Construcción de ciudadanía y educación en México
Construction of citizenship and education in Mexico
Federico Sandoval Hernández | ORCID: orcid.org/0000-0003-4094-2484
Universidad Autónoma de Guerrero
México
Recibido: 29/10/2019
Aceptado: 4/1/2020
Resumen
El predominio del modelo económico neoliberal trajo consigo la irrupción de los valores del mundo de la empresa, la competencia y la violencia al ámbito educativo. El sistema de evaluación mexicano se implanta y opera ligado a las decisiones de asignación de recursos adicionales a las instituciones en atención a sus resultados. Al dejar que los recursos dependan de la calificación aprobatoria por parte de las instituciones nacionales e internacionales, el Estado se desentiende de su papel de proveedor de estos derechos.
Algunos estudios han investigado la relación entre algunas medidas de escolaridad y/o desigualdad educativa y el grado de desigualdad de ingresos. La desigualdad educativa, en general se manifiesta como escaso promedio educativo, rezago educativo y falta de acceso a los distintos niveles educativos, que se manifiesta como “rechazados” a la institución que se elige.
La educación en México es un derecho consagrado en la Constitución y es responsabilidad del Estado hacer que ello se cumpla; sin embargo, hasta hoy no ha sido posible garantizar el acceso y la calidad de dicha educación a todos los niños y jóvenes del país.
Palabras clave: Ciudadanía, Reforma educativa, Neoliberalismo, Desigualdad.
Abstract
The predominance of the neoliberal economic model brought with it the irruption of the values of the world of business, competition and violence to the educational field. The Mexican evaluation system is implemented and operates linked to the decisions to allocate additional resources to the institutions based on their results. By letting the resources depend on the approval rating by the national and international institutions, the State disregards its role as provider of these rights.
Some studies have investigated the relationship between some measures of schooling and / or educational inequality and the degree of income inequality. Educational inequality, in general, manifests itself as a low educational average, educational lag and lack of access to the different educational levels, which manifests as “rejected” to the institution that is chosen.
Education in Mexico is a right enshrined in the Constitution and it is the responsibility of the State to enforce it; However, until now it has not been possible to guarantee the access and quality of such education to all children and youth in the country.
Key Words: Citizenship, Educational reform, Neoliberalism, Inequality.
Introducción
En el siglo XXI, la problemática de la ciudadanía y la educación pasan por una serie de consideraciones, entre ellas las políticas, las sociales y las económico-culturales (Cortina, 2009), es por ello que es necesario contextualizar algunas de ellas, sobre todo las de carácter político, en este tenor, en México, es que hay que tratar a la élite gobernante: Enrique Peña Nieto (2012-2018) pertenece a uno de los grupos políticos más famosos, el grupo Atlacomulco, del estado de México. El Profesor Hank González fue uno de los pilares de ese grupo y tenía un dicho: Político pobre es un pobre político. Peña Nieto es ejemplo real y ejemplar de ese planteamiento. Estudió en la Universidad Panamericana, que estaba bajo la influencia Marcial Maciel, rodeado de recursos económicos enormes, de los cuales se derivaba su poder.
Su llegada al poder trajo como consecuencia revivir a Carlos Salinas de Gortari y algunos personajes de su grupo político. Al igual que Salinas inició un proceso de profundas reformas, entre ellas la educativa, para llevarlas a cabo propuso un pacto con el PAN y el PRD. El Pacto por México se llevó a cabo con la colaboración de estos partidos, después de todo eran reformas que profundizaban al neoliberalismo. Era obvio que el PAN, al igual que la “centro-derecha” del PRD iban a aceptar, no importaba que vendieran el petróleo de México, o las empresas nacionales de electricidad, ni que concesionaran la educación pública al mercado privado.
Un rasgo muy claro que se desdibujó y se evidenció claramente fue el papel del Estado, éste había cambiado sustancialmente, ahora la democracia era la democracia formal, la de los partidos políticos. Los partidos políticos ahora representan únicamente a sus intereses privados, sin una base social amplia, ni representan a las clases más desposeídas. Al igual que Salinas de Gortari, Peña Nieto, anunció muchas reformas, se trataba de mover a México en la supuesta búsqueda del bienestar general, de mayores ingresos, de mayores salarios.
Las reformas petrolera y de educación, nunca fueron puestas a discusión abierta y aun cuando se debería haber votado para saber si el pueblo las quería o no, propuestas que se hicieron a tiempo, nunca se consultó. La legalidad actual carece de legitimidad. Los empresarios van con todo por las ganancias y necesitan al Estado y sus instituciones para que les facilite su apropiación legal o violenta.
El entorno económico es crítico, después de 33 años de neoliberalismo con todas sus promesas de crecimiento, la venta de los bienes y activos nacionales, las reformas hechas, el castigo a los salarios de los trabajadores y a sus derechos sindicales y sociales, aquí se ha demostrado con datos lo que ha sucedido, que la desigualdad y exclusión no son “fallas” del modelo, son su esencia misma (Zizek, 2009).
“Reforma educativa” y desigualdades crecientes
Las famosas reformas estructurales de Peña Nieto han sido un fracaso para el pueblo de México, pero han sido benéficas para los grandes inversionistas nacionales y extranjeros. Es decir: no a todos les ha ido mal.
De acuerdo con el estudio Concentración del Poder Económico y Político de Gerardo Esquivel (2015):
en enero de 2014, Oxfam reveló que las 85 personas más ricas controlaban tanta riqueza como la mitad más pobre de la población mundial. Para enero del 2015, el número se había reducido a 80. La profundización de la desigualdad económica es la tendencia más preocupante para 2015, según el Foro Económico Mundial. Resulta, pues, imperativo hablar del tema en México, en donde más de veintitrés millones de personas no pueden adquirir una canasta básica, pero que alberga a uno de los hombres más ricos del mundo. Ahora bien, esta desigualdad que caracteriza a México no sólo tiene implicaciones sociales: las implicaciones políticas juegan un rol preponderante.
Uno de los aspectos más graves de esta desigualdad es la distribución del ingreso. Dada la escasa recopilación de indicadores, saber qué tan desigual es México respecto a otros países resulta una tarea compleja. No obstante, la Standardized World Income Inequality Database refiere que México está dentro del 25% de los países con mayores niveles de desigualdad en el mundo.
El problema se ha incrementado con el tiempo: dos bases de datos han arrojado información para las últimas tres décadas: la Socio-Economic database of Latin America and the Caribbean (SEDLAC) y la Income Distribution Database (OECD). Hay dos resultados, estamos frente a dos eventos contradictorios: ha crecido el ingreso per cápita, pero se han estancado las tasas de pobreza en el país. Lo anterior se produce porque el crecimiento se concentra en las esferas más altas de la distribución.
La obtención de datos oficiales de lo que ocurre en las clases más altas es cuasi imposible, de ahí que se recurra, por ejemplo, a las declaraciones fiscales. Así, de manera indirecta y por medio de métodos estadísticos, autores como Campos, Esquivel y Chávez (2014, 2015) han obtenido estimaciones de lo que sucede en ese México, podríamos decir, desconocido: al 1% más rico le corresponde un 21% de los ingresos totales de la nación. El Global Wealth Report 2014 señala, por su parte, que el 10% más rico de México concentra el 64,4% de toda la riqueza del país. Otro reporte de Wealth Insight afirma que la riqueza de los millonarios mexicanos excede y por mucho a las fortunas de otros en el resto del mundo. La cantidad de millonarios en México creció en 32% entre 2007 y 2012. En el resto del mundo y en ese mismo periodo, disminuyó un 0,3%.
El número de multimillonarios en México no ha crecido mucho en los últimos años. Al día de hoy son sólo 16. Lo que sí ha aumentado (y de qué forma) es la importancia y la magnitud de sus riquezas. En 1996 equivalían a $25,600 millones de dólares; hoy esa cifra es de $142, 900 millones de dólares. Ésta es una realidad: en 2002, la riqueza de 4 mexicanos representaba el 2% del PIB; entre 2003 y 2014 ese porcentaje subió al 9%. Se trata de un tercio del ingreso acumulado por casi 20 millones de mexicanos.
Para darnos una idea de la magnitud de la brecha en México veamos este ejemplo: para el año 2014, los cuatro principales multimillonarios mexicanos podrían haber contratado hasta 3 millones de trabajadores mexicanos pagándoles el equivalente a un salario mínimo, sin perder un solo peso de su riqueza.
La constante desigualdad y la captura política por parte de las élites tienen consecuencias económicas y sociales graves que resultan, además, excluyentes. El mercado interno se ve francamente debilitado. Ante la escasez de recursos, se recorta el capital humano y se pone en juego la productividad de los pequeños negocios.
La política social, asimismo, ha sido un rotundo fracaso: al día de hoy, esa lógica de que el crecimiento se filtra de las capas altas a las bajas simplemente no ocurre en México desde hace décadas. Uno de los dolorosos ejemplos es el salario mínimo: si un mexicano percibe esta cantidad y mantiene a alguien, a ambos se les considera pobres extremos. La política salarial que en algún momento se concibió como mecanismo de contención inflacionaria, ya no tiene razón de ser. Hoy en día, el salario mínimo mexicano está por debajo de los umbrales aceptados de pobreza... (Esquivel, 2015).
El Centro de Análisis Multidisciplinario CAM-UNAM, en abril 2006 muestra que el tiempo de trabajo que una persona tendría que laborar para poder adquirir la canasta alimentaria recomendable en México, en distintos años que cubren el periodo neoliberal es el siguiente: Resulta demoledor para cualquier país y evaluación de política pública que, si nos fijamos en la canasta alimentaria recomendable, en 1987 teníamos que trabajar 4 horas con 53 minutos, mientras que en 2016 tenemos que trabajar casi todo el día y la noche, 23 horas 38 minutos.
Por el lado del salario mínimo, el poder de compra del salario mínimo ha disminuido drásticamente a lo largo de las últimas décadas. Para 2014, alcanza para poco más de la cuarta parte de lo que pudo abarcar en su punto más alto (1976); representa, además, poco más de un tercio de lo que era hace 45 años (1969).
Uno de los aspectos más duros es que el nivel actual del salario mínimo en México se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo o de pobreza, y no solo eso, sino por debajo también del doble de la línea de bienestar mínimo o de pobreza extrema. En palabras reales: un mexicano que trabaja una jornada formal completa y que percibe el salario mínimo sigue siendo pobre. Si con ese ingreso ha de mantener a un miembro más de su familia, a ambos se les considera pobres extremos. Este es un caso único en toda América Latina. En ningún país del subcontinente se ha mantenido tan rezagado el poder de compra del salario mínimo como en México.
|
Posición |
País |
Horas al año |
Salario por hora (Dólares) |
|
1 |
México |
2,246 |
0.5 |
|
5 |
Chile |
1,988 |
1.45 |
|
14 |
Estados Unidos |
1,790 |
7.25 |
|
16 |
Nueva Zelanda |
1,757 |
7.55 |
|
21 |
Canadá |
1,706 |
7.18 |
|
22 |
España |
1,691 |
5.64 |
|
32 |
Luxemburgo |
1,507 |
9.24 |
|
38 |
Alemania |
1,371 |
7.19 |
Fuente: OCDE 2015
De acuerdo con el cuadro, los trabajadores mexicanos, entre ellos los maestros, son los que necesitan trabajar más horas y se les paga menos por su trabajo. Una consecuencia de este hecho es el incremento de la pobreza, que de acuerdo con datos de CONEVAL se incrementó en 2 millones de personas.
Los procesos de concentración de la riqueza y el incremento de la población en pobreza son dos caras de la misma moneda neoliberal. Asimismo, el neoliberalismo mexicano tiene más caras, una más es la corrupción que con Peña Nieto ha alcanzado cifras de escándalos récord, de acuerdo con FORBES, a México le cuesta, al menos 100.000 millones de dólares al año la corrupción. Sin embargo, a este mal se le ve como aceite de la maquinaria económica, engrane del sistema de justicia y factor para que las cosas “funcionen”. Por eso no se le combate y según el Índice de Percepción sobre Corrupción que realiza Transparencia Internacional, nuestro país se encuentra en el lugar 105 entre 176 naciones. En el espejo de la corrupción nos vemos igual que Kosovo, Mali, Filipinas y Albania. Del comparativo con los países miembros de la OCDE mejor no hablamos: somos los últimos; la aceptación de la corrupción, de acuerdo a Peña Nieto, es cultural, es decir, somos un país corrupto.
La sanción social a las prácticas de corrupción es inexistente. Por el contrario, se alientan y encomian al que soborna o consigue un contrato a través de prebendas, es hábil y sabe su negocio. Un puesto de diputado o de senador cuesta un millón de pesos. El que se enriquece rápidamente se dice que es una persona exitosa.
Por eso es que dentro del inmenso catálogo de problemas nacionales, la corrupción no pinta. Es tan inherente al paisaje que atacarla parece ocioso. Sólo así se entiende que la Comisión Nacional Anticorrupción siga en el tintero y el titular de la Secretaría de la Función Pública sea un encargado de despacho. La corrupción le cuesta a México 9% del PIB cada año, es decir, dos puntos más que la fortuna de Carlos Slim.
En las narraciones de Scott Fitzgerald -dado a poner a sus personajes en la cruel disyuntiva de lo que quieren frente a lo que necesitan- cada dilema ético se resuelve volviendo al origen, a principios elementales, escuchando la voz de la conciencia previa al salvaje contacto con el mundo y el dinero. En el escenario que enfrentamos, tal solución suena imposible o al menos ingenua. No hay renovación moral sin reglas claras ni instituciones fuertes que la soporten; la última que intentamos en los años ochenta fue eslogan y no política pública. No sé si queramos combatir la corrupción, lo cierto es que lo necesitamos.
Para lograrlo, habrá que hacerle frente cuando el discurso termine y el templete se desmonte. Dejar de alentarla en la formación y aplaudirla de facto cuando socialmente obviamos condenarla. Su “mano invisible” mueve cada uno de nuestros mercados, cosa que sólo habremos de reconocer cuando haya acabado la tarea reformista y algo siga fallando.
La extracción de oro en México en el periodo 2000-2010 fue equivalente a más del doble de toda la extracción realizada a lo largo de los 300 años de la época virreinal. Más claro: los recursos naturales de la nación entera han beneficiado sólo a unos cuantos.
Las consecuencias económicas y sociales de la desigualdad y la captura política del Estado por parte de las élites empresariales salta a la vista y el escaso crecimiento económico excluyente sólo ha producido mayor pobreza y marginación de amplios sectores de la población. El crecimiento de una economía se puede ver francamente demeritado cuando los ingresos se distribuyen con desigualdad. Estamos no sólo frente al fracaso de la política social como instrumento capaz de reducir la pobreza en el país, también estamos frente a la concentración de los beneficios del crecimiento entre los segmentos más privilegiados de la población.
Construcción de Ciudadanía vs desigualdad
Como no es posible abordar el tema de la democracia sin su contraparte que es la ciudadanía, se considera llamar ciudadanía angosta a aquel ejercicio ciudadano que se agota y acota en su frontera. Hablar de ciudadanía es referirse a una supuesta igualdad de todas las personas ante la ley, porque todas, con independencia de su nivel socioeconómico, religión, preparación académica, lugar donde vivan, gozan de los mismos derechos, al menos formalmente. (Lijphart, 2000). Se ha propuesto este tema sobre la igualdad/desigualdad/construcción de ciudadanía para ser abordada en lo que atañe a América Latina, precisamente para hacer notar la brecha de desigualdad sobre la que se construye ciudadanía en esta parte del planeta y porque se considera que esta brecha es la que moldeó los tipos de ciudadanía en la región.
Ya han pasado casi setenta y cinco años desde que Marshall (1949), en su conferencia sobre Ciudadanía y clase social, se preguntó si seguía siendo cierto que la igualdad fundamental, enriquecida en sustancia y expresada en los derechos formales de la ciudadanía, era coherente con las desigualdades de clase. Planteamiento que se hacía, desde finales del siglo XIX, su antecesor inglés en el mismo tenor, Alfred Marshall. El Marshall del siglo XX estableció que en la sociedad actual los derechos formales de la ciudadanía y la desigualdad de clase seguían siendo compatibles. Es más, añadió, tanto sigue siendo coherente que la ciudadanía misma se ha convertido en el arquitecto de la desigualdad social legítima. (Marshall, 1949:302)
Durand (2010) añade que
esa igualdad formal de las personas ante la ley es, o puede ser, contradicha o negada por la desigualdad social, por la desigual distribución de la riqueza, de la propiedad, de etnia, de género, que diferencia a los ciudadanos y los puede volver distintos frente al derecho y a las instituciones. (p. 25)
Vemos aquí una contradicción y un problema de gran envergadura, porque la igualdad ante la ley, es decir, la ciudadanía es la que legitima la desigualdad social y a su vez esa misma desigualdad social ya legitimada, y es la misma que puede volver distintas a las personas frente al derecho y a las instituciones.
Pero además, la igualdad formal ante la ley tampoco es suficiente, no basta que la Constitución defina que todos los ciudadanos que comprende dicha normatividad sean iguales, deben serlo efectivamente ante las instituciones encargadas de velar por ello; en especial deben funcionar las instituciones que administran la justicia (Durand, 2010:27).
Y de ello se encarga el estado de derecho, de hacer funcionar las instituciones, en especial las instituciones que administran justicia, si eso no ocurre, se está frente a su negación, frente a una dictadura, total o parcial, o en la forma más crítica: el Estado de excepción (Smichtt, 1997, citado por Durand, 2010) que ocurre cuando el soberano suspende el estado de derecho por razones mayores, como la guerra con otro país o una revuelta popular y/o el estado de excepción permanente propuesta por Walter Benjamin (citado por Durand, 2010) y que padecen los sectores dominados de la sociedad, aquellos que no se benefician del derecho establecido.
Por lo anterior, Durand (2010) propone que en el caso de México y otros países de América Latina, el análisis del Estado de derecho y consecuentemente el de ciudadanía debe hacerse tomando en cuenta su opuesto: el Estado de excepción, que en México, afirma, ha sido históricamente permanente y, en consecuencia, de un ejercicio de ciudadanía precaria, esto es, la ciudadanía que los individuos pueden ejercer en un Estado de excepción, donde los derechos y las obligaciones son escamoteados y el estado de legalidad brilla por su ausencia.
En esa misma perspectiva, Russo (2017) propone llamar ciudadanías fallidas al ejercicio que se ha hecho en América Latina, y que dan lugar a las subciudadanías por cuanto a los problemas que radican tanto en el Estado como en la conformación de la nación.
Ahora, ¿de dónde proviene esa desigualdad social que ya es como un hecho irrefutable? Del sistema económico capitalista, que crea marginalidad y exclusión y también comunidades en las que no hay balance entre derechos y obligaciones y la misma situación, genera una población que no se identifica como parte de la comunidad. Pero desde la exclusión hay procesos de creación de derechos y ciudadanía (Durand 2010:37).
La pregunta es ¿Cómo puede legitimarse un Estado basado en la desigualdad evidente de sus miembros? Bendix citado por Durand (2010) aporta que esto puede llevarse a cabo por la alienación de los trabajadores y para explicarlo mejor, cita a Marx con su análisis del fetichismo de la mercancía en donde la igualdad, como poseedores de mercancías, oculta el verdadero origen de la desigualdad y crea la apariencia de que puede ser resuelta por medios políticos o coercitivos, es decir, la desigualdad no es superable pero sí manejable, se puede limitar o ensanchar.
Otra forma de regular la desigualdad es por la vía de la lucha de la sociedad civil, es decir, en la exigencia de derechos por parte de la ciudadanía, aunque no todos los ciudadanos tienen la misma libertad y autonomía y no todos los Estados tienen la capacidad de hacer valer los derechos para todos. Así se justifica, que la ciudadanía se desenvuelva en situaciones diferentes y tenga niveles diferentes de un Estado a otro, igual que la democracia.
Aquí vale la pena poner atención en los procesos de construcción de ciudadanía y en la ciudadanía misma que se ha concretado en América Latina, porque con el empoderamiento ciudadano, se pueden mejorar los regímenes democráticos en la región y junto con ello los niveles de bienestar que son muy bajos, es importante señalar que a las democracias en América Latina les precedieron dictaduras, en las que los derechos de la ciudadanía eran precarios y por lo tanto permanecieron inhibidos.
Porque si bien el régimen democrático no garantiza la vigencia de todas las características de la ciudadanía, definitivamente es ahí donde el ciudadano está provisto de las condiciones que se necesitan para ejercer, expandir y consolidarla.
En los países del Sur, también se vive una ciudadanía individual radical porque el ciudadano del sur vive día a día preocupado sobre cómo resolver sus necesidades cotidianas, porque no cuenta con instituciones eficientes que se las garanticen, y muy rara vez, deja de lado su responsabilidad como proveedor o proveedora de los alimentos del día y de la cobertura del resto de sus necesidades, y disponer de tiempo para salir a las calles a protestar, sin embargo, esa misma precariedad cuando toca una cuerda sensible de la ausencia de un servicio esencial para el desarrollo de su vida diaria, la falta de empleo y acceso a la educación es el ejemplo más claro, es precisamente esa marginalidad y esa vida precaria lo que impulsa a estos habitantes a generar organización para afrontar esa situación en particular y, eventualmente, a construir ciudadanía (Cansino, 2011).
Aun cuando la ciudadanía en los países del norte, se manifieste en las calles se puede llamar a ésta una ciudadanía pasiva ante el estado de bienestar que han alcanzado y que les ha provisto el Estado de derecho que ayudaron a conformar, mientras que en el Sur es la ausencia de ese estado de bienestar y de derecho, el dispositivo que propende a crear ciudadanía.
Para efectos de este trabajo se impuso la construcción de ciudadanía como un concepto y, en consecuencia, se define como la lucha que emprenden los excluidos porque la igualdad ante la ley se materialice en políticas concretas, ahí donde la desigualdad económica ha creado una diferencia, reforzado por el incumplimiento de las Constituciones Políticas de Latinoamérica, en relación a los derechos humanos fundamentales (Durand, 2010).
Educación y violencia institucional
En pleno siglo XXI, estas contradicciones se pueden apreciar en los niveles de educación y de producción de conocimiento, que aún son insuficientes para incorporar al individuo de forma dinámica e independiente en los nuevos componentes del desarrollo económico. No obstante que el país cuenta con grandes fortalezas, recursos naturales y humanos, se siguen padeciendo añejas e inaceptables desigualdades producto de una distribución profundamente inequitativa de la riqueza nacional. Aunado a lo anterior:
la corrupción también está presente en algunos funcionarios educativos a través del dispendio, de supuestas relaciones con el narcotráfico, de la represión, la censura, el enriquecimiento ilícito o los fraudes. ¿Cómo, frente a esta realidad, será posible que el Sistema Educativo en su conjunto forme ciudadanos con vocación de servicio y un comportamiento ético?..…La historia de nuestro país nos habla de líderes “morales” que ostentan riquezas indignantes, obsesivas concentraciones de poder y una pertinaz ignorancia, así como la incapacidad de dialogar o favorecer cambios en el sistema educativo. (Monroy, 2007)
La llamada reforma educativa, que en realidad es una reforma laboral, requería de consensos, es decir había que legitimarla, para eso Peña Nieto llevó a cabo el Pacto por México, un instrumento ideológico para hacerla legal. El PRD se sintió importante y firmó, a cambio le dieron la coordinación de la cámara de diputados, y aprobaron esta reforma punitiva.
Dos elementos son obvios en esta reforma, la promesa del aumento de los recursos, si es que aprueban el examen y la utilización y manipulación del SNTE para simular cualquier consenso con los profesores, ya sin la profesora Gordillo al frente y al grito de el Estado debe de recobrar la rectoría educativa con el INEE empezaron a realizar exámenes en todos los estados de la república. Como buenos tecnócratas, pensaban que los profesores, sobre todo los de la CNTE, los deberían de obedecer y aceptar sus condiciones. Se equivocaron y empezaron a amenazar y anunciar despidos a profesores que no se presentaban al examen, y bajo este ambiente, el descontento se radicalizó, las movilizaciones de miles de maestros paralizaron gran parte del país y el gobierno llegó incluso al asesinato de maestros y ciudadanos en Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
Por lo anterior no sería posible abordar la problemática educativa del país sin mencionar el tema del movimiento normalista y magisterial. Ambos sectores: el primero estudiantil y el segundo como gremio organizado han protagonizado importantes movimientos, muchos de ellos en franca confrontación con el Estado; los primeros por defender sus escuelas y el derecho a una educación creada para formar profesores y los segundos por democratizar el sindicato, más grande de América Latina; el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), a través de una fuerte corriente llamada Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, (CNTE) con una gran capacidad de movilización.
La historia de conflictos, marchas, plantones, bloqueos de carreteras y tomas de edificios públicos es interminable. En los primeros meses del año 2013, los ciudadanos fuimos testigos de uno de los movimientos magisteriales más radicales que se hayan registrado principalmente en el sur y sureste del país.
Por ejemplo, en Guerrero, los miembros del magisterio democrático organizados en la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, (CETEG) primero tomaron las oficinas de la Secretaría de Educación Pública, (SEP) de Chilpancingo, y cercaron el edificio central del palacio de gobierno así como el acceso al Congreso Local para rechazar la aprobación en el Congreso de la Unión de la reforma constitucional en materia educativa conocida como la reforma educativa que tenía su antecedente en el Pacto Social por la Educación suscrito por el gobierno del estado, la SEG, algunos presidentes municipales, el secretario de la sección XIV del SNTE entre otros funcionarios, el 27 de febrero de 2012. Pasen a firmar el pacto los que no tengan miedo, dijo el gobernador al finalizar su discurso, en el que afirmó que el mismo marcaba de manera definitiva un nuevo rumbo a favor de la educación en el estado (Morales, 2013).
El resultado, fue un rotundo fracaso de dicho pacto y lejos de tener éxito, su implementación se tradujo en una serie de movilizaciones a nivel nacional al evidenciarse las precarias condiciones en las que se desenvuelve el sistema educativo. Los salarios de los profesores, han reducido su poder de compra hasta en un 75 por ciento desde 1970 a la fecha; Nadie puede vivir decentemente ni satisfacer las necesidades básicas de una familia con 3,500 pesos quincenales (Morales, 2013).
Esto ha sido así por razones ideológicas [...] tienen que poner a la sociedad en marcha y al Estado en fuga. Así, la escuela “modelo” del neoliberalismo es el Tecnológico de Monterrey. Esta generación conocida por quienes la conforman como los modernizadores, llegan al poder en la administración de Miguel de la Madrid y se encumbran definitivamente de la mano de Carlos Salinas de Gortari, generando hasta nuestros días una serie de políticas que alientan el desplazamiento de la educación hacia el sector privado. (Morales, 2013)
Las políticas impuestas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, en sintonía con las políticas macroeconómicas que se han aplicado en el país han significado un fracaso para el desarrollo de México y sólo han beneficiado al 1 por ciento de los hombres más ricos y a los grandes centros del poder económico especialmente a Estados Unidos, a través de las llamadas reformas estructurales.
En este contexto, se lleva a cabo la llamada reforma educativa, que en realidad sólo es una reforma laboral para despojar a los trabajadores de la educación de conquistas y derechos a través de una evaluación y con esto, dicen sus promotores, se logrará la modernización y la calidad de la educación.
Las limitaciones de la reforma educativa de acuerdo con Marco Antonio Morales (2013):
La reforma educativa no considera, como cualquier reforma debería hacerlo, los temas pedagógicos, de estrategias didácticas, los análisis de planes de estudio y contenidos educativos (sobre todo en el aspecto filosófico) que implica la revisión profunda de qué tipo de persona queremos formar con la educación que se brinda), de infraestructura y equipamiento escolar, del uso de las tecnologías de la información, los factores socioeconómicos y socioculturales de los padres de familia y los estudiantes y si se quisiera realmente revisar la preparación profesional y la actualización de los profesores, la situación y el papel que desempeñan las escuelas normales y de capacitación magisterial.
Y según Mario Aguirre (2013):
¿qué de la reforma educativa de México contribuye para que los futuros ciudadanos deliberen consigo mismos y con los otros?; ¿qué de la reforma educativa se enmarca en la preocupación epistemológica de lo verdadero?; ¿en dónde, en la reforma educativa, está inspirada la preocupación argumentativa de lo persuasivo?; ¿cómo, en la reforma educativa, está articulado lo epistemológico que indica qué saberes enseñar, con lo didáctico que señala de cómo enseñar, y lo jurídico-político que inspira cómo lo aprendido será puesto al servicio del bien común?. Y además, en el horizonte ético-humanista de la educación que muestra, ¿de qué me liberan los saberes emanados de la reforma educativa?
Se dice en la reforma educativa que la educación debe ser de calidad para buscar el mejoramiento de constante y el máximo logro educativo de los estudiantes. Sin embargo, no se dice cómo hacer que la educación alcance altos indicadores de calidad, de qué manera se puede educar con alta o adecuada calidad, con qué elemento se cuenta para alcanzar esos objetivos, qué método pedagógico hemos de utilizar, cómo participarán los maestros, como personajes claves de la educación para alcanzar la óptima calidad. Tampoco se explica la manera en que los estudiantes, sujetos principales del proceso de enseñanza/aprendizaje, participarán en esta importante transformación educativa.
En cambio, dicha reforma está dirigida fundamentalmente hacia una evaluación excluyente, pues solo permanecerán en los centros escolares los que sí aprueben, los mejores, los más competentes y los que no pasen los exámenes serán despedidos.
Marco Antonio Morales (2013) dice que
la inadecuada preparación de los profesores es consecuencia directa del abandono de la educación pública por parte del Estado [...] Ahí está la clave, están mal preparados, mal pagados, trabajan en escuelas y en condiciones deprimentes, los niños llegan muertos de hambre, y todavía ellos tienen la culpa del bajísimo nivel educativo de sus alumnos y amenazan evaluarlos con visos de despedirlos de su trabajo, porque así lo determina una supuesta reforma educativa en cuya preparación no se consultó a nadie de los que debieron consultarse: especialistas, académicos, pedagogos; los propios sindicatos no fueron consultados [...] La “Reforma Educativa” se impuso en el contexto del Pacto por México y fue votada en fast track por una serie de congresos compuestos en su mayoría por políticos que desconocen pero opinan prolijamente, apoyándose en lugares comunes sobre el tema educativo, encabezados por un presidente que no puede citar correctamente tres libros y no conoce las capitales de los estados de la república, mientras que Televisa es la verdadera Secretaría de Educación Pública.
Las grandes movilizaciones de resistencia en contra de la llamada Reforma Educativa en la Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Chiapas (incluso en ciudades como Monterrey Nuevo León donde rara vez se realizan manifestaciones) no son una casualidad, se dan en el contexto de la política de recorte y austeridad hacia los maestros por parte del gobierno federal, y, curiosamente en las regiones más pobres del país, precisamente donde la exclusión y la desigualdad educativa adquiere las características más vergonzosas e inadmisibles.
El anterior secretario de educación pública Aurelio Nuño, declaró a los medios de comunicación que ya tenía 26 mil maestros para suplir a los que sean despedidos por no sujetarse a dicha reforma, que tiene el propósito de reducir la desigualdad y hacer efectivo el derecho a la educación y hacer una escuela más funcional con un sistema de capacitación y profesionalización para los maestros, así como renovar los programas de estudio y lograr que el sistema sea más equitativo para desmontar la desigualdad en el país.
Paralelamente a estas declaraciones, en el estado de Chiapas se reportó un enfrentamiento entre maestros y policías, con un saldo de varios heridos. El mismo ambiente de tensión se respira en Oaxaca y en Guerrero, los días 25 y 26 de mayo de 2016 se registraron nuevamente grandes movilizaciones de maestros y padres de familia, con bloqueos en la autopista del Sol y un paro de labores de 12 horas del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero, (STAUAG) y el Sindicato de Trabajadores Técnicos y de Intendencia al servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero (STTAISUAGro) en solidaridad con la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), la Normal de Ayotzinapa, el pago de 90 días de aguinaldo y en contra del impuesto ISPT a las prestaciones de los trabajadores de la UAGro.
Se dio a conocer, por los medios de comunicación, que a las manifestaciones de los profesores se han sumado los padres de familia, otros sindicatos afines, organizaciones sociales y hasta el Movimiento de Regeneración Nacional MORENA ha manifestado que su apoyo a los maestros en lucha pasará de las declaraciones a las acciones.
Los diputados de la mayoría de los partidos políticos (PRI, PAN, PRD, Verde Ecologista, Panal, etc.) tampoco llevaron a cabo una consulta para ir a votar una reforma en el Congreso de San Lázaro que lesiona los derechos de un importante sector de la sociedad mexicana.
Tanto los diputados como los funcionarios de la SEP ignoran o pretenden ignorar las condiciones en las que trabajan miles de docentes en el país, que muchos de ellos provienen de las clases populares, que se las arreglan como pueden para formar a millones de niños y jóvenes en aulas miserables, que son los maestros de este país los que tienen la capacidad de entender la realidad y la problemática del pueblo mexicano a partir de su experiencia cotidiana, de su contacto permanente con las comunidades, los barrios y sectores más pobres del campo y la ciudad.
Es cierto que la educación es uno de los más grandes problemas que padece México, pero más grave aún es el hecho de imponer una reforma que pretende excluir, desechar, a quienes constituyen una parte fundamental de la nación, al respecto son interesantes algunas líneas del artículo de la profesora investigadora del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Tanalís Padilla (La Jornada, 4 de junio de 2016):
“Malditos aquellos que con sus palabras alaban a la escuela y con sus hechos la traicionan”, reza una consigna en la normal rural de Amilcingo Morelos. Como el resto de esas escuelas rurales del país, sus murales y leyendas celebran la resistencia popular que vela por los derechos colectivos y condena el modelo neoliberal que pretende cerrar normales y dejar al país ya no con maestros formados en la profesión de la enseñanza, sino con técnicos hábiles en tomar un examen. Esa terca resistencia que el secretario de Educación Pública enfrenta para implementar su reforma es producto de un gremio que conoce su historia, sus derechos y se resiste a ser pasivamente desechable. Tan esencial es la historia como referente porque en ella se encuentran ejemplos de cómo el pueblo ha logrado sus derechos.
Los efectos de la privatización de la educación pública pueden ser observados, como se ha comentado anteriormente, en el financiamiento privado hacia la educación, empezó con Ernesto Zedillo y a partir de ese momento, no se ha detenido la tasa positiva de inversión de la educación privada.
Otro rasgo adicional en el financiamiento educativo hacia los distintos niveles es que el mayor porcentaje corresponde a educación básica, incluso los organismos internacionales ahora reconocen que esta distribución no resuelve el problema del crecimiento de capital humano de un país, sin embargo en México el neoliberalismo se arraigó profundamente en todos los aparatos gubernamentales relacionados con la educación. Seguimos viendo que la distribución del gasto federal educativo hacia la educación básica es porcentualmente mayor que en educación media superior, ocasionando un cuello de botella para acceder a la educación superior.
Las carencias de infraestructura para dar clases, bibliotecas, de apoyos didácticos y electrónicos, los contenidos educativos, los enfoques pedagógicos, no fueron relevantes en la reforma educativa, lo relevante fue la “evaluación” punitiva. Nunca consideraron, evaluar en clase, evaluar en relación a los recursos otorgados desde el centro de las ciudades, evaluar para mejorar, evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir las condiciones en las que se presentan los alumnos en términos de la nutrición, acceso a recursos didácticos, entre otros.
El planteamiento de fondo era crear un mecanismo para trasferir recursos públicos a empresas privadas educativas, a través de un bono educativo como fue planteado por Milton Friedman e instrumentado en algunas regiones de Estados Unidos, Argentina y otros países bajo el dominio del pensamiento neoliberal.
La tendencia educativa neoliberal ya no es incrementar la cobertura educativa real en enseñanza básica. Desde un punto de vista estadístico existe una total cobertura del nivel de primaria, aun cuando existen casos como Guerrero, Oaxaca y Chiapas, donde existen niños que no asisten a la escuela o no hay escuela en su centro comunitario. En enseñanza básica se otorga el mayor número de recursos públicos, por eso los privados quieren la ganancia que se puede obtener de conseguir la reforma educativa, desprenderse de maestros y escuelas públicas y lograr que a los alumnos se les dé un bono educativo para inscribirse en cualquier escuela privada.
En enseñanza media superior la idea es cerrar la posibilidad de que la gente de escasos recursos pueda acceder. El mecanismo es un proceso de exclusión, marginación y discriminación por la vía de los ingresos de las familias y el examen de selección.
Al poner un examen de selección para ingresar a las instituciones públicas de enseñanza media superior: primero, se niega lo aprendido y aprobado en el nivel anterior, aun cuando es obligatorio tener un certificado para acceder a tener una ficha; segundo, aprobar el examen implica prepararse previamente, para lo cual existe ya un mercado de escuelas privadas que preparan a la gente con un costo para el alumno. Dado los escasos ingresos de muchos jóvenes, producto de las políticas neoliberales de contención salarial, éstos no cuentan con recursos para pagar dichas escuelas o cuentan con muy pocos y pagan escuelas de preparación media hacia abajo.
Los que logran acceder a las opciones deseadas, 5 de cada 10 salen para acceder al nivel superior. En este nivel hay que volver a hacer un examen de selección y las escuelas privadas donde se preparan cobran más por esta preparación. Las escuelas privadas son una opción para las personas de altos recursos y que no necesitan evaluarse bajo este procedimiento.
En relación al problema, se puede decir que el Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, y todo el grupo gubernamental y de apoyo televisivo y periodístico iniciaron una campaña de desprestigio hacia los maestros y en particular a los de la CNTE: hasta la “izquierda moderna” pidió comprensión a los maestros y llamó a defender la tranquilidad nacional, a la no violencia. Uno de los precandidatos a la presidencia de la república, Miguel Ángel Mancera, cerró el Zócalo para evitar las concentraciones de los maestros, mítines y reuniones.
Como resultado de esta política la educación se desarrolla de una manera muy desigual, sobre todo en los sectores urbanos, en las zonas rurales y poblaciones indígenas, donde las carencias de hasta de lo más indispensable apenas si permiten sobrevivir y donde la educación se considera un verdadero privilegio. En nuestro país, la población de 15 años o más sin primaria completa llega a ser del 34%, el analfabetismo alrededor del 9% y en entidades como Chiapas, Oaxaca y Guerrero llega a estar por arriba del 20% (López, 2010).
Es cierto que en lo que se refiere a la educación básica (preescolar, primaria y secundaria) el problema principal no es la cobertura, aunque hay estados de la república que aún no cuentan con escuelas dignas, sino la calidad de la enseñanza. En una encuesta de opinión dirigida a padres de familia en 2007, el 39% de ellos consideró que el sistema educativo nacional está muy mal. De ese total, 25% reprobó a las escuelas privadas y 14% a las públicas; no obstante estas últimas obtuvieron las peores percepciones, pues el 15% aseveró que entre los principales problemas está el número de docentes comisionados, 16% cuestionó el ausentismo de los maestros, 11% los problemas sindicales y 14% señaló que los mentores están mal capacitados, todos ellos herederos de Elba Esther Gordillo y del SNTE.
La primera encuesta de opinión de los padres de familia sobre la enseñanza en México que dio a conocer la Secretaría de Educación Pública (SEP) ese año reveló además que el 43% de quienes tienen a sus hijos en escuelas públicas no han leído un libro en el último año, mientras el porcentaje es de 23% entre los progenitores de alumnos de planteles particulares (La Jornada, 2007).
Tan solo en la ciudad de México (entidad que tiene los mejores indicadores en materia educativa a nivel nacional) el analfabetismo afecta a alrededor de 140 mil personas y erradicarlo en 5 años es altamente improbable, afirmó el consultor en educación Ernesto Padilla Nieto ante el jefe de gobierno de la ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, quien durante su campaña se comprometió a dejar en cero dichos índices, otra mentira más. Manifestó que incluso ni en 10 años se lograría ese propósito, de allí que la meta a alcanzar en este sexenio es llegar a una cobertura de 50 por ciento, es decir, entre 65 mil y 70 mil personas (La Jornada, 2013).
En los niveles superiores (bachillerato y universidad) el panorama no es mejor, pues se conjugan los dos problemas, es decir, tanto la cobertura como la calidad de la educación. En un estudio realizado por el Instituto Nacional para la evaluación de la Educación (INEE) en 2011, el número de jóvenes que no asistía a la educación media superior alcanzó 7,3 millones: la cifra casi duplicó a los inscritos en ese nivel que en ese entonces era de 3,9 millones (La Jornada, 2011).
En el año 2015, en un registro histórico de jóvenes que desean ingresar a la educación media superior en el área metropolitana de la ciudad de México, 317.193 estudiantes egresados de secundaria se registraron para presentar examen de ingreso a ese nivel de estudios. Esta cifra es 2,38% mayor al número de aspirantes que se presentó en 2014 (309.502). Del total de jóvenes que solicitaron su ingreso al bachillerato para el siguiente ciclo escolar, 54.9% (174.279 estudiantes) deseaba como primera opción estudiar en algunos de los dos subsistemas de ese nivel de estudios que ofrece la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pero esta casa de estudios sólo pudo aceptar a 35 mil estudiantes (La Jornada, 2015).
Esta situación pone en entredicho la observancia del derecho a la educación media superior, elevado a rango constitucional desde octubre de 2011, y se pone en evidencia que
el rezago histórico que arrastra el país en materia de cobertura educativa: que cientos de miles de alumnos no alcancen a ingresar a las opciones de enseñanza media superior de su preferencia no se debe solo a carencias en su preparación escolar previa, sino a la falta de cupo en los planteles públicos más demandados y a la insuficiencia de alternativas equiparables en instalaciones y calidad académica. Esta forma de exclusión es consecuencia de la asfixia presupuestal, el abandono y la precariedad a que ha sido sometida la educación pública por los gobiernos neoliberales, incluido el actual [...] para que el acceso a las y los jóvenes a ciclos de educación media superior sea algo más que un formalismo es necesario, en primer lugar, que el Estado cumpla con sus obligaciones constitucionales y legales de garantizar educación gratuita y de calidad para todos los mexicanos. (La Jornada, 2015)
Esta realidad ha provocado que cada año, miles de jóvenes en edad de estudiar la preparatoria o la licenciatura tengan que tomar las calles para manifestarse y exigir un espacio en las escuelas, demandando que el Estado cumpla con su obligación de hacer valer el artículo tercero de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos en materia educativa y garantice este derecho a todos los ciudadanos.
El carácter recurrente de estas movilizaciones, constituyen signos preocupantes de un conflicto social que debiera ser atajado por las propias autoridades [...] El que miles de jóvenes queden fuera del sistema educativo en sus diferentes niveles, no puede achacarse solo a la deficiencia en su formación académica y a su mal desempeño en los exámenes de admisión, a fin de cuentas esas pruebas están diseñadas para distribuir un número reducido de aspirantes en las universidades públicas y en las preparatorias. Más que mecanismos de evaluación de conocimientos y habilidades, los procesos de admisión a la educación media superior y superior constituyen instrumentos de exclusión que remiten, inevitablemente, a las dinámicas económicas y sociales competitivas [...] En esa circunstancia, la imposibilidad de acceder al bachillerato y a la universidad es vivida por miles de jóvenes como una cancelación terminante de sus horizontes de desarrollo profesional y personal [...] Tal situación coloca a las universidades públicas ante la difícil perspectiva de enfrentar una presión social que, en todo caso, tendría que ir dirigida contra los defensores e impulsores del modelo económico vigente: al final de cuentas, las primeras no pueden expandirse de la noche a la mañana para dar cabida a la totalidad de los aspirantes que buscan matricularse; los segundos, por su parte, han permitido el desarrollo de las tendencias privatizadoras en la educación [...] Sin embargo, la solución real a la demanda de enseñanza en la zona metropolitana y en el país pasa necesariamente por el respeto al carácter universal de la educación en todos sus niveles, y ello no se logrará sin la ampliación de la oferta de plazas disponibles y sin la correspondiente creación de nuevas instituciones de educación superior. (La Jornada, 2011)
Juvenicidio y educación
Este escenario ya lo estamos viviendo, y en los últimos años ha alcanzado niveles alarmantes. Hay que destacar que aproximadamente el 80% de los muertos en la guerra contra el narcotráfico en este periodo lo constituyen jóvenes entre los 18 y 30 años de edad.
Son los jóvenes los más vulnerables ante la ausencia de horizontes de desarrollo personal, los que en un gran porcentaje se ven orillados a ocupar los peores trabajos, a recibir los salarios más bajos, a realizar las tareas más riesgosas e insalubres, al comercio informal y en el peor de los casos a formar parte de las filas de la delincuencia con sus funestos resultados.
En nuestro país, solo 2 de cada 10 jóvenes tienen acceso a la educación superior, es decir, el 20 por ciento. Cada año, en México son rechazados alrededor de 300 mil jóvenes en edad de estudiar una carrera universitaria. En febrero de 2010, el Dr. José Narro Robles rector de la UNAM informó que de los 115 mil 736 estudiantes que presentaron examen de ingreso, solo fueron seleccionados 10 mil 350: es decir, el 8.9%. (López, 2010)
Y en agosto de ese mismo año, en una declaración a la prensa, Narro Robles desmintió las cifras dadas a conocer por las secretarías de Educación Pública (SEP) y de Gobernación (SG), según las cuales la cantidad de jóvenes que no estudian ni trabajan en el país es de solo 285 mil personas y afirmó que en realidad, según datos oficiales son 7 millones y medio de jóvenes mexicanos en esa condición (La Jornada, 2010).
En el año 2013, de 126.753 jóvenes que presentaron examen para ingresar a la UNAM solo fueron seleccionados 10.916. Solo el 8.6 por ciento fue aceptado lo que significó que casi un 92% quedó excluido de las aulas universitarias. En el segundo examen realizado ese mismo año en la misma universidad nacional, de 61.840 aspirantes a ingresar a las más de 100 carreras que oferta la UNAM, ésta seleccionó a 7.923 alumnos, sólo el 12.8%, es decir, fueron rechazados 53.917 jóvenes (La Jornada, 2013).
Por otro lado, el problema no solo se presenta en el momento de ingresar a la preparatoria y/o licenciatura, sino también en la permanencia y titulación en las escuelas (eficiencia terminal), ya que según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el año 2013 México ocupó el primer lugar en deserción escolar entre los jóvenes de 15 a 18 años y el tercero entre las naciones con mayor población juvenil que no estudia ni trabaja con 7.337.250. Y por curioso o contradictorio que parezca, a mayor escolaridad sufren mayor desempleo, pues aquí se premia la baja escolaridad en el mercado laboral, dijo la directora del gabinete de la OCDE Gabriela Ramos y aseguró que
En ningún otro país hay una caída tan brutal, pues se pierde el 40 por ciento de los jóvenes en la transición de la educación media superior a la superior y a partir de ahí es menos y menos, hasta llegar a que sólo 12 por ciento de quienes tienen entre 20 y 29 años se dedican a estudiar, porcentaje que se reduce a 4 por ciento en el sector de 30 a 39 años. (La Jornada, 2013)
El organismo multinacional señaló que el país ocupó el tercer lugar sólo después de Israel y Turquía, entre los jóvenes de 15 años a 29 años que pasan el periodo más largo sin trabajar y estudiar, con un promedio de 3,7 años, frente a una media del organismo multinacional de 2,4 años.
México también ocupó el tercer lugar, después de Turquía y Brasil, con el menor número de años que los jóvenes de 15 y 29 años pasan escolarizados, con un promedio de 5,1, es decir, uno de los lapsos más cortos entre los países de la OCDE, mientras el gasto por alumno se ubica en los últimos lugares de 34 naciones en todos los niveles educativos. En cambio, los profesores mexicanos tienen el mayor número de alumnos por grupo de los países miembros de la OCDE (La Jornada, 2013).
Es un hecho reconocido que las estrategias y los programas actuales han sido muy insuficientes o inadecuados en relación con las necesidades de los niños y los jóvenes vulnerables a la marginación y la exclusión [...] A pesar de las excelentes intenciones, el resultado ha sido con demasiada frecuencia la exclusión: oportunidades de educación de “segunda clase” que no garantizan la posibilidad de continuar los estudios, o una diferenciación que se convierte en una forma de discriminación que deja a los niños y, más tarde, ya de adultos, al margen de la comunidad social y cultural en general. (UNESCO, 1999)
Normalmente se tiene la idea de que las escuelas privadas son las que mejor calidad académica tienen y por eso mismo han crecido mucho, además el Estado las usa como un recurso para poder ofrecer más educación a más gente pero sin responsabilizarse éste de su educación, ésta cada vez depende más de las personas y de sus recursos que de un derecho otorgado por el Estado.
En cuanto a las escuelas de educación básica, la evaluación muchas veces depende por mucho del programa de escuelas de calidad, que consiste en otorgar recursos de acuerdo a un proyecto educativo innovador, cuando por obligación se tendría que dotar a las escuelas con lo necesario sin tener que condicionarlas. Con los alumnos, aparte de la evaluación a la que se someten en la cotidianeidad de las escuelas también influyen los actores anteriormente descritos.
En cuanto a los de niveles superiores juega un papel muy importante el CENEVAL pues va creando filtros para que cada vez menos alumnos tengan el derecho de estudiar, impidiendo la masificación de las universidades y reduciendo cada vez más las matrículas de éstas, ahorrándose así el gasto en esos alumnos y delegándoles a ellos la responsabilidad de tener que pagar por su educación.
A los alumnos de educación básica también les influyen esa ideología de evaluación con las pruebas estandarizadas como PISA, EXCALE y la más conocida, ENLACE, en las que ya no importan como aprendan los alumnos sino únicamente el trabajo terminado y que al final de año dé buenos frutos para la escuela y para su profesor, así este podrá plasmarlo en las calificaciones de los alumnos.
Todo lo anterior lleva a los actores a desarrollar un sentido de competencia por lograr mayores recursos, mejores puestos, mayores calificaciones, dejando de lado el carácter social que debería caracterizar a la escuela.
Reflexión final
Como en casi todos los países de América Latina, en el nuestro existen grandes desigualdades sociales, por ello es necesario que autoridades educativas atiendan de manera prioritaria las necesidades específicas de los grupos más desprotegidos.
Aquí vale la pena poner atención en los procesos de construcción de ciudadanía, porque con el empoderamiento ciudadano, se pueden mejorar los regímenes democráticos en la región y junto con ello los niveles de bienestar que son muy bajos.
Esta construcción en México ha sido un largo proceso en el que los actores sociales han sido diversos y el nivel y carácter de las luchas, de alguna manera, han estado relacionadas con el grado de su escolaridad, es decir que si la población mexicana en su mayoría analfabeta optó por la revolución a principios del siglo XX, es que esa era la alternativa de la época y como los constitucionalistas derrotaron a los convencionistas y al PLM, optaron por incluir algunas de sus principales banderas y demandas fundamentales en la constitución política, sin embargo al no hacerse realidad le siguió otra manifestación armada catalogada como la guerra cristera, ya que no habían sido resueltos ni el hambre, el desempleo, la propiedad de la tierra, la educación, entre otros de los principales problemas de la nación en construcción, y es hasta el gobierno cardenista con la reforma agraria, la creación del Instituto politécnico nacional y la estatización del petróleo que se puede iniciar la respuesta a esas grandes demandas y necesidades sociales. Y ponerse las bases para ir construyendo la ciudadanía que se requería, sin embargo es hasta los gobiernos de M.A. Camacho y de M. Alemán que se construye la Universidad Nacional Autónoma de México y se van teniendo esas interacciones entre los movimientos sociales y las respuestas del Estado a través de sus políticas. Sin embargo no hay que olvidar que una década después el movimiento agrario de Rubén Jaramillo, el urbano popular, el ferrocarrilero y el electricista con Valentín Campa y Demetrio Vallejo asesinado el primero y encarcelados y reprimidos los segundos, por el gobierno de ALM, son continuadores de las luchas por construir la ciudadanía en México.
Unos pocos años después se desarrolla el movimiento estudiantil y popular de 1968, donde el IPN y la UNAM son los principales protagonistas al lado de los trabajadores, pues eran precisamente sus hijos los que estarían encabezando el movimiento, que terminó en la matanza de Tlatelolco. Y como respuesta gubernamental en los 70 se tuvo una reforma educativa de gran envergadura, ya que se fundan desde los CBETyS y CBETAS, que cubrieron todos los municipios de la República hasta el colegio de bachilleres, los CCHs, las ENEPs, el CEESTM y la UAM con sus cinco unidades.
Esta larga trayectoria al parecer no ha concluido, pues en esta perspectiva y ya no con una población analfabeta generalizada pero si bien localizada, surge el movimiento armado de las décadas de los sesenta y setenta que cubre tanto en lo urbano como en lo rural a más del 50% del territorio nacional, con fuerzas tanto campesinas, populares y obreras como estudiantiles y magisteriales, serpenteada por un movimiento estudiantil que terminó en la masacre del 10 de junio de 1971, donde la demanda era la democracia sindical entre otras.
Ante todo ello, en la década de los 80 el PCM deja la clandestinidad y lanza a Valentín Campa como candidato a la presidencia abriendo una nueva etapa de la construcción de la ciudadanía por la vía electoral, la cual fracasa por una larga cadena de fraudes a Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador. Para continuar con la construcción de una ciudadanía en condiciones de Estado de excepción y con la esperanza de que en el gobierno de Amlo y Morena se logren avances importantes en este tenor.
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