Democracias con racismo, consecuencias para la ciudadanía

Repensando México

 

Democracies with racism, consequences for citizenship

Rethinking Mexico

 

Juan José Russo | ORCID: orcid.org/0000-0001-5294-7472

juan_russo@hotmail.com

Universidad de Guanajuat

 

México

 

Recibido: 23/3/21

Aceptado: 17/6/21

 

Resumen

En este trabajo se diferencia la situación de democracias racistas respecto de democracias con racismo (el caso mexicano). Se analiza en México la conjunción de prácticas de discriminación colectiva e institucionalizadas por regiones y segmentos sociales, con un régimen de democracia política. La hipótesis que se sostiene es que la asimilación de culturas en México sigue patrones racistas y constituye una forma de negación de la diversidad civilizatoria (con culturas, etnias, lenguas y religiones diversas). Se ofrecen evidencias del racismo por asimilación y su impacto sobre la débil constitución de la nación. También se analiza el impacto de dimensiones racistas de la democracia mexicana sobre la constitución de la dualidad de derechos dando lugar a subciudadanías.

 

 

Palabras clave: Democracia, Racismo, Ciudadanía, Subciudadanía, Discriminación.

 

Abstract

In this work, the situation of racist democracies is differentiated from democracies with racism (the Mexican case). In Mexico, the conjunction of practices of collective and institutionalized discrimination by regions and social segments, with a regime of political democracy, is analyzed. The hypothesis that is maintained is that the assimilation of cultures in Mexico follows racist patterns and constitutes a form of denial of civilizational diversity (with diverse cultures, ethnicities, languages and religions). Evidence is offered of assimilation racism and its impact on the nation’s weak constitution. The impact of racist dimensions of Mexican democracy on the constitution of dual rights giving rise to sub-citizenships is also analyzed.

 

 

Keywords: Democracy, Racism, Citizenship, Sub-Citizenship, Discrimination.

 

He luchado contra la dominación de los blancos y contra la dominación de los negros. He deseado una democracia ideal y una sociedad libre en que todas las personas vivan en armonía y con iguales oportunidades. Es un ideal con el cual quiero vivir y lograr. Pero si fuese necesario, también sería un ideal por el cual estoy dispuesto a morir.

(Nelson Mandela, Proceso de Rivonia, 1964).

 

En este trabajo se diferencia la situación de democracias racistas respecto de democracias con racismo (el caso mexicano). Se analiza en México la conjunción de prácticas de discriminación colectiva e institucionalizadas por regiones y segmentos sociales, con un régimen de democracia política. La hipótesis que se sostiene es que la asimilación de culturas en México sigue patrones racistas y constituye una forma de negación de la diversidad civilizatoria (con culturas, etnias, lenguas y religiones diversas). Se ofrecen evidencias del racismo por asimilación y su impacto sobre la débil constitución de la nación. También se analiza el impacto de dimensiones racistas de la democracia mexicana sobre la constitución de la dualidad de derechos dando lugar a subciudadanías. Por último, se reflexiona sobre alternativas de reconfiguración del estado que apunten a la ciudadanización de actores discriminados en un estado democrático efectivamente plural.

Cuando se estudian hoy democracias con racismo, el tipo predominante de democracias con prácticas sistémicas de discriminación, es claro que debe adoptarse una perspectiva arqueológica. Es decir, debe indagarse en las capas ocultas de esa discriminación sistemática en la sociedad, en los comportamientos de actores estatales respecto de ciertos grupos sociales, en la forma en que se distribuye la aplicación de la ley en la sociedad, en el modo en que se desarrollan ciertas regiones, en los modos permitidos de dominación hacia miembros de ciertas comunidades, en la impunidad para ciertos grupos y en la sobreaplicación de la ley para otros. En la actualidad nadie admite el racismo deliberado, pues es un comportamiento que genera vergüenza y que se rechaza públicamente. Sin embargo, el pudor hacia un calificativo no es equivalente a la inexistencia del fenómeno que el calificativo designa. Se trata de algo que existe sin que se lo nombre.

La primera cuestión es ¿qué se entiende por racismo? En primer lugar, el racismo aparece como un fenómeno predominante de Occidente (Friedrickson, 2002) y como término surgió en el siglo XX, durante los años 30, a fin de describir las doctrinas asociadas al nazismo y que pretendían justificar la persecución contra los hebreos (Friedrickson, 2002:11-12). El racismo, tal como se conoció desde entonces, no estuvo presente en las civilizaciones antiguas. Al parecer ni en América, ni en Asia hubo racismo. Tampoco en la antigua Grecia o en Roma hubo racismo. Un fenómeno como la esclavitud estuvo asociado a la sumisión de quienes habían perdido la guerra. Según Friedrickson (2002:13) el racismo tiene sus orígenes en los siglos XIV y XV, que encuentra una expresión cabal durante la conquista y colonización de América y tiene su cénit en el siglo XX.

En este trabajo se define racismo como un modo sistemático de discriminación basado en una ideología que atribuye a diferencias etnoculturales, causas hereditarias, innatas, indelebles e inmutables (Friedrickson, 2002:12). Los rasgos fenotípicos son asociados con comportamientos y capacidades de comunidades enteras. El racismo parte de dos componentes básicos: diferencia y poder. El prejuicio racista considera que los grupos étnicos y culturales distintos al propio asientan sus diferencias en una base innata e inmodificable, y que justifican un trato que se consideraría injusto o cruel si se aplicase al propio grupo (Friedrickson, 2002:16).

El racismo tiene en la actualidad, como ha señalado Taguieff (2001), rasgos propios, y a diferencia del racismo clásico, universalista y biológico, es diferencialista y cultural, es decir, sacraliza las diferencias, fenotípicas o culturales, entre los grupos humanos, no reconoce una igual dignidad humana a los miembros de todos los grupos, y niega entonces la naturaleza común a los seres humanos (podría considerarse heterófilo) (Taguieff, 2001:4). Este tipo de racismo implica e la práctica un sistema generalizado de discriminaciones (Wieviorka, 2009). Paradójicamente, este tipo de racismo suele ser compatible con el reconocimiento del pluralismo cultural. Es decir, se pasa del racismo consistente en el rechazo a ciertos grupos, por considerarlos no pertenecientes al patrón humano universal de cierto fenotipo; al rechazo a ciertos grupos considerados como diferentes genética y culturalmente. Este tipo de fenómeno es muy difundido en América Latina y ocurre tanto en los países como Argentina y Uruguay, calificados como transplantados (Ribeiro, 1977:95) como en los países con segmentos poblacionales originarios de gran magnitud (México, Brasil y los países andinos). Como ha señalado Tomás Pérez Vejo (2014), en países como Argentina,

 

predominaban ideologías racistas con origen en los siglos XVIII y XIX, y en sus políticas migratorias se proponían mejorar la raza, construyendo una idea de nación, que encerraba la discriminación entre los grupos de población que más podían servir a los propósitos nacionales formulados por élites criollas, fomentando maneras de “blanquearlos” básicamente a través de políticas de aliento de incorporación de grupos provenientes de países europeos, salvo cuando había que aprovechar territorios no explotados. (p. 179)

 

México es el país con mayor cantidad absoluta de población originaria de América Latina y los temas de discriminación racial en términos oficiales se “disolvió” con la posición oficial que instaló la existencia del México mestizo1 (Bonfil Batalla, 1987). Si bien se considera oficialmente a través del Instituto Nacional de estadísticas y geografía (INEGI) la existencia de indígenas, siguiendo el criterio de personas que hablan la lengua originaria. Desde el año 2000 se agregó el criterio de la auto adscripción de la persona encuestada a una comunidad indígena, acorde con la modificación del Artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (la conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas). Un tercer criterio plantea considerar indígena a quien proviene de un hogar que cuenta con una persona que habla una lengua indígena. Es interesante notar que en la Encuesta Intercensal 2015, se preguntó: De acuerdo con su cultura, ¿se considera indígena?, dando como resultado un incremento de población indígena de 15,7 millones de personas de 3 años o más (14,9%) en 2010 a 25,7 millones (21,5%) sólo cinco años después. En términos oficiales siempre se ha postulado a la gran mayoría de la población mexicana como mestiza; dejando de lado la dimensión cultural e históricamente profunda de México (Bonfil Batalla, 1987).

En este trabajo interesa analizar el factor racismo en relación con un orden político democrático, mostrando los efectos negativos sobre la democracia, así como sobre la cohesión social. Por ultimo, interesa mostrar el impacto en un contexto de emergencia sanitaria como la vivida con el Covid 19. El racismo ha sido prolíficamente estudiado en México, como objeto antropológico, en distintas manifestaciones y períodos (Bonfil Batalla, 1987; Castellano Guerrero, 2000, Espinoza, 2017). Cuando hablo de aspectos racistas de la democracia mexicana aludo a comportamientos de discriminación normalizados e incorporados en un orden político y social. Se trata de racismo sistémico, es decir racismo institucionalizado (Carmichael y Hamilton, 1967); un orden estable aceptado (tácita o explícitamente) no sólo por el conjunto de la sociedad, sino legitimado por el Estado. Por lo tanto, la idea de democracia con racismo supone la conjunción de dos aspectos, por una parte el desarrollo de la democracia política, con elecciones correctas, universales y periódicas; libertad de expresión y competencia partidista, por otra; una situación institucionalizada estatal y cultural de discriminación basada en el fenotipo y su cultura.

Las democracias con existencia de racismo pueden ser democracias racistas, es decir regímenes abiertamente racistas (Friedrickson, 2002), esto es, con normas jurídicas que regulan la segregación (ej. el orden sudafricano de Apartheid, o el régimen del sur de Estados Unidos entre fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, o el orden nazi que pretendió el exterminio de los judíos). Por el contrario, puede tratarse de regímenes políticos con un orden social efectivo de jerarquías raciales pero donde la discriminación racial es negada, que llamo democracias con racismo (el caso mexicano). Entiendo por democracia con racismo un tipo de democracia con segmentación cultural en el que los segmentos con menor poder son marginados y definidos en la práctica como estratos inferiores.

Cuando la segmentación es reconocida, hay un orden jurídico que reglamenta la segregación; y cuando no es reconocida, se establece de facto como un orden dual con supra-ciudadanos, que están más allá de los deberes del Estado y un segundo orden con sub-ciudadanos, con derechos efectivos incumplidos y en general muy por debajo de los establecidos por la ley. En el primer caso, democracia racista, hay racismo por segregación, en el segundo, democracia con racismo2, hay racismo por asimilación. Segregación y asimilación pueden ser así dos caras de la misma moneda, dos mecanismos sociopolíticos que contribuyen a la producción y mantenimiento del racismo sistémico. Hablaré de democracia con racismo como de un tipo de democracia con segmentación cultural que, cuando tiene prácticas sistémicas no reconocidas, implican el establecimiento de subciudadanías (Russo, 2017b, 2018). Es decir, los ciudadanos pueden votar e incluso ser elegidos (aunque las oportunidades son escasas), pero carecen del reconocimiento de par, de ser un igual a otros, en la comunidad política. En ambos casos (democracias abiertamente racistas, y democracias con racismo) hay discriminación societal hacia las comunidades originarias, y la diferencia suele consistir en la actitud abiertamente hostil por parte de las instituciones estatales en los casos de racismo por segregación. En ciertos casos, estos dos tipos de democracias pueden ser equivalentes en resultados, pero también pueden ser muy diferenciadas. Así, durante la colonización española hubo segregación racial sobre las poblaciones de México, aunque se adujeran razones religiosas de discriminación, por no estar convertidos al cristianismo (Friedrickson, 2002:21-40). Pero una vez que los miembros de las comunidades originarias fueron convertidos, permanecieron formas de discriminación sistémica que implicaron una estratificación con criterios étnicos en los diferentes grupos. Los procesos de asimilación implican negación o subestimación de su identidad cultural y pueden tener consecuencias prácticas insoportables para comunidades que tienen una larga memoria. Después de la colonización, con la independencia en México, los criollos prosiguieron agravando, los procesos de discriminación (Katz, 2004).

En los órdenes democráticos con racismo, las variables socioeconómicas y culturales se distribuyen de modo homogéneo, a manera de racimo, a favor de ciertos actores y en contra de otros. Es decir, el ingreso, la educación, la ocupación (por mencionar sólo tres variables clásicas de la estratificación) actúan en conjunto. Esta situación implica dificultades para la movilidad social y el acercamiento a un orden de castas, situación que hunde sus raíces en el proceso de colonización. Así

 

la herencia social colonial de América Latina no fue simplemente una rígida estructura de una aristocracia de riqueza, ingresos y poder en el ápice de una amplia pirámide y, en su base, una masa de gente empobrecida, marginal, impotente y subordinada [...] la tragedia de la herencia colonial fue una estructura social estratificada además por color y fisonomía, por lo que los antropólogos denominan fenotipo: una masa de élite de blancos o casi blancos y una masa de gente de color. (Stanley y Stein, 1971:57)

 

La discriminación sistémica en México también se advierte en la distribución territorial de la renta. Así, si se parte del coeficiente de Gini a escala nacional para la determinación de la concentración del ingreso, se advierte que en los extremos de esa media se encuentran Estados con predominio étnico diverso (comunidades mesoamericanas vs sociedades mestizas y de criollos)3.

Si nos concentramos en las llamadas zonas indígenas, la discriminación sistémica queda al desnudo:

 

los 803 municipios indígenas tienen un Gini de 0,6762, y sólo el Estado de Chiapas tiene una desigualdad más alta. Además, si se compara el ingreso de 50% de los hogares en zonas indígenas más pobres y el 10% de los hogares en regiones indígenas con mayores ingresos, la diferencia es de más de ocho veces. Por otro lado, los hogares indígenas del decil X concentran casi 60% de los ingresos monetarios, en cambio, los deciles I y II no llegan a 1%, teniendo una brecha que es de 231 veces más (cuadro 4). (Tuirán Gutiérrez, 2013:8)

 

Esta desigualdad ha sido también interpretada por algunos prestigiosos estudiosos mexicanos como una situación de colonialismo interno4 (González Casanova, 1963; Stavenhagen, 1963):

 

Estos fenómenos, el marginalismo o la no participación en el crecimiento del país, la sociedad dual o plural, la heterogeneidad cultural, económica y política que divide al país en dos o más mundos con características distintas, se encuentran esencialmente ligados entre sí y ligados a su vez con un fenómeno mucho más profundo que es el colonialismo interno, o el dominio y explotación de unos grupos culturales por otros. (González Casanova, 1965:89).

 

En verdad, la tesis del colonialismo interno no contradice la tesis del México racista. Aunque González Casanova atribuya más al clasismo y a problemas culturales y no a racismo, en la discriminación hacia las comunidades originarias el racismo está omnipresente, y la categoría internacionalista (colonialismo interno) omite la dimensión cultural del problema. Además,

 

el racismo no se manifiesta sólo respecto de las comunidades reconocidas como “indígenas”, sino en particular en la amplia gama de “mestizos”, en donde se ponen en práctica los imperativos racistas que forman parte de “las ideologías de la superioridad”, las “actitudes raciales” sustentadas por mestizos, así como la “aceptación de la inferioridad asignada”, el “ocultamiento del origen” y la “ladinización” asumidos por los indígenas en las regiones étnicas del sudeste (De la Fuente, 1965; Aguirre Beltrán, 1973; Villa Rojas, 1990). (Castellanos Guerrero, 1994:105)

 

La asimilación racista va más allá de una situación de colonialismo interno, y los mecanismos legales para propiciar la integración del indio en la nación son también una forma de inferiorizar y cuestionar la diferencia (Castellanos Guerrero, 1994:105). Además de las propias prácticas sociales de discriminación,

 

el racismo en nuestra sociedad se encuentra incrustado en las leyes, en las estructuras institucionales, y en las formas en que operan las instituciones. El racismo se encuentra en el corazón de las decisiones de política que afectan a las minorías, y especialmente a los indígenas [...] En un país como México, donde la ideología del mestizaje ha conducido a que no pueda diferenciarse a un indígena de un mestizo por características fenotípicas como el color de la piel; los mestizos esperan que los indígenas decidan hacerse mestizos. Ser mestizo es una característica cultural, no física. (Schmelkes, 2009:5)

 

El racismo es sistémico, es decir

 

no es una mera aparición marginal o un accidente en la historia de México, sino todo lo contrario, se trata de un fenómeno omnipresente, constante e inevitable, que marca una continuidad entre los modos racistas de percibir a las “razas indias”, propias de las élites porfirianas y de las naciones/revolucionarias. Ello se manifiesta a través de una política de exterminio o asimilación (etnocidio) de la diferencia, propone proyectos para colonizar el país con europeos, y estigmatiza a los considerados anormales, quienes por serlo debían sufrir la expulsión de la sociedad, o la asimilación en el molde de la cultura nacional “mestiza”. (Gómez Izquierdo, 2005:121)

 

Ahora bien ¿de que modo el racismo afecta la cohesión social, cuanto afecta a la democracia?

 

 

 

Racismo y emergencia sanitaria

 

 

 

Sobre el primer punto relacionado a la cohesión social, es útil prestar atención a la diferenciación de costos en vidas sobre las poblaciones originarias. Cuanto la discriminación y el racismo ha mostrado una de sus facetas mas crudas, la mayor mortalidad, en las poblaciones originarias. Al respecto es útil prestar atención a la distribución de las tasas de letalidad por Covid en México. Este país cuenta con una tasa que cuadruplica la media mundial con mas de 8,9 de decesos cada cien contagiados, con lo que alcanza el primer lugar en letalidad del mundo. A escala estatal la letalidad alcanza en algunos estados al doble. Así, a mediados de febrero 2021, Baja California e Hidalgo son los estados de México que tienen la mayor tasa de letalidad por coronavirus, con alrededor de 16 personas fallecidas por cada 100 contagiadas. En tanto Nayarit, Sinaloa y Veracruz, son las entidades con la segunda mayor tasa de letalidad, con 15 defunciones por cada 100 casos. Es decir la crisis sanitaria potencia las asimetrías regionales y socioeconómicas, y también las que derivan de procesos de discriminación étnica.

La falta de infraestructura sanitaria dificulta a los pueblos y comunidades indígenas el acceso a pruebas de Covid-19 e impacta directamente en una mayor tasa de defunción por Covid-19 respecto de la población general. Así, según datos de la Secretaría de salud, al 15 de junio de 2020, se registraron 1760 casos de personas indígenas contagiadas de Covid-19 en México, de las cuales 327 fallecieron, es decir, una tasa de defunción del 18,5%. En contraste, en ese momento la tasa de defunción general por Covid-19 era del 11,9%. Una segunda consecuencia de la carencia de centros sanitarios cercanos a las comunidades, es que gran parte de los contagios en pueblos y comunidades indígenas son invisibilizados, lo cual puede impactar en futuros brotes impredecibles. Así, en un municipio como Halachó, Yucatán, con 99,8% de población indígena figura solo la mitad de las 20 muertes registradas por Covid-19 como indígenas.

Según la Secretaría de Salud federal de las personas registradas como indígenas contagiadas, 15% murieron desde comienzos de la pandemia, frente al 10% de no indígenas, es decir alrededor del 50% más que en el resto de la población. En algunos municipios, como Motul (Yucatán) donde 7 de cada 10 indígenas contagiados murieron por Covid respecto de 2 de cada 10 no indígenas. Es decir, un fenómeno como la pandemia muestra los costos que situaciones de discriminación y racismo sistémico tienen sobre la cohesión social y la propia supervivencia. Hasta aquí la cuestión de racismo y cohesión social. Veamos ahora la segunda cuestión relativa al vínculo entre racismo y costos sobre la democracia.

A la hora de considerar aspectos incluidos en los estudios sobre calidad democrática procedimentales como imperio de la Ley (Maravall, 1996), rendición de cuentas (Schedler, 1999; Maravall, 2001; O’Donnell, 1998; Bobbio, 1986, 1988, 1996), responsividad, y participación política (Pizzorno, 1966; Russo, 2010), o aspectos sustantivos como igualdad de género (Lijphart, 2000), democracia y ciudadanía implican la inclusión de un ingrediente clave: la participación política.

¿Qué factores contribuyen y sostienen la democracia con racismo por asimilación en México? Sin dudas, una condición relevante es la hibridez (históricamente sostenida) del orden político, que implica, antes de la democracia política, un autoritarismo blando, y después de la alternancia, una democracia con rasgos autoritarios. Así, el orden que precede a la democracia no es un autoritarismo definido y nítido sino un orden con características de cierta borrosidad o hibridez. Cuando se sale de un orden pseudo democrático o cuasi democrático, en gran medida el caso de México, y se ingresa en una democracia con gran continuidad con el orden anterior, entonces se unen aspectos de fachada con aspectos reales del orden político. No es precisamente una ventaja para la buena democracia que al régimen de pseudo democracia precedente se agregue un tipo de democratización continua. Pues cuando ello ocurre, las instituciones estatales garantes de derechos, en gran medida funcionan como pseudo instituciones de la democracia. A ello debe agregarse, por la larga herencia autoritaria, una cultura verticalizada, con los consiguientes déficit de apatía de la sociedad civil. En los casos de cambios continuos y muy lentos, como es el caso mexicano, es importante y complejo diferenciar cuándo la calidad democrática es simulada, es decir cuando se construye una buena democracia de fachada, es decir con seudo avances democráticos, y cuando son cambios reales a favor de la democratización. En esos casos se apela no sólo a si hay o no hay democracia, sino a los avances de la democracia. Un orden puede pertenecer por derecho pleno a una democracia. Sin embargo, los gobiernos suelen simular avances, por la presión externa e interna para el cumplimiento de normativas internacionales, o con el fin de mejorar la imagen política internacional o por propaganda interna. En tal sentido, se puede hablar de buena democracia de fachada y de avances de fachada. La democracia es un sistema poroso y permeable y su desempeño depende de una amplia gama de factores, sociales, económicos, culturales, internacionales e históricos.

La integración nacional es un factor que obedece a causas de larga data y que contribuye decisivamente a la buena democracia. Entre otras razones, porque es el cimiento de la consideración de igualdad entre los ciudadanos. La constitución de un Estado de derecho efectivo descansa sobre la idea de igualdad de derechos y obligaciones de cada miembro de la comunidad y es la contrapartida de una nación reconocida y aceptada por todos. Cuando las naciones integradas en el Estado son diversas, los problemas y desafíos derivan en deficiencias para cada uno de los términos (Estado y nación), y por lo tanto para la democracia.

 

 

 

El reconocimiento de la nación

 

 

 

La historia de pueblos con fuertes identidades nacionales y sin Estado es extensa y con suerte diversa; es la historia de comunidades errantes en busca de un territorio para construir un Estado que ofrezca garantías internas y al mismo tiempo, defensas frente a las amenazas externas. También la historia está poblada con casos de naciones que tienen Estado pero sin el reconocimiento de su identidad nacional.

 

Figura 1. Reconocimiento del Estado a la nación

 

Tipo de reconocimiento

Casos

a-Reconocimiento institucional

Bélgica, Bolivia, Suiza

b-Reconocimiento simbólico

España

c. Negación (omisión del problema)

México

 

 

En la figura 1 pueden apreciarse algunos de los vínculos de reconocimiento del Estado a la nación. La figura muestra en un extremo, casos de reconocimiento pleno, donde el propio orden político se constituye en base a ese reconocimiento que quedará plenamente integrado en las instituciones, en cuanto el pluralismo es asumido y está representado por las propias instituciones estatales. Es el caso de culturas segmentadas como Bélgica, Bolivia, Países Bajos o Suiza, que dan lugar a las democracias consociativas (Lijphart, 1969). Le siguen casos en los que hay reconocimiento de la lengua y de la cultura, pero al mismo tiempo hay resistencias en modificar las instituciones para acrecentar el poder de esa etnia o cultura nacional diversa, o dar la plena autonomía decisional para decidir la permanencia en el Estado. Es el caso del País Vasco o Cataluña, en España.

Por último, hay casos en los que la identidad nacional es omitida. Ello puede ocurrir a través de un relato a favor de la nación dominante, según el cual las identidades preexistentes fueron absorbidas por la identidad dominante. Es la teoría del mestizaje en México, ya mencionada anteriormente (Bonfil Batalla, 1987) como forma de negación ideológica de las naciones mesoamericanas. El impacto de identidades nacionales omitidas es de gran envergadura para el desarrollo de la ciudadanía. En México, la primera dimensión que atañe al sistema de derechos es la ciudadanía cultural. Pues a partir del rechazo al reconocimiento cultural se legitima un Estado alejado de la justicia y del principio de igualdad jurídica para toda la comunidad. Es a partir de esta negación que se ciñen las violaciones a otros derechos ciudadanos: no es casual que en modo inescrupuloso se encarcele a personas, a veces por años, sin previo proceso judicial, en regiones del sur oeste de México, pobladas predominantemente por pueblos mesoamericanos.

La negación de la ciudadanía cultural es fuente de déficits en otras esferas ciudadanas. Si un actor omite la identidad de otro actor, entonces sus derechos civiles, políticos y sociales serán disminuidos cuando no lisa y llanamente desconocidos. El reconocimiento del otro como parte de una misma nación es el primer escalón de un largo tramo para llegar a la igualdad política. Cuando ello no ocurre, entonces las consecuencias sobre la cohesión social y la participación social y política resultan muy negativas. La ciudadanía es, ante todo, un sistema de reconocimiento de la pertenencia a una comunidad. El reconocimiento de membresía es tan fuerte que exige al ciudadano, en situaciones de guerra, dar su vida por esa comunidad. Del mismo modo, exige colocar a la nación como valor primero, supeditando todo conflicto interno a amenazas externas. Si el sentido de comunidad es débil, entonces las obligaciones del ciudadano respecto de esa comunidad se reducen a comportamientos individuales.

La democracia en México es democracia con racismo, pero ello no supone su inmutabilidad. Si bien es cierto que es un tema del que no se habla y gran parte de los actores políticos lo excluyen de sus agendas y de sus discursos, hay actores políticos que proponen la igualdad como un objetivo sobre el que avanzar. El problema de la democracia con racismo sistémico de México requiere de arreglos que afectan a la propia estructura y funcionamiento del Estado. Y ello porque el régimen político está fuertemente asociado con el Estado, con la constitución del Estado y con la necesaria incorporación de los grupos sin pleno reconocimiento del Estado.

Una solución que debe explorarse es el diseño de democracia consociativa institucional (Lijphart, 1969). Existen países que cuentan con estos arreglos institucionales que permiten la incorporación protagónica de élites y comunidades con diferencias étnicas, lingüísticas y religiosas. Para ello se debe avanzar en tres cuestiones:

 

 

Son tres cuestiones relacionadas. La existencia de diversas comunidades en un mismo Estado puede ser relativamente compensada en los recursos de las distintas comunidades, o por el contrario, las comunidades pueden tener relaciones descompensadas, con recursos político culturales muy dispares. En el primer caso, las comunidades tienen capacidad de presión y de extorsión sobre los gobiernos, impulsándolos a un reconocimiento pleno de derechos. El resultado puede ser exitoso e implica la construcción efectiva de las democracias consociativas, que tienen como ejemplos paradigmáticos los casos de Holanda y Bélgica. Dos condiciones pueden resumir esta especie democrática: la primera es la existencia de liderazgos dispuestos al consenso; la segunda es el acatamiento por parte de la población de los acuerdos alcanzados por los líderes. Si alguna de estas condiciones no se cumple, entonces la interculturalidad deviene conflictiva y muy costosa para el conjunto. El caso de la ex Yugoslavia constituye uno de los fracasos más rotundos en donde la interculturalidad sirvió de base a conflictos sanguinarios. Tanto la escasa disposición de los líderes a acordar como el no acatamiento de grupos de la población (que se convirteron en francotiradores) cada vez que había acercamiento entre las élites, hicieron de ese país un orden político imposible.

Más allá de cuál sea la resolución específica en términos del modelo institucional, es claro que en México los problemas de la ciudadanía (y la existencia de subciudadanías) requieren no sólo de estrategias para mejorar la democracia política, sino que es crucial un giro en la perspectiva del Estado, que permita la incorporación efectiva de todos los ciudadanos, esto es, que garantice el reconocimiento y la incorporación de diversas comunidades culturales. Pues la democracia tiene racismo sistémico porque hay un Estado que admite el racismo.

Un problema práctico que emerge para la constitución de una democracia plural en México es la gran variedad de grupos étnicos. Ello puede requerir una democracia consociativa en distintos niveles: municipal, estatal y federal. Es el modo de evitar la paradoja de reforzar la existencia de un problema negándolo. Mejorar la democracia mexicana supone ir más allá del reconocimiento que se hizo en la Constitución Federal de un México pluricultural, que paradójicamente puede ser un legitimador involuntario del propio racismo, para apostar por instituciones que garanticen el reconocimiento y promociones de mayor igualdad de las diversas comunidades y naciones. En términos políticos, se puede pensar en instituciones que otorguen una discriminación positiva, como ocurre con otros colectivos en la sociedad (mujeres) y que coadyuven al equilibrio de los diferentes grupos étnicos en México. Esto implicará avanzar de una democracia con racismo a una democracia plural.

 

 

 

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1 No se pretende poner en discusión la validez de la tesis del mestizaje; solo se alude al uso ideológico de tal etiqueta.

2 Al respecto he modificado mi posición sostenida en Russo, (2017a). Opino que hablar de democracia con racismo permite admitir el componente racista de la democracia mexi­cana y al mismo tiempo diferenciarla de las democracias abiertamente racistas.

3 Como ha señalado Tuirán Gutiérrez: En el año 2000, México contaba con un coeficiente de Gini del ingreso corriente monetario de 0.5938; sin embargo, las disparidades entre las entidades fede­rativas del país muestran rangos mayores de desigualdad. De esta manera, Chiapas es la entidad federativa con la mayor concentración de la renta [...] [es decir] un índice de Gini de 0,7011, por lo que no es nada raro ubicar a esta entidad encabezando la lista de los indicadores de marginación del país. En el otro extremo, Aguascalientes era el Estado con la mejor distribución con un Gini de 0,4909. Para poder comprender la magnitud de la inequidad en Chiapas, basta mencionar que cerca de dos terceras partes del ingreso monetario de este estado (recae en el) 10% de los hogares más ricos, mientras que 30% de los hogares más pobres apenas rebasa el 1% del ingreso. En cambio, 10% de los hogares más ricos de Aguascalientes sólo concentra un poco más de una tercera parte de la riqueza del Estado (Tuirán Gutiérrez, 2013:7)

4 Término acuñado por C. Wright Mills (1963).