RevIISE N23.L6.Andrade y Aguilar

Cierre de mina: el punto ciego de la gran minería transnacional

El caso de Minera Triton - Manantial Espejo (Santa Cruz, Patagonia Argentina)

Mine closure: the blind spot of large transnational mining

The case of Minera Triton - Manantial Espejo (Santa Cruz, Argentinian Patagonia)

Larry Andrade | ORCID: orcid.org/0000-0002-9572-4639

larry.andrade@conicet.gov.ar

CONICET

Gabriela Aguilar | ORCID: orcid.org/0000-0003-1172-6619

mgaguilar80@hotmail.com

CONICET

Argentina

Recibido: 10/5/2023

Aprobado: 8/3/2024

Resumen

El artículo aborda el cierre de mina, inherente a la gran minería transnacional, así como su impacto sobre las localidades y áreas de influencia. Santa Cruz hace de la actividad minera una de sus fuentes de empleo e ingresos principales, por lo cual la decisión de la empresa Triton (subsidiaria de Pan American Silver y propietaria del yacimiento Manantial Espejo) de establecer el cese de actividades en diciembre de 2022, adquiere el carácter de caso testigo, de cara a analizar y comprender el rol desempeñado por los diversos actores involucrados como son el gremio AOMA, el gobierno local y provincial, la empresa, los proveedores y los trabajadores. El impacto económico y social de tal decisión queda como reflejo de las consecuencias que la falta de previsión y anticipaciones necesarias para morigerarlo provocan en la localidad de Gobernador Gregores, sede administrativa de la empresa y lugar de residencia de la mayoría de trabajadores y proveedores de la empresa minera.

Palabras clave: Gran Minería Transnacional, Cierre De Mina, Patagonia Argentina.

Abstract

The article addresses the mine closure, inherent to large transnational mining, as well as its impact on localities and area of influence. Santa Cruz makes mining activity one of its main sources of employment and income, which is why the decision of the company Triton (a subsidiary of Pan American Silver and owner of the Manantial Espejo deposit) to establish the cessation of activities in December 2022, acquires the character of a witness case, in order to analyze and understand the role played by the various actors involved such as the AOMA guild, the provincial and local government, the company, suppliers and workers. The economic and social impact of such a decision is a reflection of the consequences that the lack of foresight and anticipations necessary to mitigate it is causing in the town of Gobernador Gregores, administrative headquarters of the company and place of residence of workers and suppliers.

Keywords: Large Transnational Mining, Mine Closure, Patagonia Argentina.

Introducción

El cese de operaciones de una mina es posiblemente el momento en el cual los impactos generados por la actividad se hacen especialmente evidentes y se pone a prueba el alcance de las políticas públicas diseñadas para gestionar e intervenir en este periodo crítico, tanto las concernientes a la resolución de las problemáticas socioeconómicas para las localidades en la zona de influencia como a la implementación de medidas de cierre y post-cierre y la relevante cuestión de la gestión ambiental del yacimiento.

Este artículo es resultado de una investigación de más amplio alcance, que aborda las transformaciones del territorio en la Meseta Central Santacruceña (MCS)1. En este caso, se propone dar a conocer las problemáticas que resultan del cierre del yacimiento minero a cielo abierto y subterráneo de oro y plata Manantial Espejo (propiedad de minera Triton, subsidiaria de Pan American Silver) en Gobernador Gregores, una pequeña población de la MCS. El análisis se centra en la actuación de las partes involucradas tales como empresa, empleados, gremio, proveedores, gobierno local y provincial. En este sentido nos preguntamos: ¿con qué herramientas reales y con qué capacidad política cuenta el Estado santacruceño para regular el cese de la actividad y fomentar nuevas oportunidades de desarrollo para las localidades afectadas por la actividad minera? ¿qué sucede con la comunidad, el ambiente y la economía local cuando la minería concluye su ciclo productivo?

Hemos revisado con detalle aportes teórico conceptuales en producciones previas de nuestro grupo de investigación (Aguilar y Andrade, 2022; Andrade y Aguilar, 2021): no abundaremos aquí en esas y otras referencias y haremos, en cambio, referencias puntuales a conceptos (que remiten a campos teóricos de abordaje identificables) que guiaron la realización de entrevistas, encuestas e interpretación de los productos obtenidos.

Las encuestas y las entrevistas articulaban la indagación en torno a:

el modo en que se da el arribo de las empresas mineras a la localidad y áreas próximas,
el impacto que provoca tanto económica como demográficamente el arribo de la actividad,
cómo se comunica y se lleva adelante el cierre de mina y
qué perspectivas se avizoran a partir de su ocurrencia y qué trae consigo el mismo para la localidad.

Materiales y Métodos

Metodológicamente, la investigación sigue los lineamientos de estudio de caso, concentrando la mirada específicamente en empresas mineras de la MCS y acerca de las cuales se trabaja con una diversidad de fuentes (documentales, bibliografía, entrevistas, encuestas, entre otras).

Para llevar adelante el análisis aquí presentado se realizaron entrevistas semiestructuradas y abiertas a actores clave de la localidad y se aplicó una encuesta (ambas actividades se llevaron a cabo entre el 18 y el 21 de marzo de 2023) a 46 empleados del yacimiento Manantial Espejo (se estima que quedan poco más de 100 empleados efectivos de la empresa y esos 46 son los que respondieron a la convocatoria). Entrevistamos también al intendente de la localidad y a proveedores de servicios a la actividad minera, los cuales tenían más de 40 personas empleadas (choferes, maquinistas, personal de cocina, mozos/as, limpieza, entre los más numerosos). El objetivo principal de la intervención en terreno estuvo centrado en analizar las perspectivas que avizoraban para la localidad los propios empleados y exempleados y personas vinculadas a la actividad, con la finalidad de aproximarnos al entramado de relaciones existentes mientras el proyecto se mantenía activo y cómo éstas han determinado la capacidad de actuación de los diversos actores afectados por el cese de la actividad, por ejemplo, la respuesta que dieron tanto el gobierno municipal como provincial, la actuación de la Cámara de Proveedores Mineros (CAPROMISA), el gremio AOMA, entre otros. Las entrevistas fueron transcriptas y analizadas con el criterio de temas emergentes y las encuestas se cargaron y analizaron con el paquete estadístico SPSS.

Mirada teórica acerca de la actividad minera

La minería metalífera implicó la aparición de nuevos actores, tales como las empresas transnacionales y, a la vez, el empleo de modernas técnicas de extracción relacionadas con la voladura de enormes cantidades de terreno y el uso de grandes volúmenes de productos químicos con potencial contaminante (cianuro y mercurio, entre otros). Si bien en algunas localidades, como Gobernador Gregores o Perito Moreno, el impacto ambiental fue evaluado de manera negativa por parte de colectivos ciudadanos, finalmente la influencia de las empresas y del Estado fue superior, estableciendo la apertura de la actividad en diferentes áreas de la MCS (Cfr. Figura 1).

Conceptualmente, nuestro enfoque se apoya en la conceptualización de extractivismo y haremos aquí escuetas referencias a este posicionamiento analítico, el cual describe claramente el modo en que se desarrolla la actividad en Santa Cruz. Gudynas (2019:23) ofrece una definición para estas actividades extractivas, en las que tienen que darse tres características simultáneas: primera, extracción de recursos naturales en grandes volúmenes, segunda, la mitad o más son exportados a los mercados globales y tercera, lo son como materias primas o commodities. Desde las diferentes concepciones acerca del extractivismo se contabiliza el volumen total de materia extraída, incluyendo tanto el recurso final exportado como el material que es desechada. En paralelo, la intensidad se refiere al impacto ambiental en la obtención de los recursos.

Svampa y Viale (2014) sostienen que

el extractivismo debe ser comprendido como aquel patrón de acumulación basado en la sobreexplotación de recursos naturales, en gran parte, no renovables, así como en la expansión de las fronteras hacia territorios antes considerados como improductivos. Empresas y gobiernos proyectan una visión eficientista de estos territorios que considera como ´socialmente vaciables´, en la medida en que contienen bienes valorizados por el capital. En el extremo, se los considera territorios o áreas de sacrificio. En nombre de la ideología del progreso, las comunidades allí asentadas aparecen invisibilizadas. (p. 16)

El extractivismo se explica según Seoane, Taddei y Algranati (2013) por

aquellas actividades económicas que se basan en la explotación de bienes comunes naturales que, sin ningún procesamiento o con alguno poco significativo, son comercializados en el mercado mundial. Más acotadamente, el extractivismo es utilizado para referirse a un tipo específico de extracción de bienes naturales para la exportación caracterizada por su gran volumen o alta intensidad [...] Complementariamente, se considera que el extractivismo remite a las actividades que utilizan o explotan bienes que son considerados no renovables como por ejemplo el petróleo, el gas o los minerales. (p. 24)

El extractivismo muestra dos aspectos negativos: uno de ellos es la conformación de una cultura económica rentista, que al depender de la explotación de la naturaleza ahoga la capacidad de innovación y fomenta arreglos institucionales clientelares (Karl, 1997); y el otro, es que el crecimiento rápido de las actividades extractivas acarrea fuertes impactos económicos, sociales y ambientales en las comunidades (Bebbington, 2009 y Gudynas, 2009).

El impacto de la actividad minera en las poblaciones de cercanía o influencia de las explotaciones genera reconfiguraciones del territorio. En este sentido, Bryceson y Mackinnon (2012:513) proponen el concepto de urbanización mineralizada y la definen como la influencia de los ciclos de producción mineral sobre el crecimiento urbano y los patrones de establecimiento a nivel local, regional y nacional. Las reconfiguraciones tienen que ver básicamente con procesos migratorios ocasionados por la atracción que genera esta actividad económica y los nuevos escenarios sociales que la migración conlleva para la comunidad.

Por otro lado, dentro de este proceso de reconfiguración, según señalan Svampa y Álvarez (2010:113), las grandes empresas remodelan bruscamente las economías locales preexistentes, reorientando la actividad económica de la comunidad en función de la minería, y creando nuevos enclaves de exportación, sumado a que mediante su política de Responsabilidad Social Empresaria (RSE), tienden a ampliar su esfera de acción, convirtiéndose en agentes de socialización directa, mediante múltiples acciones sociales, educativas y comunitarias.

El arribo de la gran minería transnacional al territorio

La gran minería se instaló en la provincia de Santa Cruz a partir de 1996 (ver Figura 1), tras una serie de modificaciones de carácter neoliberal en la legislación nacional y provincial que hicieron factible la explotación minera. De la mano del Estado provincial como promotor de la actividad, y a través de la empresa Fomento Minero Santa Cruz (FOMICRUZ), distintos proyectos que habían sido explorados por el Estado Nacional pasaron a ser parte de la cartera provincial y posteriormente quedaron en manos de empresas transnacionales. En algunos casos FOMICRUZ se asoció con estas compañías con un porcentaje no superior al 10% de las acciones, y en otros les otorgó la concesión a las empresas privadas para la explotación en solitario. De tradición rentística (Williams, Schinelli y Vacca, 2011) y con trayectoria en la explotación petrolera y de gas, el gobierno de Santa Cruz añadió la extracción de un nuevo recurso natural no renovable a este modelo, del que obtiene más fondos que permiten sostener el aparato estatal y político.

Figura 1: División política y catastro minero de la provincia de Santa Cruz. 2021

Fuente: Secretaría de Estado de Minería. Santa Cruz. 2021 (las tablas de la parte inferior izquierda remiten a información no relevante para este artículo, como son las distancias entre localidades y referencias a áreas protegidas provinciales). El área delimitada en color fucsia remite al Área de Especial Interés Minero (definido por ley de la Legislatura de Santa Cruz 3105/2011.

Breve recorrido de las empresas mineras en Gobernador Gregores

Gobernador Gregores (coloquialmente Gregores) se encuentra a la vera del Río Chico, que cruza la provincia de oeste a este y desemboca en el Océano Atlántico. La minería metalífera se convirtió en la actividad dominante en la zona, mientras que la ganadería extensiva ovina perdía terreno (Andrade, 2005; Andrade et al., 2010 y 2022). Hubo productores que se reconvirtieron en proveedores del sector minero, otros vendieron sus campos a las empresas y otros se han dedicado al agroturismo.

La instalación de la nueva actividad generó la atracción de trabajadores hacia la minería, promoviendo una importante migración hacia la localidad, básicamente de jujeños, salteños y bolivianos. Según datos censales, su población pasó de 2.654 en 1991 a 5.158 en 2010 y a 5.941 habitantes en 2022 (INDEC 1991, 2010 y 2023).

En el año 2001 comenzó la producción minera con el proyecto Mina Martha (entonces propiedad de la empresa canadiense Yamana Resources). Este yacimiento, ubicado a unos 60 kilómetros de Gregores, se caracterizó por ser un yacimiento con la más alta ley de plata de la historia moderna, pues si bien su veta principal no era demasiado extensa, presentaba una cantidad de ese metal muy superior a la de otros prospectos de la región (Páez, 2012, en SEDICI). En 2001 Yamana -luego de menos de un año de operación- vendió a la empresa norteamericana Coeur Dálenne Mines el proyecto (BNAMERICAS, 2002), la que se abocó a la explotación de la veta principal.

La riqueza mineral de Mina Martha durante años fue procesada en la planta de Cerro Bayo, en Chile, a donde era transportada en camiones. Posteriormente, en 2008, se inauguró una planta procesadora, con capacidad para 8 toneladas diarias de concentrado mediante un proceso de flotación de sulfuros (Tiempo Sur, 2016). En la declaración de impacto ambiental aprobada en 2004 el proyecto pautaba un horizonte productivo de 8 meses, que se fue ampliando con sucesivas exploraciones e inversiones hasta los diez años de producción que cumplió en 2014. Según la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) los empleados de la planta -alrededor de 120 en su momento de mayor producción- fueron reubicándose en otros proyectos (AOMA, 2014) por lo cual el cese de actividades no fue problemático ni para la ciudad ni para los trabajadores.

La mina Manantial Espejo (nombre que toma del establecimiento ganadero donde se encuentra el yacimiento) se encuentra a unos 50 kilómetros de Gobernador Gregores y se compone de 17 concesiones mineras que cubren 25.533 hectáreas, cercanas se encuentran los yacimientos de Cerro Vanguardia (de la sudafricana AngloGold Ashanti) y la mencionada Mina Martha.

Un examen preliminar de la propiedad Manantial Espejo se llevó a cabo por primera vez en la década de 1970 por el gobierno argentino. La propiedad pasó a través de varias corporaciones que incluyeron a Barrick Gold y Minerales de San José. A mediados de 2006, Pan American Silver (de capitales canadienses) consolidó su interés en el 100% en la propiedad. La puesta en marcha de la planta de tratamiento comenzó el 27 de septiembre de 2008 y Manantial Espejo comenzó a verter doré el 29 de diciembre de 2008. Hasta 2017 la minería se realizó con explotación tanto a cielo abierto y subterránea y, desde entonces, sólo subterránea. En aquel tiempo, la factibilidad de seguir en producción fue posible por la quita de las retenciones otorgada durante la administración del presidente Macri. Desde 2018 el mineral que iba a la planta de tratamiento provenía de los proyectos Cose y Joaquín, también propiedad de Pan American Silver (Environmental Justice Atlas, 2023).

Unos años antes, y con insistencia a partir de 2022, se mencionaba en los medios santacruceños el posible cierre de Manantial Espejo. Representantes de la empresa Triton, los ministros/as de la provincia de Santa Cruz, el intendente, diversas autoridades y delegados del gremio mantuvieron reuniones en las que se alertó de los resultados negativos de las actividades de exploración que, junto a los costos operativos, hacían no rentable continuar con la operación durante 2023. Desde el gobierno provincial se solicitó a la empresa que analizara otras alternativas para continuar con la actividad y las autoridades locales solicitaron compromiso social a la empresa por el importante número de familias de Gregores que se sustentan con la actividad minera (Miningpress, 2022). No hay cifras oficiales, sin embargo, se estima que entre empleos directos e indirectos había unos 600 (según indicó el exintendente Vázquez y las referencias que dan los propios trabajadores en página 25). No obstante, en el mes de diciembre de 2022 la actividad en el yacimiento cesó y tomó a muchos por sorpresa, sobre todo a gran parte de sus empleados y, al parecer, al gobierno y gremio también. En marzo de 2023, parte de los empleados y exempleados impulsados por el gremio AOMA hicieron una toma simbólica del yacimiento cerrado y protestas frente a las oficinas vacías de la empresa.

La instalación del yacimiento Manantial Espejo: Mapeo de actores

La comunidad

La empresa Pan American Silver se implicó en el proyecto de Manantial Espejo en el año 2002 cuando adquirió parte de la propiedad. En 2006 obtuvo la posesión total y aprobó la construcción del proyecto, habiendo recibido por parte del gobierno provincial la aprobación de la declaración del impacto ambiental. Con el estudio de factibilidad completado, se iniciaron las actividades de desarrollo y para el año 2008 las operaciones habían comenzado en dos minas a cielo y dos subterráneas. En 2009 estaban en marcha las trituradoras y los circuitos de concentrado. La mina se inauguró oficialmente el 16 de marzo de 2009 (Mato, 2014).

Como se mencionó, existió oposición por parte de un sector minoritario de la ciudadanía que se constituyeron en Asamblea Ambiental e intentaron concientizar acerca de las problemáticas ambientales y sociales que trae consigo la actividad. En el documental Santa Cruz: el paraíso megaminero pueden encontrarse expresiones del grupo que señalan que la gente tiene miedo a exponerse y manifestarse y la gente depende del empleo público o de la empresa por eso tienen miedo, entre otras (Agalín Producciones, 2012). Sin embargo, la repercusión fue escasa y no modificó el rumbo que conducía a la puesta en marcha de esa primera explotación minera.

Respecto a esta situación, un entrevistado manifestó:

Manantial Espejo vendió algo que no era, cuando entraron había que firmar un plebiscito con la gente del pueblo y había dos o tres del pueblo que no estaban de acuerdo por el tema del agua y el impacto ambiental, pero bueno finalmente con el estudio de impacto ambiental la gente acordó que se lleve adelante la minería. En ese momento separaron a los que decían que no y juntaron a los que decían que sí. En realidad, no hubo debate, los arrearon. En ese momento a quienes no conocían nada los convencían [...] mirá el impacto ahora para mi comunidad, es duro [...] por acá paso la minería, pero parece que pasó un huracán. (E1)

Empleados mineros

Con la instalación de la empresa llegaron muchas personas a la localidad en busca de trabajo, aumentando notablemente la población, como fue señalado. En este sentido, tomando en consideración los datos obtenidos en las encuestas, el movimiento migratorio iniciado con Mina Martha, toma mayor peso a partir de 2009 con la instalación de la empresa Triton (Cfr. Tabla 1).

Tabla 1. Empleados mineros según

Años de residencia en G. Gregores. Absoluto y %

Años de residencia

cantidad

Hasta 5 años

6 a 10

11 a 15

16 a 20

21 y más

17,7

40,5

33,3

9,5

Total

100

Fuente: relevamiento y elaboración propios. 2023.

Si se relacionan los años de residencia con los años que llevan como empleados de la empresa, es posible aceptar como muy razonable la idea de que, sino todas, la mayoría de estas personas vinieron buscando trabajo o con trabajo asegurado, tal como puede observarse en la siguiente tabla:

}

Tabla 2. Años de antigüedad en la empresa según años residencia en la ciudad. Absolutos

Años en G. Gregores	Años en la empresa
Años en G. Gregores	Hasta 5	6 a 10	11 a 15	16 y más
Hasta 5 años 6 a 10 años 11 a 15 años 16 y más	0 1 2 1	0 6 4 4	0 0 11 5	0 0 0 6
Total	4	14	16	6

Fuente: relevamiento y elaboración propios. 2023.

En repetidas ocasiones se alude desde el gobierno y gremios acerca de la generación de empleo local que trae consigo la minería. Sin embargo, la mayor parte de los empleados eran “experimentados” provenía de provincias del norte argentino y de países como Bolivia y Perú y no todos se radicaron en Gregores aunque formalmente el cambio de domicilio los certificaba como residentes en la ciudad, pues no se realizaba ningún tipo de constatación ni se solicitaba documentación sobre la vivienda declarada. El hecho de que los trabajadores itinerantes mineros cambien su domicilio tiene que ver con que la provincia exige a las empresas mediante la Ley Provincial Nº 3.141 del 2010, contratar al 70% de mano de obra local y con al menos tres años de residencia.

Al respecto, el intendente Vidal señaló:

La gente que vino del norte y vive acá en Gregores que tiene su residencia no hay problema, a nosotros no nos sirve la gente que viene, trabaja y se va. Nosotros hemos visto como traían a gente de otros lugares porque los de acá no sabían, y después hacían el mismo trabajo que ellos. Te lo traen como profesional pero después labura en subterránea, hace el mismo trabajo. Que nos pasaba, que también hubo un relevamiento que se hizo un tiempo atrás que había gente que en una casa vivían diez. Había gente que vivía en un baldío, siete en el mismo baldío... Ese relevamiento lo hizo el Ministerio de Trabajo de la provincia. (E2)

Otros entrevistados coinciden con respecto a la baja tasa local de ocupados en la minería: ha trabajado un montón de gente, venía gente de afuera. Los obreros eran todos del norte, no sé si un 10% será del pueblo, de Jujuy son la mayoría (E3). La propietaria de un comercio señaló: La planta de personal de la mina no era neta de acá [...] había mucha gente que fijaba domicilio acá pero no vivía en Gregores. Igual hubo mucha gente que apostó por Gregores y que invirtió acá (E4). Otro entrevistado manifestó: siempre me daba bronca que a los pibes de acá no los llamaban para ningún trabajo, traían gente de Jujuy, ¿cuánto sale un chárter para traerlos? [...] mirá si no es negocio (E1).

Al ser consultado sobre este tema, Terráz, entonces Secretario de Minería de la Provincia, en contraste con lo que manifestaba el intendente de la localidad, expresó que:

los aviones vienen de otro lado, pero porque es gente que tiene un nivel de preparación que no es la que tenemos en Santa Cruz, lamentablemente nosotros no tenemos ingenieros de mina ni de planta, en muchos casos no teníamos médicos, entonces en esos casos la gente tiene que venir de afuera porque el yacimiento tiene que producir. Después, había mucha gente que viene de fuera que tiene 15-20 años de experiencia en el yacimiento ¿qué vas a desvincularla para tomar a una persona que no tiene trabajo, que no tiene expertise, que no se si tiene secundario terminado, para que reemplace a esa persona que vos estuviste invirtiendo durante años y que hoy trabaja bajo la formación de la empresa? (E5)

El gremio Asociación Obrera Minera

Argentina (AOMA)

Es un actor significativo en el despliegue de la minería en la provincia. Castro, vigente Secretario General de AOMA Santa Cruz, es un líder político vinculado a la gobernadora Alicia Kirchner. Empleado minero de la empresa Cerro Vanguardia, se encuentra relevado de funciones desde 2006 para ocupar el cargo en el gremio.

En las conversaciones mantenidas tanto con obreros mineros como con representantes de empresas del sector, fue repetitiva la condición de que para que un obrero ingrese a trabajar en un yacimiento en Santa Cruz debe venir de la mano de AOMA: en otras palabras, debe ser afiliado o en cuanto entre a trabajar a un yacimiento deberá serlo. Para ello, el gremio cuenta con una bolsa de trabajo que es ofrecida a las empresas para cubrir las vacantes disponibles.

La actuación del gremio con relación al cierre abrupto de la mina Manantial Espejo dio protagonismo a Castro, que se mostró seriamente disgustado con el gobierno provincial, exigiendo en diversos medios de prensa que le hagan cumplir a la empresa Pan American Silver la Ley Nº 3.751 de Cierre de Minas como corresponde. Expresó, dirigiéndose a la empresa (Mediaticadigital, 2023):

Ustedes no pueden tomar decisiones unilaterales porque cuando quisieron desarrollar la actividad necesitaron del gobierno de turno, de la organización sindical, de la comunidad de Gobernador Gregores, ahora que llega el momento de las malas noticias hay que hacerlo en equipo y no dejar gente tirada en el camino.

A su vez, señaló que los trabajadores tomarían de manera pacífica el yacimiento (Opinión Austral, 2023), medida que se efectivizó en marzo de 2023, si bien no fue acompañada con la presencia de Castro. El estar del lado del gremio y apoyar las medidas que decidían se convirtió, según expresaron los trabajadores encuestados, en una condición para tener la posibilidad de conseguir empleo en otro yacimiento: el haber cobrado la indemnización me va a traer problemas con el gremio para conseguir trabajo; o: el gremio no te deja arreglar porque si no después no podés conseguir trabajo.

Los proveedores locales

Gran parte de ellos surgieron cuando la minería se instalaba en la localidad, algunos reconvertidos desde el sector ganadero y otros, venidos de localidades cercanas, aprovecharon el impulso económico que reunió la construcción de la Ruta Nacional 40 y el establecimiento de la empresa Triton. Tal como señaló una persona vinculada al sector hotelero en Gregores:

el dueño amplió el hotel por la minería, tenía antes un servicio de comedor para el pueblo y coincidió el asfalto de la Ruta 40 con la instalación de la minería, entonces hubo un auge importante en Gregores, y eso llevó a la ampliación. Ahora vamos a tener que replantearnos como seguir; tenemos lo mínimo de personal porque no podemos comprometemos a pagar sueldos. En esta localidad si no trabajas para la minería es difícil llevar el invierno. (E4)

Otro proveedor describió sus comienzos:

hicimos una empresa chiquita en ese momento de servicios mineros, con una máquina, una retroexcavadora, cuando se estaba explorando, en el 2004-2005 [...] En 2007, cuando se arrancó con la construcción de la planta, a medida que se iba construyendo nos empezaron a pedir cosas y nos fuimos agrandando. Cuando terminó ahora, que finalizamos de trabajar el 27/12/22, éramos treinta y una personas de las cuales ahora quedamos quince, y van a quedar cinco o seis. Ese es el impacto primero y principal, la gente que se queda sin trabajo, y todos son de acá. (E6)

En 2009 se creó la Cámara Minera de Proveedores Santacruceños (CAPROMISA), que agrupa a las empresas que están en condiciones de ofrecer diversos servicios y bienes a las multinacionales mineras y que impulsan el compre local. Dentro de las empresas agrupadas existen desde pequeñas pymes a grandes empresas, algunas de ellas con vínculos políticos con el gobierno provincial.

Actualmente, la normativa vigente establece (Ley Nº 3.616) como obligación para todas las empresas, que el monto total anual en contrataciones de obras; bienes; insumos o servicios con Proveedores Santacruceños, inscriptos en el Registro Único de Proveedores de Actividades Económicas (RUPAE) no podrá ser inferior al 50% del monto total contratado con todos sus proveedores. Además, las empresas deberán dar prioridad de contratación a proveedores santacruceños siempre y cuando se configuren cotizaciones similares en hasta un 15% superior respecto de otras que no estuviesen radicadas.

El ex intendente de Gobernador Gregores, Juan Vázquez, señaló en una entrevista (El Pregón Minero, 2023) respecto al crecimiento de los proveedores locales:

por supuesto que funcionó el desarrollo de proveedores locales. Y yo siempre recomiendo que se agrupen, porque una actividad económica importante no puede ser desperdiciada. En relación con los tipos de emprendimientos que se pudieron desarrollar [expresó] que prácticamente todos: desde el rubro hotelero, cabañas, prestadores de servicios, los talleres que hacen los servicios de cambio de aceite, mantenimiento de vehículos, comercio, supermercados. Muchos -agregó- crecieron producto de la minería.

Al consultar a los principales proveedores de servicios radicados de Gobernador Gregores sobre su pertenencia a CAPROMISA, expresaron no sentirse representados por la Cámara. En este sentido, uno de ellos señaló que

en CAPROMISA yo estuve tres años afiliado, en ese período me pidieron presupuestos para cosas que no eran de mi rubro, y al tercer año renuncié, encima tenía que pasarles a ellos lo que facturaba porque según eso pagabas la cuota. Hoy les sirve para los que están ahí como autoridades con sus empresas, no para el resto. (E6)

Respecto del vínculo con la minera, los proveedores manifestaron que si bien se ven afectados por el cese de la actividad en Gregores: hacía tiempo que tenían poco trabajo con la empresa y que hubo más de una ocasión en la que quedaron fuera de las licitaciones o de las compras que realizaba porque las mismas estaban digitadas por los gerentes de la minera o respondían a presiones de diferentes funcionarios provinciales, otorgándoselas a empresas con las que tenían tratos particulares, recomendaciones, o eran directamente los propietarios que, en general, no eran de la localidad. En palabras de uno de los entrevistados cuando fue consultado acerca de las contrataciones que realizaba la empresa,

la minería es así: según el jefe de compras que haya es la gente que va a laburar, a veces te acomodan, a veces no. (E6)

Nosotros estábamos con AOMA, pero llegó el gremio de Camioneros y tuve que arreglar con ellos. Camioneros me ponía todo el tiempo trabas porque ya estaba arreglado con otra empresa y no podía trabajar, hablé y me dijeron esas son presiones de los empresarios y entonces le digo ¿de qué empresarios? y me dicen: ¡vos sabes! empresarios de San Julián (E6).

Otro proveedor manifestó:

nosotros habíamos ganado una licitación que significaba el despegue para nuestra empresa, a los choferes ya les habíamos dado el alta, y a los días me llaman de Triton y me dicen que les dieron la orden de que los que están en convenio (obreros agremiados) no suban a tus minibuses, para no tener problemas lo vamos a tener que hacer con la empresa Masterbus. Masterbus ni siquiera estaba dada de alta en el RUPAE y trabaja como si fuera santacruceña. Esa vez Triton nos partió por la mitad, porque habíamos ganado legítimamente la licitación, habíamos comprado los colectivos y teníamos a toda la gente en blanco. Bueno en esa medida estaban compinchados el gremio y la empresa. (E1)

Estos relatos y otros en la misma línea evidencian que mientras operaba la minera existían prácticas reñidas con la transparencia en diversos ámbitos, involucrando actores con cuotas de poder importantes en el espectro político provincial.

Gudynas (2019:20-21) ofrece una definición de corrupción que resulta útil para el caso que analizamos:

prácticas ilegítimas, irregulares e incorrectas, tanto ilegales como alegales, realizadas en ámbitos públicos como privados, por distintos actores, quienes logran beneficios propios, aprovechando posiciones de poder, que a su vez desencadenan perjuicios sociales y ambientales, y por lo tanto expresan injusticias. Las acciones que incluye la corrupción pueden nombrarse: sobornos, tráfico de influencias, abuso de funciones, malversación, prevaricación, nepotismo, clientelismo, encubrimiento, y obstrucción a la justicia.

A su vez el autor, señala que esta problemática se encuentra en todas las etapas del inicio al cierre de las explotaciones y con distintos actores involucrados.

El municipio y los fondos

de Responsabilidad Social Empresaria

La minería llegó a Gobernador Gregores en coincidencia con la intendencia de Vázquez (2003-2015, quien llega como integrante del lema Frente Para la Victoria Santacruceña, liderado por el entonces gobernador y luego presidente Néstor Kirchner). En una entrevista indicó que la minería en Gregores se transformó en la segunda empleadora local, casi equiparando a la administración pública con 700 empleados, mientras la minera ocupaba a unas 600; la minera ayudó y mucho (El Pregón Minero, 2023). La diferencia, sustantiva, radica en el monto de los salarios mensuales que abonan uno y otro empleador: un empleado municipal rondaba en marzo de 2023 los 90 o 100 mil pesos -según expresara el Intendente Vidal, monto que varía en función de la antigüedad, con un monto inicial de alrededor de 60 mil- y un minero sin antigüedad ni calificación inicia su trabajo con 310 mil o más, dependiendo del área a la que esté afectado.

Vidal, todavía intendente en 2023, fue funcionario de Vázquez y alcanzó el poder en 2015 con reelección en 2019. Respecto al cierre sorpresivo de la empresa Triton, señaló:

veo una falta de respeto en la retirada de la minera, sabíamos que en algún momento se iba a terminar porque es un recurso no renovable, pero es una falta de respeto para el ciudadano y para todo el pueblo de Gobernador Gregores, hoy se van sin un consenso. Hay una ley de cierre de mina, tanto en lo ambiental y social sin aprobar, entonces hay que actuar en consecuencia. (Tiempo Sur, 2023)

Al consultarlo sobre el rol que ha desempeñado como intendente durante el cierre de mina del yacimiento, manifestó que

nosotros siempre tuvimos diálogo con la empresa, con el gremio, con la provincia y con el gobierno también. Pasa que últimamente la empresa decidió hacer las cosas a su manera, porque si hubo diálogo durante 15 años y se les dejó llevar adelante la actividad ¿por qué no tener el dialogo ahora que se están yendo? [...] si ellos hubieran tenido un diálogo fluido con el gobierno y con el gremio esas cosas no suceden ¿qué pasa? se reúnen con el gobierno o con el gremio, pero nunca es fácil con las tres patas, así no es fácil llegar a un acuerdo. (E2)

Considerando la crisis socioeconómica que produce el cese definitivo de actividades, el intendente expresó su malestar:

debe haber más de 150 personas con diez años en la empresa; esa gente se fue con una plata; tampoco quiere decir que van a salvar su vida. Pero las personas contratadas son las que hoy están más perjudicadas, desde el municipio se les da una mano, pero la gente no va a vivir de eso, no es digno, necesitan un trabajo. (E2)

Según Vidal, actualmente la planta municipal cuenta con 600 empleados incluyendo a personal con planes. En este sentido y por un lado, en el año 2022 el municipio de Gregores recibió del gobierno provincial, en concepto de coparticipación, la suma de $675.485.288,47; por el otro, sólo los empleados mineros, con salarios medios de $350.000 (a marzo de 2023), generaban aproximadamente $450.000.000 anuales, contando las pagas de aguinaldo.

Acerca de las contribuciones económicas que realizaba la empresa al gobierno local, Vidal señaló que se hacían aportes, pero con discusiones de por medio

la que se llevaron es mucha y la que dejaron es poca, yo creo que no han dejado ni el 1% [...] Yo pedía para el hospital, para los clubes que hay en la localidad, para actividades deportivas y culturales que siempre tenemos. Nos han colaborado con una ambulancia por ejemplo. (E2)

A diferencia del caso de la vecina Puerto San Julián, donde la empresa minera realiza aportes anuales con base en una fórmula que considera las utilidades netas, la existencia de la Agencia de Desarrollo en Gregores no tenía asegurado ese aporte. Varios entrevistados señalaron que la Agencia se extinguió porque hubo problemas con créditos que se entregaron para un feed lot, que proveería carne a la empresa Central de Restaurantes (responsable de las comidas en el yacimiento), la cual fue desplazada por la empresa Cookins (que actualmente sostiene el monopolio del servicio de comidas en todos los yacimientos provinciales y de la que siempre se ha rumoreado que pertenece a capitales procedentes de la política provincial). Como consecuencia, la producción de carne no fue vendida y los créditos no fueron pagados.

Velásquez, quien en 2018 era presidente del Concejo Deliberante de Gregores, sostuvo por aquel entonces en una entrevista radial (Radio San Jorge, 2018)

desde Pan American Silver crearon una Agencia de Desarrollo que estuvo más cerrada que abierta y que ha financiado microemprendimientos pero no le realizan compras, por lo que el esfuerzo resulta en vano. Han financiado una veterinaria, una planta de agua, engorde para feed lot porque se pensaba que iban a comprar carne y agua, pero nada. Tenemos un matadero con tremenda infraestructura parada y el agua la traen de Bahía Blanca. Hacen aportes pequeños, pagan 3 o 4 sueldos de 10 mil pesos y ya piensan que se ocupan de la localidad. Lo único que se entregó fue un patrullero, una moto, una ambulancia y pequeñas cosas de ayudas económicas, pero desarrollo cero. Se la están llevando a paladas (a la plata) y no dejan nada.

Respecto a la actividad de la Agencia de Desarrollo, se comparte en diversos ámbitos lo que expresa un entrevistado: se la fumaron toda la plata. La Agencia de desarrollo al principio estuvo a cargo de gente de Triton, la intendencia y ahora no se quien está, funcionó como un desastre (E1).

Consultados acerca de quiénes dirigían la Agencia y dónde se encontraba físicamente, otro entrevistado señaló: no tenía un lugar, tenías que ir a las oficinas de TRITON, era una cuestión muy monopolizada (E6). Una proveedora también manifestó que acá en Gregores a la minería no la aprovecharon tanto como en San Julián, acá hicieron la Agencia de Desarrollo, la crearon y después la cerraron, no la aprovecharon (E7).

En resumen, tanto la acción de la Agencia de Desarrollo como los aportes de responsabilidad social empresaria que realizaba la empresa en la localidad no son reconocidos positivamente por la sociedad ni el propio gobierno local, denotando la disparidad entre los recursos extraídos y el retorno a la localidad.

El gobierno provincial

En la provincia de Santa Cruz, desde el regreso de la democracia gobierna el PJ. Desde 1991 gestiona ininterrumpidamente el Partido Justicialista/Frente para la Victoria, creado y liderado por Néstor Kirchner.

La actividad minera -desde el primer gobierno de Kirchner hasta la actualidad- le ha reportado importantes ingresos al gobierno provincial, no solo por las regalías sino, y especialmente, por las sociedades que FOMICRUZ realiza con las empresas mineras, por el cobro de diversos cánones y, desde 2016, por la puesta en marcha del fideicomiso Unidos por la Responsabilidad Social Empresaria (UNIRSE) con el que captura ingresos en cantidades similares a las regalías mineras y en el que prácticamente todas las empresas mineras que operan en el territorio y algunas petroleras participan con sus aportes. Son cuantías que ingresan a una cuenta separada de las cuentas generales y, por lo tanto, son intangibles en el presupuesto o, lo que viene a ser lo mismo, de libre disponibilidad y albedrio para el gobierno provincial.

A la opaca transparencia en la administración de estos recursos y la relación ambigua de sociedad de intereses entre el Estado provincial (en cuya órbita se encuentra FOMICRUZ) y empresas a las que debe (ese mismo Estado) controlar, se adiciona el hecho de que hubo y hay funcionarios estatales que operaron y operan en el sector con empresas propias (o como mandatarios de empresas con las que tienen vínculos familiares, políticos y/o económicos) lo cual pone, inevitablemente, en tensión su función central que es actuar como controladores de la actividad en beneficio de los ciudadanos. Acerca de estos espinosos temas, pueden verse, entre otras, las siguientes publicaciones en medios de prensa provinciales: Opisantacruz (2012) y Tiemposur (2012).

Respecto al conflicto de intereses o tráfico de influencias, otras denuncias fueron dirigidas en varios medios a algunos funcionarios provinciales, ya que según éstas mientras desempeñaban cargos públicos favorecían sus propios intereses empresariales en el sector minero y petrolero, ofreciendo servicios de transporte y energía, entre otras, a las empresas transnacionales. Uno de los casos más destacados es el de Leonardo Álvarez.

Según algunos medios de prensa, mientras fue diputado provincial era, a su vez, dueño de una empresa de transporte que proveía servicios a la minería e integraba la Comisión de Minería, donde se decidía y resolvía sobre leyes y normas mineras y de contratación. Cuando Alicia Kirchner asumió su primer mandato (2011/2015) se desempeñó como ministro de la Producción de Santa Cruz, un cargo que tenía directa incidencia sobre el control de empresas mineras y petroleras, y con un grado evidente de incompatibilidad. Tal es así que, durante ese mandato, de su gestión dependían las licencias y se controlaba y autorizaba el transporte de cianuro con su propia empresa y de forma exclusiva a las mineras que operaban en la provincia (Opi, 2020; Iprofesional, 2023).

La administración de las rentas obtenidas tanto por la minería como por otras actividades es auditada por el Tribunal de Cuentas y, a su vez, la Cámara de Diputados puede pedir informes sobre la misma. Hasta fines de 2023, la abrumadora mayoría que tenía el PJ en la Legislatura Provincial ha hecho difícil que la Cámara opere como poder contralor. Desde diciembre de 2023, la composición cambió rotundamente, quedando conformada del siguiente modo: 12 legisladores que conforman el Bloque Unión por la Patria, 11 legisladores de POR Santa Cruz y 1 legislador de la Coalición Cívica ARI.

El legislador provincial Roquel, que formó parte de la minoría por el partido Unión Cívica Radical, manifestó las consecuencias que trae este sistema que sobrerrepresenta a las mayorías

es imposible de controlar, más siendo ocho legisladores contra el resto, no tenés forma de sacar un pedido de informe, no te los aprueban directamente, nunca les llega el pedido de informe, se queda el proyecto en comisiones y nunca sale de ahí. No es que pedimos el informe, es que no te lo aprueban y no sale. No te queda otra que armar todo e ir a la justica a hacer una denuncia y eso te cansa, porque lo que buscan es eso, que por todo tengas que ir a la justicia a pedir. (E8)

El sistema judicial también está seriamente sospechado de declarada militancia oficialista. El Tribunal de Cuentas también es controlado por el gobierno provincial. Respecto al funcionamiento de las cuentas públicas en Santa Cruz, González y Lodola (2019:29) señalan que

las instituciones fiscales otorgan acceso cuasi monopólico del gobierno provincial a las rentas minerales. Estos ingresos, como todos los ingresos recaudados y toda la deuda contraída por la provincia, se mantienen centralizados en una única corriente cuenta bancaria (el Sistema de Cuenta Única de Tesoro) que es administrada por la oficina de tesorería. Mediante este instrumento, el gobierno puede asignar rentas con poca supervisión de la Legislatura y otras instituciones de control como el Tribunal de Cuentas (en que el partido de la gobernadora tiene mayoría).

En la práctica según la vocal por la minoría en el Tribunal de Cuentas y con respecto a la utilización de los fondos del fideicomiso UNIRSE

en el organismo no se tiene control sobre la gestión; el trabajo se encuentra divido en partes y cada vocal controla un sector, en su caso ministerios y hospitales, otro vocal los municipios y otro, las Sociedades del Estado y entes descentralizados; la única manera en que se puede acceder a esa información es cuando algún vocal del oficialismo ingresa el tema en una sesión del Tribunal de Cuentas. Actualmente se están presentando fallos de auditorías que se hicieron en 2009, muy pocos organismos están avanzados en sus declaraciones y el UNIRSE se creó en 2016. Otro tema es que cada organismo que recibe recursos del UNIRSE rinde por separado, ya sean ministerios, municipios y sociedades. Acá pasa con IDUV (Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda), no sacan más del año 2014 porque ahí empezó a trasladarse lo del UNIRSE. Toda la obra pasa por el IDUV, entonces si pedís información al hospital, por ejemplo, de Río Gallegos, que tenemos un hospital casi terminado que se hizo con UNIRSE pero quien lo manejó fue el IDUV [...] no nos permiten meternos. (E9)

Cese de actividades y cierre de mina en Triton-Manantial Espejo:

compleja trama de actores y relaciones

Respecto al cierre de mina, la Secretaría de Minería es autoridad competente en la aplicación de la Ley Nº 3.751 de Cierre de minas (sancionada el 24/6/2021). Esta ley ha sido elogiada por los propios dirigentes provinciales como la única existente en el país. Sin embargo, el decreto reglamentario de la misma fue emitido el 18 de noviembre de 2022 y publicado el 13 de diciembre del mismo año, es decir, 17 meses después de la sanción de la ley, lo que es a todas luces una notoria irresponsabilidad por parte del gobierno provincial, porque era vox populi que en los meses posteriores a la sanción y previos a la emisión del decreto se venían produciendo reuniones entre el gobierno y la empresa Triton ante el inminente cierre de la mina Manantial Espejo.

En el Decreto Nº 1.494/2022 (18/11/2022), que reglamenta la Ley Nº 3.751 (24/6/2021), se señala que

el objetivo de la planificación del procedimiento de cierre de minas consiste en mitigar los impactos negativos asociados al cese de la actividad minera garantizando la protección de la salud, seguridad, vida de las personas y del ambiente en el ámbito provincial. Que asimismo se persigue lograr el compromiso con los grupos de interés, la participación de las comunidades en la planificación e implementación de las medidas que integran el plan, garantizar la disponibilidad de fondos suficientes para afrontar los costos de los trabajos y acciones de cierre y post cierre, todo ello a fin de planificar adecuadamente los recursos y oportunidades para lograr beneficios duraderos y sustentables.

Para ello, la Ley establece que se debe elaborar un plan de cierre por la empresa que será presentado ante la autoridad de aplicación, que es la Secretaría de Minería de Santa Cruz, la cual debe aprobarlo, lo que no ocurrió con el presentado en primera instancia para el cierre de Manantial Espejo, cuyos propietarios debían presentar una versión mejorada para el 10 de abril de 2023. Sin embargo, la improvisación con la que se ha actuado hasta ahora hace que la no aceptación del plan de cierre y decretar la conciliación obligatoria (establecida el 13/1/2023 y que se ha extendido por varias semanas cuando lo habitual es que dure 15 días con opción a 5 de prórroga) más bien parezcan procedimientos para ganar tiempo que la búsqueda de una solución real y efectiva al cierre de mina que, en los hechos, ya se ha consumado. Desde entonces, no hemos sabido de más novedades en torno a cómo se resolvió el diferendo que llevó a la conciliación obligatoria. En la práctica, la mayoría de los exempleados de la empresa minera han sido recolocados en otros yacimientos, restando un grupo reducido que todavía espera novedades.

En este sentido, una vez que en el plan estén contemplados los aspectos sociodemográficos, socioeconómicos, el resguardo de las personas y el medio ambiente, la empresa debe constituir una garantía para afrontar los costos que conllevan las labores del plan de cierre aprobado, lo que es altamente probable que tampoco se esté cumpliendo y es también muy difícil pensar que este gobierno o el que sea electo en octubre de 2023 tenga las herramientas y el financiamiento para continuar el control del proceso de cierre que puede extenderse fácilmente durante 6, 8 o más años, según cuál sea el plan de cierre finalmente aprobado.

Con relación al cese de la actividad de la empresa, la mayoría de los empleados encuestados señalaron que eran recurrentes los rumores de cierre, incluso desde que comenzaron a trabajar, hace muchos años atrás. Permanecía vívido el recuerdo del cierre de Mina Martha, el cual tuvo un impacto negativo moderando porque, casi simultáneamente, comenzó a operar Manantial Espejo y absorbió a la mayoría de los trabajadores desempleados. Tanta persistencia e insistencia tenía el rumor, que muchos optaron por no creer que esto fuera a pasar fehacientemente, pues quedaba mineral sin extraer ni procesar. A partir de agosto de 2022 los rumores comenzaron a expandirse más y ganaron entidad de inminente realidad.

Una parte de los empleados fue notificada por sus jefes de sector/área que les transmitieron que seguramente a fin de año cesaría la actividad. Otra parte del personal no fue informada y a otros sólo les avisó a que a partir del 31 de diciembre del 2022 ya no subirían más al yacimiento por cese de producción y porque, además, en el caso de los obreros de COSE y Joaquín, sus contratos fenecían al 31/12/22, lo que establecía el cese de vínculo con la empresa. Todos/as los encuestados/as coincidieron en que nunca se les informó oficialmente por parte de la empresa el cese de la producción. En este sentido, se aprecia un grado alto de informalidad y de falta de compromiso con sus propios empleados, lo que se refleja en la opinión de los trabajadores encuestados (estas expresiones son anotaciones que realizamos durante mientras realizábamos la encuesta, pues la aplicación de este procedimiento habitualmente no se graba y, ante nuestra consulta, los trabajadores no aceptaron que lo sean):

Los jefes informaron que cesaba y acepté para no perder.

Me entero por Whatsapp, donde me invitaban a comunicarme con Recursos Humanos para arreglar la salida.

Me fui con retiro voluntario, no íbamos a llegar a buen puerto. Sin paritarias nuestro sueldo quedaba bajo, nos dejaron a la deriva.

Informaron que desde el 15/3 se aplicaría la ley Vizzoti. Me avisaron que arregle.

Rumores nada más, cada vez que había reajuste de sueldos decían que iban a cerrar.

El impacto no es sólo económico sino también emocional y psicológico, tal como ellos lo refieren, y es una de las situaciones que se destacan reiteradamente en las respuestas, con énfasis en que lo repentino del cierre impidió que hubieran comenzado a buscar nuevas fuentes de trabajo con antelación. Parte del personal recibió un telegrama de despido los primeros días de enero de 2023, sin embargo, la medida quedó paralizada ante la conciliación obligatoria que ordenó el Ministerio de Trabajo de la provincia el día 13 de enero de 2023. No obstante, la empresa ofrecía lo que denominaban un “retiro voluntario” a quienes “arreglaran”.

Un hecho -aparentemente aislado pero que terminó operando como parteaguas- fue la viralización del audio de Whatsapp de una trabajadora de la empresa que le decía un compañero que si no arreglaban se les iba a pagar el 67% de la indemnización que le correspondería (argumentando la empresa que eso era lo establecido en la denominada Ley Vizzoti que, en rigor de verdad, es un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ante el reclamo de un trabajador despedido en 2004).

Este parece haber sido el inicio para que una gran cantidad de trabajadores -se estima en más de 100 el número- presos de la desesperación y la angustia y sin un asesoramiento rápido y adecuado sobre que alternativa tomar, presentaron la renuncia (Cfr. Tablas 3 y 4):

Me llegó la carta de despido el 15/1/23. Eso le dieron marcha atrás con la conciliación obligatoria. De ahí en adelante la empresa ofrecía renuncia voluntaria hasta el 15/3, sino iban a pagarnos el 67% de la indemnización. Nos hostigaron. Renuncié. No había quien supiera asesorarnos bien sobre el tema.

Tabla 3. Situación laboral de los encuestados.

G. Gregores. Absoluto y %. Marzo/23.

¿Sigue como empleado

de la empresa?

Cantidad

Sí

Total

100

Fuente: relevamiento y elaboración propios. 2023.

Tabla 4. Situación actual con relación a la empresa. G. Gregores. Absoluto y %. Marzo/23.

Situación

Cantidad

Aceptó retiro voluntario

Venció su contrato

Sigue como empleado

Total

100

Fuente: relevamiento y elaboración propios. 2023.

Otro factor significativo que influyó en sus decisiones tuvo que ver con que muchos compañeros/as y dos delegados del gremio (los más antiguos), fueron los primeros en aceptar la renuncia e incorporarse a otros yacimientos, aprovechando el costo de oportunidad de ser los primeros en salir en búsqueda de nuevos puestos de trabajo o, según la opinión de varios entrevistados, por tener la ventaja de ser muy cercanos a las autoridades gremiales. Esta situación los dejó aún más indecisos y decepcionados.

Mientras estuvimos en Gregores realizando las encuestas y entrevistas, un tercer delegado aceptó el arreglo con la empresa, quedando sólo el más joven en funciones.

Al consultar sobre la actuación del gremio AOMA, los trabajadores mayormente consideraron que los han apoyado, no obstante, hubo quienes opinaron de manera diversa sobre el accionar de los delegados y autoridades del gremio, oscilando entre una plena reivindicación hasta una crítica abierta:

Bien, nos acompañaron, pero los delegados nos tendrían que haber dicho que se iban.

La toma de la mina se hizo tarde.

Los delegados son nuevos, pero cumplen y se desenvuelven muy bien en este contexto.

[la acción del gremio] Pésima, no hubo asesoramiento legal, ni los delegados ni el gremio nos dijeron nada.

Los delegados abandonaron el barco, la toma se tendría que haber hecho antes de que los delegados renunciaran. Valoro el convenio por la escala salarial.

Bien, se movieron rápido y concreto.

El gremio se portó bien, están acompañando. La toma se hizo porque no se llegó a un arreglo con la indemnización.

La toma de las instalaciones de Triton, ocurrida el 17/3/2023, fue considerada no solo por muchos trabajadores sino por comerciantes y empresarios locales, como una acción que se realizó de manera tardía, cuando ya no quedaba ningún jefe de la empresa a quien presionar o de quien obtener respuestas y en la que muchos participaron -afirman- por temor a no conseguir trabajo posteriormente en otros yacimientos.

Cuando fueron entrevistados, muchos empleados y exempleados expresaron su preocupación, sin tener certezas sobre lo que les depara el futuro laboral y económico. Gran parte de ellos si bien no son nativos de Gregores, en los años de residencia y trabajo en esa localidad, construyeron sus casas, y constituyeron sus familias (Cfr. Tabla 5). Ellos no piensan en partir sino más bien aceptaron como propia una opción de quedarse y pelearla, considerando que no tienen opciones ciertas de vender sus casas ante la caída de los precios y la poca demanda, más bien esperan poder reinsertarse laboralmente en otras empresas mineras de la provincia (circunstancias que, en la actual coyuntura socioeconómica nacional y provincial, no parecen que puedan ocurrir ni fácil ni rápidamente, al menos para la mayoría de ellos) y permanecer viviendo en Gobernador Gregores.

Tabla 5: Trabajadores de empresa minera según posesión de vivienda propia en G. Gregores por años de residencia. Absolutos. Marzo/23.

Años de Residencia en G. Gregores	Vivienda Propia
Años de Residencia en G. Gregores	Tiene	No tiene
Hasta 5 años De 6 a 10 años De 11 a 15 años 16 o más años	0 1 10 12	0 6 7 3
Total	23	16

Fuente: relevamiento y elaboración propios. 2023.

Esta tabla permite ver que buen parte de aquellas personas que arribaron a la ciudad hace 11 años o más construyeron su vivienda porque tuvieron, entre otras posibilidades, la de haber conseguido un empleo bien pago y razonablemente estable que permitía pensar en un proyecto de vida personal y/o familiar en Gobernador Gregores, razón por la cual son muchas de ellas las que están pensando, en primer lugar, en quedarse y tratar de mejorar su condición de existencia desde allí para, en una instancia posterior, comenzar a pensar en la partida y búsqueda de nuevo destino laboral y vital.

Según los propios empleados, para el año 2014 la planta contaba con más de 600 trabajadores, en 2022 la cuantía había bajado a unos 380, de esos solos unos 100 se estima son nacidos y criados en Santa Cruz (NyC), gran parte procede de otras provincias (Cfr. Tabla 6) y son mayoría los varones (Cfr. Tabla 7).

Actualmente, si bien se habla de unos 200 despedidos (cuya cesantía permanece en suspenso ante la conciliación obligatoria, es decir que hoy todavía son trabajadores de la empresa y cobran sus salarios), pareciera ser más razonable estimar que alrededor de 100 quedarían actualmente como efectivos, los demás habrían arreglado su despido-renuncia y muchos se habían ido de la ciudad.

Tabla 6. Trabajadores/as encuestados/as según lugar de nacimiento. G. Gregores.

Absoluto y %. Marzo/23.

Lugar de Nacimiento

Cantidad

Jujuy

Otra provincia

Santa Cruz

Otro país

12,5

Total

100

Fuente: relevamiento y elaboración propios. 2023.

Tabla 7. Trabajadores/as encuestados/as según género.

G. Gregores. Absoluto y %. Marzo/23.

Género

Cantidad

Varón

Mujer

93,5

6,5

Total

100

Fuente: relevamiento y elaboración propios. 2023.

Calculando la masa monetaria que generaba la actividad y solo considerando a los aproximadamente 100 empleados que permanecerían vinculados a la empresa, la cuantía alcanza una media de $35.000.000 mensuales que dejará de recibir la localidad. Si además se añaden las remuneraciones que recibían las empresas proveedoras de servicios, la cuantía de dinero circulante se reducirá aún más, previendo despidos en esas empresas también; estimados en casi la mitad de la planta con la que cuentan actualmente según los propietarios; tales como hoteles, restaurantes, y servicios de transportes de personal y de cargas. Todo el circuito económico también incluye al pequeño comercio y al inmobiliario, que verá mermada su actividad por falta de demanda.

Es probable que una parte de esa masa salarial mensual recibiera otros destinos, no obstante, el impacto que la retracción de circulante tendrá sobre la vida económica de la localidad será notorio como así también lo serán sus consecuencias en la vida social comunitaria.

La actuación del gobierno provincial fue valorada por los encuestados y entrevistados como inexistente, además de haber dado por descontando el acompañamiento de la gobernadora en actos o reuniones pues, coincidentemente mientras se daban estos hechos, el 23 de marzo Gregores cumplía 101 años. Lo segundo, se esperaba que la Ley de Cierre de Minas se cumpliera.

Al consultar a los trabajadores de la minera y a algunos proveedores locales, la gran mayoría opina que el gobierno provincial podría haber exigido previamente mucho más a la empresa, que la intervención más clara se había limitado -hasta marzo de 2023- a la conciliación obligatoria y a verificar que los trabajadores vivieran en los domicilios que habían declarado en Gobernador Gregores (relevamiento al que refería el exintendente Vidal, más atrás).

Una amplia parte de los trabajadores opinaban que una salida de esta situación es que los indemnicen como corresponde y que los reubiquen -con el apoyo del gremio- en otros yacimientos de la provincia lo que, efectivamente, ha ocurrido para un buen número de ellos. Por otro lado, sostenían que esta situación de incertidumbre y de cierre no planificado, puede repetirse en otras localidades donde la minería está asentada si el gobierno no actúa proyectando anticipadamente y exigiendo a las empresas reglas claras en su proceder, especialmente con los/as trabajadores/as, comunicando e informando con certeza a todos los implicados en el proceso productivo y haciendo cumplir la ley de cierre de minas.

Si hay una ley hay que hacerla respetar, esto ya había pasado en Mina Martha.

Un plan de cierre, el Ministerio de Trabajo debe estar, actuar con anticipación, decir la verdad a la gente.

Falta de organización, anticipación para el cierre. Tendrán que buscar la reinserción para las personas y capacitar.

Se va a repetir porque la actividad tiene principio y fin. Tendrían que ver como reubicar a la gente.

Cuando se consultó acerca de cómo piensan que se darán las labores de control y saneamiento medioambiental, la gran mayoría desconoce cómo se va a proceder, pero suponen que todo va a quedar como se dejó al momento de cesar la operación.

Supongo que lo harán, dejaron el túnel con agua, no sé cómo harán con eso.

Los van a tener que obligar a que lo hagan. Dejaron todo abierto: tienen que sacar los cables de los túneles, las luces.

El control sobre las cuestiones ambientales vinculadas a la actividad minera se encuentra bajo la órbita de la Secretaría de Minería. Las intervenciones son pocas, una o dos visitas a los yacimientos al año y con preaviso, según informaron empleados y ambientalistas, en diversas entrevistas. Los funcionarios públicos del área, al parecer, asumen que el conocimiento experto se encuentra en el sector privado corporativo, considerando que desde las empresas se hacen todos los monitoreos y el ente regulador toma los datos sin mayores comprobaciones.

El diputado por la minoría Oliva, considera que lo preocupante es que

el Estado provincial no tiene los elementos para hacer los monitoreos o para hacer sus propias inspecciones; cada tanto tendría que hacer una revisión de lo que están presentando las empresas, hacer un monitoreo y aparte contrastar, por lo que yo he visto es muy poco lo que se lee y se cuestiona de los monitoreos ambientales. Suponte que vos decís un mallín se está secando, no es que va a venir alguien del Estado a decir ¿por qué se está secando? ¿y qué se puede hacer? Sino que las cosas siguen. (E10)

Reflexiones finales

El cierre de mina de Manantial Espejo plantea un enorme desafío a los diferentes actores implicados y con poder de decisión sobre el modo en que ocurre y transcurre, tales como son -principalmente- el gobierno nacional, el provincial, el gremio AOMA y los obreros de la actividad, la Cámara de Proveedores Mineros Santacruceños y las autoridades locales y, especialmente, a las comunidades que deberán tener una actitud proactiva de cara a su propio futuro, considerando que es segundo cierre de mina que afrontan en poco más de 10 años.

El impacto socioeconómico que se espera para la localidad de Gobernador Gregores será fuerte, ya que gran parte de su actividad económica se apoyó en los ingresos de la minería, considerando que la actividad ganadera ovina extensiva, base del surgimiento y de su centenaria existencia, está en franco declive desde mediados de los años 90.

También es, aún con lo dramático de las circunstancias actuales, una oportunidad para poner en cuestión y replantear desde la ciudadanía las decisiones que se toman desde los gobiernos provincial y local respecto a las grandes operadoras mineras, a exigir transparencia sobre cómo se planifica la actividad, cuáles son las ganancias de las empresas y cuáles las del gobierno provincial, cuánto recibe la localidad y cuánto podría -potencialmente- recibir con otras reglas de juego; qué destino se da a esos ingresos que, como se dice abiertamente, tienen fecha de caducidad.

Los ingresos generados por la gran minería deberían retornar, en buena parte, a las comunidades que han otorgado la licencia social (el modo en que esta se obtiene también debe ser revisado y apoyado desde el ámbito político e incluso con participación de la UNPA, universidad con presencia en el territorio) a las empresas donde cuentan con sus oficinas y bases operativas para hacer concreta la reiterada afirmación de pensar la post minería en las diferentes localidades. Lo expresado previamente, incluye el derecho a conocer cuánto se recauda y cómo se da el reparto de fondos que se realiza, generalmente, con poca o nula planificación y sin ningún tipo de participación de las comunidades o de sus representantes, utilizados mayormente para políticas cortoplacistas o con fines electorales, que traen consigo -cuando las empresas se retiran- efectos aún más negativos para las poblaciones involucradas.

Básicamente, es preciso alinear la acción política con lo que está reglamentado en el decreto de cierre de minas, donde se exige desde el gobierno provincial a las empresas transnacionales algo que también debería aplicar para sí mismo:

lograr el compromiso con los grupos de interés, la participación de las comunidades en la planificación e implementación de las medidas que integran el plan, a fin de planificar adecuadamente los recursos y oportunidades para lograr beneficios duraderos y sustentables

desarrollándolo a lo largo de la vida útil de estos proyectos y no actuando de improviso y desde los despachos ministeriales, cuando el cierre ya está en marcha.

No obstante, el problema persistente ha sido (y continúa siéndolo) la baja transparencia en la gestión de los ingresos y del negocio de la gran minería en torno a los actores que, de diversas formas y niveles de implicación, lo conforman. Puntualmente en Gregores los aportes de la actividad no fueron orientados a elaborar políticas públicas que impulsasen otras actividades para atenuar la falta de trabajo y de ingresos en la localidad cuando efectivamente la mina cerrara. También se ha manifestado la falta de control gubernamental sobre la empresa no solo en el cumplimiento de la ley de cierre de mina, sino también en los casos de contratación de mano de obra local, y en la compra de insumos o servicios a proveedores locales, ambas obligaciones establecidas por leyes provinciales. Por último, la función de vigilar el impacto sobre el ambiente natural, base de la actividad minera y de la histórica actividad agropecuaria, también fue cuestionado, dejando el criterio de regulación y actuación en manos de la empresa, con nula o escasa participación del gobierno provincial en los controles.

En este sentido, los obstáculos al cumplimiento de las leyes sancionadas tienen que ver con la connivencia manifiesta entre varios de los actores que más poder detentan, sean éstos; empresarios con capacidad de presión política, gremios, representantes del sector político y las propias empresas mineras.

Esta fase de desconocimiento, desinformación e inacción del Estado provincial para con la comunidad de Gregores y también la gravosa acción de la empresa que operó con licencia social durante casi 14 años en la ciudad, acarrea aún más incertidumbre y preocupaciones, que incluyen desde las consecuencias negativas del desempleo, la migración, la dependencia de aquellos ingresos que proporcionaba la actividad en la comunidad junto a la no previsión ni toma de medidas que pudieron haber contenido su ausencia; hasta aquellas preocupaciones que repercuten sobre la situación de seguridad e higiene en el yacimiento y sus potenciales impactos ambientales.

El cierre de mina en Manantial Espejo es un buen recordatorio de todo lo que no debe hacerse y de lo que resulta necesario planificar para llegar a esa instancia de manera previsible y controlada.

Referencias bibliográficas

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Entrevistas

Entrevistas E1 a E10, fueron realizadas por nosotros entre noviembre/22 y marzo/23 y corresponden a ciudadanas/os con diferentes niveles de involucramiento y responsabilidad en los temas aquí tratados.

E1: entrevista 1 realizada a proveedor local de Gobernador Gregores, 19 de marzo de 2023.

E2: entrevista 2 realizada al Intendente de Gobernador Gregores, 21 de marzo de 2023.

E3: entrevista 3 realizada a propietaria de Hotel en Gobernador Gregores, 20 de marzo de 2023.

E4: entrevista 4 realizada a propietaria de hotel y servicio gastronómico en Gobernador Gregores, 20 de marzo de 2023.

E5: entrevista 5 realizada en Río Gallegos al Secretario de Minería de la Provincia, 23 de noviembre de 2022.

E6: entrevista 6 realizada a propietario local de empresa de servicios en Gobernador Gregores, 21 de marzo de 2023.

E7: entrevista 7 realizada a empleada de hotel local en Gobernador Gregores, 19 de marzo de 2023.

E8: entrevista 8 realizada a legislador provincial en Río Gallegos, 22 de noviembre de 2022.

E9: entrevista 9 realizada a Vocal por la minoría del Tribunal de Cuentas de la provincia, en Río Gallegos, 23 de noviembre de 2022.

E10: entrevista 10 realizada a legislador provincial en Río Gallegos, 22 de noviembre de 2022.

1 PICT 1800-2019 Nuevos usos y valoraciones de la tierra en la Meseta Central Santacruceña-Macizo Deseado (MCS-MD) y poblaciones aledañas desde 1995 a la actualidad: impactos y transformaciones socioambientales y productivas.