Presentación

Presentation

Matías Berger

enriqueberger@hotmail.com

CONICET

Argentina

 

Carlos Cowan Ros

cowanros@agro.uba.ar

CONICET

Argentina

El estado no es la realidad que está detrás de la máscara de la práctica política. Es, en sí mismo, la máscara que nos impide ver la prác­tica política tal como es (Abrams, 2015:63). Con esta metáfora, Philip Abrams buscó inter­pelar a los asistentes a la conferencia anual de la Asociación Sociológica Británica de 1977 sobre la necesidad de descosificar el análi­sis del estado en los estudios sobre el poder político. Abandonar la (re)presentación del estado como una entidad o, incluso, como un agente concreto, diferenciado y autóno­mo de la sociedad, dotado con cualidades hu­manas como voluntad, poder y actividad pro­pia, que obra en favor del interés general cons­tituía un desplazamiento epistemológico impres­cindible para comprender la organización po­lí­tica en las sociedades modernas. Para superar ese desvío, propuso abordar al estado a través de su dimensión simbólica, como un artefacto o proyecto ideológico (idea-estado) que orienta las accio­nes de los sujetos sociales desplegadas en el conjunto de instituciones de control político y ejecuti­vo (sistema-estado) con el objeto de legiti­mar y reglamentar moralmente la (re)pro­­ducción del orden social. En su perspecti­va, (re)producir la imagen del estado como una totalidad autónoma e integrada no sólo oculta la heterogeneidad, contradic­cio­­nes y tensiones que suelen existir entre las ins­tituciones y actores que integran el sistema-estado, sino también implica participar de la disimulación y naturalización del ejercicio de poder a través de las instituciones estatales (Abrams, 2015).

Los esfuerzos por desfetichizar los análisis de la configuración y del poder ejercido a través de la institucionalidad estatal pueden rastrearse desde el inicio de la conforma­ción de las ciencias sociales. En tal sentido retomaron y discutieron las ideas, teorías y posiciones de las tradiciones de pensamien­to asociadas a la filosofía política entre la que es posible incluir la filosofía clásica, los pensadores del renacimiento, los contractua­listas, la filosofía moderna y el marxismo. Se inauguró así un debate en torno al concepto de estado que entre otras cuestiones retomó y dis­cutió la idea hegeliana de esta­do como máxima realización de un momento histórico, entendido como la mate­rializa­ción de la subordinación de los intere­ses particulares al interés general (Hegel, 2004; Molina Jiménez, 1985). Las críticas de Karl Marx a esta concepción lo llevarían a dife­rentes posiciones a lo largo de su obra en las que definirá al estado como abstracción que lleva a separar la vida del individuo como ciudadano que integra una comunidad política de la vida del individuo como integrante de la sociedad burguesa. De ese modo, la emancipación política, de la que el estado sería máxima expresión, es solo en apariencia universal pues no puede separarse más que de modo abstracto de la existencia social, intereses y necesidades de los sujetos (Marx, 2013). Ello culminaría en la interpretación del estado como expresión e instrumento de la dominación burguesa. Estas dos perspectivas nos permiten comprender una tensión interpretativa permanente entre dos ideas de estado que expre­san su carácter universal, por un lado, y su carác­ter particular, por otro. Es precisamente en el diálogo e confrontación entre de ambas ideas de estado, en las que se juega su producción como “representación”, que muestran su productividad las nuevas interpretaciones y perspectivas.

La reflexión acerca del estado sería enriquecida por la naciente sociología a través de las defini­ciones y estudios históricos de Max Weber como asociación de dominio institucional con el mo­no­polio del poder legítimo que puede darse cual­quier tarea y contenido y en el marco del cual se produce la disputa política entendida como lucha por la participación en el poder o por la influencia en la distribución del poder (Weber, 2005). A su vez, Durkheim lo definió como un grupo espe­cial de funcionarios a cargo de repre­sentar la auto­ridad soberana a la que están so­me­tidos los indi­viduos y que, por y para ello, tienen la tarea de producir representaciones que comprometen a un colectivo como forma de con­ciencia restringida, es decir diferente y no abar­cadora de la conciencia colectiva (Durkheim, 2000).

A lo largo del siglo XX, y siguiendo el rastro de las interpretaciones mencionadas y sus tensiones inmanentes, tomaría cuerpo un abordaje sobre el estado inspirado en Antonio Gramsci que trata sobre la disociación entre estado y sociedad civil (Gramsci, 2006). En esta perspectiva, los estudios antropológicos focalizaron en la producción de lo estatal a través de las representaciones, in­teracciones y prácticas cotidianas de las personas destacando su carácter de artefacto cultural e indagando sobre la participación de sujetos subalternos en la producción, reproducción, dis­puta y cuestionamiento de los elementos que configuran lo estatal (Shore y Wright; 1997 y 2011; Joseph y Nugent; 2002; Sharma y Gupta, 2006 y Das y Poole, 2008). De ese modo, en las últimas décadas, las perspectivas constructivistas, inter­pretativas y decoloniales ganaron un renovado impulso para analizar el estado.

Por nuestra parte, entendemos que, para con­cretar la desfetichización de los análisis de lo estatal, estos desplazamientos conceptuales y analíticos deben ir acompañados de una adecua­ción terminológica. El lenguaje, en cuanto sistema simbólico, es una estructura estructurante que no solo modela y condiciona nuestras posibilidades de expresión y comunicación, sino también lo posible de ser pensado y, fundamentalmente, problematizado en la construcción de nuestros objetos de estudios. En consecuencia, solo es po­sible desconstruir y desnaturalizar la concepción del estado como una entidad autónoma y con agencia si se desiste de enunciarlo como una totalidad, como algo separado de la sociedad. Si asumimos que lo estatal se configura a través de representaciones, interacciones y prácticas coti­dianas, así como por medio de los resultados y efectos (institucionalizados o no) de éstas, es preciso construir nuestros objetos de estudio a partir de éstas, en cuanto constituyen nuestros referentes empíricos. En el mismo sentido, solo es posible evitar atribuirle características hu­manas (voluntad, interés y acción) si se lo eli­mina de la posición del sujeto gramatical en nues­tras construcciones narrativas. Se torna impe­rativo desplazarlo del lugar de la acción, de la agencia, de la intención, para restituir a ese lugar a las personas y grupos de interés que operan a través de las instituciones estatales para incidir en la producción del orden social. Es en ese desplazamiento narrativo que emerge la categoría estatalidad/es para designar la cuali­dad o agenciamiento a lo estatal. Por un lado, apuntamos a restituirle al fenómeno estudiado su heterogeneidad y complejidad y, por esa vía, desconstruir la totalidad e integralidad que la construcción “el estado” le impri­me. Por otro lado, buscamos aprehender y reconocer la multiplicidad de expresiones de lo estatal ya sea a través de representaciones, unidades bu­ro­cráticas, programas, leyes, agen­tes, manifes­taciones materiales (edificios, documen­tación, etc.), estadísticas, efectos y, funda­mentalmente, diferentes niveles de gobierno (nacional, pro­vin­cial y municipal) con vistas a construir y delimitar mejor nuestros objetos de estudio. Analizar la diversidad de expresiones, dinámicas e interacciones entre estatalidades nos conduce a la caracterización y reconstrucción de las confi­guraciones de las formaciones estatales que co­exis­ten en el país.

En Argentina, en las dos últimas décadas la cuestión estatal comenzó a adquirir cierta rele­vancia en los estudios rurales, complementando los tradicionales análisis sobre la estructura y los sujetos agrarios. Este Dossier tiene la intención de aportar a la construcción de referenciales teó­ricos y analíticos para el estudio de las estata­lidades orientadas a lo rural y develar lo que las perspectivas interpretativas posibilitan explicar sobre la producción de formaciones estatales.

Está compuesto de seis artículos. Tres de ellos analizan las (re)significaciones de políticas esta­tales de desarrollo rural que ocurren en el marco de interacciones y disputas entre destinatarios/as (campesinos/as y/o agricultores/as familiares) y agentes de desarrollo estatales y/o provenientes de ONG. Los tres artículos restantes abordan los referenciales de programas estatales, dos de nivel provincial y uno nacional.

El artículo de Andrea Geanina Gómez Herrera, titulado “Hacer posesión”: dispositivos y prácticas de gobierno de lo común en una población rural de Santiago del Estero, Argentina; aborda la pro­ducción de encierros comunitarios, gestionados como bienes comunes, por campesinos y exten­sionistas de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación para resistir el intento de empresarios agrarios de apropiarse de las tierras. Su foco de análisis indaga sobre los efectos de categorías jurídicas (poseedores y posesión) y refe­renciales de los proyectos de la Subsecretaría de Agricultura Familiar en la (re)producción y (re)definición de lo común y la comunidad por los campesinos y extensionistas rurales.

El artículo de Jimena Ramos Berrondo, titu­la­do Vínculos entre los referentes de las ONG y los dirigentes campesinos en las políticas de desa­rrollo rural: construcción conjunta de prácticas organi­zativas y formas de trabajo territorial en la pro­vincia del Chaco desde 1980 hasta 1998, recons­truye la trama relacional entre dirigentes de organi­zaciones campesinas y técnicos de ONG, con anterioridad al Programa Social Agropecuario y durante su implementación. Indaga los signi­ficados y las visiones de los actores sobre los proyectos de desarrollo rural y la forma en que sus interacciones, en términos de convergencias y disputas, intervienen en la definición de los destinatarios y de las prácticas organizativas.

El artículo de Jara, González y Gutiérrez, titu­lado Disputa y resignificación de las políticas pú­blicas. La participación del semillero campesino de Figueroa en el clúster de alfalfa (Santiago del Estero), analiza el referencial contenido en un pro­grama de desarrollo rural, en términos de la cons­trucción de problemáticas y alternativas de solución para campesinos, y cómo éstos intervienen redefi­niendo los términos y la operatoria del mismo, adecuándolo a sus estrategias de reproducción social.

El artículo de Ariel García, titulado (Des)Go­bernar el Cambio Rural. Desmonte y tecnologías de intervención en una nueva fase de neoliberalismo ofensivo (Argentina, 2015-2019), analiza las trans­formaciones en los referenciales (construcción de problemáticas, población destinataria, alter­na­tivas de solución, entre otros) y en los disposi­tivos de gobierno, tanto al interior del cuerpo técnico del programa como los dirigidos a los des­tinatarios, del programa Cambio Rural, cuando una nueva gestión, inscripta en el paradigma neoliberal, asume la conducción del gobierno nacional y del Programa.

El artículo de Paula Musseta, Caterina Dalma­so, Martín Perez y Dolores Lettelier, titulado El ordenamiento territorial frente al debilitamiento de los espacios agrícolas periurbanos. Aportes para repensar los desafíos de la política en el caso del Área Metropolitana de Mendoza, analiza el referencial de la política mendocina de ordenamien­to territo­rial y ofrece una reflexión sobre sus alcances y limitaciones para regular la preservación de la agricultura periurbana en el oasis donde se sitúa el área metropolitana mendocina.

Por último, el artículo María Inés Sesma y Vir­ginia Martínez Coenda, titulado La regulación del hábitat rural en Córdoba: una lectura crítica del Plan de Sustitución de la Vivienda Rancho, centra su análisis en la construcción de la problemática habitacional en espacios rurales en la política estatal cordobesa. Se observa la inscripción de la cuestión en una formación discursiva más amplia, enmarcada en el desarrollo evolucionis­ta, que tiene al hábitat urbano por referencia y un modo de intervención tutelar. Al sujeto del hábitat rural se lo representa como atrasado, ignorante, improductivo y necesitado de asisten­cia, distanciándose de las percepciones y viven­cias de pobladores rurales.

Una lectura relacional de los artículos aquí reunidos posibilita objetivar algunas regulari­da­des en los procesos de producción y en el fun­cionamiento de las estatalidades orientadas a lo rural en el país. El conjunto de los estudios de caso abarca un periodo de la historia reciente argentina que transcurre desde finales de la década de 1980 a la actualidad. Una mirada pro­cesual evidencia cómo referentes de diferen­tes sectores sociales se alternaron en la conduc­ción de distintas instancias de gobierno, nacional o provincial, desplegando su accionar en fun­ción de sus (re)definiciones sobre las pro­ble­máticas de lo rural y/o de lo agrario y de las alter­nativas de solución. Lo estatal emerge como disputado, ocupado e instrumentalizado por dife­rentes actores sociales que canalizan proyec­tos heterogéneos e incluso antagónicos. Pero también es posible observar que no solo desde la institucionalidad estatal se producen proble­máticas y se interviene para resolverlas. Con anterioridad a la existencia de políticas es­ta­ta­les de desarrollo rural, referentes de ONG ya intervenían en este área y al ser convocados algunos de ellos para formular y ejecutar los pri­meros programas estatales sobre la cuestión, su experiencia, definiciones y dispositivos de inter­vención permearon y modelaron las nuevas po­líticas estatales. Esta observación tam­bién puede ser extendida para el accionar que se realiza desde el sector empresarial, sean empre­sas agra­rias, en especial en la producción y difusión de tecnologías, o inmobiliarias, en lo que respecta a la valoración y asignación del uso de la tierra, que tiene un papel relevante en la trayectoria de lo rural y de lo agrario en Argentina. Si bien la esfera estatal es un ámbito privilegiado para la producción e intervención de problemas sociales, ciertamente no es el único.

En la construcción de los diferentes problemas de gobierno que subyacen a las políticas estatales analizadas, los/as autores/as dan cuenta de las formas heterogéneas de representar y, en con­secuencia, producir lo rural, a través de los sujetos que lo habitan y representaciones y funciones que se le asignan, y ponerlo en relación con lo urbano. Persiste cierta prevalencia de pensar lo rural y, dentro de este universo a los modos de producción campesino y/o familiar, como algo a ser modernizado, siendo lo urbano y el modo de producción empresarial los modelos de referencia a alcanzar.

En torno a los programas estatales se (re)crean redes de actores y las representaciones contenidas en los primeros rara vez se implementan sin ser tensionadas y/o resignificadas por los actores mo­vilizados. Agentes estatales que ofician como exten­sionistas rurales y los/as destinatarios de las programas de desarrollo rural, consciente o in­conscientemente, suelen resignificar los recur­sos, materiales y/o simbólicos, en función de sus propias definiciones de problemáticas. La fase de implementación de los programas esta­ta­les configura otra instancia de producción de lo estatal, donde se puede observar cómo lo su­jetos subalternizados colonizan con sus representa­ciones y lógicas las prácticas y recursos estatales, intentando reorientarlos en función de sus luchas, modos de vida y de producción.

Conforme observaron autores/as enrolados en la Antropología de la Política (Shore y Wright,1997 y 2011 y Yanow, s/año) lejos de la imagen de la política estatal como una secuencia lineal y descendente de decisión-acción, en la que altos cargos deciden qué hacer ante las problemas que definen desde un saber científico y racional, y sus subordinados y destinatarios accionan en función de las decisiones de los primeros, se veri­fica la naturaleza contingente y disputada de las políticas estatales. No solo al interior de un pro­grama se pueden percibir esas tensiones, sino también y fundamentalmente entre políticas implementadas desde diferentes agencias buro­cráticas, más aún cuando pertenecen a distintos niveles de gobierno (nacional, provincial y mu­nicipal).

En este sentido, gana interés el papel que algunas veces desempeñan los/as destinatarios/as y los/as extensionistas rurales al articular y armonizar dentro de su propio proyecto de desa­rrollo territorial, formalizado o no, programas estatales creados desde diferentes agencias bu­ro­cráticas y que no fueron pensados en su for­mu­lación de manera complementaria. Aquí, la agencia desplegada por estos actores, lejos de suponer el desvío y/o ineficiencia, interpretación que prevalece en los abordajes normativos, opera armonizando y adecuando a la especificidad local lo que no es y muchas veces no puede ser con­templando desde la generalización que conlleva la formulación de políticas estatales. Por otro lado, los empleados estatales y, en particular, los extensionistas rurales suelen continuar en su función y trabajo territorial a pesar de los cambios de gestión que puedan operar en la conducción de las agencias burocráticas, de los programas e, incluso, en los diferentes niveles de gobierno. Esta persistencia ayuda a comprender cierta con­tinuidad en el sentido de las acciones estatales que se verifican en los espacios territoriales a pesar del cambio de proyecto gubernamental y la heterogeneidad de actores y visiones que configuran la arena estatal. De este modo, una mirada interpretativa de los programas estatales, que focalice en la producción y devenir de éstas a partir de la agencia de los diferentes actores intervinientes, posibilita evitar sesgos analíticos normativos, para restituir su comprensión a la socio-lógica en las que se configuran.

Desde esta perspectiva, entonces, las estatalida­des constituyen un entramado institucional cuya producción y disputa por parte de agentes debe ser indagada en tanto prácticas y sentidos cons­titutivos de los hechos sociales. No representan simplemente un marco institucional o un factor determinante por sí mismo, independiente de los sujetos que las conciben, de los sujetos que las hacen con su práctica y de los sujetos que las vivencian, padecen y/o exigen en su cotidianeidad.

Por ello, desde nuestro punto de vista, su inter­pretación requiere contemplar algunas dimen­siones para su análisis empírico. En principio, resulta fundamental discernir los diferentes agentes involucrados en la producción de las esta­talidades atendiendo a sus características, sus posibilidades desiguales de incidir y las formas mediante las cuáles buscan lograr ese objetivo. Por otro lado, entendiendo que las agencias estatales se despliegan en espacios sociales constituidos por otros planos de organización social, es preciso identificar dichos planos y las redes de filiación que se yuxtaponen y entrelazan a través de la circulación de las personas evitando así asignar a las estatalidades la característica de ser un único y/o primordial elemento organizador de la vida social. Asimismo, es fundamental realizar una caracterización del contexto histórico, las tendencias fundamentales y la coyuntura en la que se constituyen y actúan los agentes y se pro­ducen las instituciones. Estas dimensiones permiten reconocer y realizar un análisis situado y concreto de la diversidad de perspectivas de los actores que participan de la producción de cate­gorías, técnicas y dispositivos de gobierno y de los diferentes sentidos de transformación, conser­vación, lucha, integración o resistencia que po­nen en juego esas perspectivas en diálogo con las in­terpretaciones de los contextos, tendencias y co­yun­turas previamente mencionados.

 

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