Segregación laboral en territorios de agricultura intensiva

Aproximación comparada en las producciones agrícolas de Mendoza y Río Negro

 

Labor segregations in territories of intensive agriculture

Comparative approximation in the agricultural productions of Mendoza and Río Negro

 

Verónica Trpin | ORCID: orcid.org/0000-0002-7384-682X

vtrpin@gmail.com

CONICET

 

Marta Silvia Moreno | ORCID: orcid.org/0000-0002-8767-810X

smoreno@mendoza-conicet.gob.ar

CONICET

 

Argentina

Recibido: 28/05/2020

Aceptado: 27/06/2020

 

Resumen

Desde finales del siglo XX asistimos a profundas transformaciones en el trabajo vinculadas a la globalización neoliberal, que han impactado sobre las condiciones de existencia de lxs trabajadorxs agrícolas. Sin embargo, estos procesos se han densificado diferencialmente en los diversos territorios que componen nuestro país. En este artículo buscamos analizar algunas especificidades de la inserción laboral de migrantes procedentes del noroeste de Argentina y de Bolivia, en las producciones agrícolas de las provincias de Mendoza y Río Negro. Sobre la base de dos estudios de caso etnográficos, analizamos los procesos de segregación laboral en los que se inscribe la presencia de trabajadorxs migrantes, focalizando el análisis en las cosechas agrícolas y en la producción hortícola. Estos hallazgos resultan expresivos de los procesos sociales y económicos de generación de migrantes diferenciales, que apuntan a remarcar la incidencia de factores históricos, sociales y simbólicos en la fijación de límites -lugares permitidos/prohibidos- que condicionan las diversas formas de vivir, ocupar y representar los territorios sociales y productivos de la migración.

 

Palabras clave: Segregación laboral, Territorios de agricultura intensiva, Mendoza, Río Negro.

Abstract

Since the end of the 20th century, important transformations have occurred in the world of work linked to neoliberal globalization, which have impacted on the conditions of existence of agricultural workers. However, these processes have had a differential impact in various territories of our country. In this article we seek to analyze some specificities of the labor insertion of migrants from the Argentine Northwest and Bolivia, in the agricultural productions of the provinces of Mendoza and Río Negro. Based on two ethnographic case studies, we analyze the processes of labor segregation in which the presence of these migrant workers, focusing the analysis on agricultural crops and horticultural production. These findings are expressive of the social and economic processes of generation of differential migrants, which aim to highlight the incidence of historical, social and symbolic factors in setting limits -permitted / prohibited places- that condition the various ways of living, occupying and represent the social and productive territories of migration.

 

 

 

Key words: Labor segregation, Territories of intensive agriculture, Mendoza, Río Negro.

 

Introducción

 

Los desplazamientos territoriales de la población fueron transformándose a lo largo del tiempo en relación a las formas de circulación, al volumen de los flujos, así como a las particularidades territoriales y los significados sociales atribuidos a la movilidad. En Argentina, las investigaciones llevadas a cabo en el marco de los estudios rurales y del trabajo, han puesto de relieve la presencia recurrente y creciente de migrantes estacionales agrícolas desde el inicio de la actividad productiva hace algo más de setenta años, con continuidades y rupturas en su carácter y en la propia naturaleza del fenómeno (Bendini, Steimbreger y Radonich, 2007). En estos trabajos se sostiene que la movilidad del trabajo constituye una estrategia histórica redefinida tanto por los productores y las empresas, como también por lxs trabajadorxs en un contexto de concentración excluyente. Esto conduce a concebir la movilidad territorial como una práctica resignificada ante la profundización de las exigencias y controles que impactan en la inclusión y en la diferenciación social del heterogéneo conjunto de trabajadores agrícolas que participan de estos circuitos laborales.

Existen diversas procedencias migratorias que han cobrado relevancia en las circulaciones efectuadas en el oeste de Argentina a lo largo del tiempo. Se trata de la movilidad estacional de trabajadorxs procedente del noroeste de Argentina (NOA) -principalmente de las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero-, que convergieron con las circulaciones regionales de familias oriundas del sur de Bolivia, y que en Río Negro, paulatinamente reemplazaron a lxs trabajadorxs estacionales provenientes de Chile.

En este marco, buscamos analizar las modalidades que han asumido las inserciones laborales de estxs migrantes en las producciones agrícolas de Mendoza y Río Negro. Se trata de dos provincias situadas en el centro-oeste y sur-oeste de Argentina sobre la cordillera de Los Andes, que se caracterizan por poseer un clima árido con fuertes restricciones hídricas. Por este motivo, las actividades agrícolas se efectúan a partir de un uso intensivo de la tierra en valles u oasis agrícolas bajo riego, que requieren de aportes extralocales de mano de obra en los momentos de cosecha, propiciando la movilidad territorial de trabajadorxs estacionales entre diversos territorios. Asimismo, estas regiones surcaron procesos de reestructuración productiva en sus principales agroindustrias, cuyas consecuencias afectaron a las pequeñas y medianas unidades productivas. La presencia sostenida de migraciones estacionales, pendulares y circulares de trabajadorxs norteñxs o bolivianxs invitan a pensar las configuraciones de circulación poblacional a nivel de regiones que han trascendido los límites políticos de los Estados y que tienen una duración histórica (Trpin, 2020). Con esta premisa emprendemos el análisis comparado de dos regiones a partir de investigaciones etnográficas focalizadas en las trayectorias migratorias de trabajadorxs migrantes en regiones de agricultura intensiva.

La información que presentamos en este artículo se construyó a partir de estudios iniciados hace más de 10 años en ambas provincias, para analizar la presencia de trabajadorxs migrantes en el trabajo estacional agrícola, principalmente en la actividad de cosecha.

Para ello se realizó trabajo de campo y se sostuvieron entrevistas en zonas dedicadas a las producciones hortícola, vitivinícola y frutícola que poseen una marcada presencia de migrantes procedentes del noroeste de Argentina y de Bolivia1.

Estas investigaciones proporcionaron información sobre segmentos laborales destinados a migrantes recientes (Herrera Lima, 2005) que se renueva periódicamente en Mendoza y en Río Negro. Se trata de destinos laborales en los que las redes cumplen un papel fundamental en la transmisión de información y en la materialización de los desplazamientos territoriales, con el fin de acceder a las fuentes de trabajo a partir de intermediarios-cuadrilleros que operan fluidamente en espacios de contratación situados en los territorios de migración. La prolongación del trabajo de campo en ambos contextos de estudio permitió poner de relieve la coexistencia de distintas cohortes o edades migratorias (Sayad, 1998) de estos flujos, así como la presencia mayoritaria de estxs actorxs en otros segmentos laborales emplazados en los territorios agrícolas.

 

Movilidad territorial y segregación laboral en áreas de agricultura intensiva

 

En América Latina los estudios sobre movimientos temporales o estacionales de trabajadorxs tienen una trayectoria significativa dada la relevancia que este fenómeno ha mantenido a lo largo del tiempo2 (Bendini, Steimbreger y Radonich, 2009). En particular, los desplazamientos estacionales de trabajadores norteñxs y bolivianxs en Argentina se relacionan estrechamente con el surgimiento del trabajo asalariado para las labores agrícolas, de la mano del proceso de modernización en la agricultura y de desarrollo de las economías regionales del interior del país. Investigaciones pioneras sobre esta temática son las de Sabalain y Reboratti (1982), quienes identificaron desde una escala regional ampliada, en las décadas de 1970 y 1980 distintos sistemas de migraciones estacionales en los que se articulaban los trabajadores agrícolas.

En las primeras décadas del siglo XXI estas formas de movilidad territorial mantienen vigencia porque forman parte de las estrategias familiares de reproducción social (Murmis, 1994, Bendini y Radonich, 1999 y Giarraca, 2000); desplegándose como una opción ventajosa ante el desempleo, el subempleo y a las condiciones adversas de existencia en las regiones de origen (Bendini, Steimbreger y Radonich, 2011 y Rau, 2010). Estas prácticas se expresan en desplazamientos pendulares o circulares de diversa duración entre dos o más áreas productoras, que convocan a cerca de 50.000 trabajadores estacionales en todo el país (Neiman, 2008). Neiman (2008) destaca además que los flujos migratorios más significativos de las últimas décadas son los provenientes del NOA y NEA, en tránsito a la producción cuyana de vid y de frutas en Patagonia, dispuestas en contra-estación de las cosechas citrícolas y cañeras del norte (Rau, 2010). En este marco, algunas autoras ponen de relieve la intensidad y diversidad que adoptan estos desplazamientos a partir de las nuevas formas de organización productiva de la agricultura, cuya tendencia busca mantener un reducido número de trabajadores permanentes, polivalentes y calificados; aumentando la demanda de trabajadores temporarios menos calificados para la ejecución de tareas puntuales, lo que acentúa la flexibilidad laboral característica de la actividad agropecuaria.

Comprender estos movimientos como una estrategia de reproducción social para las familias conduce a dar cuenta de una historia de despojos, de enajenación de bienes, recursos y también de relaciones que fueron desestructuradas. En ese contexto lxs trabajadorxs ponen en juego un saber circular (Tarrius, 2000) que les permite movilizarse en búsqueda de empleo, ingresos y esperanzas. En términos generales, no existe por lo tanto una migración que quiebre las experiencias, sino movimientos de diferentes grados de importancia que se superponen a lo largo del trayecto. Las migraciones y/o movilidades son experimentadas más como un modo de vida que como un momento singular de ellas (Pries, 2002).

En este artículo retomamos el abordaje de las desigualdades en mercados de trabajo segregados en los que existe una presencia mayoritaria de trabajadorxs migrantes. Este abordaje refiere a la intersección de diversas formas diferenciadas de desigualdad que pueden rastrearse en los cruces del género, la pertenencia de clase, la raza, la etnia, el origen nacional y el estatus migratorio (Anthias, 2006, Yuval-Davis, 2006 y Magliano, 2015). Esta perspectiva constituye una apuesta teórico-metodológica para comprender las relaciones sociales de poder y los contextos en que se producen las desigualdades sociales vividas por los sujetos sociales, mediante el abordaje de diferentes posiciones y clasificaciones sociales históricamente situadas; que han abonado los abordajes sobre segregación laboral (Magliano y Mallimaci Barral, 2018).

En este sentido, existen contribuciones que refieren a la relación entre trabajo, condiciones laborales y desigualdades (Trpin y Lopez Castro, 2016), recuperando la interseccionalidad entre pertenencias de clase, de género y de origen étnico-nacional, así como la racialización de ciertxs migrantes (Trpin y Pizarro, 2017). El abordaje del trabajo en articulación con otras marcaciones refleja cómo las desigualdades constituyen un punto central para caracterizar la estructura social argentina (Salvia, Fachal y Robles, 2018:113), abriendo un campo de indagación sobre la segregación de los mercados de trabajo en relación a los condicionamientos estructurales desde los cuales se organizan y reproducen.

La segregación laboral ha ocupado un lugar central en las discusiones y reflexiones teóricas y políticas sobre migraciones y trabajo, ya que supone reflejar una desigual distribución de puestos y de condiciones de trabajo. Según estas perspectivas no puede hablarse de un sólo mercado de trabajo sino de mercados de trabajo distintos con sistemas organizativos particulares y diversos tipos de trabajadorxs (Lara Flores, 2001).

Si bien la segregación laboral ha sido un factor estructurante de cada etapa del desarrollo capitalista, se ha ido modificando en el contexto de una nueva geografía social global desde finales del siglo XX en adelante (Sassen, 2003 y Castles, 2013). La desregulación económica de las últimas tres décadas bajo el auge neoliberal ha derivado en una creciente jerarquización, precarización e informalización del empleo para los migrantes. En el contexto de la ruralidad latinoamericana, el impacto del neoliberalismo en la producción agropecuaria provocó el incremento sostenido del nivel de concentración de la tierra, el desplazamiento de pequeños productores familiares y la creación de una considerable masa de desempleadxs rurales que engrosaron las filas del trabajo asalariado y las migraciones laborales de temporada, únicas fuentes de recursos e ingresos para las ex familias campesinas (Bengoa, 2003). Los estudios sobre el tema han señalado que la aplicación de políticas neoliberales no ha resultado neutral en relación con el género, afectando de manera desigual a varones y mujeres debido a sus diferentes roles en la producción y reproducción social (Mingo, 2011).

Los procesos de reconversión de la agricultura han dirigido la producción a los mercados globalizados apoyándose en la profundización del trabajo asalariado en todos los niveles y ampliando la inseguridad laboral como producto de la desregulación de los mercados de mano de obra. En este marco, se ha recurrido a la categoría de “agricultura flexible” para remarcar la combinación entre flexibilidad productiva y uso de trabajo precario (Bendini y Lara Flores, 2007). Para Mónica Bendini y Sara Lara Flores (2007) esta tensión promueve:

 

nuevas formas de acceso al trabajo con diversidad de modalidades de intermediación; pero, a su vez, con ampliación de redes sociales; persistencia de migración temporal de arrastre con reorganización de los grupos domésticos; aumento del trabajo transitorio, de la movilidad pendular y de los desplazamientos múltiples con rotación en diversos circuitos y empresas. Estos fenómenos y procesos van construyendo nuevas formas territoriales y espacios sociales aunque sin desaparición de la histórica precariedad laboral existente en el campo. (p. 24-25)

 

Tanto en Mendoza como en el norte de la Patagonia, la condición de trabajadorxs migrantes así como las pertenencias étnico-nacionales han constituido marcaciones que condicionan su circulación por el mercado de trabajo, al tiempo que posibilitaron, en algunos casos, proyecciones de ascenso social (Trpin y Jiménez Zunino, 2019) tal como desarrollaremos en la última parte del artículo. Con estas herramientas conceptuales y antecedentes de investigación emprendemos el análisis de las modalidades de segregación laboral en las que se inscribe la presencia de lxs trabajadorxs migrantes en Mendoza y Río Negro.

 

Breve caracterización de las producciones agrícolas en Mendoza y Río Negro

 

Para situar nuestro análisis conviene comenzar por una breve caracterización de los territorios agrícolas que demandan trabajadorxs migrantes. En el caso de Mendoza, un rasgo ca­racterístico de la producción agrícola ha sido el temprano abandono de la estructura económica monoproductora de vid por las sucesivas crisis, a partir de una diversificación productiva e industrial (Martín, 1992), que incorporó otras producciones y actividades que incrementaron principalmente la demanda de trabajo estacional durante gran parte del año3. En el presente, la estructura del sector agrícola se compone en un 85,5% por la producción vitivinícola, seguida en un 9,7% por la fruticultura y en 4,9% por la producción de hortalizas (DEIE, 2018). Estas producciones han estado sujetas a procesos de reestructuración de la agricultura (Neiman, 2010) propiciando una mayor concentración de los factores de producción en favor de grandes productores nacionales y extranjeros de perfil empresarial, que han orientado su producción al mercado internacional en escenarios altamente competitivos (Pedone, 1999 y Cerdá, 2020). Paralelamente, se constata la subordinación y, en algunos casos, la exclusión de los pequeños productores locales de estas actividades, manteniéndose invariable las condiciones de precariedad de los trabajadores agrícolas (Neiman y Bocco, 2005 y Berger y Mingo, 2012).

Todos estos procesos han provocado una transformación de los territorios rurales vinculados a la actividad agrícola. Se puede observar una reducción del área cultivada, asociada a la disminución de la superficie vitícola; una expansión de la superficie frutícola (con nogales y especialmente olivos, que triplican su participación), mientras que las hortalizas permanecen en general estables, aunque con importantes variaciones en la composición del sector (Van den Bosch y Bocco, 2016).

 

En el caso de la vitivinicultura se observa un proceso de concentración de los viñedos y un aumento en el tamaño promedio de las Explotaciones Agropecuarias (EAP) durante los últimos cuarenta años. Una particularidad de la transformación reciente es que produjo, por un lado, la ampliación de la frontera agrícola y, por otro lado, el cambio del centro modernizador desde el oasis Norte4 al Valle de Uco5 (Cerdá, 2020).

En la fruticultura, por el contrario, se advierte un crecimiento del 52% en el número de productores durante el mismo período, que representa un aumento del 18% de su área cultivada. De acuerdo con Van den Bosch y Bocco (2016) este proceso fue liderado por pequeños productores y responde a la crisis vitivinícola de la década de 1980, signada por erradicaciones y abandonos masivos en todo el territorio provincial, que reorientaron las inversiones hacia otras actividades productivas con mejores expectativas como los frutales y las hortalizas. Este panorama cambia a partir de 2002, ya que muchos productores salen de la actividad y sólo se expanden los cultivos de nogales y olivos de perfiles concentrados. Por su parte, en la producción hortícola se constata durante la década de 1980 el estancamiento de los cultivos agroindustriales vinculados al consumo interno (tomate) y el despegue de otros vinculados a la exportación (ajo) mientras los restantes destinados al consumo en fresco en el mercado interno, no registran cambios tan notables. Estos últimos se practican en todos los oasis de la provincia, a partir de una modalidad de producción intensiva, diversificada y en pequeña escala (parcelas menores a 5 hectáreas), que constituye el 73% de los agentes productivos definidos como productores familiares y en transición, mayoritariamente de procedencia boliviana. Existe además una pequeña proporción (14%) de productores de entre 5 y 10 hectáreas, mientras que sólo el 0,6% pertenecen al estrato de 50 a 100 hectáreas (IDR, 2014). Estos sectores de mayor concentración se vinculan a los procesos de reestructuración que en Mendoza tomaron forma con la expansión hortícola del Valle de Uco a partir de un perfil especializado en la producción de hortalizas pesadas6 (Salatino, 2020). Se trata de grandes extensiones dedicadas a la horticultura especializada y extensiva destinadas principalmente al cultivo de ajo morado, blanco y blanco temprano, que representan alrededor del 60% de los ingresos por exportaciones de bienes primarios de Mendoza (DEIE, 2017). Los eslabones de acopio y comercialización presentan igualmente una gran concentración, ya que quince galpones de empaque reúnen casi el 70% de las exportaciones (IDR, 2012).

De acuerdo con Pedone (1999), los procesos de reconversión productiva profundizaron la brecha establecida desde hace ya varias décadas, entre propietarios con poder de acumulación orientados a la exportación; y un amplio sector de chacareros y pequeños productores que sólo alcanzan un mercado mediatizado por una extensa red de intermediarios. Esta coexistencia de diferentes escalas de producción y tipos de explotaciones agrícolas determina la demanda de mano de obra, la organización social del trabajo y las diferentes formas de resolverla.

En el caso de Río Negro, la producción agrícola se efectúa en un contexto en el que el uso de la tierra y del agua para la producción de alimentos compite con políticas estatales que incentivan la actividad hidrocarburífera, tensionando el sostenimiento de estas actividades junto a torres de extracción de petróleo bajo la modalidad de fracking en los espacios rurales (Trpin, 2020).

La particularidad que asume la fruticultura y la horticultura en esta región es la convivencia de diferentes destinos y volúmenes de producción: cultivo de peras y manzanas para el mercado internacional, producción de diversidad de verduras para las ferias locales y el Mercado Concentrador de Neuquén en chacras arrendadas de no más de dos a tres hectáreas y la producción de tomate para las agroindustrias en predios de entre 20 y 80 hectáreas.

La actividad frutícola ha tenido gran protagonismo en la organización social y económica del Alto Valle y Valle Medio de Río Negro. Desde sus inicios fue un eslabón de una cadena agroalimentaria cuya base es la producción primaria de fruta de pepita en pequeñas y medianas unidades familiares capitalizadas. Un porcentaje de la producción se destina al mercado interno (en el último tiempo, mayormente manzanas) y otro mayor, principalmente de peras, a la exportación. Los centros de empaques, concentrados y con presencia de capitales trasnacionales, se dedican también a la conservación en frío de frutas frescas y son el núcleo organizador de la cadena. Las frutas de menor calidad se destinan a la industria (jugos concentrados, sidras, conservas y frutas deshidratadas), fundamentalmente en el mercado nacional (Opsur, 2019).

A partir de la década de 1970, el proceso de internacionalización y modernización excluyente marcó un punto de inflexión irreductible en las condiciones de reproducción social de lxs chacarerxs, profundizándose procesos de concentración de la producción primaria y de los circuitos de comercialización (Álvaro, 2013). Al mismo tiempo, estas empresas transnacionalizadas avanzaron en la producción primaria propia, con una creciente participación de capitales medianos.

La incorporación tecnológica ha constituido una variable central de diferenciación estructural para el capital al interior de la cadena frutícola (Álvaro, 2013). En las últimas dos décadas, con la introducción de normas de inocuidad alimentaria que responden a estándares internacionales de seguridad alimentaria (Buenas Prácticas Agrícolas) (Trpin, 2008) se profundizaron tendencias de concentración productiva. Estas constituyen un mecanismo que refuerza los controles a la producción en chacra por parte del capital concentrado, el cual, a su vez, debe sortear con éxito los requisitos de ingreso de la fruta a exigentes mercados de calidad.

Según el Censo Provincial de Agricultura Bajo Riego del 2005, la provincia de Río Negro cuenta con unas 203.520 ha bajo riego, de las cuales 86.718 ha (42%) son cultivadas, 31.500 ha (15%) son aptas y no utilizadas, y 85.300 (43%) están destinadas a otros usos. El amplio sistema de regadío sobre los valles permite sostener unas 40.527 ha dedicadas a la producción frutícola, de las cuales 37.948 ha (93.5%) son producción de peras y manzanas (SENASA, 2015). Según el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios las tierras en producción han tenido una variación negativa de un 2% entre los años 2008 y 2015. En un informe del diario Río Negro (24/04/2019) se expresa que la variación es muy superior: las tierras en producción habrían descendido un 34% entre 2009 y 2018. Según esa información, las y los productores se redujeron un 56%, de 4800 en 2009 a 2100 en 2018.

Si bien todavía el eslabón primario se conforma principalmente de pequeñas y medianas unidades, una de las características más llamativas es el proceso de concentración existente en torno a la tierra. De los 2025 productorxs y 3585 establecimientos registrados en la provincia en 2015, quienes poseen menos de 40 ha son 1900 productorxs cuyas superficies suman 21.785 ha. Mientras que quienes poseen más de 100 ha son 51 productorxs que tienen 14.293 ha. Este último grupo está compuesto mayoritariamente por empresas extranjeras. Dicho de otra manera, un 2.5% de las y los productores registrados posee más de un tercio de la tierra en producción destinada a la fruticultura (Opsur, 2019). Esta concentración es mayor en Valle Medio y Valle Inferior, y es menor en el Alto Valle, donde perdura un entramado productivo vinculado con la organización familiar, con la que empezó a desarrollarse la actividad. Este proceso de concentración se ha solapado con otro de extranjerización, fundamentalmente de la mano de la compra de tierras por parte de las grandes empresas integradas y agroexportadoras.

La fruticultura históricamente se ha caracterizado por ser una producción que absorbe mano de obra a lo largo de todo el ciclo productivo, determinada por la extensión de la parcela y la estacionalidad de los trabajos de poda y cosecha (Trpin, 2008), demanda que se ha cubierto sobre todo con mano de obra migrante proveniente del norte del país. Si bien en la producción primaria aún persiste el trabajo familiar, en el trabajo asalariado existe una muy alta tasa de no registro. Al mismo tiempo, en los últimos años se constató un proceso de feminización en algunas tareas, como en el caso de la poda y en el empaque.

Asimismo, en los últimos diez años, la horticultura viene registrando una lenta y constante ampliación en cuanto a superficie sembrada en los valles de la provincia de Río Negro. El carácter subordinado de la actividad hortícola en la región, debido a la predominancia de la fruticultura orientada a la exportación, ofrece las condiciones para que lxs migrantes puedan construir un verdadero territorio hortícola boliviano. Cabe remarcar que el 51% de lxs productorxs hortícolas cultivan en superficies de hasta 5ha y representan solo el 9% de la superficie hortícola provincial.

A diferencia del Alto Valle, en la zona del Valle Medio se presenta la mayor diversificación productiva, con el cultivo de 6.000 ha de frutales de pepita, 1.000 ha de frutas de carozo, 350 ha de frutos secos, 300 ha de vid, 4.000 ha de hortalizas y 7.000 ha de forrajeras (Nievas et al., 2013). En la horticultura, los principales cultivos, en cuanto a superficie y volumen de producción, son aquellos destinados a la exportación tales como la cebolla y el zapallo, o el tomate relacionado con la industria procesadora. Cabe señalar, que la región del Valle Medio concentra el 95% de este producto entre los municipios de Choele Choel, Lamarque y Luis Beltrán, con un volumen de producción según datos del 2009 de 86.500 toneladas de tomate para industria (Villegas Nigra et al., 2011), absorbidas por las plantas procesadoras. Tal como fuera señalado, la producción de tomate está relacionada con la industria de conserva. Entre las décadas de 1950 y 1960 Río Negro se ubicó como la tercera provincia productora luego de Mendoza y San Juan, pero las caídas de los rindes productivos y las escasas inversiones en el eslabón primario desaceleraron las posibilidades de competitividad en el sector, retrotrayéndose las áreas cultivadas (FAO, 2015). En décadas recientes cobró dinamismo la producción desde la articulación desigual del sector industrial (altamente concentrado) con el primario, siendo la capacidad productiva del sector industrial quien define la superficie y las condiciones del cultivo. Los lineamientos productivos han consolidado un tipo de productor primario capitalizado y especializado, que cultiva en predios de más de 20ha con inversiones en tecnología (especialmente de riego) con alta integración a la industria, observándose una profundización de la fragmentación con otros productores que cultivan verduras de manera diversificada y en fresco para el mercado interno.

 

Trabajadorxs migrantes en la agricultura de Mendoza y de Río Negro

 

Entre fines del siglo XIX y las primeras décadas del XX las economías regionales de Mendoza y de Río Negro consolidaron una estructura agraria orientada a producciones intensivas de gran escala (Richard Jorba, 2001, Montaña, 2007, Bandieri y Blanco, 1994 y Bendini y Trpin, 2014) de la mano de la inmigración europea que accedió a pequeños predios productivos. Podemos observar como parte de la expansión de la producción vitivinícola en Mendoza y de la fruticultura en Río Negro, la temprana constitución de mercados de trabajo segregados marcado por la pertenencia de clase y el origen nacional.

Para el caso de Mendoza y de acuerdo con Salvatore (1986), el crecimiento económico fue posible gracias al desarrollo de un nuevo complejo de relaciones laborales entre los propietarios y los trabajadores europeos. Para este autor, el sistema de contratistas propició una segmentación étnico-nacional del mercado laboral, dado que muchos inmigrantes europeos accedieron a trabajos mejor pagados como directores de las explotaciones agrícolas o como gestores de la fuerza de trabajo estacional; mientras los criollos pobres del interior de la provincia, quedaban relegados a las posiciones menos jerarquizadas y peor remuneradas, tomando a su cargo las actividades temporarias propias del cultivo de la vid y del trabajo en las bodegas (Salvatore, 1986). En este contexto, a lo largo de la primera década del siglo XX una proporción de estos inmigrantes logró convertirse en propietarios de fincas y bodegas. Esto posibilitó la construcción (y luego la sedimentación) de la imagen hegemónica del inmigrante de ultramar que trabaja y progresa (Belvedere et al., 2007) mientras los criollos quedaron relegados a las posiciones más subordinadas, siendo estereotipados como vagos, indolentes e inclinados a la bebida (Salvatore, 1986).

Al promediar el siglo XX y en consonancia con los procesos de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) la producción vitivinícola de Mendoza se consolidó (Montaña, 2007) al tiempo que se incrementó la diversificación productiva con los cultivos de frutales y hortalizas.

En el norte de la Patagonia, la consolidación del uso de la tierra privatizada y su puesta en producción con riego artificial inauguró, desde las primeras décadas del siglo pasado, la consolidación de una estructura agraria sustentada en las migraciones internacionales: migrantes europeos accedieron a la propiedad parcelada de la tierra y lxs trabajadorxs temporarixs provenientes de Chile fueron empleadxs en la fruticultura, muchxs de lxs cuales se radicaron y se transformaron en trabajadores efectivos (Trpin, 2004). Desde la década de 1960, procesos de concentración productiva por parte de empresas integradas modificaron la estructura agraria regional, profundizándose el desplazamiento de pequeños productores de la producción directa de peras y manzanas. Ello impactó en la organización laboral en las chacras, siendo significativa, décadas más tarde, la transformación del mercado de trabajo frutícola. Por su parte, desde la década de 1970 la migración proveniente de Bolivia comenzó a matizar la dinámica productiva de los valles irrigados en la Patagonia. La población limítrofe de origen boliviano ha configurado la historia social de lxs trabajadorxs rurales en la Argentina, junto a trabajadorxs del NOA, consolidando un asalariado rural que fluctuó en producciones agrarias a lo largo del país.

En las últimas décadas, así como en la fruticultura lxs norteñxs se emplearon para la cosecha de peras y manzanas, también cobraron presencia en la horticultura. A través de observaciones y entrevistas realizadas entre cosechadorxs de tomate para industria, se evidenció que el nicho ocupacional de trabajo temporario fue ocupado por migrantes de las provincias del norte del país y de Bolivia que han tenido experiencia en circuitos laborales agrarios en otras zonas de la Argentina y en la fruticultura de los valles irrigados del río Negro.

En ambas provincias, la expansión de las producciones agrarias promovieron un crecimiento en la demanda de trabajadores, especialmente en los momentos de cosecha, proceso coincidente con la llegada de migrantes norteñxs y bolivianxs que en busca de nuevas posibilidades laborales, se articularon como trabajadores golondrinas estacionales, complementando la fuerza de trabajo criolla, frente a una demanda en expansión (Benencia y Karasik, 1995).

Estos flujos poblacionales se caracterizaron por constituir migraciones desde abajo (Guarnizo y Smith, 1999), es decir, no respondieron a programas de promoción estatal de radicación de nuevos migrantes, como en el caso de la antigua inmigración europea. Por el contrario, otros factores económicos y sociales confluyeron en la producción de estos desplazamientos. Entre ellos se destaca la incorporación de la mecanización ahorradora de mano de obra en la industria azucarera del noroeste de Argentina, que desplazó a gran parte de esta masa de trabajadorxs hacia regiones más dinámicas en el sur (Benencia y Karasik, 1995). Estos desplazamientos se vieron favorecidos, por ejemplo, por el arribo de un nuevo ramal ferroviario que vinculó a Mendoza con el centro y norte de la Argentina y con Bolivia (Paredes, 2004); y se asentó en las experiencias acumuladas de trasladarse para trabajar7 (Hinojosa Gordonava, 2009).

La inserción de estos migrantes en Mendoza tuvo lugar especialmente en los espacios rurales y en estrecha relación con la apertura de nuevas posibilidades laborales motivadas por el incremento constante de la superficie cultivada y por los lugares vacantes que dejaba la población nativa, que era alentada a trasladarse a las grandes metrópolis en busca de mejores condiciones de vida y de nuevas oportunidades de trabajo. En este contexto de llegada de nuevos migrantes, los agricultores y bodegueros de Mendoza comenzaron a ver en estos flujos una solución de mano de obra frente a la escasez provocada por la expansión de las actividades agrícolas (López Lucero, 1997). Con la renovación de estas migraciones año tras año, esta solución momentánea se tornó en una preferencia por contratar mano de obra migrante, visible en diversos mitos y narrativas de etnicidad que calificaban a lxs trabajadorxs bolivianxs y a aquellos norteñxs que se le parecían física y culturalmente, como los más adecuados para afrontar las duras faenas del campo8.

Para el caso de Río Negro, desde los años 90 fue evidente la paulatina retracción de la migración chilena y el crecimiento de la presencia de norteñxs en la fruticultura y de población de origen boliviano en la horticultura. Es posible considerar que norteñx alude a una categoría que trasciende delimitaciones nacionales, para constituir una marcación definida por una pertenencia de clase y una racialización de los cuerpos. La justificación de la soportabilidad del trabajo duro en el campo y las condiciones informales en las que se emplean reflejan la permanente reactualización de un desprecio por los habitantes de las “provincias” -sobre todo del Norte- cuyo color de la piel oscura habla de sus ancestros, del pasado indio o negro, negado y obliterado por la construcción hegemónica de la Argentina blanca europea (Álvarez Leguizamón, 2016: 338).

A diferencia de la inmigración europea, vemos entonces que la inserción de trabajadorxs bolivianxs y de norteñxs a las producciones provinciales, se resolvió sin posibilitar su acceso a la propiedad de la tierra, quedando relegados a nichos laborales destinados a migrantes recientes en las cosechas agrícolas. En un primer momento se trató de una movilidad estacional conformada mayoritariamente por varones jóvenes y en general solteros procedentes del NOA y del sur de Bolivia, que llegaban a Mendoza y a Río Negro organizados por cuadrilleros, transportistas o fleteros con contactos en Tucumán, Salta, Jujuy o Santiago del Estero; y trabajan en fincas y chacras con las que mantenían arreglos que se renovaban todos los años. En este marco predominaban las formas de movilidad estacional con retorno a los pueblos de origen de lxs trabajadorxs temporarixs9.

 

Pero con el paso del tiempo y la renovación de estos flujos se incrementó la participación de mujeres (así como su visibilización) en el marco de migraciones familiares, que fueron delineando algunos patrones de movilidad diferencial, expresados en proyectos más definitivos. En este marco, comenzaron a multiplicarse algunos núcleos de poblamiento de trabajadores migrantes en diversas áreas rurales de las provincias (Moreno, 2019 y Radonich, Trpin y Vecchia, 2009). Se trata de la proliferación de barrios de trabajadores rurales construidos discontinuamente en zonas rurales. Estas nuevas configuraciones espaciales, de acuerdo con Bendini y Steimbreger (2015), permiten profundizar la interrelación con la actividad agrícola circundante, viabilizando la combinación de actividades y de espacios de trabajo. Asimismo, el asentamiento progresivo de migrantes constituye a estos espacios como nudos de oportunidades para la reproducción social dentro de las actividades agrícolas, tornándose elegibles para la radicación y tránsito de nuevos migrantes (Moreno, 2019). Esto sienta las bases de lo que Lara Flores y Sánchez Saldaña (2015) denominan industria de la migración, que se encarga de promover la llegada de trabajadores desde sus regiones de origen, y ofrece para ellos oportunidades de trabajo, alojamiento y alimentación. El progresivo asentamiento de familias migrantes incrementó la movilidad de migrantes organizados en base a redes familiares y de paisanaje, que vinculan los distintos territorios de la migración, actuando por fuera de las formas de intermediación laboral que suelen operar desde los lugares de origen y destino. Así, a las formas de movilidad pendular y estacional, fueron sumándose movilidades de tipo circular (Dandler y Medeiros, 1991), como ciertos casos en los que se advierte una prolongación de la permanencia en Mendoza y Río Negro por varias temporadas, sin retornar al lugar de origen y sin programar establecerse en el lugar de destino.

 

Las chacras hortícolas como promesas de ascenso social

 

Para el caso de lxs migrantes bolivianxs en Mendoza y en Río Negro -al igual que en otras zonas del país- el trabajo rural ha habilitado en ciertas ocasiones la permanencia y la proyección de una movilidad ascendente, en lo que Roberto Benencia (2006) ha calificado como la escalera boliviana. Esta tendencia se expresa concretamente en el caso de productores que cultivan diversidad de verduras en Mendoza y tomate con destino a la agroindustria en la zona del Valle Medio de Río Negro.

Con el progresivo asentamiento de estos flujos migratorios en Mendoza bajo el contexto de crisis en la agricultura durante la década de 1980, comenzó a abrirse un nuevo horizonte con mayor perspectiva de ascenso para los varones bolivianos en la producción hortícola.

Este proceso se enmarca en una mayor oferta de tierras producto de la salida de muchos productores locales ante la reducción de los ingresos por el estancamiento de los precios de venta y el considerable aumento en los costos de producción, particularmente de los insumos, junto a la falta de relevo de los adultos mayores por parte de sus hijos en dicha actividad. Esto provocó que un creciente número de productores criollos abandonara la producción hortícola para transformarse en arrendadores de sus tierras o pequeños patrones que delegaban el trabajo directo en chacareros bolivianos10 (Carballo Hiramatsu, 2019).

La mayoría de los inmigrantes bolivianos ingresaron a la actividad con contratos de aparcería, que poseen larga presencia en la horticultura local. Estos contratos suelen establecer actualmente que un 70% de la producción le corresponde al patrón y el 30% restante es para el chacarero. Bajo esta relación, el primero se hace cargo de todos los medios de producción, insumos y semillas, además de la tierra; mientras que el chacarero aporta todo el trabajo necesario, tanto el propio como el de su grupo familiar y en los momentos de mayor demanda, moviliza además trabajo adicional a través de relaciones de reciprocidad y paisanaje11.

La forma de cubrir estas necesidades de mano de obra de parte del chacarero demuestra la enorme disparidad presente en esta relación. Se trataría entonces de un trabajador incluso más precario que el asalariado, por cuanto ni siquiera posee una retribución fija o segura, dependiendo esto de la producción alcanzada y los precios obtenidos (García et al., 2015:71). El marcado riesgo y la inseguridad que definen las reglas del juego de esta actividad llevan a los productores hortícolas a concebirla como una timba (juego de azar). Para Oscar Carballo Hiramatsu (2019) esta calificación se asienta en dos factores. Por un lado, en el efecto de las incidencias climáticas que pueden provocar pérdidas totales y el reinicio del ciclo siguiente desde cero. Por otro lado, en las enormes variaciones en las superficies cultivadas de un año a otro, producto de elecciones individuales y descoordinadas que pueden traer aparejadas crisis de sobreproducción y pérdidas totales. Vemos así que el contrato de aparcería permite atenuar los riesgos frente a resultados económicos negativos inherentes a la actividad (bajos precios, pérdida de la producción, etc.) ya que transforma una parte importante del costo fijo, que implica la contratación de asalariados, en un costo variable.

Como contraparte, un buen resultado económico puede dejarle al aparcero un ingreso superior al que obtendría como asalariado, posibilitando acumular un parque de herramientas y capital sobre el cual ascender a la posición menos subordinada de arrendatarios, y en algunos casos a la de propietarios (Benencia, 1999), aunque lamentablemente los resultados buenos no suelen ser la mayoría12.

No obstante, la búsqueda por convertirse en productores autónomos no pasa solo por aumentar sus ingresos. Sino que esta condición permite afrontar en mejores condiciones la reproducción del grupo familiar que a través del trabajo estacional, ya que el acceso a la condición de campesinos13 proporciona una ocupación más estable para el grupo familiar, especialmente para aquellos miembros que por su condición de género o edad, quedarían sometidos a situaciones más precarias aún.

Así en la actualidad podemos considerar a esta forma de organización del trabajo como una relación que se asemeja a una asalarización encubierta y fuertemente precarizada, indisociable de la tolerancia estatal a la degradación de las condiciones generales del trabajo a lo largo de las últimas décadas14. La forma que asumen los contratos de aparcería en la horticultura resulta una prueba contundente de los vacíos legales que niegan y permiten la vulneración de derechos de muchas familias migrantes (Carballo Hiramatsu, 2019).

En Río Negro, desde la década de 1970 productores locales comenzaron a arrendar parcelas para la plantación de tomate, lo cual marcó otra relación con la tierra: la disponibilidad de chacras en blanco y con riego sistematizado posibilitó la movilidad del cultivo en la zona al compás de la contratación de migrantes de origen boliviano y norteño, algunxs de lxs cuales se transformaron en medierxs y luego arrendatarixs (INTA, 1986). La producción hortícola en la provincia de Río Negro se expandió en las últimas décadas y cobró notoriedad como la segunda actividad agrícola del sector primario agrícola luego de la fruticultura (FAO, 2015). Anualmente se cultivan aproximadamente unas 7.700 hectáreas concentradas en los principales valles: dicha actividad a escala se expande entre el cultivo de cebolla y el tomate. Una publicación de la FAO (2015) señala que

 

dos momentos resultaron determinantes: el primero se relaciona con la reestructuración del sector de tomate para industria, a fines de la década del noventa, y el segundo tuvo lugar luego de los acuerdos del MERCOSUR a mediados de la misma década, momento en que el mercado brasileño pasó a tener un rol fundamental como demandante de cebolla. (p. 13).

 

Cabe señalar, que la región del Valle Medio concentra el 95% de la producción de tomate, que se destina en su mayoría a la industrialización como concentrado, triturado, disecado y jugos. Según el resumen ejecutivo del Plan Hortícola Provincial 2016-2026, se destinan 1250 hectáreas de tomate para industria, concentrados en un 30% de productores de un total de 200 relevados en la zona. La particularidad que asume la producción de tomate desde las últimas décadas, es el control de las distintas etapas del proceso productivo por empresas elaboradoras de tomate procesado. Estas empresas, con filiales en distintos puntos del país, fueron afianzando su presencia en el Valle Medio aunque con diferencias en la cantidad de hectáreas puestas en producción, en la capacidad de procesamiento y en la incorporación de tecnología. Las tres empresas procesadoras consolidadas para la temporada 2012 fueron: Arcor (ex Campagñola), Industrias Alimenticias Mendocinas (ex Canale) y Molinos Bruning (ex Parmalat), sosteniéndose exclusivamente hasta el año 2019 Arcor-La Campagnola.

En un esquema que se define como agricultura de contrato, los productores tomateros firman acuerdos con las empresas, que los vincula por un período de cinco años. Los productores ponen sus bienes en garantía (camionetas, tractores y otras maquinarias) pero la procesadora decide la renovación de dicho contrato cada temporada. Se pacta un precio en el invierno para cobrar después de la cosecha en el mes de marzo o abril del año siguiente, asumiendo los productores primarios los riesgos por factores climáticos o sanitarios (Trpin, Abarzúa y Brouchoud, 2016). Las empresas también tienen el control del traslado del tomate desde las chacras a las plantas elaboradoras, por lo tanto regulan la relación entre oferta y demanda a través del flete. Las procesadoras entregan a los productores un paquete tecnológico a lo largo del proceso productivo que incluye los plantines, fertilizantes y plaguicidas, además de asesoramiento técnico para garantizar productividad. El registro de las tareas rurales realizadas en el ciclo anual permite observar las desiguales modalidades de la organización de la producción de alimentos, en la que las posibilidades de decisión por parte de los productores tienen estrecho margen. Cabe destacar que la dinámica de la agroindustria actual está signada por la redefinición de estrategias empresariales para participar competitivamente y reafirmar la reproducción ampliada del capital (Steimbreger y Vecchia, 2014).

La generación que encabezó el proceso migratorio desde Bolivia y tuvo experiencia inicial en la cosecha de tomate y de peras y manzanas en la década de 1970 y 1980 en la zona, marcó las proyecciones de una movilidad que se mantiene hasta la actualidad. El reclutamiento realizado como peonxs temporarixs fue el origen de la circulación por el Valle Medio y el aprendizaje de una actividad que en algunos casos resultaba desconocida. Aunque las posibilidades de emplearse y luego sacar diferencias transformándose en medierxs era fluctuante (centralmente ante las inclemencias del tiempo y los escasos márgenes de negociación con los propietarios de la tierra), para algunxs migrantes cierta capitalización habilitó la compra de las primeras herramientas y arriesgarse solos. El acceso al control de la producción (aunque fuera en calidad de medieros) involucró el trabajo de todxs lxs integrantes de la familia y la esporádica contratación de paisanxs, lo cual permitió sostener tareas como la plantación y la cosecha a lo largo del ciclo productivo.

Desde la década de 1990, aun cuando la experiencia en el trabajo hortícola habilitó a algunxs productorxs a arriesgarse, las presiones en torno a los rindes por hectáreas se impuso de la mano de exigencias que promueven la estandarización de las prácticas y del conocimiento. La valorización de los saberes técnicos que no sostienen diálogos con las trayectorias laborales y productivas de la población migrante, dominaron los procedimientos en pos de la obtención de un producto escindido a las dinámicas familiares, para imponer una masculinización del control productivo.

 

Reflexiones finales

 

En este artículo analizamos las inserciones laborales de migrantes norteñxs y bolivianxs en las producciones agrícolas de Mendoza y Río Negro, a partir de su articulación a las cosechas agrícolas y a la producción hortícola. Ambas provincias, situadas al oeste de Argentina, se convirtieron en destinos posibles para estxs migrantes desde mediados del siglo XX, debido a sus requerimientos de mano de obra extralocal. Como resultado se promovieron circulaciones territoriales de trabajadorxs estacionales entre regiones que exceden los límites estatales, prácticas de movilidad que acusan tanto una presencia histórica como un renovado dinamismo en el actual contexto de flexibilización laboral.

Partimos de entender que las diversas procedencias y formas de movilidad que convergen en estos mercados de trabajo segregados se vinculan con tendencias en las que las desigualdades se expresan en la precariedad laboral como un rasgo estructural y generalizado. Estas desigualdades cristalizan en marcaciones definidas fundamentalmente por la pertenencia de clase, la etnificación y racialización de cuerpos presuntamente más aptos para soportar el trabajo ‘duro’ y las condiciones de informalidad laboral. Este recorrido permitió delimitar algunas particularidades territoriales, advirtiéndose en Mendoza una tendencia hacia la identificación de estxs migrantes como bolivianxs, primando una extranjerización o desnacionalización de estos flujos, mientras que en Río Negro lxs migrantes procedentes de Bolivia han tendido a confundirse entre lxs norteñxs. Aunque bajo distintas categorías, en ambos casos se reactualiza el desprecio por los habitantes de piel oscura, del pasado indio o negro, negado y obliterado por el relato de una historia agraria recostada sobre la construcción hegemónica del pionerismo protagonizado por la población argentina blanca (descendiente de europexs) que accedió a la tierra.

En la actualidad, la presencia de población migrante limítrofe que se transformó en productora tensiona los relatos civilizatorios vinculados a la intervención de lxs migrantes europeos como actores agrarios exclusivos: la aridez de ambas provincias se modifica con la producción de alimentos frescos desde el trabajo de migrantes no deseados pero convocados desde hace décadas para las tareas más desvalorizadas. La precariedad característica del trabajo agrícola no exhibe las mismas modalidades que antaño, sino que tiene lugar en el marco de la reestructuración productiva y como resultado de estrategias empresariales que buscan reducir al mínimo las responsabilidades legales frente a los trabajadores, así como también cualquier inconveniente vinculado a la gestión y organización del trabajo.

Durante este recorrido también pudimos poner de relieve que lxs migrantes se han abierto espacios propios, alternativos a estos segmentos disponibles para ellxs. Uno de estos espacios se configuró en la década del ochenta en Mendoza, a partir de una coyuntura favorable que posibilitó el ascenso social entre varones bolivianos -jefes de familias numerosas-, a partir de los contratos de aparcería y de la figura de los chacareros hortícolas. Modalidad bastante precarizada de trabajo, que sin embargo ha abierto ciertos intersticios para el ascenso de algunos migrantes hacia las posiciones más autónomas de arrendatarios e incluso propietarios, advirtiéndose una tendencia hacia la recampesinización. No obstante, debido a la variación de los porcentajes en detrimento del factor trabajo, estas oportunidades de ascenso con el tiempo se han visto socavadas y en el presente se parecen más a una asalarización encubierta (Carballo Hiramatsu e Ivars, 2018).

En el caso de Río Negro, este proceso se produjo una década más tarde. La producción de tomate para industria permitió una rápida capitalización para migrantes que, inicialmente en base al trabajo familiar y a la contratación informal de paisanos, se integraron a un circuito agroindustrial en una relación desigual que requirió, años más tarde, de una permanente inversión en insumos y tecnología. Los márgenes de negociación se han ido acortando, siendo una producción que ofrece altos rindes al incorporar mayor cantidad de hectáreas y tecnología, al tiempo que los riesgos son solo absorbidos por lxs productorxs.

Los nichos de capitalización en Mendoza y en Río Negro desde los cuales lxs migrantes proyectan una movilidad social se sostienen con fragilidad y dependiendo de la fluctuación en el acceso a la renta de la tierra, en los arreglos con circuitos de comercialización y en las negociaciones de venta de lo cosechado con acopiadorxs y agroindustrias. Por ello resulta necesario problematizar la movilidad social desde los contextos de recepción, es decir, la apertura o cierre de oportunidades en cada caso. La pertenencia de clase suele observarse como un condicionante sustantivo en las posibilidades de movilidad social, aunque no resulta un factor exclusivo y determinante (Trpin y Jiménez Zunino, 2019). En las proyecciones de movilidad, la estructura agraria de cada región delimita un campo de posibilidades al compás de sus transformaciones, a lo que se suman las marcas de desigualdad en términos étnicos y las trayectorias como trabajadorxs precarizadxs y racializadxs que portan en los cuerpos.

Las historias de precarización laboral que se mantienen aún en lxs productorxs hortícolas, responden a la falta de políticas activas para atender a este segmento de trabajadorxs y a una postura estatal de pasar por alto la informalidad e irregularidad migratoria de gran parte de lxs trabajadorxs, descargando en ellxs la responsabilidad por sus propias condiciones de trabajo y de vida. Por lo tanto, aun cuando se reconoce la necesidad del aporte de mano de obra extralocal para levantar las cosechas y producir verduras en estas regiones de agricultura intensiva, los circuitos migratorios por los que se obtiene dicha fuerza de trabajo y las condiciones en las que viven y trabajan lxs migrantes, quedan, en general, en el terreno de la inacción estatal15.

 

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