea de Masas del Partido, el Grupo Dirigente del Comité Central para los Derechos e Intereses Marítimos y el Grupo Dirigente del Comité Central para el Trabajo del Frente Único (Instituto de Estudios de la China Contemporánea, 2023). Estos organismos abren el camino a la “informalidad” del poder en China y a su dependencia personalista de quienes ostentan los cargos más importantes.

        En la base de la pirámide organizativa se ubica el Congreso del Partido -compuesto por alrededor de 3000 personas que tienen la función de elegir los miembros del Comité Central- y la Comisión Central de Inspección de la Disciplina cuya función es examinar los informes de estos órganos, reformar la Constitución del partido y tomar decisiones sobre cuestiones de distinta índole. Por último, es importante destacar que el sostén de dicho esquema organizativo es respaldado por los casi noventa millones de afiliados al PCCh.



        ¹⁰ El Comité Central está compuesto por 207 miembros completos y 167 alternativos, de él forman parte los hombres más

        poderosos de China, todos aquellos que tienen cargos importantes en las instituciones centrales del Estado.

        Secretario General (1)

        Xi Jinping

        Comité permanente del Politburó (7)

        Facciones

        A continuación, vemos la organización de carácter verticalista que presenta el partido.




        Aliados de Xi Jinping (3)

        Aliados de Hu Jintao (2)

        Sin facción (1)

        Politburó (25)

        Comité central (400 aprox.)

        Partido Comunista Chino (90 mill. de miembros)

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        Fuente: Elaboración propia. Basado en el esquema de Nikkel Asian Review / South China Morning Post.


        Como mencionamos anteriormente, hay una característica del PCCh que lo diferencia de aquellos partidos políticos de las democracias liberales, primero su carácter altamente verticalista dado que el mismo presidente es el Secretario General del partido, quien a su vez integra el Comité Permanente del Politburó para fortalecer el poder de decisión de su facción. Segundo, el partido no compite con otros por el control del país, sino que es en sí mismo la agrupación de las personas que gobiernan China. Esto no quiere decir que no existan otras formaciones políticas pero son minorías y se ven limitadas ya que la propia Constitución dicta que solo los comunistas pueden gobernar.

        Sin embargo, pese a esta situación, en los últimos años se advierte que ni los residentes ni los ciudadanos chinos que viven en el extranjero se oponen al régimen comunista. Según la opinión mayoritaria de la ciudadanía el partido tiene un apoyo notable y esto podría deberse a la estabilidad que ha conseguido el país bajo la actual presidencia. La población tiene una alta estima hacia los líderes que han traído prosperidad y estos son promocionados en función de sus méritos alcanzados, hecho importante y que se encuentra relacionado con las ideas del Confucianismo¹¹. Por lo tanto, una primera impresión nos demuestra que, a pesar de las enormes cuotas de poder que acumula el gobierno, no parece que hoy haya un profundo deseo de transformación política en China.



        ¹¹ Es destacable cómo el Comité Central del Partido Comunista de China tomó la resolución en octubre de 2014 de fundamentar la política global del país en la ley y en la moral tradicional de China. Dicha resolución dice que hay que gobernar con la ley en una mano y la moral en la otra, implementando el sistema de valores socialistas fundamentales, así como la moral tradicional de China.

    3. El Politburó de la Quinta Generación: un mando colegiado

      Desde su ascenso al poder, el PCCh ha pretendido establecer un sistema de “Liderazgo colegiado”¹². Desde entonces se habla de las generaciones de dirigentes que han ido ascendiendo en los rangos del partido de forma paralela y, en un momento determinado, alcanzan el poder central designando entre ellos a un líder que guíe la nación y aplique políticas consensuadas.

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      Previo a la llegada del presidente Xi Jinping el PCCh se encontraba dividido internamente en dos facciones, por un lado, encontrábamos el “Clan de Shanghai” compuesto por los seguidores del ex presidente Jiang Zemin¹³ y, por otro lado, los seguidores del ex presidente Hu Jintao, conocidos como “Populistas”, “Tuanpai” o “Hijos del pueblo”¹⁴.

      Durante el mandato de Hu Jintao-Wen Jiabao (2003-2013) China se convirtió en la segunda economía planetaria siendo líder como país exportador, productor de bienes e intercambios externos. Asimismo, se consolidó como principal tenedor de divisas y abrió renovadores horizontes en el devenir de la sociedad al propugnar un desarrollo científico vinculado al crecimiento de la economía y la justicia social. Por esta razón, se estableció que la quinta generación debería alcanzar una “sociedad modestamente acomodada”, impulsando la democratización del sistema político¹⁵.

      No obstante, el traspaso del poder de una generación de dirigentes a otra siempre ha estado teñido de intrigas e influencias políticas. Los nuevos líderes deben ser seleccionados a través del consenso entre las diversas facciones ideológicas y lealtades personales. El equilibrio es el concepto rector que guía la construcción de la cúpula de poder y, para ello el Departamento de Organización desempeña un papel fundamental. La persona que dirige este departamento debe ser neutral ante las distintas sensibilidades políticas internas del partido y gozar de la confianza absoluta del líder.

      De esta forma se comienza a diagramar el rumbo que llevaría al poder a Xi Jinping. Su padre, Xi Zhongxun, fue Secretario del partido en la provincia de Guangdong, uno de los fundadores de las guerrillas comunistas en el norte de China, sufrió tres veces la purga de Mao y fue encarcelado en 1968. Gracias al apoyo e influencia que éste tenía dentro del PCCh la carrera académica y política de Xi Jinping pudo ser impulsada a través de una importante red de contactos (Rosales, 2020).


      ¹² Liderazgo colegiado: esta idea primigenia fue desvirtuada por el enorme carisma de Mao Zedong que bajo el apelativo del “Gran Timonel” se convirtió en un dictador unipersonal. Se necesitó otro hombre de similar talla política como Deng Xiaoping, “El Pequeño Timonel”, para reconducir la situación y volver a poner en práctica esa colegialidad del mando (Ramírez, 2014).

      ¹³ Estos hombres corresponden a la tercera generación de dirigentes que fue diseñada por Deng Xiaoping tras Tiannanmen. Buscaban asegurar la continuidad de la reforma económica y la modernización del país. Sostenían que el PPCh debía ser capaz de adaptarse a los tiempos y a los efectos sociales que traían la modernización y el enriquecimiento de la sociedad.

      ¹⁴ Esta facción se caracteriza por mostrar una mayor preocupación social, centrada en la lucha por el mejoramiento de la situación de las capas sociales deprimidas y en la promoción de las regiones atrasadas del interior de la China

      ¹⁵ En los diez años de Hu Jintao, la economía china creció a un 10,7% de media anual (el resto del mundo, al 3,9%). China superó la crisis de 2008 y sacó de apuros a medio mundo afirmándose como la mayor potencia comercial, pero este crecimiento acelerado provocó grandes preocupaciones y daños ecológicos en China, que también Xi Jinping iba tener que abordar con una nueva visión y énfasis.

      Este último, en su trayectoria política, se destaca por los trabajos realizados en el año 2007 cuando le correspondió dirigir la alcaldía de Shanghai y en 2008 cuando fue encargado de los trabajos preparatorios de los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos de Beijing, demostrando habilidades que le permitieron ascender en el partido. Diversos analistas sostenían que Beijing 2008 serviría para acelerar la integración de China al resto del mundo y, luego de más de doce años, la RPCh no ha hecho más que continuar por esa misma vía de desarrollo profundizando y multiplicando sus vínculos a lo largo del mundo (Taiana, 2022).

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      Su ascenso político estuvo marcado por una estrategia hábil y calculada ya que utilizó el Departamento de Organización del Partido para consolidar su influencia política y organizar lo que consideraba el "nuevo poder político" en el que se apoyaría una vez que accediera a la presidencia. Para lograr su cometido, siendo vicepresidente de Hu Jintao, influyó en el Departamento de Organización a través de la selección y promoción de funcionarios que fueran adeptos a su visión política y lealtad personal. Como director de ese organismo, Zhao Leji, un cercano colaborador de Xi jugó un papel fundamental en el proceso de reclutamiento y promoción de cuadros dentro del partido, esto le permitió a Xi Jinping colocar en puestos clave a personas de su confianza y afinidad política que le garantizó una base de apoyo sólida dentro del partido¹⁶.

      Es allí donde comienza a hablarse de la aparición de una “Camarilla” compuesta por personas cercanas a él que con el tiempo ocuparán puestos importantes dentro de la élite del partido, el gobierno y el ejército. Algunos autores lo consideran el líder de la “Banda de los principitos” o “Gang of Princelings”¹⁷, grupo formado por los hijos de los grandes héroes de la Revolución China quienes compartieron las consecuencias posteriores. Estos jóvenes compartieron colegios y aunque muchos de ellos fueron deportados, pudieron regresar para estudiar en las mismas Universidades.

      Dicho en otros términos, la “Camarilla” se ha conformado con personas que han estado ligadas personalmente al presidente Xi durante su trayecto de vida, encontramos en su interior a los “Principitos”, compañeros de trabajo, los cuadros del partido de su provincia natal y los amigos personales de su juventud y adolescencia. Muchos de ellos han sido colocados en puestos claves y tienen una previsible proyección futura¹⁸.


      ¹⁶ El Departamento de Organización también desempeñó un papel crucial en la purga y destitución de funcionarios considerados como potenciales amenazas o disidentes dentro del partido. En el marco de la campaña anticorrupción liderada por Xi Jinping, el Departamento de Organización tuvo un papel activo en la identificación y eliminación de miembros del partido implicados en prácticas corruptas o desleales. Esto no solo le permitió consolidar su poder al eliminar o debilitar a potenciales rivales, sino que también envió un mensaje claro sobre su determinación para erradicar la corrupción y fortalecer la disciplina dentro del partido.

      ¹⁷ Principitos. A este grupo pertenecen siete miembros del Politburó: Liu Yuanchao; Liu Yandong; Ma Kai; Wang Huming; Xi Jinping; Yu Zhensheng y Zhang Deijiang. Muchos de ellos ligados al “Clan de Shanghai” (Ramírez, 2014, p. 232).

      ¹⁸ Cabe destacar que las “Camarillas” son redes informales dentro del sistema político chino que agrupan a altos funcionarios y lideres del PCCh con intereses comunes, conexiones históricas, regionales y personales. De esta forma, a través de sus características de clientelismo político, los líderes conforman las distintas facciones dentro del Partido, ya que son los encargados de ofrecer beneficios a sus seguidores a cambio de lealtad. Sin embargo, estas situaciones generan, en muchas ocasiones, redes de corrupción y nepotismo dentro del partido.

    4. La llegada al poder de Xi Jinping

      El presidente Xi Jinping representa la asunción del liderazgo chino por parte de la quinta generación. Su designación se dio en el marco del XVIII Congreso del PCCh, celebrado en Beijing en 2012, donde fue elegido Secretario General del Comité Central del PCCh el 15 de noviembre, a la edad de 59 años (Rosales, 2020).

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      El Congreso giró sobre dos cuestiones esenciales a saber: en primer lugar, la gestión de la sucesión en el liderazgo mantenido por Hu Jintao y, en segundo lugar, la reivindicación de una nueva reforma y apertura cuyos trazos debían ser definidos para su implementación final.

      Durante el Congreso Xi Jinping, ya electo como el nuevo Secretario General del PCCh, llamó a entender el “fondo histórico” de ese momento político para calibrar los desafíos sin precedentes que aguardaban, enfatizando que la clave estribaba en el papel del PCCh y su apego y fidelidad a un proyecto original que aspiraba a cerrar otro ciclo, el de la decadencia agravada en el siglo XIX.

      En el XVIII Congreso del PCCh el Comité Permanente del Politburó (CPBP) quedó integrado por Xi Jinping, Li Keqiang, Zhang Dejiang, Yu Zhengsheng, Liu Yunshan, Wang Qishan y Zhang Gaoli. En el Buró Político los acompañaban Ma Kai, Wang Huning, Liu Yandong (mujer), Liu Qibao, Xu Qiliang, Sun Chunlan (mujer), Sun Zhengcai, Li Jianguo, Li Yuanchao, Wang Yang, Zhang Chunxian, Fan Changlong, Meng Jianzhu, Zhao Leji, Hu Chunhua, Li Zhanshu, Guo Jinlong y Han Zheng.

      En los días siguientes, Zhao Leji fue nombrado para sustituir a Li Yuanchao al frente del Departamento de Organización del Partido.

      Cabe destacar que el CPBP del Comité Central del PCCh es el grupo de dirigentes máximos del PCCh. Los más jóvenes del grupo de 7 eran Xi y Li (promediaba entre ambos los 58 y el otro subgrupo los 65)¹⁹.

      En su conjunto, el perfil político que ofrecía el nuevo CPBP del PCCh que dirigió los destinos del país en el período 2013-2018 se definía como claramente nacionalista, equilibrado en lo económico pero dispuesto a avanzar por la senda del reformismo haciendo gala de un pragmatismo absoluto mientras que en lo político se conduciría con extrema cautela (Ríos, 2012). El programa de gobierno de Xi Jinping y Li Keqiang, quienes asumieron el poder en marzo de 2013, considerado desde un enfoque “estándar” abogaba por: establecer un sistema de gobierno basado en el “imperio de la ley”, actualizar los lineamientos económicos para potenciar la demanda interna, promover la innovación y garantizar la sostenibilidad económica. Además, buscaba mantener el compromiso con el bienestar público, ampliando la renta de la clase media y de sectores sociales más bajos, mientras se perseguía de manera implacable la corrupción²⁰.

      Debemos tener en cuenta que la China heredada por Xi era una de las economías más ricas del


      ¹⁹ Xi Jinping, el príncipe rojo, como Wang Qishan, Zhang Dejiang o Yu Zhengsheng, tienen formación en derecho e ingeniería química, y Li Keqiang, formación en derecho y economía.

      ²⁰ El nuevo líder no perdió el tiempo en lanzar una campaña anticorrupción contra los funcionarios de alto como bajo perfil. En los tres primeros años de su gobierno la campaña llevó al arresto de más de 150 funcionarios y oficiales militares de alto rango (Li, 2016, p. 3).

      mundo pero con unos niveles de injusticia de los más altos del planeta. Hu Jintao trasladó todos los poderes efectivos del sistema político chino vaticinando una consolidación institucional que aguardaba por nuevos desarrollos entre los cuales debía figurar la transparencia como rubro a mejorar de forma ostensible.

      Mediante la confianza generada en aquel momento se aseguraba que el nuevo presidente contaría conlafortalezanecesariaparaimprimirunamayoreficienciaenaspectoscomolainnovacióntecnológica y la protección ambiental, ambos serían claves para alcanzar esa calidad llamada a enriquecer los obsoletos dígitos de crecimiento “a toda costa” sin considerar los efectos colaterales. Por ello,

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      Correspondiendo a las necesidades del pueblo, el Comité Central destaca la aplicación de la nueva concepción del desarrollo caracterizada por la innovación, la coordinación, la

      `ecologicidad´, la apertura y la compartición en la construcción económica, la política, la cultural, la social y la de la civilización ecológica, con lo cual refuerza la coordinación, la diversidad y la integralidad de la causa del socialismo chino, iniciando así una nueva etapa del progreso de estos cinco ámbitos. (Instituto de Estudios de la China Contemporánea, 2023, p. 218)

      Por otra parte, en su discurso del 5 de enero de 2013, Xi subrayó el sentido de continuidad

      histórica e ideológica, junto con las características de la nueva etapa del desarrollo, afirmando:

      El marxismo se desarrollará ineludiblemente en función del progreso de la época, la práctica y la ciencia, sin que fuera invariable. El socialismo siempre avanza emprendiendo el camino. El mantener y desarrollar el socialismo con peculiaridades chinas es una gran causa sobre la que el camarada Deng Xiaoping definió el pensamiento y principio fundamental. La colectividad directiva central de la tercera generación con el camarada Jian Zemin como núcleo y el Comité Central con el camarada Hu Jintao como secretario general dejaron escritos magníficos. En la actualidad, la tarea de los comunistas de nuestra generación es continuar escribiendo este artículo. La perseverancia en el marxismo y el socialismo debe contar con criterio de desarrollo.

      No obstante, hay que destacar que la construcción del poder personal de Xi también se acrecentó mediante la creación de dos nuevos grupos de poder: el “Grupo de liderazgo para la profundización de la Reforma” y la “Comisión Nacional de Seguridad”. Con la creación de ambos organismos puso bajo su mandato directo la dirección y el control de la Reforma, sus ritmos y todo el aparato policial, de seguridad y espionaje del Estado²¹. Gracias a ello, desde las épocas más tempranas de su presidencia, fue capaz de gestionar y coordinar la dirección general de su gobierno así como también asegurarse una base de apoyo a lo largo de un espectro más amplio de la burocracia gubernamental (Taiana, 2022).

      El objetivo general de la profundización de la Reforma consistía en perfeccionar y desarrollar el “socialismo con peculiaridades chinas” e impulsar la modernización de los sistemas y de la capacidad para gobernar el país. Es importante comprender que se buscaba reformar de manera íntegra los organismos subordinados al Comité Central del PCCh, a las asambleas populares, al Consejo de Estado, a los órganos judiciales, fiscales y a las entidades militares y civiles, entre otros. Un trabajo arduo que requeriría tiempo, firmeza y cautela en las disposiciones a seguir.


      ²¹ Esto significa que además de controlar el partido, los asuntos exteriores y los militares controla los aparatos de seguridad del Estado y la aplicación de la ley. Además, diseña y ejecuta las medidas de Reforma económica, es decir tiene el control de la economía y marca el ritmo que se puede aplicar a las reformas. (Ramírez, 2014)

  4. El Desarrollo Económico y Social durante el primer mandato de Xi Jinping (2013-2017)


    1. El desarrollo económico y social

      Durante su primer mandato como presidente, Xi Jinping se enfrentó al desafío de estabilizar el crecimiento, reajustar la estructura productiva, impulsar la reforma y promover iniciativas en beneficio de las mayorías (Rosales, 2020). Estas metas marcaron el rumbo de las políticas económicas y sociales, ceñidas de impactos sociales que se debían empezar a remediar.

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      Desde el XVIII Congreso Nacional del PCCh se ha aplicado con firmeza el concepto del desarrollo centrado en el pueblo y caracterizado por la innovación, la coordinación, la “ecologicidad”, la apertura y la compartición, profundizando la reforma del régimen económico al permitir que el mercado juegue un papel decisivo en la distribución de los recursos y así desplegar mejores funciones gubernamentales. Aludiendo a los cambios que había traído la “nueva normalidad” del desarrollo económico, Xi tuvo que realizar un análisis profundo sobre la demanda del consumo y la inversión, las exportaciones y la balanza de pagos, la capacidad productiva y la forma organizativa de los sectores, las ventajas comparativas de los factores de producción, las características de la competencia en el mercado, las restricciones resultantes de los recursos y el medio ambiente, la acumulación y solución de los riesgos económicos y la modalidad de disposición de los recursos y las formas del macrocontrol (Instituto de Estudios de la China Contemporánea, 2023). Unas de las medidas más importantes de este periodo es la “Iniciativa de la Franja y la Ruta” anunciada a pocos meses de haber asumido su presidencia. Algunos analistas internacionales debaten acerca de la verdadera naturaleza de este programa y otros han llegado a describirlo como una suerte de “Plan Marshal chino” y una “estrategia geoeconómica” (Taiana, 2022). De esta manera, el presidente ha podido entender esta

      nueva lógica económica, adaptarla y orientarla hacia los objetivos establecidos antes de asumir.

      El objetivo de impulsar el desarrollo a través de la innovación demuestra la necesidad que tiene China de fabricar productos de alta calidad que sean competitivos en el mercado mundial. Para alcanzar en el año 2035 el primer lugar de los países más innovadores el gasto estatal en investigación y desarrollo (I+D) aumenta año tras año, actualmente representa alrededor del 2,18% del PBI, de acuerdo con la estrategia establecida durante el XVIII Congreso Nacional del PCCh. El desarrollo de la vanguardia tecnológica china está configurando una economía de alto valor agregado. Sin embargo, el rápido desarrollo de la infraestructura llevada adelante por inversiones chinas baja los costos de la relocalización de la manufactura en otras regiones, tales como el sudeste asiático (Mayer, 2018).

      Para tener éxito con esta empresa se coordinó el desarrollo entre regiones distantes a través de las iniciativas como la Franja y la Ruta, los proyectos entre Beijing-Tianjin-Hebei, la Franja Económica del Río Changjiang y la construcción de la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao, entre otros. Estas acciones han mejorado la disposición geográfica de la reforma y apertura de China.

    2. La Gran Estrategia de Xi Jinping: el “Sueño Chino”

      Una vez estallada la crisis financiera del 2008 China salió en mejores condiciones que occidente por lo que el gobierno de Hu Jintao redefinió su estrategia nacional que consistía en identificar los intereses nacionales del desarrollo socio-económico del país, el fortalecimiento del gobierno del

      PCCh y la protección de la soberanía nacional.

      El decano de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad de Beijing, Wang Jisi, señaló la existencia de cuatros grandes cambios en el pensamiento estratégico chino, enfocados en el desarrollo económico, la comprensión de las amenazas transnacionales, el empleo de una diplomacia multilateral y un interés mayor en el poder blando²².

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      El multilateralismo es una forma institucional que coordina las relaciones entre tres o más Estados de acuerdo con principios de conducta generalizados (Ruggie, 1992). La manera como China utiliza estos instrumentos es una parte intrínseca del conjunto de su política exterior y una característica de la diplomacia multilateral. El mecanismo al que ha accedido China comprende organizaciones globales como la ONU, la OMC y la OMS.

      Regionales como la Organización de Cooperación de Shanghái (OCSh) y el mecanismo de diálogo ASEAN+3 y transregionales como la Cumbre Asia-Europa, la Cooperación Económica de la Asia-Pacífico (APEC) y los países BRICS. De esta manera, el país ha pasado de ser un participante pasivo a uno activo e incluso a ejercer como defensor y líder de la diplomacia multilateral. También ha participado de numerosas reuniones multilaterales como la 4ª cumbre de la Conferencia sobre Interacción y Medidas de Construcción de Confianza en Asia (CICA), la undécima cumbre del G20 en Hangzhou en septiembre de 2016, el primer y el segundo Foro del Cinturón y la Ruta para la Cooperación Internacional en mayo de 2017, entre otros (Qingmin, 2021).

      Aunque este tipo de iniciativas de poder blando de la RPCh probablemente tuvieron éxito en facilitar un mayor compromiso político, la marca única de autoritarismo se proyectó en el exterior creando su propio subproducto de poder blando. Cuando la cultura de China no puede persuadir a través de la “atracción”, la RPCh castiga cada vez más a interlocutores que divergen de las preferencias del PCCh, un fenómeno que se conoce como “diplomacia del guerrero lobo” (Wolf Warrior diplomacy, por sus siglas en inglés) o “diplomacia coercitiva” (Ellis et al., 2022, p. 7). Estos conceptos han empezado a verse mucho más en los últimos años debido a la enérgica defensa que realizan los diplomáticos chinos cuando deben enfrentar las críticas de su gobierno y proteger sus intereses en el escenario internacional. El logro de la estrategia utilizada es el resultado de una respuesta fuerte y pública por parte del gobierno desde sanciones económicas, restricciones militares, amenazas militares hasta condiciones políticas como herramientas para forzar a otro país a ceder y cambiar su postura en asuntos determinados. Cabe destacar que el concepto de diplomacia de guerrero lobo es un término derivado de una serie de películas populares de acción china. Este enfoque marca un cambio significativo respecto de las estrategias diplomáticas anteriores del país y refleja una postura más firme en la defensa de sus intereses nacionales (Martin, 2021).

      Al asumir la dirección del PCCh en el año 2012 Xi Jinping reveló que el objetivo ulterior de la RPCh

      era el “Sueño Chino²³ ”, que consiste en lograr “el rejuvenecimiento o la gran revitalización de la nación China”. Este eslogan u objetivo equivale a un conjunto de ideales y aspiraciones de la misma sociedad.


      ²² Xi Jinping ha mostrado un notable apoyo a estas ideas. Con su llegada al poder decidió comprometerse con la lucha de la pobreza, el cambio climático, la piratería, el terrorismo, promover la seguridad energética, la no proliferación de armas de destrucción masiva y el poder blando.

      ²³ El origen de la idea no está demasiado claro, aunque parece que en su gestación tuvieron un importante papel intelectuales chinos influidos por occidente. Ese sueño chino está ligado al concepto de “sostenibilidad”.

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      El “Sueño Chino” se apoya en dos elementos consecutivos llamados los dos objetivos del siglo: la construcción de una “sociedad moderadamente próspera” (Xiaokang Shehui) en todos sus aspectos y la construcción de un “país socialista moderno” (Xiandaihua Shehui Zhuyi Qiangguo) (Malena, 2018). La construcción de una sociedad moderadamente próspera fue una política de gobierno que se buscaba alcanzar en 2021. La meta incluía el compromiso de erradicar la pobreza extrema y elevar a toda la población a un nivel de vida más alto, asegurando que la economía del país mantuviera un crecimiento sostenido que beneficie a sus ciudadanos. Mientras que, por otro lado, la construcción de un país socialista moderno es una visión a largo plazo con miras a transformar a China en un país fuerte, democrático, culturalmente avanzado y armonioso bajo los principios del socialismo. Está programado para coincidir con el centenario de la fundación de la RPCh en 2049. Ambos objetivos son parte de una estrategia integral que guía el desarrollo de China mientras se mantiene fiel a su identidad socialista. La gran revitalización de la nación recoge el legado de Sun Yat-Sen, héroe nacional en la conquista de la República y el primero en lanzar la consigna “Revitalicemos China”²⁴.

      De las diversas declaraciones que ha sostenido Xi Jinping sobre el “Sueño Chino” se puede intuir que él ve a esta idea como una necesidad para seguir impulsando el “socialismo con peculiaridades chinas” y el “rejuvenecimiento de la nación china”, adaptable a lo que el pueblo quiere y al discurrir de los tiempos. Así lo refiere en su discurso:

      El sueño chino es un deseo hacia la felicidad, similar a los sueños de la gente de otros países. El pueblo puede alcanzar la felicidad sólo cuando su país y su nación prosperan. China va a prosperar solo cuando el mundo prospere. China provee energía positiva para la prosperidad y el desarrollo mundial, al mantenerse en la ruta del desarrollo pacífico. (Xi, 2014, p. 70)

      El Sueño chino presentado como anhelo común de la sociedad, aspira a establecer un nuevo orden mundial y coordinar las acciones de la humanidad en su conjunto.

      Según las palabras del presidente: “Debemos alentar a todos los países para fortalecer la coordinación de políticas macroeconómicas, reformar los sistemas monetario y financiero, promover, liberalizar, y facilitar el comercio y la inversión, y propulsar el auge del crecimiento económico global” (Xi, 2014, p. 356).

      En ese discurso vemos la concepción geopolítica que envuelve al sueño chino que no debe solamente considerar la situación nacional interna, sino también la internacional, por lo que China debe insistir en una concepción basada en el beneficio mutuo y la idea de ganar-ganar²⁵.


      ²⁴ Sun Yat-Sen es considerado uno de los personajes más importantes de la historia moderna de China y uno de los fundadores de la República de China. Desempeñó un papel crucial en la caída de la última dinastía imperial china, conocida como la Dinastía Qing, y en la transición de China hacia una forma de gobierno republicana.

      ²⁵ Es importante aclarar que el Confucianismo nunca se preocupó por el engrandecimiento de una nación particular o de una parte específica del mundo, pero sí se preocupó por todo lo que existe bajo el cielo (Tianxia). Poniendo el foco en las relaciones familiares, la gran unión de la sociedad, la constitución de un gobierno mundial y la abolición de las fronteras nacionales.

    3. La construcción de una “comunidad de destino compartido”

      Otro concepto muy arraigado en la estrategia geopolítica de Xi Jinping es Tianxia o “Comunidad de destino compartido” establecido en la Dinastía Zhou (1046-256 a.C) para garantizar la unidad en la diversidad de los pueblos de aquella época, lo que da lugar a una nueva relación y asigna funciones para evitar conflictos.

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      Fue un periodo inestable que reflejaba un mundismo auténtico, un ejemplo de unidad en la diversidad. En ese tiempo China no estaba unificada y se encontraba gobernada por varias tribus con fuertes disputas territoriales. Por tal razón, el objetivo de la dinastía era lograr asegurar el control y el orden de la región, buscando una legitimidad a través de un poder no coercitivo ya que no era la tribu más poderosa en ese momento (Margueliche, 2019). Es por ello, que el Tianxia constituía un valor universal dentro de lo que los confucianos y mandarines consideraban como la regla para determinar qué era civilizado.

      En cuanto a su terminología debemos entender que el sistema de escritura chino está formado por miles de caracteres (hànzì), que se han utilizado durante miles de años. Entre esos caracteres encontramos “Tian”, que significa cielo o naturaleza y hace referencia a la naturalidad en una escala divina y su papel es legitimar a los soberanos. Por otra parte, encontramos el término “Tianming” que se puede definir como el modelo de gobierno, donde el Tian se manifiesta mediante la armonía entre el hombre y la naturaleza dando lugar a la sostenibilidad dinástica. Junto al Tianming surge el término Tianxia, el cual es diferente a la idea de un imperio que conquista, domina y controla al otro²⁶.

      Partiendo de Tianxia entendemos la vocación global de la propuesta china, “todo bajo el cielo” indica no sólo todos los Estados, sino también todos los pueblos y todos los elementos naturales de la Tierra. Desde occidente hablamos de un sistema global diferente, basado en las polis, que solo reduce a la política de los Estados y entre estos (perspectiva estadocentrista). En cambio, el Tianxia busca claramente diferenciarse de esta estructura de relaciones, su objetivo es convertir el no mundo en uno verdadero a partir de la toma de conciencia de un vínculo familiar universal” (Montobbio, 2017). En este sentido, China busca separarse del concepto de “internacionalización de la política” establecido por occidente que fomenta la individualización de los Estados, para transformarlo por el

      de la “globalidad política” introduciendo la idea de una comunidad de destino compartido²⁷.

      La idea apareció oficialmente en septiembre de 2011 en el libro Blanco sobre el desarrollo pacífico, confirmado más tarde en el discurso de Wen Jiabao en la XIV Cumbre China-ASEAN y repetido por Hu Jintao en el discurso de apertura del XVIII Congreso Nacional del Partido Comunista en 2012 e insertado a través del “Pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas para una nueva era”, en la Constitución china con la reforma de marzo de 2018²⁸. Generar una comunidad de destino compartido para la humanidad involucra, de manera multidimensional, todos



      ²⁶ El Tianxia preveía un “sentido del mundo” y no un “sentido de estado”.

      ²⁷ Cabe aclarar que este concepto se materializó cuando se establecieron los lineamientos generales de la Organización de Naciones Unidas (ONU), luego de la Segunda Guerra Mundial.

      ²⁸ En la Constitución de 2018 se insertó el concepto de Pueblocentrismo/Personacentrismo, aspecto relevante de todos

      los instrumentos legales y económicos implementados; La construcción del Estado de derecho socialista con características chinas, la economía moderadamente próspera y la nueva normalidad china son ejemplares en este sentido (Staiano, 2022).

      los aspectos de las relaciones internacionales entendidas como globalidad²⁹. En marzo de 2013 Xi Jinping destacó que es un mundo donde los países están vinculados entre sí y dependen unos de otros a un nivel nunca antes visto. La humanidad, viviendo en la misma aldea global, donde convergen la historia y la realidad, vive en una comunidad de un futuro compartido (Instituto de Estudios de la China Contemporánea, 2023).

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      La materialización del concepto ha sido múltiple a nivel local, regional y global, esto ha llevado a que China implemente un moderno Código Civil que sostiene el “Estado de Derecho” en el que coexisten diversos paradigmas y conceptos relevantes de distintas épocas, destacándose aspectos humanísticos entre ellos: la centralidad de la persona y el llamado “principio verde”³⁰.

      En un contexto internacional en el que los países estrechan cada vez más vínculos y los conflictos son más complejos, la propuesta china de construir una comunidad de destino o futuro compartido supone una innovación y un nuevo desarrollo en las visiones del orden mundial, presentando una nueva alternativa de cómo manejar las relaciones internacionales.

    4. La apertura del comercio y la vinculación con la economía mundial

      A comienzos del último siglo se produce un hito trascendente en la historia de China ya que en diciembre de 2001 ingresa en la Organización Mundial de Comercio (OMC), luego de quince años de negociaciones. Como parte de su adhesión se comprometió a reducir los aranceles, a abrir sectores claves para la competencia extranjera ya ajustarse a normas internacionales de propiedad intelectual. Al sumarse a la OMC, China expande su comercio y sus inversiones en el extranjero, situación que llevó a diversificar sus mercados permitiendo fortalecer su posición económica global. No obstante, como consecuencia directa esta apertura comercial afectó a las industrias menos competitivas llevando al cierre de muchas fábricas y provocando desempleos masivos en sectores como la agricultura o la manufactura. También se acentuaron las desigualdades regionales concentrando más poder las regiones costeras, mientras que las áreas rurales quedaron rezagadas.

      Tras su ingreso, China se convirtió en el mayor exportador de acero del mundo, posición que actualmente lidera. Estados Unidos como segundo mayor exportador, acusó al país de prácticas desleales, como la venta de productos por debajo de su costo real de producción, que afectaron la industria siderúrgica estadounidense. Este conflicto puede ser interpretado como uno de los hechos que desencadenaron la guerra comercial entre ambos, llegando al punto que las últimas administraciones de EEUU han aplicado severas sanciones y aranceles elevados a los productos que sean exportados desde China³¹. Ante esta situación el país ha buscado refugiarse en acuerdos y



      ²⁹ Este nuevo paradigma apunta a construir un nuevo tipo de relaciones internacionales de una gobernanza global con enfoque centrado en las personas, construyendo una comunidad de destino para la humanidad. Se prevé construir una globalidad cinco en uno que incluya la política, seguridad, economía, cultura y ecología. Todos son elementos que se encuentran alineados con la Agenda 2030 (ODS).

      ³⁰ El primer Código Civil de la RPCh y el Código Civil de Argentina del año 2015 representan las dos primeras codificaciones verdaderas del siglo XXI.

      ³¹ Actualmente la guerra comercial entre China y EEUU continua. Actualmente el interés está colocado en la producción y puesta en marcha de los microchips, considerados manufacturas de alta tecnología y que rivalizan con el comercio que actualmente lideran algunas compañías de Estados Unidos, Corea del Sur, Japón y Taiwán.

      relaciones comerciales con la Unión Europea (UE) que supone un destino importante para la venta de sus productos. Sin embargo, algunos países europeos están limitando su comercio con China ya que consideran que es una amenaza para las industrias locales y además se encuentran alineados con las políticas económicas diagramadas desde Washington.

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      Pese a esta apertura, el gobierno chino decidió mantener un rol central en la dirección de la economía a través de un estado intervencionista y un fuerte control sobre los sectores claves como finanzas, energía y telecomunicaciones. La planificación de la economía nacional se da a través de planes quinquenales que se van adaptando con el correr del tiempo a las demandas del mercado global. Estos requieren la modernización de las empresas estatales, la promoción de nuevas tecnologías y la regulación necesaria para atraer inversión extranjera.

      Las tensiones internas generadas responden a la necesidad del gobierno de buscar el equilibrio de la liberalización económica con la estabilidad social y política ya que existen innumerables problemas para controlar el crecimiento de la deuda y los riesgos financieros asociados con una economía en rápida expansión.

      Con la llegada de Xi Jinping al gobierno la economía abierta permitió el avance hacia el “Sueño Chino”, idea que fue acompañada por una decidida presencia en el plano internacional³². La propuesta de su equipo fue fortalecer las iniciativas emblemáticas y de vasto alcance, fortificando las relaciones entre los BRICS, cuyos objetivos centrales son la reforma de la ONU, del Consejo de Seguridad y de los órganos de Bretton Woods (FMI, Banco Mundial), en un sentido más compatible con el peso relativo de los actores globales en el siglo XXI que ya no se corresponde con la relación de fuerzas de la inmediata posguerra.

      La sigla BRICS es el acrónimo de una asociación económica-comercial que corresponde a las cinco economías nacionales emergentes que en la década de los 2000 eran las más prometedoras del mundo. Está integrado por Brasil, Rusia, India, China, quienes comenzaron oficialmente en el año 2008, y Sudáfrica que se unió en 2011. Estos fueron considerados el paradigma de la cooperación Sur-Sur aunque esta interpretación fue puesta en cuestión dadas las contradicciones entre los intereses de China y los demás miembros y la posible pérdida de proyección económica. Durante el primer mandato de Xi, se crea el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB, por sus siglas en inglés) que comenzó a funcionar a principios del 2016 y el Nuevo Banco de Desarrollo en el marco de los BRICS, a mediados del 2015. Sus objetivos a corto plazo fueron la financiación de proyectos de infraestructura, la cooperación financiera y el apoyo mutuo frente

      a diversas fluctuaciones económicas que pudieran afectar a los países miembros³³.

      Asimismo, Xi Jinping impulsó la denominada “Iniciativa de la Franja y la Ruta”³⁴ a poco



      ³² Con esta decisión dejó atrás los consejos de Deng Xiaoping “oculta tu fuerza, espera el momento, nunca tomes la delantera”, por una política de notable presencia e influencia internacional posicionando a China como uno de los actores más importante del escenario mundial.

      ³³ Durante la presidencia de Alberto Fernández se invitó a la Argentina, junto a otros países de Asia y África a formar parte de los BRICS. La postulación de la Argentina se dio de baja cuando asumió el nuevo gobierno de Javier Milei a fines de 2023.

      ³⁴ La Franja y la Ruta (FR) o la Franja Económica de la Ruta de la Seda (FERS) aparece denominada también como OBOR

      (One Belt One Road), SREB (Silk Road Economic Belt) o simplemente la "Nueva Ruta de la Seda.

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      de asumir su primer mandato. La iniciativa La Franja y la Ruta (FR) o la Franja Económica de la Ruta de la Seda (FERS) aparece denominada también como OBOR (One Belt One Road), SREB (Silk Road Economic Belt) o simplemente la "Nueva Ruta de la Seda". La iniciativa que involucra las actividades conjuntas dentro de la Franja y la Ruta se la denomina BRI (Belt and Road Initiative). Ésta es un proyecto económico liderado por la República Popular China que involucra la antigua Ruta de la Seda para potenciar los vínculos con el resto del mundo a través de la creación de dos grandes rutas comerciales, una marítima y otra terrestre, que unirán al gigante asiático con el corazón de Europa, África y América Latina.

      Como ya se ha mencionado, la iniciativa es vista como un Plan Marshal del siglo XXI con el que China pretende moldear sus vínculos con el mundo, convirtiéndose en su principal estrategia económica y de cooperación internacional. A medida que la economía nacional se integra con el resto del mundo progresivamente se vuelve dependiente de los recursos que le son indispensables para garantizar su propia estabilidad interna (Taiana, 2022).

      La principal herramienta de la política exterior china busca estimular el flujo de capital, bienes y servicios entre Asia, Europa y el norte de África, a través de corredores que abarcan más de sesenta países y regiones de Asia a Europa a través de las zonas de Asia Sudoriental, Meridional, Central, Occidental y de Oriente Medio. Asimismo, se ha extendido a América Latina. La iniciativa representa para China una oportunidad para abrir nuevos mercados de exportación, acceder a materias primas, diversificar sus fuentes y rutas de abastecimiento, así como para atender la seguridad en sus fronteras. Además, le permite exportar sus excedentes de ahorro y la sobrecapacidad de producción en rubros tales como acero, aluminio, cemento y vidrio, insumos claves en las nuevas infraestructuras en torno a las nuevas rutas.

      Por otro lado, debemos destacar que su propuesta es analizada desde diversas perspectivas. Algunos autores destacan que la BRI es parte de un esfuerzo más amplio de China para tratar de reconfigurar el orden y la gobernanza global hacia un sistema más multipolar (Callahan, 2016). Esto se observa con firmeza en la creación de las nuevas instituciones financieras que ofrecen alternativas al sistema dominado por occidente. Además, es una herramienta útil para expandir su influencia cultural y diplomática mejorando la imagen que los países tienen de China (Nye, 2019)³⁵. Con este megaproyecto, emblema del gobierno de Xi Jinping, la RPCh busca traer a la actualidad la legendaria ruta comercial por la que fluyó el comercio entre China y Europa a través de Asia Central durante las dinastías Han (206 a. C. hasta el 220 d. C) y Tang (618 hasta 907) en los tiempos más gloriosos de la China imperial. Al mismo tiempo reafirma su vocación

      de restaurar su tradicional lugar como superpotencia.



      ³⁵ Otra posición relevante es la sostenida por Cheng (2018) quien argumenta que también constituye una estrategia de seguridad diseñada para estabilizar las regiones fronterizas, fomentando el desarrollo económico y la interdependencia, reduciendo el riesgo de generar nuevos conflictos.

      Los dos grandes ejes de desarrollo de la Iniciativa BRI se resumen en:

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      • Una vía terrestre que permita unir China con Pakistán, Afganistán, Turquía, Rusia, Kazajistán, Turkmenistán, Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán y Europa mediante los Balcanes hasta llegar a París, para lo cual está usando las instalaciones ferroviarias existentes e invirtiendo en la construcción de nuevas. Esta serie de corredores de transporte terrestre que conecta China con Europa y Asia Central incluyen no solo ferrocarriles, sino también nuevas carreteras, redes de fibra óptica y nuevos aeropuertos. La idea es que éstos impulsen un comercio más eficiente y barato entre China y los otros países involucrados.

      • Una ruta marítima, denominada también “Ruta de la Seda Marítima del siglo XXI” (21st Century Maritime Silk Road), para llegar a Medio Oriente, África y América

      Latina, corriendo a lo largo de los mares del Este y Sur de la China, el Estrecho de Malaca y el Océano Índico, bifurcándose luego hacia el Este de África y hacia los mares Rojo y Mediterráneo. Esto implica la instalación de diferentes infraestructuras y puertos comerciales en los océanos Índico y Pacífico (Malena, 2019; Nedopil, 2022).

      De acuerdo con la información oficial, a diciembre 2022, 149 países están adheridos, entre los cuales 35 son europeos y de Asia Central, 25 de Asia del Este y Pacífico incluyendo China, 44 de África Sub-sahariana, 18 de Oriente Medio y Norteamérica, 6 de Surasia y 21 de América Latina y el Caribe y 32 organizaciones internacionales.

      El valor comercial anual con los países a lo largo de la Franja y la Ruta casi se duplicó de 2013 a 2022. Estaconjunciónincluyeel75% delasreservasenergéticasconocidasenelmundo, el70% delapoblación mundial y generaría el 60% del PBI mundial. A febrero de 2023 se incorporaron otros 2 países llegando a 151 participantes. Argentina se ha adherido en el 2023 (Agüera, 2023; Nedopil, 2022).

  5. Las reformas culturales y políticas de la democracia socialista.

    1. El disciplinamiento integral y riguroso del partido

      Una de las cuestiones a subsanar por parte del nuevo presidente era combatir la corrupción desde adentro del partido. La lucha contra ésta, el proyectil almibarado del que Mao hablaba, ha estado muy presente en el ya mencionado XVIII Congreso donde el propio Hu Jintao reclamó una estricta autodisciplina e informó sobre la elaboración de un plan contra la corrupción para el periodo 2013-2017. Hu Jintao reclamó además de una estricta autodisciplina, el reforzamiento de la educación y la supervisión de familiares y personal a cargo, enfatizando que los cuadros dirigentes deben eludir los privilegios y ser ejemplo de moralización administrativa. Sin una declaración pública de la riqueza individual de los funcionarios no habrá condiciones para una gobernanza transparente por

      lo que resulta necesario reforzar los controles y la prevención en esta materia (Ríos, 2012).

      Una de las medidas más importantes que ha tenido lugar durante el mandato de Xi Jinping ha sido la reforma y reestructuración integral del Partido con el objetivo de garantizar que sea el núcleo dirigente de la causa del socialismo con peculiaridades chinas. Desde el XVIII Congreso Nacional se ha insistido en fortalecer el partido en sus aspectos políticos, ideológicos, organizativos, estilo de trabajo y disciplina, buscando combatir la corrupción y realzar su imagen.

      Las reformas han permitido establecer un riguroso programa de disciplinamiento que ha mejorado el estilo de trabajo de los dirigentes políticos y su relación con la sociedad. Es por ello que en 2012 se aprobaron los “Ocho Reglamentos”, un documento de estudio y puesta en práctica obligatorio, bajo la premisa de que “la disciplina, las normas y los reglamentos del Partido deben ser más estrictos que las leyes nacionales”, el ejemplo de un adecuado comportamiento iniciaba en la cúpula dirigencial para luego expandirse hacia los escalafones más bajos del partido. Aquellas personas que no cumplían o infringían algún reglamento recibían su castigo pertinente³⁶.

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      Por otro lado, la construcción ideológica y la formación de cuadros altamente cualificados y especializados es una tarea continua del partido. En 2013, el presidente sostuvo que los buenos cuadros son aquellos que poseen una convicción firme de servir al pueblo, esto implica ser diligentes y conscientes, asumir activamente sus responsabilidades y ser disciplinados y honestos.

      En el 2016, se promulgaron nuevas propuestas para reforzar la selección y promoción de los nuevos cuadros políticos. Para ello, fue indispensable revisar sus expedientes e informes sobre asuntos personales para ser considerados hombres leales, limpios y responsables³⁷. En cuanto a la construcción ideológica se logró consensuar con los cuadros políticos con la premisa de conservar las aspiraciones fundacionales del PCCh, llevando a cabo una serie de campañas educativas para revalorizar las bases y conquistas alcanzadas.

      Todas estas transformaciones internas del Partido han llevado a una victoria aplastante en la lucha contra la corrupción. En la II Sesión Plenaria de la XVIII Comisión Central de Control Disciplinario del PCCh, celebrada en enero del 2013, Xi Jinping reiteró que se debía avanzar con firmeza en la construcción del estilo de trabajo del partido, de la gobernanza honrada y la lucha contra la corrupción. Además, destacó la importancia de formar los tres mecanismos: el de escarmiento para que nadie se atreva a cometer actos corruptos, el de prevención para que no puedan hacerlo y el de garantía para que no sea fácil la corrupción (Instituto de Estudios de la China Contemporánea, 2023).

      En el año 2016, Xi Jinping sostuvo que el programa de disciplinamiento y lucha contra la corrupción estaba dando buenos resultados pero había que seguir insistiendo y fortaleciendo los mecanismos de supervisión para su cumplimiento integral³⁸.

      Actualmente, el programa sigue vigente y ha sido el mismo presidente quien se ha propuesto

      alcanzar resultados definitivos para consolidar una victoria aplastante contra la corrupción interna.

    2. El Estado de derecho y el desarrollo de la política democrática socialista

      Desde la llegada al poder Xi Jinping ha desarrollado activamente una política democrática socialista que ha llevado al avance integral del Estado de Derecho y ha fortalecido la integración orgánica de la dirección del PCCh con la anuencia del pueblo y con una gobernanza basada en la ley.



      ³⁶ La idea de este programa era eliminar los “cuatro hábitos malsanos” que consisten en el formalismo, el burocratismo, el hedonismo y la proclividad al derroche y a la suntuosidad.

      ³⁷ Es interesante observar que la privacidad de aquellos funcionarios electos se encuentra subordinada a los intereses del Estado y del PCCh. La idea de que un político pueda mantener su vida privada separada de su vida pública no es aceptada en China. La visión predominante es que los funcionarios del Estado, como figuras públicas, deben estar completamente alineados con los valores del Partido y demostrar una conducta moral tanto en su vida pública como privada.

      ³⁸ Algunos datos nos señalan que entre el periodo de 2012-2017 fueron disciplinados un total de 440 cuadros del Partido y del ejército por encima del nivel provincial o del viceministerial, más de 8900 cuadros de nivel municipal o de departamento, 63 mil cuadros de nivel distrital o de sección, y 278 mil cuadros del Partido de los niveles de base (Instituto de Estudios de la China Contemporánea, 2023).

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      Entre los años 2013 y 2018 se promulgaron 25 leyes, se modificaron 127 y se adoptaron 45 decisiones sobre cuestiones jurídicas y asuntos importantes³⁹. También se ha fortalecido la autoridad de la Constitución y se ha mejorado el sistema de revisión de los documentos normativos, fomentando la conciencia sobre la inviolabilidad de la Constitución. Todo tipo de leyes, reglamentos, interpretaciones judiciales y documentos normativos están incluidos en el ámbito de la revisión y cualquier violación de la Constitución y las leyes debe ser retirada y corregida de acuerdo con la ley y los reglamentos (Instituto de Estudios de la China Contemporánea, 2023). Lo que se busca es construir un gobierno científico⁴⁰ en sus funciones, legal en sus poderes y responsabilidades, estricto en su aplicación y que además sea eficiente, justo, abierto, honesto y respetuoso de la ley.

      La rigurosidad con la que se llevaron a cabo las reformas judiciales ha permitido que se establezca un sistema de responsabilidad colectiva en el cual jueces, fiscales y policías deben rendir cuentas de los casos que se resuelvan dentro del ámbito de su responsabilidad. Por otra parte, existe la garantía de que el pueblo es el dueño del país mediante el sistema institucional. Desde el primer mandato de Xi, se estableció que el PCCh debe respaldar al pueblo y ofrecerle garantías para que pueda ejercer el poder estatal a través de las asambleas populares. Para ello, se han reforzado los mecanismos de supervisión de las asambleas que consisten en la inspección de aplicación de leyes y reglamentos, la audición y deliberación de los informes de trabajo, investigaciones y consultas sobre asuntos o temas específicos. Además, se ha perfeccionado el sistema electoral para proteger el derecho al voto del pueblo.

      Finalmente, otra medida tomada por el Congreso Nacional fue la de perfeccionar el sistema de democracia consultiva socialista, la cual implica que se deben efectuar amplias consultas en toda la sociedad sobre las cuestiones principales del desarrollo económico y social, como así también, sobre los múltiples problemas que son vitales para las masas. El sistema está pensado de tal forma que los derechos del pueblo se hagan presentes mediante el ejercicio de la elección y la votación en determinadas cuestiones que lo afecten.

    3. La construcción cultural

      Desde el XVIII Congreso Nacional del PCCh, los valores socialistas y la cultura tradicional china han buscado difundirse de manera masiva. Según los postulados establecidos en aquella ocasión se reconoció la necesidad de fomentar y practicar los valores socialistas esenciales como la prosperidad, la fortaleza, la democracia, la civilización y armonía; la libertad, la igualdad, la justicia y el imperio de la ley; el amor a la patria, la dedicación al trabajo, la honestidad, la credibilidad y la fraternidad.

      Esos valores socialistas se han incorporado en el plan nacional de educación y se encuentran presentes en todos los ámbitos, desde la enseñanza básica hasta la educación superior y de adultos. En la práctica los jóvenes estudiantes son alentados a realizar algún proyecto comunitario que les permita llevar a cabo las lecciones aprendidas sobre cada uno de los valores mencionados⁴¹.



      ³⁹ El número de leyes promulgadas y decisiones adoptadas refiere a un esfuerzo de Xi Jinping por fortalecer el marco jurídico y el control estatal en diversas áreas. Muchas de estas reformas tienen como objetivo consolidar la autoridad del PCCh en sectores claves como la economía, la seguridad, el combate a la corrupción y el control social.

      ⁴⁰ Cuando nos referimos a un gobierno “científico” hacemos referencia a un gobierno que toma sus decisiones basadas en estadísticas, un análisis racional y principios fundamentados. En China, Xi Jinping ha buscado utilizar los conocimientos de expertos técnicos y científicos para diseñar y ejecutar políticas públicas eficientes.

      ⁴¹ Estas actividades se encuentran enmarcadas en el “Plan de Acción para el Cultivo y la Práctica de los Valores Socialistas Esenciales” emitido en abril de 2015.

      Bajo la premisa de construir una China consciente de su pasado, la rica tradición del país ha ayudado a establecer marcos legales, conductuales y políticos que legitiman la confianza en el sistema de gobierno, como así también en el accionar cotidiano de cada uno de los habitantes. Para llevar adelante el fomento de la cultura Xi Jinping ha desarrollado un programa de gran escala para mejorar las instituciones que brindan servicios culturales y fomentan la construcción de instituciones educativas, bibliotecas y museos públicos en todos los distritos del país.

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      En el año 2014 se celebró el 65º aniversario de la RPCh y el presidente Xi encabezó la proyección de la reforma social nacional y el cambio del sistema internacional con la tradición diplomática y su filosofía. La estrategia del presidente se relaciona estrechamente con la coyuntura internacional y con el desarrollo del país. China también ha encontrado nuevos problemas durante este proceso de renacimiento, hay países occidentales que tienen una actitud hostil hacia el gran desarrollo de China e incluso hubo países en desarrollo que pensaron que China se orientaría por el camino del hegemonismo como las demás metrópolis coloniales lo habían hecho antes.

      No obstante, China aprendió rápido de la cultura de otros países colocando el foco de atención en aumentar y acelerar los intercambios culturales. Para ello, ha llevado a cabo innumerables actividades tales como festivales culturales, exposiciones de patrimonio cultural, ferias de libro, festivales de cine, competiciones deportivas, promociones turísticas e intercambios académicos.

  6. Conclusiones

En la encrucijada del siglo XXI el sistema político se erige como un complejo tejido de influencias históricas, culturales e ideológicas. En este escenario, el PCCh despliega un papel central, guiando a la nación a través de las mareas cambiantes de la geopolítica mundial.

Este trabajo ha permitido profundizar en la evolución política de China centrándose en la era de Xi Jinping. Como líder de la quinta generación de dirigentes del PCCh, ha forjado un legado distintivo en su ascenso al poder en 2012. Su estrategia política, hábil y meticulosa, le permitió consolidar su posición dentro del partido y del país. A pesar de los desafíos derivados del rápido desarrollo económico ha sabido delinear una visión audaz para China, posicionándola como una fuerza influyente a nivel mundial.

Está claro que gran parte de las reformas realizadas tienen como objetivo último erradicar la pobreza extrema en China, proyecto sumamente ambicioso pero que en los últimos años ha tenido un desarrollo notable ya que durante su gobierno se han abordado las disparidades económicas, se ha mejorado la condición de vida de la clase media, el acceso a la educación y a la salud. Más de 850 millones de personas han dejado atrás la pobreza extrema en cuatro décadas. En 1981, casi el 90% de la población estaba por debajo del umbral de la pobreza absoluta fijado por el Banco Mundial. En 2019, la cifra no llegaba al 1% y a finales de 2020, la prensa estatal china pregonaba su erradicación del país (Ambrós, 2021).

No obstante, a pesar de los buenos resultados, China sigue enfrentando problemas producto del vertiginoso crecimiento económico efectuado por las mismas políticas estatales que buscan posicionarla como protagonista del escenario mundial. Es por ello, que podemos encontrar una notable desigualdad social y una brecha regional entre las zonas urbanas y rurales que aún enfrentan problemas como la pobreza y la falta de acceso a servicios básicos. Asimismo, este crecimiento ha llevado a que aumente la degradación ambiental, convirtiendo al país en uno de los mayores emisores de efecto invernadero del mundo. También los riesgos financieros se han elevado debido

a los temores de crear burbujas económicas y a la sobrecapacidad industrial en muchos sectores. Todos estos problemas llevan a generar tensiones sociales como resultado de la urbanización masiva, el desplazamiento de poblaciones rurales, la incapacidad de la clase media para acceder a viviendas, salud o educación y el descontento con el gobierno por la falta de libertades civiles.

A medida que Xi Jinping avanza hacia la consecución de este objetivo su enfoque pragmático y su comprensión de la complejidad de la pobreza ofrecen un modelo para las naciones que también buscan abordar este desafío global. La lucha contra este flagelo no solo significa elevar los indicadores económicos, sino también elevar el bienestar general y construir un tejido social más equitativo.

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En el tejido del legado de Xi Jinping, la erradicación de la pobreza emerge como un compromiso inquebrantable con la justicia social y el progreso colectivo. Si bien el camino es desafiante y los resultados aún están en proceso, su iniciativa subraya la naturaleza integral y humanitaria de las reformas emprendidas.

Por otro lado, es importante destacar que la estructura de poder en China tiene el potencial de posibilitar grandes avances en la erradicación de la pobreza como resultado de la centralización del poder o la capacidad de movilización del PCCh. No obstante, también puede enfrentar obstáculos debido a la falta de transparencia, la corrupción y la burocracia local, condicionantes que limitan la efectividad de estas políticas en ciertos contextos.

Para finalizar, consideramos, que sin lugar a dudas este trabajo presenta una oportunidad para seguir analizando las transformaciones acaecidas durante el segundo (2017-2021) y tercer mandato (2021-2025) de Xi Jinping e identificar cómo sus iniciativas se han podido fortalecido o debilitado en el transcurso del tiempo.

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RESEÑAS



ESTUDIOS SOBRE

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REVISTA DE CIENCIA POLÍTICA • UNSJ �


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Farris, S. (2021). En nombre de los derechos de las mujeres: El auge del feminacionalismo. Madrid.

Traficantes de sueños. pp. 311


Hernán Videla¹


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“Marine Le Pen contraatacó a las doce y media. Exuberante (...) parecía haber recuperado un brillo y un ardor revolucionario que recordaban los orígenes del movimiento”

MICHEL HOUELLEBECQ, Sumisión.

“Ninguno quiere conflictos con Gilead (...) Y de Sudamérica olvídate, hay demasiadas dictaduras”

MARGARET ATWOOD, Los testamentos.


Resumen

Sara Farris explora en su libro una investigación detallada sobre las políticas migratorias y feministas en Europa. Originalmente publicado en inglés, analiza la crisis del Estado de bienestar y el crecimiento del nacionalismo introduciendo términos como "femócratas" y "feminacionalismo" que critican las instancias y modalidades en que el neoliberalismo manipula una retórica feminista para oprimir a las mujeres musulmanas. Sostiene que las feministas en Europa, al enfocar su lucha en el Islam, también desvían la atención de las opresiones patriarcales en Occidente lo que puede perjudicar su propia causa. Con un enfoque que abarca el periodo entre 2000 y 2013 en Países Bajos, Italia y Francia, Farris examina discursos políticos y movimientos feministas revelando una retórica antiislámica que los sustenta desde su oposición a la inmigración. La obra resalta cómo las políticas neoliberales y las ideologías conservadoras perpetúan la explotación de mujeres inmigrantes enfatizando la importancia de considerar interseccionalmente género, clase y etnicidad. Sin dudas, Farris ofrece un marco teórico significativo para entender las dinámicas sociales actuales.

Sara Farris, autora del libro, es una socióloga italiana formada en la Universidad de Roma- La Sapienza. Actualmente trabaja en el programa de estudios avanzados del Departamento de Sociología de la Universidad de Londres. Ha sido reconocida por ser autora de textos destacados, como “Max Weber’s Theory of Personality”, sobre el orientalismo y las agencias de religión, además de artículos más recientes en los que aborda las políticas migratorias, feministas y laborales en la contemporaneidad europea.


¹ Profesor de Historia. CONICET- UNSJ. IHRA/IGA). ORCID: 0000-0003-0951-2240. Correo electrónico: hernan. historia2@gmail.com


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EstetextofuepublicadoporDukeUniversity en 2017 y cuatro años más tarde sus derechos en español fueron adquiridos por la Editorial Traficante de Sueños. Contiene el resultado de una investigación científica y humanística proveniente de una tesis o proyecto ya ejecutado lo cual es evidente tanto por sus planteamientos programáticos como por la prosa particular que emerge de sus páginas. La lógica narrativa convierte la textualidad en un conjunto atrapante y orgánico aunque por momentos se presenta como un discurso lineal, seriado y algo estructurado.

El libro se compone de una extensa introducción y cinco capítulos. La solidez de los argumentos que se tornan cada vez más atractivos a medida que avanza la lectura y los notables descubrimientos alcanzados ameritarían la elaboración de una conclusión, un epílogo o un posfacio

que al menos delineara de forma sucinta las futuras líneas de trabajo o expusiera las tensiones académicas, éticas o institucionales de este proceso sociológico en particular.

En los agradecimientos la autora menciona sus principales interlocuciones con destacadas científicas y académicos occidentales. Entre ellas figura Joan Scott de quien se considera deudora y con quien discute más adelante a raíz de obras renombradas como “Women, Work and Family” (coautorizada con Louise Tilly), “Only Paradoxes to Offer…”, “Sexularism” y la versión original del clásico “Las políticas del velo”.

La primera parte del libro expone la introducción en la que, con astucia, diagrama los ejes de la investigaciónsociológicaquelogródesarrollar.Deallísedesprendelaobracomoprincipalresultado, aunque advierte que parcialmente los capítulos ya habían sido publicados con anterioridad.

¿Qué condiciones contextualizan epistémicamente sus descubrimientos? Sin duda, la crisis del Estado de bienestar, el auge de la derecha contemporánea y la adaptación al mercado del feminismo hegemónico, blanco y europeo, en el nuevo milenio parecen ser la clave externa de la discusión. Farris introduce ciertas categorías fundamentales para comprender las contribuciones de la obra. Así emergen de su pluma las “femócratas”, burócratas de las oficinas estatales de igualdad de género y el “feminacionalismo” como experiencia opresora reciente.

Esta noción disruptiva expresa una modalidad concentrada de nacionalismo feminista y femócrata. Sus funciones consisten en la explotación de las demandas feministas por parte del neoliberalismo suscritas al nacionalismo europeo contra la inmigración particularmente musulmana y la inclusión en el debate de determinadas feministas, académicas y militantes que

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estigmatizan la masculinidad islámica. Esto genera una disonancia de voces disímiles e incluso opuestas: conservadoras, neoliberales, nacionalistas, globalizantes, cristianas y militantes que promueven políticas racistas, xenófobas y clasistas contra la cultura islámica. Una vez más, se regresa a la interseccionalidad y a los modelos poscoloniales como ópticas epistémicas y políticas fundamentales en el desarrollo teórico. La obra de Farris demuestra la interpelación válida del género como categoría de análisis aunque no necesariamente suficiente para el desarrollo de estudios sociales críticos: clase, etnia y religión son dimensiones ineludibles para una comprensión profunda y reflexiva de estas problemáticas.

¿Desconoce las prácticas sociales patriarcales del Islam? Cuestiona tanto la generalización del debate partidario, mediático y de las políticas públicas en Europa, como el carácter supuestamente esencial e inherentemente misógino de la cultura musulmana, tanto dentro como fuera de Occidente. Además, al construir su objeto de estudio, compuesto por femócratas asociadas a feministas antiislámicas, nacionalistas y neoliberales, advierte que las más perjudicadas, o al menos las que enfrentarán mayores costos políticos por esta convergencia, serán las primeras.

Parece sentenciar a las feministas europeas: ¡la estrategia de patriarcalizar solo al Islam desgasta la lucha contra el patriarcado occidental que las oprime con nuevas configuraciones neoconservadoras, mercantilizadas y globalizadas! Anotaciones sensibles como esta son apuntadas por Farris casi como una sagaz prevención para el lector. Ella sostiene que, mientras nacionalistas y neoliberales son más proclives a campañas antiinmigratorias en general, las feministas lo son aún más contra los musulmanes en particular.

En términos estrictamente metodológicos, indispensables para comprender el alcance de los resultados de la investigación, el trabajo se circunscribe a un recorte temporal entre los años 2000 y 2013 en los casos de Países Bajos, Italia y Francia, se analizan los discursos de los tres partidos de derecha: el Partido de la Libertad, la Liga del Norte y el Frente Nacional; las manifestaciones femócratas, académicas y militantes; y la agenda neoliberal de sus gobiernos en la coyuntura. Las metas descritas no se enfocan en construir un paralelismo entre los países ni en una tipología sociológica transversal. Por el contrario, su objetivo general que se considera cumplido consiste en ofrecer un marco teórico situado que pueda resultar útil para el análisis de situaciones análogas en Europa u Occidente. Los recursos utilizados incluyen informantes clave, entrevistas, estadísticas y análisis crítico del discurso, mientras que los materiales se limitan a programas, encuestas, entrevistas y discursos políticos en diferentes soportes, así como documentación oficial, legal y administrativa de los Estados en cuestión.

¿Cuáles son los aportes y descubrimientos? La retórica antiislámica emerge como un factor común pero ampliado a la antiinmigración por el peso de los actores hegemónicos de la convergencia política europea dado que el modelo binominal de opresor/víctima se ajusta más a las representaciones coloniales en los tres países. Demócratas de izquierda y de derecha, intelectuales, políticas feministas y organizaciones de mujeres construyen un consenso occidental supremacista que visibiliza en las feminidades no occidentales a objetos sumisos, pasivos, sin agencia, capacidad de actuación ni resistencia. Tal supremacismo promueve políticas de integración civil parcial y generizada, fundamentadas en bases neoliberales cuyos vértices se

sostienen en la responsabilidad individual, la unificación cultural occidental y la emancipación

desde una fuerza de trabajo diferenciada al servicio del mercado.

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Farris detalla que la lógica del feminacionalismo europeo se configura a través de tres dinámicas. En primer lugar, establece la convergencia de diversos actores y movimientos a través de un encuentro circunstancial que, si bien no evita la pérdida de autonomía, tampoco conlleva a una homogeneización. Analiza las teorías sobre la instrumentalización propuestas por Eric Fassin y Liz Fekete, la colaboración de Jasbir Puar y el balance de intereses de Derrick Bell. No obstante, estas explicaciones son insuficientes ya que las tensiones entre los tres actores o movimientos se evidenciarán con claridad en los capítulos iniciales.

En segundo lugar, el feminacionalismo se proyecta como una formación ideológica, ya sea como tropo supremacista occidental en diálogo modular y decolonial con Gayatri Chakravorty Spivak, quien define la custodia de la mujer morena por parte del hombre blanco en salvaguarda del hombre moreno o bien como regulación discursiva, lo que revela la complejidad de la categoría acuñada por Farris. La regulación discursiva, asegura la autora, actúa, modela y performatea las representaciones inicialmente desde el sentido común, en palabras de Gramsci, para producir la regulación económica, lo que introduce la siguiente dinámica.

En tercer lugar, el feminacionalismo promueve una política económica particular, como se evidencia en los dos últimos capítulos. A partir de una perspectiva althusseriana, Farris concluye que el aparato ideológico de los Estados neerlandés, francés e italiano asegura la reproducción de las condiciones laborales de las clases subalternas, tanto mujeres como migrantes, occidentales y trabajadoras, que internalizan la ideología patriarcal y neoliberal dominante.

Además de la desregulación económica, el individualismo urbano y la cultura de consumo del estilo de vida neoliberal, los programas de integración en estos países fomentan una inmigración que es selectivamente colonial, clasista, feminizada y racializada. Así, se acepta la inmigración de personas norafricanas y del Medio Oriente, pero no como mano de obra masculina. La autora argumenta que se prioriza la fuerza de trabajo femenina islámica inmigrante que se destina casi exclusivamente a las tareas del trabajo doméstico y del cuidado familiar, altamente precarizadas. Esta situación garantiza que la producción industrial y económica de tercer orden permanezca en manos de europeos, mientras que la reproducción doméstica es confiada a las musulmanas extranjeras, quienes son aceptadas y “salvadas” del islam, según las narrativas europeas.

Como colofón, resulta recomendable la lectura de esta experiencia escritural, precisamente traducida y adaptada a las demandas editoriales. La solvencia de los conceptos vertidos, las complejidades analíticas y metodológicas entrelazadas, así como la perspicacia elocuente de las realidades abordadas, transforman el trabajo de Sara Farris en un libro sumamente interesante, dotado de elocuencia argumentativa en clave feminista crítica.

Walter Benjamin, centinela mesiánico: a la izquierda de lo posible. Daniel Bensaïd (autor). El cuenco de plata. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 2021. 288 pág

Santiago Agustin Pereyra Nouveliere¹


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“El don de encender la chispa de la esperanza sólo es inherente al historiógrafo que esté convencido de que ni los muertos estarán seguros ante el enemigo si es que éste vence. Y ese enemigo no ha cesado de vencer”

(Benjamin, 2008, p. 308)


El título de esta obra corresponde a una de las primeras traducciones del francés al español realizada por la traductora Alcira Bixio y publicada por la editorial ‘El cuenco de plata’. Su título original es ‘Walter Benjamin, sentinelle messianique’, publicado en el año 2010, coincidiendo con el fallecimiento del autor en ese mismo año, bajo la editorial ‘Les Prairies ordinaires’.

Esta editorial francesa presenta particularidades significativas al ser una de las escasas editoriales independientes en Francia. Fundada en 2002, cesó sus actividades en 2016 para luego resurgir un año después en asociación con ‘Éditions Amsterdam’. Se destaca por fomentar una perspectiva integral de teoría y política, manteniendo una orientación de izquierda y procurando rescatar la diversa producción de autores franceses con diversos intereses.

Daniel Bensaïd (1946-2010), autor del libro, fue un filósofo francés que ha investigado diversos pensadores e intereses, entre ellos Marx, Walter Benjamin y pensadores de la ‘escuela francesa’ como Bourdieu, Alain Badiou, Derrida o Foucault. Sus reflexiones abarcan la interacción constante entre soberanía, política y Estado, así como los movimientos obreros del siglo XX. Bensaïd participó activamente en partidos políticos y movimientos sociales de izquierda² como la ‘Ligue communiste révolutionnaire’³ (La Liga Comunista Revolucionaria) o el ‘Nouveau Parti anticapitaliste’⁴ (Nuevo Partido Anticapitalista) liderado por Olivier Besancenot. Algunas de sus obras publicadas más destacadas incluyen: Marx l'intempestif: Grandeurs et misères d'une aventure critique (1996), Le Nouvel Internationalisme (2003), Éloge de la politique profane (2008), Un nouveau


¹ Licenciado en Filosofía por la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA-UNSJ). Ha sido becario CICITCA- estudiante avanzado y EVC-CIN en torno a los estudios de Walter Benjamin. Actualmente cumple funciones de investigación en el Instituto de Investigación de Filosofía (IDEF). ORCID: 0009-0002-0287-5479. Correo electrónico: nouvelieresanty@gmail.com

² De igual modo puede observarse su activismo político cuando era estudiante universitario, al ser uno de los dirigentes estudiantiles del ‘Mayo francés’ o ‘Mayo de 1968’. En esta reforma universitaria participaron también varios integrantes de la ‘escuela francesa’, como docentes de las universidades, respaldando el accionar de los estudiantes.

³ Un partido con tendencias trotskistas de extrema izquierda, lo cual es significativo porque para el autor, el último Trotsky, en su exilio, se presenta como una tradición marxista contracorriente (con ciertas similitudes a Benjamin) frente al dominante estalinismo (Feijoo, 2021, p.9).

⁴ Constituyéndose como el último partido que participaba antes de su fallecimiento.

théologien: Bernard-Henri Lévy (2008), entre otros, estando solo algunos de sus manuscritos traducidos al español.

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Es particularmente interesante analizar la interrelación entre los tres componentes fundamentales: el libro, la editorial y el autor. En esta tríada, se destaca un mensaje central que promueve una integración efectiva entre la teoría y la práctica. A pesar de las críticas o disidencias que puedan surgir, es innegable la conexión fundamentada en la aplicación práctica de una teoría crítica. Considerando que se trata de una editorial independiente, el autor presenta un amplio historial de compromiso con las luchas sociales de su época. El libro, a su vez, explora la obra de un pensador alemán que se mantuvo siempre atento a las inquietudes de su tiempo.

A lo largo de la obra, se puede apreciar de manera fiel el meticuloso método benjaminiano con la distinguida ‘técnica de montaje’, tal como sostiene Bürger (2001) “[…] El alegorista junta los fragmentos aislados de la realidad y así crea significado. Este significado es construido, no deriva del contexto original de los fragmentos” (p. 250). Este montaje además puede verse patente en la lengua que escribía Benjamin, el alemán, en donde se encuentran múltiples ejemplos de palabras compuestas: resultado de un montaje de dos palabras con sus propios significados que al unirlas ofrecen un nuevo significado, distinto al anterior, pero con cierta semejanza lógica.

En efecto, Bensaïd nos brinda una definición sumamente precisa acerca del uso del principio del montaje: “Escribir la historia es ‘citarla’. El concepto mismo de cita histórica implica quitarle el sentido a su contexto para metamorfosearlo” (Bensaïd, 2021, p. 30). En este sentido, el uso oportuno de citas combinado con las opiniones y ejemplos proporcionados por Bensaïd resulta esclarecedor para una mejor comprensión o para encontrarse de una nueva manera con los escritos, en ocasiones confusos y enigmáticos, del filósofo berlinés.

Otro aspecto que se puede identificar en el libro de Bensaïd, en consonancia con lo planteado por Benjamin, es la forma en que se exponen algunas de sus ideas. Los capítulos "La esperanza en el fondo del pozo" y "Tesis sobre un fin anunciado de la historia" se presentan subdivididos en tesis. El primer capítulo consta de 18 tesis, teniendo la última un inciso a y b, mientras que el segundo capítulo está compuesto por un total de 18 tesis.

Benjamin emplea frecuentemente la forma de tesis en sus escritos. Algunos ejemplos de esto son: "Sobre el concepto de historia" (1940), "La obra de arte en la época de su reproductividad técnica" (1936), “El narrador: consideraciones sobre la obra de Nikolai Leskov" (1936), "Eduard Fuchs, coleccionista e historiador" (1937), entre otros.

Se puede observar un claro homenaje al pensamiento de Benjamin no sólo en la similitud del título del segundo capítulo, sino también en la cantidad de tesis que conforman el capítulo "La esperanza en el fondo del pozo". Este número coincide con las tesis presentes en el libro de Benjamin "Sobre el concepto de historia". Sin embargo, surge la interrogante: ¿Cuál es la importancia de expresar sus ideas en tesis? La relevancia de expresarse en este género literario en particular se puede apreciar en Missac (1988): “[…] a lo largo de la historia las tesis han sido en un primer momento teológicas y luego políticas; en ambos casos estaban asignadas por un carácter teórico y polémico a la vez” (p. 41).

El libro de Bensaïd consta de 14 capítulos, agrupados en 5 apartados, y cuenta con un prólogo

escrito por Cecilia Feijoo, de lectura imprescindible para aquellos que deseen adentrarse en la obra,

donde la autora destaca algunos elementos esenciales que conectan las reflexiones a lo largo del libro:

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La figura del pensador alemán es actualizada desde uno de los lugares menos recorridos y transitados de su pensamiento, el del pensador revolucionario […] Es esta aventura que se nos propone, la reflexión sobre la soledad, el sentido del tiempo, el vínculo entre historia y memoria, el marxismo concebido como una ‘comunidad lingüística’ y el rescate del elemento teológico del materialismo histórico de Benjamin, como una apuesta activa profana. (Feijoo, 2021, p. 5)

Uno de los elementos de suma importancia en el pensamiento de Benjamin, de gran complejidad conceptual y abordado con agudeza por Bensaïd, es el mesianismo y su imperiosa necesidad para la redención. La redención se encuentra estrechamente ligada a la memoria, el pasado, el Jetztzeit, la revolución, la teología, los oprimidos, la historia, entre otros aspectos. El autor argumenta de manera contundente sobre la conexión entre redención y revolución, diferenciando aquella revolución que no ha logrado llevar a cabo un verdadero rescate del pasado o del oprimido, como es el caso de la Revolución Francesa, en las siguientes palabras: “Con la condición de concebir la revolución, no como una simple aceleración en la pendiente de la facilidad histórica, sino como ‘un combate por el pasado oprimido’, en nombre de las ‘generaciones vencidas’” (Bensaïd, 2021, p. 22). Posteriormente, sostiene la relación de la teología y su vínculo con el materialismo histórico donde también participa la memoria activa. De esta manera: “El vínculo orgánico entre el ‘materialismo histórico’ y la teología reside en la rememoración, la memoria activa, distinta del recuerdo que no es más que ‘la memoria congelada’” (Bensaïd, 2021, p. 41). Entendiendo a la teología como aquella que pueda volver a dotar: “[…] vida y sentido al tiempo muerto y mudo, que encuentra en la monótona

sucesión cronológica […] de la Revelación y de la Redención” (Bensaïd, 2021, p. 41).

En la conclusión de su libro, Bensaïd plantea la problemática de la posibilidad de no olvidar, lo que nos condenaría a una suerte de insomnio. Por lo tanto, el autor se pregunta, dejando la cuestión sin respuesta más que como una interrogante provocativa que nos invita a reflexionar: "¿Qué está permitido olvidar y qué es indispensable 'rememorar'?" (Bensaïd, 2021, p. 280). Luego entabla un diálogo elocuente y creativo entre la Memoria y la Historia que explora las debilidades y fortalezas de cada una, proponiendo al final de esta danza alegórica que al unirse de nuevo podrán sentar las bases para una política del presente que permita la redención de los olvidados.

Aunque esta redención mesiánica no es algo que se pueda dar por sentado, sino más bien una invitación o una cita en la que el Mesías puede o no irrumpir en el curso de la historia (Feijoo, 2021, p. 10). De manera modesta, Bensaïd (junto a Benjamin) asume su turno de guardia en la cadena solidaria de los centinelas mesiánicos que se transmiten una "consigna secreta" para que el último despierte a quienes lo precedieron.


“Interminable vigilia, en la angustia del sueño y de la noche. Fielmente, obstinadamente.

A la izquierda de lo posible” (Bensaïd, 2021)

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ARTÍCULOS JÓVENES



ESTUDIOS SOBRE

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REVISTA DE CIENCIA POLÍTICA • UNSJ �


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Democracia artificial: reflexiones sobre el alcance de la Inteligencia Artificial en la praxis democrática¹

Artificial democracy: reflections on the scope of Artificial Intelligence in

democratic practice

Constanza del Rosario Estrada Belli². Octavio Ezequiel Herrera³. Lucas Fabián López⁴.


Universidad Nacional de San Juan- Estudios sobre el Poder. Revista de Ciencia Política / Abril 2025 / N°01. - ISSN 3008-7376

Recibido: 15/04/2024 Aceptado:14/09/2024


Resumen

El presente artículo tiene por propósito la exploración de las posibilidades y los límites del ejercicio de la democracia en un escenario en donde la Inteligencia Artificial (IA) ha obtenido un rol protagónico. A lo largo de la historia se fueron desarrollando nuevas tecnologías que significaron una ruptura en los distintos modos de vida. La IA pertenece al conjunto de estas innovaciones y constituye el perfecto ejemplificador de una invención que progresó a gran velocidad al mismo tiempo que importó una influencia en la vida humana, modificando desde la forma en que los humanos trabajan, se relacionan, se expresan, hasta el modo en que las decisiones políticas son tomadas. La importancia del análisis del círculo vicioso expresado en el algoritmo, la publicidad y el consumo radica en la advertencia de las transformaciones suscitadas en la realidad y manifiestas en el orden social, político y económico e incluso en la constitución de los sujetos, de modo que motiva el estudio de las probabilidades de que estas nuevas formas y prácticas alteren la naturaleza y actual concepción de la democracia. Es por ello que, luego de un breve racconto histórico, se indagará sobre las implicancias y aspectos, tanto positivos como negativos de la irrupción de la IA en la democracia y, los desafíos y oportunidades que genera.


Palabras clave: inteligencia artificial, democracia, algoritmo, capitalismo.


¹ El presente artículo cuenta con la lectura y revisión del Lic. Álvaro Olmedo, del departamento de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales, a quien le agradecemos su predisposición y aportes.

² Estudiante de Licenciatura en Ciencias Políticas en Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de San Juan,

Argentina. ORCID: 0009-0002-8547-2631. Correo electrónico: cotiestradabelli@gmail.com

³ Estudiante de Licenciatura en Ciencias Políticas en Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de San Juan, Argentina. ORCID: 0009-0005-0095-8213. Correo electrónico: octavioezequielherrera@gmail.com

⁴ Estudiante de Licenciatura en Ciencias Políticas en Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de San Juan, Argentina. ORCID: 0009-0007-7140-3850. Correo electrónico: lucas07.llp@gmail.com

Abstract

Universidad Nacional de San Juan- Estudios sobre el Poder. Revista de Ciencia Política / Abril 2025 / N°01. - ISSN 3008-7376

The purpose of this article is to explore the possibilities and limits of exercising democracy in a scenario where Artificial Intelligence (AI) has obtained a leading role. Throughout history, new technologies have been developed that have represented a break in different ways of life. AI belongs to this set of innovations and constitutes the perfect exemplification of an innovation that progressed at great speed while importing an influence on human life, modifying everything from the way humans work, relate, and express themselves, to the way political decisions are made. The importance of analyzing the vicious circle expressed in the algorithm, advertising, and consumption lies in the need to understand the transformations occurring in reality, which are evident in the social, political, and economic order, and even in the constitution of individuals. This motivates the study of the likelihood that these new forms and practices could alter the nature and current conception of democracy. For this reason, after a brief historical account, we will explore the implications and aspects, both positive and negative, of the emergence of AI in democracy, as well as the challenges and opportunities it creates.

Keywords: artificial intelligence, democracy, algorithm, capitalism.


  1. Inteligencia Artificial: aproximaciones sobre su origen y evolución

    La realización de un análisis histórico exige el ejercicio de remontarse al pasado y ubicarse en un tiempo y espacio en donde la IA se originaba en un campo de estudio, hasta el momento incipiente, que con el pasar de los años experimentaría un crecimiento y mayor desarrollo.

    Alan Turing fue un científico británico considerado pionero en los estudios iniciales sobre la IA. Es a partir de sus primeros aportes publicados en 1936 en un artículo titulado “Sobre los números computables, con una aplicación al Entscheidungsproblem⁵” que la comunidad científica coincide en localizar el origen de la nueva disciplina. Al respecto Acevedo et al. (2017) afirman que “se inicia la posibilidad de trabajar con redes neuronales de forma artificial cuando se encuentran relaciones entre el cerebro y el concepto de computación” (p. 173).

    Del mismo modo, es posible afirmar que la noción de algoritmo se encuentra en su teoría de manera implícita al entender el concepto de máquina como un dispositivo que ejecuta instrucciones básicas. Por ello, la idea de algoritmo puede ser abordada como una secuencia finita de instrucciones precisas e inmutables que permiten resolver problemas específicos mediante operaciones elementales realizadas sobre datos.

    Otro de los legados inconmensurables del matemático lo constituye el “Test de Turing” que consiste en determinar si una IA puede imitar las respuestas humanas. Al respecto, en un artículo


    ⁵ El Entscheidungsproblem consistió en un reto lógico-simbólico cuyo objetivo era encontrar un de decisión capaz de determinar cuáles eran los enunciados matemáticos demostrables dentro de un sistema dado, es decir, buscaba decidir la verdad (o falsedad) matemática sobre un enunciado particular. Sin embargo, Turing y Church demostraron, por caminos separados, que el problema no tiene solución, por lo tanto, no existe un método de decisión eficaz en ningún sistema aritmético formal.

    “Maquinaria computacional e inteligencia” Turing reflexiona sobre la posibilidad de pensar de las máquinas, “dejando el significado de inteligencia artificial, como un concepto de simulación mediante la ejecución de un procedimiento” (Salinas Molina, 2022, p. 94).

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    No obstante, Turing no fue el único intelectual cuyos aportes dejaron marca. Entre varios autores que sentaron precedentes, los estadounidenses Warren McCulloch y Walter Pitts se destacaron en el ámbito de la neurociencia a través de complejos modelos teórico-matemáticos basados en neuronas individuales o unidades simples que interactúan recíprocamente para generar funcionamientos complejos. En 1943 ambos científicos construyeron un modelo de neuronas artificiales considerado como el primer modelo de una red neuronal⁶ implementada en las ciencias de la comunicación. Éste propone que las neuronas artificiales presentan la capacidad de realizar tareas complejas como la interpretación de imágenes y el reconocimiento de patrones.

    Se ha desarrollado la teoría de las Redes Neuronales Artificiales (RNA), el objetivo es poder emular las redes neuronales biológicas y hacer posibles que éstas aprendan tácticas y soluciones basadas en ejemplos de comportamiento típico de patrones. Estos sistemas artificiales no necesitan de una programación previa, teniendo la capacidad de generalizar y aprender de la experiencia. (Acevedo et al., 2017, p. 174)

    Las ideas expuestas significaron no sólo la inspiración, sino también las bases sobre la que investigadores y programadores edificaron sus modelos de redes neuronales utilizados en las distintas IA, fenómeno presente desde el siglo XX y característico de la cuarta revolución industrial⁷. Sin embargo, el mérito por concebir el término “inteligencia artificial” lo recibe John McCarthy, quien introduce el concepto en 1956 durante una conferencia en Dartmouth Collage a la cual asistieron los investigadores que luego serían considerados como los más importantes del campo. El informático estadounidense la define en 2007 como “la ciencia e ingeniería para construir máquinas inteligentes, especialmente programas de computación inteligentes. Así como, lo relativo a la tarea de usar computadoras para entender la inteligencia humana, pero no limitada a

    métodos observables biológicamente” (McCarthy, 2007, p. 2).

    Si se entiende a la inteligencia como la “facultad de resolver nuevos problemas por inéditas adaptaciones de los medios a un fin” (Jolivet, 1984, p. 104) se permite el empleo de dicho concepto con el adjetivo (devenido en sustantivo) artificial, pues el informático Stuart Russell (2003) considera que un sistema inteligente es aquel cuya expectativa de utilidad supera la de cualquier otro sistema con las mismas limitaciones computacionales.


    ⁶ Una red neuronal es un sistema capaz de determinar una relación entre entradas y salidas inspirada en el sistema nervioso, por lo que presenta un comportamiento similar al cerebro humano, en donde se procesa la información simultáneamente, con la capacidad de aprender y generalizar situaciones no enseñadas previamente en procesos de entrenamiento.

    ⁷ Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial, define la cuarta revolución industrial como una industria que genera un mundo en el que los sistemas de fabricación virtuales y físicos cooperan flexiblemente a nivel global. Si bien cada revolución industrial supuso transformaciones: la primera a fines del siglo XVIII introdujo a la producción la mecánica al aplicar el vapor, la segunda a finales del siglo XIX introdujo la electricidad provocando la aceleración industrial, y la tercera a fines del siglo XX se adentra en la programación de las máquinas y da comienzo a la automatización; la cuarta, se diferencia del resto por la velocidad, alcance e impacto de las nuevas tecnologías (Schwab, 2016).

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    Russell y Peter Norvig (2004) se dedicaron a profundizar sus estudios respecto de los distintos tipos o enfoques sobre la IA, distinguiendo entre los que se refieren a procesos mentales de aquellos que aluden a la conducta. A su vez diferencian los que miden el éxito en términos de la fidelidad en la forma de actuar de los humanos, de los que adoptan como referencia un concepto ideal de inteligencia asociado a la racionalidad, entendiendo que hace lo correcto en función de su conocimiento. De este modo, obtienen una clasificación que comprende sistemas que piensan como humanos, sistemas que actúan como humanos, sistemas que piensan racionalmente y sistemas que actúan racionalmente.

    Por su parte, Arend Hintze (2016) propone otra categorización. El primer tipo se refiere a las máquinas reactivas cuyos sistemas no tienen memoria y realizan una tarea específica como el programa de ajedrez Big Blue⁸ capaz de identificar las piezas y predecir, pero imposibilitado de utilizar experiencias pasadas para predecir las futuras. El segundo se denomina de memoria limitada y se puede evidenciar en el mecanismo de toma de decisión de los vehículos autónomos, los cuales requieren la identificación y monitoreo de objetos específicos pero cuyos datos son transitorios a diferencia de la incorporación de experiencia de los conductores humanos. Al tercero se lo denomina teoría de la mente⁹ e implica que cuando este término psicológico es aplicado a la IA tendría la inteligencia social para entender emociones, por lo que podría inferir las intenciones y predecir los comportamientos de los humanos. El cuarto y último tipo, de cuya existencia no se halla aún registro, se denomina autoconciencia y manifiesta que los sistemas tienen un sentido de sí mismo que les da conciencia de su estado actual (Gómez Llinas, 2021).

    1. Círculo vicioso: primeras estimaciones sobre sus repercusiones

      La interacción entre los algoritmos, la publicidad y el consumo refleja la existencia de un círculo vicioso de cuya lógica, y pese a su advertencia, los humanos se encuentran imposibilitados de escapar. Como se ha demostrado, los primeros cálculos mediante cifras arábigas experimentaron un enorme desarrollo que implicó la influencia constante en el análisis de datos y en las recomendaciones personalizadas, lo cual provocó un profundo efecto en el plano económico alimentado por el consumo e instrumentado por medio de la publicidad. Al ser capaces estos métodos de identificar patrones ocultos en una gran cantidad de datos, las empresas los utilizan para mejorar la precisión de la publicidad dirigida a clientes específicos.

      Precisamente los mecanismos de análisis de datos insertos en la estructura del actual sistema capitalista cobran valor al ser útiles para la predicción de comportamientos frente a estímulos, cual perro de Pávlov¹⁰. Esta capacidad se emplea al ofrecer eficazmente productos o servicios


      ⁸ El programa de ajedrez Big Blue, elaborado por IBM, fue el primero en vencer a un campeón del mundo vigente, Gary

      Kaspárov, en 1996.

      ⁹ La teoría de la mente es un concepto de las ciencias humanas que se emplea al designar la capacidad de atribuir pensamientos, intenciones y emociones a otras personas.

      ¹⁰ Iván Pávlov fue un fisiólogo ruso reconocido por el experimento del condicionamiento clásico con perros. Al sonar una campana antes de alimentarlos, los perros asociaron el sonido con la comida, y reaccionaron salivando al escucharla. Dicha investigación demostró que los animales pueden asociar un estímulo neutro (sonido) con un estímulo incondicionado (comida) y responder a ambos similarmente. Este aporte fue crucial para entender el comportamiento animal y humano.

      según intereses y preferencias que las personas registran diariamente en su actividad en internet, incitando a su consumo. Lejos de la clásica publicidad, lo distintivo de este accionar es que “la búsqueda del beneficio económico por parte de las empresas ha sido el motor principal para la construcción de un dispositivo de supervisión total” (Estévez Araujo, 2022, p. 8).

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      La principal fuente de ingresos de empresas titánicas de la industria, como Google y Facebook, deriva de la publicidad, es decir, sus ingresos publicitarios son la razón por la cual estas multinacionales acumulan datos para venderlos a otras. Incluso sus asistentes virtuales como Assistant de Google, Siri de Apple, Alexa de Amazon o Cortana de Microsoft, son los encargados de facilitar la comunicación con el usuario para que en los buscadores, antes de proporcionar la información sobre lo que se busca, aparezcan ofertas de productos relacionados a ello.

      Empero, la forma de operar de los mecanismos no sólo se centra en el reforzamiento de las preferencias, sino que también las crea en base a la clasificación de las personas y la supuesta pertenencia a determinados grupos sociales, demostrando que uno de los cometidos de los algoritmos es inducir y provocar un acercamiento a cosas que nos podrían interesar. El catedrático en filosofía del derecho de la Universitat de Barcelona Estévez Araujo (2022) lo ejemplifica de la siguiente manera:

      Si hemos sido incluidos dentro de la categoría de personas a las que les gustan los “golden retriever”, recibiremos múltiples informaciones relacionadas con esa raza de perros y se nos harán sugerencias de grupos con los que podemos contactar para compartir nuestra afición. Y, desde luego, se nos enviará mucha publicidad personalizada relacionada con ello. (p. 23)

      Otra de las esferas de incidencia de las nuevas tecnologías en el plano económico es la del mercado laboral. En el desarrollo histórico del capitalismo la dependencia del trabajo humano para la producción de bienes y servicios siempre se exhibió como una constante pero el escenario coyuntural le presenta al capitalista la posibilidad de desprenderse del factor humano de producción.

      Sin dudas, la evolución de la IA presenta oportunidades beneficiosas como los sistemas de visión artificial capaces de identificar anomalías y adelantar los diagnósticos o la creación de puestos laborales relacionados con la ingeniería y análisis de datos, automatización y robótica, desarrollo de software, etc. Pero de todas formas, la robotización siempre presentó su claro objetivo: reducir costos. Son varias las ventajas que adquiere el empresario capitalista al no tener que negociar con sindicatos (lo cual excluye la posibilidad de huelga), al poder expandir sus actividades en nuevos mercados, al eficientizar o erradicar los procedimientos burocráticos, al recortar salarios debido a la reducción de la fuerza de trabajo y la mecanización de la producción, entre otras.

      El ejercicio de desenredar los hilos de la IA como un servicio de rápida evolución digital, que eventualmente implicaría el recambio del trabajo humano, permite vislumbrar y anticipar una generación de desempleo, desigualdad y concentración.

      Según los economistas de Goldman Sachs, hasta 300 millones de empleos de tiempo completo en todo el mundo podrían automatizarse de alguna manera con la nueva ola de inteligencia artificial que ha generado plataformas como ChatGPT (…) Si bien los lugares de trabajo pueden cambiar, la adopción generalizada de la IA podría, en última instancia, aumentar la productividad laboral y aumentar el PIB mundial en un 7% anual durante un periodo de 10 años. (Toh, 2023, párr. 1, 9)

      Aun así, la exclusiva observación del incremento del PBI resultaría insuficiente sin la consideración del coeficiente de Gini¹¹ como parámetro de concentración y el consecuente aumento de la desigualdad social. A su vez, desde una perspectiva de mercado no se debe perder de vista la tendencia a la conformación de monopolios en términos de recursos y de poder, ni el hecho de que las empresas existentes poseen patentes y derechos de autor sobre las tecnologías avanzadas que dificultan la existencia de competidoras.

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      Retomando lo esbozado en el inicio del apartado, independientemente de los recursos que puedan emplear los usuarios como limitar la exposición a la publicidad en línea, bloquear anuncios o utilizar herramientas de privacidad en línea, el apetito insaciable por las grandes cantidades de datos personales que padece la IA plantea interrogantes derivados de la privacidad e incluso la ética.

    2. Globalización y un caso testigo

      Sería erróneo avanzar con el abordaje de las temáticas propuestas sin anteriormente situar el contexto en el cual éstas se desenvuelven por lo que se procederá con la descripción pertinente.

      Si bien la globalización se refiere a un proceso no sólo económico sino también cultural y esencialmente político, fundado en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo. Para mantener la correlación con lo tratado en este artículo se la abordará fundamentalmente como la expansión capitalista hacia mercados en ciernes a finales del siglo XX. Según Fernández Darraz y Ruiz Arias (2013):

      A juicio de Anthony Giddens, la globalización es un proceso complejo de múltiples interrelaciones, dependencias e interdependencias entre unidades geográficas, políticas, económicas y culturales; es decir, continentes, países, regiones, ciudades, localidades, comunidades y personas. Significa también la expansión, multiplicación y profundización de las relaciones sociales y de las instituciones a través del espacio y tiempo, de modo que las actividades cotidianas resultan cada vez más influidas por los hechos y acontecimientos que ocurren en otras partes del globo, así como las decisiones y acciones de grupos y comunidades locales pueden alcanzar importantes repercusiones globales (pp. 135-136).

      Por lo tanto, la globalización implicó una transformación materializada en acontecimientos de impacto mundial como la caída del Muro de Berlín y el Consenso de Washington¹², ambos símbolos de la victoria del bloque capitalista por sobre el soviético en la Guerra Fría, victoria que además allanó el camino para la imposición de políticas económicas neoliberales de obligada implementación para la consolidación de un mundo unipolar.

      También implicó la erradicación paulatina de todos los movimientos nacionales en materia económica, afectando la industria nacional, de modo que toda acción en su defensa fue relegada


      ¹¹ Es una medida de concentración del ingreso entre los individuos de una región en un determinado periodo que toma valores entre 0, que indica que todos los individuos tienen el mismo ingreso, y 1, donde sólo un individuo acapara todo el ingreso.

      ¹² Consenso de Washington fue el nombre que recibió el conjunto de fórmulas económicas neoliberales promovidas en 1989. Los instrumentos de control político-financiero desde donde se impulsaron fueron los grandes organismos crediticios de Bretton Woods: el FMI y el Banco Mundial, ambos conducidos por los grandes capitales corporativos de unos pocos países centrales, con Estados Unidos a la vanguardia. Desde esa base de operaciones se fijaron las recetas neoliberales que, producto de las presiones políticas, casi la totalidad de países occidentales debieron impulsar en las últimas décadas.

      al socialismo o colectivismo. En igual medida, significó una erosión identitaria que simbolizó la imposición de patrones de conducta ajenos a las culturas nacionales, creando una especie de “supracultura occidental” identificable por medio de la música, la comida, el lenguaje, entre otros.

      No obstante, la globalización como motor que estimuló la IA ha arribado de manera positiva en algunos terrenos del globo. Tal es el caso de la Isla de Anguila, un territorio británico de ultramar ubicado aproximadamente a 250 kilómetros del Este de Puerto Rico que ha experimentado un inesperado crecimiento económico debido a la posesión del dominio web

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      .ai¹³ asignado en la década del 90 por ICANN¹⁴.

      A partir de allí, Anguila comenzó a cobrar sin intermediarios una tarifa de 50 dólares anuales (monto que se ha actualizado continuamente) a todas aquellas personas o empresas dedicadas a la creación de herramientas de IA que necesiten un dominio con la extensión .ai.

      Según Del Castillo (2023) los ingresos del mencionado dominio, sumamente codiciado por compañías tecnológicas como Facebook o X, representan el 10% del PBI de Anguila y el 30% de los ingresos del gobierno. Luego del año 2021 y el boom de la IA, Anguila preveía para 2023 un incremento en sus ingresos de hasta 7.9 millones pero con la irrupción de inteligencias artificiales generativas como ChatGPT sus cálculos estimaban que superarán los 28 millones de euros.

      Trasladando las experiencias y repercusiones mencionadas al plano político, el catedrático de

      filosofía política Daniel Innerarity (2020) expone que:

      Como la burocracia para el Estado moderno, la inteligencia artificial parece llamada a ser la lógica de legitimación de las organizaciones y los gobiernos (…) Este horizonte no es sólo tecnológico o infraestructural, sino ontológico. La automatización requiere pensar muchas categorías socioculturales (p. 90).

  2. Democracia: conceptualización y aplicación en escenarios inciertos

    A partir de lo señalado proponemos iniciar en la indagación sobre el concepto de democracia y la implementación de sus principios ante un escenario en donde las nuevas tecnologías parecen detentar poder y gobernar en consecuencia.

    La democracia es uno de los tantos conceptos que, al ser de uso cotidiano, suele sufrir los embates de intereses dispersados en la opinión pública que terminan contribuyendo a la desvirtuación de su significado. El politólogo Robert Dahl (2004) señala que etimológicamente la democracia significa gobierno del pueblo: “El término deriva del griego demokrati, acuñado a partir de demos (pueblo) y kratos (gobierno) a mediados del siglo V a.C. para denotar los sistemas políticos entonces existentes en

    algunas ciudades-Estado griegas, sobre todo Atenas” (p. 11).

    Por su parte, Bobbio et al. (1991) en el “Diccionario de política”, en referencia a su significado

    formal, destacan que:

    Por democracia se ha entendido siempre un método o un conjunto de reglas de procedimiento para la constitución del gobierno y para la formación de las decisiones políticas (es decir de las decisiones vinculantes para toda la comunidad) más que una determinada ideología. (p. 449)


    ¹³ Siglas en inglés para inteligencia artificial.

    ¹⁴ Siglas en inglés referidas a la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet.

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    En un sentido semejante, Giovanni Sartori (1992) con el propósito de proporcionar una definición descriptiva, sentencia que la democracia es “el procedimiento y/o el mecanismo que a) genera una poliarquía abierta cuya competición en el mercado electoral; b) atribuye poder al pueblo, y c) impone específicamente la capacidad de respuesta (responsiveness) de los elegidos frente a los electores” (p. 43). Con la intención de arribar a una conceptualización que supere un enfoque meramente operativo Bobbio distingue la democracia formal, encuadrada en un gobierno del pueblo, y la democracia sustancial, focalizada en un gobierno para el pueblo. Mientras la primera indica un conjunto de medios y reglas de procedimiento, independientemente de sus fines; la segunda refiere a un cierto conjunto de fines, principalmente la igualdad jurídica, social y económica, independientemente de la consideración de los medios adoptados. Más allá de la legitimidad histórica de ambos “el único punto en que los unos y los otros podrían convenir es que una democracia perfecta –hasta ahora en ningún lugar realizada, y

    por lo tanto, utópica– debería ser al mismo tiempo formal y sustancial” (Bobbio et al., 1991, p. 452).

    En política, el deber ser converge y diverge constantemente con el hacer. Pese a ello, el componente utópico simboliza un estímulo constante para la praxis, por ello no puede dejar de estar inmersa dentro de lo político porque la utopía orienta, estimula y determina.

    Continuando con lo expuesto en apartados anteriores respecto de las incertidumbres que las nuevas tecnologías plantean a la sociedad, es que tanto la lógica como los medios o instrumentos de la IA, insertos en un sistema político sin regulaciones que atiendan al interés común, jaquean o ponen en peligro la democracia. A continuación, se presentarán los argumentos de dicha afirmación. La velocidad de las transformaciones introducidas proyecta dilemas éticos que se suman a la extensa lista de problemáticas y desigualdades presentes. Gabriela Ramos, subdirectora general

    de ciencias sociales y humanas de la UNESCO, expresa al respecto:

    La tecnología de inteligencia artificial aporta grandes beneficios en muchos ámbitos, pero sin unas barreras éticas corre el riesgo de reproducir los prejuicios y la discriminación del mundo real, alimentar las divisiones y amenazar los derechos humanos y las libertades fundamentales. (UNESCO, 2022, p. 4)

    Antes que recurrir a la suposición del entendimiento, preferimos recalcar e insistir en que los avances de dicha inteligencia se hacen tangibles gracias a los objetivos prefijados por personas concretas hechas de carne, huesos e intereses. De allí que las decisiones adoptadas por sus creaciones derriban el supuesto de neutralidad de la IA, lo cual conlleva un potencial riesgo.

    Un ejemplo útil a la hora de tornar explícito es una nueva versión del dilema del tranvía¹⁵ pero aplicado en los vehículos autónomos construidos con un algoritmo complejo capaz de enfrentar situaciones imprevistas durante la conducción, por lo que debe ser capaz de tomar decisiones en


    ¹⁵ El dilema del tranvía es un experimento psicológico planteado en 1967 por la filósofa Philippa Foot que analiza la diferencia

    entre causar un mal y dejar que ocurra. Para ello se propone una situación en la que un tranvía circula sin control por una vía en la que se hallan cinco personas atadas, pero existe la posibilidad de accionar una palanca para desviarlo hacia una vía diferente donde sólo hay una persona atada. Aunque el dilema ético no ofrece soluciones, se aplica para reflexionar con rigurosidad los escenarios antes de que sucedan y en los que actúan habitualmente políticos, médicos, militares, y la sociedad en general.

    el momento. Sin embargo, los parámetros de acción no siempre están establecidos bajo patrones de conducta éticos, los cuales representan una problemática incluso para los humanos. Ante la inevitabilidad de un accidente ¿la vida de quién debería priorizar el vehículo? El desafío ético está exento de ser intrínseco al vehículo autónomo, sino que recae en su programador. La IA adiciona complejidades a la capacidad de decisión, en cuanto oculta al responsable de las decisiones, no fundamenta las mismas ni su proceso de razonamiento, así como tampoco expone las premisas o valoraciones que toma en cuenta al elegir frente a incontables bifurcaciones.

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    1. Cuando la posibilidad se hace realidad

      En el plano político-democrático, la IA abrió una puerta que facilita la manipulación de la opinión pública, la distorsión de la realidad, la pérdida de credibilidad en la sociedad, en los medios de información, en los gobiernos e incluso en el propio Estado. “Tres claras manifestaciones de las transformaciones inducidas por esta colonización son: a) la modificación del comportamiento electoral de los ciudadanos; b) el distanciamiento de lo público que provoca en los usuarios; c) el fomento de la polarización política” (Estévez Araujo, 2022, p. 24).

      Uno de los mecanismos a través de los cuales la IA se relaciona con el sistema democrático es por medio de la customización política. La personalización de buscadores y redes sociales mediante los algoritmos le presenta al elector una única realidad a través de un proceso que la acota según los gustos e intereses, propios y de sus cercanos, para tener una sesgada visión de su entorno.

      Aunque por lo general se desconoce o suele obviar el funcionamiento de estas tecnologías, por ejemplo, cuando se realiza una búsqueda en Google, desde 2009, los resultados son distintos según los perfiles elaborados en base a las preferencias de los usuarios, todo expresado en los términos y condiciones aceptados a causa de una escasa comprensión de terminología legal e informática, por el escaso tiempo a disposición para analizar tales contratos y, fundamentalmente, debido a la necesidad de no sentirse fuera del sistema.

      Esto permite vislumbrar que mediante la información para el elector se puede dirigir el voto, lo cual avanza un paso más allá de las encuestas, significa conocer tan en profundidad al votante que se puede predecir su respuesta electoral y descartarlo como audiencia a convencer. Se trata de categorizar por criterios que exceden la edad o el sexo, el propósito es estratificar a la ciudadanía por razones de pensamiento político. Incluso enfrenta la propia consideración democrática de la sociedad en donde la cualidad secreta de la elección asegura la libertad de decisión (Castellanos Claramunt, 2019).

      Tal fue el caso de Cambridge Analytica, una compañía privada de origen británico que utilizaba la minería y análisis de datos con la comunicación estratégica para el proceso electoral, sus acciones más reconocidas fueron la campaña presidencial de Donald Trump y la salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit). El escandaloso caso vio la luz cuando un ex empleado expuso que se realizaban prácticas para influir en las elecciones de los votantes. Entre ellas, para estudiar sus comportamientos, se generó una aplicación de Facebook que recopila información de los usuarios y sus contactos.

      A través de Amazon Mechanical Turk, una plataforma de la compañía para reclutar

      trabajadores bajo demanda, se consiguió que se descargaran la aplicación 270.000 ciudadanos. Y mediante sus datos y contactos se llegó a estudiar los datos de 87 millones de personas (…) Se analizaron sus gustos, preferencias y comportamientos de ciudadanos que

      se vendieron a Strategic Communication Laboratories, germen de Cambridge Analytica. Su uso posterior fue el de generar modelos de potenciales votantes y usar sus temores para conseguir votos con mensajes publicitarios personalizados lanzados sobre todo en Facebook, que jugó un papel indispensable en todo el proceso debido a su potente sistema publicitario, que permite enviar mensajes de forma muy segmentada, lo cual combinado con los modelos de votantes, propició que se convirtiera en un canal publicitario incontrolable. (Castellanos Claramunt, 2019, p. 12)

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  3. Estados: consolidación hegemónica y capacidad de acción

    El impacto tecnológico al que le dedicamos varias páginas en este artículo, es también capaz de instalar un nuevo paradigma geopolítico al entender a la Big Data¹⁶ como el petróleo del siglo XXI. Kai-Fu Lee (2017), informático y fundador de la firma de capital de riesgo Sinovation Ventures, en un artículo para “The New York Times” afirma que:

    En cuanto al mercado de consumo de Internet, siete empresas estadounidenses o chinas (Google, Facebook, Microsoft, Amazon, Baidu, Alibaba y Tencent) están haciendo un uso extensivo de la IA y expandiendo sus operaciones a otros países, esencialmente poseyendo esos mercados de IA (p. 4)

    Siva Vaidhyanathan (2011) autor del libro “The Googlization of Everything (and why we should worry)”¹⁷ acuñaelconceptodelimperialismoestructuralparadescribirelpoderdelascorporaciones en esta industria. Sobre este término Girardi (2018) interpreta que para Vaidhyanathan “no es tan importante lo que fluye a través de las redes sino cómo fluye, cuántos ingresos generan esos flujos y quién los usa y reutiliza” (p. 12).

    Esta incipiente pero global dinámica geopolítica, a la que alude el imperialismo estructural, refleja y potencia las desigualdades expuestas en el sistema político trasnacional. Ante la posibilidad de presentar resistencia Enzo Girardi (2018), docente de la maestría en estudios latinoamericanos de la Universidad Nacional de San Martín, cita como caso testigo a China: “Su gobierno, por un lado, impone condiciones a los gigantes del sector tecnológico en orden a sus propios intereses políticos y, por otro, está impulsando a sus propias corporaciones para competir con las empresas estadounidenses y europeas” (p. 12). Empero, el autor también destaca que la capacidad de la República Popular China es difícil de imitar dado que ha logrado convertirse en una potencia global emergente con suficiente densidad poblacional y capacidad económica como para defender su soberanía.

    Otra complejidad de orden político se manifiesta en el campo militar, cuyo potencial armamentístico aumenta ante la aplicación de sistemas con IA capaces de facilitar la detección de patrones sospechosos e inclusive de crear drones y/o robots de uso militar y reducir el servicio de soldados humanos, pero también puede planificar estratégicamente los cursos de acción, cuyo peligro incrementa ante la posibilidad de hackeo.



    ¹⁶ Big Data es un término que se refiere a una gran cantidad de datos e información que precisa de herramientas informáticas

    no tradicionales para procesar y analizar de forma adecuada los datos masivos.

    ¹⁷ En Español “La googlización de todo (y por qué deberíamos preocuparnos)”.

    Es por ello que los gobiernos no se encuentran ajenos a la utilización de estos dispositivos. En un acto inaugural del año escolar ruso frente a jóvenes estudiantes Vladimir Putin declaró que quien lidere la carrera por la inteligencia artificial gobernará el mundo (Gigova, 2017) y evidentemente el resto de los Estados no discrepan sobre este punto de vista:

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    Estados Unidos cuenta con estrategias como AI Next, de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, y la Ley de Iniciativa Nacional de IA de 2020, que llevó a crear el Grupo de Trabajo Nacional de Recursos de Investigación de IA. Algunas empresas colaboran con Gobiernos, como HP con la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense. Por su parte, China ha desarrollado la estrategia Made in China 2025 para su industria tecnológica y el plan para liderar en IA en 2030; mientras que la Unión Europea impulsa proyectos específicos (…) En la guerra actual, Ucrania la está usando para almacenar datos por si sus ministerios son destruidos y para detectar al enemigo con ayuda de los ciudadanos, mientras que Rusia lo hace para difundir desinformación. (Acebes, 2023, párr. 4, 5)

    Otro ejemplo claro de la aplicación de la IA por parte de los gobiernos se encuentra en la comúnmente denominadaLeyPatriotadeEstadosUnidos,sancionadadurantelapresidenciadeG.W.Bush.Estalegislación, amparada en las tragedias del atentado a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001, autorizaba a las agencias de seguridad estadounidenses a invadir la privacidad de los ciudadanos norteamericanos en aras decombatirelterrorismo. Bajoelmismopretexto, enelgobiernode Barack Obama, la Agenciade Seguridad Nacional Estadounidense aplicó un programa que consistía en la recolección masiva de datos de grandes compañías de Internet denominado PRISM, sobre el cual el primer mandatario pronunció que “no se puede tener un 100% de seguridad y un 100% de privacidad” (Caño, 2013).

    Respecto a la disparidad en la capacidad o margen de acción de los distintos territorios, se podría hablar de una especie de colonización algorítmica puesto que se traza nuevamente una dinámica de transferencia de riqueza de Sur a Norte. Enzo Girardi (2018) señala que el sector tecnológico presiona para imponer sus intereses en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y derrumbar las barreras político-administrativas, lo cual resultaría en la imposibilidad de los países con menos recursos económicos para aplicar sus estrategias tecnológicas con soberanía.

    Lo expuesto hasta aquí nos lleva a plantear el siguiente interrogante ¿Estamos frente a un nuevo

    desarrollo o estadio de la teoría de la dependencia¹⁸?

    Algunas de las prerrogativas que los países centrales plantean en la OMC en materia de comercio electrónico son: la prohibición de tarifas aduaneras a los productos digitales; el fin de las restricciones a los flujos transfronterizos de datos; la eliminación de la obligación de almacenar datos en servidores locales. Además, impulsan la prohibición de regulaciones que obliguen a las empresas a transferir tecnología, procesos de producción u otra información que afecte la propiedad de los desarrollos; así como la remoción de la obligación de utilizar

    tecnología local. (Girardi, 2018, p. 14)


    ¹⁸ La Teoría de la Dependencia recurre a la dualidad metrópoli-satélite para exponer que la economía mundial posee un diseño desigual y perjudicial para los países no desarrollados, a los que se les ha asignado un rol de subordinación a través de la producción de materias primas con bajo valor agregado, en tanto que las decisiones fundamentales provienen de los países centrales, a los que se ha asignado la producción industrial de alto valor agregado. La existencia de relaciones desiguales de poder y dependencia, no sólo económica sino también política y cultural, posibilita el desarrollo de algunos países a causa del subdesarrollo de otros.

    Es inevitable, por lo tanto, enfatizar en el rol del Estado como fuerza activa en el desarrollo de la tecnología pero cuyos diversos intereses lo sitúan en un ámbito diferenciado lejos de la neutralidad. Inserto en un contexto de crecimiento masivo, el sistema político no puede quedarse atrás y abandonar el ritmo de avance ante los constantes y dinámicos cambios, por lo que debe resolver con agilidad su accionar planificador, intervencionista, regulador, etc.

  4. Constitución subjetiva del sujeto: itinerario de aproximaciones

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    El objetivo de este último apartado es abstraernos del escenario concreto para aventurarnos a indagar en los efectos que la IA causa en la constitución de los seres humanos del siglo XXI para luego, desde ese lugar, evaluar las posibilidades democráticas de este nuevo panorama.

    La presente realidad, enmarcada en lo que gran parte de la comunidad científica ha denominado como posmodernidad¹⁹, ha sido rebautizada por numerosos intelectuales e influyentes. Capitalismo tardío (Jürgen Habermas), modernidad líquida (Zygmunt Bauman), sociedad de riesgo (Ulrich Beck), cultura del descarte (Papa Francisco), son algunos de los conceptos que, a pesar de sus matices particulares, tienen como finalidad sistematizar una descripción abarcativa de la actual coyuntura.

    Otra de las concepciones que sigue la misma línea y que ha cobrado gran popularidad en los últimos años es la del capitalismo de la vigilancia de Shoshana Zuboff.

    Son varias las definiciones que la autora ofrece, dentro de las cuales sus notas más destacables hacen referencia a una modificación conductual; grandes concentraciones de riqueza, conocimiento y poder; una certeza absoluta; el derrocamiento de la soberanía del pueblo; entre otras. Pero la fundamental para ser considerada como punto de partida de su análisis es aquella que lo distingue como un “nuevo orden económico que reclama para sí la experiencia humana como materia prima gratuita y aprovechable para una serie de prácticas comerciales ocultas de extracción, predicción y ventas” (Zuboff, 2020, p. 9).

    Enotrostérminos,elcapitalismodelavigilanciaesentendidocomounanuevaetapadelcapitalismo que encuentra su razón de ser en la modificación de la conducta, reverberando en la noción de la naturaleza humana e imitando el capitalismo industrial y su espíritu de cambio de paradigma de la concepción antropológica del siglo XX. Tal es el impacto que los medios de producción dependen de lo que la socióloga estadounidense denomina como medios de modificación conductual, cuyo propósito es aprehender el comportamiento humano para darle forma y orientarlo hacia fines específicos (Zuboff, 2020).

    Otro aporte de fundamental importancia es aquel brindado por Byung-Chul Han (2021) quien en su obra “No-cosas: quiebras del mundo de hoy” expone una analogía donde plataformas como Facebook y Google son los nuevos señores feudales para los cuales los humanos labramos sus tierras cual servidumbre y producimos datos valiosos de los que ellos obtienen provecho. Sin embargo, nos hacen sentir libres cuando en realidad somos explotados, vigilados y castigados en términos foucaultianos.


    ¹⁹ La posmodernidad es el período histórico que inicia a fines del siglo XX y que alcanza hasta la actualidad, lo que complejiza su definición. Aun así se caracteriza por su oposición al racionalismo, la primacía de la forma por sobre el contenido, la imprevisibilidad, el individualismo y la falta de compromiso social.

    Aunque vale advertir que no es un sistema que niega la libertad, sino que la explota y mercantiliza.

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    Traer a colación a Michel Foucault (2003) es un deber que no puede eludir ninguna persona con interés en investigar las dinámicas del poder. Uno de sus legados se constituye por su investigación acerca de una sociedad disciplinaria, donde la vigilancia está presente pero no es continua ni constante. Este análisis es el que abre el camino hacia la comprensión de una sociedad de control donde los dispositivos de poder operan en red a modo de penetrar en todas las instituciones y los cuerpos, produciendo la realidad, la verdad, y los sujetos funcionales al capitalismo: aptos para producir pero especialmente dispuestos a consumir.

    El pensador francés desarrolla un concepto de tecnología partiendo del análisis de prácticas y discursos de exclusión, sanción, vigilancia, diferenciación, homogeneización, que constituyen al sujeto. Al conjunto de éstos, diferentes para cada momento histórico, es a lo que llama tecnología, que engloba los procedimientos de orden práctico que conforman, normalizan y encauzan el pensar y actuar de los sujetos. “Las tecnologías son por tanto poder” (Santiago Muñoz, 2017, p. 319).

    Es evidente que existe una relación histórica de la tecnología con el capitalismo y la democracia. Al respecto fundamenta Zuboff (2020) que “la tecnología no es –ni jamás podrá ser– una cosa en sí misma, aislada de la economía y de la sociedad. Esto significa que la inevitabilidad tecnológica no existe. Las tecnologías son siempre medios económicos, no unos fines en sí” (p. 26).

    Tal es así que la sociedad de control implica la era de la biopolítica, concepto luego actualizado o renombrado por Byung-Chul Han como “psicopolítica” pero que en esencia es similar al planteo de Foucault, entendida como la forma de ejercer poder que se ha vuelto biología en la medida que rige y domina al cuerpo social y al cuerpo individual. Debido a ella, el capitalismo no requiere de aparatos externos para el control, pues el sujeto se controla a sí mismo.

    En la actualidad, nos encontramos acorralados por procesos de automatización cuya área de aplicación se refiere a todo campo conductual donde se instala un modelamiento de nuestros comportamientos. No sólo se automatiza nuestra información sino que se nos automatiza en nuestra totalidad como ser-ahora.

    El ya citado filósofo surcoreano acude a uno de los representantes del idealismo alemán para explicar cómo el hombre transfiere sus capacidades a las cosas para hacerlas funcionar por él:

    La herramienta no tiene aún en sí misma la actividad. Es cosa inerte (…) Sigo teniendo que

    trabajar yo con ella. Yo he tenido la astucia de introducirla entre mí y la coseidad externa para preservarme (…) y dejar que ella se desgaste (…) pero sigo sacándome callos; (…) la actividad propia del impulso no ha pasado aún a la cosa. (p. 13)

    La herramienta era una cosa inerte porque no actuaba por sí sola. Era.

    1. Sujetos ¿a qué?

      Si los hombres y mujeres somos arquitectos de una construcción social y cultural, ¿cómo ésta nos construye? ¿Qué impacto tiene en la conformación de subjetividades? ¿Cómo el sujeto, portador de su propia subjetividad, se manifiesta?

      La búsqueda genealógica del sujeto ha sido tema recurrente de reflexión en varios ámbitos de las ciencias sociales, principalmente en la filosofía. No obstante, no es nuestro interés ahondar en tan extenso campo de conocimiento, más bien encontrar en él los fundamentos necesarios para

      explicar qué sucede con el hombre de la posmodernidad con el fin de trasladarlo a nuestro ámbito

      para deliberar sobre sus posibles y concretas implicancias políticas.

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      Como parte de un brevísimo racconto histórico, es fundamental destacar la irrupción del racionalismo de René Descartes (1977) en la vida occidental, momento donde el sujeto capitalista queda definido por su subjetividad. Es a partir del cogito ergo sum que se le otorga fundamento a todo lo existente, pues es el punto de partida de todo razonamiento. Aproximadamente un siglo después, Immanuel Kant (2007) arriba a la conclusión de que la realidad es aquello que el sujeto construye a partir de sí. El mundo que el sujeto conoce es el mundo que el sujeto construye. Más próximos a la actualidad, en el siglo XX, Sigmund Freud (2016) plantea la existencia de tres grandes heridas al narcisismo del sujeto²⁰ producto del avance científico. La que nos interesa mencionar es la tercera, de índole psicológica y originada en su descubrimiento del inconsciente donde demuestra que a pesar de las anteriores lesiones el hombre se creía dueño de sí mismo, hasta la llegada de sus hallazgos que afirmaron que muchos de los procesos mentales son inconscientes y escapan del propio control racional. El hombre que sabía que ya no es ni el señor de los cosmos, ni el señor de los seres vivos, descubre que no es ni siquiera el señor de su psiquis.

      El filósofo argentino José Pablo Feinmann en su programa de televisión “Filosofía aquí y ahora” le otorga lugar al aporte de Martin Heidegger, para quien hay un enorme sistema que nos piensa, que piensa por nosotros, a lo que llama “vivir en estado de interpretado”. Feinmann (2010) enseña que es a partir del cuestionamiento sobre por qué el hombre ha olvidado al ser de lo trascendente que Heidegger categoriza al ser auténtico y al inauténtico, con el fin de fundamentar que lo hace para consagrarse al dominio de los entes, de las cosas.

      A diferencia de sus antecesores, el autor alemán no parte de una separación ni distancia entre el sujeto y el objeto. Primero distingue entre el ente (seiend) que significa todo aquello que es, y el ser (sein) que es lo que determina al ente en cuanto tal. Pero ni el ente es un ser ni el ser es un mero ente, aunque el ser no se manifieste nunca fuera de los entes, es decir, todo ente presupone al ser que acapara la importancia filosófica y existencial. Por ello sostiene que el ser sólo es abordable si se parte del ser humano, único ente que se pregunta por el ser (Feinmann, 2010).

      Por un lado, el dasein es el ser-ahí, el ser en el mundo, eyectado a todas sus posibilidades. Es un ente especial, pues en su propia esencia reside el preocuparse por su propio ser. De este modo Heidegger sustenta su método epistemológico dado que no hay una oposición entre sujeto y objeto, no existe un elemento aislado que tiene por delante cosas independientes de su utilización, sino que la realidad presenta una íntima unidad de ambos aspectos (Feinmann, 2010).


      ²⁰ La primera es de índole cosmológica y se refiere al descubrimiento de Nicolás Copérnico que desmitifica el geocentrismo defensor de que la Tierra, ergo el hombre, se ubica en el centro del universo. De esta manera la insignificancia de la humanidad se constituye en la primera gran humillación. La segunda es biológica y radica en el evolucionismo de Charles Darwin que prueba que el hombre no es fruto directo de la voluntad de Dios, sino producto de un largo proceso de evolución cuyo eslabón anterior está compuesto por primates. La afirmación “el hombre desciende del mono” sentencia la unión del supuesto abismo entre los animales y el ser humano.

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      De todas formas, llega un momento en el que el dasein entiende que no se ha creado a sí mismo ni al mundo que lo rodea, sino que está arrojado en él, sin fundamentos. Además, comprende que si se equivoca en sus posibilidades puede dejar de ser, dejar de existir. En el momento en que trata de evitar la angustia y el malestar es cuando el dasein deja de vivir propiamente y se deja llevar por los imperativos del das man. Desea unirse a ese uno anónimo para ser uno más y no pensar por sí mismo. Al das man lo sustenta lo que se dice, lo que se opina, lo que se hace, lo que se piensa. Es un das inauténtico, determinado externamente, que vive en el modo de la pasividad y que está inmerso en el mundo de lo anónimo (Feinmann, 2010).

      Y sometido al uno, el ser-ahí pierde su ser, no en el sentido de que se lo arrebaten, sino que ya no es suyo, pues renuncia a plantearse sus propias posibilidades, a comprender e ir más allá de sí, y acepta como posible lo que el uno dice que es posible, entregado así a las habladurías, a la avidez de novedades que le impide detenerse, a la ambigüedad o creencia de que se entiende todo cuando en realidad no se entiende nada (Lozano, 2004).

      Ahora bien, ¿quién dijo lo que se dice? Ese uno anónimo está constituido para que el dasein no tenga conciencia de sí mismo, y quienes lo constituyen son los poderosos otros. El poder del señorío de los otros logra que los sujetos sean sujetados. Esta época ha caído en el olvido del ser, y el manto mediático redujo al sujeto a perseguidor de objetos independientes y ajenos a la finalidad del saber.

      Retomando a Michel Foucault (2002) el saber es lo que un grupo de personas comparte y decide que eso es verdad, por ende, ésta está ligado al sistema de poder que lo produce y lo sostiene. La verdad es la que distingue e impone, a través de la normalización, lo que se debe entender como correcto e incorrecto para que los individuos cumplan su función dentro del cuerpo social. Tener poder es crear el sentido común, a través del cual se transmiten los intereses.

      En cuanto al ejercicio del poder, cuando piensa en su mecánica, lo hace en términos de su forma capilar de existir, el proceso por medio del cual el poder traspasa la piel de los individuos, invadiendo sus gestos, actitudes, discursos, experiencias, su vida cotidiana, sus subjetividades que no reposan en el inconsciente como un abstracto, sino que conforman una predisposición que se expresa dentro de una organización social y se manifiesta como conducta y praxis. El poder en Foucault, no es tan sólo instancia represora o negativa, de hecho el poder produce realidad. El individuo y el conocimiento que de él se puede obtener corresponden a esta producción (Foucault, 2003).

      En esta posmodernidad, la alienación no es, como se percibió en un principio, desde el sistema hacia uno mismo, sino de uno mismo hacia un otro semejante. En esta sociedad de consumo, lo consumido ya no son sólo bienes y servicios, sino a las personas como productos. En la cosificación entre pares se refleja cómo el sistema prolifera y sobrevive.

      Ya no se trata sólo de la regulación del sistema como una invasión a la privacidad, sino de una reproducción a través de un mecanismo de colonización sobre cuerpos y mentes. Es la enajenación sobre uno mismo con absoluta inconsciencia sobre su lugar como protagonistas del acto en sí, hasta reproducir los parámetros de lo deseado de modo automático.

      Lo que en el presente se redefine constantemente es la concepción del ser humano por el ser humano. Existe la probabilidad de que en un futuro no muy lejano los seres humanos no sean considerados como quienes detentan una facultad de juicio exclusiva, y se los suplante por una nueva

      instancia de verdad que se estima superior. Ya no es el ser humano quien ejerce su poder de acción con la ayuda de su espíritu, de sus sentidos y de su propio saber, sino una fuerza externa interpretativa y decisional: la IA.

    2. ¿Hay lugar para la toma de decisión?

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      La configuración del escenario o realidad descrita incide en la dinámica y patrones de la distribución del poder pero ¿la modifica? Centrando el análisis en lo que nos compete, las nuevas tecnologías, puntualmente la incidencia de la IA, se presenta como una herramienta ¿de emancipaciónode opresión? Por un lado, estos dispositivos perjudican elementos centrales de nuestro sistema político pero por otro, son imprescindibles, son parte de la nueva normalidad. Actualmente es inconcebible un debate entre candidatos o personalidades políticas alejado de X (ex Twitter), tampoco se puede pensar en una inauguración de obra pública o acto de campaña sin las fotos para postear en las redes sociales y es imposible imaginar una opinión pública que no esté condicionada por lo que presenta la “caja boba”, etc. Como crítica a lo momentáneamente esbozado se podría interpretar que del mismo modo en que la invención de las calculadoras no terminó con la matemática, la implementación de la IA no significaría un proceso disruptivo para ámbito alguno de la esfera humana. Incluso a lo largo de la historia moderna fueron varios los casos de tecnologías que arribaron al área estatal como en su momento lo hicieron las armas nucleares, las computadoras, la aviación, la biotecnología, etc., las que

      repercutieron tanto en el interés nacional como en la política exterior.

      De igual forma se podría decir que todas las tecnologías han limitado y potenciado simultáneamente la capacidad humana de decidir. Entonces, ¿realmente nos encontramos frente a algo innovador y revolucionario?, o ¿estamos en una etapa que, al igual que otras, es parte del progreso moderno esperado?

      Si bien el poder hegemónico siempre encontró la manera de construir sentidos como lo hizo el nazismo a través de la propaganda concebida por Joseph Goebbels o el combate al comunismo por medio del macartismo²¹ (ambos modelos instalaron la paranoia para justificar la represión), la característica de los actuales instrumentos es la orientación invisible en la decisión democrática en base al conocimiento individualizado que cuestiona la estabilidad de los cimientos democráticos y socava las bases de la libre elección.

      Como expone Innerarity (2020) la democracia no es traducción inmediata de lo que se piensa individualmente sino que cuenta con elementos de cambio, queda sujeta al dinamismo y transformación del carácter social, a la pluralidad de visiones y a la discusión abierta sobre las posibles decisiones. La consecuencia de delegar la potestad de decisión sería la deshumanización de la política, lo cual es un contrasentido en sus términos, ya que no podemos encomendar a un “otro” artificial nuestra condición de personas.

      La democracia bajo la lógica de representantes y representados cede ante la democracia de espectadores, pues la unificación del pensamiento implica la destrucción de la pluralidad y la práctica discursiva. Se abre paso al problema de la ininteligibilidad de qué decide quién decide.


      ²¹ El término macartismo se emplea al momento de referirse a acusaciones de deslealtad, comunismo, subversión o traición en

      las que no se lleva a cabo un proceso legal justo donde se tengan en consideración los derechos del acusado.

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      Nuevamente habrá lectores cuyo espíritu escéptico se verá motivado a desechar dicha interpretación por redundar de pesimismo. Pese a ello, estas reflexiones no parten de una mera suposición o creencia. La historia reciente ha demostrado que muchas innovaciones se desarrollaron en detrimento de la democracia, por más que en su inicio aparentaba lo contrario. Tal fue el caso de la primavera árabe, donde las revueltas locales fomentadas, o al menos organizadas, mediante las redes sociales del momento, formaron una alianza para representar un movimiento histórico que iniciara la instalación y futura consolidación del régimen democrático. Una vez más, luego de una década, es posible afirmar que la humanidad pecó de inocente.

      Por más que la pantalla homogenice y constituya el monopolio de la realidad, dado que todo aquello que no se expone no existe, no termina por democratizar. Más allá de la ilusión, al igual que en el plano material, en la virtualidad gobierna el imperialismo estructural representado por el algoritmo en manos del mejor postor que adquiere la posibilidad de conocernos mejor y es tal su aprecio que nos domestica y se hace dueño.

  5. Epílogo reflexivo y abierto

Lejos del mero impacto poético que la escritura pueda causar, consideramos que ni la tecnología, ni la IA, son inherentemente perjudiciales, sino que resultan en consecuencias negativas y peligrosas bajo las actuales lógicas socioeconómicas donde los imperativos económicos que reniegan de los derechos a la autonomía, a la libertad, a la privacidad, terminan por sabotear las posibilidades de pleno desarrollo insertas en el vigente sistema democrático.

Aunque estas tecnologías aún son muy recientes para permitir conocer el impacto exacto sobre la organización política, algunas consecuencias ya pueden ser observadas. Lo que no puede ser puesto en tela de juicio es que nos encontramos más dentro que frente a una revolución tecnológica donde las democracias dependen de formas de comunicación e información que el conjunto de la sociedad no controla ni comprende plenamente.

Antes de colocar el punto final consideramos importante aclarar que el interés por intentar realizar un humilde aporte a este campo de investigación surgió del deseo de tres jóvenes cuya motivación no se encuentra en otro lugar que no sea devoción profunda por su Patria y el anhelo de no retroceder, ni mucho menos olvidar, lo consolidado en cuatro décadas en materia democrática.

Ensíntesis,loquealolargodelpresenteartículosehaprocuradorepresentareslanecesidadderecalcar que la sociedad, en su totalidad, del siglo XXI deberá ser tecno-crítica para sobrevivir, reconociendo los límites yexpectativas que la IA presenta, y obrando en consecuencia para evitar su propia erosión.

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Año 1. Número 1.

REVISTA DE CIENCIA POLÍTICA • UNSJ

ISSN 3008-7376