Implicancias socioecológicas

de la política de endeudamiento argentina pos 2015

 

Socioecological implications

of the argentine policy debt post 2015

Juan Carlos Travela | ORCID: orcid.org/0000-0002-7896-8121

juancarlostravela@hotmail.com

Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica

Argentina

 

Recibido: 29/10/2019

Aceptado: 28/02/2020

Resumen

Entre el tercer trimestre de 2015 y el mismo periodo del año 2018, en la Argentina se fugaron 124.731 millones de dólares, se aumentó la deuda externa en un 56% y se contrajo su economía en un 1,14%.

A partir de la política de endeudamiento adoptada pos 2015, las obligaciones de deuda de la Argentina sumaron un total de 314.405 millones de dólares para los próximos 28 años, lo cual dificulta cualquier estrategia que se proponga saldar las deudas socioambientales que posee el Estado argentino para con la sociedad y su territorio.

Por este motivo, y a través del análisis estadístico de diversos datos y variables provenientes de Ministerio de Hacienda de la Nación, Instituto Nacional de Estadística y Censos, Asociación Latinoamericana de Integración, entre otros, se pretende analizar cómo la toma de deuda genera mayores presiones sobre la economía, y de esa forma, potencialmente sobre el sector agropecuario, su principal sector exportador, lo que posee implicancias socioecológicas que deben ser consideradas.

De esta forma, se espera que este análisis permita reflexionar respecto a cómo este empeoramiento de la situación deudora dejó al país peor posicionado, frente a toda alternativa al desarrollo social y ecológicamente viable.

 

Palabras clave: Neoliberalismo, Desarrollo Económico, Crisis Socioecológica, Alternativas al desarrollo.

 

Abstract

Between the third quarter of 2015 and the same period of the year 2018, 124,731 million dollars outflow in Argentina, the external debt was increased by 56% and its economy contracted by 1,14%.

Since the policy of indebtedness adopted post 2015, Argentina’s debt obligations sums a total of 314.405 million dollars for the next 28 years, which hinders any strategy that aims to pay the social and environmental debts that the State keeps with the society and its territory.

For this reason, and through the statistical analysis of various data and variables from the Ministry of Finance of the Nation, National Institute of Statistics and Census, Latin American Integration Association, among others, it is intended to analyze how debt taking generates greater pressures on the economy, and thus, potentially on the agricultural sector, its main export sector, which has socioecological implications that must be considered.

In this way, it is expected that this analysis will allow us to reflect on how this worsening of the debtor situation leaved the country in a worse position, in front of any alternative to social and ecologically viable development.

 

 

 

Key words: Neoliberalism, Economic Development, Socioecological Crisis; Alternatives to development.

 

Introducción

 

El campo de los estudios críticos del desarrollo posee una vasta literatura respecto a las características de la crisis socioambiental, los extractivismos, y un gran número de recetas propuestas que asumen la necesidad de cambiar de paradigma de desarrollo (Acosta, 2014; Escobar, 2015; Gudynas, 2012; Svampa y Viale, 2014; Unceta Satrústegui, 2009).

Sin ir más lejos, es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) quien afirma que la humanidad se encuentra ante un punto de no retorno: el impacto ambiental del estilo de desarrollo dominante pone en peligro su supervivencia y la de otras especies (CEPAL, 2016:53), lo que demuestra el amplio consenso respecto a esta problemática.

Además, se asume la necesidad de poseer recursos económicos para, por un lado, afrontar políticas públicas que pretendan transformar la estructura productiva nacional, y así el estilo de desarrollo, y por el otro, enfrentar las necesidades corrientes que posee toda sociedad.

Por ese motivo, este trabajo se propone partir de la política de endeudamiento adoptada por el gobierno argentino entre 2015 y 2019, para analizar las posibilidades que posee el país de enfrentar las nuevas obligaciones de deuda, y, demostrar, como a partir de esta política se dificulta cualquier estrategia de transformación que pretenda llevarse adelante.

Por otro lado, se pretende reflexionar sobre cómo a partir de la deuda externa se generan mayores presiones sobre la economía argentina, es decir, se requiere de la generación de mayores excedentes económicos, y de esa forma, una probable alternativa es intensificar, o al menos sostener, al agronegocio como principal fuente de ingresos.

Para dar con este objetivo, en una primera sección se abordará un análisis de la evolución de la deuda externa, con el objetivo de cuantificar la pérdida de recursos que implicará el pago de capital e intereses en los próximos años. A continuación, se hará un análisis de la balanza de cuenta corriente y también del saldo en la comercialización de bienes del país con el resto del mundo, utilizando el nomenclador común del MERCOSUR a dos dígitos, como proxi de la forma genuina que posee la Argentina para hacerse de las divisas necesarias para afrontar sus obligaciones externas. Una tercera sección estará destinada a caracterizar brevemente el agronegocio y sus consecuencias socioambientales, para terminar con el abordaje de algunas consideraciones teóricas que permiten reflexionar sobre cómo esta problemática afecta la posibilidad del país de avanzar en alternativas al desarrollo.

 

La nueva situación deudora

 

La nueva gestión económica que surgió con el cambio de gobierno en la Argentina a finales del año 2015 trajo consigo una fuerte política de endeudamiento.

Según datos del Ministerio de Hacienda de la Nación1, la misma ascendió de 167.412 millones de dólares a finales de 2015 a 261.483 millones en la misma divisa, representando un incremento de un 56% frente a una economía que, a contra mano de sus nuevas responsabilidades frente al exterior, se contrajo en un 1,14% si se toma el tercer trimestre de 2018, y se lo compara contra el tercer trimestre del año 2015, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina (INDEC)2.

En este marco, la deuda externa pública sufrió un aumento más que proporcional en relación al total de la deuda externa, siendo a finales de 2015 un monto equivalente a 101,659 millones de dólares, mientras que en el segundo trimestre de 2018 alcanzó el monto de 181,026 millones de la divisa norteamericana, implicando así un aumento del 81%. La tabla a continuación (Tabla 1) permite resumir estos datos.

 

Tabla 1. Evolución de la deuda externa y la deuda externa pública (en millones de dólares)

 

Periodo	Total deuda externa	Relación sobre IV 2015	Total deuda externa pública	Relación sobre IV 2015
IV 2015	167,412	-	101,659	-
IV 2016	181,17	108.2	121,761	119.8
IV 2017	234,549	140.1	161,29	158.7
II 2018	261,483	156.2	181,026	178.1

 

Fuente: Ministerio de Hacienda de la Nación Elaboración propia

 

Este aumento está fuertemente explicado por los títulos de deuda. En este sentido, si observamos dentro de la deuda externa pública, encontramos que mientras los préstamos aumentaron un 50%, los títulos de deuda lo hicieron por un 100%. En la tabla a continuación se puede observar esta evolución descripta, para lo que se sumaron los títulos de deuda y préstamos, tanto del gobierno general como del Banco Central.

 

 

Tabla 2. Composición de la deuda externa pública (en millones de dólares)3

 

Periodo	Total deuda externa pública	Total	Títulos de deuda	Préstamos	Total	Derechos especiales de giro3	Títulos de deuda	Préstamos
IV 2015	101,659	87,701	58,652	29,048	13,958	2,338	-	11,62
IV 2016	121,761	108,695	80,544	28,15	13,066	2,268	718	10,079
IV 2017	161,29	142,829	108,631	34,197	18,461	2,403	5,3	10,758
II 2018	181,026	160,582	112,613	47,969	20,444	2,374	4,999	13,072

 

Fuente: Ministerio de Hacienda de la Nación - Elaboración propia

Como contrapartida, desde diciembre de 2015 hasta enero de 2019 la fuga de capitales alcanzó un valor de 92.635 millones de dólares, a la cual, si se agregan los pagos de intereses de deuda, el total ascendió a 124.731 millones. Por otro lado, esta salida de capitales no ha sido homogénea en el periodo analizado, ya que la misma ha crecido exponencialmente: 2.723 millones de dólares corresponden a diciembre de 2015, 19.731 millones al 2016, 32.932 millones al 2017 y 34.945 millones al año 2018 (UMET, 2019).

En relación a este punto, Kennedy y Sánchez (2019) analizaron en mayor profundidad la relación entre el endeudamiento público externo y el drenaje de divisas, donde, a su vez, la ausencia relativa de renta de la tierra termina por cumplir un rol fundamental en estos procesos.

En síntesis, el pago de la deuda significa una pérdida de dólares constante. El siguiente gráfico ilustra los requerimientos de divisas para los próximos 28 años, cifra que alcanzará los 314.405 millones de dólares (UMET, 2018).

 

Gráfico 1. Perfil anual de vencimientos de la deuda del Sector Público Nacional en moneda extranjera, discriminando por capital, intereses y Letes del Tesoro (en millones de dólares)

 

Fuente: UMET (2018) - Decimotercer informe de la deuda externa

Por último, vale aclarar que estos montos se mantendrán vigentes solo en el caso de que no se tome más deuda, es decir, que la deuda no sea afrontada con emisión de nueva deuda (lógica que potenció a este nuevo ciclo de endeudamiento)4 sino que sea la economía argentina la que, de forma genuina, genere los excedentes que permitan enfrentar los siguientes vencimientos.

 

Una lectura de la economía argentina actual

 

La economía argentina no parece dar señales alentadoras en relación a su capacidad de generar de forma genuina los excedentes necesarios para hacer frente a los vencimientos externos. La recesión económica generó en los últimos años, tomando los últimos datos disponibles del INDEC, una retracción del producto bruto interno del 1,14% comparando el tercer trimestre del año 2018 vs. el tercer trimestre de 2015.

La balanza de cuenta corriente muestra datos aún más elocuentes. En este sentido, siguiendo el cuadro Estimación del balance de pagos construido por el Ministerio de Hacienda de la Nación, el déficit en cuenta corriente para el año 2017 alcanzó un valor de 31.323 millones de dólares. El mismo no presentó un cambio de signo a partir del año 2015 ya que viene siendo negativo desde el año 2010, pero si una marcada profundización del déficit, habiéndose más que duplicado respecto a su valor del 2016 cuando alcanzó los 14.693 millones.

Este déficit en 2017 se explica por los resultados negativos en todos los componentes de la balanza de cuenta corriente, con la excepción poco relevante por su magnitud, del saldo en ingresos secundarios, que representa el resultado de las transferencias corrientes entre residentes y no residentes del país.

Sin embargo, si bien la balanza de cuenta corriente es deficitaria desde el año 2010, es desde el 2015 que la Argentina perdió su capacidad de generar saldos superavitarios, exceptuando el año 2016, mediante la comercialización de bienes con el exterior, única fuente genuina para el ingreso de divisas en nuestro país en los últimos años, motivo por el cual se elige para continuar el análisis de este trabajo.

En este sentido, según datos de Ministerio de Hacienda, en 2017 el saldo negativo en la comercialización de bienes fue de 5.547 millones de dólares, y en 2018, según datos disponibles del INDEC que toma enero-noviembre, el resultado es -5.195 millones5.

Siguiendo con los datos publicados del Ministerio de Hacienda de la Nación, una foto del año 2017 permite analizar cuáles son las necesidades importadoras del país que dificultan sostener saldos superavitarios en la comercialización de bienes.

Entre ellas se puede mencionar, según la sección Importaciones clasificadas según el Nomenclador Común del Mercosur (NCM) a 2 dígitos, las importaciones de: reactores nucleares, calderas, máquinas y artefactos mecánicos; Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o de reproducción de sonido, aparatos de grabación o de reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos; Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios; y Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales; solo si tomamos aquellas que generaron saldos negativos superiores a los 3 mil millones de dólares.

Ninguna de estas industrias presenta saldos positivos, por ejemplo: en el periodo 2011-2018, por lo que a priori estas importaciones pueden considerarse como una necesidad estructural de la economía argentina, independientemente de sus elasticidades y/o movimientos en términos de precios y cantidades con el nivel de actividad nacional.

En términos de exportaciones de bienes, si se toman del INDEC las exportaciones por complejos exportadores, el principal complejo fue el de los oleaginosos, el cual representa el 31,7% de los 58.384 millones de dólares exportados en 2017. Muy por detrás se posicionó, por ejemplo, el complejo cerealero (13,1) y el automotriz (10,8). No es menor destacar que el complejo sojero representó el 83,9% de las exportaciones de las oleaginosas.

A su vez, si se analizan los principales saldos superavitarios en 2017 según el Nomenclador Común del Mercosur a dos dígitos, a partir de datos del Ministerio de Hacienda de la Nación, los resultados no distan de considerar al complejo sojero como el principal sector de la economía argentina de capaz de generar excedentes significativos.

Tabla 3. Principales saldos positivos en 2017 según

el Nomenclador Común del Mercosur a dos dígitos (en millones de dólares)

 

Categorías exportadas con saldos superavitarios	Saldo
Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales	9.757,00
Cereales	6.931,00
Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras…	4.760,00
Perlas naturales (finas) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas o similares, metales preciosos, chapados…	2.410,00
Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forrajes	2.362,00
Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos	1.866,00
Carne y despojos comestibles	1.715,00
Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas	983,00

 

Fuente: Ministerio de Hacienda de la Nación - elaboración propia.

 

 

Consultando datos de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) se puede observar que la posición 2304.00.00 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso molidos o en pellets, generó en 2017, 9.079 millones de dólares6. Prácticamente el total del capítulo como puede observarse en la primera línea de la tabla anterior.

 

Breve caracterización del agronegocio

 

A partir de los datos presentados anteriormente, resulta importante describir entonces las características que posee el principal sector generador de excedentes en Argentina, que se ha profundizado en las últimas décadas y con gobiernos de tinte ideológicos diferentes.

Caracterizado por el uso intensivo de biotecnologías, este sector está compuesto por diferentes actores, entre los que se destacan empresas semilleras (como Monsanto, Syngenta, y Cargill), contratistas de maquinaria agrícola, pools de siembra y fondos de inversión, pequeños y medianos productores, grandes productores y organizaciones empresariales, entre las que se destacan la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa (AAPRESID) y la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA) (Svampa y Viale. 2014).

No es menor destacar que este sector posee un alto grado de concentración. En el año 2017, entre 4 empresas se repartían el 66% del mercado mundial de semillas, mientras que prácticamente estas mismas empresas controlan el 70% del mercado de insumos químicos (Pessoa, 2019).

Sin embargo, no fue sino hasta la última dictadura militar donde se dio el giro para el agro argentino, ante el surgimiento del nuevo régimen alimentario global impulsado por la revolución verde que sentó las bases para la modernización tecnológica de la producción agrícola en múltiples países (Pessoa, 2019; Grass y Hernandez, 2016). Es en este momento que, para las autoras Grass y Hernandez (2016), se produjo un viraje del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el cual priorizó la nueva orientación destinada a la generación y transferencia de paquetes tecnológicos de alto rendimiento, relegando a un segundo plano su histórica actuación promoviendo el desarrollo de los emprendimientos tradicionales y familiares. Esto se sumó a la fuerte apertura comercial, abandonando el proyecto de industrialización y acentuando el rol del país dentro de la división internacional del trabajo basado en las clásicas ventajas comparativas.

La orientación a la exportación, la gran escala y el monocultivo caracterizó a la acelerada expansión que implicó la reconfiguración del sistema agrario tradicional, ya que, además de sus conflictos ambientales, este modelo se contrapone al modelo de agricultura familiar (Giarracca y Teubal, 2006).

De esta forma, por ejemplo, la superficie agrícola pasó de 21 millones de hectáreas en 1970 a 35 millones en 2011, y la utilización del sistema de siembra directa superó ese mismo año las 26 millones de hectáreas, lo que implicó un crecimiento en el uso de este sistema de un 160% desde el año 2000 (Magnasco y Di Paola, 2015).

Por último, el uso de agroquímicos también creció de forma exponencial. Por ejemplo, mientras en 1991 el uso de herbicidas rondaba los 19,7 millones de litros, en 2011 su utilización superó los 252,1 millones (Moltoni, 2012).

La gravedad de este este proceso que se evidencia en las últimas décadas, radica en sus consecuencias socioecológicas, entre las que se pueden mencionar la deforestación que implica la expansión de la frontera agrícola, la pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos, y la expulsión de comunidades de sus territorios que terminan migrando hacia asentamientos informales ubicados en los cordones de las grandes ciudades (Fogel Pedroso, 2019; Pessoa, 2019). En este sentido, la siembra directa posee un impacto considerable en la generación de empleo, la que disminuyó entre un 28% y un 37% a partir de su utilización y explica, en parte, el abandono de las zonas rurales (Svampa y Viale, 2014).

A su vez, como sostiene Pessoa (2019) el agronegocio tiene consecuencias tanto para los pequeños productores rurales, campesinos e indígenas como también para la población de las ciudades, que consume alimentos con elevada contaminación y altos precios.

En este sentido, y aunque esto es un debate abierto dentro de la comunidad científica, como tantos otros, el Doctor Andrés Carrasco, Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y presidente de dicha institución durante el periodo 2000-2001, afirma que el uso de glifosato provoca trastornos intestinales y cardíacos, mal formaciones y alteraciones neuronales (Svampa y Viale, 2014). Estudios más recientes como el publicado por la revista International Journal of Clinical Medicine, autoría de un grupo de investigadores mayormente radicados en la Universidad Nacional de Córdoba, han detectado mayor presencia de contaminación por glifosato en el pueblo rural en análisis que en su zona de cultivo, habiendo en la zona, incidencia, prevalencia y mortalidad por cáncer entre dos y tres veces más que los valores de referencia de toda la nación (Vázquez et al., 2017).

Por último, autores como Giarracca y Teubal (2006) señalan que uno de los mayores costos de la profundización del agronegocio son sus efectos negativos sobre la democracia, fortaleciendo el poder político de un sector cada vez más concentrado a raíz de sus características antes mencionadas.

 

¿Más deuda implica más agronegocio?

 

La línea de causalidad que se propone en este trabajo, en la que se sostiene que más deuda externa implica más agronegocio, no se basa en la proposición de una nueva ley económica, sino, en una lectura de coyuntura. Ahora bien, esto no implica que una nueva dirección no pueda ser tomada por el Estado argentino. En este sentido, justamente interesa poner énfasis en las dificultades que implica la nueva situación deudora para ese cometido.

Adam Smith (1776) comienza su afamada obra titulada Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza da las naciones afirmando que del trabajo anual de una nación se deriva su posibilidad de adquirir los bienes necesarios y convenientes para la vida. Es decir que, del rendimiento de sus actividades económicas va a depender cuan rico -o pobre- sea un país, y, en consecuencia, el presupuesto disponible para brindar servicios públicos y garantizar los derechos de los habitantes de la nación.

Por este motivo, y dado que la acumulación de deuda externa implica para un país la transferencia de recursos hacia el exterior, no solo para cancelar el capital adeudado sino también para pagar sus intereses, lo que sucede es que parte del trabajo anual de la nación no será destinado a la adquisición de los bienes necesarios para la vida sino justamente a afrontar esas nuevas obligaciones de deuda.

De esta idea con la que Adam Smith comienza su obra, se pueden derivar dos conclusiones importantes para este trabajo:

 

• Que la acumulación de deuda en un contexto de recesión económica implicará necesariamente el ajuste en la capacidad de adquirir los bienes necesarios y convenientes para la vida7.
• Que, más temprano que tarde, la posibilidad de sostener los pagos de las obligaciones externas dependerá ya no de la posibilidad de refinanciar deuda de forma continua e ilimitada, sino de los resultados económicos que se obtengan de las principales actividades económicas del país.

 

Ante este punto, es importante retomar el concepto de renta de la tierra y su peso como fuente sustancial de plusvalía para la economía nacional (Iñigo Carrera, 2007), ya que, como sostienen Keneddy y Sánchez (2019), la insuficiencia relativa de renta de la tierra se relaciona de forma directa con la restricción externa y los procesos de endeudamiento.

 

Una mirada histórica nos permite comprender que la deuda externa existe desde los inicios como Estado, sin embargo, no fue sino hasta la última dictadura militar que tomó un volumen sumamente significativo, poniéndose en funcionamiento el comportamiento clásico de la valorización financiera que toma forma a partir de las reformas en los mercados de capitales que inician Estados Unidos e Inglaterra bajo las administraciones de Reagan y Thatcher (Basualdo y Arceo, 2006).

A su vez, como se puede ver en Calcagno (2017), la sostenibilidad de la deuda se ve interrumpida siempre que se dificulta la posibilidad de lograr refinanciamientos de la misma, habiendo diferentes caminos a tomar una vez iniciada las negociaciones de reestructuración. En este sentido, las mismas pueden priorizar los intereses del sector financiero o bien estar enmarcadas en un proyecto de reestructuración de la economía que permita, en la medida que se sale de la crisis, afrontar estas necesidades de una forma más armoniosa con la recuperación de los estándares sociales.

Esta idea es muy importante desde la óptica de este trabajo, ya que, dadas las consecuencias del agronegocio planteadas en el punto anterior, es necesario avanzar en la concreción de alternativas social, ecológica y económicamente viables, en las que, a diferencia de procesos anteriores, los monocultivos no deben ser considerados.

La Argentina ha logrado superar diversas crisis financieras, y desde el último default, ha logrado afrontar sus obligaciones externas e incluso comenzar un ciclo virtuoso de desendeudamiento. Sin ir más lejos, según Calcagno (2017), entre el 2002 y el 2014 la deuda pública se redujo del 150% al 50%, sin embargo, este proceso que se inició tras un default, estuvo caracterizado por una fuerte devaluación inicial, una exitosa reestructuración y quita de deuda, y, posteriormente, por la nacionalización del sistema de seguridad social.

De esta forma, si bien se ha logrado en el pasado encauzar la problemática de la deuda externa, no es menor destacar para los fines de este trabajo, que esto mismo se ha logrado, como se deriva de los datos presentados a continuación, a partir de la profundización de un modelo de desarrollado donde el agronegocio es el principal proveedor de divisas. Según datos del Ministerio de Agroindustria8, la superficie sembrada de soja en la campaña 2002/2003 fue de 12.606.845 hectáreas, mientras que hacia la campaña 2014/2015 ésta ascendió a 20.479.090 millones, dando como resultado un crecimiento del 62% para este periodo. Hechas estas aclaraciones, aunque no se pueda afirmar hacia el futuro que este será el camino a tomar, desde la óptica de este trabajo, es indeseable replicar este proceso.

En síntesis, no se pretende afirmar que todo ciclo de endeudamiento tiene como contrapartida la intensificación del agronegocio per se. O que ningún proceso de desarrollo pueda ser impulsado a partir de la toma de deuda. Lo que se busca problematizar es que con la abrupta fuga de capitales y la recesión económica que han caracterizado este último periodo, debe encontrarse, más allá de la magnitud de esta dificultad, una salida distinta a la anterior.

 

Reflexiones finales

 

Para finalizar, se acepta que este trabajo ha dejado cuestiones sin abordar, lo cual no se considera una debilidad sino un resultado positivo de la reflexión propuesta.

Una de estas dimensiones a trabajar en próximas investigaciones podría ser la formulación de distintos escenarios, donde se calcule que excedentes de balanza comercial se deberían obtener para hacer frente a los vencimientos externos. Esto, estimando un flujo neto de inversión extranjera directa, suponiendo distintos escenarios de fuga de capitales, y sumando posibles resultados fiscales al análisis. Hipotéticamente, para quien escribe, este ejercicio arrojaría resultados aún más desalentadores.

Por otro lado, dada la magnitud de los impactos socioambientales del agronegocio aquí presentados, las dificultades de implementar alternativas son mínimas en relación a los beneficios de erradicar estas prácticas, y a la imperiosidad de abordar este tema con la seriedad que amerita. Esto implica analizar alternativas a este modo de producción agrícola, las posibles capacidades de generación de divisas, y el abordaje de las tensiones sociales que estas reconfiguraciones productivas acarrearían.

A su vez, se criticó la idea de sostener que ilimitadamente se refinanciará la deuda externa, noción que reformula la antigua propuesta de Aldo Ferrer de vivir con lo nuestro por una nueva de alto tinte neoliberal: “vivir de prestado”.

De esta forma, se afirma que más allá de que el proceso de sojización comenzó mucho antes en la historia de nuestro país, la actual política de endeudamiento ha complicado aún más cualquier posible estrategia de salida, dadas las necesidades de divisas que se han creado. Como se mencionó en este trabajo, 314.405 millones de dólares en los próximos 28 años son los que bien podrían haberse destinado a la búsqueda de alternativas al desarrollo, que sean social y ecológicamente viables.

Visibilizar y poner en cuestionamiento este problema ha sido el objetivo de este trabajo.

 

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