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Celedón
TRAMAS SOCIALES | Nº 01 | Año 01 | ISSN 2683-8095
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Resumen
El presente artículo se propone analizar la normativa
y los conceptos volcados en Decretos, manuales y
directivas castrenses, a través de los cuales se conguró
la denominada “lucha antisubversiva”, entre los años
1975 y 1976. Dicho análisis permite no sólo profundizar
sobre el discurso ocial en torno el escenario histórico,
sino que invita también a reexionar sobre los términos
que de una u otra manera se fueron instalando en la
sociedad de manera intencional.
Mediante la pesquisa y el análisis de fuentes institucio-
nales, aplicando el método de investigación histórica
NORMATIVA Y CONCEPTUALIZACIONES
EN TORNO AL PLAN DE “LUCHA CONTRA SUBVERSIÓN”
DE LAS FUERZAS ARMADAS (1975-1976)
Celedón, Astrid
1
Recepción: 24/07/2018 | Aceptación:11/09/2018
Fuente:DIARIO UNO
1. Mg. Astrid Celedón (Facultad de Filosofía, Humanidades
y Artes, UNSJ). El presente artículo presenta abordajes
que forman parte de la tesis de Maestría en Historia, de
la FFHA, UNSJ, defendida por la autora en el año 2017
(Celedón (2017) “El diario sanjuanino Tribuna de la
Tarde. Su posición frente al gobierno militar en la lucha
“antisubversiva”, desplegada en el país entre 1976 y 1978”
(Tesis de Maestría en Historia) Universidad Nacional de
San Juan, Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, San
Juan, Argentina, trabajo inédito) Dirección electrónica:
astridcele@yahoo.com.ar
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y utilizando herramientas de análisis del discurso y de
contenido, se propone al lector un recorrido sobre las
principales conceptualizaciones que, desde nales de
los años ´60, fueron congurando el plan represivo de
las Fuerzas Armadas frente al “enemigo subversivo”.
Atendiendo a los objetivos del plan militar, el propósito
de ganar la voluntad de la población fue posible a
través de la incorporación del discurso ocial tanto en
los medios de comunicación, como en otros espacios
sociales.
Palabras claves:
Normativa – Discurso – Represión – Subversión –
Dictadura
Abstract
The present article intends to analyse the regulations
and concepts expressed in Decrees, manuals and
military directives, through which the so-called “anti-
subversive struggle” was set up, between 1975 and
1976. Such analysis allows not only to deepen the ocial
discourse around the historical scenario, but also it
invites to reect on the terms that in one way or another
were installed in society intentionally.
Through investigations and analysis of institutional
sources, applying the historical investigation method
and using tools for discourse and content analysis,
the reader is oered an overview of the main
conceptualizations that, since the late 1960’s, have
been shaping the repressive plan of the Armed Forces
against the “subversive enemy”.
Focusing on the objectives of the military plan, the
purpose of winning the will of the population was
possible through the incorporation of the ocial
discourse both in the mass media, as in the other social
areas.
Keywords:
Regulation – Discourse – Repression – Subversion –
Dictatorship
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Introducción
La historia argentina reciente constituye un campo
de estudio amplio y complejo, cuyo análisis genera
diversidad de opiniones, muchas veces contrapuestas.
Se trata de un terreno fértil para la investigación social,
así como también para la discusión colectiva, en una
sociedad que maniesta un creciente interés por
conocer el pasado cercano.
La actual irrupción del pasado cercano como tema
y problema de la historiografía argentina tiene su
correlato en la pasión memorialista característica de las
últimas décadas. Así mismo, se vincula con la necesidad
de entender el carácter violento y traumático de ese
pasado que afectó profundamente a la sociedad en su
conjunto.
Esta intersección entre la explosión de la memoria como
problemática de época y la existencia de expectativas
en torno a la Democracia, que se han visto muchas
veces frustradas en el período pos-autoritario, es lo
que despierta el interés sobre la historia próxima. Ella
presenta como rasgos distintivos los enfrentamientos
y las crisis sociales, la confrontación de intereses
contrapuestos, los problemas económicos, la violación
de los derechos humanos, las políticas represivas y, en
general, otros procesos políticos traumáticos que aún
hoy permanecen como herida abierta en la memoria
social.
Para poder lograr un acercamiento a las ideas que
sustentaron a las políticas represivas impuestas por
el Estado terrorista a mediados de los ´70, el presente
artículo se propone analizar la normativa y los conceptos
volcados en decretos, manuales y directivas militares, a
través de los cuales se conguró la denominada “lucha
antisubversiva”. Se centra especialmente entre los años
1975 y 1976, momento en el cual las Fuerzas Armadas
asumieron el manejo pleno de la represión contra los
grupos armados de izquierda.
Las fuentes consultadas están constituidas principal-
mente por documentos institucionales de la época, los
cuales han sido seleccionados según la gravitación que
tuvieron en la ejecución de la “lucha antisubversiva”. A
su vez, se agregan documentos surgidos a partir de la-
bores judiciales, en torno a los juicios por delitos de lesa
humanidad, como así también, artículos periodísticos
de un diario sanjuanino de trayectoria, como lo fue Tri-
buna de la tarde; esto último con el objeto de observar
la transferencia de las conceptualizaciones militares a la
prensa escrita local.
El análisis del material se realiza aplicando el método
de investigación histórica y utilizando herramientas
de análisis del discurso y de contenido, al amparo de
bibliografía especíca que aborda la temática estudiada.
Las interrupciones a la Democracia
El proceso histórico muestra que, a partir de 1930, la
alternancia de gobiernos civiles y militares se convirtió
en una recurrente “normalidad” para el devenir político
en la Argentina del siglo XX.
Durante más de cincuenta años, las instituciones y
autoridades democráticas del país fueron jaqueadas
por golpes de Estado protagonizados por las Fuerzas
Armadas. Estas desplegaron su competencia en la lucha
por el poder en la vida pública, a través de sucesivos
“planteos” e intervenciones directas. A la vez, el
sistema político argentino las fue incorporando como
una especie de “árbitros” en los conictos, con quienes
ciertos sectores civiles concertaron apoyos y alianzas.
La particular relación entre civiles y militares fue
sedimentando una cultura que aceptó en mayor o
menor medida la politización castrense, cuestión que
llegó a su punto culminante con el golpe de Estado
de 1976. Este suceso tuvo como marco la conuencia
de una serie de hechos, tales como el descontrol de la
situación económica y la crisis social, el descrédito de
la autoridad presidencial, la impotencia de los partidos
políticos y la debilidad del Congreso para encontrar una
vía institucional efectiva para dar respuesta al clima de
incertidumbre política reinante. Esto podría explicar el
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apoyo inicial que recibió el autodenominado Proceso
de Reorganización Nacional en amplios sectores de la
población.
El 24 de marzo, las Fuerzas Armadas se presentaron
como las restauradoras del orden social, justicando
su intervención como algo inevitable frente a un vacío
de poder. Convertidas nuevamente en protagonistas
de la vida política argentina, pusieron n a un gobierno
elegido democráticamente tres años antes, sin que la
ciudadanía ofreciera mayor resistencia.
Integrada por Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y
Ramón Agosti, la Junta de Comandantes en Jefe, dedicó
sus dos primeros años de gobierno a aplicar su “plan
antisubversivo” el que, según describe Marcos Novaro:
Además de nes represivos contemplaba metas
políticas (reeducar y reorganizar a los actores sociales
y políticos), incluso económicas e internacionales
(reordenar y relanzar el aparato productivo y ubicar a
la Argentina a la vanguardia del mundo “occidental
y cristiano” en su lucha contra el comunismo). Así,
de acuerdo con la idea de que la subversión era la
síntesis de los problemas que afectaban al país,
todas las iniciativas del gobierno se organizaron en
esta etapa en relación directa o indirecta con dicho
plan (2010, p. 143/144)
A través de una serie de documentos, los Comandantes
raticaron la posición doctrinaria y su plan de acción, el
cual había sido elaborado con anticipación al golpe de
Estado. Tanto en la Proclama, como en el Acta donde se
enunciaban los objetivos del Proceso, así como también
en su Estatuto, la pertenencia al mundo occidental y
cristiano, el rechazo del Comunismo, el enfrentamiento
contra los grupos considerados subversivos y el
reordenamiento social y económico de la Nación, se
marcaron como las ideas rectoras del accionar de la
Fuerzas Armadas. De allí su auto-denominación como
“Proceso de Reorganización Nacional”.
El nuevo golpe de Estado constituyó una muestra
exponencial del intervencionismo militar, que habría
de causar efectos devastadores en diversos sectores de
la vida nacional y una profunda herida al interior de la
sociedad.
La normativa “antisubversiva”
durante el gobierno democrático
Años antes del golpe perpetrado por las Fuerzas Armadas
en marzo de 1976, el gobierno nacional liderado por el
justicialismo, había implementado medidas destinadas
a combatir a las organizaciones políticas armadas,
sin lograr alcanzar la tan anhelada paz social. Dentro
de la normativa jurídica, el Proyecto de Modicación
del Código Penal, que fue aprobado el 25 de enero de
1974, tipicaba e incluía nuevos delitos tales como la
sustracción, la retención u ocultamiento de personas,
secuestros extorsivos, incluyendo además delitos de
agrupaciones con nes de lucha ideológica, entre otros.
La misma contemplaba también sus correspondientes
penas y castigos.
Durante el interinato de Raúl Lastiri, mediante un
decreto se prohibió el ingreso de literatura “subversiva”
por vía aduanera, “que tuviera por nalidad la difusión de
ideologías, doctrinas o sistemas políticos, económicos
o sociales tendientes a derogar la forma republicana y
representativa de gobierno, o contrarias a los principios
y garantías consagrados por la Constitución Nacional.”
(Sanmartino de Dromi, 1996, p. 622). En el mes de
mayo de 1975 la Presidente amplió el decreto anterior,
agregando la prohibición de ingreso por vía postal para
esta clase de material.
Estas medidas reejan el avance del control sobre la
circulación de ideas, lo cual en la práctica aludía a las
ideas políticas de izquierda. Dicho control fue cobrando
progresivamente mayor relevancia en la política del
gobierno nacional, profundizando así el estigma que
se teñía sobre los sectores anes a tal posicionamiento
político.
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Mientras tanto, las condiciones sociales, políticas y
económicas se tornaron cada vez más desfavorables
al gobierno justicialista, lo cual fue abriendo el camino
para que la voluntad castrense encontrase un espacio
para la interrupción institucional. Las Fuerzas Armadas
decidieron actuar después de haber elaborado un
minucioso diagnóstico mediante el cual armaban la
existencia de una realidad social conictiva y “caótica”,
la cual justicaba una “revolución desde arriba”,
aplicando procedimientos antes no utilizados para
alcanzar el objetivo “refundacional” de la República
(Novaro, 2010, p. 137).
Al proyecto de irrumpir en el gobierno, que se incubó
en el seno mismo de las Fuerzas Armadas, se sumó
la intención de producir un cambio profundo en la
sociedad. “El desafío de la guerrilla y la aguda crisis
social que durante muchos años se superpuso con dicho
desafío, fueron interpretados por los militares como la
manifestación de una sociedad enferma y, por lo tanto,
indefensa frente a la penetración del virus subversivo…”
(Novaro, 2010, p. 56)
Desde febrero de 1975, el “plan de lucha contra la
subversión” emprendido por los militares, se venía
cumpliendo con diversas metodologías represivas a
través del denominado “Operativo Independencia”,
acotado en primera instancia sólo a la provincia de
Tucumán.
A comienzos de octubre de ese año, como consecuencia
del frustrado intento de copamiento del Regimiento
N°29 de Infantería del Monte (Formosa) por parte de
la agrupación Montoneros, se extendió la represión
militar a todo el país. Con el propósito de conducir
políticamente la “lucha contra la subversión” en todo
el territorio nacional, mediante el decreto 2770 se creó
el Consejo de Seguridad Interna, dependiente de la
Presidencia e integrado por todos los ministros del
gabinete, junto a los tres Comandantes en jefe de las
Fuerzas Armadas.
El 8 de octubre de 1975, el presidente provisional Italo
Lúder, que reemplazaba interinamente a María Estela
Martínez, rmó el decreto 2772, por el cual se establecía
que las Fuerzas Armadas, bajo el comando superior del
Presidente de la Nación, ejercido a través del Consejo
de Defensa, procederían “a ejecutar las operaciones
militares y de seguridad que sean necesarias a los efectos
de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en
todo el territorio del país” (Portugheis, 2012, p. 8). Este
decreto, según testimonian sus autores, debía atender a
la cuestión de la guerrilla, con el objetivo de contener su
accionar y no de eliminar físicamente a los involucrados.
1
Sin embargo, en la Directiva 404/75, elaborada por la
Comandancia del Ejército para ejecutar lo dispuesto por
el gobierno, el “accionar de los elementos subversivos”
fue reemplazado por “…aniquilar las organizaciones
subversivas” y “aniquilar los elementos residuales de las
organizaciones subversivas” (Portugheis, 2012, pp. 20-
21). Esta sutil supresión de la palabra “accionar” sugiere
la existencia de un cambio de interpretación frente al
objetivo a cumplir. Ya no consistía en terminar con el
accionar de los sujetos implicados, sino que se procuraría
exterminar a la “subversión”, lo cual no excluiría la vida
misma de sus integrantes.
En poco tiempo el andamiaje legal que subordinaba
el poder político al militar en el plano represivo se
completó con la creación del Consejo de Defensa
Nacional, formado por el Ministro de Defensa y los tres
Comandantes en Jefe, con la asesoría del Estado Mayor
Conjunto.
A este último Consejo quedaban subordinados otros
organismos en materia de “lucha contra la subversión”,
tales como la Secretaría de Prensa y Difusión de la
Presidencia, la Secretaría de Informaciones del Estado
1. Las declaraciones de Italo Lúder, Antonio Cafiero,
Alberto Rocamora, entre otros, realizadas en el marco
de las investigaciones por los delitos de lesa humanidad
cometidos en aquellos años, indican que la intención del
decreto mencionado jamás había sido el de terminar con
la vida de quienes estaban involucrados en la guerrilla
(Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán [2010]
Causa: Jefatura de Policía de Tucumán s/secuestros y
desapariciones. Recuperado de file:///C:/Users/User/
Downloads/adj_pdfs_ADJ-0.752718001282571027.pdf)
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(SIDE), la Policía Federal y el Servicio Penitenciario
Nacional. Mientras tanto, los gobiernos provinciales
debían proveer todos los medios policiales y
penitenciarios requeridos por el Consejo (Borrelli, 2012,
p. 4/6)
La realidad fue que a partir de las acciones protagonizadas
por el ERP en la localidad de Monte Chingolo
2
, se hicieron
cada vez más frecuentes las declaraciones por parte de
la cúpula militar, expresando sus conceptos vinculados
a una “guerra”. Para los altos mandos del Ejército, la
“subversión” no era sólo un problema militar, sino que
constituía un problema global, en tanto que incluía a
otros órdenes como el económico, el social y el político;
por consiguiente, había que exterminarla.
El Teniente General Jorge R. Videla, en la Directiva
N° 404/75, denió el “accionar antisubversivo” como
toda actividad de inteligencia, operaciones militares,
operaciones de seguridad, operaciones sicológicas,
operaciones electrónicas, actividades de acción cívica
y actividades de enlace gubernamental promovida
por el gobierno militar, para efectivizar la planicada
“lucha contra la subversión”. Por consiguiente, las
acciones antisubversivas constituirían todas estas
operaciones llevadas adelante por las Fuerzas Armadas
en pro de lograr el objetivo de “erradicar la subversión”
en el país (Portugheis, 2012, p. 24). Sabido es que tal
accionar represivo en la práctica implicaría una serie
de secuestros, violaciones, torturas y asesinatos, que
marcarían un antes y un después en la historia del país.
Al año siguiente, en el mes de febrero de 1976, el
Ejército redactó un minucioso plan para apuntalar los
proyectos de “Seguridad Nacional”. Se trataba de la
planicación del golpe de Estado que se concretaría
un mes después, donde nada se dejaba librado al azar.
En dicho documento se mencionaban los mecanismos
2. El ataque a Monte Chingolo, en diciembre de 1975, se
concretó a sabiendas de que el Ejército conocía al detalle
el plan de ataque. Aun así, el líder del ERP, Mario Santucho
decidió llevar adelante el ataque para mostrar la capacidad
de movilización y de lucha de los guerrilleros (NOVARO,
2010, pp. 135-136)
para la detención de miembros del gobierno derrocado
y de aquellas personas consideradas “peligrosas” para
la seguridad nacional, así como también, los detalles
sobre lugares que serían destinados a su detención
(Portugheis, 2012, p. 218)
La conceptualización militar sobre la “subversión”
Desde los mencionados decretos conocidos hoy como
“decretos de aniquilamiento” y hasta el golpe del
24 de marzo del 76, mientras recrudecía la violencia
política y social, las Fuerzas Armadas asumieron
abiertamente la conducción de la lucha contra la
guerrilla, con total autonomía del poder político. Ellas
interpretaron que enfrentaban una “guerra” o “guerra
integral”, desatada por el Ejército Revolucionario del
Pueblo y por Montoneros, ambos identicados en las
fuentes como “Organizaciones Político- Militares”.
Dichas organizaciones, de acuerdo al concepto militar,
operaban con “una nueva forma de guerra, con un nuevo
contenido de violencia, que se materializa en una muy
variada gama de formas y cuyo n último es la toma de
poder.” (Portugheis, 2012, p. 36)
La manera en que las Fuerzas Armadas interpretaban al
movimiento socio-político de la época contenía el tópico
de amenaza de guerra; en esos términos diseñaron sus
planes de lucha.
Al respecto explica Feierstein, que las Fuerzas Armadas
utilizaron esa denominación para denir la situación de
las agrupaciones armadas para sus propios nes, dentro
de los cuales estaba el de “ganar las conciencias de la
población civil” (Feierstein, 2011, p. 260). Presentar
la compleja realidad socio-política a través de la idea
de estar llevando a cabo una guerra, invisibilizando y
desatendiendo los cuestionamientos que motivaban el
accionar de los grupos políticos armados, serviría para
alinear a la opinión pública con los propósitos de las
Fuerzas Armadas.
En este sentido, se considera que el término de “guerra”
sólo tiene asidero cuando las partes enfrentadas
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poseen un carácter simétrico, lo cual no ocurrió
en el caso argentino. Comentando a Eduardo Luis
Duhalde, Feierstein expresa “La intervención estatal
y la imposibilidad de las fuerzas contestatarias por
conquistar ninguna porción de dicho aparato vuelve
ilusoria […] la posibilidad de haber llegado a librar una
guerra” (Duhalde citado en Feierstein, 2011, p. 280-281)
Atendiendo a la problemática que comenzó a signicar
el accionar de la guerrilla, especialmente a partir de
la década del ´70, las instituciones militares volcaron
deniciones y conceptos respecto de la misma en
diversos documentos. Tales conceptualizaciones
guardan correspondencia con la Doctrina de Seguridad
Nacional, promovida por el gobierno de los Estados
Unidos con miras a eliminar toda oposición al modelo
político, social y económico sostenido por este país,
en el marco del período que se conoce como la Guerra
Fría (López, 2010). La Doctrina mencionada instaba
a detectar y a eliminar al “enemigo interno”; ya no se
trataba de la defensa frente a un ataque exterior, sino
que a partir de este nuevo enfoque el enemigo estaba
constituido por propios elementos de la población.
El mismo Ejército Argentino al referirse a lo que entendía
como “subversión”, plasmó la siguiente denición en
un manual de formación “el proceso revolucionario de
acción sicológica masiva y enfrentamientos armados
que conduce a la transferencia denitiva del Poder,
de unos dirigentes sin convicciones ni fortaleza, a una
activa minoría que sabe lo que ambiciona y no repara en
medios para conseguirlo es lo que en todo tiempo se ha
denominado “SUBVERSIÓN”” (Estado Mayor General
del Ejército, 1979, p.1).
Se trata de una caracterización mediante la cual el
sector militar pretendía justicar los procedimientos
que emplearía en la represión, denir el escenario en
donde se actuaría y, especialmente, la identicación del
“enemigo”. Caracterización por demás imprecisa, por
cuanto no dene claramente a quiénes se aludía como
“dirigentes sin convicciones ni fortaleza”, ni a qué sector
se involucraba al decir “una minoría activa”, pudiendo
interpretarse de diversas maneras.
El escenario de lucha sería el territorio del país y el
Ejército asumía de esta manera, en consonancia con
la Doctrina de Seguridad Nacional, la existencia de un
enemigo interno al cual era necesario exterminar.
Los criterios de valor mediante los que era denido el
término subversivo, trajeron aparejada la extensión
de la noción del mismo a distintos actores políticos
y sociales (Vitale, 2015). Se interpretaron como
“subversivas” no sólo las acciones de grupos armados,
sino también toda forma de activación popular, todo
comportamiento contestatario surgido al interior de
escuelas, fábricas y hasta dentro de la familia, toda
expresión no conformista en las artes y en la cultura, y,
en síntesis, todo cuestionamiento a la autoridad militar
(Cavarozzi, 2009, p. 58).
Las estadísticas que se elaboraron y los testimonios que
se pudieron recabar a través de la labor de la Comisión
Nacional sobre la Desaparición de Personas, demuestran
que dentro de la concepción de “subversivo”, quedaron
incluidos estudiantes, obreros, profesionales de la
salud, profesionales del ámbito jurídico, periodístico,
intelectuales, políticos y gremialistas, entre otros
sectores que sufrieron la represión ilegal de aquellos
años (CONADEP, 1984).
Algunos artículos de la época dan muestra de cómo
la prensa se constituyó, en general, en una aliada del
gobierno militar, por cuanto puso en circulación los
términos emanados de las autoridades, adoptando
la misma interpretación de los mismos: “Hallan
armas y municiones en “aguantadero” subversivo”
3
,
“la población […] brindó información de gran valor
referida a actividades de delincuentes subversivos”
4
,
“Campamento guerrillero en Pocito. Abaten a 1
subversivo”
5
. Resulta signicativo observar que este
3.“Hallan armas y municiones en “aguantadero”
subversivo”
(18/08/76). Tribuna de la tarde, p. 3
4.“Secuestran armamento y material subversivo”
(29/03/76). Tribuna de la tarde, p. 20
5.“Campamento guerrillero en Pocito. Abaten a 1
subversivo” (19/08/76). Tribuna de la tarde, p. 20
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último titular hacía referencia a un hecho ocurrido en la
provincia de San Juan, el cual se cobró la vida del joven
Roberto Guilbert
6
.
La conictividad social constituía una de las preocupa-
ciones más serias para el Ejército argentino ya desde
nales de la década del ´60. Durante el gobierno dicta-
torial autodenominado “Revolución Argentina”, el Ejér-
cito había desarrollado planes precisos para reprimir a
los grupos armados de izquierda y a potenciales ene-
migos del régimen. Muestra de ello se encuentra en el
reglamento RC5-1, el cual ha sido revelado a partir de
los documentos expuestos en los juicios por delitos de
lesa humanidad, en un intento por parte de los aboga-
dos defensores, de darle un marco legal a las acciones
emprendidas por sus clientes.
El RC5-1 fue diseñado por el General Alejandro Lanusse
en 1968 y se mantuvo en vigencia hasta 1997. En el
mismo se incluía un detalle de las acciones psicológicas
que podía emprender el Ejército, para quebrar la
voluntad del enemigo y para manipular la voluntad del
blanco propuesto, entendiendo por este último a la
población civil. En el texto se plasmaban indicaciones
acerca del uso de la propaganda, considerada como
un arma fundamental de la acción psicológica para
el manejo deliberado de temas e ideas con miras a
controlar la opinión pública. Por otro lado, respecto al
trato del “enemigo”, se hacía hincapié en la aplicación
de la presión psicológica compulsiva, con la intención
de engendrar temor y angustia, habilitando el uso de
la violencia mental y física, incluyendo los “medios
ocultos… compulsión física: torturas de tercer grado.
Compulsión síquica: anónimos, amenazas, chantajes
6.El caso fue descripto en el artículo periodístico como un
grave encuentro bélico, iniciado por los ataques de Roberto
Guilbert a las fuerzas policiales, lo que habría derivado
en su muerte. La identidad de Guilbert no fue revelada,
sólo fue mencionado según la denominación “subversivo”
la cual conlleva una fuerte carga axiológica negativa. Por
otro lado, el diario se limitó a definir la situación como
un éxito en la lucha “patriótica” que libraban las Fuerzas
Armadas, sin hacer ningún seguimiento del caso los días
posteriores.
[…] secuestros, calumnias, terrorismo, desmanes,
sabotaje, toxicomanía” (Morales, 2011, p. 89).
Otro reglamento de la misma, el C8- 3 “Operaciones
contra la subversión urbana”, fue diseñado para
enfrentar a la eventual guerrilla local, en zonas urbanas.
En este caso se trataba de un documento fechado
en el mes de julio del año 1969, en el cual se describía
un cuadro de la “subversión”, tal y como el Ejército la
entendía. En este manual de operaciones se marcan
las pautas de actuación en cada sector urbano que
fuese declarado como zona de emergencia, por contar
con la presencia de grupos o personas consideradas
subversivas. Dentro del mismo se incluyó la frase
“reprimir los grupos enemigos, a n de neutralizarlos o
destruirlos” (Ejército Argentino, 1969, p. 33).
Al igual que en el RC5- 1, se consideraba en el C8-3 la
necesidad de aplicar acciones psicológicas sobre el
conjunto de la población, que se ubicase dentro del
“teatro de operaciones”. Dichas acciones incluían la
censura, el control de la población a través de toques
de queda, el control de documentación y permisos,
la prohibición de actos públicos y reuniones, etc.,
quedando de maniesto que “El objetivo principal de las
operaciones sicológicas a desarrollar será el de actuar
favorablemente sobre la opinión, emociones, actitud y
comportamiento de los grupos humanos que integren
la población hostil, neutral o amiga, con el objeto de
acrecentar el éxito en la misión a cumplir” (Ejército
Argentino, 1969, p. 73).
Otro de los términos frecuentemente utilizado en la
época para denir al conjunto considerado enemigo,
fue el de “extremismo”. El extremismo es denido como
la “tendencia a adoptar ideas extremas o exageradas,
especialmente en política” (Real Academia Española,
s.f.); en el lenguaje de los años ´70 se utilizó como
sinónimo de subversión (comentado anteriormente), en
particular para hacer referencia a los hechos y personas
vinculadas con sucesos armados. El extremista era quien
se ubicaba en una posición opuesta y contraria a los
valores sociales y políticos defendidos por las Fuerzas
Armadas, a través de uso de las armas. Sin embargo,
20
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al igual que el término subversivo, se extendió su
aplicación a cualquier expresión opositora al régimen.
Lo dicho se observa en los siguientes titulares donde
la prensa nuevamente se hacía eco del discurso ocial:
“Tremendas derrotas sufren los enemigos de la Patria. El
Ejército acabó con otros 10 extremistas”
7
, “En violento
tiroteo cuatro extremistas fueron abatidos”
8
, “Mueren
11 extremistas”.
9
Por su parte, el concepto de “terrorismo”, utilizado
también comúnmente en los titulares de los diarios
de época y en el discurso ocial, se basaba en la
presunta vinculación de las agrupaciones armadas de la
guerrilla local con entidades del exterior, desde donde
obtendrían el apoyo logístico y económico y cuya única
nalidad sería la de “sembrar el terror” en la población
para lograr una toma de poder por parte de sus líderes
(Portugheis, 2012, p. 9). Al respecto, Feierstein señala
para contrapesar la gran trascendencia que tuvo el
término desde aquella época y para aclarar la confusión
respecto del mismo, que:
El terrorismo, históricamente [… es el] ejercicio
de la violencia dirigida hacia el conjunto de la
sociedad civil, donde la indistinción de las víctimas
es precisamente el elemento que genera la difusión
del terror […]. Ello consiste en ataques a ámbitos
de fuerte concentración de población…La izquierda
armada en la Argentina de los años sesenta y
setenta, sea cual fuere nuestra calicación sobre el
carácter legítimo o ilegítimo de sus prácticas, nunca
se caracterizó por una operatoria “terrorista” (2011,
p. 271).
7.“Tremendas derrotas sufren los enemigos de la Patria.
El Ejército acabó con otros 10 extremistas” (30/10/76).
Tribuna de la tarde, p. 20
8.“En violento tiroteo cuatro extremistas fueron abatidos”
(26/03/76). Tribuna de la tarde, p. 16
9.“En violento tiroteo cuatro extremistas fueron abatidos”
(27/03/76). Tribuna de la tarde, p. 1
El terrorismo fue uno de los tópicos más utilizados por
las Fuerzas Armadas para mantener vigente la idea
del peligro que corría el país. Sostener esta idea sirvió
para justicar la aplicación del plan represivo, como
así también, para contrarrestar las denuncias por
violaciones de Derechos Humanos provenientes desde
el exterior, que comenzaron a hacerse cada vez más
visibles a medida que se agudizaba la represión.
La prensa constituyó una ecaz herramienta para
concretar los planes castrenses, por cuanto sirvió para
difundir esta manera de presentar la situación del país. Al
interior de las noticias publicadas por el diario Tribuna de
la tarde puede leerse: “la Junta Militar está progresando
rmemente en la abnegada tarea de vencer a las fuerzas
terroristas”
10
; “La represión del terrorismo por parte
de las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad ha
tenido también un sinnúmero de éxitos”
11
; “Lo que está
planteado en el país es una guerra contra el terrorismo
subversivo”
12
.
Los textos que publicaba el vespertino reejan la
inuencia de la reglamentación y la visión militar sobre
la cuestión “subversiva”, la que tuvo una vigencia
innegable a lo largo de los años estudiados.
Reflexiones finales
Tras el análisis de los documentos ociales seleccionados
que atendieron a la cuestión de la guerrilla en Argentina,
se percibe primeramente un vínculo de continuidad entre
los lineamientos diseñados por el Ejército desde nales
de la década del ´60 y los mecanismos promovidos por
los sectores de poder entre los años 1975 y 1976, lo que
quedó plasmado en las disposiciones que se aprobaron.
10. “Pretenden defender lo indefendible y callan los
crímenes de los rojos” (20/08/76). Tribuna de la tarde, p. 5
11. “Existen muchos argentinos frágiles de memoria y
propensos a la crítica” (02/10/76). Tribuna de la tarde, p. 3
12. “Videla respondió a periodistas yanquis con “el corazón
abierto”” (09/09/77). Tribuna de la tarde,p.3
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Celedón
Las operaciones descriptas en distintos reglamentos
castrenses, que incluían el control social por medio
de toques de queda, el control de documentación y
de permisos, la prohibición de reuniones, entre otras
medidas, y en particular la aplicación de la censura,
fueron medidas que se validaron y se aplicaron por el
gobierno encabezado por María Estela Martínez, y que
se profundizaron y agudizaron durante la dictadura
militar.
Los procedimientos de trato hacia el “enemigo” y la
misma concepción de éste como parte intrínseca de
la sociedad, las descripciones del escenario en el cual
se enmarcaba la lucha y las instrucciones para actuar
sobre la población civil, reeja una clara conexión entre
los postulados de la Doctrina de Seguridad Nacional
y la visión de las Fuerzas Armadas argentinas. En este
aspecto, Argentina operó en sintonía con otros países de
la región, plegándose a las directivas norteamericanas
acerca de cómo ejercer el control interno.
Otro aspecto interesante de observar son las
deniciones y los conceptos que se utilizaron, tales
como “subversión”, “terrorismo”, “extremismo”,
“guerra interna”, los cuales fueron impuestos a partir
de la interpretación castrense, en el uso corriente no
sólo en el ámbito de militar, sino también en el de otros
sectores de poder. A través de su llegada a los medios,
rápidamente se pondrían en circulación inuyendo en la
opinión pública.
A su vez, la normativa desarrollada durante el gobierno
democrático fue teñida por la misma mirada, especial-
mente a medida que el sector militar fue ganando te-
rreno en el manejo de la represión, aún antes del golpe
de Estado.
La popularización de los términos mencionados signicó
un logro para las Fuerzas Armadas, en la medida en
que esto allanó el camino para alcanzar su objetivo
de control social y de eliminación de toda disidencia o
pensamiento crítico.
Una vez perpetrada la toma del poder, las Fuerzas
Armadas procuraron consolidar sus propias valoraciones
en el conjunto social haciendo uso de los medios
de prensa, con lo cual lograron obtener una actitud
ciertamente indulgente por parte de diversos sectores
de la sociedad (entre los que se incluye a partidos
políticos, a la Iglesia, al sector empresarial, y a la opinión
pública en general) frente a las acciones represivas y a
las violaciones de los Derechos Humanos, consumados
durante la etapa dictatorial.
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