Presentación

 

Presentation

 

Eduardo Luis Espinosa | ORCID: orcid.org/ 0000-0003-3082-7917

profe_ed_l@yahoo.com.mx

Universidad Autónoma Metropolitana

 

Federico Sandoval Hernández | ORCID: orcid.org/0000-0003-4094-2484

fed_05@hotmail.com

Universidad Autónoma de Guerrero

 

México

 

Resumen

Esta es una introducción al Dossier Racismo, democracia y ciudadanía. Hemos querido ilustrar la extensión que tiene el racismo en América Latina. Esa difusión del fenómeno se fija en hechos observables y muy específicos. Ese ha sido nuestro primer paso, dado que existe una tendencia de negación del racismo, que trata de sustraer ese fenómeno de cualquier discusión cultural o social en nuestros países.

A continuación, nosotros hemos mostrado de manera lógica e histórica la correlación de los movimientos antirracistas con las transformaciones democráticas y las movilizaciones ciudadanas. En el caso específico de América Latina en el presente, hemos señalado que ese acople proviene desde la década del 80 del siglo pasado. En algunos contextos nacionales ha avanzado de una manera rápida y profunda en dependencia de la autonomía de las organizaciones de los sujetos racializados.

Finalmente mostramos las evidencias de la desigualdad en el caso de los pueblos indígenas. Esa desigualdad empieza en las desventajas de esos pueblos para hacer uso de elementos naturales a los que se les ha negado el acceso. Eso hace muy evidente la necesidad de democracia en los asuntos indígenas y la insuficiencia de la negación del racismo.

 

Palabras clave: Racismo, Democracia, América Latina.

 

Abstract

This is an introduction to the Dossier Racism, democracy and citizenship. We wanted to illustrate the extent of racism in Latin America. This diffusion of the phenomenon is fixed in observable and very specific facts. That has been our first step, given that there is a tendency to deny racism, which tries to remove this phenomenon from any cultural or social discussion in our countries.

Next, we have logically and historically shown the correlation of anti-racist movements with democratic transformations and citizen mobilizations. In the specific case of Latin America in the present, we have pointed out that this coupling comes from the 80s of the last century. In some national contexts, it has advanced rapidly and profoundly depending on the autonomy of the organizations of racialized subjects.

Finally, we show the evidence of inequality in the case of indigenous peoples. This inequality begins with the disadvantages of these peoples to make use of natural elements to which access has been denied. This makes very evident the need for democracy in indigenous affairs and the insufficiency of the denial of racism.

 

 

 

 

Key Words: Racism, Democracy, Latin America.

 

 

 

 

Primeras palabras

 

 

 

Si analizamos el ángulo de las imágenes y los espacios, nosotros coincidimos con esa afirmación general de Michel Wieviorka (2007) en la que sostiene que, a escala mundial, el racismo ha pervivido a los movimientos por los derechos civiles, a las luchas anticolonialistas, revolucionarias y las transformaciones de la democracia.1

Cuando ponemos cuidado en las observaciones de Fanon (2009) y en las reflexiones de Mbembe (2016) nos damos cuenta de que el racismo ha pervivido en las disposiciones de los espacios, así como en las prácticas y usos que dan a esos espacios su vida útil, funcional, orientadora y estética. Los actores avisados de esa circunstancia, no les sorprende que la racialización sea un continuum y persista sobre el flujo de los procesos tendientes a estimular la participación y la representatividad.

En tal sentido, nosotros nos ubicamos en la estación de las democracias y movimientos ciudadanos en América Latina con ese mismo espíritu: captar el dinamismo que plantean esas tendencias ostensibles frente a un racismo muy poco visible y ver lados inusitados (aunque no inéditos) que adopta en medio de los procesos sociales y culturales de nuestro interés. Uno de esos lados poco comunes por donde la problemática se destapa es por la confrontación de la identidad y los procesos de representación de la nación y de sus espacios.

Los espacios e imágenes comparecen en la significación racista de la vida social. Por eso observamos las sorpresas con que las democracias y ciudadanías parecen inermes ante la negación del racismo. Un racismo que, si bien no está en la cosa que a un espacio o imagen representan, sí se localizan en el tejido de significaciones asociadas a sus y prácticas.

Vemos con asombro a las democracias y ciudadanías cuando no se alertan ante la construcción espacial, territorial y comunicativa del racismo, la cual contemplan con la misma ingenuidad con que unos adolescentes ven hacia un diseño de modas. Eso nos devuelve del campo del racismo al examen de la democracia y la ciudadanía, para pensar que éstas tienen cierto grado de inmadurez. Mientras, el viejo lobo del racismo hace de las suyas.

No nos enfrentamos a un problema con soluciones y recetas. En América Latina, el fantasma del racismo avanza sigiloso por donde han estado sucediendo los procesos de la democracia y los posicionamientos políticos, sociales y culturales de la ciudadanía: lo hace lo mismo por la derecha que por la izquierda. Esos procesos tienen que vérselas con la negación del racismo. Al mismo tiempo, se sincronizan de manera distinta con la actividad antirracista, la cual depende del grado de autonomía actoral que tienen los agentes de esa actividad. Ellos son lo que están llamados a aprovechar las condiciones favorables que generan el régimen democrático y la actividad ciudadana, mientras el Estado y el tipo de sociedad civil, por su configuración, son los que contribuyen a que esos agentes adquieran mayor o menor independencia de acción y toma de decisiones. El tópico tratado no puede ser reducido a algo más simple o constante: sus factores son de un alto grado de variación en cada contexto nacional, ligados a la historia y las culturas propias, mientras que se singularizan por la inserción de ese contexto en las tendencias globales.

Es bueno dejar definido el racismo, intención que tiene caso porque con respecto a la democracia y los movimientos ciudadanos rondan las moscas de la negación de esa denigrante ideología y práctica. El racismo es posible explicarlo como una forma de discriminación fundamentada en prejuicios por factores somáticos (color de piel, textura del pelo y fisionomía). Sus estereotipos perfeccionan sus sentidos con esquematizaciones y desvalorizaciones de grupos completos de la geografía cultural por su origen, ancestros y procedencia territorial (Wade). Esas representaciones adquieren contexturas a través de sintagmas que simplifican en una cadena de signos al cuerpo del racializado (Fanon y Hall, 1996). Esa correspondencia, en la mentalidad social, vincula esos signos para la evocación del cuerpo de los denigrados, cuerpo sugerido con la invisibilidad y la naturalización del desprecio, con las atribuciones de inferioridad y peligro, y con la ausencia de derechos con que se les contempla como grupos sociales.

 

 

 

Espacio y racismo en el presente Dossier

 

 

 

En este Dossier, los artículos que se presentan tratan la cuestión del racismo en espacios locales, nacionales o de interacciones globales.

Los dos estudios de México y el de Perú abordan la problemática racista expandida como parte de la integración de la comunidad del país o de su génesis formativa. En el trabajo intitulado Democracias con racismo, consecuencias para la ciudadanía. Repensando México se diferencian las democracias racistas respecto de democracias con racismo en México. Se analiza la conjunción de prácticas de discriminación colectiva e institucionalizadas, así como el impacto de dimensiones racistas de la democracia sobre la constitución de la dualidad de derechos dando lugar a subciudadanías. El artículo Multiculturalidad e inclusión política en México aborda la categoría de ciudadanía cultural, que refiere a las identidades colectivas, a la diferencia y el autogobierno de los pueblos originarios de México, donde a partir de movimientos sociales como el indígena se reivindican los derechos políticos, culturales y colectivos. Por su parte, en el artículo Raza, Sociedad y Academia Peruana: La exclusión de lo Afrodescendiente en la construcción histórica peruana, se discute sobre la raza en la sociedad y en la academia peruana, a través de un recorrido histórico de su incorporación, los sesgos de raza y los motivos que llevaron a la exclusión de lo afrodescendiente en la construcción histórica de Perú.

En esos estudios de México y Perú resulta muy tenue o muy discreto el énfasis en el impacto que el racismo tiene en la conformación de los espacios. En cambio, ello se focaliza allí donde la investigación se centra sobre lo local, dígase, en los artículos presentados sobre realidades focales de barrios latinos en Estados Unidos, un municipio colombiano y una provincia argentina.

La investigación registrada como Barrios en El Paraíso: la movilidad social y espacial de Latinos en un suburbio estadounidense, propone un enfoque en dinámicas socioespaciales para esclarecer la complejidad y contrastes de la población Latina y su crecimiento en un suburbio de Chicago, se discuten posibles rumbos en las relaciones entre Latinos y Latinoamericanos. El estudio sobre El Racismo es también un problema de Salud Pública da a conocer una investigación en la población afrodescendiente en Girón, Santander, Colombia, en la que detectó que el racismo es un problema de salud pública. Para ello se apeló a una metodología de relatos de vida desde una perspectiva etnosociológica e interpretativa. En la misma línea de análisis local, ¿Racismo en el siglo XXI? Política indigenista en Catamarca, Argentina, sostiene que existen políticas estatales en Argentina con contenido racista-darwinista, el caso de los indígenas de la provincia de Catamarca que son concebidos como sujetos del pasado hasta el 2000, años después de la preexistencia étnica nacional en la Reforma de la Constitución de 1994.

Pareciera ser que, en la medida que sube la extensión del nivel local al nacional, ello conlleva a que el racismo sea poco valorado como factor de conformación de los espacios. Sin embargo, demuestran lo contrario los dos artículos que abordan la problemática en la escala global.

Más bien, la tradición de investigación desde donde se escribe del asunto racial modula que se explore con más o menos énfasis la incidencia de la discriminación por razones somáticas en la formación espacial, independientemente, del nivel de integración que se explore.

En el nivel global, se hace una indagación interesante del racismo y configuración de los espacios por parte de los autores que elaboraron los siguientes artículos.

In Search of Happiness: Connecting Racism, Gender, and Class across borders es una publicación que trata sobre el turismo sexual en Brasil, específicamente entre europeos y brasileñas de piel clara. Se toma en cuenta la interseccionalidad entre raza, género y clase, argumentando que estos encuentros son reflejo de la redefinición de las disparidades económicas en el plano geopolítico. El otro texto que se ubica en la escala global, con la apelación a un análisis comparado, es Urban marginality, racial inequalities and welfare expansion in Brazil and South Afri­ca. Sus argumentos se basan en el examen de las transformaciones acaecidas recientemente en los territorios que encarnan la injusticia y la desigualdad racial en Brasil y Sudáfrica. Se pone énfasis en la relación entre la asistencia social y los patrones de marginalidad urbana.

 

 

 

La negación del racismo

 

 

 

El racismo tiene raíces históricas muy profundas en América Latina. Es un fenómeno que se extiende de manera muy amplia por la vida social y cultural de nuestros países. Se puede descubrir en la constitución y las dinámicas de los territorios y regiones, en los lenguajes que articulan las comunicaciones y en la interacción entre personas al establecer espacios de vida y actividad, marcar sus tiempos y establecer ordenamientos humanos.

Esa extensión es omitida por la negación del racismo, cuyas tácticas simbólicas están muy enraizada en América Latina. Ese mentís ante el racismo, a lo sumo lo presenta como un asunto de derechos humanos que reparar o una simple ofensa de la que se debe exigir una disculpa. De esa forma, la discriminación por motivos de somatización se le representa como un asunto tan limitado que se le coloca fuera del quehacer de la gente por mejorar sus vidas y planear sus acciones. Al racismo se lo enfoca como un simple accidente o confusión (suele decirse así en los media, que se escandalizan porque no ha llegado una disculpa o dictamen de un órgano de derechos humanos).

La negación del racismo es un repertorio de tretas simbólicas. Se caracteriza por hacer procedimientos con el sentido para persuadirnos de lo fútil que es ese fenómeno para nosotros los latinoamericanos:

 

 

Esa negación del racismo es fáctica. Se objetiva en cosas y acciones. El propio establecimiento de un criterio de raza y con ello de manejo simbólico del mismo para la discriminación proviene de la ubicación territorial de determinados grupos étnicos (Wade, 1997:52). Es una especie de delimitación somatizada de la gente según el territorio de asentamiento y procedencia. La segregación residencial es otra manera muy concreta en que se expresa el racismo en ciudades y regiones latinoamericanas en las que se enseña y se propaga que no existe separación espacial (muchas veces ningún otro tipo de separación) por razones de raza. Cuando el asunto se evidencia con datos se acude a señalar que se trata de un distanciamiento espacial entre clases. Pero, en réplica a tal criterio superficial, la investigación ha afinado sus indagaciones mostrando sistemas de macrosegregación racial en Sao Paulo y Rio de Janeiro (Telles, 2006:198). De igual modo, la indagación de la investigación interseccional de distintos factores de desigualdad social, ha arrojado que el racismo recorre con relativa independencia del factor de clases a la distribución del espacio y una segregación (que pudiese llamársele microlocalizada) por toda la ciudad de Bogotá, según el estudio de Urrea y Viáfara (2016).

Hay una apropiación de los espacios, los tiempos y las interacciones sociales desde una significación que se reclama de la distinción conferida a la blanquitud, al sentido de hacer y accionar conforme a lo que se entiende es patrimonio intransferible de una cultura blanca. Al respecto, entre las ideas ensayísticas de Bolívar Echeverría (2011) y las investigaciones de Telles (2014), se nos abre un panorama para comprender cómo el mecanismo principal para la difusión e implantación de la blanquitud –por su atractivo conferido- es en lo esencial el trabajo educativo que se realiza a nivel formal y en la socialización de las personas en los criterios de mestizaje. A esa educación extendida se comienza a abonar desde los libros de texto, la forma y el contenido de los mensajes formativos que se reciben en todos los niveles formales o no, con el fuerte refuerzo de los media con su papel de difusor primordial en la socialización.

En este asunto, la pericia de Zárate (2011:363) nos señala la manera en que ese fenómeno educativo sucede en Perú del brazo de la representación espacial de regiones y ciudades. Tal como ocurre -pienso yo por otras evidencias empíricas mostradas por la investigación- en variadas territorialidades de otros países latinoamericanos, a través de los sentimientos ambivalentes de desprecio y temor de los tradicionales medios urbanos y la clase dominante hacia los sectores populares campesinos [así como indígenas y afrodescendientes]. Aquí el mestizaje muestra los límites de su idealidad y de lo que tiene de fabricado, diría con Bonfil (2000), la ideología del mestizaje2. Esa artificialidad se inventa con los recursos que las elites tienen para significar sin crítica alguna. Entre esos medios, los más amplios son la educación, los media y las invenciones de la organización espacial. Súmense a esa parafernalia los objetos diseñados y los mensajes de la comunicación audiovisual.

Hemos puesto a la vista hechos que ponen el racismo en nuestras ciudades y territorios. Sin embargo, cuando la negación de ese fenómeno persiste en entenderlo como un accidente o confusión, entonces no se le somete a las actividades que conducen a la crítica social, ni se le vincula al balance de aquellas cosas que pudiesen estorbar al mejoramiento de la vida de la gente. Empero, nosotros sostenemos el punto de vista contrario, el racismo hay que vincularlo al más amplio escrutinio público dada la diversa manifestación en nuestras sociedades, para así contribuir a su mejor conducción de los procesos sociales; a la más diversa convivencia y participación; a una inclusiva toma de decisiones y práctica de los derechos. Habría que preguntarse si una adecuada dirección de las sociedades puede hacerse en medio de la sub-representación étnica, marcada por una pigmentocracia blanca en el aparato de Estado, la educación, las empresas privadas... Vale la pena plantear la interrogante de si puede haber una convivencia armónica allí donde unos ciudadanos tienen de hecho menos oportunidades y derechos, asociado ello al pigmento de su piel. La misma clase de cuestionamiento merece hacerse ante el hecho de que si hay sujetos subvaluados y apartados de los colectivos y comunidades por razones raciales, entonces habría para ellos la misma calidad en sus acciones y solidaridades. Por supuesto la participación merma, pero con ese decrecimento la toma de decisiones se hace segada, con quiebres en los consensos que aglutinan a la acción común; con falta de reconocimiento a la universalidad de los derechos. He aquí donde la democracia y la ciudadanía entronca con las problemáticas que el racismo plantea a la sociedad y la cultura.

 

 

 

El racismo confrontado

 

 

 

El racismo es imposible de negar, está en evidencias fácticas, como las que hemos mostrado líneas arriba. Por su incidencia negativa en la vida de la gente, se le tiene por un fenómeno que puede ser confrontado por la democracia y por la actividad de la ciudadanía. Una y otra, por su lógica e historia, encarnan la tendencia a la incompatibilidad con cualquier forma de discriminación. Algo similar puede decir cualquier sujeto con un mínimo de información. Las elecciones libres y el reclamo de tratos justos a la gente son experimentados como garantes de muchos valores y logros sociales y políticos. Pero es una experimentación, una vivencia, una corazonada. No es otra cosa. Esos estados de ánimo pueden ir del lado de la negación del racismo con silogismos de un pensamiento simple y populista: Si hay democracia y una ciudadanía fortalecida por sus conquistas, entonces no tiene por qué haber racismo; todos somos iguales como dice la ley. Silogismo que se repite no porque se crea que existe un imperio de la ley, sino porque se está ante sujetos sin capacidad crítica y muchas veces con una gran pereza para ser agentes de la igualdad racial, una postura que supone informarse y pensar en datos que no nos suministran los medios oficiales. Por ejemplo, cuántos indígenas y afrodescendientes hay en mi trabajo, en mi escuela, en el área regional donde vivo…

Lo que garantiza la oposición de la democracia y la ciudadanía al racismo es la libertad, la agencia y el pluralismo. Dicho en términos de O’Donnell (2010) las elecciones limpias3 -quiere decir legitimadas por el amplio consenso y escrutinio público- suponen un régimen de libertades concomitantes y muy variadas, lo cual debe ser correlativo a una sociedad plena de agencia y un Estado que garantice la posibilidad de elegir. Se precisa una sociedad civil llena de sujetos con agencia para tomar decisiones políticas, y con esa agencia resulta indispensable que esos sujetos tengan bases de poder independiente para actuar por sí mismos, sin la dependencia de cualquier otro. Agencia y capacidad de actuación se concentran en la posibilidad de hacer la elección -sin que quede duda alguna- de quiénes deben regir los asuntos públicos.

Por su parte, el Estado podría ser garante de la democracia si se erigiera con representatividad e imperio de la ley. Debería tener suficiente poder para tomar decisiones que representan a colectivos con amplitud de actuación y agencia, pero que al mismo tiempo puedan contestarle. A la vez sus mecanismos deberían proteger los derechos frente a eventuales decisiones arbitrarias, incluidas las decisiones de aquellos que han sido electos para gobernar (O’Donnell, 2010:175).

De modo lógico, la democracia puede coadyuvar a la lucha antirracista, pero no porque haya democracia, habrá una sociedad libre de racismo. Desde los griegos hasta acá, pasando por los padres fundadores de los Estados Unidos, la democracia no ha sido por sí misma una garantía contra el racismo, es sólo un clima favorable para propiciar la reacción hacia las mentalidades y prácticas discriminatorias. Las libertades y el fomento de la agencia e independencia de los actores suelen ir juntas con la excitación de la aglutinante identidad colectiva y la laxitud que se le confiere a las fronteras étnicas, por lo menos en lo que toca a territorio y población. Hay un concierto del pluralismo, lo cual puede ser muy favorable para que los asuntos raciales afloren a la superficie de la sociedad, que salgan de los fondos psicosociales más reprimidos, donde los sujetos los tienen guardados junto con muchas clases de ojerizas.

El ambiente de una democracia de elecciones limpias sin lugar a dudas y con fuertes estímulos a la ciudadanía es propicio para la reciedumbre antirracista. Pero entendámonos: es necesario que alguien propicie esa resistencia, y no parecieran ser otros que los actores racializados, y desde el recurso de su propia historia, sociedad y cultura (Bonfil, 2000; Moore, 1988, 2008; Stavenhagen, 2007), las cuales han sido negadas o contrariadas en nombre de valores que se reducen a la blanquitud (Fanon, 2009). La democracia, los derechos humanos y las conquistas ciudadanas pueden servir de plataformas de apoyo, pero no pueden ser puntos de partida de la acción antirracista y de la crítica al racismo. Los racializados tienen que tejer su propia autonomía como actores, y la agencia para decidir qué y cómo han de dialogar con la sociedad (Lao-Montes, 2008). Ellos tienen que determinar por sí mismos cuál es el verdadero lugar de su pasado dentro del concierto de tradiciones e identidades que están envueltas por la nación y garantizadas por el Estado. Si no pueden hacerlo, igual será algo que ellos deberán resolver.

Desde el punto de vista histórico, los procesos democráticos y de liberalización de presiones y restricciones de cualquier tipo para la ciudadanía, podrían ir acompañados de una ola de acciones antirracistas más o menos simultánea, más o menos tardía. Cuando ello ha sucedido, no ha sido de manera automática. Más bien, los actores precisos para tener el protagonismo de las acciones dichas saltan a la escena con un telón de fondo que les favorece. Pero subrayamos: los actores apropiados, los racializados, tienen que hacer lo suyo.

Nosotros haremos una breve referencia a dos momentos históricos. Uno en los 60 y el otro a principios del siglo XXI. El primero en una escena mundial de EEUU, Europa y el Caribe. El segundo, en algunos países de América Latina.

En la época de los 60 a los 70, en Estados Unidos, Europa Occidental y el Caribe, los movimientos antirracistas se sincronizaron muy bien con la ruta de las democratizaciones y los movimientos ciudadanos. Tal fue el caso de la lucha por los derechos civiles en EEUU, concomitante con cambios democráticos y libertarios en la sociedad norteamericana. Los movimientos de reconocimiento de la diferencia racial en Europa que coincidieron con el deshielo del franquismo español y el Mayo Francés. Los reclamos de igualdad racial en el Caribe coincidieron con la etapa inicial de la Revolución cubana, la caída de la dictadura de Trujillo y las reformas políticas y descolonizadoras en las islas anglófonas y francófonas.

Sin embargo, en el tránsito del siglo XX al siglo XXI, en América Latina, la lucha contra la discriminación se abrió paso desde la zaga de las transformaciones democráticas iniciada en los 80. La democracia llegó primero y sólo veinte años después entraron al juego los cambios contra la discriminación racial entre los ropajes del multiculturalismo. En ese interín, algunos grupos de acción por la democracia, con sus plataformas de cambios asociados y movimientos ciudadanos, iniciaron su confrontación al racismo impulsando el reconocimiento de la problemática racial y la protección de los grupos indígenas y afrodescendientes. Se empezaron a configurar partidos con bases étnicas en Bolivia y cuya composición fue muy importante en Brasil y Ecuador; pero desde entonces hasta acá no se ha abierto una agenda para establecer una valoración crítica de la negación del racismo, aunque desde aquella época se empezaron a vislumbrar los límites del mestizaje como concepto fundacional de nuestras naciones.4

No obstante, la lentitud de la sincronía entre democracia y antirracismo alcanzó hasta la segunda década del siglo en contextos muy específicos. Esas demoras fueron mayores en aquellos países donde se retrasó la emergencia de actores independientes. Un papel de avance más rápido hacia la simultaneidad de antirracismo y democracia se observa en Brasil, Ecuador y Colombia, naciones que ya hacia la primera década del siglo XXI habían logrado consolidar agentes propios de las transformaciones en materia de derechos raciales. Esos actores con alto nivel de independencia han puesto límites a las intervenciones estatales en los asuntos que a ellos les competen y han remontado los estrechos límites del reconocimiento multiculturalista de indígenas y afrodescendientes para pasar a reclamos más profundos en materia de territorio, recursos naturales, organización comunitaria y en contra de la brutalidad policial. Mientras que el encuentro que nos interesa aquí ha quedado muy rezagado y hasta poco perceptible en México y Venezuela, donde los movimientos étnicos fueron cooptados por agentes que responden a políticas de esos Estados, o en su defecto fueron movimientos que nacieron en el seno del Estado o por llamamiento de agentes de éste. Hablamos de Estados con una profunda y larga trayectoria nacionalista. Dígase un nacionalismo que mantiene la creencia en una sociedad de elites cerradas y movilidad social restringida, que asume la ciudadanía de indígenas y afrodescendientes por la vía del paternalismo y la victimización de esos grupos y que está repleta de mitos engañosos de la defensa nacional frente a una amenaza externa (generalmente norteamericana).

En el caso de las causas antirracistas independientes, ellas fueron capaces de superar una especie de variante de la negación del racismo típica del multiculturalismo.5 Es aquella proclama que enuncia que los racializados han quedado emancipados del gravamen excluyente en virtud de ser reconocidos en los documentos fundamentales de la nación que se trate y al ser identificados como diferentes, lo cual ha ayudado a constituir una democracia vacía6. Sin embargo, en ese estado de cosas han quedado entrampados los movimientos antirracistas que crecieron desde la cooptación estatal, los cuales han tenido menos capacidad para afrontar las diversas variantes de negación del racismo.

 

 

 

Las reflexiones de democracia y ciudadanía

para el crecimiento del antirracismo

 

 

 

Es importante considerar que en la región se ha desarrollado una importante reflexión sobre el fenómeno del racismo, la cual no era muy alta al inicio del siglo XXI. Es más, en algunos países de la región la documentación para establecer discusión sobre el racismo era muy baja antes de la última década del siglo pasado.

Hoy el asunto ha cambiado y se dispone de fuentes de información que sobre todo señalan la situación de desigualdad asociada al racismo. Concluyamos con una apretada síntesis de este problema a los efectos del racismo hacia los pueblos indígenas, donde justamente sus problemáticas tienen que empezar a ubicárseles desde el atropello de los derechos que esos pueblos tienen sobre territorios con sus tierras, aguas y bosques, tal como nos subraya Stavenhagen (2007).

Pese a los avances logrados en promover la participación de los pueblos indígenas en la formulación de políticas y en la actividad política, la gran mayoría ha quedado al margen de los progresos sociales y económicos conseguidos por la región en décadas recientes. Esta población, que está entre las menos saludables y con los niveles más bajos de educación, sufre de manera desproporcionada los efectos del cambio climático y las catástrofes naturales. Asimismo, la democracia incluye un régimen político como un componente fundamental porque su existencia define la ciudadanía política (O’Donnell, 2007:26). Pese a los numerosos retos, América Latina ha registrado una movilización sin precedentes de pueblos indígenas en los últimos años, si bien la tasa de participación política sigue siendo baja, en especial entre las mujeres. Un informe elaborado por el PNUD evalúa a los seis países con mayor porcentaje de pueblos indígenas y menor avance en participación política (Bolivia, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua y Perú).

Ahora bien, la democracia en su sentido pleno implica la extendida existencia de otras ciudadanías: civil, social y cultural (O’Donnell 2007:26), y se agrega ambiental, de tal forma que ese régimen político garantice el ejercicio de una ciudadanía amplia.

En América Latina existen más de 800 pueblos indígenas diferentes que representan un total cercano a los 45 millones de hombres y mujeres, lo que equivale al 8% de la población de la región. La enorme diversidad sociodemográfica, territorial y cultural de esta población fluctúa desde miles de personas que viven en grandes concentraciones urbanas como Cuidad de México o Quito hasta unos 200 pueblos que viven en aislamiento voluntario y contacto inicial (sin relaciones permanentes con las sociedades predominantes de la actualidad) en países como Brasil, Ecuador, Perú o Paraguay.

Aquí se considera que el democrático es el único régimen en donde el ciudadano está provisto de las condiciones que se necesitan para ejercerla, expandirla y consolidarla. Y eso sólo lo puede cumplir un “buen” Estado, que es aquel Estado que es consistente con la democracia, que también es un derecho público e irrenunciable del ciudadano.

En América Latina, en donde la mayoría de sus regímenes políticos no están considerados democracias de calidad, el criterio para medir que tan democrático es un régimen (O’Donnell, 1997; Morlino y Diamond, 2005) lo llamaron democraticidad, que consiste en medir los grados de igualdad y justicia en varias esferas sociales para obtener como resultado la calidad de esa democracia.

Para enfrentar esta problemática se plantea la necesidad de transformar las bases de los sistemas (culturales, económicos, legales y políticos); de exclusión y discriminación, diseñando estrategias que vayan desde el reconocimiento formal de las identidades y derechos colectivos hasta la formulación de políticas públicas, fortalecimiento de programas de cooperación regional e internacional y profundas reformas estatales.

A los efectos de medir la democraticidad de un régimen democrático Morlino y Diamond definieron componentes de la calidad de la democracia agrupados en tres dimensiones de calidad.

En cuanto a la de contenido, señalan la libertad y que ésta debe disfrutarse en dos sentidos: la capacidad de enriquecer la herencia de derechos y libertades disfrutados sin limitar o dañar a otros y los procesos por los cuales estos derechos son asegurados.

En segundo lugar mencionan la equidad, como aquella parte en la que se asegura que cada ciudadano y grupo tenga los mismos derechos y protecciones legales, y también un significativo y razonable acceso a la justicia y al poder.

Y en la dimensión de resultados mencionan la sensibilidad, que viene siendo la capacidad de un gobierno de transformar los intereses de los ciudadanos en políticas y programas, como los grandes retos por desarrollar en América Latina.

Este tema sobre la igualdad/desigualdad/construcción de ciudadanía es abordado para hacer notar la brecha de desigualdad sobre la que se construye ciudadanía porque se considera que es esta brecha la que moldeó los tipos de ciudadanía en la región: la ciudadanía misma se ha convertido en el arquitecto de la desigualdad social legítima (Marshall, 1998:302). Durand (2010) añade que

 

esa igualdad formal de las personas ante la ley es, o puede ser, contradicha o negada por la desigualdad social, por la desigual distribución de la riqueza, de la propiedad, de etnia, de género, que diferencia a los ciudadanos y los puede volver distintos frente al derecho y a las instituciones. (p. 25)

 

La inclusión política de las mujeres indígenas ha sido un desafío particularmente complejo debido a que enfrentan la exclusión por ser mujeres, indígenas y pobres.

Pero además, la igualdad formal ante la ley tampoco es suficiente: no basta que la Constitución defina que todos los ciudadanos que comprende dicha normatividad son iguales, deben serlo efectivamente ante las instituciones encargadas de velar por ello; en especial deben funcionar las instituciones que administran la jus­ticia (Durand, 2010:27). Y de eso se encarga el Estado de derecho: de hacer funcionar las instituciones, en especial las instituciones que administran justicia, si eso no ocurre, se está frente a su negación, frente a una dictadura, total o parcial, o en la forma más crítica: el Estado de excepción (Smichtt, 1997, citado por Durand, 2010). Y así los afrodescendientes son de los más invisibilizados de América Latina, llegando a más de 133 millones de personas, la mayoría está concentrada en Brasil, Venezuela, Colombia, Cuba, México y Ecuador, seguidos por los más de 48 millones de indígenas en la región distribuidos en 800 pueblos originarios.

Por lo anterior, Durand (2010) propone que en el caso de México y otros países de América Latina, el análisis del Estado de derecho y consecuentemente el de ciudadanía debe hacerse tomando en cuenta su opuesto: el Estado de excepción, que en México, afirma, ha sido históricamente permanente y, en consecuencia, de un ejercicio de ciudadanía precaria, esto es, la ciudadanía que los individuos pueden ejercer en un Estado de excepción, donde los derechos y las obligaciones son escamoteados y el estado de legalidad brilla por su ausencia. En esa misma tesitura, Russo (2017) propone llamar ciudadanías fallidas al ejercicio que se ha hecho en América Latina, que da lugar a las subciudadanías por los problemas que radican tanto en el Estado como en la conformación de la nación.

Otra forma de regular la desigualdad es por la vía de la lucha de la sociedad civil, es decir, en la exigencia de derechos por parte de la ciudadanía, aunque no todos los ciudadanos tienen la misma libertad y autonomía y no todos los Estados tienen la capacidad de hacer valer los derechos para todos. Como esto es así, es la razón de que la ciudadanía se concrete en situaciones diferentes y tenga niveles diferentes de un Estado a otro, igual que la democracia.

Es importante poner atención en los procesos de construcción de ciudadanía y en la ciudadanía misma, que se ha concretado en las democracias en América Latina donde les precedieron dictaduras, o sea Estados de excepción, en los que los derechos de la ciudadanía eran precarios y por lo tanto permanecieron inhibidos.

Sin embargo, esa misma precariedad, marginalidad y exclusión, cuando toca la cuerda sensible de la ausencia de un servicio esencial para el desarrollo de su vida diaria (la falta de agua es el ejemplo más claro), es lo que impulsa a estos habitantes a generar organización para resolver esa situación en particular y, eventualmente, a construir ciudadanía.

Porque si bien el régimen democrático no garantiza la vigencia de todos los aspectos de la ciudadanía, es definitivamente en donde los ciudadanos están provistos de las condiciones que se necesitan para ejercer, expandir y consolidar su ciudadanía.

 

 

 

Referencias bibliográficas

 

 

 

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Castellanos, A. (2000). “Antropología y racismo en México”. Desacatos, N° 4, pp. 53-79.

Durand, V. M. (2010). Desigualdad social y ciudadanía precaria. ¿Estado de excepción permanente? México: Siglo XXI.

Echeverría, B. (2011). “Imágenes de la blanquitud”. Antología Bolívar Echeverría. Crítica de la modernidad capitalista. Bolivia: Oxfam-Vicepresidencia del Estado de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

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1 Ya no estamos en los años 50 o 60, cuando podía reinar la esperanza de que el racismo declinaría al mismo tiempo que progresaban los movimientos por los derechos civiles y los procesos de descolonización. La modernidad actual tiene, como antes, su faceta sombría y el racismo no sólo no tiende a desaparecer sino que encuentra en los cambios contemporáneos los recursos para desplegarse nuevamente, a veces en formas clásicas, pero también en formas muy nuevas o renovadas. Emergen nuevos actores racistas sin que por eso desaparezcan completamente los antiguos; nuevos discursos y nuevas prácticas racistas avanzan junto a los más añejos (Wieviorka, 2007:14).

2 Tal como nos señalan Castellanos (2000:67) y Machuca (1998:47) basados en el caso mexicano, el mestizaje es la típica posición ambivalente y de encubrimiento de la asimetría social y cultural. Otorga en la difusión de las ideas y los sentimientos una uniformidad de la diferencia social y cultural, que sólo es una manera imaginada de convivencia en una nación entendida como comunidad imaginada de sujetos iguales y por tanto sin diferencias que se les haya racializado. Con esto no se construye un acercamiento, sino se enmascara el distanciamiento con el indio [y el afro­descendiente].

3 Lo que garantiza la limpieza de las elecciones es que sean constatables, por el consenso social en extenso y por los especialistas, como unas elecciones competitivas, libres, iguali­tarias, decisivas, inclusivas, documentadas e institucionalizadas (O’Donnell, 2010:24).

4 Ver el balance que de ese momento de tránsito nos hace Telles (2014:22-23).

5 Digamos con las palabras con que Balibar (2001:35) resume críticamente el diferencialismo y su época: Iguales; pero separados. Una especie de racismo diferencialista que hasta el día de hoy se conserva del lado contrario del neoliberalismo, dígase, en los movimientos del socialismo del siglo XXI (Espinosa, 2021; Osorio, 2019).

6 Una democracia vacía es un orden político con un déficit profundo de reconocimieito cultural hacia una parte amplia de su comunidad política. Se trata de un orden político fragmentado, un orden político dual de ciudadanos pertenecientes a comunidades reconocidas vs. Habitantes de comunidades ignoradas (y por supuesto despreciadas) (Russo, 2015:219).