Asistencia educativa y exilio

Las acciones conjuntas entre el Comité Ecuménico de Acción Social (CEAS) y el Servicio Universitario Mundial (SUM) hacia la comunidad chilena refugiada en Mendoza

 

Educational assistance and exile.

The joint actions between the Ecumenical Committee for Social Action (CEAS) and the World University Service (SUM) towards the Chilean refugee community in Mendoza

 

Paola Bayle | ORCID: orcid.org/0000-0001-7386-5521

paolabayle@gmail.com

 

Alejandro Paredes | ORCID: orcid.arg/0000-0002-8187-6439

aparedes@mendoza-conicet.gob.ar

 

Centro de Estudios Transandinos y Latinoamericanos

Argentina

 

Recibido: 24/10/2020

Aprobado: 07/03/2022

 

Resumen

El presente trabajo se inscribe en una línea de investigación que aborda situaciones concretas de exilio en tanto fenómeno transnacional donde al menos dos comunidades (la exiliada y la de acogida) se conectan y generan un vínculo que trasciende el momento exiliar. En este sentido, reconstruiremos el accionar de un conjunto de organizaciones que trabajaron articuladas al Comité Ecuménico de Acción Social (CEAS), quien tuvo a su cargo la recepción y asistencia de gran parte de la comunidad chilena exiliada en Mendoza (Argentina) partir de la dictadura militar chilena que derrocó al presidente Salvador Allende Gossens (1970-1973). De manera particular, nos centraremos en la asistencia para la educación otorgada a un grupo de refugiados/as por el CEAS gracias apoyo de organizaciones como el Servicio Universitario Mundial (SUM), entre otras. Focalizaremos en los programas ejecutados, las redes de contactos y el perfil de quienes recibieron asistencia y en el impacto en sus trayectorias vitales, entre otras aristas. Para ello articulamos distintas técnicas y estrategias de investigación; por un lado, ejecutamos un trabajo de recuperación y análisis de archivos documentales, a fin de reconstruir históricamente el proceso analizado y, por el otro, reconstruimos trayectorias vitales de refugiados/as que obtuvieron la asistencia de estas organizaciones.

 

Palabras clave: Refugio chileno, Mendoza, Redes Filantrópicas de Asistencia, Becas Educativas.

 

Abstract:

This work is part of a line of research that addresses specific situations of exile as a transnational phenomenon where, at least, two communities (the exile and the host) connect and generate a bond that transcends the moment of exile. In this sense, we will reconstruct the actions of a set of organizations that worked together with the Ecumenical Committee for Social Action (CEAS), which was in charge of receiving and assisting a large part of the Chilean community exiled in Mendoza (Argentina) from the Chilean military dictatorship that overthrew President Salvador Allende Gossens (1970-1973). In a particular way, we will focus on assistance for education granted to a group of refugees by CEAS thanks to the support of organizations such as the World University Service (SUM in Spanish), among others. We will focus on the programs executed, the contact networks and the profile of those who received assistance and the impact on their life trajectories, among other aspects. For this, we have articulated different techniques and research strategies; on the one hand, we carry out a work of recovery and analysis of documentary archives in order to historically reconstruct the analyzed process and, on the other, we reconstruct the life trajectories of refugees who obtained the assistance of these organizations.

 

Keywords: Chilean Refugees; Mendoza, Philanthropic Support Networks; Educational Scholarships.

 

 

 

 

Introducción

 

 

 

El 11 de setiembre de 1973, el golpe cívico-militar comandado por Augusto Pinochet Ugarte dio por terminado el gobierno de Salvador Allende Gossens, cuya propuesta de construir la vía chilena al socialismo a través de las urnas había despertado el interés de las izquierdas del mundo y de distintos sectores del campo académico, político y sindical, entre otros. Tal como destaca Inés Nercesian (2014):

 

la victoria electoral de la Unidad Popular (UP) en 1970 marcó una nueva temporalidad en el mapa político latinoamericano. A partir de entonces, el debate acerca de las vías más eficaces para la transición hacia el socialismo, y la tensión reforma o revolución, tomó gran vigor en la izquierda. (p. 245)

 

Esta promesa y este debate se vieron violentamente afectados por el golpe militar. Entre sus múltiples consecuencias nos centraremos en la negación a miles de chilenos y chilenas de su derecho a vivir en su patria, es decir, el exilio, o los exilios en plural, atendiendo a las distintas formas de salida del país, de recepción, de experiencias vividas y de retorno (Rebolledo, 2006, Del Pozo, 2006, Yankelevich y Jensen, 2007, Jensen, 2011, Lastra y Peñaloza Palma, 2016 y Roniger, 2016). En este punto, adscribimos a lo planteado por Pablo Yankelevich cuando afirma, en relación a los exilios ocurridos durante las últimas dictaduras en la región, que es necesario no perder de vista que se trató de una de las consecuencias de una política de exterminio inscripta en la Doctrina de Seguridad Nacional. La salida del país fue una forma para preservar la libertad o salvar la vida (2016:13)

Entre las múltiples experiencias que vivió la comunidad chilena exiliada desde 1973, nos centraremos en un espacio de acogida: la provincia de Mendoza (Argentina), y en una de las tantas aristas de este proceso: la asistencia educacional que recibió un grupo de refugiados/as, tal como detallaremos más adelante. En el caso de Mendoza, es necesario resaltar la cercanía geográfica -comparte con Chile el límite natural de la Cordillera de los Andes- y una historia de contactos previos. Por estos motivos se constituyó en el nuevo destino para un importante número de personas perseguidas por la dictadura chilena. Las formas de arribo fueron múltiples: visas de estudiantes, bajo el estatus de refugiados, con la asistencia de organismos internacionales o cruzando la cordillera de forma clandestina. Yankelevich señala que el exilio chileno se trató de un exilio heterogéneo en términos de composición social.

 

Se nutrió de ministros y secretarios de Estado, legisladores, funcionarios gubernamentales, dirigentes partidarios y un ancho contingente de perseguidos. Salieron al exilio los sobrevivientes de un gobierno derrocado y millares de sus simpatizantes, a diferencia de otros casos latinoamericanos donde el exilio fue consecuencia de actividades de oposición al régimen en turno. (Yankelevich, 2016:15)

 

Ahora bien, por las características temporales de la dictadura chilena (17 años) y las múltiples formas de salida y espacios de acogida, entre otras variables, consideramos necesario complejizar esta mirada, pues a Mendoza arribaron, principalmente, sectores populares y con diferentes trayectorias de militancia política y social, según se trate de los años 70 o los años 80. En la década de 1980, muchas/os de quienes arribaron a esta provincia formaban parte de lo que podríamos denominar el amplio espacio de resistencia antipinochetista, con participación política de base en organizaciones barriales, sindicales, estudiantiles, religiosas, de defensa de los Derechos Humanos (DDHH), al margen de poseer o no una adscripción política partidaria.

En un primer momento, las acciones de asistencia a esta comunidad en el exilio fueron dispersas y apoyadas en acciones de solidaridad individual y de organizaciones políticas, religiosas y sindicales. Estas estrategias iniciales lograron sistematizarse, principalmente, bajo la conducción de Comité Ecuménico de Acción Social (1974-1992) conocido por sus siglas CEAS (Paredes, 2007). Es necesario resaltar que, en virtud de su red de apoyo y financiamiento, su ayuda estuvo destinada a quienes obtuvieron la calificación de Refugiado otorgado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Ahora bien, nuestra mirada del exilio en tanto fenómeno transnacional (Bayle, 2019 y Roniger, 2016) nos conduce a rastrear una historia de vínculos previos entre ambas comunidades -la chilena y la mendocina- que contribuye a explicar la direccionalidad del exilio y las estrategias de acogida en esta provincia argentina.

Mendoza, hacia 1973, ya contaba con una larga trayectoria como receptora de chilenos y chilenas que habían arribado por cuestiones económicas o políticas (Paredes, 2005). Durante el siglo XIX Mendoza recibió a migrantes del país transandino, atraídos por el crecimiento de la minería o por la búsqueda de tierras de pastoreo. Asimismo, acogió a cerca de 3.000 patriotas que habían huido de Chile en 1814 cuando Santiago fue reconquistada por los realistas, causando un gran impacto demográfico y social en las tierras de acogida, ya que Mendoza registraba, por entonces, una población cercana a 5.000 pobladores (Hudson, 1931).

Se torna necesario subrayar que, en el Siglo XX y hasta la década del 70 del siglo pasado, Chile no había experimentado un proceso de exilio masivo tal como el que se dio como consecuencia del golpe militar de 1973. Dicho esto, debemos nombrar el desplazamiento de comunistas como consecuencia de la Ley de Defensa de la Democracia, sancionada en 1948 durante la presidencia González Videla, para proscribir la participación política del Partido Comunista (Norambuena, 2000). Sin embargo, esto no impactó significativamente en la llegada a Mendoza de personas exiliadas desde Chile. Según el Censo Nacional Argentino de 1960, en Mendoza había sólo 8.700 chilenos/as (el 1,05% de la población total). Diez años después, en el censo de 1970 el número había disminuido a 8.304 (el 0,85%, de los habitantes de la provincia).

A partir de los acontecimientos de 1973, un grupo numeroso arribó a la provincia desde Chile: ese mismo año ingresaron a Mendoza 31.800 trasandinos/as y sólo entre enero y febrero de 1975 lo hicieron 71.900 (Heras, Guillot y Galvez, 1978: 13). A fines de 1975, la Central Latinoamericana de Trabajadores, basándose en datos proporcionados por sindicatos y organizaciones argentinas, calculaba que había cerca de 400.000 chilenos/as ilegales en el país (CAREF, s/f:3). De este modo, según un estudio realizado por la Dirección de Estadísticas y Censos de Mendoza, el 66% de chilenos/as que vivían en Mendoza hacia 1978 había llegado después de 1973 (1979:15).

En la década de 1980 Mendoza recibió una segunda ola de exilios. A partir de 1983, Chile experimentó el crecimiento de movilizaciones universitarias y en barrios urbanos marginales, conocidos en ese país como poblaciones. Apareció en escena un nuevo grupo de resistencia denominado Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), con base en las nombradas poblaciones, lo que desató una mayor represión estatal con detenciones, allanamientos y asesinatos. Además, se promulgó la Ley Antiterrorista que negaba a condenados los derechos a libertad bajo fianza, beneficios carcelarios, amnistía o indulto. En mayo de 1985, gran parte de la cúpula de las Juventudes Comunistas fue detenida y entre 1985 y 1987 fueron arrestadas 5.717 personas (principalmente dirigentes barriales y sociales) en manifestaciones colectivas. En el año 1986, una serie de acontecimientos fueron investigados por el Fiscal ad-hoc Fernando Torres Silva, quien desató una política de persecución contra personas presuntamente vinculadas a los mismos. Nos referimos al Proceso a la Vicaría de la Solidaridad, la denuncia del gobierno de la existencia de arsenales clandestinos y el atentado al General Augusto Pinochet. Los procesados por los arsenales y el atentado fueron sometidos a torturas, persecución a familiares y largos periodos de incomunicación. En 1987 más de 300 presos fueron procesados por la Ley sobre Control de Armas (en 1980 hubo sólo 20), alrededor de 160 por la Ley Antiterrorista y el gobierno chileno pidió la extradición de personas que se encontraban en calidad de refugiados en Argentina y en Perú (World Council of Churches, 1987).

Así, el incremento en la escalada represiva en Chile provocó el aumento de pedidos de refugio ante el Comité Ecuménico de Acción Social (CEAS) en Mendoza, tal como se observa en el Gráfico N° 1.

 

Gráfico Nº 1. Pedidos de refugio al CEAS entre 1981 y 1991

 

 

Elaboración propia a partir de los datos del Archivo CEAS.

(Para la elaboración de este gráfico tomamos los casos a partir de 1981,

para poder comparar en una década el crecimiento de pedidos de Refugio

hasta el cierre del CEAS, en 1991.

En términos jurídicos, en la comunidad chilena exiliada -entendida en su diversidad- en Mendoza, podemos distinguir a dos grupos; uno que obtuvo estatus de Refugiado (ACNUR) y otro conformado por exiliados/as a quienes no se les otorgó dicho estatus o no lo solicitaron1. El primer grupo, que es el que se detalla en el gráfico anterior, fue asistido por el CEAS y, algunos de ellos, por su intermedio, recibieron asistencia para la educación por el Servicio Universitario Mundial (SUM).

A diferencia del proceso de exilio de los años setenta, la comunidad chilena que arribó a Mendoza en la década siguiente y, particularmente, la que recibió asistencia del CEAS, estaba compuesta, principalmente, por jóvenes provenientes de las poblaciones y universitarios. Portaban, además, experiencias de militancia política en distintos espacios políticos tales como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el Partido Comunista, el Partido Socialista y la Democracia Cristiana (en menor medida, según fuentes orales consultadas). A este heterogéneo colectivo de exiliados/as, se sumaron militantes socio-religiosos cuyas tareas se desarrollaban en barrios urbanos marginales (Gil de Camín, comunicación personal, 14 de febrero de 2001).

El CEAS, en su tarea de recepción y atención de refugiados/as, incorporó y articuló tareas de información y acompañamiento con integrantes de la comunidad chilena refugiada en los años previos. Así, se crearon grupos de esparcimiento, actividades deportivas y sociales, en las que la comunidad chilena exiliada en distintos momentos tejió puentes de comunicación que facilitaron la acogida (CEAS, 1984).

 

 

 

El Comité Ecuménico de Acción Social (CEAS) y su asistencia a refugiados/as

 

 

 

Tal como hemos señalado anteriormente, el CEAS canalizó en Mendoza la asistencia a refugiados/as provenientes de Chile, atendiendo en primer lugar, la emergencia del alojamiento (Paredes, 2007). Tempranamente, en 1974, el CEAS se creó aglutinando a la Iglesia Luterana, la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, Cáritas Argentina, la Cruz Roja Argentina y la Comisión Católica Argentina de Inmigración2. Se conformó una red de apoyo (Keck y Sikkink,1998), en la que el CEAS tuvo un rol fundamental, en tanto vinculó a organizaciones locales con organismos internacionales como ACNUR, el Consejo Mundial de Iglesias -principalmente- y con el Fondo Internacional para Intercambios Universitarios (International University Exchange Fund, IUEF) y el Servicio Universitario Mundial (SUM) para sus tareas de asistencia educativa.

Este Comité comenzó a funcionar en el edificio del Templo Metodista, en el centro de la ciudad de Mendoza y rápidamente fue desbordado por cientos de chilenos/as que llegaban diariamente (Verhoeven, 1977). El CEAS cumplió un papel central en relación al otorgamiento del estatus de refugiado concedido por ACNUR, ya que recibía las solicitudes de refugio y evaluaba. Hacia 1977, asistieron a cerca de 2.000 personas y en total, en el período 1973-1992, el CEAS tramitó 2.539 casos de otorgamiento del estatus de refugiado (CEAS, 1977). Los casos eran individuales y/o familiares, por lo que abarcó a 6.899 personas asistidas legalmente por el Comité.

Asimismo, el CEAS cumplió una importante tarea de denuncia de casos de desapariciones en Chile e intercedió ante numerosos atropellos que recibieron los refugiados por parte de las fuerzas armadas o policiales locales. Debido a esta actitud comprometida, el Comité Ecuménico sufrió el acoso de los aparatos represivos de la dictadura argentina entre 1976 y 1983, que incluyó la explosión de dos bombas en sus oficinas, la persecución de sus miembros y la desaparición de uno de ellos, Mauricio López, y el intento de secuestro de su coordinadora general, Alieda Verhoeven (Paredes, 2018).

Entre las distintas actividades realizadas por el CEAS, fue importante su trabajo de apoyo en la inserción escolar de la comunidad refugiada. Desde 1976, gracias a un programa de International University Exchange Fund (IUEF) se implementaron becas de capacitación técnica para jóvenes y adultos a fin de promover una salida laboral rápida. Asimismo, a partir de 1977, el CEAS abrió un programa de becas para estudiantes primarios y secundarios, tal como expresa el siguiente cuadro:

 

Cuadro 1. Ayuda del CEAS para capacitación (1977)

 

Tipo de ayuda	Nº de personas	%
Capacitación para empleos Estudiantes universitarios Estudiantes secundarios Estudiantes primarios	25 3 24 150	12,4 % 1,5 % 11,8 % 74,3 %
Total	202	100 %

Elaboración propia a partir de los datos del Archivo CEAS.

La ayuda era variada, no incluía en todos los casos becas de estudios; a veces consistía en entrega de útiles o facilitación de trámites para que la persona pudiera estudiar. Los montos para el programa de becas eran otorgados por la sede de ACNUR en Ginebra anualmente, situación que no permitía al CEAS garantizar el sostenimiento económico hasta la finalización de la carrera (CEAS, 1980).

Con respecto al nivel preescolar y jardín de infantes, el mismo fue cubierto con la creación del Jardín Maripositas, que funcionaba en un turno de mañana y otro de tarde. El jardín admitía, también, a niños y niñas de nacionalidad argentina con una situación socioeconómica semejante para favorecer la integración de niños y niñas exiliados/as en Mendoza. El jardín comenzó atendiendo a 15 niños/as en uno de los cuartos de la Iglesia Metodista; cuatros años después, ya asistían en cinco salas de una casa, 118 niños y niñas (Verhoeven, 2/5/77).

El CEAS también otorgó asistencia a estudiantes del nivel primario: durante 1977, 356 estudiantes concurrieron a la primaria, lo que implicaba el 95% de la población infantil asistida por el Comité Ecuménico. En relación a los estudios secundarios, sólo 24 adolescentes fueron a colegios secundarios. De ellos, 19 recibieron becas de ACNUR a partir de mayo de 1977: 6 para estudiar en colegios comerciales, 3 en bachiller y 2 en las carreras de técnico mecánico, químico y magisterio respectivamente. En términos generales, el resto de jóvenes refugiados/as recibieron becas para cursos de mecánica del automotor, en dos casos; una de secretaria comercial y uno de auxiliar de farmacia (Hernández de Vittorioso, 1977). A fines de ese año las becas de ACNUR eran 21 (CEAS, 1977).

Con respecto a los estudios universitarios, los requisitos de documentación solicitados por la Universidad Nacional de Cuyo obstaculizaron el acceso a este tipo de estudios. La intervención de esta universidad a partir de la dictadura cívico-militar en Argentina (1976-1983) implicó un obstáculo más para la inserción de estudiantes refugiados/as en distintas facultades. Se establecieron mayores exigencias burocráticas que difícilmente pudieron franquear: obtención y legalización de una multiplicidad de documentación antes no exigida, visa de estudiantes o radicación, certificados de antecedentes personales y la aversión hacia esta comunidad exiliada por parte de muchos funcionarios. Asimismo, se reducía cada vez más el cupo de estudiantes extranjeros permitidos en cada facultad. El CEAS medió, en el marco de sus posibilidades, entre las instituciones educativas mendocinas y los/as refugiados/as que deseaban ingresar a ellas3. Quienes ingresaban a la universidad, cuando vivían en los hoteles, no tenían espacios físicos para poder estudiar; ni tampoco era fácil la relación de jóvenes universitarios con población adulta en los hoteles. Tal como hemos observado, entre la comunidad exiliada en Mendoza, la universitaria era, proporcional y numéricamente, escasa. En 1977 sólo cuatro eran estudiantes universitarios, tres de ellos con beca de estudio de ACNUR (CEAS, 1977: 2). De todos modos, aunque el/la estudiante hubiera logrado sortear el laberinto político-burocrático, bastaba

 

cualquier movilización estudiantil o actividad política en las facultades para que, aunque ajeno a esto, su condición de refugiado político conocida por el fichaje a que obligo el decreto 1.483/76, lo haga sospechoso antes las fuerzas de seguridad, lo que en el mejor de los casos culminaría con su cese y su vuelta a la situación de origen. (Refugiados políticos universitarios, 1977:1)

 

Hacia 1978, en medio de la agudización del conflicto entre Argentina y Chile por el Canal de Beagle, lo/as refugiados/as sólo pudo acceder a la educación primaria y en las escuelas provinciales (Concejo de Delegados, S/F). La educación secundaria o superior estaba reservada a extranjeros/as con radicación definitiva o a los hijos/as de los refugiados censados según los decretos 1.483/76 y 1.966/77 y que habían sido aceptados como residentes definitivos (Concejo de Delegados, 1978). El CEAS medió ante el gobierno provincial por la inclusión de exiliados/as con decreto negativo (que implicaba que debían dejar el país) y se logró que ese año las solicitudes de ayuda de estudio para alumnos/as secundarios se elevaran a 26, en tanto que sólo hubo un pedido de beca para estudiante universitario.

Con el retorno de la democracia en Argentina (diciembre de 1983), algunas tareas fueron más sencillas en el espacio de acogida, aunque volvió a crecer notablemente la llegada de refugiados/as de Chile, tal como hemos expuesto en párrafos precedentes. Así, el CEAS tuvo que ampliar las tareas de asistencia como el alquiler de hoteles y viviendas y la ayuda mensual para alimentos. La ayuda fue breve, ya que el gobierno argentino había tendido redes de asistencia para chilenos/as que llegaban y era más factible la inserción laboral. En este nuevo contexto, el Comité apresuraba los trámites de radicación para facilitar la inserción laboral y proveía asesoramiento jurídico en solicitudes de asilo y prevención de expulsiones (CEAS, 3/9/85). Asimismo, hacia fines de los años 80 comenzó a crecer el número de chilenos y chilenas que querían retornar a su país y el CEAS, con fondos de ACNUR, otorgó subsidios para favorecer la estadía durante los primeros meses en Chile.

Volviendo a la asistencia para la educación, en 1983 el CEAS consiguió 40 becas: 14 para cursos técnicos, 20 para estudios secundarios y 6 para el nivel superior universitario. Además, se extendió a otras comunidades nacionales. Cuatro de ellas ayudaron a indochinos que iniciaron cursos técnicos, el resto a chilenos y a una argentina (Refugee Education Account, 1983a y 1983b). Al año siguiente, las becas fueron 33 y beneficiaron a 27 chilenos/as, 4 laosianos, un iraní y un argentino hijo de chilenos. Las becas implicaban asistencia financiera para realizar estudios según esta distribución: 16 estudios secundarios, 16 cursos técnicos y 1 curso de español para el refugiado iraní (Refugee Education Account, 1984). También el ingreso de refugiados/as chilenos/as a las universidades fue más sencillo y el CEAS coordinó tareas con las casas de altos estudios para permitir el ingreso de refugiados/as que no tenían toda la documentación.

En este marco, el CEAS realizó actividades conjuntas con el Servicio Universitario Mundial (SUM). En total, entre 1985 y 1987, el CEAS pidió ayuda a esa institución para 48 jóvenes chilenos/as4 y en este último año se registraron 19 becas de estudios (CEAS, 29/06/87).

La indagación realizada en el Archivo CEAS, nos permite afirmar el trabajo coordinado entre el CEAS y el Comité Nacional del SUM de Argentina, cuyo Secretario Ejecutivo era Jorge Taiana. Esta tarea se desarrolló en base a una red de contactos y de apoyos en organizaciones religiosas y de solidaridad internacional, principalmente. Esto permitió la asistencia a refugiados/as mixturando en sus decisiones criterios políticos, ético-religiosos, académicos y humanitarios. En esta instancia, creemos necesario realizar una breve reseña histórica del SUM ya que, cuando esta ONG internacional comenzó a trabajar con el CEAS, contaba con una larga trayectoria en asistencia a refugiados/as y con un recorrido ya trazado por América Latina.

 

 

 

 

El Servicio Universitario Mundial (SUM)

 

 

 

El Servicio Universitario Mundial, conocido internacionalmente como World University Service (WUS) puede incluirse en una matriz de organismos filantrópicos transnacionales no gubernamentales surgidos del campo académico universitario -algunos de ellos con una impronta religiosa- orientados a proveer, de manera particular, asistencia y cooperación a los agentes del campo universitario en situaciones de emergencia y necesidad. El devenir del SUM presentó múltiples modificaciones y una diversificación de estructuras, objetivos, lógicas y espacios de acción.

La historia del SUM se remonta a 1920 y a un contexto europeo de posguerra. Ante los efectos provocados por la Primera Guerra Mundial, un grupo de estudiantes universitarios británicos conformaron la European Student Relief (ESR) para asistir a estudiantes en situación de emergencia. Este accionar se enmarca en el proceso acelerado de expansión de iniciativas filantrópicas, con un perfil internacional y pensadas a largo plazo (Paulmann, 2013). Asimismo, no es posible desligar el nacimiento del ESR de un emprendimiento anterior: el World Student Christian Federation (WSCF), organización ecuménica creada en 1895 y que entre sus iniciadores tuvo al metodista estadounidense John R. Mott (1865-1955), destacado promotor de organizaciones ecuménicas de carácter cristiano5.

La ESR comenzó una etapa autónoma en 1926 bajo el nombre de International Student Service (ISS). De este modo amplió sus objetivos, poblaciones y espacios de acción: asistencia a estudiantes búlgaros (1928) afectados por las inundaciones en China (1931) y por la guerra chino-japonesa (1937) y ayuda a perseguidos/as por razones raciales-ideológicas en Austria y Alemania bajo la influencia nazi.

Durante el período de la segunda posguerra, el ISS se ocupó de la reconstrucción de universidades afectadas y asistió a exprisioneros en su plan de continuar sus estudios universitarios. En 1939 se vinculó a Pax Romana6 para crear junto al WSCF el World Student Relief (WSR). Ya en 1950 estos agrupamientos (ISS y WSR) conformaron una Organización no Gubernamental que adoptó el nombre de World University Service (WUS), conocido en América Latina como SUM.

Esta nueva organización funcionaba a través de Comités Nacionales conformados, principalmente, por universitarios/as de cada uno de los países. Sus funciones principales eran la asistencia a exiliados/as, fortalecimiento de universidades, ayuda material, etc. Desde esta segunda mitad del siglo XX la organización comenzó a mirar otros espacios fuera de Europa -hasta entonces su principal escenario de acción, salvo algunas excepciones-. Los países del denominado Tercer Mundo comenzaron a ocupar la preocupación de organizaciones filantrópicas en un contexto de luchas por la independencia y los procesos de descolonización (Bayle y Navarro, 2018).

En términos generales, diremos que esta ONG, en sus inicios, puso su atención en estudiantes exiliados/as (entendido no en el sentido estrictamente jurídico) sumó otros tópicos como la promoción del desarrollo7, la defensa de los Derechos Humanos (DDHH) y los procesos de recuperación y fortalecimiento de la democracia. Para realizar estas tareas estableció alianzas coyunturales con agencias intergubernamentales y otras ONGs, conformando redes de apoyo8 (advocacy networks) en términos de Keck y Sikkink (1998). El foco en los DDHH se articuló a otras problemáticas que fueron abordadas de manera yuxtapuesta.

En su periplo por América Latina, el compromiso del SUM con los procesos de redemocratización, luego de las rupturas institucionales como golpes de Estado o guerras civiles, se sostuvo por medio de iniciativas presentadas como humanitarias, aunque solapadamente estaban orientadas a trabajar por la restitución de la democracia. Tal como sostienen Peck y Vilas, “el proporcionar apoyo a representantes de una oposición (democrática) y permitir que continúen su involucramiento político en el exterior constituye, casi de por sí, un apoyo a la democracia” (Peck y Vilas, 1997: 19). Asimismo, con los programas internos se apuntaba a un fortalecimiento de la democracia en distintas áreas de la vida social, impulsando programas de género, educación y promoción popular, entre otros.

Así, América Latina comenzó a tener presencia en el SUM a partir de 1960 y, durante esta década, se ejecutaron programas de asistencia en Perú, Chile, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Honduras, particularmente, fortaleciendo centros de estudiantes, programas de salud universitaria, hospedajes y becas (WUS, 1970). Desde entonces, y por una década, desarrolló acciones tímidas de asistencia a estudiantes y de infraestructura. Fue el golpe militar chileno en 1973 lo que generó un cambio radical en relación al vínculo entre esta ONG y América Latina.

Este es el contexto en el cual el SUM diseñó su primer programa de envergadura para la región. Se trató del Chilean Refugee Scholarship Programme (CRSP), puesto en ejecución por el WUS United Kingdom (WUS UK, por sus siglas en inglés). El programa surgió a partir de la preocupación de académicos/as del Reino Unido agrupados en Academics for Chile (AFC), que recurrieron al WUS UK y, gracias al financiamiento del Ministerio de Desarrollo de Ultramar (MDU), el CRSP recibió -entre 1974 y 1986- 11.188.736 de libras esterlinas bajo el concepto de ayuda para el desarrollo. Convergieron así los tópicos centrales que orientaban el accionar del SUM: ayuda humanitaria, asistencia académica a refugiados y promoción de la democracia y el desarrollo al desarrollo (Bayle, 2010, Bayle, 2013 y Bayle y Navarro, 2018).

En los años 70, el SUM comenzó a consolidarse en América Latina atendiendo situaciones de vulnerabilidad social y atropellos a los DDHH, principalmente. Desplegó programas y Comités Nacionales a lo largo de toda la región, articulando con organizaciones locales e internacionales. En términos financieros recibió o canalizó fondos de la Agencia Sueca Internacional de Cooperación al Desarrollo (SIDA, por sus siglas en inglés), del Departamento Finlandés para la Cooperación Internacional al Desarrollo (FINNIDA), del Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca (DANIDA), del Ministerio de Asuntos Exteriores (Países Bajos), de UNICEF, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de la Fundación Ford. El crecimiento del SUM en este período se debió, asimismo, a un factor externo ligado al espacio del financiamiento. La International University Exchange Fund (IUEF), con quien el CEAS también generó tareas conjuntas en una primera etapa, era la gran competidora del SUM por las fuentes de financiamiento. Un hecho al interior de IUEF -un escándalo de espionajes y corrupción fuera de América Latina- generó un aumento en el suministro de fondos para el SUM, con lo que tuvo mayores posibilidades para desplegar sus acciones en América Latina. Es en este contexto que el SUM se articuló con el CEAS para ayudar en la asistencia a familias exiliadas/refugiadas en Mendoza.

 

 

 

Aproximaciones etnográficas de quienes recibieron beca

 

 

 

Tal como hemos explicitado, el CEAS y el SUM compartían objetivos y principios: la asistencia a exiliados/as y la fuerte conexión con el ecumenismo. Estas afinidades confluyeron rápidamente en un trabajo conjunto, en el marco del establecimiento de alianzas coyunturales y redes de apoyo (Keck y Sikkink, 1998). La articulación entre ambos espacios se canalizó en la asistencia educacional, pues las personas en situación de exilio intentaban infructuosamente estudiar con sus propios medios en un contexto tan adverso9. Las becas eran solicitadas al SUM vía la administración y gestión del CEAS quien tenía el contacto con las personas exiliadas. El alto compromiso de ambas organizaciones hizo que, en algunos casos, el CEAS adelantara plata de la beca en tanto realizaba el pedido al SUM, para que no demorar la ayuda10.

A continuación, a partir de una instancia de trabajo de archivo en las cartas de solicitud de refugio y de becas y de un abordaje etnográfico, expondremos breves testimonios en torno al perfil de quienes recibieron asistencia, a fin de evaluar el impacto en sus biografías educacionales y laborales. Presentaremos 15 casos, mencionando el nombre de pila del/a solicitante a fin de resguardar la identidad de las personas. Asimismo, se citarán los legajos analizados al final del artículo, pero no en la descripción de las trayectorias biográficas para garantizar aún más el anonimato.

Vale destacar que quienes recibieron asistencia del CEAS habían podido demostrar que su exilio en Mendoza era fruto de la persecución política en Chile. En este sentido, esta comunidad era portadora de un capital militante, entendido como un conjunto de disposiciones estables; un saber hacer aprendido en instancias de luchas políticas, partidarias y no partidarias (Matonti y Poupeau, 2004 y Poupeau, 2007). En este caso, este grupo de chilenos/as había adquirido esta forma de capital a través de distintas instancias de participación política: sindicatos, organizaciones religiosas, sociales, barriales, de defensa los DDHH y partidarias.

Tal es el caso de Marcos, militante obrero que había participado en noviembre de 1986 en un paro portuario en Valparaíso con bastante adhesión. Esta protesta fue respondida con la persecución a sus líderes, entre ellos el mismo Marcos; situación que lo llevó al exilio.

Sixto, Malva, María y Rubén eran militantes estudiantiles, el primero en la secundaria y el resto en la universidad. Sixto fue elegido dirigente estudiantil en 1983, en plena dictadura. En agosto de ese año fue encarcelado bajo el cargo de tenencia de artefacto explosivo, al que se declaró infundado. Terminó su secundaria, pero debió salir de Chile, en marzo de 1986, al ser finalmente condenado a seis años y un día por tenencia de artefacto explosivo. Malva estudiaba Educación diferencial en la Universidad Católica de Valparaíso y participaba en el Centro de Alumnos, desde donde canalizaba su lucha en defensa de los DDHH. Fue detenida en dos oportunidades y sancionada por el rector delegado Matías Valenzuela Labra (impuesto por la Junta Militar de la mano de las intervenciones a las universidades). Malva continuó con sus actividades políticas, bajo la amenaza constante y el ataque de grupos de ultraderecha de la universidad. Su compañero fue perseguido por la Central Nacional de Informaciones (CNI) y recibió allanamientos en el hogar y espacio laboral; con la sospecha que su entorno también era vigilado. En mayo de 1985 decidieron partir hacia Argentina para dar mayor seguridad a sus tres hijas. En Mendoza, trabajó como empleada doméstica y su compañero en un taller de servicio electrónico. En 1987, Malva revalidó su título secundario y en 1988, ante la imposibilidad de continuar la misma carrera que estudiaba en Chile, comenzó un curso de manicura y peluquería.

Por su parte, María llegó sola en agosto de 1986, también eludiendo la persecución. Una familia ya refugiada que vivía en el barrio Cristo Salvador11 le dio alojamiento, contención y contactaron con el CEAS, para que pudiera conseguir una beca para seguir estudiando, ya que en Mendoza comenzó trabajando como empleada doméstica. Al igual que Sixto, María fue acusada en marzo de 1987 de estar implicada en el ocultamiento de un arsenal. Su padre, tras sufrir un allanamiento, declaró que esta situación no era posible pues María residía en Mendoza desde 1986. Esta breve mención da cuenta de la persecución individual y familiar que experimentaron quienes cruzaron la cordillera en búsqueda de asistencia.

Rubén era militante de la Democracia Cristia­na Universitaria de Chile cuando, en abril de 1986, sufrió un proceso en la justicia militar acusado de portar explosivos al ser detenido después de una movilización universitaria. Luego de padecer la persecución, la cárcel y amenazas constantes para que abandone la universidad, se exilió en Mendoza. Ya en esas tierras comenzó a gestionar su ingreso en la Universidad Nacional de Cuyo y creó, junto a otros compañeros, la federación Universitaria de Solidaridad con Chile, que, aunque era una agrupación pequeña, fue avalada por un congreso de la Federación Universitaria de Cuyo (FUC) en 1987.

Jacqueline, Heraldo, Beatriz y Ariel eran militantes en poblaciones chilenas con prácticas sociales en el seno de organizaciones religiosas que experimentaron procesos de radicalización y compromiso con los pobres en América Latina (Löwy, 1999). A fines de febrero de 1987, Jacqueline, de sólo 19 años, se asentó con su abuela en el barrio La Favorita (Mendoza). A los catorce años, con residencia en una población de Santiago, había participado en actividades parroquiales de asistencia a sectores vulnerables. En diciembre de 1986, la población donde vivían fue cercada por fuerzas policiales en su búsqueda, por lo que se exiliaron en Mendoza. Heraldo vivía en Villa Alemana, desde niño había participado de actividades de organizaciones sociorreligiosas como los Boy Scout, bomberos voluntarios y grupos de Catequesis. En 1981 ingresó al Seminario Mayor San Rafael, pero al año siguiente se retiró. Desde 1982 continuó con su actividad pastoral y, con otros jóvenes creó la Comisión Juvenil de Derechos Humanos en Villa Alemana. A partir de estas actividades comenzó a ser perseguido: su casa fue allanada varias veces y sus compañeros detenidos, por lo que ante el temor por su vida se exilió en Mendoza en 1986.

En línea con las trayectorias anteriores, Beatriz participaba en la Iglesia de San Francisco Javier; fue catequista y monitora juvenil durante 1982 y 1983 en poblaciones de Santiago. En agosto de 1984 la persecución contra ella y su esposo se incrementó, situación que desembocó en el exilio en Mendoza, donde el idioma y la cercanía con Chile facilitaba la inserción y alimentaba la esperanza de un pronto retorno. En 1988, Beatriz comenzó a estudiar enfermería pensando en el regreso a Chile. De manera similar, Ariel (19 años), con su familia, participaba en el Centro Juvenil Cristiano de la población en donde vivían. En mayo de 1984 comenzaron a ser perseguidos, por lo que huyeron a Mendoza, a meses de que el joven pudiera terminar sus estudios secundarios. En la tierra de acogida, trabajó como albañil y su madre como modista.

Juan, Angélica y Máximo militaban barrialmente, apuntando a la asistencia social y cultural. Juan era presidente de un taller cultural-campamento en una población de Valparaíso donde se desarrollaban actividades culturales (festivales, encuentros folclóricos, peñas, cursos de cerámicas, de pintura, de baile y de teatro) y tareas de ayuda a la comunidad. En rei­teradas ocasiones, el centro cultural-campamento fue allanado y sus miembros amenazados. El joven logró concluir la secundaria en Chile, pero no ingresar a la universidad, ante la falta de recursos. Así, comenzó a cursar Construcción y diseño en el instituto de capacitación gratuito que funcionaba en el Sindicato de Estibadores de Valparaíso. A los tres meses de cursar participó en una protesta de profesores y alumnos que concluyó con la disolución del instituto. Igual que él, otros jóvenes quedaron sin poder terminar su formación y temiendo por su vida, se exilió en Mendoza en mayo de 1987. en Argentina fue asistido por el CEAS, realizó cursos de computación y electricidad y revalidó sus estudios secundarios para poder ir a la universidad y regresar a Chile en mejores condiciones.

Angélica vivía en Valdivia, allí se recibió de maestra y luego de Profesora de Audición y Lenguaje con Especialidad en Psicomotricidad. se mudó a Santiago con su hermana y siguió estudiando en la Pontificia Universidad Católica egresando como técnica en gimnasia rítmica deportiva. Paralelamente trabajó en una población como alfabetizadora, por lo que comenzó a ser perseguida y detenida por unos días. En 1984 se trasladó a Viña del Mar y trabajó en colegios estatales y siguió un postgrado en trastornos del aprendizaje, pero nuevamente fue detenida y, esta vez, torturada. Ante el asesinato de su padre y su persecución estuvo internada por depresión, al compás de un permanente acoso de las fuerzas de seguridad, por lo que sus familiares pidieron protección ante los Organismos de DDHH de Valparaíso. En diciembre de 1986 fue dada de alta y en febrero del año siguiente llegó a Mendoza y con ayuda del CEAS/SUM comenzó a estudiar computación.

Máximo provenía de una familia obrera de bajos recursos, por lo que sólo pudo acceder a la educación primaria. En 1984 comenzó en Chile un curso de electricidad del automóvil, pero no lo pudo terminar por falta de dinero. Pudo sobrevivir por sus clases como profesor de Kung Fu. En palabras de la Asistente Social del CEAS, el joven no pudo terminar el curso debido a que fundamentalmente, en Chile hay una dictadura que no les da posibilidades a los jóvenes de sectores populares, sólo los reprime en sus ideas políticas y los expulsa al exilio. Como activo militante opositor a la dictadura militar, era encargado de la defensa personal en las poblaciones. Agentes de la CNI comenzaron a perseguirlo y se exilió en Mendoza el 24 de noviembre de 1986. Su condición irregular en Argentina y sus escasos antecedentes laborales y de formación no le permitieron encontrar trabajo y se dedicó a vender artesanías en cuero y bronce. Alquilaba una habitación con otros tres refugiados y la cocina y el baño eran compartidos con otros inquilinos de la pensión. En 1987 comenzó un curso de bobinados de aparatos eléctricos. Para el CEAS, ayudarlo a financiar el curso era, principalmente, un hecho de justicia.

Tal como hemos observado en los registros del CEAS, algunos exiliados/as como Esteban, Carlos y Haydeé continuaron su militancia en Mendoza. Esteban y Carlos se integraron al Chile Democrático. Esteban afirmó: Tuve que abandonar mi país de origen por tener ideas contrarias a las del “Gobierno” dictatorial, el protestar y tratar de revertir en cierta medida las situaciones de injusticia en Chile. En Mendoza comenzó un curso técnico sobre reparación de radios, con la expectativa de volver a Chile con un oficio que le permita desarrollar un proyecto de vida. Carlos era mapuche y desde 1981 participaba en un proyecto de supervivencia de jóvenes auspiciado por Servicio para el Desarrollo de los Jóvenes (SEDEJ), una organización para el desarrollo juvenil financiada por el Consejo Mundial de Iglesias. En 1984 llegó a Mendoza huyendo de la persecución y comenzó a participar en el Chile Democrático hasta que regresó a su país en 1987. Haydeé era Profesora de Matemática cuando arribó a Mendoza en diciembre de 1986; aunque se dedicó a cuidar a niños/as, daba clases de apoyo escolar gratuitamente a los hijos/as de los refugiados de Chile.

A partir de la sistematización de los relatos en cartas de pedidos de becas, y aun advirtiendo que se trata de una solicitud que debe justificarel pedido de asistencia, podemos afirmar que, en términos generales, el programa de Becas gestionadas por el CEAS y financiadas por el SUM fue destinado al perfeccionamiento en oficios o estudios técnicos y a sectores con escasos capital social y académico. Los criterios para el otorgamiento de asistencia fueron principalmente humanitarios, aunque no estamos en condiciones de afirmar la existencia o no de tensiones de tipo política o partidaria. Por razones vinculadas al espacio de recepción, por un lado, y a las características socioculturales de la población exiliada en Mendoza, podemos decir que las becas del SUM otorgadas en esta provincia difieren de lo sucedido en tierras europeas, donde el SUM administró becas para estudios, principalmente universitarios de grado y de posgrado.

A partir de las trayectorias de militancias encontradas en los casos analizados y a fin de complejizar la mirada en torno a quienes recibieron asistencia, agregamos al trabajo precedente, la siguiente tipología:

 

• Militancia Sindical (el caso de Marcos)
• Militancia Estudiantil (Sixto, Malva, María y Rubén)
• Una variada Militancia Barrial (Jaqueline, Heraldo, Beatriz, Ariel, Juan, Angélica y Máximo)
• Una militancia que hemos denominado trasandina, para caracterizar a aquellos que continuaron su accionar en Mendoza, como se ve en los casos de Esteban, Carlos y Haydeé.

 

El cuadro que sigue a continuación sintetiza los espacios de militancia en los que el grupo analizado adquirió su capital militante.

 

 

Cuadro 2. Militancias políticas encontradas en los casos asistidos por CEAS-SUM

 

Espacio de Militancia	Características	Casos
Sindical	Portuaria	Marcos
Estudiantil	Secundaria	Sixto
	Universitaria	Malva, María y Rubén
Barrial	Político-religiosa (parroquial y en otras organizaciones barriales)	Jaqueline, Heraldo, Beatriz y Ariel
	Cultural y social (organizaciones culturales barriales)	Juan, Angélica y Máximo
Trasandina	Militancia en Chile y entre los exiliados/as en Mendoza	Esteban, Carlos y Haydeé

 

Elaboración propia a partir de los datos del Archivo CEAS.

 

Otro aspecto notorio en los datos biográficos, es la precariedad laboral de exiliados/as en Mendoza. Su paso al exilio implicó una instancia de movilidad social descendente. Malva y María, eran estudiantes universitarias en Chile, mientras que en Mendoza eran empleadas domésticas. Máximo vendía artesanías de cuero y bronce. Ariel, estudiante secundario en Chile, en Mendoza trabajó como albañil. Finalmente, Haydeé, que en Chile trabajaba como Profesora de Matemática, en Mendoza se desempeñó como niñera.

 

Cuadro 3. Actividad laboral en los casos analizados

Caso	Actividad en Chile	Actividad en Mendoza*
Malva	Estudiante universitaria	Empleada doméstica
María
Máximo	Cinturón negro de Kung Fu	Vendedor artesanías de cuero y bronce
Ariel	Estudiante de secundaria	Albañil
Haydeé	Profesora de Matemática	Niñera
*en el resto de los casos se desconoce la actividad laboral en Chile o en Mendoza para realizar su comparación.

 

Elaboración propia a partir de los datos del Archivo CEAS.

 

 

Finalmente, la precariedad se observa también en los estudios financiados por las Becas SUM, las que en su mayoría estaban destinados a costear cursos sobre oficios no vinculados con sus trayectorias previas en Chile, sino más bien, con las posibilidades que brindaba el nuevo contexto en Mendoza, tal como expresa el siguiente cuadro.

 

Cuadro 4: Cursos financiados con las becas otorgadas con el SUM

 

Caso	Estudios con la beca SUM
Malva Juan Angélica Máximo Rubén Esteban	Curso de manicura y peluquería Curso de computación y electricidad Curso de computación Curso de bobinado de motores eléctricos Ingreso a la Universidad Nacional de Cuyo Curso de radio
* En el resto de los casos se desconoce sus estudios en Chile o en Mendoza para realizar la comparación.

 

Elaboración propia a partir de los datos del Archivo CEAS.

 

 

 

Palabras finales

 

 

 

En este trabajo hemos abordado el accionar conjunto realizado por dos organizaciones que, ante el atropello a los Derechos Humanos en Chile, desarrollaron tareas de asistencia a personas exiliadas que obtuvieron el estatus de refugiado otorgado por ACNUR. Se trató del Comité Ecuménico de Cuyo (CEAS) con sede en la ciudad de Mendoza y del Servicio Universitario Mundial (SUM) cuya trayectoria inicial se remonta a la Europa de las posguerras pero que, en los años 70 del siglo pasado, experimentó un importante proceso compromiso con América Latina. Estos espacios tienen historias institucionales diferenciadas, pero el apoyo a exiliados/as y cierta tradición vinculada al ecumenismo los alió frente a una tarea común: la asistencia a personas chilenas en estado de emergencia en Mendoza. En esta provincia el trabajo del CEAS fue fundamental y trasciende al SUM en sentido amplio. Sin embargo, entre ambas articularon en red junto a otras organizaciones internacionales y fundaciones filantrópicas, ya que el CEAS trabajó activamente con ACNUR y el Consejo Mundial de Iglesias. Del mismo modo, ejecutó tareas con International University Exchange Fund (IUEF) entre otras organizaciones vinculadas al espacio de la filantropía transnacional que canalizaron fondos para esta tarea de rescate y asistencia.

A partir de las trayectorias analizadas observamos, en general, un descenso -en términos comparativos con sus experiencias previas en Chile- tanto en términos educacionales como a nivel laboral. Este descenso es mucho más visible en refugiados/as con militancia estudiantil en Chile, ya que su inserción en espacios académicos en Mendoza se vio obstaculizado por múltiples variables (burocráticas, política-ideológicas y económicas) que estas organizaciones no siempre pudieron franquear. Ante las dificultades del escenario de acogida las becas del SUM-CEAS se orientaron principalmente a la preparación en oficios (ver cuadro 4).

Podemos afirmar que este contexto de recepción originó cierta precariedad en las trayectorias laborales o profesionales de quienes recibían asistencia, a pesar la intervención activa de los organismos que las impulsaban, como lo demuestran las numerosas cartas del CEAS a distintos establecimientos educacionales. Así, una vez más, vemos cómo cada comunidad nacional exiliada vive múltiples exilios y múltiples formas de inserción en sus espacios de acogida. La comunidad chilena exiliada en Mendoza se encontró con un espacio de acogida que le brindó asistencia inmediata de emergencia, pero no logró un ascenso en la pirámide social, a pesar de la comprometida ayuda brindada por el SUM y mediada por el CEAS. Esto invita a seguir estudiando y complejizando la mirada sobre el impacto de estos programas internacionales en las trayectorias vitales individuales y colectivas.

Finalmente, retomando la idea de exilio en tanto proceso transnacional, queremos remarcar que el exilio no sólo afecta la vida de quienes deben dejar su patria, sino también la de quienes la reciben, la asisten y conviven con ellos/as, generando un lazo que trasciende la experiencia del exilio. Así, las huellas del exilio chileno en tierras mendocinas aún hoy se evidencian en múltiples espacios. Una de ellas es el impacto y la enseñanza que dejaron estas estrategias de asistencia en quienes hasta hoy están vinculados/as a la Fundación Ecuménica de Cuyo (FEC), organización civil que desarrolla líneas de trabajo ligadas a la educación popular, la promoción de los Derechos Humanos, la asistencia a migrantes en la provincia, la defensa y promoción de los derechos de las mujeres, entre otras actividades que trascienden los objetivos de este artículo.

 

 

 

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