Al igual que el resto de los países del mundo, Chile ha venido desarrollando un modelo económico basado en la extracción y en la explotación de la naturaleza, considerando a esta última bajo una lógica economicista y antropocentrista, es decir, como una fuente de recursos a disposición del ser humano (Giardina y Pobierzym, 2015). Nuestro país ha mantenido un acelerado desarrollo económico a partir de la década de 1990 con la restauración de los gobiernos democráticos y la apertura a nuevos mercados internacionales, derivado de los procesos de globalización, esta cara del modelo ha tenido un impacto positivo en las mejoras de las condiciones sociales del país, comparado con la situación de precariedad social en la década de 1980 y anteriores (Ministerio de Desarrollo Social, 2016). Como lo indica Leff (2008), el PIB no da indicios de las externalidades negativas así que, si bien el acceso a bienes materiales y servicios y el mejoramiento de la calidad de vida pueden ser indicadores de un buen camino al desarrollo, no necesariamente garantizan un desarrollo sustentable en el tiempo o una menor desigualdad socioterritorial. La insostenibilidad del modelo continúa la línea de una deficiente planificación, es decir, sin articulación en lo económico, lo social y lo ambiental tras la instalación de un modelo de industrialización tardía (Krell, 2006; Giardina, 2015). Las necesidades ilimitadas de la población y la acumulación de bienestar socioterritorial en una pequeña parte de la población, hacen que la teoría del desarrollo sustentable comience a desvanecerse (Rodríguez-Labajos et al., 2018; Cordero, Roth, y Da Silva, 2005; Lobera, 2008). El cuestionamiento a la sostenibilidad del sistema se expresa de modo radical en la pérdida masiva de biodiversidad y en el cambio climático antropogénico. Este último se debe fundamentalmente a la acción sistemática de los seres humanos sobre el planeta, particularmente de aquellas acciones intensivas en la producción y uso de fuentes de energía de origen fósil, puntualmente, carbón, gas natural y petróleo (Ministerio del Medio Ambiente, 2017). El Panel Intergubernamental de Cambio Climático [IPCC] (2014) señala que el cambio climático intensificará los conflictos ambientales, los desastres y en general incrementará la presión sobre los territorios, especialmente en países en vías de desarrollo todo lo cual redundará en mayores índices de conflictividad socioambiental y desplazamiento de migrantes desde los territorios geográficamente más afectados (Biermann y Boas, 2012).

En este escenario, son múltiples los factores que han gatillado la proliferación de conflictos socioambientales en Chile. Entenderemos conflicto socioambiental como un contraste o un choque entre las distintas valoraciones del territorio (Wagner, 2010; Poma, 2014; Folchi, 2001; Sapiains, Ugarte, y Aldunce, 2017; Trombetta, 2012; Munévar y Valencia, 2015), que van desde los enfoques comunitarios, culturales y economicistas hasta históricos y psicológicos.

Entre los principales factores para explicar este fenómeno destacan:

• el fin de la dictadura militar y el retorno de los gobiernos democráticos
• el modelo de aceleración económica
• el nivel de información de los actores sociales en torno e los efectos antropogénicos en la naturaleza, las plataformas de transparencia y acceso a la información de la administración del Estado
• la ausencia de ordenamiento ambiental en el territorio
• el modelo extractivista
• la instalación del marco jurídico ambiental en 1994, así como los vacíos en la regulación ambiental a los proyectos de inversión, la privatización del agua y la crisis hídrica
• las limitaciones de la participación ciudadana en la toma de decisiones, es decir, el alcance no vinculante de esta en la institucionalidad ambiental como un instrumento de gestión ambiental válido en el marco jurídico ambiental en Chile (Sapiains, Ugarte, y Aldunce, 2017).

Las experiencias de escasez hídrica, la afectación de las economías de subsistencia y los modos de vida de las comunidades, además del desen­gaño frente a un Estado que genera medidas insuficientes de cara a la debacle ambiental local han generado movimientos sociales en defensa de la naturaleza, los territorios y los modos de vida fuera del modelo neoliberal. No todos los casos de conflictividad socioambiental han tenido éxito por sí mismos: más bien, los resultados de estos procesos se inclinan al rechazo o impedimento administrativo por parte del aparato Estatal para realizar reclamos en base a la falta de recursos jurídicos e informativos. Ejemplo de estos son:

• El Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio Ambiente [MODATIMA] en la zona de Puchuncaví y Petorca donde inclusive su dirigente, Rodrigo Mundaca, mantiene un formalización por el delito de injurias tras denunciar al ex ministro Edmundo Pérez Yoma respecto de la usurpación de aguas para riego agrícola, principal factor de la sequía que afecta a la zona de Petorca.
• El Movimiento Patagonia Sin Represas, que gracias a la presión internacional logró frenar el proyecto de 5 megarrepresas en la Región de Aysén.
• El Movimiento No a la Minera Dominga, que pese a la detención del proyecto se mantiene alerta por una posible reactivación.
• El Movimiento No a Pascua Lama en contra del proyecto de la empresa canadiense Barrick Gold, que sufrió una fuerte división al llegar a acuerdos por separado con los inversionistas.
• El Movimiento No Al Punilla, donde los deficientes mecanismos de participación ciudadana imposibilitaron detener el proyecto, el cual fue ejecutado en parte ya que la empresa constructora se declaró en quiebra dejando congelados los trabajos y la intervención en el cauce del río Ñuble.
• El Movimiento No a la Megaminería en el Valle de Putaendo, que desde 2014 ha rechazado la instalación de la Minera Vizcachita y el proyecto Central de Pasada Río Rocín, ambos de la compañía canadiense Los Andes Copper.

Estos actores han denunciado las campañas de sondajes sin consulta al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental [SEIA]; finalmente el proyecto de Mina Invierno en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

Es importante señalar que la información sobre los conflictos antes mencionados proviene mayoritariamente de medios de prensa local y no por estudios que los aborden desde una perspectiva que releve lo social y/o ambiental.

En lo referente al estado del medio ambiente en Chile, durante 2017, bajo el gobierno de Michelle Bachelet, se realizó la Encuesta Nacional de Medio Ambiente y Cambio Climático (Sapiains, Ugarte y Rodríguez, 2017), mandatada por el Ministerio del Medio Ambiente. Esta encuesta tuvo como objetivo conocer y evaluar las prácticas, actitudes y percepción de la ciudadanía prin­cipalmente en el tema de cambio climático y contaminación atmosférica.

Sus principales resultados sirven para obtener una visión general sobre la efectividad de la institucionalidad ambiental en Chile. De esta forma, sus principales resultados indican:

• El 83% de los encuestados percibe que el estado del medio ambiente en su región se encuentra desde regular a pésimo (39,8% regular, 28,2% regular, 15% pésimo).
• El 75% considera que las regulaciones ambientales para las empresas en Chile son insuficientes, lo que está directamente relacionado con el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
• Un 62,8% considera que es la escuela donde se está haciendo el mejor esfuerzo para cuidar al medio ambiente, dejando atrás al Gobierno (27,2%), las empresas (17,1%) y “las personas en general” (31,2%).

Respecto de estos resultados, se puede señalar que las políticas públicas sobre medio ambiente no están siendo evidenciadas por la sociedad, quizás porque lo discursivo sobre desarrollo sustentable no es empírico viendo los efectos de la degradación ambiental del territorio.

De lo anterior, y considerando que el paradigma de la sostenibilidad ya está social y culturalmente asimilado (Pobierzym, 2015), es difícil que no se critique la falta de medidas en la gestión ambiental desde la administración del Estado.

Al relacionar los resultados de la encuesta con los instrumentos de gestión ambiental señalados en la Ley General de Bases del Medio Ambiente N° 19.300/1994 podemos vincular lo que sigue:

• Participación Ciudadana: al respecto la percepción sobre las personas en general se relaciona con la baja participación ciudadana que se observa en todo el país. Carruthers lo define como despolitización post dictadura (como se citó en Leire y Walter, 2011) debido a los decepcionantes y no vinculantes mecanismos de participación ciudadana (otro instrumento de gestión ambiental), que van mermando el compromiso de la comunidad con el medio ambiente.
• Educación Ambiental: busca la modificación de conductas y concientizar la respon­sabilidad ambiental desde la cuna a la tumba. Pero el bajo porcentaje obtenido en la encuesta sobre el cuidado del medio ambiente en la evaluación de las acciones del ítem las personas en general, se relaciona con la nula presencia de programas de educación ambiental; Aunque es “el” lugar donde se genera conciencia casi por la buena voluntad de los docentes.

Retomando el fenómeno de conflictividad socioambiental, podemos señalar que a partir de la intervención en los territorios fuera de las grandes urbanizaciones es cuando comienza el descontento que luego se transforma en manifestación, organización social y en movimientos sociales de defensa, resistencia, protección o conservación (Wagner, 2010; Trombetta, 2012; Poma, 2014; Munévar y Valencia, 2015; Fielding y Hornsey, 2016). La generación de fricciones a partir de la contraposición o el choque entre cosmovisiones, valoraciones y percepciones sobre la naturaleza de los actores que intervienen en el territorio, se convierte en un conflicto social que dinamiza el escenario político territorial (De La Cuadra, 2013; Cuadra, 2014).

Los conflictos socioambientales en el territorio reflejan interacciones y relaciones complejas en un espacio geográfico que no se pueden resolver con modelamientos matemáticos porque tienen que ver con valoraciones sociales subjetivas sobre el territorio y la naturaleza. Esto significa arraigos culturales y concepciones distintas sobre bienestar o calidad de vida en las comunidades (Sapiains, Ugarte, y Aldunce, 2017; Aliste y Urquiza, 2010; Fielding y Hornsey, 2016) que se contraponen a lo matemáticamente objetivo de los procesos progresistas de la economía. De alguna forma la empatía con la naturaleza se convierte en sentir, lo cual no es comprendido ni puede ser medido desde la técnica o el cálculo, ni desde la velocidad del sistema económico. Giardina (2015:39) explica que estos factores son esencialmente antiecológicos, debido a la imposición de la técnica al considerarla como la única pauta del saber (disciplinas hegemónicas) en servicio del comportamiento humano para el dominio cortoplacista de la naturaleza: lo que es y lo que debe ser se calcula, no se piensa. La calculabilidad asegura eficacia en el dominio de los entes... Lo incalculable sólo puede tener un estatuto negativo como aquello que “aún” no ha podido someterse al cálculo.

La lenta reacción de sectores conservadores respecto de los graves problemas ambientales en el constante cálculo por los réditos económicos mantiene la latencia y aumenta la magnitud de los conflictos ligados a las actividades extractivas, siendo la respuesta o la alerta, quizás intuitiva por parte de la comunidad, a la sobrecarga en la capacidad de regeneración de los recursos y de los ecosistemas (Arnold y Urquiza, 2010; Catton, 1980; Fielding y Hornsey, 2016) y también a las externalidades traducidas en contaminación, acumulación de desechos, modificación del paisaje geográfico (Folchi, Aliste y Nuñez, 2018). Por otra parte, el disfrute y los beneficios del extractivismo no se localizan en territorios de despojo: viajan a zonas urbanas, principalmente áreas metropolitanas, generando una brecha territorial que se traduce en desigualdades territoriales, que a su vez se traduce en desigualdades económicas, sociales y ambientales (Romero, Videla y Gutiérrez, 2017; Fuenzalida y Quiroz, 2012).

Gran parte de los conflictos desarrollados en Chile se localizan en zonas rurales y se relacionan con el binomio agricultura/minería. Además, ambas actividades son casi incompatibles en el territorio, ya que una de ellas merma y expone a la otra con sus externalidades. Ejemplo de esto son los siguientes conflictos: conflicto Isla Riesco, conflicto Valle de Putaendo, conflicto Pascua Lama, conflicto Caimanes- Tranque El Mauro. Pero ambas actividades estresan y compiten por el uso de los frágiles recursos hídricos (agricultura extensiva) (Zang y Dame, 2017). Si lo observamos y relacionamos desde el ámbito de la justicia ambiental, Schlosberg (citado por Leire y Walter, 2011) considera tres dimensiones implícitas en esta: distribución, reconocimiento y participación (o justicia procesal), que son las que principalmente se observan en los procesos de conflictividad socioambiental en territorios rurales en Chile: la distribución económica a la luz de que las ganancias de las empresas no permanecen en los territorios despojados, el cuestionamiento sobre lo finito de la extracción del recurso y la incertidumbre para las próximas generaciones y si vale la pena o no; el reconocimiento de la identidad colectiva, los derechos humanos y los derechos y garantías constitucionales; la participación sin exclusión, con canales vinculantes y la justicia procesal sin estructuras de raza, clase o género que las excluyan.

Otra arista en este eje es la valoración cultural que hacen los habitantes sobre la naturaleza, en contraposición a la valoración económica de los inversionistas (Leff, 2003) y el Estado. Los conflictos socioambientales son disruptivos ante el orden y la organización del Estado de Chile respecto de las concepciones culturales y sociales sobre la apropiación de la naturaleza y territorio. Son una forma de participación informal, espontánea, que nace de la necesidad de tener representatividad y voz (quizás por la inexistencia de canales reales de participación y toma de decisiones) o de una administración estatal realmente representativa respecto a lo que la sociedad entiende por naturaleza (Sapiains, Ugarte, y Aldunce, 2018).

Diversos enfoques desde la sociología, la psicología comunitaria, la geografía o la ecología política han analizado casos de conflictividad socioambiental y es lo que la presente tesis pretende explorar: cómo son abordados los conflictos socioambientales desde la academia en Chile, específicamente en el periodo 2008- 2018.

Evidentemente, el fenómeno de conflictividad socioambiental es abordado desde las distintas valoraciones sobre el ambiente, la naturaleza o la sociedad por los investigadores y de acuerdo con el ámbito de su disciplina. De acuerdo con Wagner (2010), los conflictos socioambientales representan un quiebre con el racionalismo tradicional basado en la técnica/instrumental; para Gudynas (2010), tienen relación con los tipos de valoración respecto de la naturaleza. En este sentido, encontramos investigaciones tendientes al antropocentrismo o al biocentrismo. Gudynas (2010) sostiene que el antropocentrismo es una forma de concebir la naturaleza al servicio del hombre, dejando de lado algunos aspectos. El mismo autor indica que un antropocentrismo más moderno tiene relación con la tendencia hacia la compasión por el daño ambiental pero no valorando a la naturaleza por si misma si no al servicio del hombre.

La metodología para la construcción de la presente investigación corresponde a una revisión sistemática, la cual se define como un resumen analítico de evidencia acerca de un tema en específico, presentado de manera estructurada, sintética, explícita y sistemática, pudiendo ser de carácter cualitativo o cuantitativo (Letelier, Manríquez y Rada, 2005).

Un aspecto significativo de la revisión sistemática en ciencias sociales es la posibilidad de encontrar una multiplicidad de enfoques académicos sobre un mismo tema, lo que enriquece el trabajo de los planificadores ambientales con una mirada inter y transdisciplinaria (Ryan y Martínez Huerta, 2016). De esta manera se pueden conocer focos temáticos, modelos de análisis y metodologías desde la geografía, la psicología comunitaria, la economía o las ciencias jurídicas, entre otras.

Para garantizar la rigurosidad así como para evitar sesgos y mejorar la calidad metodológica de las investigaciones sistemáticas es que el grupo de trabajo Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (Declaración PRISMA) recomienda seguir pasos metodológicos que básicamente se resumen como una búsqueda y aplicación de filtros de acuerdo a los criterios de elegibilidad para determinar un universo finito de en artículos académicos, delimitando de esta manera la búsqueda que se detallan más adelante junto con preguntas de investigación que orienten el análisis a través de los objetivos específicos (Berrang- Ford, Pierce, y Ford, 2015).

En los puntos siguientes se presenta una adaptación de los ítems de la lista de chequeo original de la Declaración PRISMA.

Tabla 2. Criterios de elegibilidad

Fuente: Elaborado en base a Ryan y Martínez Huerta (2016)

en base de datos

• VI. Aplicación del segundo filtro según el criterio de elegibilidad correspondiente a la escala geográfica nacional reduciendo la búsqueda a 119 artículos académicos.
• VII. Aplicación del tercer filtro correspondiente a la eliminación de duplicados: una vez ordenados los artículos en el software Endnote X9 Desktop, la base de datos se reduce a 115.
• VIII. Aplicación del cuarto filtro correspondiente a la lectura de resúmenes en donde se descarta según de acuerdo con la relación con los criterios de inclusión, objetivos específicos y el eje de la investigación (agua, minería, agricultura): el resultado del cuarto filtro corresponde a 31 artículos académicos que forman la base de datos final para la revisión sistemática y que se encuentran en la referencia bibliográfica del anexo 1.
• IX. Caracterización de los objetivos mediante aplicación de las herramientas del software ATLAS.ti, donde se establecen 19 tipos de códigos respondiendo a los objetivos específicos y preguntas de investigación: afiliación institucional, autores, disciplinas, revistas, sexo, actores, causas, conceptos, contexto histórico, eje, escala geográfica, foco temático, metodología, métodos, modelo de análisis, objetivo de investigación, referencia frecuente, teoría, tipo de estudio, otras consideraciones. Por último, hay que señalar que el proceso de investigación (diseño, búsqueda, hallazgos), se llevó a cabo desde julio de 2018 a febrero de 2019.

En los siguientes párrafos se presentan los hallazgos encontrados en la revisión sistemática realizada de acuerdo con los criterios de exclusión/inclusión detallados anteriormente.

Hallazgos sobre investigadores, disciplinas académicas e instituciones

Para esta revisión se contabilizaron 68 investigadores para 31 artículos académicos, de 33 instituciones. Las 3 principales instituciones desde donde provienen los investigadores son universidades nacionales, regionales, tradicionales y pertenecientes al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas [CRUCH]: Universidad de Valparaíso, Universidad de La Frontera, ambas universidades estatales y Universidad Católica de Temuco, privada.

En cuanto a la participacion de investigadores por género, los hallazgos indican que hay una mayor presencia masculina (57,30%) que femenina (42,60%), realizando investigaciones sobre conflictos socioambientales en el eje agua/minería/agricultura. Pese a ello, es una investigadora quien posee la mayor productividad científica en la temática de conflictos socio-ambientales en el eje en estudio, con 4 artículos académicos en los años 2014, 2016 y 2018.

En la Tabla 4 se observa además un análisis de la participación por género y año en las publicaciones donde la tendencia continúa inclinándose hacia lo masculino.

En relación con las publicaciones, estas proceden de 24 revistas científicas, el número máximo de publicaciones por revista fue de 3 artículos en relación con la materia de investigación (Tabla 5).

Como se ha señalado anteriormente, la temporalidad de esta revisión sistemática abarca desde el año 2008 hasta el año 2018, en este aspecto hay que señalar que el año que concentra más publicaciones en el eje de esta investigación (agua-minería-agricultura), fue el 2016 con 9 publicaciones evidenciando un alza a partir del año 2014.

Hallazgos

Hallazgos sobre escalas territoriales

En relación con las áreas geográficas de estudio de artículos académicos revisados en este trabajo, se puede indicar que se localizan principalmente fuera de las áreas urbanas, debido a la relación con el tipo de actividad económica extractiva y la localización de los commodities, con excepción de un caso en la ciudad de Arica donde el área geográfica del conflicto fue una zona urbana donde se acopió material contaminante.

Se puede señalar además que no existe una homogeneidad en los topónimos geográficos al identificar territorialmente los conflictos. De esta forma, al referirse a un área de estudio, los trabajos muestran una diversidad de topónimos y ningún patrón similar de escalas geográficas. A modo de ejemplo encontramos áreas de estudios calificadas como localidades, comunidades indígenas, cuencas, valles, macrozonas, entre otros.

La concentración espacial de los conflictos socio­ambientales es principalmente en la zona norte del país, disminuyendo hacia la zona central y sur para luego volver a tener una importante concentración en la zona del extremo austral (Figura 2).

Figura 2. Distribución de los conflictos socio ambientales en Chile

De estos resultados, las regiones que componen el Norte Grande (Antofagasta, Tarapacá y Atacama) concentran el 59% de los estudios referente a conflictos socioambientales.

En cuanto al nivel comunal, San Pedro de Atacama y Calama son las comunas que poseen mayores referencias en cuanto a localidades con algún tipo de conflicto socioambiental, seguidas de las comunas de Cochrane (Región de Aysén), Alto del Carmen (Región de Atacama), Los Vilos (Región de Coquimbo) y Chile Chico (Región de Aysén).

Figura 3. Porcentaje de concentración de los conflictos

Hallazgos sobre los objetivos de estudio

En un 71% de los artículos revisados fue posible identificar hallazgos sobre los objetivos de las investigaciones de manera específica, sin embargo, en el 29% de los artículos, se debió recurrir a la deducción del objetivo a través de la revisión de las preguntas de investigación y el planteamiento del problema. Es importante señalar que los objetivos de investigación son la forma de tratar el problema principal, de ahí que estos elementos se pudieron identificar (De la Maza y Villanueva, 2011).

Evidentemente, los 31 artículos tienen distintos objetivos de investigación, por lo cual se han agrupado por sus características comunes. De esta forma se identificaron tres grupos de objetivos:

• Un 87% de los hallazgos tiene como objetivo describir los conflictos socioambientales desde la vulneración de los sistemas sociales a partir de las políticas neoliberales, neocolonialistas, de apropiación de la naturaleza con una fuerte crítica al modelo económico extractivista.
• En un 6% de los hallazgos el objetivo es determinar escenarios ambientales pasados poniendo de manifiesto futuras condiciones respecto de la sobredemanda de los recursos hídricos, la afectación en el medio humano y la acentuación de cambio climático a través de efectos antrópicos.
• El 6% de los hallazgos tiene como objetivo explorar los conflictos socioambientales desde la tradición folklórica (3%) y desde el ámbito de la acción colectiva de conflictos socioambientales en redes sociales (3%)

Hallazgos sobre enfoques teóricos

presentes en las investigaciones

Un 83% de los hallazgos sobre el enfoque teórico de las investigaciones se inclina mayoritariamente con una postura crítica al sistema neoliberal, derivado del campo de estudio de la Ecología Política y de sus principales bases ideológicas, como la crítica al modelo económico neoliberal en su relación con la naturaleza, las inequidades sobre los territorios y los sistemas socio ecológicos, entre otros. La ecología política abarca una gran cantidad de perspectivas de investigación (Calderón, 2012), sin embargo, en esta revisión se han encontrado mayoritariamente trabajos académicos de la sociología ambiental y la geografía crítica que apuntan sus investigaciones hacia los procesos territoriales relacionados con proyectos mineros, energéticos y de agricultura extensiva.

Hallazgos sobre conceptualización

de los conflictos socioambientales

La importancia de evaluar los hallazgos sobre conceptualización radica en que estos indican o señalan cómo entienden el conflicto socioambiental los investigadores desde sus disciplinas académicas:

Las conceptualizaciones sobre conflictos socioambientales que se observan en los artículos académicos revisados se agrupan como:

• Contraposiciones sobre valorización del territorio: choque entre el valor dado por las comunidades al territorio y el valor dado por la actividad económica.
• Crítica al modelo económico neoextractivista chileno como herencia del periodo dictatorial: presentación de cuerpos jurídicos que priman en el Estado para la continuidad del modelo de desarrollo económico actual.
• Evidencias del despojo del territorio a través de ejemplos reales de despoblamiento y precarización de las comunidades.
• Evidencias sobre usurpación y apropiación de la naturaleza: en concordancia con el punto b), la conceptualización se aborda desde la privatización de los elementos de la naturaleza.

Hallazgos sobre el foco temático

de los estudios

Los hallazgos correspondientes al foco temático se clasificaron en 9 grupos. Al respecto, la agrupación temática que concentra más investigaciones es aquella en la que se vincula la actividad minera y las inequidades territoriales, generando un desequilibrio socio ecológico. Los dos siguientes enfoques temáticos más recurrentes tienen relación con la crisis hídrica y los efectos inmediatos del extractivismo. En menor porcentaje se encuentran el enfoque temático respecto de potenciales escenarios futuros respecto del agravamiento del cambio climático en localidades con fuerte presencia de actividades extractivas con altas demandas de consumo hídrico (Figura 4)

Hallazgos sobre autores citados

en los artículos académicos

Para complementar los puntos anteriores, en cuanto a la fundamentación científica y teórica de las investigaciones en los 31 artículos académicos revisados, se han podido establecer hallazgos sobre los autores con mayores referencias bibliográficas, los cuales fueron citados en los artículos académicos de esta revisión sistemática (Tabla 6).

De la tabla anterior se desprende que los autores citados con mayor frecuencia corresponden a investigadores de países desarrollados como Estados Unidos y Reino Unido, anglosajones y geógrafos. Se observa además paridad en cuanto a género además de un importante aporte de investigadoras latinoamericanas.

Hallazgos sobre metodología

utilizada en las investigaciones

Hallazgos sobre causas,

contexto histórico y actores

Respecto de los hallazgos acerca de las causas de los conflictos socio ambientales, en 28 de los 31 artículos revisados se menciona como contexto histórico de los hechos actuales, las condiciones jurídicas establecidas en el periodo de Dictadura Militar (1973-1990), donde se plasmó en la Constitución Política del Estado, la visión utilitarista de la naturaleza a través de los Códigos de Agua y Minería. El primero de ellos como punto cúlmine de la contrarreforma agraria, que separa la tenencia de la tierra y los recursos hídricos.

Dentro de los mismos artículos se plantea que la detonación de los conflictos socioambientales comienza luego del establecimiento de los gobiernos democráticos, quienes mediante políticas e instrumentos legales han profundizado el modelo económico de tipo extractivista que intensifica la explotación de la naturaleza, la alineación con políticas internacionales, el desamparo administrativo del Estado respecto de las comunidades que habitan las zonas de explotación de los recursos, acrecentando las desigualdades territoriales del modelo.

En cuanto a los actores involucrados en los conflictos socioambientales, se registró un total de 72 actores entre instituciones y empresas estatales, comunidades, organizaciones no gubernamentales y empresas privadas, siendo el Estado de Chile con sus instituciones y empresas quienes presentan mayor frecuencia de hallazgos en los conflictos socioambientales analizados en los 31 artículos académicos, con connotación negativa. (Figura 5).

Figura 5. Actores sociales

Hallazgos sobre el modelo de análisis

de las investigaciones

• Modelo de análisis desde la desposesión de comunidades indígenas.
• Modelo de análisis de marco Gramsciano (hegemonía).
• Modelo de análisis desde la construcción social de las desigualdades.
• Modelo de análisis desde racionalidad alternativa.
• Modelo de análisis desde la justicia ambiental.
• Modelo de análisis desde la geografía crítica.

Conclusiones y discusión

La conclusión general de los hallazgos analizados sugiere la existencia de una marcada tendencia en el análisis hacia la utilización del neoliberalismo como principal explicación para el surgimiento de conflictos socioambientales. Aunque es evidente que existen múltiples problemas territoriales derivados de este sistema, que se expresan en desigualdades como, por ejemplo, el acceso a viviendas, salud, educación y transporte e injusticias ambientales como las zonas de sacrificio ambiental o territorios yermos por la sequía de origen antrópico nos preguntamos: ¿Existe otro sistema político-económico que tenga una noción menos utilitarista de la naturaleza? O en otras palabras: ¿Es posible responsabilizar a dicho sistema de todos los conflictos ambientales que ocurren en Chile? (Catton, 1980). Se observan en los hallazgos de esta investigación los vacíos que existen desde la economía como ciencia social, al no abordar nuevas propuestas sobre el modelo económico actual en relación con la crisis climática y ambiental, ni sobre los conflictos socioambientales (por ejemplo, decrecimiento planteado por Leff 2008). Porto-Gonçalves (2016), plantea que el sistema neoliberal no se acciona de forma automatizada desde algún lugar del mundo: es el Estado en cada país quien lo opera y genera las condiciones del libre mercado. Se puede plantear entonces, que es el Estado chileno, y no el neoliberalismo per se, el principal precursor de los conflictos socio ambientales al instalar marcos normativos defectuosos en cuanto a la preservación de los recursos naturales y vacíos administrativos nefastos, con relación a equidad territorial, por ejemplo, con la crisis hídrica por la agricultura intensiva y las zonas de sacrificio. Es así como dentro de los resultados de la investigación se señala que el 26% de los artículos académicos apuntan al Estado o alguna de sus instituciones como precursores de algún conflicto ambiental. Añadiendo a esta cifra, las reformas constitucionales realizadas durante la dictadura militar las cuales han sido mantenidas durante los gobiernos democráticos y que tienen relación con la explotación de la naturaleza.

No podemos tampoco criticar al Estado como un objeto foráneo y autónomo. El Estado no existe sin los ciudadanos, por lo tanto, la responsabilidad de las formas de despojo de los territorios, los desequilibrios, las injusticias ambientales permitidas, son también secundadas desde la ciudadanía y su despolitización, además de su constante apoyo a gobiernos y líderes que promueven el neoliberalismo, por ejemplo, a través de los gobiernos progresistas de Lagos y Bachelet (Svampa, 2017; Gudynas, 2019). Es en este punto donde la academia podría profundizar el estudio de los movimientos sociales en conflictos ambientales como una nueva forma de participación y politización de la ciudadanía en pro del cambio social. Montero (2015; 2011) plantea que la despolitización es un proceso por el cual los ciudadanos dejan la participación política en manos de los partidos políticos despojándose de este poder del Estado que le corresponde y trasladándolo a un grupo o una elite. De esta manera si no hay participación, no habrá eficacia psico política, ni sentido de ella, ni el poder y el control residirán en la comunidad (Montero, 2004:8). Los nuevos enfoques académicos en materia de conflictos socioambientales también podrían dirigirse hacia el potencial de estos como una nueva reapropiación o fortalecimiento del rol ciudadano en el Estado en torno a las nuevas formas de pensar la naturaleza y los territorios, más que a identificar roles de víctimas o victimarios, innovando sobre metodologías de resolución y tratamiento de los conflictos. Sesgar además la participación de los privados polarizando impide un enfoque más complejo lo, cual se expresa en, por ejemplo, la demonización del sector privado o también el traslado de las responsabilidades estatales a ellos.

Complementando lo anterior, consideramos que dentro de los hallazgos de este trabajo se observa la tensión sobre la concepción territorial del Estado de Chile desde un prisma de explotación de recursos a favor del desarrollo económico, frente a una concepción del territorio desde las identidades formadas en la ruralidad y provenientes de las cosmovisiones étnicas de los pueblos originarios, que nada tienen que ver con explotación extensiva y acaparamiento de capital (Gudynas, 2019). A esto debemos sumar que, dentro de los resultados, observamos la localización de los conflictos en zonas rurales sin planificación territorial y en zonas extremas del país donde se encuentran mayormente los recursos naturales. De esta pugna de valoraciones sobre el territorio y el surgimiento de conflictos territoriales se evidencia la ausencia de estudios académicos y políticas públicas de ordenamiento y planificación territorial y/o ambiental que profundicen en la comprensión de estas tensiones.

Considerando que, dentro de la revisión llevada a cabo, los hallazgos muestran una influencia desde la geografía, es de extrañar que teniendo a la vista que los conflictos emergen de las fricciones por el uso del suelo y las distintas valoraciones en la subjetividad de las identidades fuera del modelo neoliberal (Gudiño, 2015), las investigaciones hayan olvidado analizar que son los territorios rurales los que sostienen económicamente a la urbe (Porto-Gonçalves, 2016). Los territorios rurales, aunque parezcan olvidados, poseen recursos económicos de origen natural y se encuentran sin ningún tipo de ordenamiento o planificación, generando la paradoja de la sostenibilidad: entre valorizaciones subjetivas por parte del Estado/privados y las comunidades que lo habitan.

En este escenario, los privados operan bajo el libre mercado y es aquí donde el ordenamiento territorial debería retomar un nuevo impulso en nuestro país frente lo que Svampa (2017) llama el modelo del mal desarrollo, que los gobiernos progresistas en América Latina han posicionado como forma de crecimiento económico. Gudiño señala sobre esto que la formulación de políticas sectoriales y la aplicación de modalidades de planificación en las que no se tiene en cuenta el territorio, no han logrado atenuar las disparidades regionales ocasionadas por la lógica concentradora del mercado (2015:13).

Respecto al desarrollo sustentable, y como se ha señalado, no se observan hallazgos significativos dentro de los resultados de la revisión sistemática. Lo anterior es complejo y paradojal, frente a la crisis ambiental actual, sin embargo, frente a lo planteado por Svampa (2017), ha sido el lado débil de la sustentabilidad, marcado por instrumentos y tecnología, el que ha primado, pero no ha permeado a la realidad económica y social del país que limita el rol ciudadano en la participación del Estado, como se ha observado en los gobiernos del período democrático post dictadura en cuanto a temas ambientales. Finalmente, dentro del análisis no se encontraron aspectos de los conflictos socioambientales ligados a estudios de género. Esta omisión es relevante si se considera que diversos autores han planteado que en América Latina las mujeres enfrentan una triple vulneración en cuanto a su género, etnia y clase social, en particular en zonas de explotación de recursos naturales (Svampa, 2017), lo cual se asocia al modelo de desarrollo imperante que legitima o invisibiliza dichas vulnerabilidades (Vattimo, Giardina y Pobierzym, 2015).

En cuanto a las instituciones, queda pendiente que las universidades de las zonas extremas del país se abran a la investigación sobre conflictos territoriales ya que en estas regiones (Universidades de Magallanes, Aysén, Antofagasta, Atacama), es donde existe mayor interés de la actividad extractiva.

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