La regulación del hábitat rural en Córdoba

Una lectura crítica del Plan de Sustitución de la Vivienda Rancho

The regulation of rural habitat in Córdoba

A critical review of the Replacement Housing Farm Program

María Inés Sesma | ORCID: orcid.org/0000-0003-2076-3956

ine.sesma@gmail.com

CONICET

Argentina

 

Virginia Martinez Coenda | ORCID: orcid.org/0000-0003-0978-6364

mumymartinez@gmail.com

CONICET

Argentina

 

Recibido: 05/06/2019

Aceptado: 27/08/2019

Resumen

Este artículo propone realizar una lectura crí­tica acerca de una política pública habitacio­nal promovida por el Gobierno de la provincia de Córdoba, denominada Plan de Sustitución de Viviendas Precarias y Erradicación del Mal de Cha­gas (usualmente llamado Plan de Erradicación de Viviendas Rancho), el cual forma parte del Pro­grama de Desarrollo del Noroeste Cordobés (PDNC). A partir de observar ciertos desfasajes entre la interpretación de la problemática habitacional por parte del gobierno y de las familias rurales destinatarias del Plan, nos surge la inquietud de analizar este instrumento. A partir de ello, nos proponemos indagar específicamente sobre las definiciones acerca de hábitat rural que, a su vez, delinean determinadas formas de gestión del territorio. Para abordar este análisis partimos desde dos perspectivas teóricas: la teoría decolo­nial y el análisis discursivo desde la mirada de Michel Foucault, que nos dan las claves para analizar el corpus regulatorio del PDNC.

 

 

Palabras clave: Hábitat rural, Políticas públicas, Discurso, desarrollo

Abstract

This article proposes a critical review of a housing public policy promoted by the Government of the Province of Córdoba, called Precarious Housing Substitution Program and Eradication of Chagas Disease (usually called Farm Housing Eradication Program), which is part of the Development Program of the Northwest Cordovan (PDNC, by its initials in Spanish). From observing certain mismatches between the interpretation of the housing problem by the government and by the rural families that are the beneficiaries of the Program, we have the concern to analyze this instrument. From this, we propose to investigate specifically on the definitions of rural habitat that, in turn, delineate certain forms of territorial management. To approach this analysis, we based in two theoretical perspectives: the decolonial theory and the discursive analysis from the point of view of Michel Foucault, which give us the keys to analyze the regulatory corpus of the PDNC.

 

 

 

Key words: Rural habitat, Public policy, Discourses, Development.

Introducción

El Programa de Desarrollo del Noroeste Cordobés (PDNC) tiene por objetivo promover el desarrollo socioproductivo de la región norte y oeste de la pro­vincia de Córdoba, mediante estrategias de interven­ción que transformen la realidad local, gene­rando así mejoras en las condiciones de vida de sus pobladores (Informe de gestión, 2018:3). En el marco de estas acciones se encuentra el Plan de Sus­titución de Vi­viendas Precarias y Erradicación del Mal de Chagas (PSVPEMC). Mediante el análisis de algunos do­cu­mentos, nos proponemos indagar acerca de las definiciones de hábitat rural (las explícitas y las subyacentes) puestas en juego en estos instrumentos.

El motivo de encarar esta lectura crítica se ancla en la observación de cierta resistencia por parte de algunos/as beneficiarios/as de di­cho programa a efectivamente reemplazar su vivienda original por la nueva, resistencia que se materializa a través de la efectiva no demoli­ción de las viviendas originales o bien en su re­construcción después de ser demolidas1. Fue la advertencia de esta situación lo que nos puso frente a la pregunta por el modo en que el gobierno provincial está comprendiendo la problemática habitacional de la región y frente a la sospecha de que tal comprensión no está considerando la vivencia de esa problemática por parte de quienes habitan en el campo cordobés.

Hipotetizamos que las explicaciones de tal desfasaje respecto a la consideración (o no) de la demolición de las viviendas originales como eje de la política sanitario-habitacional, se enraízan en el desacople entre los intereses del gobierno con sus lógicas de construcción de poder y los intereses y modos de vida de las familias rurales destinatarias del PDNC. Indagar sobre la naturaleza y sobre el grado de rigidez de las (pre)definiciones presentes en el instrumento re­gulatorio nos va a permitir reconocer los már­genes de maniobra existentes para que el mismo sea apropiado y resignificado por parte de la población destinataria.

Para el abordaje de la lectura crítica de los ins­trumentos regulatorios bajo análisis, nos servi­remos de dos perspectivas teóricas. Por un lado, la perspectiva decolonial, que nos permitirá develar la historia colonial que entrañan ideas como la de desarrollo y progreso, centrales en el planteo del PDNC. Por otro lado, la perspectiva teórica de Michel Foucault que nos dará claves para ana­lizar los discursos como acontecimientos sin­gulares mediante los cuales se configura la rea­lidad, identificando en el PDNC, cuáles son los focos de poder que construyen los discursos y mediante qué mecanismos ocurre esto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Plan de Desarrollo del Noroeste cordobés. Chancaní, Provincia de Córdoba. 2016.

Fuente: Vanoli, Fernando,

 

 

Metodológicamente, recopilamos y organizamos el corpus regulatorio del PDNC, conformado por documentos públicos fragmentarios y dispersos (como leyes, reglamentos, prensa y publicaciones en sitios web oficiales del gobierno provincial). En este sentido, es fundamental expli­citar que no existe disponibilidad pública de las bases y fundamentos del PDNC como así tampoco del PSVPEMC, lo cual atenta no sólo contra la posi­bilidad de realizar un análisis apropiado de la propuesta de gobierno sino que, aún más grave, contra la transparencia y comunicación de los eventos públicos que exige el ejercicio de la democracia.

De allí que seleccionamos para analizar en este trabajo la documentación que hallamos más relevante:

 

• La Ley provincial N° 9601 que declara la emergencia habitacional-sanitaria en la provincia de Córdoba.
• Los informes de gestión del PDNC pertene­cientes a los años 2015 y 2018, donde se incluye una recopilación de comunicaciones de prensa oficiales a partir de las cuales se iban relatando los avances y resultados parciales del programa.
• El testimonio de una de las anteriores fun­cionarias provinciales encargada de ejecutar el PSVPEMC, plasmado en una ponencia pre­sentada en un congreso de Trabajo Social.
• El testimonio de dos actuales funcionarios provinciales encargados de ejecutar el PSVPEMC, plasmado en entrevistas que realizamos a los fines de este trabajo.
• El testimonio de dos militantes de organiza­ciones campesinas de Córdoba, plasmado en entrevistas que realizamos a los fines de este trabajo.
• El testimonio de una adjudicataria del PSVPEMC, cuya vivienda de adobe fue sus­tituida por una de materiales industriales.
• El testimonio de un adjudicatario del PSVPEMC, cuya vivienda de adobe no fue sustituida por la construcción de la de materiales industriales en su mismo terreno.

 

Vale aclarar que los resultados de este análi­sis representan un avance parcial de una inves­tigación mayor que incluye el análisis de la representación de la vivienda-rancho en los me­dios de comunicación, como así también el trabajo junto a algunas comunidades rurales de Córdoba para el efectivo mejoramiento de sus condiciones habitacionales y productivas y el análisis de los discursos y prácticas de esas personas respecto al modo en que experiencian el hábitat rural2. La propuesta del Grupo Interdisciplinar de Estudios sobre el Hábitat (GIEH)3, al cual pertenecemos y con quienes estamos realizando tal investigación, es triangular los resultados de los diferentes análisis para llegar a una comprensión integral de la problemática y colaborar tanto en la redefinición del instrumento regulatorio como en las iniciativas de producción de hábitat que las comunidades con las que trabajamos están generando.

 

La configuración de la noción de hábitat rural en Córdoba

Herramientas teórico-conceptuales

 

Para abordar el análisis de la documentación seleccionada, tomaremos las elaboraciones con­ceptuales propuestas por Michel Foucault en torno al discurso. Esta perspectiva teórica entien­de al discurso como una experiencia histórica sin­gular que puede ser analizada desde los campos de saber a los que refiere, los tipos de normatividad que regulan sus prácticas y las formas de subjetividad que se asocian a estos discursos (Restrepo, 2004:74). En este sentido, los aportes teóricos de Foucault, nos servirán a modo de caja de herramientas para comprender de qué manera es configurada la noción de hábitat rural.

La invitación que hace Foucault para llevar a cabo un análisis discursivo, es abordar a las no­ciones (en este caso la de hábitat rural) como formaciones discursivas. Llevar a cabo un aná­lisis de las formaciones discursivas implica, en primera medida, diferenciarla de los análisis lingüísticos del discurso. Mientras que la lengua es un orden de infinitas oraciones que siguen ciertas reglas de formación, el discurso es un conjunto de enunciados producidos de acuerdo a determinadas condiciones de existencia y de transformación. De manera que, hacer un análisis de una formación discursiva implica atender a los enunciados que la describen, la explican, la juzgan, la disputan, etc. Al tiempo que implica advertir que estos enunciados hacen referencia a objetos, conceptos, posiciones de sujetos que no son uniformes, sino que se encuentran dispersos.

En este sentido la pregunta que debe guiar el análisis es qué tipos de objetos, enunciados, posiciones del sujeto y estrategias han sido construidos en torno al hábitat rural, tomado como formación discursiva. Es, entonces, llevar a cabo una descripción de los eventos discursivos en sus condiciones de existencia y transformación (Restrepo, 2004:78). Para ello, es necesario aten­der a los enunciados inscriptos en textos, insti­tuciones y prácticas; lo que Foucault denomina análisis arqueológico y genealógico.

Arturo Escobar toma la propuesta teórica de Foucault para abordar el concepto de desarrollo desde una perspectiva posestructuralista4 y a partir de ese análisis logra establecer un puente entre el análisis discursivo foucaultiano y la perspectiva decolonial5. A través de su análisis, Es­cobar ubica al desarrollo como mutación especí­fi­ca de la Modernidad (Escobar, 2007), gestado luego de la Segunda Guerra Mundial ante una Europa devastada y Estados Unidos consolidándose como potencia mundial. Ese contexto histórico sentó las bases que posibilitaron el surgimiento y la vertiginosa expansión del proyecto del desa­rrollo mediante el cual el sueño americano de paz y abundancia podría replicarse al resto del planeta (Escobar, 2007:19).

De la mano del desarrollo, tomado como experiencia histórica singular, se configuraron objetos, posiciones subjetivas, conceptos y estra­tegias; se crearon toda una serie de enunciados que orbitaron a su alrededor (tales como pobre­za, tercer mundo, subdesarrollo, progreso, moder­nización, primer mundo) creándose un sistema de categorías y relaciones que transformaron el tejido económico, social y cultural de los pueblos del mundo.

Para que estos enunciados pudieran replicarse como una verdad absoluta y natural, se crearon instituciones internacionales que funcionaron como focos de poder propagadores del discurso del desarrollo. De esta manera, rápidamente este concepto caló hondo en las sociedades de los llamados países del “tercer mundo”. A partir de allí, todos los intentos fueron dedicados a hacer entrar a esas sociedades en los cánones del desa­rrollo, en nombre de lo cual se invisibilizaron y desestimaron harta cantidad de características propias de cada sociedad, pueblo y cultura, con el aval de las elites locales presentes en ellas.

Bajo el gran paraguas del desarrollo, muchos conceptos se construyeron tomando como mo­delo las características que atendían a este pro­yecto, tales como progreso, modernidad, avance, prosperidad, etc. El hábitat fue uno de estos con­ceptos que, definido en gran parte por los lineamientos dictados por organizaciones tales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Inter­nacional y la Organización de las Naciones Unidas, rápidamente se configuró en afinidad con estas definiciones. En ese marco, el hábitat urbano tomó una fuerte preponderancia en detrimento del hábitat rural. Una vez más, el hábitat urbano se estableció como el modelo aspiracional sobre el cual avanzar y el hábitat rural como aquello que había que erradicar. En consonancia con esto, se definieron las políticas públicas del hábitat desde la década del 60 hasta nuestros días.

En América Latina, dos casos fueron para­digmáticos. Por un lado, en Brasil, Orlando Fals Borda fue contratado en 1958 por la División de Hábitat y Construcciones Rurales de la Asociación Brasilera de Crédito y Asistencia Rural para pre­parar un informe sobre las condiciones actuales de la vivienda rural en el Brasil orientado a establecer las bases para una política nacional de hábitat rural. En dicho informe6, es observable la manera en la que los presupuestos acerca de lo que implica ser un “país desarrollado” delinean los alcances del análisis del autor a lo largo de todo el texto. Por otro lado, en Uruguay, el Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural (MEVIR), fue creado en 1967 bajo una perspectiva similar7.

En Argentina, en 1961 se creó el Programa Nacional del Chagas. En noviembre de 1972, el Pro­grama de Control incorporó un total de 19 estados provinciales endémicos (Zaidemberg et al., 2004) -entre los cuales estaba la provincia de Córdoba- con una estrategia que incluía la desinfección mediante procedimientos químicos de las vivien­das rurales. No obstante eso, el Plan de Sustitución de Viviendas Precarias y Erradicación del Mal de Chagas sólo se institucionaliza como política pública en Córdoba en el año 2009.

 

Sujetos y objetos del hábitat rural:

análisis del Plan de Sustitución de Viviendas Precarias y Erradicación del Mal de Chagas

 

Tal como mencionamos con anterioridad, el Plan de Sustitución de Viviendas Precarias y Erradicación de Mal de Chagas (PSVPEMC) forma parte de un aparato mayor llamado Programa de Desarrollo del Norte y Oeste Cordobés (PDNC), que tiene por objetivo promover el desarrollo socioproductivo de la región norte y oeste de la provincia de Córdoba interviniendo en un territorio de 50 mil kilómetros cuadrados, que congrega 135 parajes de 10 departamentos del noroeste provincial, donde habitan más de 230 mil habitantes. El programa abarca un amplio espectro de dimensiones del territorio, como servicios de agua y luz, caminos, viviendas, salud, educación, empleo, turismo y cultura.

En el marco del PDNC, el PSVPEMC está dirigi­do específicamente a resolver la problemática del Mal de Chagas, asociada a la vivienda rural. De manera resumida, el PSVPEMC (que se desprende de la Ley provincial N°9601 que declara la emer­gencia sanitaria-habitacional en la provincia en el año 2009) plantea que, para erradicar el Mal de Chagas -que afecta principalmente a quienes habitan en zonas rurales-, es preciso sustituir las viviendas de adobe con techo de jarilla, donde anidaría la vinchuca que es el principal vector de transmisión del Chagas8.

Sin embargo, este planteo lineal de causa-consecuencia entre la vivienda de adobe y el Mal de Chagas no se condice con lo observado en el trabajo de campo por dos principales motivos. En primer lugar, porque el material de construcción per se no es factor endémico9; en segundo lugar, de acuerdo a los relatos de algunos habitantes campesinos de las zonas donde se implementa en PSVPEMC, el Mal de Chagas es una enfermedad que actualmente no afecta (y por ende no problematiza) a la población rural de la zona.

Para organizar el análisis de ambos instrumen­tos -el PDNC y el PSVPEMC- proponemos dos ejes de análisis: la configuración de los sujetos y la configuración de los objetos, subyacentes en la noción de hábitat rural.

Sujetos del hábitat rural: los “campesinos atrasados”

 

 

 

 

Foto 2. Productor rural.

La Patria, Provincia de Córdoba. 2016.

Fuente: Vanoli, Fernando,

 

 

El Programa de Desarrollo del Noroeste Cordobés (PDNC) encuentra en la noción de desarrollo su eje estructurador, lo cual es advertible desde el mismo título del programa. Tal como plantea­mos, el concepto de desarrollo -al menos desde su aparición protagónica en la escena mundial desde mediados del siglo XX- condensa una serie de definiciones que convenientemente se han im­puesto desde los centros de poder como cuestio­nes naturales, universales e inevitables (Esco­bar, 2007, Mignolo, 2003). El progreso aparece, en esa trama, como el mandato necesario para alcanzar ese estado de desarrollo.

Para que tal operación sea posible, el proyecto del desarrollo impulsado por Estados Unidos pre­cisó, con la complicidad de los Estados-nación y del conocimiento científico, marcar una línea abismal (Sousa Santos, 2010) que divide aquello que es preciso dejar, superar o sacrificar de aquello que es necesario y válido para progresar. Así, se estableció lo que Sousa Santos (2006) denominó como monoculturas, delineando las formas que asume ese deber ser del progreso en diferentes ámbitos: la del saber y del rigor (que postula que el único saber riguroso es el saber científico), la del tiempo lineal (que postula que la historia tiene un sentido único, una única dirección y que los países desarrollados constituyen modelos a seguir), la de la naturalización de las diferencias (que postula, bajo el nombre de las diferencias, la naturalidad de las desigualdades que operan en ellas), la de la escala dominante (que postula al universalismo como escala deseable, presentando a lo particular y lo local como irrelevante) y la del productivismo capitalista (que postula a la productividad y a la maximización de lucro como los únicos criterios económicos válidos).

Leyendo los documentos tanto del PDNC como del PSVPEMC a la luz del esquema analítico pro­puesto por Sousa Santos, es advertible que la ruralidad se presenta de un lado de esa línea abis­mal: el no desarrollado. En una de las notas de la prensa oficial que relataba la participación del entonces gobernador de la provincia, José Manuel de la Sota, en una festividad de la comunidad indígeno-campesina Toco Toco llamada La Alga­rro­beada, se expresaba que el encuentro produ­cido en tal evento entre funcionarios/as guberna­mentales e integrantes de la comunidad Toco Toco representaba la posibilidad de encontrar en el presente el valor del pasado (Informe de gestión, 2015:67). En los términos de esta lógica, dice Sousa Santos, la modernidad occidental ha producido la no contemporaneidad de lo contemporáneo (2010:22), es decir, postula como pasado -para el caso, la comunidad Toco Toco- aquello que es irremediablemente presente.

Siguiendo con el razonamiento del autor, ese aparente pasado extemporáneo que parece es­tor­bar en el presente, es significado como el atra­so, asumiendo así la forma de lo residual, de aquello que ya no es más preciso ni deseable (Sousa Santos, 2010:23). Esa residualidad va a ma­nifestarse, por un lado, en el ámbito del cono­cimiento, abriendo paso a definiciones como la ignorancia de la gente del campo (comunicación personal con un funcionario del PSVPEMC, mayo de 2019) o la falta de calificación de los recur­sos humanos existentes (Informe de gestión, 2015:7). Por otro lado, la idea de residualidad va a aparecer también en el ámbito de la producción, habilitando diagnósticos como la actual explota­ción deficiente de los recursos naturales en el Noroes­te cordobés o la falta de atractivos e infraes­truc­tura que alienten el desarrollo de una oferta competitiva (Informe de gestión, 2015:11-12). Desde esta com­prensión, los conocimientos de esos grupos so­ciales “atrasados” junto a sus prácticas económi­cas son invisibilizadas y descalificadas.

La composición de un diagnóstico del Noroeste cordobés articulado en torno a las nociones de lo atrasado, lo ignorante y lo improductivo, prefigu­ra un modo de intervención en el terri­torio y una línea de acción clara expresada en el PDNC de la siguiente manera: difundir y promo­ver cono­cimientos científicos y técnicos destinados a la creación de valor en el territorio para que los empren­dimientos rurales puedan insertarse ade­cuadamente en el mercado productivo potencian­do su crecimiento (Informe de gestión, 2015:82). Esta manera de “insertar” a ciertos sec­tores o gru­pos sociales al mercado, con el apoyo del conoci­miento científico y técnico, es propia de lo que se viene denominando en los últimos años, y espe­cialmen­te en los comienzos de este siglo en América Latina, como políticas de desa­rrollo inclusivo.

Ahora bien, proponer una inclusión de los em­prendimientos rurales supone asumir que los mismos no están ya incluidos en el merca­do. En ese punto, Aníbal Quijano ofrece un con­trapunto que permite otra lectura: las expe­riencias económicas no estrictamente capitalis­tas, como las campesinas, se superponen y se interrelacionan con experiencias de otra natu­raleza, ya sea mercantil o estatal. Y esa coexis­tencia, es preciso aclararlo, es desigual y con­flictiva:

 

no hay duda de que el privado-capitalista es ampliamente dominante en el conjunto del país y en el conjunto de la población urbana de la barriada y entre las capas po­bres de esa población. Inclusive, su lógica no solo convive, sino que penetra y sin duda modula la que proviene de la solidaridad y de la democracia. (Quijano, 1988:179)

 

En esa misma línea, Magalí Paz (2016) pro­blematiza simultáneamente la idea de exclusión-atraso postulando que

 

la actual existencia de sectores productivos herederos de antiguos modos de producción -grupos campesinos, cazadores recolectores, agricultores de roza, pastores y pescadores- no constituye un anacronismo histórico, sino por el contrario, una manifestación de la particular dinámica que adquiere la acu­mulación capitalista en la periferia (p. 12).

 

Desde este tipo de interpretaciones, las econo­mías campesinas no están excluidas del proyecto del desarrollo, sino que ocupan un lugar y fun­ción particular -y subordinada- en el mismo.

A la luz de estas perspectivas, ¿de qué manera se configura la alianza entre la idea de desarrollo y la de inclusión? José Romero Losacco, quien ha­ce una genealogía de la idea de inclusión social desde una perspectiva decolonial, plantea que atravesar la frontera que separa el adentro del (aparente) afuera tiene un costo, precisa de un esfuer­zo: quien ingresa debe sacrificar ciertos rasgos de su ser, desprenderse de algo (de las tradiciones), para ser-como, parecerse, al que habita la condi­ción de inclusión, es decir, norma­li­zarse. Esta mo­delización es lo que Félix Guattari llamó produc­ción de subjetividad capitalística, proponien­do la imagen de una gran fábrica que produce indi­viduos normalizados, articulados unos con otros según sistemas jerárquicos, sistemas de valo­res, sistemas de sumisión (Guattari y Rolnik, 2006).

Lo perverso del planteo es que ese parecerse al incluido es un mandato irrealizable que oculta la relación de desigualdad: que la igualdad sig­ni­fique que todas/os seamos iguales a la mino­ría ya incluida, ocluye que esa minoría no es solo portadora de derechos sino que, sobre todo, de privilegios. La naturaleza de los privilegios es, precisamente, la imposibilidad de su uni­ver­salización. Por lo tanto, esa igualdad es inal­canzable. Así, el costo de abandonar los rasgos propios y las tradiciones para ser incluida/o muestra su verdadera cara: es un mandato que no tiene el propósito de incluir (en el sentido de hacer parte a un sector de un espacio que le fue históricamente negado ampliando derechos) sino de despojar a esos sectores de sus herramientas de lucha, en definitiva, de despolitizarlos. De esta manera, incluir es, a la vez, producir activamente una desposesión, una despolitización, imponer el sacrificio de lo político (Martínez Coenda, 2019). Lo que estos esfuerzos despolitizantes dejan en evidencia es, entonces, el potencial des­tituyente que esos sectores tienen, su fuerza po­lí­tica. De esta forma, lo excluido es leído como una amenaza, en tanto representan presencias ocultas, veladas u opacas de formas o proyectos alternativos civi­lizatorios y culturales (Prada Alcoreza, 2010:55).

Cuando el exgobernador de la provincia, José Manuel de la Sota, expresa que la Patria tiene un gran deuda con los pueblos originarios afirmando que todos esperan y merecen una reivindicación y que ésta debe ser desde las grandes cosas, como el reconocimiento al derecho sobre la tierra, hasta las pequeñas cosas como el respeto y la confianza (Informe de gestión, 2015:66), parece sugerir una voluntad inclusiva dispuesta a transformar las condiciones estructurales que dan lugar a los pri­vilegios de pocos. No obstante, tal declaración pierde sostén y credibilidad cuando el docu­mento del PDNC dice expresamente que si bien se identificaron carencias en a nivel de factores estruc­turales, [...] no se incluirán en este proyecto activida­des u acciones vinculadas con estos componentes “duros” (Informe de gestión, 2015:13) y cuando los datos de la realidad no constatan la existencia de tal reivindicación con los pueblos originarios habitantes del noroeste cordobés10.

Esa lectura por parte del gobierno provincial respecto a las comunidades rurales que pretende regular que las ubica como lo atrasado, lo igno­rante, lo improductivo, prefigura las bases de la estrategia metodológica a emplear11. Dicha estra­tegia va a articularse, en los instrumentos anali­zados, sobre la idea de la participación, desde el reconocimiento de que para que la pro­puesta sea efectivamente apropiada por la comu­nidad debe res­petar sus valores culturales (comunicación personal con un funcionario del PSVPEMC, mayo de 2019).

Atendiendo a la inercia universalizante -y por ende homogeneizante- de la lógica estatal, la pre­tensión del gobierno provincial de incorporar las particularidades territorializadas de las co­mu­nidades habitantes del noroeste cordobés va a arrojar como resultado una propuesta me­todo­lógica que combina “necesidades básicas” con itinerarios particularizados acorde a las carac­terísticas históricas, culturales, sociales y económicas y a las expectativas y proyectos de vida de cada fa­milia y de la comunidad en general (Informe de gestión, 2018:11).

Ahora bien, ¿qué maneras específicas va a asu­mir esa participación? Como primer punto sobre el cual detenerse, aparece la idea de una parti­cipación por parte de la población rural que va a ser restringida a ciertos elementos (saberes, prác­ticas, experiencias) y sobre determinados temas:

 

Así se fueron detectando las necesidades bá­sicas tales como el acceso al agua, la dis­tribución de agua para riego y la vivienda. Respecto a estos conceptos, las intervencio­nes tuvieron un enfoque tradicional de arri­ba hacia abajo donde la decisión de rea­lizar las acciones necesarias fue tomada desde las áreas centrales de gobierno. En estos casos concretos, la metodología tradicional se jus­tifica ya que existen ciertas infraestructuras básicas que son necesarias e indispensables para el desarrollo de cualquier territorio, más aún cuando se encontraron pobladores que no las planteaban como necesidad por haber naturalizado la realidad en la que vi­ven. También creemos válido realizar inter­venciones de arriba hacia abajo cuando se requiere ser eficaz y eficiente en la resolución de actividades que permitan sentar las bases mínimas requeridas para el desarrollo. Es ne­cesario aclarar que estas intervenciones se llevaron adelante de manera “participativa” con los pobladores locales, teniendo como objetivo desarrollar el sentido de pertenencia en las personas sobre las obras (Informe de gestión, 2015:221-222, el resaltado es nuestro).

 

En el párrafo transcripto se advierte el siguien­te razonamiento: hay ciertas cuestiones básicas para cualquier tipo de desarrollo (para el caso agua y vivienda) y cuando tales cuestiones no se reconocen como necesidad, está operando un fenómeno de naturalización de tal estado de carencia. Lo que nos interesa subrayar es que, ante la sospecha por parte del gobierno provin­cial de que se está produciendo ese tipo de na­turalización de la desigualdad, lo que resuelve es asumirla como cierta, sin considerar la opción de que efectivamente esa comunidad no perciba esa “infraestructura” como básica e indispensable para cualquier territorio. Esa interpretación de la incapacidad de las comunidades rurales12 de definir y significar sus propias necesidades, ha­bilita un lugar de tutelaje por parte del gobierno provincial para “corregir” dicha incapacidad e instalar lo que considera como un modo correcto de producir y habitar en dicho territorio. Ese tutelaje, vale resaltar, va a estar avalado y susten­tado por el conocimiento científico, socialmente validado y jerarquizado, acercando nuevas herra­mientas y una mirada más técnica y científica res­pecto a su actual manera de producir (Informe de gestión, 2015:96).

Ante situaciones similares, otras opciones son posibles. La propuesta de la pedagogía de la liberación de Paulo Freire (2014), sólo por men­cionar un ejemplo, presenta distintas estrategias pedagógicas para hacer emerger la conciencia crítica del educando y desnaturalizar la situación de opresión, construyendo así alternativas que no supongan combatir una violencia (la opresión) con otra violencia (el tutelaje).

La asociación participación-tutelaje es, según Rahnema, un invento de la modernidad. El autor plantea que, para la acepción moderna de la participación, una persona debe ser parte de un proyecto predefinido, más específicamente de un pro­yecto económico, a fin de calificar como participante (1996:199). Participar se reduce, así, a ser parte del proyecto económico de la modernidad. Dice el autor que es en este sentido que uno debe entender a Daniel Lerner y otros, cuando consideran que las sociedades tradicionales no son participativas (1996:199). Es decir que, desde este tipo de acepcio­nes, la participación sólo es considerada como legítima cuando conduce al desarrollo.

De manera resumida, entonces, el PDNC pro­pone una metodología participativa e integral territorializada, pero esa participación va a estar condicionada por una comprensión infantilizada de la población rural que va a dar como resultado un híbrido de participación y tutelaje. Las comillas en la palabra participación en la cita textual precedente parece estar trasluciendo dicha tensión.

 

 

Objetos del hábitat rural: el rancho insalubre

 

 

 

 

Foto 3. Vivienda rural. Yosoro,

Provincia de Córdoba. 2019.

Fuente: Autoras.

 

 

Tal como planteamos anteriormente, el PSVPEMC surge en el marco de la Ley Provincial N°9601 que declara la emergencia habitacional-sanitaria, poniendo el foco en viviendas rurales y periurbanas que por sus características de cons­trucción favorezcan el anidamiento y proliferación de la vinchuca (Ley Provincial N° 9601 Art. N°1). Esto muestra que, desde sus inicios, el programa fue diseñado asociando a la vivienda rural como foco de infección del Mal de Chagas y a su erradi­cación como única solución para combatir la en­fermedad. Sin desconocer la problemática real que trae aparejada la enfermedad del Chagas y su posible abordaje a través del diseño de políticas públicas habitacionales, la simplificación de la relación erradicación de viviendas/cura del Cha­gas, junto al carácter tan absoluto de la idea mis­ma de erradicación nos abrieron una serie de in­quie­tudes que creemos importante indagar.

En primer lugar, los destinatarios del progra­ma son familias en situación habitacional de riesgo de contagio de mal de Chagas Mazza a raíz de las características de la construcción de la vivienda (Páez et al., 2011:4). Esta relación directa y unívoca entre el material de la vivienda y el riesgo de contagio planteada en este documento oficial deja en evidencia la voluntad de verdad que des­de el Gobierno se quiere imponer a través de sus discursos. En relación a esto, Foucault (1970) apunta que las prácticas discursivas toman cuer­po en un conjunto de técnicas, de institucio­nes, de tipos de transmisión y difusión, que a la vez las imponen y reproducen.

De allí que, para que esta idea sea configurada discursivamente como “verdad”, debe estar liga­da circularmente a los sistemas de poder que la pro­ducen y la mantienen, y a los efectos de poder que induce y que la acompañan (Foucault, 1979: 189). En ese sentido, los discursos en torno a la erradicación de las viviendas rancho proferidos por el gobier­no provincial (como sistema de poder), son consi­derados como una estrategia fundamental de con­figuración y reproducción de prácticas sociales. A través de estos discursos, la vivienda rancho se presenta como una forma de habitar que debe ser erradicada, hecho que instituye en la realidad un saber que es tomado como verdadero. Es por ello que consideramos que la verdad está centrada en la forma del discurso y en las instituciones que lo producen (Foucault, 1979:187).

Como contrapunto, al preguntarle a algunos/as habitantes locales de las comunidades con las que estamos trabajando sobre su vivencia del Mal de Chagas y sobre la relación de éste con la vivienda de adobe (nombrada como rancho por los docu­mentos gubernamentales oficiales), relatan que el Chagas era algo de antes, de la generación de mi madre y que la vinchuca no está solo en la vivienda, puede estar en cualquier lado escondida, en el corral de las cabras, en el gallinero (comunicación per­sonal con una adjudicataria del PSVPEMC, mayo de 2019). En relación a esto, advertimos que los espacios donde realizan las actividades pro­ductivas, como el corral o el gallinero, no son erradicados sino fumigados cada 3 años más o menos (comunicación personal con una adjudicataria del PSVPEMC, mayo de 2019), a pesar de que, en la mayoría de los casos, estos espacios están construidos con los mismos materiales que la vivienda.

Esta contraposición entre el planteo del pro­blema presente en el PSVPEMC y la forma en que las comunidades rurales experiencian esa problemática sugieren la existencia de matrices de pensamiento y de conceptualización distintas y, al mismo tiempo, dejan ver cómo las matrices hegemónicas de pensamiento (la idea del Mal de Chagas asociado a la vivienda de adobe) logran imponerse a través de los discursos, hecho que habilita la legitimación de ciertas prácticas. Esto encuentra fundamento nuevamente en que los discursos presentes en una sociedad, en determi­nado momento histórico, funcionan como regí­menes de verdad (Foucault, 1970) en la medida en que son discursos que la sociedad acoge y hace funcionar como verdaderos. Esto es posible ya que son impuestos a través de determinados me­canismos que configuran maneras de sancionar de una u otra forma, utilizando técnicas y pro­cedimientos para la obtención de esa verdad, y apelando al estatuto de aquellos encargados de decir qué es lo que funciona como verdadero.

 

Foto 4. Vivienda sustitutiva otorgada por el gobierno provincial en el marco del PSVPEMC.

Yosoro, Provincia de Córdoba. 2019.

Fuente: Autoras.

 

 

En relación a los materiales y al diseño utiliza­do para la construcción de las viviendas, el PSVPEMC plantea que se procura respetar las prácticas culturales de la región:

 

Las viviendas sustitutivas tienen un diseño conforme a las necesidades de la región, in­cluyendo cocina-comedor, un baño, entre uno y cuatro dormitorios (acorde al grupo fa­miliar), una galería y un lavatorio externo. Los techos de chapa tienen una capa aislan­te de telgopor y cielo raso que permite pro­teger a los habitantes de las bajas y altas tempe­raturas. Así también, la galería techada vie­ne a respetar las tradiciones culturales de la región ya que la mayoría de los ranchos en los que habitaban tenían galería o cuentan espacios al aire libre bajo árboles donde las personas pasan la mayor parte de su día (Páez et al., 2011:6)

 

Además, en algunos casos, las viviendas se entregan con equipamiento que permita a la fa­milia tener condiciones de comodidad, organización de los espacios y facilitando la higiene y el correcto uso de los mismos (Páez et al., 2011:7). Sin embargo, observamos que en estas características de dise­ño de la vivienda no se contemplan las activi­dades de índole productivas: solamente se reco­nocen como espacios productivos aquellos del peridomicilio (donde se crían los animales por ejemplo), sin tener en consideración que en muchos casos las actividades laborales/produc­tivas de los habitantes de la región se llevan a cabo en el interior de la vivienda (Hocsman, 2003), como la producción de dulces o de comida.

En este sentido, si bien desde el Gobierno se llevan acciones tendientes a mejorar la calidad y el estilo de vida de los habitantes, las caracterís­ticas de estas acciones están en directa relación con una lógica urbana de lo que significa la comodidad, el confort y de la importancia que se les asigna a determinadas prácticas de higiene, desatendiendo en el mismo momento a las lógi­cas propias de la ruralidad tanto del ámbito do­méstico como productivo. Este modo de llevar a cabo estas intervenciones, está en relación con la lógica del desarrollo, la cual nunca fue concebida como un proyecto cultural sino más bien como un enfoque de arriba hacia abajo, como un sistema de intervenciones técnicas aplicables más o menos universalmente con el objeto de llevar algunos bienes “indispensables” a una población “objetivo” (Escobar, 2007:86)

Por último, en relación a la demolición de la vi­vienda, que es uno de los pasos obligatorios en el procedimiento que impone el PSVPEMC, el plan dice:

 

desde el programa está prevista la contrata­ción de una pala a través de una empresa que se encarga de demoler y recoger los escombros. Muchos beneficiarios deciden realizar esta demolición manualmente, de modo que pueden recuperar materiales para reutilizarlos en la adecuación de la nueva vivienda, siempre y cuando se utili­cen materiales durables. Esta alternativa permite dar el tiempo que las personas ne­cesitan para trabajar su historia en el ran­cho y a través de la recuperación de los ma­teriales, resignificar los objetos y los nuevos espacios en los cuales construyen su hábitat (Páez et al., 2011:12)

 

Al demolerse la vivienda de adobe, se erradican con ella historias de vida, saberes. Sin embargo, esta acción se lleva a cabo y se muestra como un “avance”, una “inclusión” a la modernidad de la mampostería que implica el sacrificio de todo aquello con potencial destituyente que habita en los modos de vida que materializa, refuerza y en los que se inserta la vivienda de adobe. Lo que se juega por detrás es la legitimidad de la vivienda de mampostería en tanto legitimación de un mo­do de vida específico, moderno, desarrollado. El régimen de verdad (Foucault, 1970) opera repre­sentando el rancho como lo indigno, lo precario, lo endémico o lo atrasado y en oposición a la casa construida con mampostería como lo digno, lo salubre o lo moderno.

Conclusiones

Luego de una aproximación crítica al Plan de Sustitución de Viviendas Precarias y Erradicación de Mal de Chagas, y habiéndolo abordado como instrumento que nos permite indagar las definiciones (especialmente las subyacentes) en torno al hábitat13 -que a su vez determinan las formas de gestión del territorio por parte del gobierno de la provincia de Córdoba- podemos arribar a algunas conclusiones preliminares. Pro­ponemos organizar dichas conclusiones a partir de la propuesta de Foucault que planteamos con anterioridad, según la cual abordar al hábitat rural como formación discursiva implica advertir que los enunciados (en este caso que orbitan alrededor del hábitat rural) hacen referencia a objetos, conceptos y posiciones de sujetos.

La construcción del hábitat rural en tanto con­cepto, está determinada por los campos de saber que a él refieren. Dentro de estos campos de saber, podemos distinguir dos tipos antagónicos: de un lado los saberes autorizados, del otro lado los saberes sometidos (Restrepo, 2004). En tanto que los saberes autorizados son aquellos discursos legitimados por la academia y por la ciencia y replicados por las instituciones hege­mónicas, los saberes sometidos son el resultado de tecnologías políticas y prácticas sociales margi­nadas en sus modalidades o contenidos, por los sa­beres autorizados y eruditos de las disciplinas aca­démicas y sus expertos (Restrepo, 2004:83). En el caso analizado, estos dos tipos de saberes están presentes y profundamente diferenciados. Por un lado, los saberes autorizados promueven un dis­curso fuertemente sanitarista que sienta las bases para justificar la idea que tras la erradica­ción de las viviendas rancho, se va a resolver el problema del Chagas. Del otro lado, los saberes sometidos, al ser marginados justamente a través de la ejecución de estos instrumentos, quedan in­visibilizados y deslegitimados bajo el mote de la ignorancia.

De este modo, la producción de saberes auto­rizados configura al sujeto del hábitat rural an­clado a lo atrasado, lo ignorante y lo improduc­tivo, convirtiéndolo de esa forma en un sujeto necesitado de asistencia, ya que de otra manera quedaría sumido en la ignorancia. A su vez, son estos mismos saberes autorizados los que plantean que el camino para solucionar estos problemas es la ejecución de este tipo de instru­mentos. Observamos que la constitución de este escenario está relacionada con el concepto de de­sarrollo, que funciona como eje estructurador de estas prácticas. En ese marco, el hábitat urbano tomó una fuerte preponderancia en detrimento del hábitat rural. Una vez más, el hábitat urba­no se estableció configuró como el modelo aspi­racional sobre el cual avanzar, y el hábitat rural como aquello que había que erradicar.

En relación a la configuración del rancho en cuanto objeto discursivo, podemos observar que desde que se puso en marcha el PSVPEMC, el gobierno de la provincia ha transmitido y difun­dido a través de sus prácticas discursivas, un régimen de verdad (Foucault, 1970) en torno a la vivienda rural, representada en la figura del ran­cho. En sintonía con lo planteado por Foucault, se observa que la producción del discurso por parte del gobierno provincial se encuentra controlada, seleccionada y redistribuida por un cierto número de procedimientos (1970:5). Dentro de los variados mecanismos de control utilizados por el gobierno en relación al hábitat, la oposición casa/rancho llama especial atención por su reiterada utiliza­ción. De esta forma, el régimen de verdad opera representando al rancho como lo indigno, lo pre­cario, lo endémico o lo atrasado y, en oposición, a la casa construida con mampostería como lo digno, lo salubre o lo moderno. Esto trae apare­jado que se produzca una asociación directa de la vivienda rural como foco de infección del Mal de Chagas y a su erradicación como única solución para combatir la enfermedad, es decir una relación directa y unívoca planteada entre el material de la vivienda y el riesgo de contagio.

En relación a la configuración de los sujetos, creemos interesante recoger el aporte de Restrepo, según el cual para abordar desde la perspectiva foucaultiana las formas de subjetividad aso­­ciadas a determinado discurso, es preciso hacer dos preguntas: por un lado, ¿cómo los seres humanos se constituyen a sí mismos en tanto sujetos? y por otro lado ¿cuáles son las formas de subjetividad producidas y mediante qué tecnologías? (2004:94). En relación a la primera, advertimos que la propia constitución en tanto sujetos, está fuertemente atravesada por los ideales de la Mo­dernidad, razón por la cual, adquirir determina­das formas de vida asociadas al desarrollo y al progreso (en este cambiar la casa de adobe por la de mampostería) es considerado como el acerca­miento a un modo de vida digno, decente y “mejor” en relación a lo anterior. Esta autoconstrucción de la subjetividad, se ve refor­zada por la segunda inquietud planteada por Restrepo, según la cual las formas de subjetividad son producidas me­diante determinadas tecnolo­gías. En relación a esto, cabe preguntarse sobre las formas de subje­tividad que produce el PSVPEMC y observar cómo las tecnologías (en este caso habitacionales) del rancho configuran a los sujetos como “atrasados” e “infectados”, en contraposición a la casa (de mampostería) que funciona como un instrumento casi mágico por medio del cual el habitante dejaría de ser “atrasado” e “infectado”. Es decir, aquí la tecnología funciona como una solución per se a través de la cual las personas se convierten en sujetos desarrollados, pero no sin sacrificar ciertos rasgos de su ser, normalizarse, tal como planteó Romero Losacco.

Estas observaciones y reflexiones nos abren nuevos interrogantes sobre los que nos parece importante seguir indagando: bajo este discurso sanitarista, amparado en las ciencias médicas que le confiere legitimidad, ¿no se van solapando prejuicios respecto a la supuesta indignidad de vivir en un rancho?, ¿no se justifica desde allí el deseo de la extensión del “paisaje urbano”, tan propio del discurso de la modernidad, a todos los rincones de la provincia? Sobre estas y otras preguntas seguiremos construyendo esta investigación.

Foto 5. El corral. La Patria, Provincia de Córdoba. 2016. Fuente: Vanoli, Fernando,

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Documentación pública

 

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Informe de gestión. (2018). Programa de Desarrollo del Noroeste cordobés. Secretaría de Equidad y Empleo de la provincia de Córdoba

 

 

Fuentes

 

Conversación personal con un funcionario provincial encargado de ejecutar el PSVPEMC.

Conversación personal con una adjudicataria del PSVPEMC que habita en una localidad rural del norte de la provincia, cuya vivienda de adobe fue sustituida por una de mampostería.