La estatalidad de la agricultura familiar periurbana en

la zona sur del Área Metropolitana de Buenos Aires (2009-2019)

The Statehood of periurban family agriculture in the south

of the metropolitan area of Buenos Aires (2009-2019)

Valeria Ana Mosca | ORCID: orcid.org/0000-0003-0708-8239  

valeriamos@gmail.com

 

Fernando González | ORCID: orcid.org/0000-0002-4744-494X  

gonzalezjosefer@gmail.com

 

Universidad de Buenos Aires

Argentina

 

Recibido: 22/07/2019

Aceptado: 09/09/2019

Resumen

Este trabajo busca aportar nuevos elementos a la reflexión sobre la construcción de la estata­lidad en el marco de las políticas públicas para el sector de la denominada agricultura familiar periurbana.

Conceptualmente partimos desde una perspec­­tiva que propone articular elementos de corrientes marxistas con otros de las perspectivas interpreta­tivas referidas al estudio del estado. En ese sentido, consideramos que a partir del análisis de políticas públicas y partiendo de una serie de transforma­ciones dentro de las organizaciones estatales, podremos aportar elementos en el análisis de la estatalidad de la agricultura familiar en el período 2009-2019.

Utilizamos en este trabajo un enfoque que con­juga aportes de diversas disciplinas -centralmente de la sociología y la ciencia política- y utilizamos una me­todología de tipo cualitativa basada en análisis de fuentes primarias -entrevistas y observacio­nes en campo- y secundarias. Las con­clusiones platean reflexiones sobre las trans­formaciones en la estatalidad de la agricul­tura familiar.

 

 

Palabras clave: Estatalidad, Estado, Políticas Públicas, Agricultura Familiar Periurbana.

Abtract

This work seeks to contribute with new ele­ments to the reflection on the construction of statehood in the framework of public policies for the so-called peri-urban family agriculture sector.

Conceptually, we start from a perspective that proposes to articulate elements of marxist theory and interpretative proposals referring to the study of the State. In this sense, we consider that from our analysis of public policy and starting from a series of transformations within the state organizations, we will be able to contribute elements in the analysis of the statehood of the family agriculture in the period 2009-2019.

In this paper we use an approach that combines contributions from different disciplines -mainly sociology and political science - and use a quali­tative methodology based on analysis of primary sources -interviews and observations in the field- and secondary ones. The conclusions raise reflections on the transformations in the state of family agriculture.

 

 

 

 

 

Keywords: Statehood, State, Public Policies, Periurban Agriculture Family.

Introducción1

En las primeras décadas de este nuevo siglo, las actividades agroalimentarias han sufrido pro­fundas transformaciones. En el marco de cam­bios en el modelo de acumulación que se ha consolidado en la región, se sitúa en un rol privile­giado a la agricultura empresarial, otor­gando un lugar subordinado a otras agricul­turas. En para­lelo, diversos gobiernos latinoa­mericanos han impulsado procesos de visibilización de la denomi­nada agricultura familiar. Ello ha permitido posi­cionar en mejores términos a sectores agrarios subalternos que se constituyeron en nuevos bene­ficiarios de una serie de políticas públicas.1

En línea con ello, a partir del 2009, en Argenti­na, una serie de políticas públicas ponen el foco en la agricultura familiar (AF) periurbana del Área Metropolitana de Buenos Aires. Desde nues­tra pers­pectiva, estas políticas públicas son origen y resultado de una serie de estatalidades que crista­lizan nuevas relaciones de fuerza entre los distin­tos sectores sociales agrarios. Luego del cambio de gobierno acaecido a partir de diciembre de 2015 las estatalidades sufren transformaciones con la asunción de nuevas fuerzas políticas en el gobierno nacional y algunos gobiernos provincia­les, que pueden ser analizadas a través de las mo­dificaciones en las políticas públicas hacia este sector.

En este trabajo, nuestro objetivo es aportar nuevos elementos a la reflexión sobre la construc­ción de la estatalidad en el marco de las polí­ticas públicas para el sector de la denominada AF periurbana. Lo haremos desde una perspectiva interdisciplinaria dentro de las ciencias sociales, articulando principalmente nociones de la socio­logía y la ciencia política. Estas reflexiones tienen como base dos investigaciones de carácter doctoral y post-doctoral. La metodología compartida por ambas es la de un enfoque cualitativo, con pro­ducción de información primaria a través de observaciones y entrevistas a agricultores fami­liares organizados e independientes, técnicos y otros agentes estatales, y especialistas en la te­má­tica; así como el análisis y recolección de in­formación secundaria para el nivel del estado nacio­nal, provincial (provincia de Buenos Aires) y municipal (con eje en los municipios de La Plata y Florencio Varela).

Comenzaremos exponiendo cómo entendemos el proceso de construcción del estado, en tanto relación social, conflictiva y dialéctica. Para ello buscamos establecer un diálogo entre algunos aportes de corrientes dentro del marxismo y la denominada perspectiva interpretativa del Estado. Seguidamente caracterizaremos nuestro recorte espacial y temporal al explicitar los mo­mentos de emergencia y consolidación de la AF y, dentro de ello, la AF que desarrolla su actividad en los espacios periurbanos del sur del AMBA. En el si­guiente apartado presentaremos el análisis de la estatalidad creada y recreada por las políticas públicas orientadas a la AF y las acciones de las organizaciones del sector. Este análisis se reali­zará estableciendo dos subperiodos atravesados por el cambio gubernamental tanto a nivel nacio­nal como a nivel provincial del 2015.

Estado y Estatalidad. Una perspectiva en construcción

Como hemos mencionado inicialmente, nues­tro objetivo es analizar la construcción de la estatalidad en el marco de las políticas públicas para la agricultura familiar (AF) periurbana. Nos interesa indagar sobre las relaciones que en torno a estas políticas se generan. Con este objetivo, introduciremos algunos elementos de análisis respecto al estado, la estatalidad y las estatalidades.

Comprendemos al Estado como una relación de dominación que se expresa de forma contradicto­ria y dialéctica. En términos de Nicos Poulantzas (1979:147) el estado, al consagrar y legi­timar la domi­nación de clase [...] y, al reproducir las relaciones so­ciales de esa formación, constituye la condensación del conjunto de sus contradiccio­nes. Partimos de esta concepción buscando evitar la reificación del estado, el cual en muchas oca­siones es advertido como un ente monolítico y con tendencias unívo­cas. Para ello, incorporamos elementos de las pers­pectivas interpretativas2.

Desde esta posición teórica se plantea la nece­sidad de no interpretar al estado y las polí­ticas públicas como objetos que se han vuelto indepen­dientes (y que son imaginados como originalmente independientes) del hombre y gobiernan su propia existencia (Cowan Ros, 2016:10). Consideramos, sin embargo, que el desafío de no cosificar al Estado, no puede llevarnos a analizarlo como si fuera tan solo una idea o un proyecto ideológico (Abrams, 1988:63). Por ello, planteamos que, in­cluso partiendo de una perspectiva analítica que comprende al estado como una relación social, es preciso reconocer su existencia.

En este plano, sostenemos que, fruto del propio desarrollo social (contradictorio, conflictivo, diná­mico e inestable), van emergiendo normativas, re­glamentaciones y diferentes formas de regular el comportamiento y las relaciones hu­manas. A ellas nos referimos cuando hablamos de instituciones como conjuntos de reglas, escritas o informales, que gobiernan las relaciones entre los ocu­pantes de roles en organizaciones sociales como la familia, la escuela y demás áreas institucionalmente estructuradas de la vida organizacional (Portes, 2006:24-25). De acuerdo a nuestra perspectiva, estas instituciones se materializan en organizaciones estatales, enten­didas como la instancia política que articula la do­minación en la sociedad, y la materialización de esa instancia (Oszlak, 1982:1-2). Este conjunto de orga­nizaciones son las dependen­cias de gobierno (escuelas, hospitales, policía, ministerios, secre­tarías, etc.) y constituyen la forma en que se expresa material­mente la relación social de dominación [...] y cambian en la medida en que se modifica la relación social básica (Thwaites Rey, 2005:6).

Desde esta perspectiva, se propone que tanto instituciones como organizaciones estatales ex­pre­san dos dimensiones de análisis del estado que coadyuvan a garantizar las estructuras sociales, po­líticas, ideológicas y jurídicas del sistema capi­talista (O’Donnell, 1977; Hirsch, 2001). Ello implica advertir la existencia de fuerzas sociales con in­te­reses contrapuestos, ya que es en el nivel de la lucha política [entre los diversos actores socia­les] que se define la acción estratégica del Estado (Marquéz, 2000:82). Es necesario, por ello, adoptar una perspectiva que permita captar procesos en los que intervienen y se relacionan múltiples su­jetos, actores, organizaciones. Estas dinámicas e interacciones son lo que denominamos estatali­dades para dar cuenta, justamente, de las múltiples facetas y heterogeneidad de instituciones, prácticas, procesos y agentes estatales (Cowan Ros, 2016:13).

En línea con estas discusiones, consideramos que el proceso de producción e implementación de políticas públicas, puede ser una puerta de entrada para analizar las estatalidades, ya que permite identificar concepciones contrapuestas entre actores respecto a las demandas sociales que toman interés público. En este sentido, reto­mamos los aportes de Oscar Oszlak y Guillermo O’Donnell (1995) para quienes las políticas públi­cas son resultado de un proceso mucho más am­plio, donde ciertas demandas sociales son aceptadas como problemas, mientras se da la negación de otras3 Es en estas cuestiones socialmente problematizadas donde podemos captar los acuer­dos y desacuerdos, conscientes o inconscientes, explí­citos o implícitos, que operan en el proceso de reivin­dicación, definición e implementación de políticas públicas (Cowan Ros, 2016:14). Sin embargo, y aquí es donde cobra rele­vancia las dos dimensiones de análisis del estado propuestas, son las organi­zaciones estatales las que llevan a cabo las acciones surgidas de esos procesos. Desde ésta perspectiva comprendemos a la política pública como un conjunto de acciones y omisiones que ma­nifiestan una determinada mo­dalidad de interven­ción [de las organizaciones esta­tales] en relación con una cuestión que concita la atención, interés o movilización de otros actores en la sociedad civil (Oszlak y O’Donnell, 1995: 112). En definitiva, como hemos enunciado inicialmente, nuestro objetivo es identificar la política pública para el sector de la AF periurbana de la zona sur del AMBA. Estas políticas públicas, origen y resul­ta­do de múlti­ples interacciones, procesos, y vincu­laciones entre diversos actores, permiten iden­tificar una esta­talidad de la AF, entendida como síntesis de múltiples estatalidades que se repro­ducen constantemente4.

En el siguiente apartado buscaremos introdu­cir las características de la AF periurbana en el AMBA, centrándonos en los aspectos sobre­salientes del Cinturón Hortícola Platense empla­zado en la zona sur del área.

Agricultura familiar en municipios del sur del AMBA: el Cinturón Hortícola Platense.

La categoría de agricultor familiar referida a una multiplicidad de sujetos sociales agrarios subalternos, se ha impuesto en Argentina recién en la última década (2004 en adelante). Su utili­zación ha sido luego adoptada tanto desde al sector público, como desde algunas organizaciones de productores y desde los ámbitos académicos es­pe­cializados en la cuestión rural. No obstante, le anteceden intensos debates en los estudios sociales agrarios5.

En Argentina, la utilización de esta categoría surge a partir de una serie de circunstancias y eventos. Nogueira et al. (2017) identifican que a partir del año 2000 diversos organismos interna­cionales (FAO, FIDA, IICA, Banco Mundial) rea­lizan una serie de estudios que ponen el eje en la pobreza rural y la seguridad alimentaria vin­culada con pequeñas explotaciones familiares. Soverna et al. (2008:1), plantean que la instalación de la problemática de la AF en el país llega de la mano del MERCOSUR. Para estos autores la novedad no estaba representada por el uso del concepto [...] sino en que el mismo apareciera asociado a la necesidad de definir políticas. En ese sentido, Nogueira et al. (2017:31) plantean que, el mayor poder de presión de este sector en Brasil y la implementación de políticas diferenciadas, generó la propuesta por parte del gobierno brasileño de la Reunión Espe­cializada de la AF (REAF) en el MERCOSUR en 2004. Otros autores (Nogueira, 2008; Manzanal y González 2010) reconocen que fue a partir del conflicto del campo del año 2008, cuando el Estado reconoció a la AF: A causa de este conflicto [...] el Gobierno mostró un mayor interés en el sector de la AF, creando organismos estatales específicos y modi­ficando la estructura institucional (Manzanal y González, 2010:14).

En paralelo a este proceso general de institucio­nalización de la AF, comienzan a cobrar mayor centralidad las discusiones en torno a la relevan­cia de la agricultura periurbana. La crisis alimen­taria de 2007/2008, supuso una fuerte suba del precio de los alimentos. En esa situación se reconoce la necesidad de generar sistemas ali­men­tarios sostenibles en todas las fases del pro­ceso: producción, distribución, consumo, y, a su vez, se destaca el rol de la agricultura urbana y periurbana (FAO, 2016). También se manifiesta que la agricultura en este tipo de espacios propor­cionaba, ya para el año 2002, alimentos a más de 700 millones de residentes urbanos, lo que equivale un cuarto de la población de las ciudades (FAO, 2002 citado en Barsky, 2010).

 

Para el caso del periurbano del AMBA6, la agri­cultura periurbana agrupa una amplia cantidad de ramas productivas, entre las que se destaca la actividad hortícola (INTA; 2012, Mosca, 2019). Al mismo tiempo, es dentro de la actividad hortícola en donde cobran mayor protagonismo los peque­ños productores, incluídos en la categoría de AF (Ramilo, 2011).

La hortícultura ha sufrido grandes transfor­maciones en los últimos 30 años. El abandono paulatino de la actividad a partir de 1990 de los tradicionales productores de origen portugués e italiano, supuso una transformación social en el sector que se consolidó a partir del 2001. Ello coincidió con la aparición de cambios tecnoló­gicos y la introducción del invernadero que su­pu­sieron una mayor intensificación del uso del suelo permitiendo producir en explotaciones más pequeñas -entre 1 y 6 hectáreas (Benencia, 2006; García, 2014).

Este contexto de transformación social e incor­poración de nuevas tecnologías dio lugar a un proceso de diferenciación entre algunos produc­tores que pudieron incorporar cambios tecnoló­gicos y producir en mejores condiciones y otros que, al no poder reconvertirse, abandonaron la actividad (Bozzano, 1990; Benencia et al., 2009). Sin embargo, entre estas dos situaciones existe actualmente una amplia franja de productores que presentan una persistencia o resistencia que se produce en particulares condiciones de pobreza (Murmis, 1998 citado en Benencia et al., 2009:74). Estos productores realizan combinaciones de tipo productiva-comercial que les posibilitan una mejora de algunos aspectos más relacionados con la supervivencia que con la producción (Benencia et al., 2009:74). Sus explotaciones no superan las 5 ha y se destaca su presencia en la actividad hortícola de la AMBA (Benencia et al., 2009:45-74). Ello da cuenta de un gran número de pequeños productores que llevan adelante la actividad en condiciones de gran precariedad. Dentro de esta franja de pro­ductores destacan los de origen boliviano, actores centrales en la actividad hortícola actual. Anti­guamente, agricultores de Bolivia se desempeña­ban en las quintas como asalariados y, ante el abandono de la actividad por parte de los antiguos pro­ductores, ellos comienzan a alquilar y trabajar la quinta de forma independiente (modelo cono­cido como escalera boliviana). Ello generó una transformación en el actor principal de la actividad hortícola, un cambio en la forma de tenencia de la tierra (de propietario a arrendatario) y una disminución en la extensión de las quintas.

La importancia de la producción hortícola en la zona sur de la AMBA tiene su centro de gravi­tación en lo que se conoce como el Cinturón Hortícola Platense (CHP), el cual es reconocido a nivel nacional como un modelo pujante debi­do a sus altos niveles de productividad. Este cin­turón aprovecha las ventajas de un proceso de centralización y especialización de la producción en un espacio concentrado en la periferia de La Plata (García, 2016) y que abarca el espacio rural de Florencio Varela y las quintas ubicadas dentro del Parque Pereyra Iraola en el Partido de Berazategui como indica la Figura 1. Éste ha logrado en los últimos años una fuerte expansión productiva, un abastecimiento más uniforme a lo largo del año, y una competitividad que le permite imponerse tanto en el mercado del Gran Buenos Aires como en regiones lejanas (Garcia, 2015:20).

Los datos disponibles indican que, para 2010, el CHP representaba el 72% del área hortícola bonaerense, al tiempo que allí se producía más del 80% de las hortalizas que se comercializaban en el Mercado Central de Buenos Aires (Cieza et al., 2015). Si bien la estructura agraria del CHP contempla la producción de flores de corte, pro­ducción frutícola y viveros, la horticultura es la rama agrícola predominante por la cantidad de superficie dedicada a ello: las explotaciones hor­tiflorícolas del CHP agrupan cerca de 7314 hectá­reas, dentro de las cuales un 54% es dedicado a la horticultura (3882 hectáreas) (Censo Hortiflo­rícola de la provincia de Buenos Aires, 2005)

Los pequeños productores asentados en el CHP abastecen el mercado interno en verdura de hoja (lechuga, espinaca, rúcula, acelga, etc) y verduras de estación (tomate, morrones, berenjena, zapalli­tos, etc), cumpliendo un rol clave en la soberanía alimentaria (Mosca, 2019). Al mismo tiempo, y de acuerdo a producciones académicas recientes, la AF es el actor social predominante en la estructura agraria del CHP en las primeras décadas del siglo XXI (Cieza et al., 2015; García, 2015; Ferraris y Sei­bane, 2016; Ambort, 2017; Mosca, 2018; entre otros).

En el próximo acápite nos dedicaremos a ana­lizar la estatalidad de este sujeto que, en los últi­mos años, ha logrado obtener mayor visibili­dad y reconocimiento.

 

Figura 1. Ubicación de los partidos del CHP dentro de la RMBA / AMBA

Fuente: Elaboración propia

La estatalidad de la AF periurbana en el período 2009-2019

De acuerdo a nuestro marco teórico, para el caso de la AF periurbana, podemos hablar de la existencia de una estatalidad entre el año 2009 hasta aproximadamente finales del 2015 que se caracterizó por un crecimiento paulatino de la importancia y participación de los agricultores familiares en las organizaciones estatales que abordaban las cuestiones de la AF. Ello tuvo como efecto una serie de beneficios relativos a una mayor afluencia de recursos materiales para el sector y la visibilización de los actores que lo com­ponen quienes comienzan a organizarse en torno a una serie de demandas específicas.

A partir de 2016, en el marco de un nuevo go­bierno, podemos hablar de un cambio en la esta­ta­lidad, caracterizado por nuevas relaciones de poder entre los actores. Este cambio se cristaliza en un abordaje de tipo asistencialista hacia la AF. Es en ese contexto que se transforman las estatalidades producto de una mayor organización de la AF - particularmente en el periurbano de la AMBA- y del consecuente cambio en las líneas de trabajo de las organizaciones estatales.

A continuación daremos cuenta de estos dos períodos en donde las relaciones entre los actores -las estatalidades- dieron lugar a una serie de transformaciones en las organizaciones estatales y en las políticas públicas para el sector.

La estatalidad inclusiva de tipo productiva para la AF periurbana: 2009-2015

El momento de emergencia y visibilización del sector de la AF se vio acompañado por la crea­ción y desarrollo de múltiples organizaciones estatales para atender sus demandas y requeri­mientos. En un contexto de permanente demanda por mayores recursos por parte de productores, técnicos de diversas organizaciones estatales, investigadores universitarios, etc., se crea el Foro Nacional de Agricultura Familiar (FONAF) en 2006, el Registro Nacional de la Agricultura Fa­miliar (ReNAF) en 2007 instrumentado para identificar a los agricultores familiares, así como la creación de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, que en el año 2014 se convertiría en Secretaría en el marco del Minis­terio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP). En ese transcurso se crearon la mayoría de las organizaciones estatales con el fin de dar res­pues­ta a la creciente relevancia del sector, cuyo mayor exponente fue la sanción de la Ley de Reparación Histórica de la AF (González, 2016).

En ese contexto, de acuerdo a la mayor visibili­dad y reconocimiento que se le da a la AF, en el AMBA se crean y recrean nuevas estatalidades, que luego se cristalizan en una serie de transfor­maciones dentro de las organizaciones estatales.

Para el caso del Instituto Nacional de Tecno­logía Agropecuaria (INTA) en el año 2009 se crea una Estación Experimental Agropecuaria para el Área Metropolitana de Buenos Aires (EEA-AMBA). La misma busca intervenir el AMBA con la aplicación de todas las herramientas del INTA, entre las que destacó durante este período el pro­grama Cambio Rural (CR) dirigido al financia­miento del asesoramiento técnico a grupos de pro­ductores. En ese marco, el técnico no solo los guiaba técnicamente en las producciones, sino que se convirtió en un referente integral, articu­lando a los agricultores familiares periurbanos con otras instituciones, programas y con otros actores. Esto ha tenido como resultado la puesta en tensión de los presupuestos del desa­rrollo rural, que entran en permanente conflicto con las visiones de mundo propias de los sectores más empobrecidos del sector al que se dirigen di­chas políticas (González, 2017). Es por ello que el rol que ocupan los técnicos ha sido central en la construcción de estatalidad durante este pe­ríodo, dado que intervienen en la dinámica de la política pública, difundiendo y defendiendo las ideas y propuestas “oficiales” entre los productores.

A los cambios ya mencionados en el MAGyP, es preciso incorporar el lanzamiento, en el año 2010 del Programa Nacional de Agricultura Periurbana (PNAP)7. Este programa se concretó a través de la firma de convenios entre la nación y los municipios. En ese sentido, dio lugar a nuevas estatalidades al fortalecer una mayor interacción entre las organizaciones estatales municipales y nacionales con el fin de aumentar la producción de alimentos frescos y de calidad para las ciudades, generar trabajo y fomentar el arraigo territorial para hacer visible al sector productivo en espacios periurbanos. Al mismo tiempo, este programa financió la adquisición de maquinaria a cooperativas de pequeños y me­dianos productores que vivían de esta actividad, fortaleciendo su capacidad productiva.

También dentro de la estructura del MAGyP, en julio de 2014, se crea la delegación de la Secretaría de AF para el AMBA. Ésta delegación surge como resultado de la importancia creciente de la AF en la región. En su corta existencia, esta agencia implementó acciones centralmente en el CHP. Tuvo a cargo la expedición del Mono­tributo Social Agropecuario (MSA) surgido en 2009, a partir de un convenio entre el MAGyP y el Ministerio de Desarrollo Social (Bertoni y Soverna, 2014). Con este programa, los producto­res accedían, sin costo alguno, a la formalización de sus actividades y al sistema de seguridad social y de obra social para el grupo familiar. También ejecutó el Registro Nacional de AF (ReNAF), cuya misión es cuantificar, caracterizar e identificar a este sector como sujeto de política pública. Ello se hace a través de una cogestión con las organizaciones sociales. Como sostiene Ga­briela Schiavoni (2012, 52), el ReNAF representa un compromiso entre estos dos modos de establecer equivalencias [...] Se lleva a cabo a partir de una inno­vación técnica: la medida resulta de la gestión aso­ciada entre el Estado y las organizaciones sociales.

En la misma línea y trabajando con el mis­mo sector, en 2012 se crea la Dirección Provin­cial de Desarrollo Rural en el ámbito del esta­do provincial8. Esta dirección trabajó con la Mesa Regional de Pequeños Productores Agro­pecuarios, importante espacio de diálogo entre el sector y el ministerio provincial. Surgió como ini­ciativa de las organizaciones de productores, pero pronto se convirtió en una instancia de diálogo con las instituciones del Estado: la conformación de la mesa es parte de un proceso en el que cir­culan distintas visiones en cuanto a temáticas de interés común, en­tre ellas el acceso a la tierra y la comercialización (Seibane y Ferraris: 2017). En 2014, como resultado de esta articulación, se crea el Centro Regional para Pequeños Productores Agropecuarios con sede en el Parque Pereyra Iraola y cuya finalidad es atender las demandas de la mesa.

También dentro del ámbito provincial se dis­tingue la creación en 2007 de la Dirección de agricultura periurbana (Barsky y Aboitiz, 2012) y la existencia de una Dirección de Horticultura, Floricultura y Fruticultura la cual articulaba con los Municipios y el INTA local, y focalizaba las accio­nes en la zona a partir de la temática de buenas prácticas agrícolas para la horticultura (Seibane y Ferraris, 2017:5).

Por otra parte, dentro de la zona sur del AMBA y dentro de las acciones del estado municipal se distingue los programas municipales del Ins­tituto de Desarrollo Económico Local de Floren­cio Vare­la: Tierras Productivas (2002) y Varela Verde (2010).

El programa Tierras Productivas se inicia en 2002 y supone el financiamiento de técnicos mu­nicipales que asisten a los distintos produc­tores del municipio. Se asienta en el Instituto de Desarrollo Eco­nómico Local (IDEL) municipal creado en 2003. En 2010, en el marco del lanza­miento del PNAP a nivel nacional, y bajo el nombre Varela Verde, el municipio financió diversos proyectos a productores individuales y asociaciones. A los pro­ductores se les asignó asesores técnicos del IDEL, con el fin formular proyectos de manera in­dividual y grupal, para la obtención de aportes no retornables que impulsen sus unidades produc­tivas (Salomón, 2016).

Por otra parte, para el caso del municipio de La Plata, éste no se caracterizó por tener un trabajo directo con la AF. Solo en el año 2010, en el marco del PNAP, la Dirección Municipal General de Planificación Productiva y Economía Social de La Plata gestionó el financiamiento de algunos proyectos específicos. De acuerdo con Ambort (2017), la falta de trabajo de ésta dependencia con los agricultores, generó que, para este finan­ciamiento, la dirección articule con el INTA, y se destine este financiamiento a grupos confor­mados en el marco del CR.

Una estatalidad inclusiva de tipo asistencialista para la AF en la AMBA 2015-2019

A fines de 2015 gana las elecciones nacionales y provinciales la Alianza Cambiemos, lo cual genera una transformación en la política para el sector, tanto a nivel nacional como provincial. En el partido de La Plata también resultó victoriosa la misma fuerza política, sin embargo, en Florencio Varela no hubo un cambio respecto a la fuerza que venía gobernando los períodos anteriores.

Este cambio no sólo inaugura una nueva coyun­tura política, sino que introduce, necesariamente, efectos en los estilos de gestión a nivel global y en cuanto a la forma de comprender las problemáticas del desarrollo rural y la agricultura familiar (Nogueira et al., 2017:42). El ejemplo más ilustrati­vo y simbólico de ello fue la modificación de la denominación del MAGyP, que pasa a llamarse Ministerio de Agroindustria. Se eliminan así las actividades primarias en la denominación y se postula a otros actores de la cadena de valor. Este cambio de orientación se tradujo, en términos concretos, en una importante reducción del per­sonal de esta cartera, afectando a los actores terri­to­riales de las políticas, eliminándose programas y áreas y desfinanciando las áreas que trabajan con la AF9.

Por otro lado, este cambio de orientación se da en un momento de mayor fortaleza de las orga­nizaciones del sector. Por lo tanto, también las relaciones de fuerza entre los diferentes acto­res que intervienen en las definiciones sobre la cuestión impiden que siga avanzando ese desman­telamiento de las organizaciones estatales pre­existentes.

Dentro del ex MAGyP, en enero de 2016, una de las primeras medidas que se tomó fue la eliminación de la SAF-AMBA. Ello provocó un impacto de gran magnitud en el despliegue de las iniciativas desarrolladas por esta dependencia (particularmente la inscripción al MSA y al ReNAF). Por otra parte, en 2017 y en un mismo acto, se fusionaron y bajaron de jerarquía la SAF y SDR, creándose la Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial. Por último en septiembre de 2018 se efectiviza una nueva modificación a la Ley de Ministerios. Por medio de este fueron eliminados más de diez y, en el marco del nuevo Ministerio de Producción, se degradó el Ministerio de Agroindustria a Secretaría10.

Dentro de la esfera de la Secretaría de Agricul­tura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territo­rial, se avanzó en un cambio en el paradigma con el que se manejan determinados programas. Para el caso del ReNAF, dejó de ser cogestionado con las organizaciones y solamente los técnicos registran actualmente a los productores. El regis­tro pasó a realizarse través de una compu­tadora con internet en el acto, lo cual generó diversos problemas, principalmente de cobertura territo­rial de los productores registrados.

El MSA también sufrió transformaciones. En julio de 2018 los beneficiarios tuvieron que reem­padronarse para ser incluídos en el beneficio y a partir de 2019 fueron inscritos en el Registro de Efectores Sociales del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación con la posibilidad de inscribirse en el Monotributo Social general, perdiendo las especificidades del MSA.

En relación al INTA, si bien se sostuvo la EEA-AMBA, se evidencia una disminución de la planta de técnicos y financiamiento y una trans­formación paulatina de las herramientas especí­ficas a partir de las cuales se abordó la AFP en el periodo anterior.

Del trabajo de técnicos realizados a partir de los grupos de CR, se ha pasado a un abordaje a través de nuevas herramientas: los Grupos de Abas­tecimiento Local (GAL) y los Proyectos Especiales (PE). Según la página web del INTA11 a través de los PE, los pequeños productores reciben subsidios para acceder equipamiento e infraestructura, y desarrollar proyectos que realmente satisfagan las de­mandas y las necesidades de la comunidad, en inte­gración y con la participación con de los equipos técnicos y todas las redes institucionales de la zona. Por otra parte, los GAL son grupos de productores o asociaciones a los cuales, al igual que los CR, se les subsidia para el financiamiento de un técnico. Se encuentran destinados a fortalecer a poblaciones vulnerables rurales, urbanas y periurbanas, así como la agricultura familiar de subsistencia y en transición.

En ambos casos estos nuevos programas de abordaje son financiados por la Subsecretaría de Políticas Alimentarias del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, lo cual resulta elocuente al no ser incorporado a las acciones desplegadas en la cartera sectorial y confirma el cambio de una orientación productiva a una asistencial.

Este nuevo escenario, sumado a una fuerte movilización de las organizaciones de la AF en la AMBA, dio lugar a nuevas propuestas dentro del INTA. En 2018, la EEA-AMBA lanza la Plataforma de innovación de los territorios periurbanos, con el objetivo de organizar las capacidades insti­tucionales para dar respuestas integrales a los secto­res periurbanos de todo el país12. Se destaca en opor­tunidad de su lanzamiento que se piensa esta plataforma como un espacio de trabajo en el que confluyen los componentes del INTA dirigidos por un marco territorial y en articulación con universidades y organizaciones sociales. Por último, es importante destacar que al cierre de este artículo se presentaba un proyecto de Ley Nacional, para que el sector de la AF tenga un representante en el Consejo Directivo Nacional del INTA, dando muestra del cambio en las rela­ciones de fuerza respecto al periodo anterior.

En torno al estado provincial han aumentado las acciones hacia la AF periurbana a pesar de que se resalta la falta de presupuesto. En 2017 se lanzó la estrategia Hortalizas 2020 a través de la Dirección provincial de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (DDRAF) en la cual se defi­nen una serie ejes para trabajar con el fin de potenciar al sector hortícola13. De esta estrategia se desprende el Programa Ventanilla Única que busca unificar los distintos trámites para registrar y formalizar a la AF bonaerense: RENAF y Mono­tributo Social; RENSPA y otros trámites. Un in­formante sostuvo al respecto que la Ventanilla Única son, en verdad, jornadas en las cuales nos acercamos referentes de todos estos orga­nismos a hacer la inscripción en cada uno de estos registros y formalizaciones. Al mismo tiempo, en el ámbito de la DDRAF se crea hacia fines del 2018 la Mesa Territorial para la AF. Un técnico de dicha dirección planteaba que: Básicamente, la mesa está compuesta por represen­tantes de todos los organismos que trabajan con la AF en la Pro­vincia de Buenos Aires, pero no hay un presu­puesto para planear acciones. Por último, el Mi­nisterio de Agroindustria de la provincia ha sido el responsable de canalizar y ejecutar el Programa Nacional de Desarrollo Rural Incluyente (Proderi) a través de la Dirección de Horticultura, Floricul­tura y Fruticultura de la provincia. A través de este programa se financió la construcción de dos gal­pones de acopio y una planta de alimento pro­cesado a diversas organizaciones de la AF en el periurbano (Frente Agrario Evita, Movimiento de Trabajadores Excluidos - Rama Rural y Unión de Trabajadores de la Tierra). Desde esta misma Direc­ción se gestionó, a su vez, la apertura de un mer­cado de comercialización para la AF en La Plata.

A nivel de los municipios, la información reco­lectada da cuenta de una disparidad de acciones para la AF. Para el caso de La Plata no se reconocen acciones directas para el sector por parte del municipio. Sin embargo, al ser sede del gobierno provincial y por la relevancia de la AF, los contactos y las acciones suelen coordinarse de forma directa entre las organizaciones de la AF y funcionarios de nivel provincial, “salteándose” la instancia municipal. En cambio, en Florencio Varela, se reconoce un entramado organizativo más fuerte para el sector. En primer lugar, si bien cuando deja de funcionar el PNAP también deja de existir el Programa Varela Verde, desde el IDEL se continuó con el Programa Tierras Productivas y con la asistencia técnica. Sin embargo, en entrevistas con los funcionarios y declaraciones públicas han manifestado que debido a falta de presupuesto el programa se encuentra virtual­mente parado y solo se realiza asistencia técnica.

Por parte de las organizaciones de productores, fruto de la mayor fortaleza relativa en la que se encuentra la AF, sumado al surgimiento de nuevas organizaciones, surge la Mesa Agraria de Varela de la que participan casi todas las organizaciones locales14. Fruto de esta articulación ha surgido la posibilidad de la adecuación de un galpón municipal, para la instalación de una Feria de la AF. Este es un espacio central del municipio donde todas las organizaciones comercializan su producción de manera directa, mejorando sus ingresos, pero también su visibilidad hacia el conjunto de la sociedad de Florencio Varela. Por otro lado, y recogiendo una de las demandas del sector, en los últimos meses el gobierno muni­cipal ha puesto en marcha también una Mesa de Agroecología, con la que otorgar asistencia técnica y seguimiento para quienes deseen em­prender la transición agroecológica.

Reflexiones finales

El proceso que comienza en el año 2004, con la visibilización y surgimiento de la AF, recono­cida a partir de allí como sujeto de política públi­ca, trajo consigo una multiplicidad de transforma­ciones de diverso carácter. Buscando identificar los cambios en la estatalidad de la AF periurbana del AMBA en el período 2009-2019, reconocemos una serie de procesos que subyacen y le dan fun­damento a la relación social estado. Estos cambios son los que le dan lugar al surgimiento de una serie de instituciones y organizaciones estatales. En este trabajo, buscamos describir esos cambios dentro de la estructura estatal, relevando las esta­talidades, es decir las prácticas, procesos e interac­ciones que le dan razón de ser.

Este trabajo dio como resultado una periodiza­ción atravesada por un cambio de gobierno en el año 2015 que transformó las relaciones de poder trastocando la estatalidad de la AF. Estas transformaciones fueron consecuencia y a la vez la causa de una serie de cambios sociales entre los que resaltamos:

 

Visibilidad de los actores de la AF periurbana, alcanzada gracias al surgimiento y fortalecimiento de organizaciones sociales que representan a este sector.

 

Uno de los principales cambios que produjo el impulso, por parte de diferentes actores, de polí­ticas públicas diferenciadas para la AF, fue la construcción misma de sujetos que pasaron a identificarse -de manera contradictoria, conflicti­va y sin dejar de lado heterogeneidades- como productores o agricultores familiares.

Esa identificación, puede adoptar diferentes ca­rac­terísticas. En algunas ocasiones es más instru­mental -para conseguir recursos-, en otras fue más identitario y con clara vocación de construir dicho sujeto. Pero en ambos casos, ello derivó en un ma­yor nivel de organización del sector. Y creemos que el mismo es resultado de la acción estatal, al mismo tiempo que es una causa de ella, la causa que lo impulsa.

Es resultado porque son varios los ejemplos en los que las organizaciones crecieron al calor de los grupos creados para acceder a programas (como el caso de Cambio Rural). En estas ocasiones, pu­dimos comprobar, que la importancia del rol de los técnicos en el proceso de conformación de las organizaciones es central. Es causa porque son los mismos productores quienes comienzan a demandar más políticas para atender sus demandas.

Uno de los cambios que facilitó este proceso fue una modificación en las prácticas de ciertos agen­tes estatales, los técnicos. El rol de los técnicos, pasa de basarse en una práctica de extensión trans­ferencista, a otra en la que el técnico debía realizar un abordaje integral. Varios de esos técni­cos, conforman luego las organizaciones más dinámicas de la actualidad en la AF periurbana (UTT, MTE Rural). Vemos acá como un simple (y no tanto) cambio en una práctica, da lugar a nuevas interacciones, de la que emerge una estatalidad distinta a la preexistente.

 

 

Construcción de redes entre organizaciones de productores hortícolas y técnicos, con miras a establecer y/o defender lineamientos de política pública.

 

Esas nuevas relaciones, esa mayor interrelación entre técnicos, productores, investigadores uni­versitarios, etc., se refuerza de diferentes modos durante el periodo bajo análisis. Principalmente se refuerza con el establecimiento de redes -formales e informales- en defensa de la AF.

En estas redes, juegan un papel central las uni­versidades de la zona sur de la RMBA, princi­palmente la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la Universidad Nacional Arturo Jauret­che (UNAJ, en F. Varela). En el primero de los casos, como ejemplo, desde el año 2010 se realizan Jornadas de AF en las que interactúan referentes de los productores, con otros actores aliados (INTA, estudiantes y docentes de la UNLP). En el segundo caso hace ya dos años (2018 y 2019) que se realizan actividades en el marco de la Plataforma para la Innovación de los Territorios Periurbanos, en los que se establecen compromisos, circulan saberes y co­nocimientos, tanto desde los productores, como desde la academia y los técnicos que participan. De esta manera se generan proyectos para obtener financiamientos, prácticas de extensión para estu­diantes que colaboran con las organizaciones de productores, esquemas de certificación para pro­ducciones agroecológica y otras acciones que esta­blecen ciertos “acuerdos mínimos” de qué política pública debe haber para el sector.

Por otro lado, las mismas Ferias de la AF, tanto aquellas que se emplazan en las universidades, como las que funcionan en otros espacios (la Feria Municipal de F. Varela es un ejemplo) se transforman en redes en las que se genera, se intercambia y se difunde conocimiento entre productores, técnicos y la sociedad en general. Y se construye solidaridad hacia adentro del sector, entre las diferentes organizaciones15.

 

 

Mayor capacidad del sector para hacer frente al desmantelamiento de la institucio­nalidad creada para el sector, en el periodo 2015-2019

 

Estos dos últimos elementos que hacen a los pro­cesos internos del sector y a las prácticas que se generan entre los actores de la AF y sus alia­dos, cobran una importancia mayor aún en un mo­mento donde se intenta desmantelar la institucio­nalidad (programas, leyes, reglamenta­ciones) construida para el sector en los años 2009-2015. Constituyen las garantías de continuidad de las políticas que el sector históricamente reclama.

Una demostración de esa mayor capacidad es que, pese a los retrocesos institucionales, el sector ha podido seguir creciendo en aspectos pro­ductivos (gestionando galpones de acopio, fá­bricas de bioinsumos agroecológicos, plantas de procesamiento de alimentos), comerciales (mayor cantidad de ferias, nodos de consumo).

Por otro lado, el sector también se ha conver­tido en un actor político importante. Por ejemplo, mediante la realización de verdurazos en diferen­tes puntos (incluyendo la Plaza de Mayo, en Ciudad de Buenos Aires), donde se pone en evidencia la relación entre la situación de la AF periurbano y el alto costo de los alimentos en las ciudades. Pero también con la organización de encuentros, foros y otros eventos donde las diferentes voces y demandas del sector son puestas en valor y procesadas por diferentes actores. Un ejemplo de ello es la realización en mayo de este año (2019) del Foro por un programa agrario nacional y soberano, en el que se reunieron más de 4000 pro­ductores de todo el país, pero donde la presen­cia de productores de La Plata y Florencio Varela era más que importante numéricamente.

Estos elementos, son los que posibilitan que los cambios en las estatalidades, no sean contra los intereses de los pequeños productores. Ejem­plo importante es la situación del MSA, que lue­go de que el gobierno nacional amenace con quitarlo, las organizaciones lograron que sea absorbido por Desarrollo social (confirmando la voluntad de política asistencial con el sector), y así reconquistar un derecho que ya percibían como propio.

Es por estos elementos, que podemos concluir que, en el contexto de estas transformaciones en las relaciones sociales, la estatalidad resultante para el periodo 2009-2015 buscaba incluir a la AF periurbana a través de un fortalecimiento pro­ductivo del sector, evidenciado en una interven­ción estatal a través de la cartera sectorial -MAGyP-. A partir de 2016, los cambios en la esta­talidad de la AF periurbana, que sucedieron en el contexto de recortes presupuestarios, despidos y falta de recursos económicos, revelan un “desplazamiento” en el abordaje de la cuestión que opera en tres sentidos:

 

• a nivel nacional desde las organizaciones estatales sectoriales (actualmente la Secre­taría de Agroindustria) hacia aquellas de carácter asistencial (Ministerio de Salud y Desarrollo Social);
• hacia una mayor protagonismo de las orga­nizaciones estatales a nivel provincial a tra­vés del Ministerio de Agroindustria (provin­cialización de la política para el sector);
• pero como contrapartida una fuerte resisten­cia de una alianza entre organizaciones so­ciales de la AF, técnicos y organizaciones so­ciales urbanas, en defensa de los agricultores familiares y de la soberanía alimentaria.

Bibliografía

Abrams, P. (1988). “Notas sobre la dificultad de estudiar al Estado”. En Abrams, P., Gupta, A. y Mitchell, T. (1988) Antropología del Estado. Fondo de Cultura Económica.

Ambort, M. E. (2017). Procesos asociativos en la agri­cultura familiar: un análisis de las condiciones que dieron lugar al surgimiento y conso­lidación de organizaciones en el cinturón hortícola platense, 2005-2015. Tesis de grado. Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.

Barsky, A. (2010) “La agricultura de ‘cercanías’ a la ciudad y los ciclos del territorio periurbano. Reflexiones sobre el caso de la Región Metro­politana de Buenos Aires”. En Svetlitza de Nemirovsky, A. (coord.) Globalización y agricul­tura periurbana en Argentina. Escenarios, reco­rridos y problemas. Serie Monografías de la Maestría de Estudios Sociales Agrarios. Buenos Aires: FLACSO.

Barsky, A. y aboitiz, P. (2012). “La Agricultura Periurbana en la Agenda Pública”. En Mitidieri, M.L. y Corbino, G. (ed.) Manual de Horticultura Periurbana. Buenos Aires Ediciones INTA.

Benencia, R. (2006). “Bolivianización de la horti­cultura en la Argentina. Procesos de migración transnacional y construcción de territorios productivos”. En Grimson, A. (comp.) Migracio­nes regionales hacia la Argentina. Diferencia, de­sigualdad y derechos. Buenos Aires: Prometeo.

Benencia, R., Quaranta, G. y Souza Casadinho, J. (2009). Cinturón hortícola de La ciudad de Buenos Aires. Cambios sociales y productivos. Buenos Aires: Ciccus.

Bertoni, L. y Soverna, S. (2014). La transición en las políticas públicas para la agricultura fami­liar Argentina de los programas a la nueva ins­ti­tucionalidad. XVII Jornadas Nacionales de Extensión Rural y IX del Mercosur El en­cuentro en la diversidad, Zavalla - Santa Fe. Recuperado de https://onedrive.live.com/?cid=2d37fcdea19f0f15&id=2D37FCDEA19F0F15%21192&authkey=%21AAqAUM9_1WMQELw.

Bozzano, H. (1990). “Reflexiones sobre reestruc­turación económica, mutaciones productivas y reproductivas en territorios periféricos: el caso de Buenos Aires”. En Escolar, M. y Moraes, A. C. R. (1990) Los nuevos roles del Estado en el ordenamiento del territorio. Actas del Segundo Seminario Latinoamericano de Geografía Crítica [noviembre 1990. Buenos Aires UBA.

Ministerio de Asuntos Agrarios y Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires (2005). Censo Hortiflorícola de Buenos Aires (CHFBA ‘05).

Cieza, R., Ferraris, G., Seibane, C., Larrañaga, G., Mendicino, L. (2015). “Aportes a la caracte­rización de la agricultura familiar en el Partido de La Plata”. Revista de la Facultad de Agronomía de La Plata. Nº 1, Vol. 114, pp. 129-142.

Cowan Ros, C. (2016). “Estatalidades, políticas públicas y movimientos sociales en su configu­ración interdependiente: Una perspectiva ana­lítica”. Contested Cities: Working Paper Series. Serie (V). Políticas y Luchas Por La Vivienda. Recuperado de http://contested-cities.net/working-papers/2016/estatalidades-politicas-publicas-y-movimientos-sociales-en-su-configuracion-interdependiente-una-perspectiva-analitica/

FAO (2016). Alimentar a las ciudades: un desafío clave para el desarrollo sostenible. Recuperado de http://www.fao.org/news/story/es/item/380070/icode/.

Ferraris, G. y Seibane, C. (2016). Las Organizaciones de Agricultores Familiares: ¿Nuevos movimientos sociales? VI Congreso Argentino y Latinoame­ricano de Antropología Rural, 17 al 20 de mayo. Universidad Nacional de Salta, Facultad de Humanidades.

García, M (2014) La renta en la horticultura de La Plata (Buenos Aires, Argentina). Causas de su heterogeneidad intra y extrarregional. Agroalimentaria. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199229475004

- - - - - - (2015). “Horticultura de La Plata (Buenos Aires). Modelo productivo irracionalmente exitoso”. Revista de la Facultad de Agronomía de La Plata. Nº 1, Vol. 114, pp. 190-201

- - - - - - (2016). “Capacidad competitiva y dinamis­mo en la horticultura de La Plata interpretada desde el enfoque basado en los aglomerados de empresas”. Revista Huellas, Nº 20, Instituto de Geografía, EdUNLPam: Santa Rosa. Recuperado de http://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/huellas.

González, F. (2016). “La Agricultura Familiar en Ar­gentina: entre el consenso, la coerción, la inclu­sión y la subordinación”. Redes, N° 3, Vol. 21, pp. 75-96. Ed. Universidade de Santa Cruz do Sul.

- - - - - - (2017). “Hegemonía y Desarrollo Rural: análisis territorial de políticas de desarrollo rural en Benito Juárez (Buenos Aires, Argentina)”. Geopolítica(s). Revista de estudios sobre espacio y poder. N°2, Vol. 8, pp. 203-223. Madrid: Ediciones Complutense.

Hirsch, J. (2001). “¿Qué es el estado? Reflexiones acerca del estado capitalista”. En El estado nacional de competencia. Estado, democracia y política en el capitalismo global. México: UAM-Xochimilco.

Manzanal, M. (2007). “Territorio, Poder e Institu­ciones. Una perspectiva crítica sobre la produc­ción del territorio”. Manzanal, M., Arzeno, M. y Nussbaumer, B. (comp.), Territorios en cons­trucción. Actores, tramas y gobiernos, entre la coo­peración y el conflicto. Buenos Aires:Ciccus.

Manzanal, M. y González, F. (2010) “Soberanía ali­mentaria y agricultura familiar. Oportunidades y desafíos del caso argentino” Realidad Econó­mica, Nº 255, Octubre-noviembre pp. 12-42. Buenos Aires: IADE.

Marques, M. I. M. (2000). De sem-terra a “posseiro”, a luta pela terra e a construção do território cam­ponês no espaço da reforma agrária: o caso dos assentados nas fazendas Retiro e Velha. Tesis (Docto­rado en Geografía Humana) - FFLCH, USP, São Paulo.

Mosca, V. A. (2018). “El rol del Estado en la pro­ducción del territorio periurbano de la Región Metropolitana de Buenos Aires: agricultura pe­riurbana y expansión residencial”. Revista Inter­universitaria de Estudios Territoriales PAMPA. [En prensa]

- - - - - - (2019). “El periurbano de la Región Me­tropolitana de Buenos Aires: tensión entre soberanía alimentaria y derecho a la ciudad”. Revista Huellas, Vol. 23, Nº 1. Santa Rosa: Ins­tituto de Geografía, EdUNLPam. Recuperado de http://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/huellas.

Nogueira, M. E., Urcola, M. A. y Lattuada, M. (2017). “La gestión estatal del desarrollo rural y la agricultura familiar en Argentina: estilos de gestión y análisis de coyuntura 2004-2014 y 2015-2017”. Revista Latinoamericana de Estudios Rurales II (4). Buenos Aires.

Oszlak, O. (1982) “Reflexiones sobre la formación del estado y la construcción de la sociedad argentina”. Desarrollo Económico, Vol. 21, N° 84 (enero-marzo). Buenos Aires.

Oszlak, O. y O’Donnell, G. (1995). “Estado y políticas estatales en América Latina: hacia una estrategia de investigación”. Redes, Vol. 2, Nº 4, pp. 99-128. Argentina: Universidad Nacional de Quilmes.

O’Donnell, G. (1977). “Apuntes para una teoría del Estado”. Documento CEDES/G.E. CLACSO N°9. Buenos Aires.

Portes, A. (2006), “Instituciones y desarrollo: una revisión conceptual”. Desarrollo Económico,
Nº 184. Buenos Aires: IDES.

Ramilo, D. (2011). Agricultura familiar, atlas: pobla­ción y agricultura familiar región pampeana, 48pp. Buenos Aires: Ediciones INTA.

Poulantzas, N. (1979) Estado Poder y Socialismo. México: Siglo XXI.

Salomón, A. (2016). “El ‘Programa Tierras Productivas’ (Florencio Varela, Argentina). Un análisis diacrónico de su trayectoria”. Revista Electronica de Geografía Austral, Año 8, N° 1, enero - julio. Santiago: Universidad Autónoma de Chile, Facultad de Educación.

Schiavoni, G. (2012). “Objetivación y medida: el registro de la agricultura familiar en Misiones”. En Manzanal, M. y Ponce, M. (org.) (2012) La desigualdad ¿del desarrollo? Controversias y dis­yuntivas de desarrollo rural en el norte argentino. Buenos Aires: Ciccus.

Seibane, C. y Ferraris, G. (2017). “Procesos orga­nizativos y políticas públicas destinadas a pro­ductores familiares del sur del Área Metropo­litana (provincia de Buenos Aires, Argentina) 2002-2015”. Mundo Agrario, Vol. 18, Nº 38, agosto. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Centro de Historia Argentina y Americana. Recuperado de https://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/article/view/MAe060/8566

Soverna, S., Tsakoumagkos, P. y Paz, R. (2008). Revisando la definición de agricultura familiar, Serie documentos de capacitación Nº 7. Buenos Aires: PROINDER, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos.

Thwaites Rey, M. (2005). Entre tecnócratas globa­lizados y políticos clientelistas: derrotero del ajuste neoliberal en el Estado argentino. Buenos Aires: Prometeo.