¿Qué hacer en el Estado?

Mireya Baltra y la memoria de su gestión como ministra de Trabajo y Previsión Social durante el gobierno de la Unidad Popular en Chile

 

¿What to do in the State?

Mireya Baltra and the memorie of her work as Work and Social Security minister

during Unidad Popular’s government in Chile

Lucas Saporosi | ORCID: orcid.org/0000-0001-5187-104X

lucas.saporosi@gmail.com

CONICET

 

Argentina

 

Recibido: 24/4/2023

Aprobado: 4/7/2024

 

Resumen

El presente artículo se propone analizar una serie de pasajes del trabajo de la memoria de Mireya Baltra que dan cuenta de su gestión como ministra de Trabajo y Previsión Social durante el gobierno de la Unidad Popular en Chile. Publicado en el año 2014 bajo el nombre Mireya Baltra: del quisco al ministerio de trabajo, se trata de una escritura memorial que propone, por un lado, un balance político de su experiencia y, por el otro, una tarea más reflexiva que revisa su rol como mujer en los distintos ámbitos de su vida social, familiar y política. Como claves de lectura se toman, en primer lugar, la pregunta por la responsabilidad y la forma de hacerse cargo de sus acciones políticas en un momento singular de su biografía y, en segundo lugar, un modo de reconocer ciertos planteos feministas actuales, pero también contemporáneos a su experiencia política en las décadas de 1970 y 1980, que busca resituar la presencia y demandas del amplio movimiento de mujeres en su memoria. En términos generales, se parte de una pregunta: ¿cómo ha respondido Mireya Baltra al interrogante acerca de qué hacer en el Estado en el contexto de un gobierno que buscó transformar materialmente las estructuras sociales y estatales en Chile?

 

Palabras clave: Responsabilidad, Gestión de gobierno, Memoria, Unidad Popular

Abstract

The purpose of this article is to analyze a series of passages of Mireya Baltra’s memory work related to her period as minister of Labor and Social Security during the government of the Popular Unity in Chile. Published in 2014 under the name Mireya Baltra: del quisco al ministerio de trabajo, this memorial writing proposes, on the one hand, a political balance of her experience and, on the other hand, a more reflective task that reviews her role as a woman in different areas of her social, family and political life. As reading keys, we take, in the first place, the question of accountability and the way of taking charge of her political actions in a singular moment of her biography and, secondly, a way of recognizing certain recent feminist approaches but also contemporary to her political experience in the seventies and eighties, which seeks to resituate the presence and demands of the broad women’s movement in her memory.

In general terms, we propose a question: how has Mireya Baltra responded to the question of what to do within the state in the context of a government that sought to materially transform the social and state structures in Chile?

 

 

Keywords: Accountability, Government administration, Memory, Unidad Popular.

 

 

 

Introducción

 

 

 

Mireya Baltra culminó la escritura de su trabajo de memoria en el invierno del año 2011, tres años antes de su publicación bajo el sello editorial chileno LOM. Llevó el nombre de Mireya Baltra: del quisco al ministerio de trabajo (2014) [2017]1. Como recuerda, fue un pedido de sus compañeros/as y amigos/as: escribe de tu vida, Mireya, al que respondió con una escritura memorial que entrelazaba su biografía personal y su trayectoria política. Sin pudores (…), acariciando recuerdos, vivencias malas y buenas, dolores lacerantes y desgarradores, y momentos de felicidad (“De la pasión a la teoría”, párr. 66), Mireya Baltra reflexionaba sobre su pasado al mismo tiempo que proponía un balance político de su rol como militante y dirigente del Partido Comunista de Chile (PCCh) y como ministra de Trabajo y Previsión Social en el gobierno de la Unidad Popular (UP).

El proceso de la publicación del trabajo estuvo marcado por el período de gobierno de Sebastián Piñera, que había llegado al poder de la mano de una coalición de derecha integrada, entre otros partidos, por la Unión Democrática Independiente (UDI), histórico partido fundado por Jaime Guzmán y aliado del pinochetismo. Durante su mandato, el gobierno se propuso trastocar el rumbo que había tomado el proceso de las luchas memoriales en Chile durante la década anterior y, al hacerlo, buscó tensionar los avances producidos en el tema, especialmente en el ámbito de la pedagogía y la territorialización de la memoria. De este modo, intervino en las disputas por los sentidos del pasado de activación política de los años 1970 y 1980 y por las formas de nombrar la dictadura de Pinochet (Barrientos, 2015; Stern y Winn, 2014).

En este marco, 2011 fue un año relevante: por un lado, se publicó el segundo informe de la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, también conocida como la Comisión Valech II, impulsada un año antes por el gobierno de la Concertación y que permitió reabrir el debate público sobre la perdurabilidad de los efectos de la dictadura. Por el otro, se generaron una serie de movilizaciones y conflictos sociales protagonizados por el movimiento estudiantil que se manifestaban en contra de los efectos del neoliberalismo en la educación formal. Se trataba de la generación que, desde el 2006, venía impulsando cambios profundos en ese ámbito. En ella, como se ha estudiado recientemente (Barriga, 2022; Pleyers, 2022; Grez Toso, 2019), puede rastrearse la genealogía del proceso de activación e impugnación contra las políticas neoliberales del 2019 y del proceso constituyente. Pero, ante todo, la potencia de este proceso se explica en gran parte por la presencia pública del movimiento de mujeres y de los feminismos en Chile, cuya interpelación ha resultado fundamental para comprender -y “desbordar”- la profunda activación política de los últimos años en el país (Richard, 2021; Grau, 2018).

En tales casos, estos movimientos remitían al pasado de los movimientos populares de la época de Allende y de la resistencia a la dictadura de Pinochet, adoptando así las memorias históricas que sus escuelas eran reacias a enseñarles (Stern y Winn, 2014:294)

El trabajo de la memoria de Mireya Baltra apareció en este contexto y se inscribió en una serie de trabajos desarrollados previamente por autores/as que habían sido parte del gobierno de la Unidad Popular: entre ellos, el clásico Adiós, señor presidente (1987) de Carlos Matus (quien fuera ministro de Economía) y Mujer y política (2004) de Carmen Gloria Aguayo (designada ministra de la Familia pero impedida de asumir cuando se consumó el golpe de Estado de 1973). En el caso del trabajo de Mireya Baltra, su registro se acercaba más al de Carmen Aguayo, pero también guardaba puntos de contacto con el trabajo de Matus. Por momentos, su voz proponía un balance político de su experiencia, detallando aciertos y errores en las decisiones y lecturas coyunturales del PCCh y de la UP; y, por otros, realizaba una tarea más reflexiva sobre su biografía, atenta al modo en que los cambios de los tiempos subjetivos y políticos se expresaban en su memoria.

El presente artículo analiza la escritura memorial de Mireya Baltra atendiendo específicamente a revisar los pasajes que dan cuenta de su período en la gestión de gobierno durante la Unidad Popular, entre junio y noviembre de 1972. Siguiendo este objetivo, parto de una pregunta general: ¿cómo ha asumido y transmitido la responsabilidad de su gestión como militante orgánica y ministra de Trabajo y Previsión Social en el gabinete de Salvador Allende? O, dicho de otra manera: ¿cómo ha respondido en su trabajo de memoria al interrogante acerca de qué hacer en el Estado en el contexto de un gobierno que buscó transformar materialmente las estructuras sociales y estatales?

 

 

 

Coordenadas teóricas y metodológicas

 

 

 

Tanto los trabajos de Matus y Aguayo como el de Mireya Baltra son producciones que pueden ser comprendidas en su doble inscripción político intelectual (Acha, 2012): esto es, como escrituras producidas por protagonistas de un proceso político específico que, a la vez, intervienen en el campo cultural e intelectual. Asimismo, también son pensadas como trabajos de la memoria (Jelin, 2002) pero que trascienden ese registro memorial y proponen desarrollos analíticos más amplios respecto al período que narran. Esto se debe, a mi entender, porque parten de un interrogante fundamental que motiva y atraviesa todo el trabajo: la pregunta por la responsabilidad y las formas de hacerse cargo de sus acciones políticas y militantes en un momento singular de sus biografías.

En los casos mencionados específicamente, el problema de la responsabilidad está íntimamente ligado al reconocimiento y a la ponderación de la gestión de un gobierno (el de la Unidad Popular) que se propuso transformar las estructuras del Estado y el modelo de acumulación en una dirección socialista y antimperialista, apoyado por gobiernos y movimientos revolucionarios del continente. Así, cuando se asume este problema con especial énfasis y, sobre todo, cuando se trata de un pasado de activación política y de violencia, estos trabajos suelen tomar la forma de autocríticas, balances político militantes o ejercicios reflexivo de memoria. En este sentido, conjugan dos tipos de registro, o voces de la memoria:

 

• una primera persona (singular o plural) que asume las implicancias de aquella participación y que reflexiona, pondera y reconoce públicamente sus actos;
• un registro más analítico y observador sobre los hechos.

 

En suma, la pregunta por la responsabilidad es, en estos trabajos, una pregunta central de sus memorias2.

 

La escritura de Mireya Baltra además puede pensarse, siguiendo a Sara Ahmed (2015), como un trabajo de traducción que permite restituir y traducir las marcas de su experiencia personal y política en un acto de respuesta en tiempo presente. En este sentido, el registro de Mireya Baltra no se presenta únicamente como un balance político militante, tal como se han podido pensar por ejemplo los trabajos de Luis Corvalán (1982; 1997). En estos, la pregunta por la responsabilidad estaba más asociada a una idea de rendición de cuentas (Ricoeur, 1997). Como señalaba Manuel Cruz (2015) al ligar la responsabilidad con la idea de acción social, tanto la capacidad de respuesta como la toma de posición respecto a un determinado obrar del pasado eran fundamentales para comprender los balances como una respuesta política a la demanda social por reconocer aquellas acciones y sus implicancias.

En el caso de Mireya Baltra, además de esta clave, me interesa recuperar su mirada reflexiva respecto a su biografía: una mirada que le permite revisar su experiencia como mujer en los distintos ámbitos de su vida social, familiar y política. En este caso, la idea de responsabilidad se acerca a otro universo conceptual que permite comprenderla como una forma de dar cuenta de sí misma (Butler, 2005). Una responsabilidad reflexiva (Saporosi, 2021) que explora ese pasado de manera integral y que subraya el lugar de las marcas de aquella experiencia en el presente: las marcas que la vivencia de aquel proyecto dejó en su vida, las marcas de la violencia y el exilio, las marcas de las tensiones generadas en sus espacios de militancia respecto a las relaciones de género, entre otras.

Ya en la década de 1980, Julieta Kirkwood (1986) problematizaba sobre las tensiones que generaban las mujeres militantes en los partidos políticos de izquierda y, específicamente, en la UP, cuando lamentaba que los mil días de aquella experiencia no hubiera contribuido efectivamente a derribar los valores patriarcales y sexistas de la sociedad chilena. Sostenía, por el contrario, que la UP había tendido a reproducir la invisibilización de las mujeres y el franco retroceso a partir de la reproducción de estereotipos patriarcales, androcéntricos (en Oyarzún, 2020:37). Según la autora, la UP tampoco garantizó un verdadero cambio dentro del sistema de relaciones familiares o en el sistema de atribución de género (Kirkwood, 1986:187)

Como han señalado los recientes aportes de Kemy Oyarzún (2020) y Sandra Palestro Contreras (2020), si bien las medidas implementadas por el gobierno popular tuvieron por objetivo contribuir a liberar a las mujeres del espacio doméstico y favorecer la inserción en el mundo del trabajo, también tendieron a reproducir la posición de las mujeres en roles tradicionales de madre, esposa y dueña de casa, en un ámbito privado, doméstico, sin reconocimiento ni valor (Palestro Contreras, 2020:131)3. En efecto, las grandes transformaciones que se promovieron desde el gobierno no se tradujeron en avances para la transformación efectiva de las desigualdades de género, ni para la construcción de nuevas prácticas, roles y representaciones sobre las mujeres. Frente a este dilema, o en palabras de Kirkwood, frente al nudo mujeres (y) política, la autora ponía el foco en la histórica tensión entre el feminismo y la política ligada a los partidos de izquierda y a la política profesional e institucional. Aún así, señalaba que

 

en particular las mujeres que provienen de organizaciones políticas partidarias y que no siempre, ni necesariamente, adhieren a los planteos de la emancipación de la mujer, pero que sin embargo -digámoslo brevemente- han previsto en la mujer un campo a ser desarrollado o incorporado de las más diversas formas al quehacer político. (Kirkwood, 1986:187)

 

Estos planteos de Kirkwood aparecían cuando Mireya Baltra aún estaba en el exilio. En algún punto, el trabajo de Mireya es un reconocimiento y una respuesta a ellos. Sin asumirse feminista, su trabajo intenta recuperar de manera recurrente el modo en que las mujeres se insertaron, no sólo en los partidos políticos en general, sino en la política institucional y gubernamental, esto es, en el ejercicio constitucional del poder. Y, al hacerlo, admite que ciertas demandas de las mujeres tuvieron traducción en su actividad legislativa y en el poder ejecutivo. Se puede decir entonces que, al escribir sus memorias, Mireya Baltra reconoce las palabras de Kirkwood; o, dicho de otro modo, Mireya se reencuentra en ese nudo de la sabiduría feminista.

 

 

 

“Escribe tu vida, Mireya”

 

 

 

Mireya Baltra perteneció a una familia de clase trabajadora. Su madre, proveniente de la ciudad de Yumbel, llegó a Santiago para trabajar como empleada doméstica. Su padre fue suplementero en un quiosco situado en Ahumadas y Agustinas, una zona políticamente activa. En el contexto de la crisis del año 1930, su padre comenzó a participar en las reuniones del Partido Radical y, como recuerda Mireya, también empezó su despertar en la política.

A principios de la década de 1950 comenzó a transformar ese despertar en una toma de conciencia social y política respecto de la situación del país. Abrió su propio quiosco en Matías Cousiño y Moneda y, rápidamente, se agremió en el sindicato de suplementeros. Como recuerda, el quiosco era como un observatorio pero también

 

era un lugar de encuentro para los cartoneros; los niños vagos que concurrían a los juegos Diana de la Alameda; los lustrabotas; los vendedores ambulantes, en fin, para todo el que estuviera dispuesto a saludarse, conversar, intercambiar opiniones y discutir (“De Yumbel a Cousiño con Moneda”, párr. 11).

 

Mireya Baltra encontró en el sindicato de suplementeros una forma de responder a ciertas preocupaciones que habían marcado su vida personal: la falta de oportunidades que afectaba a las mujeres y la injusticia que pesaba sobre quienes intentaban ganarse la vida dignamente (“¿Cómo serán los comunistas?”, párr. 4). En ese entonces asumió como relatora de la Comisión Sindicato Mujer. Como tal, participó y promovió un conjunto de acciones directas desarrolladas por el sindicato en el marco del apoyo a la huelga de los trabajadores del diario El Mercurio, perteneciente a la familia Edwards. Allí, las mujeres cumplieron un importante papel durante el conflicto: realizaron piquetes, protestas, presiones a empresarios y a dirigentes sindicales para lograr sus objetivos. En su trabajo, Mireya las invoca recurrentemente, con nombre y apellido, con sus seudónimos y con semblanzas afectivas. También, como representante del gremio, fue una activa oradora en el Primer Congreso Latinoamericano de Mujeres que se realizó en Santiago y que, entre otras delegaciones, recibió a la cubana encabezada por Vilma Espín Castro.

En 1956 se conformó el Frente de Acción Popular (FRAP) que promovió la candidatura de Salvador Allende para las elecciones presidenciales de 1958. Mireya no era militante de ningún partido entonces pero, en este período, se acercó al socialismo motivada por la figura de Allende: nos hicimos allendistas (párr. 15), afirma. En aquellos comicios, el candidato sacó un 28,5% y, como ninguno obtuvo la mayoría necesaria, el Parlamento quedó con la responsabilidad de elegir al presidente: declaró al candidato de la derecha Jorge Alessandri Rodríguez. Fue entonces que Mireya y su compañero, Reinaldo, decidieron comenzar a militar en el Partido Socialista. Sin embargo, no tuvieron una grata experiencia en las reuniones partidarias y, a los pocos meses, Mireya decidió acercarse al Partido Comunista. Ya había tenido un primer acercamiento con el Partido de la mano de su vecino, Elías Lafferte, quien había sido presidente del PCCh, cuando su familia lo ayudó otorgándole escondite durante una represión en el gobierno de Alessandri (“De Yumbel a Cousiño con Moneda”, párr. 8).

A fines de la década de 1950 entró formalmente al Partido y se sumó a la célula de los suplementeros. Para convertirse en dirigente política debía hacerse valer en el sindicato y participar activamente según la lógica masculina de la militancia: yo llegaba a ser más hombre que los hombres: tenía que intervenir, echar garabatos y agarrarme a puñetes a veces. Yo era un hombre en la política (“¿Cómo serán los comunistas?”, párr. 23).

En 1960 realizó su primer viaje a Cuba en el marco del Primer Congreso Latinoamericano de Juventudes. Una experiencia que le dejó una marca significativa y que la acercó materialmente a una nueva forma de entender y hacer política. Allí conoció a Ernesto Guevara y a Fidel Castro, con quien entabló una profunda amistad que se extendió hasta sus últimos días. A partir de entonces comenzó a asumir nuevas responsabilidades en el partido. En 1961 fue convocada por Julieta Campusano, diputada por el segundo distrito de Santiago y posteriormente senadora de la república, para asumir como dirigente nacional en el rol de miembro de la Federación de Suplementeros. Un tiempo después, fue convocada a ser parte del consejo directivo de la Central Única de Trabajadores (CUT) como encargada femenina. Allí desarrolló una amplia actividad sindical, con una clara orientación a mejorar la vida de las mujeres. En sus palabras, de todos los cargos que he tenido, me quedo con ese, el de dirigente de la CUT (párr. 36)

Al pasar a ser funcionaria del PCCh tuvo que dejar la actividad laboral en el quiosco. En 1963 el Partido la convocó a postularse como regidora a la Municipalidad de Santiago, cargo con el que fue electa hasta 1967. En el cargo, Mireya Baltra recuperó una demanda pendiente del programa presentado por las mujeres de la CUT: la Ley de Jardines Infantiles4. En 1969 fue elegida diputada por el primer distrito de Santiago. Ese año, también asumió como miembro del Comité Central del PCCh. Desde el parlamento, impulsó la ley de previsión para el gremio de los suplementeros y para otros gremios que carecían de previsión social y le dio especial atención a una serie de demandas específicas de trabajadores textiles, de correos y telégrafos, de empleadas domésticas, entre otras. Su experiencia parlamentaria oscilaba entre la calle y la cámara de diputados.

En el marco de la creación de la Unidad Popular, en octubre de 1969, Mireya participó activamente del Frente de Mujeres de la Unidad Popular, del cual también participó Carmen Gloria Aguayo. Su posicionamiento político en la UP se caracterizó, por un lado, por una recurrente reivindicación del rol de la CUT como parte fundamental de ese instrumento político y, por el otro, por una recuperación del programa del FRAP para delimitar el nuevo programa y gestionar un eventual gobierno.

Con el triunfo de la UP en septiembre de 1970 y la ratificación del Congreso en noviembre, Salvador Allende asumió como presidente. En ese primer momento, designó al obrero ferroviario José Oyarce en el ministerio de Trabajo y Previsión Social. Pero, en 1972, la Comisión Política del PCCh le propuso al presidente Allende el nombre de Mireya Baltra para ocupar esa cartera. Así lo hizo desde junio hasta noviembre de 1972.

Fue la única mujer en ocupar un cargo ministerial en la UP.

Aquí, la pregunta inicial asume la primera persona: ¿qué significaba realmente alcanzar el poder y conducir el Estado? (“Un garabato bien dicho…” párr. 25)

 

 

 

Mireya Baltra en la Moneda

 

 

 

El Frente de Mujeres

 

 

El clásico interrogante leninista, Qué hacer, ha sido una inquietud fundamental para los distintos programas revolucionarios y/o de liberación nacional del siglo XX que se orientaban a la toma del poder. En tanto plataformas políticas, estos programas establecían una definición del sujeto revolucionario y un posicionamiento frente al adversario/enemigo, así como las etapas del proceso, la estrategia y la táctica a desarrollar para su consecución. Asimismo, definían un conjunto de puntos fundamentales sobre las acciones y decisiones a llevar adelante una vez alcanzado el poder; en otras palabras, proyectaban qué hacer con esa estructura llamada Estado.

La Unidad Popular lo había propuesto en el año 1969, cuando se conformó como instrumento para participar de la disputa electoral en Chile a partir de la confluencia del Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Radical y el Socialdemócrata, el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) y Acción Popular Independiente (API).

Pero este interrogante cobró otro estatuto al momento de acceder efectivamente al poder: esa definición y proyección pasaba a conformarse en una necesidad de construir una gestión de gobierno. ¿Qué hacer en el Estado? ¿Qué decisiones y acciones político institucionales impulsar en la gestión para poder desarrollar las transformaciones internas y los mecanismos gubernamentales de toma de decisiones en el marco del programa estratégico delineado con anterioridad?

En el caso de la UP, el desafío radicó en cumplir una doble tarea:

 

• preservar, hacer más efectivos y profundos los derechos democráticos y las conquistas de los trabajadores; y
• transformar las actuales instituciones para instaurar un nuevo Estado donde los trabajadores y el pueblo tengan el real ejercicio del poder (UP, 1969:12-13).

 

Se trataba de un desafío que conjugaba la vía electoral como acceso al poder, la esfera constitucional como instancia organizadora de la gestión de gobierno y la praxis revolucionaria como motor político y de correlación de fuerzas; la vía chilena al socialismo5. Un programa que, como recuerda Mireya Baltra, elevó la conciencia y la movilización de amplios sectores revolucionarios, democráticos y progresistas, formulando cuarenta medidas dirigidas a resolver los graves problemas de educación, salud, cultura, vivienda y protección a la maternidad (“Un garabato bien dicho…”, párr. 46).

Alcanzar el poder político reimpulsó toda una serie de tensiones al interior de la unidad que ya venían desarrollándose previamente y que tenían como trasfondo diferentes posicionamientos sobre cómo llegar y conducir el Estado. El trabajo de Mireya Baltra recupera algunas de estas derivas en la rememoración de su gestión en el gobierno, pero también lo hace en el proceso previo, durante la construcción de la UP. En esos pasajes previos a su asunción como ministra, Mireya recuerda que

 

tras la proclamación [de Salvador Allende como candidato de la UP en enero de 1970], las mujeres de izquierda tomamos la iniciativa, junto con sectores progresistas del mundo sindical, intelectual y poblacional, y constituimos el Frente de Mujeres de la UP para contribuir a la victoria del candidato Salvador Allende. Asumió como presidenta de la organización la senadora María Elena Carrera. A mí me correspondió ejercer el cargo de secretaria general. Gran parte de las mujeres chilenas se identificó con las «cuarenta medidas» del programa popular y muchas traspasaron la barrera del estrecho mundo doméstico y privado para ser protagonistas de la vida política. (párr.33)

 

En su memoria, la constitución del Frente de Mujeres significó una instancia fundamental para reunirse con mujeres de los otros partidos de la UP, con distintas trayectorias políticas, y desplegar una actividad militante de una manera transversal y con un objetivo en común: asegurar la participación de las mujeres y convocarlas al voto. Situación que se logró en un doble sentido: por un lado, se logró que muchas militantes de la Democracia Cristiana se retiraran del partido y formaran la Izquierda Cristiana y el MAPU; por el otro, que el voto de las mujeres efectivamente fuera hacia la UP6.

En esos meses antes de la victoria, ya la pregunta sobre qué significaba alcanzar el poder era un interrogante recurrente:

 

¿Pero qué significaba realmente alcanzar el poder y conducir el Estado? Sumar voluntades conquistadas y atraídas por la necesidad de impulsar cambios profundos, zafarnos de la férula imperialista, ser libres para decidir el destino de nuestras riquezas y recursos. El FRAP representó despertar de la conciencia colectiva, fue la base de la convergencia política que alcanzó una expresión orgánica más sólida y un desarrollo programático sustantivo, con la construcción de alianzas firmes y amplias que derivaron en la histórica formación de la Unidad Popular, en 1969, un fenómeno social que hilvanó nuestras experiencias y las de otros pueblos, en particular el cubano, que, por otra vía, había logrado desprenderse del imperio. (párr. 25)

 

Sumar voluntades que se vieran atraídas para impulsar cambios profundos, para zafar del imperialismo, para ser libres. Mireya Baltra conjuga la voz de la militante orgánica de su partido con una voz comprometida en una tarea más extensiva: incorporar al movimiento a sectores sociales históricamente desplazados y, en muchos casos, históricamente antagónicos. Un registro militante que evidencia su trayectoria política y sindical dentro del Partido Comunista, el gremio de suplementeros y la CUT, pero inscripto en el posicionamiento más general de la UP -la convergencia política- que buscaba ya desde su documento programático propiciar la participación política de la ciudadanía como actividad fundamental. En sus palabras, el objetivo de la UP era que cada ciudadano reconociera que importaba, que no estaba demás, que tenía un lugar y que debía ser parte activa de un movimiento político social (párr. 26).

Mireya Baltra pone de relieve cómo la UP y el Frente de Mujeres comprendió que la ciudadanía, y las mujeres en particular, constituían un actor político relevante con el que se debía tender puentes ineludiblemente. Se trataba de asumir la responsabilidad de ese proceso ascendente en el que había que construir alianzas firmes y amplias, más allá de la clase obrera y los sectores campesinos. Ello, como recuerda, constituyó un desafío para los/as partidarios/as del PCCh que debieron asumir como un asunto de responsabilidad política para acceder al gobierno.

 

 

 

Gestión de gobierno y la vía al socialismo

 

 

Al rememorar el período de su gestión como ministra, la voz de Mireya Baltra se detiene en una serie de vivencias al frente del ministerio. Y rápidamente aparece la cuestión de la responsabilidad como un eje central de su transmisión: era una responsabilidad demasiado grande para mis capacidades, pero el desafío estaba planteado y había que asumir (“De Cousiño con Moneda…”, párr. 4). Esa forma de hacerse cargo, que en el pasado se presentaba como una obligación política de una generación frente al Partido y sus bases, sigue siendo reconocida en el presente como un acto reflexivo de responsabilidad. En este sentido, recuerda:

 

la primera vez que asistí a una reunión de gabinete me sentí un poco nerviosa, sentada en esa mesa tan larga y tan ancha, donde estaban todos los ministros de Allende: el ministro del Interior, Hernán del Canto; el de Relaciones Exteriores, Clodomiro Almeyda; el de Economía, Fomento y Reconstrucción, Carlos Matus; el de Educación, Aníbal Palma; el de Justicia, Jorge Tapia; el de Defensa Nacional, José Tohá; el de Obras Públicas y Transporte, Pascual Barraza; el de Agricultura, Jacques Chonchol; el de Tierras y Colonización, Humberto Martones; el de Salud Pública, Juan Carlos Concha; el de Minería, Jorge Arrate; el de Vivienda y Urbanismo, Luis Matte; el de la Secretaría General de Gobierno, Jaime Suárez; el de Hacienda, Orlando Millas, y la ministra del Trabajo y Previsión Social, Mireya Baltra (párr.7)

 

Su nombre irrumpe en la escena masculina de la reunión de gabinete: la única mujer y en una cartera de vital relevancia para el gobierno popular. Aquí, cobra otra relevancia aquella expresión: yo era un hombre en la política, tal vez una de las varias razones por la que su nombre había sido propuesto para el cargo. En efecto, la presencia de Mireya Baltra en esta escena es profundamente significativa para su memoria pero además es disruptiva para aquella lógica masculina de la política y de la militancia. Mireya, que tenía una extensa trayectoria en esos espacios de toma de decisión, conocía esa lógica a la perfección, tanto que podía revestirla y reproducirla. Y en esa repetición, como han señalado los clásicos aportes de Butler (2001) y De Lauretis (1996), había un trastocamiento a las normas de género7.

En esta clave, su voz incorpora al relato la cobertura de la prensa sobre su llegada al ministerio: ¿cómo una suplementera, una mujer que vende diarios en la calle, puede ocupar tan alto cargo? (párr. 6). Con esas referencias, mujer y suplementera, relee su experiencia en aquella primera reunión de gabinete. Allí, Allende le comunicó su tarea inmediata:

 

a mí me dijo, un poco de improviso, que mi tarea no sería fácil porque tendría que legalizar todos los sindicatos, federaciones y otros organismos donde los trabajadores estuvieran operando de hecho, además de dar mayor profundidad a la formación de comisiones tripartitas. “Después, con más calma, hablaré contigo”, concluyó. (párr. 8)

 

Su tarea al frente de la cartera había comenzado. Junto al jefe de su gabinete, Rafael Carvallo, y su secretaria personal, Elena Morales, actualmente detenida desaparecida, delineó un plan de trabajo. Al recordarlo, pone el foco en su gran desafío como ministra:

 

inmediatamente fijamos un plan de visitas a terreno que comenzaba a las seis y media de la mañana, hora de entrada de los trabajadores a sus fábricas o empresas. En muchas de estas visitas me acompañó Octavio González, dirigente de la CUT. Uno de los objetivos de nuestro plan era verificar la asistencia de los trabajadores el día lunes, llamado «san Lunes». Habíamos puesto en el centro la disciplina laboral, principalmente en las industrias y centros mineros que habían pasado al área social y mixta de la economía; iniciamos la campaña de ahorro de energías y materias primas y potenciamos la innovación, es decir, les abrimos las puertas a nuevas herramientas e instrumentos de trabajo inventados o adaptados por los trabajadores.

Los compañeros Luis Corvalán, Víctor Díaz y Américo Zorrilla me explicaron que, como Gobierno, nos correspondía impulsar que las empresas intervenidas fueran eficientes y los trabajadores se comportaran como lo hacían con sus antiguos patrones y dueños, entendiendo que su participación en la producción ahora era directa y compartida. En otras palabras, las empresas intervenidas tenían que funcionar como si fueran empresas capitalistas, aunque no existiera gerente o gerencias imponiendo disciplina. La disciplina, decían, «tiene que ser consciente».

Algunos sectores de trabajadores pensaron que este era su Gobierno y, además de las conquistas adquiridas, pedían mayores reajustes salariales, en muchos casos «con el tejo pasado». ¿Cómo hacerles entender que este era un Gobierno de todos los trabajadores y no solo de unos cuantos? Las reglas del juego habían cambiado, pero eso no significaba que cada uno pudiese hacer lo que se le viniera en gana sin considerar las condiciones del resto. Los trabajadores estábamos efectivamente en el poder y ya no los capitalistas, pero eso significaba que el Estado tenía que seguir considerando, en primer término, los intereses del conjunto de los trabajadores, y ese conjunto requería, sin lugar a dudas, que el Estado planificara la economía resguardando con celo la disciplina laboral, la innovación y la productividad, para hacerlas coincidir con las remuneraciones. A mayor productividad, mayor estímulo salarial en el área social y mixta de la economía. (párr. 9-11)

 

En estos pasajes, Mireya Baltra resalta, en primer lugar, su vocación como ministra de vincularse personalmente con el territorio, de acercarse a las fábricas y de tomar contacto directo con los/as trabajadores/as. Al hacerlo, especifica el nombre de Octavio González, un importante dirigente de la CUT, y el mandato de suscribir a uno de los puntos centrales del programa de la UP: aquel que sostenía que las organizaciones de obreros, empleados, campesinos, pobladores, dueñas de casa, (…) serán llamadas a intervenir en el rango que les corresponda en las decisiones de los órganos de poder (UP, 1969:13).

Seguidamente enumera con detalle el despliegue de sus primeras medidas y acciones de gobierno. En este sentido, subraya el hecho de haber implementado controles para verificar la asistencia de los trabajadores y la disciplina laboral o bien para orientar el ahorro de energías y materias primas y potenciar la innovación. Y, al recordarlo, trae las palabras de la dirigencia comunista, como si las hiciera propias: las empresas intervenidas tenían que funcionar como si fueran empresas capitalistas puesto que, a partir de entonces, la participación del Estado en dichas empresas se correspondería con los intereses de la clase trabajadora y con su ejercicio efectivo para cumplimentarlos.

Estas medidas se enmarcan en la tarea de la construcción de la nueva economía, tal como la definía el programa de la UP; una economía orientada, principalmente, a mejorar la redistribución del ingreso de los/as trabajadores urbanos y rurales y sostenida sobre tres ejes estratégicos: la Nacionalización del Cobre, la Reforma Agraria y la constitución de un Área de Propiedad Social. Para hacerlo, la nueva política económica del Estado tenía como pilares de la gestión, por un lado, el sistema de nacional de planificación económica y, por el otro, un conjunto de mecanismos de control, orientación, crédito a la producción, asistencia técnica, política tributaria y de comercio exterior, como asimismo mediante la propia gestión del sector estatal de la economía (p. 23)8.

La voz de Mireya Baltra pareciera asumir este asunto como un planteo incómodo que debía ser justificado desde un posicionamiento comunista. Pero, a la vez, lo asume como parte de su responsabilidad en la gestión que intentaba, como señalaba Matus, poner en acción la capacidad de gobierno y coordinar la brecha entre la gobernabilidad y la magnitud de los problemas que surgían (Matus, 2007:19); una capacidad que debía anteponer una reflexión antes de actuar más que un cálculo departamentalizado (2007:25-28).

En su caso, esta capacidad se encarnaba en la pregunta por cómo gestionar las relaciones laborales en las empresas públicas y mixtas. Y, en ese punto, referir a una gestión “capitalista” de las empresas intervenidas y controladas por el Estado, pone de relieve un posicionamiento sobre la administración que se orientaba tanto por una mirada pragmática como estratégica. Para que mejoraran las arcas del Estado y pudieran financiar los puntos desplegados en el Programa, estas empresas debían ser gestionadas con la intención de ampliar la capacidad de producción. Y, en sus palabras, a mayor productividad, mayor estímulo salarial en el área social y mixta de la economía. Ahora sin gerentes ni patrones privados, las empresas debían ser eficientes y exigentes con la regulación laboral, precisamente porque la rentabilidad y la participación productiva eran asuntos de un gobierno popular que asumía la conducción política de un proceso revolucionario. En otras palabras, la responsabilidad por este asunto era ahora un problema compartido, no sólo ateniente a los dirigentes de la UP, sino a toda la clase trabajadora. Por ello, había también una intención de contribuir a una construcción subjetiva: la disciplina tiene que ser consciente y el Estado debe resguardarla con celo9.

En suma, este pasaje de su trabajo está atravesado por la pregunta: ¿cómo posicionarse para gestionar las relaciones laborales desde un Estado con una orientación socialista pero dentro de un modo de producción capitalista? Y, en este punto, el planteo de Mireya Baltra puede leerse en relación con una de las premisas principales de la teoría marxista sobre el Estado: la que lo señala, en un modo de producción capitalista, como el fundamento e instrumento de dominación de una clase minoritaria y propietaria de los medios de producción por sobre otra clase mayoritaria, el proletariado10. ¿Cómo resolver esa escisión entre sociedad y Estado que no sea a través de la clásica etapa de la dictadura del proletariado?, pregunta que se encontraban en el corazón de la experiencia de la UP y del PCCh y cuyas respuestas han sido materia de las clásicas discusiones sobre las vías para alcanzar el poder11.

 

 

 

La defensa del programa,

la autodefensa del gobierno popular

 

 

Otra respuesta a la pregunta señalada es la referida a la gestión que se desarrolló para la autodefensa y estabilidad del gobierno frente a las presiones de distintos sectores políticos: por un lado, al interior del gobierno, por el otro, las demandas de las organizaciones político-militares, especialmente del MIR y del FTR, y, finalmente, la fuerte ofensiva contrarrevolucionaria por parte de los sectores de la derecha.

En ese sentido, Mireya Baltra recuerda:

 

en este escenario, quizás el problema más difícil que enfrenté como ministra del Trabajo, por instrucción directa y perentoria del presidente Allende, fue la devolución de pequeñas fábricas y predios agrícolas que habían sido tomados sin ser parte del programa de gobierno. Trabajadores del MIR, del Frente de Trabajadores Revolucionarios (FTR), del Partido Socialista y de otros grupos habían hecho suya la bandera de «avanzar sin transar» y actuaban por su cuenta sin respetar las instrucciones del Gobierno.

Víctor Díaz, subsecretario general del Partido Comunista, actualmente detenido desaparecido, me aconsejó que llamara al presidente y le entregara un balance completo de las fábricas y predios que había entregado. Antes me advirtió: «Por lo que sabemos, el Partido Socialista va a presentar una queja contra tu cartera en la próxima reunión de gabinete. Carlos Altamirano sostiene que devolverlos es «un retroceso de la Unidad Popular con los trabajadores». Yo le contesté que todo lo que había devuelto eran fábricas y predios que no estaban contemplados en el programa de la Unidad Popular y que hablaría con el compañero Allende para que me orientara al respecto. Pero ya me habían acusado de reformista y de amarilla, e incluso algunos grupos comenzaron a tomarse el Ministerio del Trabajo.

El presidente fue categórico: «Hay que poner fin a esas tomas indiscriminadas, no tienen destino. Los que las llevan a cabo creen ser más revolucionarios y en los hechos se suman a las acciones contrarrevolucionarias. [...] Yo me dirigí directamente al presidente Allende y le dije: «Entrego un balance de lo que el Ministerio del Trabajo y Previsión Social ha devuelto». Y comencé a enumerar. [...] Yo salí fortalecida de esa reunión, pero la indignación y la rabia de pequeños sectores de izquierda creció al ver que no podían instalar un poder popular paralelo al poder del Ejecutivo, que era la forma que ellos consideraban más apropiada para avanzar rápidamente al socialismo (párr. 13-16)

 

En línea con aquella pregunta, ¿cómo hacerles entender que este era un Gobierno de todos los trabajadores y no solo de unos cuantos?, Mireya Baltra rememora la presión que ejercieron algunas organizaciones político militares frente al gobierno popular. Aquí, su voz es contundente para asumir el límite de las tomas de fábricas y de tierras por fuera del programa; en sus palabras, el problema más difícil que enfrenté, puesto que allí se comprometían y tensionaba lazos políticos y alianzas estratégicas12.

El programa de la UP efectivamente contemplaba la incorporación de tierras y predios agrícolas para el área de propiedad social y como parte de la profundización de la reforma agraria. Se trataba de un proceso previamente delineado que obedecía a un determinado sistema de planificación y control, como ya se mencionó. En esa cuestión tan central, salirse de la planificación y de los acuerdos institucionalizados por presiones políticas era inaceptable para Allende.

Mireya Baltra respondió en consecuencia: consultó con el presidente, elaboró un balance y obligó la devolución de tierras. Su respuesta era la de una funcionaria comprometida con los lineamientos programáticos y que comprendía lo que estaba en juego en términos políticos. En efecto, no debía permitirse que se instalara un poder popular paralelo al poder del Ejecutivo para avanzar rápidamente al socialismo por parte de las organizaciones político-miliares. Ese camino, con sus etapas, ya estaba en curso a través de la conducción de la UP.

Allí también recuerda las tensiones entre el PS y el PCCh: ¿devolver los territorios como parte de un compromiso programático o mantenerlos como activo del Estado para no ceder poder político? La última palabra era de Allende y, en la memoria de Mireya, se deja entrever el acompañamiento de su decisión: salí fortalecida, recuerda.

Por otro lado, también refiere a los intentos desestabilizadores por parte de la coalición reaccionaria conformada por la oligarquía local, la jerarquía eclesiástica, la gran burguesía y un sector de la pequeña burguesía, sus fuerzas de choque (como Patria y Libertad o el Comando Rolando Matus), un sector de las Fuerzas Armadas y la CIA. Se trataba de un armado restaurador que impulsaba una contrarrevolución en diversos frentes13. Al revisitar aquel período, Mireya pone el foco en un punto central: nos atormentaba la pregunta de hasta qué punto podía un Gobierno ser democrático respecto a la contrarrevolución.

 

No se podía negar. Vivíamos una intensa lucha de clases: los trabajadores intentando conservar lo que nunca antes habían tenido y los patrones haciendo lo imposible por recuperar lo que, desde tiempos inmemoriales, había sido su patrimonio exclusivo: el poder de decisión. Una de las formas más efectivas que utilizó la oposición para desestabilizar al Gobierno de Salvador Allende fue esconder e incluso botar en canales y sitios eriazos los artículos de primera necesidad, como la leche de los niños, el aceite, el azúcar, la harina y el arroz, y otras mercancías que desde entonces empezaron a transarse en el mercado negro. No solo se había entronizado la conspiración soterrada y encubierta del Departamento de Estado de EEUU y la CIA en Chile, sino que la contrarrevolución estaba dispuesta a cercar al país por el hambre, creando un clima de incertidumbre frente al desabastecimiento (párr. 38)

 

Ante estas acciones desestabilizadoras de mediados de 1972, el gobierno creó la Secretaría Nacional de Distribución (SND), que estuvo a cargo del general de la Fuerza Aérea Alberto Bachelet, padre de Michelle Bachelet. La SND tomó como instrumento para contrarrestar este proceso una medida inspirada en una asamblea de mujeres realizada en el Estadio de Chile en 1971: la Junta de Abastecimiento y Precios (JAP), una de las medidas más recordadas de la UP14. En palabras de Mireya Baltra, las JAP fueron

 

organismos territoriales que actuaban en estrecha coordinación con las unidades vecinales, los centros de madres, los sindicatos, representantes de los comerciantes y otras organizaciones comunitarias. Frente a la escasez provocada por el mercado negro y el acaparamiento de productos de consumo diario, las JAP buscaban realizar una justa distribución de alimentos de acuerdo al número de familias, y para ello se hacía necesario dotarlas de una reglamentación que diera mayor eficacia a su accionar, tarea asumida por la SND frente al desabastecimiento propiciado por la derecha (párr. 39)

 

Pese a todo, las JAP fueron organizaciones que tomaron en sus manos la distribución directa de los alimentos de consumo básico para la población, experiencia inédita que significó cambios de hábitos no menores para la ciudadanía. Sin embargo, la escasez y los tiempos de espera en largas filas alrededor de los centros de distribución perjudicaron la rutina de la gente, efectos que no tardarían en volverse insoportables (párr. 42)

 

Estas medidas fueron un diseño planificado en conjunto con otras carteras de gobierno, como lo explica Mireya. Pero su voz le otorga un papel relevante a su gestión, sobre todo, en la tarea de construir una respuesta política desde gobierno al plan desestabilizador. Y, al hacerlo, su voz detalla el rol cumplido por las mujeres militantes, las pobladoras y de diferentes estratos sociales.

La apuesta desestabilizadora se consolidó en octubre de 1972 con la huelga de los camioneros, un paro de 165 sindicatos agrupados en la Confederación Nacional del Transporte que impidió el traslado de productos alimenticios a los puertos de Valparaíso y San Antonio, y su posterior distribución hacia el resto del país. Mireya recuerda:

 

el Gobierno estaba presionado interna y externamente en su punto más sensible: la subsistencia diaria de la población, y los fachos protestaban en las calles siguiendo un libreto que ellos mismos habían planificado: agudizar aún más la crisis [...]. Nosotros empezamos a darnos cuenta de que frente a las dimensiones que tomaba el complot de la derecha, el Gobierno perdía su capacidad de reacción, porque si bien el pueblo tenía más poder adquisitivo gracias a la política de reajustes salariales y pensiones, no tenía en qué gastarlo. Las ollas vacías se escuchaban cada vez con más fuerza no solo de plaza Italia para arriba, sino también en las comunas populares. La derecha nos había ganado la calle; el ruido de sus protestas se fue haciendo masivo.

El paro de octubre me sorprendió en el Ministerio del Trabajo. De un día para otro los camiones fueron encerrados en predios custodiados por guardias armados, dando inicio a una nueva modalidad de huelga y paralización laboral: la de los camioneros, liderada por el presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (Coduca), León Vilarín. (párr. 41-42-43)

 

La gestión de la autodefensa tambaleaba frente a la contrarrevolución. Las presiones provenían desde diversos frentes y se perdía capacidad de reacción. Las herramientas institucionalizadas en el programa -el sistema de planificación, los controles y la orientación económica- ya poco servían para semejante tarea: las ollas vacías se escuchaban cada vez con más fuerza, la derecha nos había ganado la calle; el ruido de sus protestas se fue haciendo masivo.

En este marco, como última tentativa de responder políticamente, Mireya recuerda una reunión con Allende en la que establecieron la necesidad de deslegitimar la huelga [...] quitándole a la organización de camioneros su personalidad jurídica (párr. 45). Acordaron apoyar una confederación paralela de camioneros y el 20 de octubre de 1972, se constituyó el Movimiento Patriótico de Recuperación Gremial (Mopare). Pero la acción no fue suficiente. Y, nuevamente, la pregunta: hasta qué punto podía un Gobierno ser democrático respecto a la contrarrevolución.

Lo que subyace aquí es uno de los temas más sensibles de su memoria: la posibilidad de haber impulsado y desarrollado una respuesta militar y armada para detener el plan desestabilizador; una respuesta que la UP no consideró efectivamente durante su gestión y es, probablemente, uno de los temas más mencionados en los balances políticos y las autocríticas de quienes fueron militantes del PCCh15. En el caso de Mireya Baltra, lo asume y lo reconoce hacia el final de su trabajo cuando rememora las presiones de las bases populares una vez consumado el golpe: ¿Dónde están las armas? (“Zapatos por pantuflas”, párr. 2)16.

En este marco, Mireya presentó su renuncia. Era necesario conformar un nuevo cambio de gabinete que le permitiera al Gobierno contar el tiempo necesario para buscar una salida al conflicto (párr. 46). Inmediatamente, el PCCh le ofreció proponer su nombre para el Ministerio de Vivienda, pero ella se rehusó con un argumento basado en su responsabilidad política y militante:

 

yo no podía aceptar un nombramiento que podría sufrir un traspié, era mi deber hacerme a un lado. Por supuesto, eso no significaba renunciar a todas aquellas tareas que pudieran ayudar a defender el Gobierno, como participar en la Comisión Femenina, Sindical o en las que el Partido estimara necesarias. En realidad, creo que tenía ganas de asumir un rol interno en el Partido Comunista que, si bien era parte de la Unidad Popular, seguía siendo un organismo independiente con el que me sentía plenamente identificada.

Así llegó a término mi experiencia como ministro de Estado. En esa época a las ministras mujeres se les llamaba ministro. Era la herencia de una sociedad patriarcal y machista que afortunadamente Chile ha ido dejando atrás. (párr. 49-50)

 

En esta última respuesta resuena el eco más fuerte de su voz como militante, aún sin desplazar el registro de la funcionaria de gobierno. En efecto, cuando el contexto político se vio agitado por estas acciones de la coalición reaccionaria, Mireya revitalizaba su condición militante para defender el gobierno que integraba.

Como en todo el trabajo, el recuerdo de este período también le permite reflexionar sobre su rol como mujer en la política y revisar las formas de nombrar su actividad: la palabra adecuada era la de ministra y, con ello, advierte el cambio de perspectiva que ha elaborado para revisitar su biografía. Gracias a los planteos feministas de ayer y de hoy, puede asumir que aquel registro universal para señalar los roles de las mujeres era en realidad un registro masculinizado y efecto de una herencia patriarcal y machista que afortunadamente Chile ha ido dejando atrás.

 

 

 

Palabras finales

 

 

 

Una vez consumado el golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973, muchos/as otros/as funcionarios/as del gobierno de la UP y dirigentes del PCCh pasaron a la clandestinidad e intentaron buscar asilo en embajadas y salir al exilio. Así fue el caso de Mireya Baltra. Inicialmente se asiló en la embajada de Holanda y luego partió hacia Checoslovaquia. En 1977, estuvo en Moscú y participó del histórico pleno del partido en el que se desarrolló un balance político y una fuerte autocrítica de la experiencia del PCCh en la UP. Su experiencia exiliar se desarrolló también en España, Suecia, Austria, Canadá y Cuba. Desde allí participó en diversas acciones de denuncia contra los crímenes del régimen dictatorial y contribuyó al armado distintos frentes políticos para apoyar procesos revolucionarios, entre ellos el Frente Continental de Mujeres. Regresó clandestinamente a Chile en 1987 pero fue relegada a Puerto Aysen. En 1989, luego de la participación en un Congreso del partido, fue recluida en la cárcel.

El fin de la dictadura y la vida en democracia la encontró militando activamente en el PCCh. A los 63, decidió estudiar Sociología en la Universidad Arcis, una institución históricamente ligada al partido.

Mireya Baltra falleció en 2022 y dejó un legado político muy relevante para Latinoamérica. Este trabajo ha intentado recuperar parte de ese legado. Específicamente, se ha puesto el foco en una de sus experiencias políticas: el breve pero significativo paso por la gestión de gobierno de la Unidad Popular. Única mujer en el gabinete, su trabajo fue una pieza clave en varias medidas desarrolladas por el poder ejecutivo y en el intento de consolidar y defender el poder popular de la Unidad.

Se han analizado estos pasajes de su trabajo tomando como claves de lectura, en primer lugar, el modo en que Mireya Baltra asumió la responsabilidad por su gestión de gobierno y, en segundo, la forma en que recuperó las demandas y las acciones del amplio sector de las mujeres (militantes, pobladoras y trabajadoras, entre otras) como parte de su tarea política institucional. En ese sentido, como se señaló, su escritura pudo ser pensada como un reconocimiento y una respuesta a los planteos feministas actuales y del pasado, sobre todo el de Julieta Kirkwood de la década de 1980.

Por último, el trabajo abre diversas puertas para el análisis memorial: su experiencia sindical, su trabajo en el Frente Continental de Mujeres, sus intervenciones en el pleno de 1977, entre otros. Pero focalizar en su tarea político institucional ha permitido inscribir el análisis en la línea de trabajos de Carlos Matus y Gloria Aguayo cuyos aportes han sido centrales para los debates públicos acerca del rol del Estado y la democracia representativa en el marco de un sistema neoliberal tan arraigado en Chile. Para el presente político de Chile, el trabajo de Mireya Baltra es profundamente necesario.

 

 

 

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