Apuntes para iniciar una agenda de (pos)desarrollo

Aprendizajes a partir del impasse del ciclo progresista latinoamericano

 

Notes to start a (post)development agenda

Learning from the impasse of the Latin American progressive cycle

 

Juan Carlos Travela | ORCID: orcid.org0000-0002-7896-8121

juancarlostravela@hotmail.com

Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica

 

Argentina

 

Recibido: 13/06/2020

Aceptado: 18/02/2121

 

Resumen

El siglo XXI encontró a gran parte de la región latinoamericana en un proceso de reversión de políticas neoliberales que habían provocado diversas crisis en el subcontinente. Los resultados fueron loables en muchos sentidos, sin embargo, con el correr de los años no se lograron constatar transformaciones profundas en la matriz de inserción internacional, la desigualdad y/o la desconcentración del poder político y económico producto de regímenes anteriores.

El giro neoliberal que ha tomado parte de la región a partir del 2015 refleja la necesidad de rigurosos análisis que permitan encauzar el camino y, a su vez, enfrentar los desafíos del nuevo siglo, donde además de la democracia, la igualdad y la soberanía, es inminente poner foco en la insostenibilidad socioambiental de las ideas hegemónicas respecto al desarrollo.

Por este motivo, este ensayo se propone analizar parte de las limitaciones a las que se enfrentaron los gobiernos latinoamericanos y relacionarlas con las contradicciones que señala la comunidad internacional respecto a sus agendas de desarrollo. Su resultado permite reflexionar respecto a la necesidad de profundizar la legislación en materia de comunicación social como una de las primeras transformaciones a realizar en pos de avanzar en una agenda posdesarrollista.

 

Palabras clave: Socialismo del siglo XXI, Politización del consumo, Desarrollo Sostenible, Crisis Ambiental.

 

Abstract

The XXI century found part of the Latin American region in a process of reversal of neoliberal policies that had caused different crises in the subcontinent. The results were praiseworthy in many ways, however, over the years it was not possible to verify profound transformations in the matrix of international insertion, inequality, or the deconcentration of political and economic power resulting from previous regimes.

The neoliberal turn in part of the region since 2015 reflects the need for rigorous analysis that channell the way and, in turn, allows facing the challenges of the new century, where in addition to democracy, equality and sovereignty, it is immi­nent to address the environmental unsustainability of development hegemonic ideas.

For this reason, this essay aims to analyze the limitations faced by Latin American govern­ments and relate them to the contradictions that the international community points out regarding their development agendas. Its main result allows us to reflect on the need to deepen the legislation on communication as one of the first transformations to be carried out in order to advance in a post-development agenda.

 

 

 

 

Key words: 21st century socialism, Consumption policitizaded, Sustainable Development, Environmental Crisis.

 

 

 

Hacia el impasse del ciclo progresista

 

 

 

El siglo XXI encontró a gran parte de la región latinoamericana en un proceso de reversión de políticas neoliberales que, en diferentes magnitudes, habían provocado diversas crisis económicas y políticas.

A grandes rasgos, este proceso significó el fortalecimiento del Estado, la transferencia de recursos desde el sector financiero hacia el sector productivo, la nacionalización de recursos públicos y la desmercantilización selectiva de ciertos sectores económicos, entre otros elementos comunes a una cantidad importante de países en el continente (Schiavo y Gelfuso 2017).

Grandes avances en materia social se produjeron durante este periodo. Como se puede ver en el gráfico 1 realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2016), en el año 2002 la pobreza alcanzaba al 44% de la población latinoamericana, mientras la indigencia rondaba el 20%. Hacia el final del periodo en análisis, estos valores se habían reducido significativamente.

 

Gráfico 1

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Fuente: CEPAL (2016)

 

Esto fue resultado, entre otras cosas, del aumento de salarios, la expansión de bonos o políticas de transferencias condicionadas y, como se menciona anteriormente, la dirección que toma el Estado. Sin embargo, no se logra verificar transcurridos los años, una transformación profunda de la matriz productiva, como tampoco del sistema tributario en la región (Svampa, 2017).

La victoria electoral de la derecha neoempresarial en Argentina encarnada en la figura de Mauricio Macri en 2015, la destitución de Dilma Rousseff en Brasil en 2016, la pérdida de la mayoría legislativa en Venezuela (Svampa, 2017) y la derrota en el plebiscito que permitía la reelección indefinida de Evo Morales lleva a distintos autores, como es el caso de Álvaro García Linera (2017), a plantear que estamos transcurriendo un momento de inflexión histórico y que dependiendo de la rigurosidad del análisis es que se podrán encontrar las fuerzas reales prácticas del avance en el futuro.

Para esto, como propone Borón (2017), es necesario realizar ciertas distinciones al momento de analizar la experiencia del ciclo progresista latinoamericano, siendo la distinción entre los gobiernos bolivarianos y aquellos de los países del Cono Sur, su punto de partida.

Para este autor la diferencia principal entre estos proyectos políticos es que, mientras los gobiernos bolivarianos, entre los que se mencionan a los de Bolivia, Ecuador y Venezuela, se propusieron avanzar hacia un socialismo del siglo XXI, los gobiernos del cono sur, entre ellos los de Argentina, Brasil, y Uruguay, se propusieron fundar un capitalismo serio, racional, con rostro humano, admitiendo la necesidad de una vigorosa política de inclusión social pero sin cuestionar, en ningún momento, la hegemonía del capital en el proceso de acumulación (Borón, 2017:20).

De esta forma, los gobiernos progresistas avanzaron en la construcción de lo que de Sousa Santos (2011) definió como modus vivendi con el capitalismo, con el objetivo de minimizar los costos sociales de la acumulación capitalista dominada por los principios del individualismo, la competencia y la tasa de ganancia, versus los principios de comunidad, reciprocidad, complementariedad y solidaridad. En este sentido, se propuso a las diferentes clases sociales un juego de suma positiva en el que todos ganan, permitiendo alguna reducción de la desigualdad en términos de ingresos sin alterar la matriz de producción de dominación clasista.

Esto provocó que los gobiernos progresistas tuvieran un sesgo economicista que priorizó el boom en el consumo como indicador del proceso de transformación que se llevaba adelante1, consumo que no fue acompañado por el instrumento que se hiciera cargo de la educación política adecuada de los ciudadanos. Ante este punto, vale aclarar que aquí se sostiene una idea athusseriana respecto a la capacidad de las instituciones como instrumentos para asegurar el sometimiento social a una ideología específica (Althusser, 1974) que, para resolver tanto la crisis socioambiental como la pérdida de hegemonía política de los gobiernos progresistas, debería ser posdesarrollista, sobre este punto se volverá más adelante.

En este sentido, se apostó a que el acceso a bienes y servicios antes negados a los sectores populares, generaría hegemonía política y reforzaría la lealtad hacia los gobiernos que lo favorecieron. Para Borón (2017), este ha sido el principal fracaso de los partidos gobernantes. García Linera (2017) también se detiene en la cuestión del consumo. Entre otros errores, afirma que en la región se amplió fuertemente la capacidad de consumo, sin la politización social correspondiente

 

si esta ampliación de la capacidad de consumo, de la capacidad de justicia social, no viene acompañada con la politización social revolucionaria, con la consolidación de una narrativa cultural, con la victoria de un orden lógico y moral del mundo producidos por el propio proceso revolucionario, no se está ganando el sentido común dominante. Lo que se habrá logrado es crear una nueva clase media con capacidad de consumo, con capacidad de satisfacción, pero portadora del viejo sentido común conservador (p. 17).

 

Si se tiene en cuenta la crisis socioambiental, las consecuencias negativas de este camino tomado han sido dobles.

 

 

 

 

¿Por qué hablar de posdesarrollo?

 

 

 

Tomando un año como punto de referencia, en 2012 la humanidad requirió de un espacio ambiental equivalente a 1,6 planetas para hacerse de los recursos necesarios para su producción, consumo y desecho, número derivado de la división entre la biocapacidad total de la Tierra, equivalente a 12.200 millones de hectáreas globales (hag), y la huella ecológica2 mundial, que representa la demanda de los seres humanos sobre la naturaleza, calculada en 20.100 millones hag para ese año (WWF, 2016). Más allá de la arbitrariedad del año tomado como referencia, el nivel de huella ecológica es deficitario desde la década del 70 y junto a disfuncionalidad ecológicas a escala planetaria, como, por ejemplo, el cambio climático, explican las causas de la crisis socioambiental que se encuentra en una situación alarmante.

Lejos de ser una preocupación exclusivamente de activistas o intelectuales radicalizados, ya en la actualidad es Naciones Unidas, a través de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) la que afirma de forma contundente que la humanidad se encuentra ante un punto de no retorno, siendo los estilos de desarrollo vigente los causantes del peligro en el que se encuentra la especie, estando en duda su supervivencia.

Sin embargo, por otra parte, este organismo destaca como positivo el consenso global existente respecto a la necesidad de buscar un nuevo paradigma de desarrollo, el cual se encuentra plasmado en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible promovidos por la Organización Naciones Unidas (ONU).

Resumidamente, la CEPAL sostiene que

el desarrollo también debe tener como metas construir un clima social y humano de mayor seguridad y confianza mutua; consolidar un orden político democrático con más participación de las personas en la gestión y las decisiones públicas; difundir el bienestar hacia quienes tienen menos acceso a los beneficios de la modernidad; tomar forma en proyectos colectivos en que los ciudadanos adquieran un mayor sentido de compromiso y pertenencia respecto de la sociedad en que viven; y buscar la protección y mejoramiento del hábitat natural para quienes lo habitan hoy y quienes lo harán en el futuro. (CEPAL, 2000:51).

 

A su vez, desde su óptica, para alcanzar el desarrollo sostenible, sostiene que se requieren mecanismos de gobernanza en cuatro ámbitos:

 

 

Sin embargo, hay limitaciones en las acciones que propone Naciones Unidas que, aun siendo señaladas por las mismas instituciones, no logran superarse. En Equidad, desarrollo y ciudadanía (2000), publicación de la CEPAL, ya se señalaba que la configuración de la amplia agenda social y ambiental no era acompañada de su contrapartida en términos de flujos de recursos internacionales necesarios para apoyarla, de una institucionalidad mundial que le sea propicia, ni tampoco del compromiso de los países centrales de traducirla en políticas nacionales consistentes.

Años más tarde, en Horizontes 2030. La Igualdad en el centro del Desarrollo Sostenible (2016), la CEPAL continúa señalando que la dificultad central en la que sucumben estas agendas radica en la economía política, el conjunto de intereses y alianzas que predominan y que definen las reglas del juego, tanto en el plano internacional como en el interno. De esta forma, afirma que diversos actores, tanto públicos como privados, mantienen el interés en proteger sus inversiones y la distribución presente de sus rentabilidades, lo que se refleja en la contradicción existente entre las declaraciones de las instituciones internacionales y las reglas que gobiernan la dinámica económica (CEPAL, 2016).

Tanto las contradicciones como los lineamientos para repensar el desarrollo propuestos por la CEPAL son importantes dado que, más allá de la pertinencia y validez analítica, hay que considerar la influencia de este tipo de organismo sobre las agencias de crédito internacional que financian a nivel global los diferentes programas de desarrollo que llevan adelante los Estados en sus múltiples niveles.

Por este motivo, la primera pregunta que surge es ¿Qué, de todo lo que proponen la CEPAL y la ONU mencionado anteriormente, se puede generar dentro del sistema capitalista? Shaikh (2001), sostiene que es el intento de cada capital individual por autoexpandirse permanentemente la característica principal de la economía capitalista en estado normal. En este sentido, puesto que cada capital actúa de forma individual, sin preocuparse directamente por el lugar que ocupa en la división global del trabajo de la sociedad ni por el volumen de producto que añade su proceso productivo al volumen global de producción, la interacción de esas unidades individuales produce un proceso intrínsecamente turbulento.

Por otro lado, las ideas respecto al desarrollo están relacionadas directamente a la continua expansión económica y a la satisfacción que genera el consumo de bienes materiales y de estatus (Jackson, 2009) y en tanto el capitalismo promueve los principios del individualismo, la competencia, y la acumulación, pretender otros tipos de intereses, comportamientos y autorregulaciones no resulta viable. En este sentido, como sostiene Alvater (2011) no es la negación al consumo lo que puede generar la reducción de la huella ecológica global y un modelo de vida sostenible si al mismo tiempo no se transforman las instituciones sociales que regulan la acumulación de capital.

Así, dadas las limitaciones teóricas y metodológicas del llamado pensamiento oficial sobre el desarrollo para interiorizar algunos de los retos más importantes que en la actualidad condicionan el bienestar de los seres humanos y la proyección del mismo hacia las futuras generaciones, resultan positivos los aportes propuesto por la corriente posdesarrollista que buscan considerar los fracasos cosechados y las innumerables víctimas producidas en nombre del desarrollo, superar el utilitarismo convencional en la definición del bienestar y a su vez, construir un futuro en base a los límites que se derivan de una base de elementos naturales limitada (Unceta Satrústegui, 2009). Una agenda con un suelo social conformado por los derechos humanos universales y un techo configurado por los límites ecológicos del planeta (Herrero, 2016) debe ser el camino a tomar.

 

 

 

La comunicación social y la disputa por el sentido común

 

 

 

Sader (2008) sostiene que los medios de comunicación, articulados con las grandes campañas publicitarias, tuvieron una gran participación en la victoria ideológica del neoliberalismo. De esta forma, el autor afirma que el modo de vida norteamericano nunca realizó tan ampliamente su capacidad hegemónica como en la actualidad. Otros autores, como es el caso de Acosta y Brand (2017) sostienen, en la misma línea, que el modo de vida imperial3 que basa su arraigo en la sociedad a través del acceso al consumo de bienes de estatus como autos, casas unifamiliares y productos industriales, comenzó a expandirse paulatinamente por el Sur global, siendo un atractivo para la clase media de la región, convirtiendo el apuntalamiento del estatus en el motor de acción en la vida de los individuos. Lo que da fuerza a las reflexiones propuestas por Atilio Borón y Álvaro García Linera presentadas anteriormente.

Retomando lo planteado por Althusser (1974) y vinculándolo con Gramsci (1981), es importante destacar que, en determinado momento, puede suceder que la dirección política y moral de un país no sea ejercida por el gobierno legal sino por una organización privada. Así, se afirma que la construcción de hegemonía no siempre debe ser buscada en las instituciones oficiales, sino que las ideas que constituyen el terreno en el que se ejerce el sentido común, pueden encontrarse en el mismo tejido social. Para este autor, esto justifica la lucha por el control de los órganos de la opinión pública. Para lograr el apoyo ciudadano a una agenda posdesarrollista, con las transformaciones disruptivas en los sentidos de riqueza, pobreza, progreso y desarrollo que ello conlleva, es necesario dar una batalla cultural, siendo los medios de comunicación un instrumento de gran potencialidad.

La industria publicitaria y el marketing representan hoy una poderosísima maquinaria de reproducción de la cultura consumista, pero a su vez, contienen elementos potencialmente valiosos en las transiciones por su capacidad para incidir en valores y relatos. Las campañas publicitarias, las técnicas de contrapublicidad y el marketing social aparecen como potentes instrumentos. Los medios de comunicación constituyen cauces de comunicación social y podrían realizar una importante labor educativa y relacional en torno a los nuevos estilos de vida (Prats, Herrero y Torrego, 2016). De esta forma, se sostiene que para esto se deberían promover el uso de técnicas de mercadotecnia para fomentar comportamientos socialmente positivos. La publicidad necesitaría incorporar normas y estándares que favorezcan prácticas responsables y transparentes, como, por ejemplo, informando de la vida útil de los productos tanto en los anuncios como en el propio producto. El etiquetado debería contener información veraz y rigurosa sobre el origen del producto, sostenibilidad a lo largo de la cadena de suministro, durabilidad y forma de desecharlo. A su vez, sería necesario poner restricciones o gravar las campañas publicitarias que más incitan al consumismo y al despilfarro, o que promocionan sectores altamente contaminantes. Aun no siendo el único factor, para estos autores, el consumismo ocupa tal centralidad que puede servir de palanca para movilizar cambios en otros ámbitos (Prats, Herrero y Torrego, 2016).

Durante el periodo en análisis, se ha intentado llevar adelante transformaciones por parte de los gobiernos latinoamericanos respecto a la comunicación social. Muestra de ello son las leyes en contra de la concentración mediática sancionadas en Argentina, Venezuela, Uruguay y Ecuador, la creación de medios públicos en Bolivia o la revitalización de medios públicos en Brasil. También la apuesta por la creación de contenido digital para cine, televisión y la creación de las plataformas de TV digital. En este sentido, la atención puesta por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en América Latina, en tanto esta organización es la usina ideológica de las derechas y toma posición en contra de cualquier legislación en materia de comunicación, también permite visualizar la importancia de estas medidas. No es menor destacar que en las conclusiones de la 71º Asamblea General de la SIP, realizada en los Estados Unidos, se sostiene que ningún país de América está a salvo de la corriente censuradora, en la que direcciona sus críticas hacia Venezuela, Cuba y Ecuador, mientras saluda la dirección tomada por Argentina y Brasil a partir de finales de 2015 (Vinelli, 2017).

Sin embargo, Solana y Szalkowicz (2017) plantean que, más allá del esfuerzo, la contienda entre los gobiernos y los conglomerados mediáticos terminó por afianzar, en los medios públicos, una lógica propagandística cerrada a cualquier autocrítica y demanda de los sectores populares, exagerando los aciertos de los gobiernos y ocultando las críticas. A la par que el binarismo ofuscaba la oportunidad de profundizar en cuestiones más problemáticas y fortalecer posiciones más progresistas, se perdía la oportunidad de avanzar a pasos firmes sobre el debate respecto a cómo se instalan las agendas y cómo se modelan gustos y consumos a partir de la apropiación que hace de los medios la industria cultural. De esta forma, los medios privados, pero también los públicos, construyeron un espectador sin capacidad de análisis (Vinelli, 2017).

Más allá del arduo esfuerzo por plantear estos debates por ciertos actores sociales4, quedaron postergados en la agenda de los países latinoamericanos, con relativa facilidad en los países del Cono Sur y no tanto en aquellos con gobiernos bolivarianos, los debates respecto al desarrollo, las relaciones sociales de producción, el consumo, la sostenibilidad, la relación entre la naturaleza y la sociedad, y la necesidad de abandonar el extractivismo como camino hacia el de desarrollo.

 

 

 

 

Reflexiones finales

 

 

 

Para finalizar, este ensayo ha puesto en diálogo a lecturas que hacen al análisis sobre los resultados de los gobiernos progresistas en la región, documentos oficiales que hacen al pensamiento de la comunidad internacional y a autores de la corriente posdesarrollista, con el objetivo, por un lado, de señalar puntos en común tanto en las limitaciones a las que llegan los gobiernos progresistas y las ideas hegemónicas del desarrollo y, por el otro, de señalar la importancia y potencialidad de legislar en materia de comunicación social en pos de superarlas.

En este sentido, una agenda posdesarrollista difícilmente sería acompañada por la comunidad sin antes una fuerte disputa de sentidos, en tanto requiere, en principio, de un contundente proceso de desconcentración y distribución de la riqueza para establecer el piso social y del establecimiento de límites al consumo superfluo y transformaciones de sentidos muy disruptivas respecto a la actualidad para no superar el umbral ecológico. Así, transformaciones en esta línea, requerirían en todos los países del continente, probablemente, reformas constitucionales. Volviendo sobre Vinelli (2017), entonces, sería pertinente transformar la lógica de generar espectadores sin capacidad de análisis en pos de promover ciudadanos conscientes, cambiando el paradigma comunicativo desde arriba por una lógica descentralizada y masiva por abajo, eso sí, basada en principios posdesarrollistas. No reconocer esto provocaría que esta propuesta carezca de valor alguno.

Por ese motivo, el análisis que hace Álvaro García Linera respecto a la falta de politización del consumo durante el periodo analizado es fundamental. Politizando el consumo, es decir, logrando que el acto del consumir sea consciente, no solo respecto a las políticas macroeconómicas que se han llevado adelante para permitirlo o las características de las actividades económicas que se requieren, sino también respecto a los objetivos del consumo y su impacto socioambiental, es que se podrá avanzar en la construcción de una nueva hegemonía que logre torcer el brazo y dar la disputa política para avanzar hacia nuevos paradigmas postdesarrollistas.

En un contexto donde nuevas expresiones políticas progresistas vuelven a gobernar, como, por ejemplo, en México o Argentina, este tipo de discusiones recobran sentido. De todas formas, será objetivo de próximos trabajos analizar y delinear puntualmente qué acciones tomar en cada espacio nacional. Las cartas están sobre la mesa.

 

 

 

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1 Diaz Rosaenz (2017) analiza en profundidad, centrada en el caso argentino, como, durante el siglo XXI en Latinoamerica, el consumo ha formado parte de una estrategia de construcción de ciudadanía promovida desde arriba, a partir de la construcción de un ideal de ciudadanía a partir de la revalorización del consumo nacional y la cultura de masas como modelo de integración y bienestar social.

2 Los cálculos en las cuentas de Huellas Ecológicas nacionales se basan principalmente en conjuntos de datos de las Naciones Unidas. El consumo de un país se calcula sumando las importaciones y restando las exportaciones de su producción nacional. Global Footprint Network proporciona los datos de huella ecológica utilizada por Naciones Unidas. Más información metodológica disponible en https://www.footprintnetwork.org/resources/data/.

3 Se define como imperial dado que, mediante medios políticos, jurídicos y/o violentos, presupone el acceso ilimitado a recursos naturales, espacio territorial, fuerza laboral y sumi­deros de contaminación.

4 Por citar un ejemplo se puede mencionar la lucha del pueblo de Esquel, provincia de Chubut, Argentina, frente a la megaminería que, si bien ha logrado frenar la actividad, no ha logrado penetrar a nivel nacional en los debates sobre desarrollo.