(Des)Gobernar el Cambio Rural

Desmonte y tecnologías de intervención

en una nueva fase de neoliberalismo ofensivo (Argentina, 2015-2019)

(De)Govern Cambio Rural

Dismantling and intervention technologies

in a new phase of offensive neoliberalism (Argentina, 2015-2019)

Ariel Oscar García | ORCID: orcid.org/0000-0002-3007-0355

hemisferiosur@hotmail.com

CEUR-CONICET

Argentina

 

Recibido: 13/06/2019

Aceptado: 10/09/2019

Resumen

En este artículo se presenta como referente em­pírico el programa Cambio Rural como caso testigo para observar posibles procesos de captura del estado, desde una retrospectiva histórica que se observa con foco en el ciclo gubernamental 2015-2019. La investigación se plantea desde un enfoque de triangulación metodológica que recu­rre a fuentes de información primaria y secunda­ria. Como principales resultados, se encuentra que Cambio Rural regresó a imagen de cómo fue concebido (con un significativo sesgo tecnocrá­tico) a partir de un reempadronamiento y la imple­mentación de una aplicación móvil como tecnologías de registro y de control a través de las cuales avalar la reducción de más de dos tercios de los grupos asociados al programa en el lapso considerado.

En definitiva, la gubernamentalidad como for­ma particular de articulación entre relaciones de poder, formas de saber, e instrumentos técni­cos no está disociada de la implementación del Cambio Rural en cada momento particular, en tanto proceso de ensamble de tecnologías de in­tervención que lo componen. Asimismo, el estu­dio de dicha gubernamentalización permite re­flexionar sobre las condiciones para el desmon­te, que pueden incluso apoyarse en la reitera­ción o cambio de un concepto-slogan (de Proyectos Regio­nales con Enfoque Territorial a Plataformas de Inno­vación Territorial).

 

Palabras clave: Cambio Rural, Desmonte, Tecnologías de Intervención, Políticas Agrarias.

Abstract

In this article, the Cambio Rural program is pre­sented as an empirical reference as a witness case to observe possible processes of state capture, from a historical retrospective that is observed with focus on the governmental cycle 2015-2019. The research is based on a methodolo­gical triangulation approach that uses primary and secondary information sources. As main results, it is found that the Cambio Rural return to the image of how it was conceived (with a significant technocratic bias) from a re-coding and the implementation of a mobile application as registration and control technologies through which to endorse the reduction of more than two thirds of the groups associated with the program in the period considered. The govern­mentalization of business practices puts into consideration that the dismantling of the Cambio Rural can be observed in spite of the persistence of harmful rooting even in contexts of consensual neoliberalism. Likewise, the study of this governmentalization allows us to reflect on the conditions for the dismantling, which can even be supported by the repetition or change of a slogan concept (from Regional Projects with Territorial Approach to Territorial Innovation Platforms).

 

 

 

 

Key words: Dismantling, Intervention Technologies, Agricultural Policies.

Introducción

El objetivo del trabajo es analizar los alcan­ces y limitaciones del tercer ciclo de neolibe­ralización (2015-2019) en la política agraria ar­gentina en relación a su desestructuración y reestructuración excluyente. En función del ob­je­tivo, se presenta como referente empírico el programa Cambio Rural. Se trata de un dispositi­vo con tecnologías específicas, con alcances y poblaciones objeto diversas que obedecen a una dinámica temporal asociada a los contextos polí­tico institucionales y socioeconómicos de su dila­tada historia de un cuarto de siglo (1993-2019).

La investigación se plantea desde una retrospec­tiva histórica que se observa con foco en el ciclo gubernamental 2015-2019. Se desarrolla a partir de un enfoque de triangulación metodológica que recurre a fuentes de información primaria -entrevistas semiestructuradas a funcionarios y a técnicos agropecuarios que hayan intervenido en terreno a través del programa- y secundaria -bibliografía académica, documentos públicos, informes oficiales y notas periodísticas-.

La exposición se organiza en cinco apartados. Tras esta introducción, se plantean los antece­dentes teóricos. En el segundo apartado, se iden­tifica los procesos de desestructuración y rees­truc­turación excluyente a la que asisten las polí­ticas agrarias durante el lapso bajo estudio. En el tercero, se describen las transformaciones que atraviesa el programa Cambio Rural a la luz de los procesos antes identificados. Por último, se expo­nen las conclusiones.

Desmontar el gobierno y capturar el Estado

En este apartado se presentan los tópicos con­ceptuales que estructuran la investigación:

 

• gobierno y gubernamentalidad
• desmonte del estado y complejo económico Estado-empresa
• tecnologías de intervención.

 

Desde el enfoque aquí propuesto, se busca su­perar la mera definición enciclopédica que aso­cia al gobierno con el órgano superior del poder ejecutivo de un Estado o de una comunidad po­lí­tica (RAE, 2019). En efecto, gobernar implica tras­cender las formas legítimamente constitui­das de sujeción política y/o económica, incluyen­do modalidades de acción (más o menos considera­das y calculadas) orientadas a actuar sobre las posibilidades de acción de los otros (Foucault, 2001:253-254).

Por lo anterior, el efecto de relacionamiento propio del poder no se hallaría en el campo de la violencia, de la lucha o de la unión voluntaria. A principios de la década de 1970, Foucault en­ten­día que los saberes y la subjetividad eran ele­mentos pasivos (Sepúlveda, 2016:127). Hacia 1978-1979, modifica esta idea a partir de la noción de gubernamentalidad. Es entonces cuando Foucault observa una articulación entre formas de saber, relaciones de poder y procesos de subjetivación. Desde este enfoque, halla un desplazamiento en sus indagaciones sobre el liberalismo y el neo­liberalismo, de un modelo bélico a un modelo gu­bernamental de las relaciones de poder. En este último, la conducta de los otros no solo se intenta determinar -sujeción-, sino dirigir eficazmente a partir de presuponer la capacidad de acción de quienes van a ser gobernados -subjetivación- (Sepúlveda, 2016:127). Según Foucault (citado en Botticelli, 2016:88-89), la gubernamentalidad es el conjunto de instituciones, procedimientos, análi­sis y reflexiones, cálculos y tácticas que permiten ejercer una forma específica de poder sobre la po­blación, una forma de saber -la economía política- y un instrumento técnico esencial -los dispositivos de seguridad-.

Gobernar es estructurar el campo de acción de los otros. El arte de gobernar debe fijar sus reglas y racionalizar sus maneras de actuar, pro­curando transformar el deber ser del Estado en ser. En palabras de Foucault (2007:9),

 

el deber hacer del gobierno tiene que iden­tificarse con el deber ser del Estado. Este último tal como está dado, la ratio guberna­mental, permitirá, de una manera delibera­da, razonada, calculada, hacerlo llegar a su punto máximo de ser. ¿Qué es gobernar? Gobernar, según el principio de la razón de Estado, es actuar de tal modo que el Estado pueda llegar a ser sólido y permanente, pueda llegar a ser rico, pueda llegar a ser fuerte frente a todo lo que amenaza con destruido.

 

Para afianzar y extender los márgenes del estado -en el sentido de Das y Poole (2008)- la razón gubernamental funciona a través del interés. Sin embargo, de acuerdo a Foucault (2007:64) esta debe seguir un equilibrio entre intereses indivi­duales y colectivos, entre la utilidad social y la ganancia económica, entre el equilibrio del mer­cado y el régimen de poder público. Se trata de un juego complejo en el que el gobierno se halla legitimado para intervenir en función de deter­minados procesos que posean cierto interés para los individuos, para un conjunto o para los intere­ses de tal o cual individuo que se enfrentan a los intereses del colectivo social, etc. El gobierno sólo se interesa en los intereses (Foucault, 2007:64).

Los intereses poseen dinámica, mutan. Lo que aquí se denomina desmonte del estado puede comprenderse como una forma particular de es­truc­turar desde el gobierno formalmente insti­tuido el campo de acción de los sujetos sociales. Esta estructuración se observa a través del juego en el que un gobierno puede intervenir modificando los márgenes para priorizar los intereses del complejo económico Estado-empresa. Esta modifi­cación puede efectivizarse en detrimento de los intereses del colectivo social a través de un modelo gubernamental de las relaciones de poder en el que se intenta subjetivar formas excluyentes de intervención estatal. Este campo de acción ad­quiere características específicas en la tercera generación (2015-2019) de reforma del estado de Argentina, iniciada en la última dictadura cívico-militar (1976-1983) y profundizada durante el ré­gimen de convertibilidad (1991-2001). Se trata de una reforma no anunciada aunque practicada en un contexto de adaptación particular y nacio­nalmente circunstanciada del enfoque neoliberal que afectó el funcionamiento de los estados occi­dentales desde la década de 1970.

Precisamente, Ross Schneider y Karcher (2012:20) indagan el funcionamiento de los esta­dos occidentales a partir del análisis de la relación estrecha entre gobiernos y grandes empresas. Consideran a referentes de la temática como Schvarzer (1996) y Castellani (2009), para aludir con al conjunto de corporaciones privadas que extraen cuasi-rentas usufructuando sus vínculos con el estado a partir del concepto complejo econó­mico Estado-empresa. Asimismo, describen la per­sistencia dinámica de este complejo a través de las mudanzas del régimen de acumulación en Argentina desde mediados de la década de 1960.

Diversos estudios abordan la influencia neo­liberal en las políticas estatales para el caso ar­gentino y latinoamericano. En particular, se in­terrogan en torno a la dificultad de consecución de una autonomía estatal obedecería a dos fac­tores. Por un lado, a la sigilosa reconstrucción del proyecto neoliberal en el seno de iniciativas neodesarrollistas (para una definición, consultar Varesi, 2016) a partir del control de los princi­pales instrumentos de política económica tem­po­ralmente situados entre 2002 y 2015, así como por dispositivos simbólico-ideológicos de gobierno que neutralizan cualquier intento de desafiar el régimen de acumulación persistente. Por el otro, a la convivencia de aquel proyecto reformulado con una reedición de las debilidades históricas de dichos intentos -básicamente, desequilibrio en las cuentas externas ante los intentos de re-industrialización- (Fernández, 2016). De esta mane­ra, frente al neoliberalismo “ofensivo” dirigido a alinear la intervención estatal hacia estrategias de desmonte y desposesión (privatizaciones, des­re­gulaciones, tercerizaciones) prevaleciente du­ran­te el decenio de 1990, las experiencias neode­sarrollistas de la década siguiente terminan siendo condicionadas por un neoliberalismo “con­sensual” e inclusivista. Esta dinámica limita los espacios de intervención a procesos de redistri­bución de ingresos sin desafiar el gobierno del régimen de acumulación por parte de agentes económicos que actúan como terminales de redes económicas globales.

Por lo hasta aquí expuesto, la sigilosa recons­trucción del proyecto neoliberal en sus dos formas básicas y complementarias (el control de instrumentos y dispositivos simbólicos ideo­lógicos asociados al requisito de horizontalidad de los mismos) limita (captura en los términos aquí asumidos) los grados de autonomía buro­crática debido a que implica enraizamientos nocivos1 para el despliegue y logro de instru­mentos institucionales que propendan a la indus­trialización vía agregado de valor en origen. Como resultado de esta dinámica, traducida en la restricción de divisas (balanza comercial deficitaria), se generan condiciones para el re­greso del neoliberalismo en su fase ofensiva, en la cual se observan procesos de desposesión de instrumentos estatales (Lavarello, García y Ghibaudi, 2018).

En este esquema pendular, las políticas públi­cas deben responder a los problemas percibidos/construidos por los actores económicos y, a la larga, dependen de éstos para su implementación. No obstante, desde los estudios que iniciaron a una profusa tradición en la temática, puede comprenderse que la implementación es un proceso de ensamble de diversos elementos de un programa que son independientes entre sí. Por esta razón, la persuasión y la negociación son el único modo dirigido a lograr que las partes cooperen proporcionando los elementos del pro­grama que se hallan bajo su control (Bardach, 1977:37).

En esta persuasión y negociación entre las partes resulta relevante el lenguaje conceptual empleado. Gobernar implica disponer de tecno­logías de intervención, a partir de cuyo empleo resulta factible inteligir los posicionamientos de quienes las utilizan así como las implicancias políticas de concebir, problematizar y conceptua­lizar a una población objetivo (Bencivengo, 2017:4).

En dirección a la problemática aquí abordada, la gubernamentalización de las problemáticas agrarias opera a través de tecnologías de inter­vención desplegadas alternativa y simultánea­mente por múltiples organismos estatales. Como se ha señalado arriba, éstos procuran dotar de solidez y permanencia al estado como acto de gobierno. Tal despliegue también se manifiesta en la producción de textos académicos que ade­más de explicitar posicionamientos intentan dotar de herramientas para la acción de gobierno, materializada en diagnósticos, evaluaciones, for­mularios, etc. En estos dispositivos, también resul­tan significativas otras tecnologías producidas a partir de conocimiento no experto, trayectorias profesionales y experiencias de politización en torno a la burocracia estatal (Bencivengo, 2017:4).

En suma, las nociones de gobierno y guberna­mentalización; complejo económico Estado-empresa y desmonte del estado; autonomía, neolibera­lismo en sus fases ofensiva y consensual y enraiza­mientos nocivos; e implementación, producción académica y tecnologías de intervención; permi­ten aportar a un enfoque del estado en el que re­sulte posible examinar el poder políticamente ins­titucionalizado en su capacidad de retener información, negar la observación y definir los tér­minos del conocimiento (Abrams, 2015:24).

Políticas agrarias: desestructuración y reestructuración excluyente

En el devenir argentino, las políticas estatales agrarias deben considerarse en el marco de los ciclos de neoliberalización que comprendieron los lapsos 1976-1983, 1989-2001 y 2015-2019 y de las alianzas de interés que enmarcaron en 2008 el conflicto con las patronales agropecuarias2 (ver Gras y Hernández, 2016).

Durante la última dictadura Cívico-militar co­mienza a observarse un giro en el rol de la tec­nología. Paulatinamente, desde aquel momen­to y progresivamente en los otros dos hitos siguientes (1989-2001 y 2015-2019) se verifica un desplaza­miento de la tecnología como bien público, refe­renciada en normativas estatales, hacia esquemas donde los actores son transnacionales. Este esque­ma implica una tendencia hacia la mercantiliza­ción del conocimiento, en donde dichos actores establecen una alianza con los grupos económicos locales, implicando procesos de subordinación de las instituciones estatales y de los pequeños productores agropecuarios (Gras y Hernández, 2016:124).

En el caso aquí analizado, uno de los ámbitos fundamentales donde una organización de in­te­rés que aquí se considera especialmente -la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA)- ha influido en la política tecnológica, a través de su partici­pación en el Consejo Directivo del INTA. Esta organización suele incidir en la definición de las investigaciones que se financian y la trans­ferencia tecnológica. Específicamente, el origen del programa Cambio Rural posee la impronta de AACREA, en su metodología y estrategia orien­tada a formar redes público-privadas (Gras, 2012; citado en de Anchorena, 2017:70).

En cuanto al lapso abierto en 2008, este resul­ta central para comprender la dinámica de la gestión de la política agraria de 2015-2019, pues­to que se trata de una alianza de intereses que generó las condiciones para un nuevo ciclo de neoliberalización desde diciembre de 2015. En efecto, una vez en el gobierno, este vínculo fue retribuido a partir de una desregulación en dis­tintas escalas: quita o reducción de impuestos a las exportaciones, supresión de cupos y cuotas de exportación, eliminación de control de precios, reducción de impuestos y la desestructuración normativa y burocráticas (detallada en el ítem c del punteo expuesto más adelante).

De acuerdo a Canelo et al. (2018:125), los dos ministros a cargo de la cartera de Agroindustria entre 2015 y 2019 eran los principales represen­tantes de grupos de interés asociados al agrone­gocio: desde diciembre de 2015, Ricardo Buryaile (ex vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas -CRA-) y desde noviembre de 2017, Luis Etchevehere (presidente de la Sociedad Rural Argentina -SRA-). Según de Anchorena (2018, p. 198), el 52% (13 de un total de 25 cargos) del gabinete integrado por la primera gestión ministerial provenía de asociaciones de interés corporativo agroindustriales. La totalidad de los funcionarios poseían experiencia laboral en el sector privado, aunque cerca de la mitad (44%) detentaba una trayectoria privada “pura”.

Asimismo, en el gabinete de Etchevere sobre­sale la proporción de funcionarios que aporta una organización de interés en particular (AACREA) entidad con la cual el anterior ministro poseía una relación compleja, debido a su tra­dicional pro­cedencia político partidaria. Buryaile es dirigente de la Unión Cívica Radical, dipu­tado nacional con experiencia en el aludido conflicto del agro y en el ámbito gremial -CRA-. Estas credenciales prefiguraban su interés por seguir desplegando una carrera política antes que la exclusiva repre­sentación de intereses de la coalición gobernante en la cartera agroindustrial (entrevista personal, 19-02-2019). Entre tanto, Etchevere no pareciera aspirar a una carrera política, aspecto que se evi­denció en el desmonte de herramientas estraté­gicas ligadas a la pequeña producción a través de las cuales se hubiera podido atender parcialmente los efectos sociales de la crisis económica registrada a lo largo del mandato del Presidente Macri3 (Entrevista personal, 1-03-2019).

En lo atinente a la política agraria, el gobierno iniciado en 2015:

 

• Desfinancia, desmonta y descontinúa ini­cia­ti­vas desarrolladas desde la Secretaría de Agri­cultura Familiar, siendo el Programa Cam­bio Rural II una excepción (Entrevista personal, 12/03/2019). Este accionar se mani­fiesta en el declive que puede observarse desde la ges­tión del primer Secretario desig­nado por el Ministro Buryaille, con un perfil téc­nico, con conocimiento y trayectoria en la administración pública que se negó a ejecutar los despidos y recortes que se le exigía realizar, lo cual lo llevó a renunciar en octubre de 2016. Posteriormente, la Secre­taría acentúa su parálisis, pasando a ser conducida por sucesores que impulsaban el emprendedurismo (Entrevista personal, 22/03/2019), sinónimo actualizado del cuenta­propismo. Por último, la gestión de Etchevere se inicia en noviembre de 2017 con la Secre­taría de Agricultura Familiar eliminada por parte de su antecesor en mayo de aquel año mediante el Decreto 302 (República Argen­tina, 2017a). La nueva gestión ministe­rial incrementa el hostigamiento y cesantías4 de contratos dependientes de esta depen­dencia del entonces Ministerio, a partir de la convicción de que los sujetos subalternos deben ser objeto de política asistencialista (Entrevista personal, 19-02-2019) dejando la intervención referida a la producción enfo­cada en los productores capitalizados, sobre todo a aquellos que evidencian mayor dina­mismo productivo y tecnológico.

El desmonte observado para el caso de la Se­cretaría de Agricultura Familiar forma parte de un contexto de desestructuración, del Mi­nisterio de Agroindustria en particular y del Estado Nacional en general. Se trata de un proceso observado en distintos meses de 2016, 2017 y 2018, de forma prácticamente con­tinuada. Usualmente, los cargos políticos fueron cubiertos por representantes empre­sarios o de organizaciones de interés. Asi­mismo, una significativa parte de los mis­mos provienen de la principal usina de ideas del PRO (partido del Presidente Macri), la Fundación Pensar.

• Suprime la Unidad para el Cambio Rural (UCAR) que nucleaba la provisión de infraes­tructura territorial. Se la ha intentando re­em­plazar infructuosamente por el mecanis­mo de la PPP, cuya incidencia efectiva en la inversión pública fue exigua y minimizán­dose al calor de la crisis financiera precipitada por los problemas propios de la gestión eco­nómica gubernamental (BAE, 2019);
• Incide en materia regulatoria en vistas a una reestructuración regresiva. Por un lado, facilita la extranjerización de la tierra y la privatización de propiedades fiscales me­dian­te subastas a través del decreto 820/16 que modificó la Ley 26737/2012, norma que estableció el Régimen de Protección al Do­mi­nio Nacional sobre la Propiedad, Pose­sión o Tenencia de las Tierras Rurales. Asi­mis­mo, esta última definición contradice la creación de un Banco de Tierras que esta­blece la Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una Nueva Ruralidad en Argentina (de An­chorena, 2018:195). Por otro, no reglamen­ta la recién citada Ley. Por último, ha dis­puesto la eliminación del Registro Fis­cal de Operaciones de Granos, del de Tierras Rura­les Explotadas, del Sanitario de Produc­tores Agropecuarios y del de Usuarios de Semillas.
• Interfiere en la autarquía del INTA. El mismo reclama su derecho a tratar sus demandas ante el Ministro y ante el Congreso Nacio­nal. Por caso, en ocasión del debate parla­mentario para el presupuesto nacional 2019, las autoridades del INTA decidieron presen­tarse ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados para solicitar una partida adicional de 400 millones de pesos, que servirían para financiar también pro­yectos y actividades de extensión.5 Cabe con­siderar que esta definición desobedeció la postura ministerial y ha sido fustigada por las autoridades del mismo. Por otro, al suscribir el Gobierno Nacional un acuerdo stand by con el FMI, las principales determinaciones de política económica han sido delegadas a sus representantes, aspecto que complejiza más la intermediación con las autoridades políticas, empeñadas en auditar la eficiencia del gasto (Entrevista personal, 19/02/2019).

 

 

En suma, al observar la definición de estas cuatro medidas, primó:

 

• El ideario de libertad de mercado para la ob­tención de precios alineados a las dinámi­cas internacionales, llegando incluso a for­talecer la perenne solicitud de sostener un tipo de cambio alto para poder licuar los costos de producción en moneda nacional (de Anchorena, 2018:198) y a definir la desre­gulación de la obligatoriedad de liquidar las divisas producidas por la agroexportación.
• El estrechamiento de las posibilidades polí­ticas debido a las restricciones fiscales aso­ciadas al recetario impuesto por el citado acuerdo con el FMI, lo que hace colisionar las autarquías institucionales con la conduc­ción gubernamental.
• El traspaso a la esfera estatal de un relato propio del empresariado agropecuario tra­di­cional que asocia la relevancia de la pro­ducción primaria con el desarrollo nacional. Como se observa seguidamente, el cumpli­miento de estas definiciones resultó factible por el propio origen de los funciona­rios del Ministerio de Agroindustria de la Nación -Secretaría de Gobierno desde septiembre de 2018 (íbidem).

(Des) gobernar el Cambio Rural

El tipo de vínculo entre la implementación de un programa y el organismo y la tecnología que tornan posible su gobierno es relevante para com­prender los procesos de captura y colo­ni­zación del mismo. Por ende, y a efectos de contextualizar, un elemento significativo a consi­de­rar, es que el INTA se creó mediante la Ley 21.680/1956 como un organismo autárquico y descentralizado. Esta constitución implica una autonomía institucio­nal para intentar sortear procesos de captura. El organigrama del Instituto consta de una Pre­sidencia, una Vicepresidencia, un Consejo Direc­tivo y una Dirección Nacional. A su vez, esta se halla compuesta por 15 centros regionales (de las cuales dependen las 53 estaciones experimentales) y 6 centros de investigación6. Originado como un organismo meramente técnico y moldeado por las demandas de la mediana y gran producción de la pampa húmeda, a lo largo de su historia albergó en su seno miradas predominantes ligadas al desarrollo tecnológico para estos sectores. No obs­tante, también resulta posible encontrar pers­pectivas que rescatan y problematizan el rol de los técnicos en la pequeña producción agraria.

Hasta 2015 y aún a pesar de su visibilización en la agenda de gobierno, las perspectivas que pro­blematizan la extensión no lograron preemi­nen­cia en el interior de la institución y compartieron la agenda con una visión “desarrollista” clásica en la institución y otra “liberal”, que asocia al sector moderno del agro con la innovación como objeto de la institución (Entrevista personal, 22/03/2019). Estas dos perspectivas se ligan con el propio origen del INTA, en función de una dualidad básica que se le asignó al organismo en su fundación a partir del influjo estructuralista de la CEPAL. Esta dualidad refiere a la extensión e investigación y refleja un modelo lineal que subyacía al paradigma de Sábato y otros tecnólogos de mediados de siglo XX. Se trataba de un esquema tripartito que incluía gobierno, sistema científico-tecnológico y sector privado cuyo funcionamiento resultaba factible en tanto la inversión de recursos para sostener la producción de conocimiento era conducente con los objetivos de desarrollo autónomo. Desde la década de 1970, la innovación asociada del sector moderno del agro (fundamentalmente, el agro pampeano) debe comprenderse a la par de la concentración y privatización de la I+D, lo cual torna inaplicable el esquema del triangulo tal como fue concebido. Esta dificultad redundó en un replanteo en la práctica de la extensión debido al riesgo de verse reconvertida en el rol de di­fusora pasiva de tecnologías de origen privado y transnacional, lo cual conllevó a una orientación hacia tecnologías sociales, sobre todo en áreas extra-pampeanas (Albornoz, 2015:61-62). Como se observará, la dinámica del Cambio Rural permite apreciar la mencionada dualidad y las tensiones en torno al sujeto de intervención.

El programa Cambio Rural se crea en 1993 en un contexto político económico hegemonizado por los dictados del Consenso de Washington (aper­tura comercial, desregulación, privatización y pre­dominancia de políticas económicas (cam­bia­ria, comercial, impositiva) por encima de las sectoriales en el agro) y por la modernización agrícola, en el que la innovación y el desarrollo tecnológicos resultan crecientemente privatiza­dos. Esto último se plasmó en la masificación de la siembra directa, la sojizacion7 y la difusión de un paquete productivo asociado a tecnología importada.

Bajo el aludido planteo tecnológico, el rol de los técnicos independientes o empleados por em­presas privadas ligadas a la implementación de dicho paquete cobra visibilidad y amplitud en relación a los funcionarios de INTA. No obs­tante, en la pampa húmeda este cuerpo es hete­rogéneo, comprende la investigación y desarro­llo más que la extensión, teniéndose como correlato funcionarios comparativamente menos imbricados en la trama de problemas socioproductivos locales sobre los cuales intervienen en relación a los técnicos de terreno con participación directa y cotidiana en los mismos (Entrevista personal, 22/03/2019). Estas diferencias pueden observarse más allá del enfoque territorial que se plantea como estrategia ins­titucional para la intervención.

Hasta la década de 1990, las agencias expe­rimentales del INTA poseían un rol protagónico en el medio rural y su operatoria poseía un sig­nificativo nivel de imbricación con la producción de la pampa húmeda. No obstante, esta capacidad operativa se encuentra diluida. Esto sucede por al menos dos factores. Por un lado, por la deses­truc­turación estatal ha redundado en una mer­ma de cerca de un tercio de presupuesto y personal del Instituto, vía jubilaciones y retiros vo­lun­tarios. Por otro, de forma tributaria con la cita­da proliferación de la tercerización de la asis­tencia técnica (Entrevista personal, 1/03/2019) se propician condiciones de alta rotación e ines­tabilidad (Gómez Dellamea, 2014:5-7).

Desde su creación, los destinatarios del Cambio Rural son grupos de productores agropecuarios que residen en áreas rurales, sobre todos aque­llos que responden a un perfil capitalizado y con interés en incorporar innovaciones mediante su agrupamiento vía asistencia técnica (Entrevista personal, 1-03-2019). En este esquema, el INTA es responsable por su coordinación operativa y ejecución presupuestaria a través de las agen­cias de extensión, mientras que la cartera de Agroindustria aporta un Coordinador y el pre­su­puesto. Entre ambas instituciones de desarro­llaban actividades de monitoreo, usualmente sol­ventadas por Agroindustria (Entrevistas per­sonales, 19/02 y 1/03/2019).

Explícitamente, los objetivos del programa son:

 

• Asistir al productor mediante técnicos con­tratados. Aquí opera una tercerización de funciones y la constitución de una planta eventual del INTA (Entrevista personal, 22/2/2019)- en la organización y gestión de la empresa, la producción, la transformación y la comercialización, con la finalidad de me­jorar sus ingresos y facilitar su integración a cadenas agroalimentarias;
• Capacitar a los sujetos sociales responsables de impulsar cambios en las PyMES agro­pecuarias.
• Promover la integración de las acciones de los sectores público y privado, facilitando el acceso a mercados y a las vinculaciones comerciales para lograr el fortalecimiento del sector.
• Fortalecer la articulación público-privada para vincular las demandas de los producto­res con los sectores de oferta tecnológica.
• Promover y participar en acciones de desa­rrollo local y regional, contribuyendo a ge­nerar las condiciones que faciliten el financia­miento del desarrollo rural y agroindustrial.

 

En términos programáticos, la formación de grupos de productores ha buscado la transforma­ción y el agregado de valor en origen. Los agrupa­mientos suelen estar integrados por un técnico y entre ocho y doce productores agro­pecuarios -o empresa o cooperativa en el caso de grupos de valor agregado en origen-. Los grupos no suelen contar con personería jurídica, mientras que la situación impositiva de cada sujeto es disímil. Usualmente, se insertan en el régimen fiscal como monotributistas, categoría ligada al cuen­ta­propismo en Argentina. Por lo tanto, se prioriza el vínculo legal e impositivo con aquellos sin deu­da fiscal para poder comercializar. Cabe pre­cisar que durante 2014-2015, esta actividad había sido incentivada de forma incipiente bajo la lógica que le imprimía al programa la gestión nacional de aquel momento (Entrevista personal, 12/03/2019). La presentación de los proyectos y su aprobación depende de múltiples factores, entre los que se destacan el conocimiento previo con el técnico del INTA y la capacidad del grupo de desarrollar un plan de trabajo bajo los cánones de lo que se espera sea merituado en la evaluación, lo cual podía implicar un conocimiento entre los productores y una experiencia previa de agrupa­miento (Entrevista personal, 22/2/2019). Hasta 2015, el programa también preveía un subsidio para gastos operativos (combustible, viáticos para reuniones) y ofrecía distintas líneas de crédito subsidiado mediante el Fondo Integral para el Desarrollo Regional -FONDER, fondo integra­do por la articulación entre el programa y el Banco Nación-, organismos como la Fundación ArgenINTA y la línea de crédito 400 del Banco Nación (Entrevistas personales, 1 y 12/03/2019).

La dinámica propia de los grupos, más allá del grado de logros económicos que los mismos alcan­zaran, solía catalizar la politización de técnicos y productores, conllevando a su integración poste­rior en organizaciones locales de la sociedad civil. El impacto de la formación de líderes locales resulta difícil de cuantificar aunque es un activo que permitió y -se supone- pudo haber sostenido el desarrollo del programa (Entrevista personal, 12/3/2019). Asimismo, la desestructuración de gru­pos acaecida por las definiciones de la gestión nacional de 2016-2017 ha implicado un retroceso en cuanto a las formas de participación social que se promovían mediante el financiamiento de la asistencia técnica, aspecto que merecería un estudio pormenorizado.

Durante las décadas de intervención, el progra­ma Cambio Rural permitió identificar e interve­nir sobre transformaciones profundas en la estructu­ra y organización agropecuaria, en as­pectos liga­dos al desarrollo tecnológico y orga­ni­zacional, enmarcados en una diversidad de factores am­bientales, climáticos, económicos, políticos y cul­turales. Asimismo, el programa intentó articular con diverso éxito las distintas demandas, procuran­do la construcción de herramientas asociativas a través de la capacidad de gestión profesional y vinculación de los técnicos con organizaciones sectoriales, universidades, gobiernos provinciales y locales.

Tras dos décadas de actuación, en 2014 se lanza el Cambio Rural II, dotando al Programa de un componente propio de fondos para proyectos de innovación e inversión como resultado de un trabajo conjunto entre los equipos técnicos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y el INTA. Bajo una perspectiva aperturista a temá­ticas que no habían integrado la agenda del pro­grama en su momento de diseño, se considera tam­bién a los productores de transición -de modo de fomentar procesos de participación social y capitalización- (Entrevista personal, 19/2/2019). Esta visión partía del reconocimiento que la finalización del Cambio Rural I se había carac­terizado por un relativo aislamiento de las discusiones en la agenda pública que se veri­fi­caban al menos tras el conflicto con las patrona­les agropecuarias de 2008, debate que im­plicaba posicionamientos diversos sobre los sujetos agra­rios a los que la política estatal debía atender (Entrevistas personales, 1 y 22/03/2019).

En un contexto de repolitización en torno al dise­ño de los programas estatales, el Cambio Rural quedaba desplazado por la inercia de su ori­gen, no tenía buena prensa (Entrevista personal, 12/03/2019) porque estaba asociado al otorgamien­to de subsidios solo a productores capitalizados, bajo la lógica tecnocrática del cual es tributario ori­ginalmente. Estos posicionamientos podrían estar evidenciando la multiplicidad de visiones sobre el rol técnico de la propia institución, en la cual los procesos de politización y movilización impulsados por el Gobierno Nacional bajo la pre­sidencia de Cristina Fernández habrían llegado de forma diferida, sin concitar el interés entre parte de sus funcionarios o incluso mostrándose éstos refractarios a dicha iniciativa gubernamental.

Por caso, al introducir el enfoque PRET en 20128, se sublimó una elaboración teórica que venía madurando al menos desde principios de siglo XXI en INTA. Esta elaboración se basó en materiales en boga referidos al vínculo entre po­líticas estatales y pequeña producción agro­pe­cua­ria y se centró en el aporte de referentes en la temática, ligados a la consultoría interna­cional y a la academia en aquella época. En do­cu­mentación institucional (INTA, 2017) se des­tacan autores como Boisier (1998), Barreiro Caves­tany (2000), Albuquerque (2001), Schneider y Peyré Tartaruga (2001) y Rozenblum (2013). Con el sistema de extensión rural y transferencia forta­lecidos institucional y operativamente, aunque con paradigmas de gestión en transición y en­fo­ques en tensión, en la Cartera de Proyectos INTA 2013 se formularon los (PRET) bajo una concep­tualización del territorio de áreas geográ­ficas ho­mogéneas (Torrado Porto y Catullo, 2017:20).

Asimismo, dicha definición institucional recu­rrió a enfoques interesados en el análisis de procesos multisectoriales, multiescalares y mul­tiescalares donde la alusión al territorio se con­virtió en dimensión central para la estrategia institucional (aspecto evidente en el plan estraté­gico institucional 2005-2015). Sin embargo, el en­foque territorial demandado a funcionarios dedi­cados a investigaciones aplicadas en labora­torio, pudo haber resultado antes un “concepto-slogan” o una etiqueta transformada en requisito para aplicar a financiamiento antes que una demanda de los mismos. En definitiva y en términos de Bencivengo (2017:4) este enfoque es originalmente un producto académico a través del resulta factible explicitar un posicionamiento y dotar de herramientas, a la vez que develar la institucionalización del poder político entre los bas­tidores de las agencias (Abrams, 2015: 23-24).

En palabras de una entrevistada, en el INTA los procesos siempre llegan tarde debido a que el concurso de la máxima autoridad de carrera (rango de Dirección Nacional) se inicia cuando cambia el Gobierno Nacional, con lo cual la distan­cia entre lo que se evalúa de su candidatura y lo que se espera del ejercicio en el cargo puede ser amplia en función del resultado de las elecciones nacionales (Entrevista personal, 22/3/2019).

Los objetivos de Cambio Rural II se buscaron formular a partir de la valorización de la experien­cia de productores, agentes de proyecto9 (hasta 2016 cerca de 80% pertenecían a funcionarios de INTA y el 20% restante al entonces Ministerio de Agroindustria), promotores asesores y de las instituciones participantes, repensándose en el ida y vuelta con las actividades de capacitación estrategias innovadoras acordes a las necesida­des del contexto e intentando colocar en agenda temáticas que estos actores reconocían en su ex­periencia de intervención (Entrevistas perso­nales, 12 y 22/03/2019).

Como en el programa original, se postula la conformación de grupos de entre 8 y 12 productores, que incluye para el asesoramiento técnico los honorarios del técnico10 -usualmente, ingenieros agrónomo o veterinario- u otro perso­nal idóneo -cuya contratación es decisión de cada grupo en función de las actividades planteadas y el ámbito de localización, donde quizás no hubiera disponible dichos profesionales- que se subsidian desde el programa durante 3 años junto a un fondo destinado a viáticos para la organización de reuniones del grupo. Este plazo puede ser prorrogado hasta un año más (Gargi­cevich y Arroquy, 2012:4; Entrevistas personales, 19/02/2019 y 12/03/2019). Al menos hasta 2015, la etapa de formulación se iniciaba con la búsqueda de constitución de un grupo de productores por parte de un promotor asesor, que procuraba reunir a aquellos que usualmente se conocían entre sí. Esta reunión se solía definir de acuerdo a afinidades que permiten prever a priori su per­durabilidad como grupo, aspecto que no siempre se lograba una vez iniciado el proyecto, cuando las diferencias surgían. Con el grupo conformado, se formulaba un proyecto que era evaluado por los técnicos con injerencia en el área de actividad del grupo, siendo financiado de acuerdo a cupos regionales. El cese de la actividad de un grupo posibilitaba el financiamiento de uno nuevo (Entrevista personal, 12/03/2019).

En su segunda versión (2014), el programa se reorganizó a partir de la articulación de la Coordinación del Cambio Rural (del entonces Mi­nisterio de Agricultura) y la CNTE del INTA a partir del convencimiento de los responsables de ambas dependencias en torno al hecho que su población objetivo deberían ser los productores no capitalizados. Esta definición radicaba en el hecho que los capitalizados en la pampa húme­da que habían sobrepasado los procesos de con­centración y abandono de la actividad no eviden­ciarían una brecha tecnológica insalvable con los grandes productores de la misma región, que su expertise en el cultivo de trigo, maíz y soja resulta significativa. Por lo tanto, más que requerir asistencia técnica para las actividades ligadas con estos cultivos, se precisaba fortalecer en regiones periféricas del país los componentes ligados a la promoción del asociativismo, a la co­mercialización, al valor agregado y a la admi­nistración de las empresas agrarias y agroindus­triales. Estos aspectos suelen ser “cuellos de bo­tella” claves observables en terreno a la hora de analizar el vínculo entre la pequeña y mediana producción y los mercados (Entrevista personal 12/03/2019).

El Cambio Rural II ha contemplado la distinción entre grupos tradicionales de productores y grupos de valor agregado en origen. Estos últimos se hallan conformados por dos o más empresas, re­presentantes de organizaciones, pymes y sec­tor cooperativo cuya articulación persigue el agregado de valor a la materia prima en origen y disponen de los honorarios del asesor subsi­diados durante tres años. Asimismo, el progra­ma prevé la contratación adicional de especia­listas y la disposición de recursos del INTA, INTI, universidades u otras instituciones con trayecto­ria en el tema, para asistir en la formulación de los proyectos (Giaccio, 2014:5).

Tabla 1. Cambio Rural: Grupos y presupuestos

(en millones de U$S)

 

	Presupuestos	Grupos
2013	6,3
2014	6,4
2015	6,1	1682
2016	3,8	1410
2017	6,1	372
2018	1,8	450
2019	0,9	550

Fuente: Elaboración propia en base a Cambio Rural.

 

Nota: El tipo de cambio de la divisa estadounidense es el correspondiente al 1/5 de cada año.

 

 

Como se evidencia en la Tabla 1, el momento de mayor cantidad de grupos de la serie es 2015. Asimismo, entre 2015 y 2019 los recursos se redujeron más de cinco veces en términos reales (ver Tabla 1). Hasta 2015, el foco no se centraba en la productividad sino en el fortalecimiento vía capitalización del segmento de la pequeña y mediana producción bajo la premisa de que son estos sujetos quienes protagonizan las diná­micas económicas locales debido a que su arrai­go permite un vínculo económico cotidia­no con los comerciantes y productores residentes de pueblos y pequeñas ciudades. No obstante, esta focalización no implicaba desconocer la relevancia de los grandes productores, sí pro­pender a que la segmentación de intervenciones estatales se convirtiera en una estrategia eficaz para atender las demandas de sujetos agrarios disímiles (Entrevista personal 12/03/2019). Ade­más de compartir con el programa origi­nal la meta del fortalecimiento de las empre­sas agrope­cuarias y el componente de asesoramien­to téc­nico, se incluyeron otros dos componentes: el aso­ciativismo -incipiente en la primera versión- y el acceso al crédito (Entrevista personal 12/03/2019). Por lo tanto, de los grupos de productores finan­ciados, 70% representaba a la agricultura fa­miliar, 20% a productores capitalizados y 10% a productores en transición entre ambos suje­tos agrarios (Entrevistas personales, 21/02 y 1/03/2019).

Desde el inicio del Cambio Rural II, se trabajó en la informatización de datos, de modo de lograr una estandarización y capacidad de análisis ma­yor a la del Cambio Rural I. Como forma de alcanzar mayores impactos, esta informatización implica un software que tornaba factible en tiem­po y forma la realización de un diagnóstico, de­nominado Plan de Mejoras, en el que se plasma­ba el trabajo conjunto y una orientación com­partida entre la Coordinación del Cambio Rural II en el entonces Ministerio y la CNTE del INTA. Dicho diagnóstico permite evaluar a partir del establecimiento de objetivos del proyecto presentado, las debilidades y fortalezas de cada productor (Entrevista personal 12/03/2019). Asi­mismo, el pago del subsidio se dejó de dirigir a la estación experimental (delegación del INTA en terreno) donde estaba radicado el proyecto y se comenzó a realizar directamente a cada grupo. De este modo, se desalentaron las lógicas pre­bendarias, de subordinación y/o clientelares entre técnicos y productores. Asimismo, con esta definición se buscaba fortalecer su capacidad de gestión y control respecto del técnico contratado, cuyos servicios no siempre eran brindados en el programa original. Esto sucedía cuando el técni­co cobraba sus honorarios mensuales11 por grupo desde el propio INTA sin un correlato en las pres­taciones (Entrevista personal 12/03/2019). En este esquema, las tecnologías de implementación po­dían asociarse a formas de control de los técnicos.

Las modificaciones aludidas en los últimos pá­rrafos se desarrollan al calor de una autonomía relativa de la conducción política de la imple­men­tación técnica operativa, que es llevada ade­lante por el CNTE del INTA. Considé­rese que dicha conducción se realiza a través de la Coordi­nación del programa en la cartera de Agroin­dustria, de modo de orientarlo en función de la perspectiva de la alianza gobernante. No obstante, las mediaciones entre dicha orientación, su rein­terpretación técnica en la CNTE del INTA y su traslación en terreno por parte de los técnicos, implica un conjunto de mediaciones que no ne­cesariamente implica coincidir el diseño inicial de la conducción con la implementación técnica efectiva (Entrevista personal, 22/03/2019). Esta distancia resulta factible en vistas a la autono­mía con la que el técnico se desenvuelve en su cotidianeidad, en el propio ámbito rural. Asimis­mo, la misma se halla respaldada por una política de concursos -cerca de 400 anuales- que permite trasparentar los procesos de toma de decisiones y fortalecer la profesionalización del cuerpo burocrático (Entrevista personal, 1/03/2019).

Con el cambio de gobierno en 2015, las modifi­caciones expuestas han atravesado una dinámica de ajuste económico y redireccionamiento de su población objeto medido en presupuesto y gru­pos financiados. Las secuelas de este proce­so se verifican en la reducción de grupos y pre­supuesto (ver Tabla 1).

Por caso, en agosto de 2017 se presentó una reforma del Programa a través de un acuerdo entre los sectores de interés que representaba el primer gabinete ministerial (el del Ministro Buryaile, que iba a dejar el cargo tres meses más tarde) y el Director Nacional del INTA, que inte­graba gestiones anteriores y participó de la época de ampliación de los grupos. Dicha reforma im­plicó el control exhaustivo de éstos, de modo de apartar a aquellos que se consideran incumplían algunos de los requisitos del programa.

Se trató de una profundización del contenido tec­nológico y una menor impronta en la promo­ción social, a imagen y semejanza de la idea ori­ginal con la cual se concibió en 1993 (Entrevistas personales, 1 y 20/03/2019), a tal punto que un entrevistado señala que en el programa volvieron los 90 (Entrevista personal, 12/03/2019).

Desde octubre de 2017, la implementación de nuevas tecnologías de intervención reforzó el citado control de grupos. El mismo se vería posibilitado por el lanzamiento de una aplica­ción para dispositivo móvil que permite un se­gui­miento en línea de promotores asesores, agentes de proyecto y coordinadores territoria­les. No obstante, la efectividad de dicho segui­miento se halla condicionada a partir del ajus­te presupuestario de 2018, lo cual dificulta, ralentiza y/o debilita el trabajo de campo que requiere un monitoreo in situ de la marcha de los grupos. Asimismo, se promueve la tercerización de hecho mediante la incorporación de anun­ciantes (empresas privadas) que apadrinan gru­pos pertenecientes al programa, en una línea de continuidad con el espíritu de época -de rai­gambre neoliberal- que enmarcó su aparición en la década de 1990 (Entrevista personal, 19/2/2019). En este esquema, las bases del programa esta­blecen que el productor que conforme un grupo de Cambio Rural debe ser un empresario con impulso emprendedor (INTA, 2018). 

En contraposición, se alejó al Cambio Rural de la producción familiar y del entramado del PRET, Proyectos Regionales con Enfoque Territo­rial, que signó la intervención del INTA durante una significativa porción del lapso 2003-2015 (Longoni, 2017), entramado que como se observó fue mutando a un enfoque de aún una mayor imprecisión conceptual: Plataformas de Inno­vación Territorial.

En términos de gestión, puede rastrearse a nivel institucional las causas de las definiciones erráticas hasta aquí expuestas. La conducción política a cargo de la Coordinación del Cambio Rural se ubica en el organigrama ministerial, ocupando el nivel de subsecretaría (hasta la eliminación del Ministerio). Los vaivenes en la gestión ministerial (con dos ministros) y su degradación a Secretaría dependiente del Ministerio de Producción y Trabajo sumados a la gestión efímera de los tres coordinadores desig­nados por la cartera para Cambio Rural y sus estilos de conducción usualmente disruptivos han desconcertado a los propios técnicos del INTA, mientras ha desanimado a productores inicialmente interesados en formar grupos para incorporarse al programa y ha desanimado a aquellos cuyos proyectos fueron desafectados (En­trevista personal, 19/02/2019). La alta rota­ción en el cargo de Coordinador revela que las autoridades no contaban con personas idóneas para dicha función y/o que no poseían una pers­pectiva consistente sobre el rumbo que debería seguir el programa. Asimismo, que más allá del desfinanciamiento del Cambio Rural, su conti­nuidad habría obedecido al significativo costo político que hubiera implicado su discontinuidad: nadie se anima a terminar con un programa que tiene tantos años, tendrían que enfrentarse con el INTA, con alguna entidad (Entrevista personal, 12/03/2019).

Las modificaciones relativas al Cambio Rural iniciadas en 2017 trascendieron un reempadrona­miento de grupos con el objetivo de relevar el estado de su administración. También se inten­taron modificar las condiciones de acceso al pro­grama. Por caso, además de formar parte de la pequeña producción agropecuaria (estar inscripto en el RENAF -Registro Nacional de la Agricultura Familiar-), se debería poseer un lugar de nacimiento en el territorio nacional o ser hijo de ciudadano nativo. Este aspecto se modificó tras denuncias públicas de discriminación. Los resultados del reempadronamiento fueron signi­fi­cativos: se pasó de aproximadamente 1400 gru­pos a cerca de un tercio. Del total, a fin de julio de aquel año solo 400 grupos disponían de una administración que se ajustara a los cánones de la producción capitalizada.

Los 400 grupos que prosiguieron con financia­miento de Cambio Rural pudieron ser sosteni­dos en parte debido a las demandas ejercidas desde organismos provincias y por el lado de los propios productores y por el INTA. Según un entrevistado, para este organismo Cambio Rural es como propio, conforme a una identidad institucional que asume su labor en terreno como algo a defender ante injerencias inconsul­tas desde el orden nacional (Entrevista personal, 19/02/2019). Asimismo, estos grupos también pudieron ser sustentados por contar con un per­fil de productores capitalizados al estilo de los pam­peanos, sobre los que se focaliza el programa desde 2016 (Entrevista personal, 12/03/2019). La cobertura territorial del INTA es un elemento clave para considerar el interés de la conducción ministerial -incluso la de Cambio Rural- influida por AACREA por orientar a los recursos institu­cionales del INTA hacia una extensión de índole “productivista” (Entrevista personal, 1/03/2019).

Asimismo, cerca de 300 grupos de productores que fueron excluidos del Cambio Rural se deriva­ron, en principio, al INTA o al Programa Prohuerta, tratándose en ambos casos de presupuesto del Instituto (incluyendo los recursos humanos abocados a las actividades de extensión) y en el segundo caso, al que el mismo comparte con el Ministerio de Desarrollo Social y Salud (a través del Programa Prohuerta y del GAL -Grupos de Abastecimiento Local-12). Asimismo, la asistencia técnica y la orientación programática que había logrado el CRII hasta 2015 distan de ser comple­mentarias o semejantes con las metas y acciones que implica la integración al GAL, debido que aquel propugnaba la capitalización de los grupos como objetivo (Entrevista personal, 12/03/2019).

Por último, el reempadronamiento también arro­jó la presencia de grupos que habían finaliza­do su vínculo con el programa. A estos aproxima­damente 600 grupos, se los buscó sumar como adherentes, no disponiendo en estos casos de re­cursos públicos para la contratación de un coor­dinador técnico, aspecto que es el central en el esquema de funcionamiento del Cambio Rural (Longoni, 2017). El redireccionamiento del Cambio Rural II excede la problemática que en­cierra una gestión deficitaria y se liga con las lógicas que per­mean desde la propia concepción de los grupos CREA enrolados en AACREA: ges­tión asociada a la medición y evaluación de va­riables cuantificables -por caso, de rindes por hectárea y/o por planta, productividad de la extensión en términos econó­micos- orientado a modelos de agronegocios. Este estilo de exten­sión rural resulta factible entre siste­mas agro­alimentarios capitalizados, aunque po­­seen efi­ca­cia incierta en aquellos que no lo son en un sentido estricto, por lo que requieren un abor­da­je integral de la extensión que incorpore varia­bles extraeconómicas (Entrevista personal, 1/03/2019). Este desencuentro de percepciones es el que permite a AACREA discutir el rol de la CNTE (Entrevista personal, 19/02/2019) e inclinar defi­ni­ciones en torno a la población objeto en el seno del Consejo Directivo. En marzo de 2019, esta Aso­cia­ción también ha influido en la aprobación del desmonte de áreas del INTA que no considera prio­ritarias, como el Instituto de Investigación en Prospectiva y Políticas Públicas y como tres depen­dencias del Centro de Investigación y Desa­rrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar -CIPAF-.

Conclusiones

En el recorrido aquí planteado, durante la ges­tión 2015-2019 que impulsó el tercer ciclo de neoliberalización, gobernar las políticas agrarias ha implicado la construcción desde asociaciones de interés de diversas modalidades de acción, di­rigidas no solo a actuar sobre las posibilidades de acción de los otros, sino también encaminadas a reorientar las políticas agrarias para reforzar el modelo de agronegocios de un selecto grupo de productores y adoptantes de tecnología.

Tras un lapso (2015-2019) de neoliberalismo ofensivo resulta factible observar que la diná­mi­ca asumida por el programa Cambio Rural se caracteriza por una reestructuración excluyen­te, de definiciones zigzagueantes, ajustes presu­puestarios y despidos de personal abocado a la intervención. Un regreso del Cambio Rural a imagen de cómo fue concebido (con un signifi­cativo sesgo tecnocrático) a partir de un reempa­dronamiento y la implementación de una apli­cación móvil como tecnologías de registro y de control a través de las cuales avalar la reducción de más de dos tercios de los grupos asociados al programa en el lapso considerado. Como con­trapartida, estas tecnologías de registro y control se ponen en cuestión debido al ajuste pre­su­puestario, que dificulta y acota el margen tem­poral y el alcance espacial de la intervención efectiva en los territorios.

La colonización de áreas estatales por parte de organizaciones de interés asociadas a la rees­tructuración excluyente promovida por las elites económicas que comandan el complejo econó­mico Estado-empresa, puede ser un capítulo más de una “guerra de trincheras” en las que las posiciones son dinámicas y cambiantes.

En definitiva, la gubernamentalidad como for­ma particular de articulación entre relaciones de poder, formas de saber, e instrumentos técni­cos no está disociada de la implementación del Cambio Rural en cada momento particular, en tanto proceso de ensamble de tecnologías de in­tervención que lo componen. Por esta razón, la persuasión y la negociación han sido ele­men­tos presentes en el desmonte del Cambio Rural, en tanto han persistido enraizamientos nocivos aún en contextos de neoliberalismo con­sensual (situados temporalmente en el ciclo 2003-2015). Asimismo, el estudio de dicha guber­na­mentalización permite reflexionar sobre las condiciones para el desmonte, que pueden in­cluso apoyarse en la reiteración o cambio de un concepto-slogan (de Proyectos Regionales con Enfoque Territorial a Plataformas de Innovación Territorial”).

 

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Entrevistas

 

Ex Funcionario Ministerio de Agricultura, Gana­dería y Pesca de la Nación (2019). Ingeniero Agrónomo. Coordinación de Extensión y Cam­bio Rural. Buenos Aires, 12/03/2019.

Funcionaria INTA (2019). Especialista en comu­nicación rural. Dirección Nacional Asistente de Sistemas de Información, Comunicación y Calidad. Buenos Aires, 12/02/2019.

Funcionario INTA (2019). Ingeniero Agrónomo. Dirección Nacional. Buenos Aires, 19-02-2019.

Funcionario INTA (2019). Delegado gremial. Coordinación Nacional de Transferencia y Extensión. Buenos Aires, 1-03-2019.

Funcionaria INTA (2019), Politóloga, Instituto de Investigación en Prospectiva y Políticas Públi­cas. Buenos Aires, 22-03-2019.