¿Racismo en el siglo XXI?

Política indigenista en Catamarca, Argentina

 

¿Racism in the 21st century?

Indigenous policies in Catamarca, Argentina

 

Ana Valeria Avalo | ORCID: orcid.org/0000-0002-6409-8356

valeavalo@hotmail.com

Universidad Nacional de Jujuy

 

Argentina

 

Recibido: 01/04/2021

Aprobado: 26/06/2021

 

Resumen

En este estudio se sostiene que, aún en el siglo XXI, hay políticas estatales que tienen contenido racista-darwinista. Entre las investigaciones que analizan las políticas indigenistas no se encuentran trabajos que aborden el caso de Catamarca, provincia del noroeste argentino. Este artículo es un primer acercamiento a ese campo.

Entre los hallazgos se detecta que en la política estatal catamarqueña los indígenas son concebidos como sujetos del pasado hasta el año 2000, es decir, varios años después de que se reconozca la preexistencia étnica a nivel nacional en la Reforma de la Constitución de 1994. Además, se estudia la inauguración de la estatua del colonizador Jerónimo Luis de Cabrera Garay (1586-1662), en la que la gobernadora pisó una vasija con reminiscencias diaguitas, en septiembre de 2019. Se sostiene como hipótesis que este acto en particular tiene contenido darwinista-racista.

Para el marco teórico se realizó una crítica al indigenismo y al multiculturalismo neoliberal. Para la metodología se implementó el análisis documental de leyes provinciales de Catamarca entre los años 1983 y 2019 y se realizaron entrevistas en profundidad a funcionarios públicos que tuvieron un rol preponderante en la política indígena catamarqueña.

 

Palabras clave: Racismo, Indigenismo, Catamarca.

 

Abstract

This study argues that, even in the 21st century, there are state policies that have racist-Darwinist content. Among the research that analyzes the indigenist policies in Argentina, there are not scientific research that analyse the case of Catamarca, a northwestern province of Argentina. This article is a first approach to that field.

It is noted that in the State policy of Catamarca the indigenous are conceived as subjects of the past until the year 2000, that is, several years after the recognition of the ethnic pre-existence at the national level in the Reform of the Constitution of 1994. In addition, we study the inauguration of the colonizer Jerónimo Luis de Cabrera Garay’s (1586-1662) statue, in wich the governor stepped on a vase reminiscent of diaguitas, in September 2019. It is hypothesized that this particular act has Darwinist-racist content.

For the theoretical framework, a critique of indigenism and neoliberal multiculturalism was made. For the methodology, the documentary analysis of provincial laws of Catamarca was implemented between the years 1983 and 2019 and in-depth interviews were carried out to public officials who had a preponderant role in the indigenous politics of Catamarca.

 

 

Key words: Racism, Indigenism, Catamarca.

 

 

 

 

Introducción

 

 

 

Parte de las políticas que los Estados llevan adelante en relación con los pueblos indígenas en el siglo XXI tienen contenido racista.

Este artículo busca analizar la presencia de racismo en un acto llevado adelante por el gobierno provincial de Catamarca (Argentina) en el año 2019. Consideramos que es imprescindible visibilizar la existencia de racismo en el siglo XXI para demandar la ampliación de las democracias en nuestras sociedades latinoamericanas. Para ello, se realizó una crítica al indigenismo y al multiculturalismo neoliberal. Se utilizó como metodología el análisis documental de leyes provinciales de Catamarca entre los años 1983 y 2019 y se realizaron entrevistas en profundidad a funcionarios públicos que tuvieron un rol preponderante en la política indígena catamarqueña. Para el presente artículo se menciona una entrevista en particular, pese a ello, el corpus general de entrevistas permitió reconstruir el proceso de la política indigenista en Catamarca y rastrear la documentación utilizada.

El indigenismo fue la política que sostuvieron los Estados latinoamericanos desde el Primer Congreso Indigenista Interamericano en Pátzcuaro, México, en 1940. De allí en adelante, los mismos se propusieron abandonar la mirada racista y de exterminio que tenían hasta el momento hacia los pueblos indígenas. Sostuvieron desde entonces el discurso del mestizaje, acompañado de la asimilación de los pueblos indígenas a la lógica mononacional. Más tarde, con la llegada del neoliberalismo, se instauró el multiculturalismo como línea política hegemónica que los Estados debían sostener en relación con los pueblos indígenas. Si bien este discurso abandona la idea de mestizaje y asimilación y propone la aceptación de la diferencia, esta lógica fue adaptándose a las necesidades del mercado capitalista, en el que la identidad cultural fue mercantilizada.

Este es el contexto en el que se enmarcan las políticas provinciales a analizar. Se estudiaron las políticas indigenistas de la provincia de Catamarca desde el año 1983 (año en que Argentina retorna a la democracia) hasta la actualidad. A partir de estas indagaciones es que se encontró que la política catamarqueña concebía a los indígenas como sujetos del pasado, a los que se podía acceder a través de los vestigios arqueológicos. Luego de que en Argentina se instaurara el paradigma multiculturalista a través de la reforma de la Constitución Nacional en el año 1994, Catamarca tardó aproximadamente diez años en emprender políticas donde el sujeto indígena apareciera vivo y en el presente. La pregunta que surge es: ¿Cómo son las políticas que la provincia de Catamarca emprende en relación con los pueblos indígenas que habitan su territorio desde el retorno a la democracia en la actualidad? ¿Existe contenido racista en estas políticas?

 

 

 

Indigenismo

 

 

 

La realización del Primer Congreso Indigenista Interamericano, llevado a cabo en Pátzcuaro (México) en 1940, marcó la emergencia del indigenismo como un cuerpo doctrinario adoptado por los Estados latinoamericanos como política y teoría, con el objetivo de resolver el problema del indio en relación a la construcción de proyectos nacionales estatales (Favre, 1998; del Val y Zolla, 2016). Al Congreso asistieron delegaciones de dieciocho Estados del continente americano, entre los que se encontraba Argentina. Una de las medidas de la reunión fue la conformación del Instituto Indigenista Interamericano, desde el cual se determinaron directrices hacia la totalidad de la región. Por ejemplo, se impulsó que cada Estado creara su propio órgano nacional dirigido específicamente a gobernar lo indígena. El Instituto pasó a formar parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) como agencia especializada en 1953.

No obstante, la perspectiva inaugurada en Pátzcuaro y llevada adelante por el Instituto Indigenista Interamericano fue criticada por su mirada asimilacionista/integracionista y por no tener en cuenta la perspectiva de los propios pueblos indígenas. Autores como Favre (1998) y Díaz Polanco (2009) argumentan que las medidas tendientes a mejorar las condiciones del indígena promovidas por el sistema indigenista interamericano revelan las profundas limitaciones que produce pensar al indio como un problema para la construcción de una nación homogénea. Para Cruz (2018) dicha nación homogénea reproduce un ethos racializado y blanquizado, por lo que el indigenismo es una forma de racismo que, si bien es tolerante, ya que no pretende la eliminación física de las personas no-blancas, propone la asimilación del indio a un orden moral, cultural y político blanquizado.

Desde el plural movimiento indígena se ha criticado al indigenismo. Pueden encontrarse luchas indígenas que desde fines de los años sesenta interpelaron a los Estados nacionales y su visión homogeneizadora, calificándola como excluyente y obsoleta (Zapata, 2019). Este proceso de visilibilización de la lucha indígena se vio pausado durante las dictaduras que sufrieron varios países de América Latina en este periodo. Luego, un conjunto de factores marcó el escenario para un viraje de las políticas indigenistas. Entre ellos, el retorno a la democracia en América Latina, el fin de la Guerra Fría y con ella la instauración de un mundo unipolar con Estados Unidos a la cabeza, la consolidación de una nueva fase de acumulación capitalista, el Consenso de Washington y la conformación del neoliberalismo como sistema hegemónico (Zapata, 2019).

En este contexto, a nivel de derecho internacional se produjo la sanción de un nuevo marco jurídico y simbólico1, que reformuló el sistema indigenista interamericano. Este nuevo orden trae al centro del debate la cuestión de la diversidad cultural en América Latina y una particular forma de respuesta: el multiculturalismo, calificado como neoliberal por diversos autores/as (Briones, 2005; Walsh, 2009 y Rivera, 2010). El multiculturalismo es el discurso dominante sobre la diversidad cultural adoptado por los Estados latinoamericanos a partir del neoliberalismo como una respuesta a diversas luchas, entre ellas las indio-indígenas, que se venían llevando adelante desde fines de los sesenta. Vale aclarar que las demandas indígenas de todo este periodo tenían alcances más vastos que lo que hasta ahora se ha logrado con las políticas multiculturales (Zapata, 2019). Por ejemplo, las luchas por la autonomía de las naciones indias como el indianismo en Bolivia.

En cuanto a las políticas indigenistas a partir de la etapa neoliberal, que inicia en los años setenta, encontramos diversas posturas.

En primer lugar, autores como Favre (1998) refieren a que el indigenismo fue una política propia de los Estados de bienestar/nacional-populares latinoamericanos. Para el autor, el neoliberalismo dio paso a una nueva forma de gobierno de lo indígena, el multiculturalismo, que sería distinta al indigenismo.

Pese a ello, el análisis es diferente si se tienen en cuenta a las antropólogas argentinas Briones y Carrasco (2003) y Lenton (2010) quienes sostienen que a partir del neoliberalismo encontramos un nuevo tipo de indigenismo al que denominan neoindigenismo en el marco de políticas propias de la gubernamentalidad neoliberal (Briones, 2005).

A partir de este trabajo, se entiende que el indigenismo se ha ido readaptando a las nuevas condiciones del neoliberalismo adoptando la forma de indigenismo multiculturalista. El indigenismo multiculturalista es una acción sistemática emprendida por el Estado por medio de un aparato administrativo especializado cuya finalidad es inducir un cambio controlado y planificado en el seno de la población indígena, con objeto de gestionar las disparidades culturales, sociales y económicas entre los indios y la población no indígena. En esta política puede rastrearse una estética racializada que promueve en última instancia un orden moral, cultural y político blanquizado (Cruz, 2018).

 

 

 

Multiculturalismo

 

 

 

En cuanto al multiculturalismo, este estudio comprende que es un modelo político, caracterizado por el reconocimiento de la diversidad cultural a nivel jurídico y la administración política de esa diversidad desde el Estado (Zapata, 2019:107). La importancia del multiculturalismo radica en que ha sido la perspectiva hegemónica desde la cual los Estados latinoamericanos han diseñado sus políticas en relación con los pueblos indígenas. Es decir, la forma de resolución del conflicto que trae aparejado el problema de la diversidad cultural, constitutiva de los países latinoamericanos. Por lo tanto, un modelo político multicultural se presenta cuando el discurso de la multiculturalidad se erige como la narrativa dominante en materias culturales, la que se expresa tanto en los discursos gubernamentales como en la legislación promulgada específicamente con estos principios (Zapata, 2019:20).

El concepto de multiculturalismo tiene una historia que excede al contexto latinoamericano.De hecho, sus principales teóricos, como Charles Taylor (1992) y Will Kymlicka (1995), lo vincularon a países como Canadá, España, Nueva Zelanda y Estados Unidos. En América Latina no existe un modelo único de multiculturalismo y sus formulaciones no son una copia de dichos teóricos (Zapata, 2019). A los fines de este trabajo, se entiende al multiculturalismo en tanto modelo adoptado por los Estados latinoamericanos para abordar a la diversidad cultural, perspectiva que surge luego de que el neoliberalismo se instaurara como modelo hegemónico (Svampa, 2016, en Zapata, 2019).

Hay variadas críticas al modelo multiculturalista de importantes autores latinoamericanos como Pablo González Casanova (1978), Héctor Díaz Polanco (2008), Rodolfo Stavenhagen (2010), Luis Vázquez (2010), Alejandro Grimson (2011), Aura Cumes (2012, 2009), Silvia Rivera Cusicanqui (2015), Enrique Antileo (2015) y José Antonio Figueroa (2018) todos citados por Zapata (2019:24). Entre ellas destacamos la crítica sobre el concepto obsoleto y desproblematizado de cultura que sostiene el multiculturalismo, que concibe a la diversidad como una serie de compartimentos cerrados: Esta forma de concebir a los indígenas elude el carácter poroso de las fronteras culturales y los procesos de cambio (Briones, 1998 en Zapata, 2019:57).

Numerosos autores indios-indígenas señalan que el multiculturalismo no pone en cuestión el racismo estructural propio de nuestros contextos latinoamericanos. Según Zapata (2019:66-67) entre ellos encontramos a Aura Cumes (2012), Fortino Domínguez (2013), Enrique Antileo (2015) y Claudio Alvarado (2016).

Además, se incluye en este artículo el análisis del filósofo e investigador omaguaca Gustavo Cruz, quien crítica al multiculturalismo por su carácter neoliberal, emprendedorista, capitalista y racista. Afirma que el multiculturalismo retoma al indigenismo culturalista de las décadas anteriores y sigue fomentando un tipo de racismo al que denomina racismo de la blanquitud, siguiendo a Bolívar Echeverría (2008; en Cruz, 2018), en tanto es un proyecto de blanqueamiento cultural del indio (Cruz, 2018:41).

Cruz (2018) sostiene que

 

El neoindigenismo multicultural parece ser la deriva del indigenismo culturalista iniciado en los años cuarenta. Por tanto, una variante del racismo de la blanquitud. Este indigenismo multicultural (ya no mono-cultural) hace el elogio de la diversidad cultural indígena, pero siempre que se integre al mercado capitalista globalizado. Su meta es empresarializar al indígena: conseguir emprendedores indígenas: “desarrollo con identidad”. (pp. 46-47)

 

Cruz sigue a Bolívar Echeverría (2005) para referir al racismo de la blanquitud como un orden moral-cultural que no refiere al color de la piel (blancura) sino que consiste en la interiorización del ethos histórico capitalista (Echeverría, 2005:64 en Cruz, 2018:30). Así elabora una crítica a las naciones modernas señalando que estas se constituyen a partir de un sujeto blanquizado culturalmente. A partir del neoliberalismo ya no se propugna por una monoculturalidad, sino que se acepta e incluso fomenta la diversidad cultural, siempre que no se ponga en cuestión al orden capitalista. En este último caso, para aquellos sujetos indios-indígenas que ponen en entredicho el ethos capitalista la política estatal continúa calificándolos de indios revoltosos y sobre ellos cae un tipo de racismo sostenido por un darwinismo social similar al del siglo XIX (Cruz, 2018). De modo que, para Cruz, el neoindigenismo se aplicaría para aquellos indios sumisos, que están dispuestos a conciliar con la sociedad nacional.

En síntesis, el multiculturalismo es el modelo hegemónico al que remitieron los Estados latinoamericanos para elaborar sus políticas de reconocimiento de la diversidad cultural a fines del siglo XX. Este enfoque, es funcional a un modelo económico de desarrollo extractivista, que, a su vez, no es compatible con el reconocimiento político de los pueblos indígenas del continente, por lo que la tensión continúa irresuelta.

 

 

 

Indigenismo en Argentina

 

 

 

Este trabajo sostiene la hipótesis de que en Argentina el indigenismo ha sido implementado como aparato teórico-político del Estado. Aunque autores especializados en el estudio del indigenismo, como Favre (1998), no lo destacan a menudo, encontramos numerosas investigaciones que abordan las políticas indigenistas en nuestro país (Biagini, 1995; Briones, 2005; Carrasco y Briones, 1996; Briones y Carrasco, 2003; Colombres, 2004; Cruz, 2014, 2018; Lenton, 2010, 2014; Marcilese, 2011).

El neoliberalismo comienza a ser instaurado en Argentina a partir de la última dictadura militar (1976-1983) y se consolida en las siguientes décadas. A partir del año 1983 retorna la democracia en nuestro país con la presidencia de Raúl Alfonsín (1983-1989), sucedido de forma anticipada por Carlos Menem, quien tuvo dos períodos de gobierno (1989-1995 y 1995-1999). En esta etapa se profundizó y consolidó la política neoliberal, que entra en crisis en el año 2001.

Durante la década de 1990 inicia un proceso de juridización del derecho indígena a la diferencia cultural (Briones, 2005:9) tanto a nivel doméstico como internacional. En el plano mundial, aparecen perspectivas renovadas en organizaciones internacionales2, cristalizadas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): se renueva así el Sistema Indigenista Interamericano. Argentina adopta el Convenio 169 de la OIT en el año 1992, lo ratifica en 2000 y entra en vigencia el 3 de julio de 2001.

En el país, se elabora la Ley N° 23.302 de Política Indígena, sancionada en el año 1985 y reglamentada en 1989 por el Decreto 155, en parte como efecto del proceso de politización de las organizaciones indígenas; fue un paso importante para el plural movimiento indígena (Briones, 2020). El Futa Traun o Primer Parlamento Indígena Nacional sirvió como insumo para la elaboración de la primera Ley que sistematiza la cuestión indígena en Argentina3. Esta Ley es paradigmática por varios motivos, uno de ellos es que crea el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Como se señala anteriormente, una de las técnicas del indigenismo latinoamericano es la creación de instancias gubernamentales especializadas en administrar la cuestión indígena en tanto problema que debe ser resuelto por el Estado.

Acorde al impulso internacional, Argentina adhiere al paradigma multiculturalista en la Reforma Constitucional del año 1994, la cual incorporó el artículo 75° inciso 174 que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos; los abogados kollas Eulogio Frites y Nimia Apaza realizaron aportes para su elaboración (Frites, 2011) y también tuvo una importante participación el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) (ENDEPA e INCUPO, 1994).

Entre 1994 y 2003 el indigenismo en Argentina es estudiado como neoindigenismo (Briones y Carrasco, 2003) o como indigenismo neoasistencialista (Lenton, y Lorenzetti, 2005). Es decir que las políticas indigenistas se subsumen al paraguas de las políticas neoliberales implementadas por el Estado Nacional.

En el año 2001 Argentina vivió una crisis del sistema político e institucional. El presidente De la Rúa renunció a su cargo y dio paso a una sucesión de presidentes. Se produjo un quiebre institucional y con él la crisis de legitimidad del neoliberalismo en nuestro país. A partir del año 2003, se suceden las presidencias de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2011 y 2011-2015) e inicia en nuestro país la etapa nacional-popular, donde se implementaron políticas progresistas.

Briones (2015) analiza las políticas dirigidas a pueblos indígenas elaboradas durante este periodo y propone como hipótesis que operó una hegemonía neodesarrollista donde lo indígena forma parte de un proyecto de desarrollo más amplio englobado por lo nacional-popular. Este modelo implica un cuestionamiento explícito a los intercambios desiguales en los ámbitos mundial y estatal y convoca a transformar al Estado desde adentro (Briones, 2015:40)5.

Para Briones (2015) durante el proceso nacional-popular se da una relectura de la formación nacional de alteridad donde la idea de diversidad interior rescatada por el kirchnerismo no es sólo términos de clases sociales (como el peronismo de los cuarenta y setenta) sino también de diferencias culturales (Briones, 2015:28). Se llama a los indígenas a trabajar adentro de lo estatal, en palabras del presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en el año 2010: somos una Nación cohesionada en su raíz mestiza y en la pluriculturalidad, junto a un Pueblo multiétnico sujeto histórico de la soberanía (Fernández, 2010; en Briones, 2015:27).

Por otro lado, fue paradigmático en este periodo el reclamo de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh y su cara visible, el Qarashe Félix Díaz6. Esta comunidad sufrió una persecución persistente y una violación sistemática de sus derechos humanos por parte del gobierno provincial de Formosa (Svampa, 2016). Este conflicto implicó una fisura para el gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner, que tenía buenas relaciones con su par provincial. Es interesante analizar cómo los medios de comunicación opositores al gobierno nacional hicieron eco del conflicto como forma de perjudicar al gobierno (Soria, 2019). Con todo, lo cierto es que una de las demandas de la Comunidad La Primavera fue que la presidenta Cristina Fernández los reciba, que finalmente no se cumplió.

Consideramos que existió continuidad en un sentido entre las políticas indigenistas neoliberales y las políticas indigenistas durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández: ambas sostuvieron políticas productivas extractivistas. Como afirma Briones, son las políticas extractivistas las que ponen límites claros a ciertos reclamos indígenas (2015:37).

Encontramos dos límites de lo nacional popular para sostener la hegemonía en relación con el plural movimiento indígena. En primer lugar, lo nacional en última instancia implica una renuncia a la demanda de plurinacionalidad (Briones, 2015:42). En segundo lugar, lo popular conlleva la justificación del neodesarrollismo (y su política económica extractivista) por el bienestar de las mayorías (Briones, 2015:42). La expansión de la frontera extractiva no ha cesado durante el período nacional popular inserta en el marco del actual modelo de acumulación capitalista. Es así que los principales conflictos con los pueblos indígenas fueron a causa de los reclamos territoriales7.

Finalmente, es a partir de la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019) cuando se produce un viraje en la política nacional y se retoman políticas neoliberales por arriba (Gago, 2018). Este fue un contexto favorable para la reemergencia de discursos darwinistas y racistas en contra de los pueblos indígenas.

Es así que durante la presidencia de Mauricio Macri se produjo la desaparición y posterior asesinato de Santiago Maldonado (joven solidarizado con la lucha mapuche) en agosto del 2017 y el asesinato de Rafael Nahuel (joven militante mapuche); ambas por la represión de fuerzas de seguridad del Estado nacional en contextos de luchas territoriales mapuches (Cruz, 2018; Briones, 2020). Estos hechos adquirieron visibilización a nivel nacional e internacional y se denunció en ámbitos internacionales de derechos humanos (Briones, 2020).

La confrontación y la violencia directa hacia el pueblo mapuche fue legitimada por la presidencia de Mauricio Macri, cuyos funcionarios realizaban declaraciones públicas que alimentaban concepciones xenófobas y racistas como que los mapuches no son argentinos, los indígenas como enemigo interno terrorista, y no vamos a permitir una república mapuche en medio de la Argentina (Pisani, Delfino y Morales Leanza, 2019:60). Por ende, puede afirmarse que la política indigenista nacional entre 2015 y 2019 retomó discursos neoliberales en lo económico y darwinistas en lo político, podría ser conceptualizada como un indigenismo darwinista neoliberal (Cruz, 2018).

 

 

 

Indigenismo subnacional: el caso de Catamarca

 

 

 

En Argentina, las provincias incorporaron legis­laciones destinadas exclusivamente al tema indígena antes que el Estado nacional y las investigaciones que analizan las políticas indigenistas en nuestro país concuerdan con que este hecho merece especial atención (Altabe, Braunstein y González, 1996; GEAPRONA, 2001; Briones, 2005, 2015; Bidaseca, Gigena, Guerrero, Millán y Quintana, 2008; Leone, 2013). Según Bidaseca et al., luego del retorno a la democracia los estados provinciales fueron los primeros en administrar la irrupción indígena (2008:9).

El noroeste argentino (NOA) es una de las regiones con mayor proporción de población indígena del país8 . En la provincia de Catamarca se encuentra presencia de comunidades y organizaciones indígenas y aún políticas de Estado poco visibles. Según el Censo Nacional del año 2010, el 1,9% de la población de la provincia de Catamarca se reconoce como indígena. Se trata de 6.927 personas sobre un total de 367.828 habitantes. El 72,5% de esos 06.927 habitantes se autoreconoció perteneciente al Pueblo Diaguita-Calchaquí, el 5,8% al Quechua, el 5,6% al Kolla, el 4,4% al Pueblo Mapuche, 3,9% al Toba, 1,5 al Guaraní, 1,3% al Pueblo Atacama y el 5% restante a Otros Pueblos (INDEC, 2015:15).

En cuanto al contexto socioeconómico, Catamarca no estuvo exenta de las nefastas consecuencias que el modelo neoliberal produjo en la sociedad. Durante la gobernación de Oscar Castillo (1999-2003) se desató la crisis económica con una desocupación del 23%, una pobreza del 62% y la indigencia del 24% en el año 2002 (Toranzo, 2011).

Las políticas neoliberales en Catamarca estuvieron acompañadas por un discurso de modernización encabezado por las promesas de la megaminería. Las exportaciones provinciales, que pasaron de 96,1 millones de dólares en 1993 a 430,7 millones de dólares en 1996, otorgaron altas tasas de ganancias para los inversores, pero no beneficiaron a la población mayoritaria (Toranzo, 2011). Más tarde, como afirma Ponce (2012) durante el período 2001-2004, se continuaron las políticas socioeconómicas de la década anterior. Caracterizadas por el comportamiento cooperativista del Estado provincial con el capital, sostenido por discurso productivista por el cual Catamarca dejaría el “atraso” para desarrollarse. La autora argumenta que se intensificó la dependencia del Estado respecto del empresariado, marcando un rumbo clientelar.

A partir del año 2011 ganó la gobernación el Partido Justicialista. Asumió Lucía Corpacci como gobernadora y estuvo a cargo del ejecutivo provincial durante dos períodos: 2011-2015 y 2015-2019. En 2019 asumió el gobierno Raúl Jalil, también perteneciente al Partido Justicialista y continúa en su cargo hasta la actualidad (marzo 2021).

Retomando, los estudios sobre la cuestión indígena en Catamarca son en su mayoría desde la arqueología (Quesada, Moreno y Gastaldi, 2007; Dupuy, 2013; Jofré, 2009; Galimberti, 2010; Pisani, Delfino y Morales Leanza, 2019); desde la historia (Guzmán, 2010; De la Orden, Díaz y Zamparella, 2013); desde la geografía (De la Orden, Moreno y Zamparella, 2007) y en menor medida desde la antropología (Pizarro, 2006; Rodríguez, 2011). Sin embargo, no hay trabajos que analicen la política provincial dirigida a pueblos indígenas en Catamarca en tanto política indigenista.

En cuanto a la presencia actual de pueblos indígenas, en Catamarca siete comunidades tienen personería jurídica inscripta en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas:

 

• Comunidad India Los Morteritos-Las Cuevas (Res. INAI N° 205- 2007) | Belén | Pueblo Diaguita Calchaquí.
• Comunidad Indígena de Antofalla (Res. INAI N° 158- 2009) | Antofagasta de las Sierras | Pueblo Kolla Atacameño.
• Comunidad Originaria Cerro Pintao - Las Mojarras (Res. INAI N° 384- 2010) | Santa María | Pueblo Diaguita.
• Comunidad Originaria Ingamana (Res. INAI N° 385- 2010) | Santa María | Pueblo Diaguita Calchaquí.
• Comunidad Indígena La Angostura (Res. INAI N° 292- 2013) | Belén | Pueblo Diaguita.
• Comunidad Indígena Aguas Calientes (Res. INAI N° 32- 2019) | Belén | Pueblo Diaguita Calchaquí.
• Comunidad Indígena Corral Blanco (Res. INAI N° 41- 2019) | Belén | Pueblo Diaguita.

 

A nivel provincial, no hay un registro de Comunidades Indígenas en funcionamiento como en otras unidades subnacionales de Argentina. Aunque hay dos leyes provinciales que reconocen la preexistencia étnica y la propiedad comunitaria indígena de dos comunidades: Los Morteritos - Las Cuevas y Antofalla. Por su parte, el Programa de Salud para Pueblos Originarios en la provincia registra 33 comunidades en el año 2019. Por otro lado, según el Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER, 2019) el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) releva 22 comunidades indígenas en Catamarca de los Pueblos Diaguita y Kolla Atacameño.

Es a partir de los 2000 que los indígenas empiezan a estar vivos para el estado provincial, retomando el paradigma multiculturalista vigente a nivel nacional. Diez años después de que se haya incorporado el artículo 75° inciso 17° en la Constitución Nacional. Cabe señalar que encontramos que el abogado colla Eulogio Frites, en el año en 1971, en un texto publicado en la revista América Indígena titulado Los collas (Frites, 1971), señalaba la presencia de collas en los departamentos de Antofagasta de la Sierras (Región de la Puna) y Norte del Departamento de Belén (Región del Oeste).

Entonces, es a principios de los 2000 cuando inicia la visibilización para la sociedad occidental de la comunidad indígena a partir del trabajo de reorganización de la comunidad Los Morteritos-Las Cuevas. Esta comunidad logró que en el año 2005 se declarase una Ley provincial donde los reconocían como sujeto de derecho y como pueblo pre-existente.

Luego de realizar varias indagaciones en legislación, previa a este periodo, pudieron identificarse algunas a partir de las décadas del setenta y ochenta, referidas a patrimonialización que tienen como supuesto a un indio muerto y se apoya en la arqueología como campo de saber9.

En el año 1988 se reformó la Constitución provincial y si bien se incorpora la referencia a la protección de la identidad cultural en su Artículo 1° (Constitución del Provincia de Catamarca, 1988), no se hacer referencia a pueblos indios-indígenas-aborígenes-etc.

Durante el gobierno del Frente Cívico y Social, en los años noventa, sigue permeando el discurso de los indios como habitantes del pasado. Un hecho que pinta el panorama de cómo eran concebidos los indígenas es un relato del historiador Armando Bazán. Cuenta una anécdota que le transmitió el arqueólogo Rodolfo Raffino, investigador que analizaba las ruinas indígenas del Shincal de Quimivil en Belén (en el oeste catamarqueño):

 

Empeñado en obtener apoyo oficial para su proyecto gestionó una audiencia con un gobernador catamarqueño. Luego de explicarle la importancia que tiene la restauración de esas ruinas, su interlocutor le contestó sentenciosamente: “Los inkas no votan”. (Bazán, 2009:160)

 

El autor no aclara cuál gobernador catamarqueño, pero sí refiere que se trata de principios de la década de los noventa, cuando gobernaba A. Castillo. La afirmación daría a entender entonces que lo indígena queda subsumido en lo Inka, quienes ya no están presentes y, por ende, no votan.

Como se dijo anteriormente, es recién en los 2000 que Catamarca incorpora políticas de reco­nocimiento identitario en consonancia con la política multiculturalista nacional cristalizada en la Reforma de la Constitución Nacional del año 1994. A partir de este reconocimiento los indígenas empiezan a aparecer vivos desde la mirada estatal. Por su parte, a partir del año 2000 inicia un proceso de reorganización de los pueblos indígenas en el territorio catamarqueño (Frites, 2011).

En el año 2002 se firma un Convenio Marco entre la Comunidad Los Morteritos-Las Cuevas, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el gobierno de Catamarca. Unos años después, en 2005, la Ley N° 5.150 reconoce el carácter de sujeto de derecho y de pueblo indígena preexistente a dicha comunidad. Además, reconoce la propiedad del territorio que ancestralmente ocupa la Comunidad en el Distrito Termas de Villa Vil, Norte del Departamento Belén (Boletín Oficial de la Provincia de Catamarca, 2005).

Se realizó una entrevista a la Diputada impulsora de la Ley provincial que reconoce a la Comunidad Los Morteritos-Las Cuevas en el año 2005. La entrevistada comentó que para la confección del proyecto contó con la ayuda del Dr. Eulogio Frites, quien en esa ocasión disertó en la legislatura provincial facilitando el apoyo de algunos legisladores que se resistían a incluir la propiedad comunitaria en la Ley. El instrumento se trató en un periodo extraordinario, a pedido del ejecutivo provincial.

En esa misma ocasión llegaron a la capital catamarqueña representantes indígenas de todo el país, ya que, hasta el momento, ninguna Ley provincial reconocía la propiedad comunitaria. Además, se realizó un Encuentro Nacional de Pueblos Indígenas organizado por el municipio de Valle Viejo.

Aquí se inaugura un proceso de apertura por parte del Estado provincial en torno a un reconocimiento de los indígenas como sujetos de derechos. La legisladora consultada relata que la Comunidad de Los Morteritos-Las Cuevas resguardaba su identidad indígena como un secreto y que decidieron contárselo a ella en el año 2000. A partir de ese momento, juntos, empezaron los trámites para adquirir los derechos reconocidos en la Constitución Nacional de 1994.

La ex Diputada cuenta además que el Dr. Eulogio Frites le dijo: Hermana, después de esto van a brotar como flores las comunidades de Catamarca, porque aquí es donde ha sido más brutal la Conquista y les han matado la voz. Y así fue, efectivamente, luego de que la Comunidad de Los Morteritos-Las Cuevas iniciara este proceso, otras comunidades indígenas en Catamarca se reorganizaron.

En 2009, la Ley provincial N° 5.276 reconoce a la comunidad Colla de Antofalla el carácter de sujeto de derecho y de pueblo indígena preexistente. También reconoce el territorio que ancestralmente ocupan, situado en el Departamento de Antofagasta de las Sierras (Boletín Oficial de la Provincia de Catamarca, 2009).

Estas leyes provinciales son instrumentos que se diferencian de las personerías jurídicas, tanto las inscriptas en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas como las que suelen otorgar algunas provincias. Son importantes porque refieren a la propiedad comunitaria indígena y señalan cuál es el territorio ancestral. No obstante, hasta la fecha ninguna de las Comunidades ha obtenido su título de tierra comunitaria. En cuanto a institucionalidad indigenista, la Ley N° 5.138 señala que es el Ministerio de Justicia y Gobierno de Catamarca el área institucional encargada de los asuntos indígenas provinciales.

Por otro lado, existe un conjunto de legislaciones donde lo indígena aparece como aporte a la construcción de una identidad catamarqueña. Entre ellas, la Ley provincial N° 5.039 que declara como patrimonio cultural al complejo artístico integrado por el Monumento al Aborigen, la Plaza El Aborigen y su entorno natural situados en el Departamento Valle Viejo. La Ley N° 5299, del año 2009, declara el 19 de abril (Día del indio americano) como día de celebración, la fundación de dicho Departamento, en homenaje a los pueblos indios de Motimo, Autigasta y Huaycama, habitantes primitivos de Valle Viejo (Boletín Oficial de la Provincia de Catamarca, 2010:56). Otra de las leyes es la de Patrimonio Cultural (Ley N° 5.175 del año 2005) la cual reconoce a artesanos/as tradicionales por haber mantenido vivo y haber resignificado el legado indígena-hispano.

En el año 2012, en ocasión de la celebración del 11 de octubre como último día de libertad de los pueblos indígenas, integrantes de distintas comunidades sesionaron en la legislatura provincial (Diario El Ancasti, 2012a). Luego fueron recibidos por la gobernadora Lucía Corpacci y el vicegobernador Dalmacio Mera, a quienes los pueblos hicieron llegar sus reclamos de acceso al agua, mejora de caminos y acceso al sistema sanitario (Diario El Ancasti, 2012b).

Más tarde, en el año 2016, el proyecto que declara necesidad de reformar parcialmente la Constitución Provincial, refiere a la incorporación del reconocimiento constitucional de los Pueblos Originarios. Ya que la provincia aún no ha reformado su norma suprema luego de la Reforma de la Constitución Nacional del año 1994.

Es llamativa la Ley N° 5480 del año 2016 que instituyó con carácter obligatorio la bandera Wiphala como emblema en todas las escuelas del sistema educativo de la provincia de Catamarca (Boletín Oficial de la Provincia de Catamarca, 2016:3180). La misma establece que: La bandera Wiphala acompañará a la bandera argentina y a la bandera de la provincia de Catamarca, en todos los actos oficiales y será instalada en los edificios públicos, provinciales y municipales (Boletín oficial de la Provincia de Catamarca, 2016:3180). Además, insta a la conformación de una política educativa por la cual se debata y profundice la temática de los Pueblos Originarios (Boletín oficial de la Provincia de Catamarca, 2016:3181).

La Ley Wiphala, como se la conoce en la jerga catamarqueña, en la práctica no ha trascendido lo simbólico, ya que las escuelas de la provincia continúan sin tener una perspectiva intercultural y no se ha tratado una política educativa integral en relación con los pueblos indígenas.

Por último, cabe mencionar que en la actualidad hay comunidades que continúan pagando arriendos en la región de la puna catamarqueña. Hay exploraciones mineras en el territorio donde habitan las comunidades y no se realiza una consulta previa, libre e informada, como indica el derecho internacional, en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado en Argentina a través de la Ley N° 24.071. Además, hay conflicto por la intención de construir un acueducto en el Río Los Patos que beneficiaría a las empresas que extraen litio en la puna de Antofagasta de las Sierras, como lo detalla el siguiente artículo de investigación:

 

Particularmente en la región de puna, actualmente la población antofagasteña, distintas organizaciones sociales y lxs mismxs caciques de las comunidades diaguitas de la puna, han denunciado los impactos negativos que conllevaría la consecución del proyecto de construir un acueducto para desviar y canalizar el río Los Patos para abastecer de agua a las empresas mineras establecidas en el Salar del Hombre Muerto (dpto. Antofagasta de la Sierra), como la minera norteamericana Livent Corporation (ex FMC Lithium) y su subsidiaria argentina Minera del Altiplano S.A., habida cuenta que, tratándose de un ambiente desértico, el consumo de agua para la extracción de carbonato y cloruro de litio y sales boráticas de las salinas comprometería seriamente a la poblaciones humanas y la biodiversidad local, no sólo por el uso y contaminación del agua, sino también por la perturbación misma del sistema hídrico en los frágiles ecosistemas de puna. (Pisani, Delfino y Morales Leanza, 2019:59)

 

 

 

Hito septiembre 2019

 

 

Este es el contexto en el que se enmarca lo sucedido el 15 de septiembre del año 2019 en la localidad de Pomán, cabecera departamental del Departamento Pomán, en la región del oeste catamarqueño. La entonces gobernadora inauguró una estatua de Jerónimo Luis de Cabrera Garay (1586-1662)10 pisando una vasija con reminiscencias diaguitas (Ver imagen 1).

El evento fue en ocasión de rememorar el 386° aniversario de la fundación de dicha localidad, denominada entonces San Juan Bautista de la Ribera de Londres de Pomán; fundada en el año 1633 por el homenajeado colonizador. La estatua fue instalada en la Plaza Principal y asistieron al evento diversas autoridades provinciales, que en la actualidad continúan ocupando importantes cargos públicos (Gobierno de Catamarca, 2019).

El monumento generó el repudio de los vecinos ya que retrotrae simbólicamente el sufrimiento y la explotación a la que fueron sometidos los pueblos originarios de todo el Valle (El Famaillense, 2019). También fue criticada por arqueólogos y estudiosos de la historia local:

 

Quienes somos POMANISTOS y estudiamos LA VERDADERA HISTORIA POMANISTA repudiamos esta obra, a su artista y a quienes la inauguraron. Esa bota sucia de sangre sobre la tinaja o ánfora humilla la memoria de nuestros pueblos nativos, quienes fueron masacrados, humillados y esclavizados por la espada, el látigo y la cruz de los españoles que comandaba este conquistador español. (Diario El Ancasti, 2019).

 

 

Imagen 1. Autoridades locales junto a la estatua

 

 

De izquierda a derecha: Raúl Jalil (intendente de San Fernando del Valle de Catamarca entre 2011-2019 y actual gobernador provincial); Francisco Gordillo (intendente de Pomán); Lucía Corpacci (gobernadora de Catamarca 2011-2019, actual Diputada Nacional), y Rubén Dusso (entonces Ministro de Obras públicas provincial y actual vicegobernador).

 

Fuente: Intendencia de Pomán

 

Entrevistaron al artista plástico que elaboró la obra en el programa de radio informativo de la mañana, La Brújula, que se emite por la reconocida radio provincial Radio Valle Viejo. El autor argumenta que pretendió realizar una obra que refiriera al nombre que tiene la plaza principal: 15 de septiembre; según manifestó, su intención era realizar una estatua realista, que llame a la revisión histórica. En sus palabras: lo que me salía expresar era hacer un colonizador pisando la cabeza de un indio contando lo que fue realmente [...]…traté de hacerlo lo más diabólico posible y le dejé los ojos blancos. Además, declara que consultó al Intendente y al Director de Cultura sobre su idea y que fue aceptada (Álvarez, 2019).

La obra consiste en un colonizador con ojos blancos, pisando con una bota sucia una vasija indígena rota (Ver imagen 2). Este trabajo no pretende realizar una crítica de arte, pero sí se pretende cuestionar el rol de las autoridades, quienes son las encargadas de construir la memoria pública. En el proceso de rememorar este suceso del pasado, no fueron consultados los pueblos indígenas que actualmente habitan el territorio catamarqueño y que tienen organizaciones representativas. Cabe preguntarse, en este punto ¿Cuál es el lugar que se le da a los pueblos indígenas en Catamarca en relación a la construcción de la memoria de la Conquista y la Colonización?

 

 

Imagen 2 - Estatua de Jerónimo Luis de Cabrera pisando una vasija diaguita

 

 

 

Fuente: Diario El Ancasti (2019)

 

 

De manera que, más allá de la obra, el acto de su inauguración (sin las aclaraciones correspondientes por parte de las autoridades públicas) presenta varias líneas de ofensa y discriminación hacia los pueblos indígenas. Por un lado, se continúa celebrando el día de la fundación de la localidad, es decir, el día en que los españoles empezaron a administrar el territorio, despojando a los pueblos que vivían en ese momento de su lugar. Por otro lado, se inmortaliza, a través de una estatua, a la persona que estuvo a cargo militarmente de la exterminación y del genocidio de varios pueblos. Por último, se muestra una vasija diaguita pisoteada por el conquistador.

La pregunta es: ¿Cómo el gobierno provincial se hace de la legitimidad para homenajear a un conquistador y colonizador, refundando el relato del “descubrimiento de América”, encubriendo el genocidio de los pueblos preexistentes a la Conquista y Colonización que habitaron nuestro territorio? Todo ello, además, en un contexto en el cual numerosos pueblos indígenas se están organizando, en el que hay dos leyes provin­­ciales que reconocen la preexistencia de dos comunidades y en el que existen miembros del Consejo de Participación Indígena que represen­tan a nivel nacional a los pueblos del territorio provincial.

Este trabajo sostiene como hipótesis que este acto de inauguración de la estatua, más que indigenista, es darwinista-racista blanquizador en el sentido de Cruz (2018). Un cuestionamiento profundo de las jerarquías raciales instauradas implicaría refundar la historia de la conquista y colonización y comprenderla como un genocidio a los antepasados de los actuales pueblos indígenas. Lejos está Catamarca de lograr una democratización de su sociedad.

 

 

 

Reflexiones finales

 

 

 

Este trabajo postula que el indigenismo es una política de Estado propia de los Estados latinoamericanos que tiene sus raíces en la década del cuarenta del siglo XX y que se ha adaptado a partir de la hegemonía del neoliberalismo desde los años setenta en adelante. En este marco, el indigenismo adopta la forma del multiculturalismo que, si bien acepta y aboga por la diversidad cultural, continúa cercenando los derechos de los pueblos indígenas ya que promueve en última instancia un orden moral, cultural y político blanquizado (Cruz, 2018).

Para llevar adelante el presente artículo, se realizó una revisión de antecedentes de las políticas indigenistas en Argentina a partir del neoliberalismo y se desarrolló sobre cómo el indigenismo en Argentina a partir de los noventa adoptó la forma de un multiculturalismo neoliberal. Luego se reconocieron los avances en materia de derechos que se implementaron a partir del año 2003 y se planteó que el modelo neodesarrollista sostenido por los gobiernos progresistas encuentra un límite para incorporar las demandas de los pueblos indígenas, principalmente en materia territorial. Finalmente se abordaron los tintes darwinistas-racistas de la política indigenista nacional durante la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019).

Dada dicha revisión de antecedentes, empírica y teórica, se ha postulado la importancia de los aportes del estudio de la política indigenista en su dimensión subnacional. Se realizó el análisis del caso de la provincia de Catamarca a partir de la revisión de leyes provinciales y entrevistas en profundidad. La conclusión gira en torno a que desde la política estatal los indígenas son concebidos como sujetos del pasado hasta el año 2000, es decir, varios años después de que se reconoce la preexistencia étnica a nivel nacional en la Reforma de la Constitución de 1994.

Finalmente, también se considera que este proceso de reorganización de las comunidades y pueblos indígenas en Catamarca, trajo aparejada la obtención de leyes provinciales que reconocen, no sólo el derecho de sujeto indígena a estos pueblos sino también el derecho a su tierra comunitaria. Sin embargo, existen en Catamarca comunidades que continúan pagando arriendo, el Estado provincial no garantiza el acceso al derecho a la consulta previa, libre e informada, que establece el Convenio 169 OIT, y aún no hay comunidades que tengan título de tierra comunitaria.

Este es el contexto que legitimó la inauguración de una estatua de Jerónimo Luis de Cabrera Garay el 15 de septiembre del año 2019 en la localidad de Pomán, en el oeste catamarqueño. La obra consiste en un colonizador con ojos blancos pisando con una bota sucia una vasija indígena rota. Dedicamos un especial análisis a este acontecimiento ya que la representación generó fuertes repercusiones y un profundo rechazo entre los vecinos y los analistas en Catamarca. Este trabajo sostiene que este acto homenajea a la Conquista del entonces territorio indígena, fallando el Estado al prescindir de la consulta a los pueblos indígenas en Catamarca, en relación a la construcción de la memoria de la historia de la Conquista y la Colonización. Es una política darwinista-racista blanquizadora y ello ha llevado a cuestionar a las autoridades, quienes son las encargadas de construir la memoria pública.

 

 

 

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