Fuente: elaboración propia a partir de datos de Encuesta ILE. 2020.

Procedimiento y análisis de datos

Para la recolección de los datos, se aplicó un cuestionario cerrado autoadministrado en modalidad online. Previo a su participación, se informó a las participantes sobre los principales objetivos del estudio y se obtuvo su consentimiento informado. La participación fue anónima y voluntaria. La recolección de la información se llevó a cabo entre los meses de noviembre y diciembre del 2020, es decir, previo a la aprobación de la Ley Nacional Nº 27.610, de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

El cuestionario, que fue confeccionado ad hoc, constaba de tres secciones diferenciadas:

• información sociodemográfica y de contexto
• sección general, que podían responder todas las personas y que indagaba sobre percepciones, conocimiento y actitudes hacia el aborto
• una sección destinada exclusivamente a quienes reportaron haber atravesado un embarazo no deseado y, entre estas, quienes habían recurrido a un aborto, donde se profundizaba en el proceso de toma de decisión y aspectos vinculados a dicha práctica.

Así, dentro de la primera sección se incluyeron preguntas sobre lugar de residencia (provincia y si residían en la capital provincial o en alguna localidad del interior provincial), edad, máximo nivel educativo alcanzado, situación ocupacional, ingresos económicos en el hogar, cantidad de hijo/s y persona/s a cargo, y frecuencia de asistencia al culto (como indicador indirecto de religiosidad personal). En la segunda sección se indagó sobre el acuerdo con la legalización de la interrupción del embarazo en diversas causales o situaciones (sí/no); a quién consultarían si necesitaran información por un aborto, la dificultad percibida para acceder a la práctica y los motivos de dicha dificultad, y el conocimiento sobre la situación de legalidad del aborto en 2020 y sobre los métodos para realizarlo. Además, se preguntó el uso y acceso a métodos anticonceptivos. En la tercera sección del cuestionario, se consultó si habían atravesado alguna vez por un embarazo no deseado y, en caso afirmativo, si habían contemplado la posibilidad de realizarse un aborto y si efectivamente interrumpieron el embarazo. Entre quienes interrumpieron alguna vez un embarazo, se preguntó respecto a cuánto tiempo hace que sucedió (más de 10 años, 5 a 10 años o menos de 5 años atrás), quiénes fueron agentes de decisión ante dicha práctica, cuáles fueron las principales razones para realizarla, así como el método utilizado. A su vez, se preguntó cómo se sintieron a partir de la interrupción voluntaria del embarazo.

Para la descripción de los resultados se reportan frecuencias y frecuencias relativas (%), así como las puntuaciones medias en los casos que correspondía. Para estimar la asociación entre variables nominales se calculó el estadístico V de Cramer. Cuando se compararon grupos en alguna variable cuantitativa se realizaron pruebas de diferencia de medias para muestras independientes estimando el estadístico t y su nivel de significación asociado.

Los resultados presentados se estructuran de la siguiente manera: en primer lugar, se describen las actitudes, percepciones y conocimientos sobre el aborto del total de participantes del estudio; a continuación, se exploran las situaciones de embarazos no deseado y, en especial, se describen las características y las emociones vivenciadas por aquellas mujeres que reportaron haber interrumpido su embarazo.

Resultados

Percepción y conocimiento sobre el acceso

a la interrupción del embarazo

El 57.1% de las participantes sostuvo que, si una persona cercana quisiera acceder a una interrupción del embarazo, sería difícil o muy difícil, y sólo el 14,6% creían que era fácil o muy fácil. Entre los motivos señalados, el principal fue el económico: la dificultad de pagar un aborto, que fue mencionado por el 40,6%, seguido por la falta de recursos del servicio de salud (34,6%) y el miedo a la discriminación o a la condena social (33.1%).

Respecto de los espacios de atención, es preciso mencionar que el 41,3% de las personas dijo que nunca consultaría por un aborto. De quienes sí lo harían, el 36,1% recurriría a una clínica privada y el 35,1% a un hospital; 13,9% acudiría a la atención primaria en salud pública (salita o centro de salud), el 9.3% lo haría por su cuenta y el 5% concurriría al socorrismo.

Por su parte, los conocimientos respecto a la legalidad o no del aborto podrían constituirse como barrera para el acceso. Al respecto, el 49% afirmó que el aborto era ilegal en todos los casos, un 34,3% que era legal en algunos casos, el 3,8% que era legal y el 12,9% no sabía. Entre los métodos de aborto, los más reconocidos son las pastillas (44,9%), seguido por el legrado (37,9%) y luego métodos caseros como los yuyos (31,3%) y el perejil (27,4%). La aspiración manual endouterina (AMEU) (23,5%) y las sondas (23,7%) fueron menos mencionadas. La encuesta también incluía un campo para mencionar otros métodos, donde no sólo se incluyeron opciones no seguras caseras, sino que también se mencionan métodos anticonceptivos quirúrgicos (ligadura de trompas) y no quirúrgicos (preservativos, pastillas anticonceptivas, DIU), posiblemente como respuesta asociada a acciones preventivas de embarazos no deseados. Como veremos más adelante, el alto reconocimiento de las pastillas (Misoprostol) puede ser una dimensión relativamente novedosa vinculada a los procesos de visibilización de esta práctica ocurridos en los últimos años y al trabajo de socorristas.

Finalmente, las actitudes hacia la situación de legalidad del aborto representan barreras subjetivas que se relacionan significativamente con la decisión o no de interrumpir un embarazo no deseado. Un 22.5% de la muestra consideraba que el aborto debía estar prohibido en todos los casos, aún contra la ley vigente al momento de la recolección de datos. El 55.3% consideraba que debía estar permitido en algunas circunstancias, y sólo el 17.9% consideraba que debería estar permitido siempre que la mujer lo decida. Además, las actitudes hacia la ILE eran relativamente más favorables (entre un 48% y un 69% de acuerdo para distintas causales) en comparación con la IVE (entre un 17.4% y un 26.1%). En general, el apoyo era mayor cuando la vida de la mujer estaba en riesgo y menor cuando el embarazo interrumpía el plan de vida de la mujer. Entre las posibles causas de una IVE, no tener recursos económicos era la más aceptada (26.1%).

La experiencia de mujeres que reportaron

la interrupción de un embarazo no deseado:

dimensiones objetivas y subjetivas.

Sobre el total de la muestra, 923 mujeres (31,6%) indicaron haber atravesado alguna vez por una situación de embarazo no deseado. Sin embargo, sólo 161 (5,75%) señalaron haberlo interrumpido. Esta proporción puede reflejar un subreporte, dado que muchas mujeres pueden desconocer la situación de legalidad de la práctica (ILE) que, además, pudo verse condicionada por la expectativa de una condena social que podía suponer estas acciones en algunos contextos determinados. Así, los reportes sobre interrupciones de embarazos en provincias incluidas en este estudio no constituyen un dato generalizable; sin embargo, su información nos permite explorar algunas características significativas del desarrollo de estas prácticas en la región.

Particularmente, esta sección se focaliza en algunas dimensiones asociadas al reporte de una interrupción de un embarazo no deseado. Es importante enfatizar que estamos accediendo a la decisión de reportar la interrupción, aunque desconocemos si otras personas de la muestra atravesaron una situación similar sin reportarlo.

¿Quiénes reportaron haber interrumpido un embarazo no deseado? En primer lugar, se trata de mujeres que, al momento de interrumpir el embarazo, eran jóvenes: la media de edad fue de 22,95 años y la moda de 19 años, aunque se reportan casos que van desde los 14 hasta los 41 años. La mayoría de las interrupciones (54,9%) se realizaron hace más de 10 años (al momento de responder el cuestionario), mientras un 25,9% (42 casos) son más recientes y se realizaron dentro de los últimos 5 años de aplicado el cuestionario. Además, quienes reportaron haber atravesado un aborto tienen un nivel educativo relativamente más alto que quienes señalan no haberlo realizado, aunque la asociación entre la decisión de interrumpir un embarazo y el nivel educativo es baja (V= .04, p≤ .05). La relación entre esta decisión y la ocupación es también baja (V=.06, p≤.05), aunque se evidencia que, entre quienes no tienen ocupación remunerada, aumenta la probabilidad de que reporten haber afrontado un embarazo no deseado. A su vez, tienen en promedio menos hijo/a/s o personas a cargo que quienes no lo reportan (t=89.89, p≤.001). No hay una asociación estadísticamente significativa entre la provincia de residencia y la decisión de interrumpir un embarazo, así como tampoco la hay con el hecho de residir en una ciudad capital o en el interior provincial.

No se observan particularidades en este grupo a nivel de frecuencias en términos del uso regular de anticonceptivos modernos: el 54% los usa, tanto si reportó haber interrumpido un embarazo como si no lo hizo. Sin embargo, hay una asociación débil pero estadísticamente significativa entre la frecuencia de asistencia al culto (entendida como una medida indirecta de religiosidad personal) y la decisión de avanzar o no con un embarazo no deseado (V=.09, p≤.001): tanto quienes nunca atravesaron un embarazo no deseado como quienes lo atravesaron y decidieron seguir adelante, asisten comparativamente más a celebraciones religiosas respecto a quienes decidieron interrumpir el embarazo. El 44,4% de este último grupo no asiste nunca al culto, comparado con un 25,3% y un 22,8% de los otros dos grupos.

Al ser consultadas por la persona responsable de la decisión de interrumpir el embarazo, el 60,6% de quienes reportaron una interrupción de un embarazo señala que la decisión la tomaron ellas, mientras que un 26,3% indican que la tomaron junto con su pareja. Un 3,8% reporta que la tomó su pareja, y un 2,5% un/a profesional de salud, casi un 7% no responde la pregunta.

El lugar donde se acudió al momento de la interrupción constituye otro punto a destacar: casi la mitad de las mujeres que señalan haber interrumpido el embarazo lo hicieron en clínicas privadas (76 casos, 47,2%), mientras que un 21,6% (35 casos) lo hizo por su cuenta. Sólo 19 casos (11,8%) acudieron a instituciones públicas de salud (hospital o centro de salud o salita), mismo número de quienes buscaron ayuda a través de redes telefónicas o virtuales de socorristas. Entre quienes recurrieron a centros de salud públicos, se identifican 2 reportes en los cuales el servicio judicializó su caso y retrasó la atención, 3 casos en los cuales el servicio no quiso o no pudo atender a la mujer en una primera instancia por lo cual tuvo que buscar atención en otro lugar, y 1 caso en el cual el/la profesional se proclamó objetor/a de conciencia y tuvo que esperar que otro/a profesional pudiese atenderla. La mayoría de las interrupciones, no obstante, se realizaron sin estas delaciones, y las mujeres señalaron estar conformes con el procedimiento, como se observa más adelante.

Cuando analizamos el método utilizado para la interrupción del embarazo, encontramos que el 31,5% (51 casos) reporta haber utilizado un método medicamentoso (no se distingue si fue misoprostol, mifepristona o ambos). Por otro lado, 55 casos (28,79%) señalan que se les realizó una intervención quirúrgica, y en 13 casos (6,81%) se procedió a una aspiración manual endouterina (AMEU). Finalmente, el 25,3% (41 casos) no sabe o no contesta sobre el método utilizado para interrumpir el embarazo. Resulta significativo advertir que la gran mayoría de las intervenciones quirúrgicas corresponden a interrupciones realizadas hace más de 10 años, mientras que el uso de misoprostol y mifepristona es más reportado en las interrupciones recientes. En este sentido, existe una asociación significativa entre el método utilizado y el momento cuando se realizó la interrupción voluntaria del embarazo (V=.32, p≤ .001) (Ver Tabla 2).

Tabla 2. Asociación entre la fecha y el procedimiento de Interrupción del Embarazo

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Encuesta ILE.

Respecto al acompañamiento durante la interrupción, el 75.5% de las mujeres señala que estuvo acompañada durante la decisión y el procedimiento de interrupción del embarazo. Entre ellas, 52 mujeres dijeron haber estado acompañadas por su pareja (52 casos), amigas/os (42 casos) o su familia (38 casos) (Ver Figura 1).

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Encuesta ILE. 2020.

Al considerar los motivos que condujeron a la decisión de interrumpir el embarazo, se advierte que los más mencionados apuntan al propio proyecto de vida de la mujer (62 menciones), la falta de recursos económicos (48 menciones) y porque no estaba en condiciones de gestar, parir o maternar (38 menciones). Motivaciones relacionadas con la peligrosidad de la continuidad del embarazo para la vida de la mujer (11 menciones) o la salud de la mujer (7), así como el haber sufrido violencia sexual (7) o por defectos congénitos graves del feto (4) son menos mencionadas (Ver Figura 2). Adviértase que aquí las mujeres podían ofrecer respuestas múltiples sobre las causales que motivaron la interrupción del embarazo.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Encuesta ILE. 2020.

Otro punto relevante que permite explorar las barreras subjetivas de las respondentes frente al aborto es el de las emociones asociadas a la práctica de interrupción realizada. Si bien las emociones reportadas por las mujeres tras interrumpir el embarazo son o bien positivas o negativas, los motivos asociados a estas son diversas. Un 21,6% señaló sentirse bien por lograr interrumpir un embarazo que no deseaba y un 17,6% indicó sentirse bien por estar acompañada a lo largo del proceso. Estas menciones se agruparon bajo la categoría Me sentí bien. En contraposición, el 23,5% refirió emociones negativas porque sintió que estaba cometiendo un pecado, el 31,5% se sintió mal porque fue doloroso, y un 19,8% sintió que estaba haciendo algo ilegal. Estas tres referencias se agruparon bajo la categoría Me sentí mal. Sólo 4 casos reportaron emociones ambivalentes, combinando a la vez referencias a emociones positivas y negativas.

Al asociar la respuesta emocional con el apoyo recibido, encontramos que casi la totalidad de las mujeres que abordaron el proceso de forma solitaria reportaron emociones negativas (“me sentí mal”), mientras que la casi totalidad de las personas que reportaron sentirse bien habían estado acompañadas en el proceso por alguna persona de confianza (pareja, amigos/as, familia) (Ver Figura 3).

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Encuesta ILE. 2020.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Encuesta ILE.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Encuesta ILE. 2020.

Finalmente, se indagó sobre el grado de dificultad percibido en torno al acceso a la práctica del aborto dentro de su propio contexto de vida. El 46,3% señaló que fue muy difícil realizarla, mientras un 27,9% señaló que era un poco difícil, 15,7% dijo que era bastante fácil y 2,9% que era muy fácil. Casi un 13% no sabía o prefirió no responder al respecto. Entre los aspectos que hacen muy difícil o un poco difícil un aborto, las mujeres mencionaron las dificultades económicas para pagar el procedimiento (60%), el miedo a la discriminación o la condena social (50,6%), la falta de recursos del servicio de salud para atender abortos (48,1%) y el miedo a la opinión del/a profesional (31,5%).

Discusión

El presente trabajo se propuso conocer e identificar las percepciones y prácticas de mujeres del Centro y NOA sobre al aborto en Argentina, en un escenario previo a su legalización pero con una legalidad bajo el sistema de causales. En este sentido, el estudio aporta nuevos datos en una región geográfica con una importante vacancia en la investigación sobre salud sexual en general y en particular en torno a la percepción de las mujeres sobre los servicios de salud y el acceso al aborto. La principal diferencia con otros estudios similares surge del propio contexto del estudio, ya que aquellos que han sido efectuados en provincias con trayectorias en políticas públicas de acceso a la ILE más afianzadas, reportan experiencias positivas con los servicios de salud (Tyseira, Vila Ortiz, Romero, Ábalos y Ramos, 2022), en contraste con las percepciones y experiencias que se analizan en este trabajo.

Particularmente, en una primera instancia se trabajó con una muestra general que abordó la percepción de mujeres que hayan -o no- interrumpido un embarazo. Este primer mapeo exploratorio permitió atender las percepciones y conocimientos respecto a algunas dimensiones que se constituyen en barreras para el acceso al aborto. En primer lugar se destaca la percepción de las mujeres sobre la accesibilidad al aborto, siendo notable que el 57,1% de las participantes sostuvieron que, si una persona cercana quisiera acceder, sería difícil o muy difícil. El hecho de que la ILE sea considerada como una práctica de difícil acceso, ya sea por su costo económico (el 40,6%) o por la dificultad de falta de acceso al recurso del servicio de salud (34,6%), da cuenta de que desde la percepción de las usuarias el acceso al aborto es un derecho de difícil exigibilidad en el sistema de salud. Junto con ello, otro obstáculo no menor es el miedo a la discriminación o a la condena social, aspecto que analizaremos posteriormente.

De esta primera muestra total, lo reportado por las encuestadas respecto al estatus jurídico del aborto en Argentina en el 2020 es otro aspecto a analizar. Por un lado, confirma lo señalado previamente respecto a la percepción sobre el acceso, donde prima el desconocimiento o la negativa de que el aborto es un derecho exigible en este escenario socio jurídico, en tanto casi la mitad de las encuestadas refiere que el aborto es ilegal en todos los casos. Más aún, en el caso de las mujeres que interrumpieron su embarazo, esta cifra asciende a un 55%. Como ha sido ampliamente estudiado, la criminalización del aborto no constituye un factor disuasorio para su práctica, sino que sólo contribuye a su clandestinidad. Como señalaba el estudio realizado por Petracci, Pecheny, Mattioli y Capriati (2012)en la ciudad de Buenos Aires:

La ilegalidad del aborto está naturalizada en estos relatos: aún cuando algunas y algunos manifiesten su acuerdo con la legalización, en el momento de interrumpir el embarazo se considera la ilegalidad como un dato fijo de la realidad, un marco dado y, por el momento, inamovible. (p. 20)

Asimismo, este dato podría interpretarse desde la propia experiencia subjetiva de las encuestadas. El hecho de que el 55% de las mujeres que abortaron indiquen que la práctica es ilegal, también puede ser indicador de que, en su experiencia, el aborto haya sido practicado en la clandestinidad, lo que retroalimentó ciertas representaciones alrededor de la poca -o nula- exigibilidad del aborto como un derecho. El estigma y la invisibilización así como las dificultades de acceso en las instituciones públicas, forman parte de la construcción social de lo moralmente correcto, como lo legalmente posible en cada contexto, datos que entran en diálogo con los estudios que han abordado esta línea de análisis en la región (Szulik y Zamberlin, 2015; Lista, 2018).

Respecto a los métodos de interrupción del embarazo, y adentrándonos a las experiencias de personas que reportaron un embarazo no deseado, identificamos algunos puntos centrales a destacar. Más alla de que consideramos se presenta un subreporte de los abortos reportados por el estigma de la práctica en este contexto, aún así los datos recabados ponen de manifiesto una brecha muy amplia entre los embarazos no deseados (31.,6%) y los abortos reportados (5,75%), dando cuenta de multiples factores que se intersectan para obstaculizar o disuadir esta desicion.

Por otra parte, los datos presentados también dan cuenta de las transformaciones en las prácticas para abortar en la última década, tal como sugieren otras investigaciones en Argentina y en el mundo (Ramos, Romero y Aizenberg, 2015; Aiken et al., 2018). En primer lugar, es notable que la mayoría de las interrupciones realizadas mediante intervenciones quirúrgicas fueron realizadas hace más de diez años. Asimismo, el aborto medicamentoso aparece en las respuestas como uno de los métodos más conocidos por las respondentes de la muestra global. En segundo lugar, este dato pone de manifiesto el rol que ha jugado el activismo feminista y el socorrismo en la disputa por su acceso, identificando que 3 de cada 10 mujeres señalan haber interrumpido el embarazo por su cuenta y la misma proporción haber usado un método medicamentoso (Drovetta, 2018). Este aspecto no es menor en un escenario normativo donde, como hemos señalado, se presentaban constantes obstáculos y factores disuasorios para el acceso al aborto en las instituciones de salud, sobre todo las públicas.Como se pudo advertir, el sentimiento de malestar sobre el aborto es menor en los casos en los cuales se abortó con misoprostol o mifepristona. Como señala Raquel Drovetta (2015), es preciso considerar cómo la experiencia con el aborto medicamentoso ha permitido a las mujeres posicionarse como gestoras del propio aborto, posibilitando diversos grados de autonomía e inaugurando itinerarios diferenciales en su acceso, siendo un aspecto facilitador de la experiencia. Así, el rol del socorrismo ha sido clave en este escenario político e institucional tanto para garantizar el acceso al aborto como para demandar la exigibilidad de este derecho, y para ampliar los marcos cognitivos en torno a los modos en los cuales se puede desarrollar la práctica. Es por ello que no resulta llamativo que sólo el 10% de las mujeres encuestadas han señalado haber acudido a un servicio de salud público, el 47,2% abortado en clínicas privadas y un 35% realizado la interrupción por su cuenta. Si bien comprendemos estas cifras atendiendo al subregistro y silenciamiento de la práctica, es un dato relevante que el sistema de salud público sea el espacio que menor representación tiene en la encuesta, con sólo 19 de 161 casos totales relevados. Más aún, en algunos casos se señalaron las barreras concretas que, en coincidencia con la literatura sobre el tema, se presentaron en quienes abortaron en instituciones públicas (judicialización, retraso en la atención, objeción de conciencia, y negativa a atender la demanda).

Analizando los motivos para interrumpir el embarazo, la principal razón manifestada por las personas encuestadas es la propia decisión en el marco del proyecto de vida, lo que se vincula a otras manifestaciones como no encontrarse en condiciones de gestar, parir o maternar. Sin embargo, la situación socioeconómica constituye la segunda razón señalada con mayor recurrencia. En este sentido, es preciso señalar que dicha variable debe ser comprendida en un escenario social donde los cuidados son familiarizados y tienen género (Machinandiarena, 2020) y que se puede vincular con otro motivo reportado, como la falta de apoyo familiar. Dichos aspectos demandan una perspectiva interseccional, es decir la responsabilización de las mujeres y personas gestantes sobre la reproducción y crianza, no se desliga de los crecientes procesos de feminización de la pobreza. En este sentido, la decisión de interrumpir un embarazo podría comprenderse en un contexto donde las tareas de cuidado recaen histórica y desigualmente en mujeres y personas feminizadas.

Otro aspecto de los resultados que resulta ilustrativo de las dificultades que se encuentran en el acceso al aborto en dicho escenario es el itinerario mismo para el acceso al aborto. Estudios previos han señalado que los obstáculos presentes en el propio itinerario de acceso a la ILE pueden funcionar como barreras disuasorias para mujeres y personas gestantes (Petracci, Pecheny, Mattioli y Capriati, 2012). Antecedentes más recientes destacan por un lado los laberintos que atraviesan las personas en dicho proceso (Szulik y Zamberlin, 2020), y otros desde el modelo de las tres demoras dan cuenta de la complejidad de factores que obstaculizan estos itinerarios (Tiseyra et al., 2022). Nuestro estudio revela que, aún en un contexto de reconocimiento jurídico a la ILE y de implementación del protocolo de Ministerio de Salud que amplía la causal salud, la información que se encuentra a mayor alcance de las personas que deciden abortar en provincias del centro y NOA de Argentina proviene del socorrismo, así como de clínicas privadas. En la misma línea se ubican los resultados sobre las grandes dificultades percibidas para el acceso al aborto entre las mujeres encuestadas que, en diálogo con lo analizado previamente, se vinculan a la dificultad de costear un aborto en una clínica privada y la falta de disponibilidad de este servicio en el espacio público. Esto construye un escenario que puede caracterizarse como de privatización del aborto previo a la legalización.

Abordando algunos datos que nos arrojan claves para comprender las barreras subjetivas, la encuesta revela que el miedo al estigma y a la condena social constituye un factor relevante en la posibilidad de acceder al aborto. En este sentido pone de manifiesto cómo las emociones son un indicador clave para comprender la manera en que hacen cuerpo las desigualdades de su acceso en la región estudiada. Señala que la ruptura con diversas normas religiosas y legales, muestran la manera en que las construcciones morales heterónomas permean las subjetividades de las mujeres y personas gestantes a la hora a decidir la interrupción de un embarazo (Lista, 2018; Vaggione, Johnson y Bard Wigdor, 2021). Por el contrario, cuando existe un grupo de referencia que acompaña la decisión del aborto, estos sentimientos no aparecen de forma tan pronunciada. Así, o quienes estuvieron acompañadas por familiares o amigas/os revelan referencias de menor malestar luego de interrumpir un embarazo que quienes lo atravesaron en soledad. Estos datos son coincidentes (Johnson, Bosio y Frencia, 2016) con otros trabajos que analizan las opiniones y representaciones sobre el aborto (Ramos, Romero, Ramón Michel, Tiseyra y Vila Ortiz, 2020) y en la experiencia de abortar en personas con creencias religiosas, y permiten comprender la manera en que el contexto moral, religioso y jurídico del contexto en el que viven, moviliza y conforma afectos y emociones sobre la práctica que resultan en diversas ocasiones en barreras para su acceso efectivo (Vaggione, Johnson y Bard Wigdor, 2021).

A pesar de la importancia de los aportes vertidos por este estudio, es preciso señalar algunas limitaciones metodológicas que pueden servir para informar nuevos estudios en el área. De modo específico, tanto el tipo de instrumento utilizado como la modalidad de recolección de datos vía cuestionario digital pueden conllevar un sesgo de autoselección de las personas participantes. Así, las personas más jóvenes y con mayores facilidades de acceso y uso de internet pueden estar sobre-representadas (Diaz de Rada, 2012). Del mismo modo, como se mencionó antes, el hecho de acceder solo al autorreporte puede conllevar justamente un subreporte de la práctica de interrupción del embarazo y/o de algunas de las dimensiones de indagación relacionadas, en especial aquellas que aún se percibían como ilegales u objetos de estigma social.

Conclusiones

Los resultados de este estudio buscan alimentar el vacío en torno a datos estadísticos de mujeres que interrumpen su embarazo, así como contribuir a la implementación de la política pública sanitaria en torno a la interrupción del embarazo en el contexto actual de IVE en Argentina.

Sobre el primer aspecto, es preciso destacar algunas contribuciones centrales. Por un lado, que es un estudio sobre la política de salud sexual en una región poco estudiada (zona central y región noroeste), y con dificultades particulares en el acceso a derechos sexuales y (no) reproductivos. Asimismo la presente encuesta no sólo solo ofrece datos en torno a la opinión sobre el aborto en general, habitual tema de interés de las encuestas de opinión pública, sino que también introduce un tema poco abordado por dichas encuestas como es el acceso y la experiencia de las mujeres en edad reproductiva a los servicios de salud. Respecto a los datos que nos permiten analizar barreras para su acceso, la amplia brecha ente quienes manifiestan embarazos no deseados y su efectivo acceso, ponen de manifiesto la importancia de fortalecer la exigibilidad del derecho al aborto en el sistema de salud público. Esto implica desde el punto de vista sanitario, el fortalecimiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud, como ámbitos de confianza para canalizar abortos, así como del mayor conocimiento de los derechos velados en la normativa tanto por el personal de salud como de las propias usuarias. Asimismo, atender a diversas variables subjetivas donde el activismo socorrista ha puesto de manifiesto la importancia de la construcción de autonomía en las personas gestantes en la práctica contribuye a desmitificar el carácter criminalizador y estigmatizante que ha atravesado la interrupción del embarazo en Argentina, al menos en los contextos sociales aquí relevados. El fortalecimiento de los servicios de salud pública en estos temas, especialmente en el actual contexto legal que habilita el aborto voluntario hasta la semana 14, es un aspecto clave para garantizar al ejercicio del derecho al aborto en Argentina.

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