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Kalierof
TRAMAS SOCIALES | Nº 02 | Año 02 | ISSN 2683-8095
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1.Estudiante avanzado de las carreras Licenciatura en
Sociología y Profesorado en Sociología por la Universidad
Nacional de San Juan (UNSJ) y alumno adscripto a la
cátedra “Sociología Argentina y Regional II” de tercer
año (periodo 2018-2019). Becario EVC del Consejo
Interuniversitario Nacional (convocatoria 2020).
Recepción: 10/02/2020 | Aceptación: 14/04/2020
Resumen:
La historia reciente de Argentina se encuentra
atravesada por insistentes crisis económicas y de
representación política que invitan a reexionar sobre
el carácter estructural de las mismas. Entre el régimen
dictatorial de 1976 y el democrático devenido en el 1983
hubo, como es sabido, profundas diferencias, pero se
destaca un telón de fondo común: una profunda crisis
económica. El primer período destacado se enmarcó en
la reproducción de la coerción para instaurar un nuevo
modelo de acumulación en el país, mientras que el
segundo le proveyó el necesario consenso institucional.
¿CONTINUIDADES O RUPTURAS ENTRE LA DICTADURA Y LA DEMOCRACIA ARGENTINAS?
UNA MIRADA HISTÓRICO-SOCIOLÓGICA SOBRE LA CRISIS ESTRUCTURAL
Y EL SISTEMA DE DOMINACIÓN EN EL PERIODO 1976-1989.
Kalierof, Ilán
1
Fuente Infobae. Hiperinflacion1989.
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¿Continuities or disruptions between Argentinian
dictatorship and democracy?
A historical-sociological perspective about struc-
tural crisis and the domination system in the
period 1976-1989.
Considerando algunas de las categorías analíticas
centrales de Antonio Gramsci, este artículo procura
caracterizar las dimensiones económicas y políticas
de los regímenes ocurridos en dicho interregno,
especialmente la etapa de transición. Procuramos
desplegar una mirada histórico-sociológica que, a
diferencia de los tradicionales estudios historiográcos,
nos permita indagar en qué medida se puede hablar de
una crisis orgánica continuada de carácter estructural,
sobre la cual logró aanzarse nalmente el sistema de
dominación vigente en nuestro país en el último cuarto
del siglo XX.
La metodología adoptada, histórica-analítica, busca
identicar procesos históricos y reexionar críticamente
sobre ellos desde determinadas categorías, que en este
caso provendrían del análisis sociológico, abriendo así
un interesante cruce entre Historia y Sociología.
Palabras Clave:
Crisis Orgánica - Modelo de Acumulación -
Representación política - Sistema de dominación.
Abstract:
Argentina’s recent history it´s found crossed by
economic and political representation crisis that invites
to reect on its structural character. Between the
dictatorship regime of 1976-1983 and the democratic
one occurred in 1983-1989 there was, as it is known,
profound dierences but a common background curtain
stands out: a profound economic crisis. Its rst period
was framed on the reproduction of coercion to establish
a new accumulation model in the country, while the
second one provided institutional consensus, as it was
needed.
By considering some of Antonio Gramsci’s core analytical
categories, this article´s objective is to characterize
the processes political and economic dimensions of
the regimes occurred in such interregnum, specially
its transition stage. We attempt to display a historical-
sociological perspective that, unlike traditional
historiographical studies, it allows us to inquire upon in
what extent we can talk about a continued organic crisis
of structural nature, on which the current domination
system in our country was nally established, on the last
quarter of the twentieth century.
The historical analytical methodology employed, seeks
to identify historical processes and critically reect on
them from determinate categories, which in this case
come from sociological analysis, thereby opening an
interesting cross between History and Sociology.
Key words:
Organic Crisis – Accumulation Model – Political
Representation – Domination System
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Introducción:
El presente artículo pretende indagar (en los planos
económico y político) los alcances de una de las últimas
y más signicativas crisis estructurales acontecidas
en Argentina, aquella que tuvo lugar entre el último
régimen de facto del país y el subsiguiente gobierno
democrático, expresada en el interregno 1976-1989
y particularmente durante su transición, para sobre
esta base repensar las condiciones de conformación
del sistema de dominación devenido a tal efecto. El
propósito es identicar aquellos aspectos recurrentes,
los hilos conductores que acompañan este complejo
periodo histórico, para así poder desentrañar y
comprender de manera más acabada el proceso
económico-político crítico por la que atravesó el país
entonces.
Diversos investigadores coinciden en caracterizar el
período abierto en 1976 –con la irrupción de la última
dictadura militar Argentina– como la etapa inicial o de
implementación del modelo económico neoliberal
1
fomentado por las potencias mundiales y los organismos
nancieros internacionales (Basualdo, Nahón &
Nochte, 2005; Canelo, 2001). A partir de entonces,
este modelo de valorización nanciera
2
, consolidó en
Argentina un determinado patrón de acumulación y
centralización del capital que fue adquiriendo en años
venideros un carácter estructural, o lo que es lo mismo,
ha cristalizado en la estructura económica y social del
país. La reproducción de este modelo, que ha abarcado
casi tres décadas (Basualdo et. al., 2005; Castellani,
2008), fue común a los distintos gobiernos (aunque con
distintos matices) y su impacto repercute hasta nuestros
días. El propósito de este artículo es precisamente,
indagar acerca de sus continuidades y rupturas.
1. Sobre este punto, debe tomarse en cuenta la salvedad
que indica Castelllani (2008), quien indica que la economía
del gobierno de facto no puede considerarse liberal en
el sentido estricto. Abordamos las especificidades en el
apartado correspondiente.
2. Para indagar sobre los procesos de acumulación del
capital, consultar: Arceo, E. y E. Basualdo (1999).
En este sentido, la categoría analítica central del
trabajo es la de “crisis orgánica”, que permitirá abordar
interrogantes sobre el papel de la clase dirigente, su
vínculo con la sociedad política y la sociedad civil
3
. Desde
este enfoque se intenta abordar dos de sus dimensiones
constitutivas: los límites del modelo económico y los
vacíos de legitimidad o de representación política que
se expresaron entre el gobierno militar y el democrático
subsiguiente, para encontrar trazos de continuidad o
rupturas entre ambos. Los interrogantes fundamentales
que guían este trabajo son: ¿En qué medida se desplegó
durante este periodo una situación de crisis orgánica
en nuestro país? ¿Aún con sus evidentes matices, la
dictadura y la democracia sirvieron de plataformas para
aanzar el sistema de dominación cuya vigencia se
extiende hasta la actualidad? Para dar con las respuestas,
examinaremos el grado de desarrollo y alcances de
la crisis orgánica que entendemos ha cristalizado en
dos aspectos fundamentales: los alcances y límites del
modelo económico de valorización nanciera y la (des)
legitimación de el/los grupo(s) dirigente(s) para sostener
dicho modelo.
Para ello, es precisa la distinción analítica entre los
acontecimientos económicos y políticos – nacionales,
pero situados en el contexto internacional– que
circundaron el devenir de ambos regímenes políticos y
por supuesto, su proceso transicional. Por un lado, y con
distintos momentos de estabilidad y recrudecimiento,
la etapa económica abierta en 1976, de valorización
nanciera, denota una línea vector de fuerte
desindustrialización, el aumento de la desigualdad, y
procesos de polarización social (Canelo 2001), a partir
del crecimiento ininterrumpido de la deuda externa
privada, complementada por la fuga de capitales que los
sectores dominantes alentaron, haciendo su diferencial
a través de las tasas de interés propuestas por el
gobierno militar (Basualdo, 2006 y 2005).
3.Para una mayor profundización sobre el estudio histórico
social a través de este esquema conceptual, ver Ansaldi,
Waldo (1985) “Notas sobre la formación de la burguesía
Argentina, 1780 – 1880”
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Ahora bien, en este trabajo no abordaremos el régimen
de facto y el democrático subsiguiente como dos
universos analíticos totalmente escindidos, se indagará
más bien sobre las especicidades de la transición
entre uno y otro para sobre esa base comprender
la experiencia política democrática que sobrevino a
posteriori. En efecto, luego de las elecciones de 1983,
precedidas por la crisis scal e inacionaria de años
anteriores, asumió el gobierno Raúl Alfonsín, quien
fue el conductor de la transición del más atroz régimen
dictatorial, hacia una nueva etapa de recuperación de
la vida democrática. Su período se vio marcado en el
plano político, justamente, por la creciente demanda
social de consolidar el funcionamiento democrático
de las instituciones y los poderes gubernamentales
(Quiroga, 2005), y la reducción de la desigualdad social
y el equilibrio de la economía. La consecución de estas
demandas dependió en gran medida de la interacción
del proceso con la clase política que daba sus primeros
pasos en consolidar el orden constitucional. Varios de
estos aspectos serán retomados en clave analítica a lo
largo de estas páginas.
Es importante destacar que la escritura de este trabajo
se enmarca en la cátedra Sociología Argentina II
(correspondiente al área histórico-social de las carreras
Licenciatura y Profesorado en Sociología, FACSO-
UNSJ) en las que por dos años consecutivos (2018-2019)
he participado en carácter de estudiante adscripto. De
allí que, el método adoptado para su realización es el
“analítico-sintético” que consiste, en líneas generales, en
analizar inicialmente los sucesos y/o procesos históricos
descomponiéndolos en todas sus partes para conocer
sus posibles raíces económicas, sociales o políticas,
promoviendo luego una síntesis nal que reconstruya y
aporte una explicación más profunda sobre el fenómeno
histórico abordado (Delgado García, 2010). En este caso,
las categorías analíticas desplegadas provienen desde
el ámbito de la sociología: recurrimos, especícamente,
al cuerpo teórico desplegado por Antonio Gramsci y,
sobre esa base, desplegamos una perspectiva procesual
que permite poner en articulación los ejes propiamente
históricos y sociológicos de análisis a partir de focalizar
el proceso de crisis abordado.
En sintonía con lo antedicho, este artículo está organizado
en tres grandes apartados, uno de tipo conceptual-
sociológico, otro histórico-analítico, y por último uno
sintético-reexivo. En primer lugar, desplegaremos el
enfoque teórico sobre las características que conguran
un sistema de dominación y los procesos de crisis
orgánica, recurriendo a la mirada clásica de Gramsci, y a
aquellos autores que esquematizan y aplican su cuerpo
teórico, así como algunos conceptos económicos
empleados para la descripción del contexto. En segundo
lugar, abordaremos el proceso histórico mencionado,
focalizando en la crisis estructural, su desarrollo y
consecuencias. Por último, reexionaremos sobre
las dimensiones abordadas en el desarrollo histórico
procesual, repensando sus distintas expresiones para de
esta manera, identicar las continuidades y/o rupturas
que coadyuven a caracterizar la compleja etapa
devenida entra la última dictadura y la recuperación
democrática.
Análisis conceptual-sociológico:
El sistema de dominación en crisis.
El interesante material teórico para el análisis de
la dominación en las sociedades contemporáneas
propuesto por Gramsci, nos abre la posibilidad de
realizar un abordaje dual sobre la estructura social y
la superestructura política
4
, que constituyen las dos
dimensiones de análisis para caracterizar un sistema de
dominación determinado. En este sentido, una de las
problemáticas fundamentales que provocó la reexión
del autor tiene aún –casi un siglo después– completa
vigencia, tanto así como aplicabilidad de sus principales
conceptos teóricos al fenómeno de crisis estudiado.
4.Situándose dentro del materialismo histórico, el análisis
científico de las sociedades implica reconocer su modo
y relaciones de producción (estructura) y como este se
expresa en las instituciones ideológicas que la organizan
(superestructura)
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Dicha inquietud, reere al poder de resistencia del
sistema capitalista frente a los períodos de crisis y
colapso económico, el cual se recupera y logra una
estabilización consensual
5
.
Para abrir el debate sobre esta re-caracterización
de las formas en que el sistema capitalista resiste
los escenarios de crisis mundial, el autor se propone
ampliar el espectro teórico-explicativo del marxismo,
con lo cual se redenen algunas de sus categorías.
En este sentido, Thwaites Rey (1994) clarica el giro
gramsciano sobre la concepción de la sociedad civil, que
para los fundadores del materialismo histórico era el
“lugar de las relaciones económicas” (1994, p.8) y por
tanto las contradicciones en la estructura llevarían a un
proceso directo y unidireccional de ruptura y derrumbe
del sistema capitalista. Para Gramsci (en Thwaites Rey,
1994, p.8), en cambio, la sociedad civil “se ha convertido
en una superestructura muy compleja y resistente a
las irrupciones catastrócas del elemento económico
inmediato (crisis, depresiones, etc.); las superestructuras
de la sociedad civil son como el sistema de trincheras de
la guerra moderna”.
El Estado, en esta homologación de las funciones
institucionales a la función militar, es considerado como
una trinchera de avanzada, es decir, que éste cuenta con
una compleja organización de la sociedad que funciona
como soporte ante los desequilibrios económicos
que puedan sucederse. La sociedad política posee el
aparato legítimo de coerción (el Estado) a través del
cual ejerce la dominación. El aporte de Gramsci en
5.Perry Anderson (1981) en su libro “Las antinomias de
Antonio Gramsci”, sitúa la producción del autor para así
comprender mejor su contexto, este es, el fracaso de
las revoluciones en Europa Occidental. En este marco,
desde las hipótesis que se manejaban en la Internacional
Comunista, la (primera) Guerra Mundial dotaría a las masas
obreras europeas de la experiencia necesaria para romper
con sus direcciones nacionalistas burguesas e intervenir
activamente en la lucha por el socialismo. El autor
explica que fue precisamente el fortalecimiento de las
corrientes socialdemócratas, cuya estrategia era fortalecer
la democracia parlamentaria (burguesa) en detrimento de
las corrientes revolucionarias, lo que invitó a Gramsci a
teorizar sobre aquello.
este sentido, reere a que “la supremacía de un grupo
social se maniesta de dos modos, como ‘dominio’ y
como ‘dirección intelectual y moral’” (Gramsci, 2013;
p.486). Es decir, que además de la coerción propia de la
sociedad política, la cual se ejerce ante la participación
activa de los sectores antagónicos a la misma, el grupo
dominante es también dirección de los grupos anes o
aliados.
Entonces, la dirección de un grupo social sobre el
conjunto de la sociedad se genera a partir del consenso
de que dicho grupo es quien tiene la capacidad para
“movilizar la sociedad hacia adelante”, o en otras
palabras, progresar social y culturalmente, a la vez que
desarrollar las fuerzas productivas. Como bien indica
Thwaites Rey:
La supremacía de una clase aparece como un
momento sintético que unica la hegemonía y la
dominación, el consenso y la coerción, la dirección
y la dictadura en el Estado. Ahora bien, estos dos
momentos, estas dos funciones, existen en cualquier
forma de Estado, pero el hecho de que prime uno u otro
depende tanto de las características estructurales
de cada sociedad, como de la correlación de fuerzas
entre las clases sociales fundamentales, que se
expresa en los niveles económico, político, ideológico
y militar. (2004, p. 11)
Así, a la inversa - o más especíco, dialécticamente-, la
supremacía de un grupo no depende exclusivamente
de su articulación con la sociedad civil, sino que este
profundo desenvolvimiento de la superestructura no
ocurre si no se ve acompañado de un fuerte desarrollo
de las fuerzas productivas. Por esto, se trata de analizar
las formas en que el sistema de dominación combina la
coerción o el dominio con el consenso ideológico para
integrar las masas en el Estado, es decir, que se presente
al Estado como representante de toda la sociedad, y no
solo del grupo dominante.
De este modo, la hegemonía no debe ser pensada como
propia de un grupo social dominante, ni establecida
únicamente por aquel. Para comprender el concepto,
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se precisa partir de la idea que para el autor representa
el Estado. Éste, a diferencia de la visión clásica
instrumentalista, es “el lugar privilegiado donde se
establecen las pujas y se materializan las correlaciones
de fuerza cambiantes en ‘equilibrio’, ‘inestables’
por denición, entre los grupos fundamentales
antagónicos” (Thwaites Rey, 2004, p. 13). Entonces, la
capacidad para generar hegemonía por parte del grupo
dominante tiene que ver con que esta logra imponer
una losofía, una moral, valores por los cuales se rige
el comportamiento social, y que estos se cristalicen y/o
expresen en el Estado.
En cuanto la clase dirigente logre articular el desarrollo
conjunto de la estructura material y la superestructura,
donde las condiciones materiales de existencia se
reejen en las formas organizativas e ideológicas que se
perciben en la sociedad
6
, el autor va a denir que, en esa
correspondencia, se ha conformado un bloque histórico.
Las contradicciones propias del sistema de producción
capitalista – que son, en última instancia, determinantes
7
- no son resueltas en el período que abarca dicho
bloque, sino que éstas se expresan conviviendo en la
superestructura, es decir, en la sociedad política y civil
respectivamente como coerción y consenso.
Sin embargo, cuando las contradicciones del modelo
económico ya no se corresponden con el sistema de
ideologías que impera en la sociedad, se produce lo
que Gramsci denomina crisis orgánica. El resultado
implica que no se sucede el desarrollo conjunto de
la superestructura y las condiciones materiales de
existencia. En palabras del autor:
6. Es importante aclarar sobre este punto que Gramsci
ubica la cristalización de las contradicciones en el Estado,
que es el conformante de un bloque histórico, o sea que
el conjunto complejo, contradictorio y discorde de las
superestructuras es el reflejo del conjunto de las relaciones
sociales de producción. De ello surge sólo un sistema
totalitario de ideologías que refleja dichas contradicciones
(de manera distorsionada).
7.En este punto, Gramsci confirma su adhesión al
materialismo histórico clásico de Marx, en el que “el ser
determina la conciencia”.
Si la clase dominante ha perdido el consentimiento,
o sea, ya no es «dirigente», sino sólo «dominante»,
detentadora de la mera fuerza coactiva, ello
signica que las grandes masas se han desprendido
de las ideologías tradicionales, no creen ya en
aquello en lo cual antes creían, etc. La crisis consiste
precisamente en que muere lo viejo sin que pueda
nacer lo nuevo, y en ese interregno ocurren los más
diversos fenómenos morbosos. (Gramsci, 2013; p.
313)
Consideramos importante destacar que no toda crisis
económica provoca mecánicamente una crisis orgánica.
En cuanto la clase dirigente pierde capacidad de dirigir
la sociedad económica (mejorando o manteniendo las
condiciones materiales de existencia) y culturalmente, el
bloque ideológico hegemónico que la constituye tiende
a disgregarse. El vacío de legitimidad o representación
política, va a extenderse tanto tiempo como el que se
requiera para que la crisis estructural se resuelva, o
por lo menos para que el grupo dirigente logre otorgar
concesiones a las clases subalternas.
De este modo, cuando nos referimos al proceso de
transición del régimen dictatorial hacia uno democrático
en la Argentina de este período, nos parece conducente
enmarcarlo en este cuerpo de teoría que abordamos.
El régimen dictatorial es un sistema de dominación en
el cual el Estado prima el ejercicio de la dominación
directa, es decir, la sociedad política hace uso -y abuso-
de su herramienta fundamental, la coerción. A su vez,
apelar a la coerción no se limita al uso de la fuerza
legítima, sino que esta herramienta construye y asienta
en la sociedad civil determinados valores morales e
ideologías que le son funcionales, es decir, reproduce su
hegemonía, genera consensos.
Por otro lado, el sistema de dominación democrático
aparece como parte de un entramado de ideologías
que escapan a la lógica meramente militar. El régimen
democrático, y sobre todo las clases subalternas que
lo reclaman (Quiroga, 2005), apela a la construcción de
consensos como primer recurso, utilizando para este
n las elecciones de los poderes ejecutivo y legislativo.
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La transición entre uno y otro régimen –en este caso–,
ocurren en un período de crisis de representación
política, de disputa por la hegemonía, no tanto así en el
plano económico.
Para complementar el análisis de estos sistemas
de dominación, es necesario explicitar los procesos
económicos especícos, siendo expeditivos sobre
el modelo estructural-material de producción en el
contexto de las crisis abordadas. En este sentido,
el modelo de valorización nanciera que forzó su
establecimiento interrumpiendo el modelo económico
anterior (de Industrialización por Sustitución de
Importaciones), se puede denir como:
Un planteo donde la valorización nanciera
del capital devino como el eje ordenador de las
relaciones económicas, lo cual, por cierto, no aludió
únicamente a la importancia que adquirió el sector
nanciero en la absorción y asignación del excedente
sino a un proceso más abarcativo que revolucionó el
comportamiento microeconómico de las grandes
rmas oligopólicas, así como el de la economía en su
conjunto. (Basualdo, 2006; p.130)
Para este cometido, el capital oligopólico local utilizó
como mecanismo la contracción de deuda externa
(fundamentalmente privada), transriendo dicho
capital a activos nancieros del mercado interno (títulos,
bonos, depósitos, etc.). De este modo, la centralidad
del sector nanciero radica en que, a diferencia de otros
modelos de acumulación, los capitales que ingresan al
país no se utilizan para inversión productiva (maquinaria
industrial o agropecuaria), sino “para obtener renta
nanciera dado que la tasa de interés interna (...) era
sistemáticamente superior al costo del endeudamiento
externo en el mercado internacional.” (Basualdo, 2006;
p.131).
Por modo o régimen de acumulación se entiende el
conjunto de regularidades que permiten un rumbo
sostenido, sorteando los desequilibrios inherentes
al sistema capitalista. La conguración de sus
características “dependen de la estructura económico-
social, de las luchas políticas y sociales que fueron
conformando esa estructura y de la composición del
bloque de clases que deviene dominante y que impone
un sendero de acumulación acorde con sus intereses”
(Arceo, 2003; p.19)
Como intentaremos desarrollar a lo largo del recorrido
histórico, los procesos puntuales de liberalización
económica entre los gobiernos abordados, se encuentran
explícitos en relación a los indicadores económicos que
constatan su presencia y efectos. De todos modos, y
para facilitar la lectura del contexto especíco, cabe
señalar que por liberalización económica entendemos
un conjunto de medidas tendientes a la desregulación
de la economía por parte del Estado, para de este
modo garantizar su eciencia y ecacia. Estas medidas
son por lo general, el achicamiento del gasto público
(privatizando servicios, menores subsidios para
inversión) para equilibrar el décit scal, la liberación
aduanera para importaciones y exportaciones, la
adquisición de deuda externa, entre otras.
Análisis histórico-analítico: dictadura
y democracia en Argentina, el
complejo proceso de transición.
Emprender el recorrido histórico por el interregno
analizado, precisa comenzar con la irrupción de un
modelo económico de valorización nanciera, situado
en el año 1976, de la mano de la última dictadura militar.
El “Proceso de Reorganización Nacional”, como se
autodenominó el gobierno de facto encabezado por
Rafael Videla, marcó un punto de inexión en la historia
política de nuestro país. Introdujo y sistematizó nuevas
prácticas coercitivas tales como la tortura, desaparición
forzada de personas y el secuestro sistematizado de
niños, acuerdos de convivencia restrictivos (en aspectos
sociales y culturales), la prohibición y censura de
opiniones y corrientes de pensamiento crítico, entre
otras. Esto se llevó a cabo con el objetivo de combatir la
denominada “subversión” en pos de “refundar” el país.
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No es objeto del presente trabajo ahondar sobre los
alcances del modelo político represivo (de coerción
por sobre el consenso) que caracterizó el gobierno
militar
8
, aunque es relevante mencionar que fue a partir
del mismo que se impuso el modelo económico. Nos
ocuparemos puntualmente de las medidas económicas
adoptadas en este período, así como de la situación
en qué se encontraban las clases subalternas (cuáles
eran sus demandas), para comprender el contexto que
condujo a la transición hacia el régimen democrático
con la gestión de Raúl Alfonsín.
A grandes rasgos, dos factores impulsaron la aplicación
de este nuevo modelo de acumulación. Uno de estos
factores fue externo: los organismos nancieros
internacionales que se encontraban con una situación
inédita de disponibilidad de liquidez de capital, a partir
de la llamada “crisis del petróleo” que sacudió al mundo
a mediados de los años 70
9
, y demandaban a los “países
en desarrollo” contraer deuda (Basualdo, 2006). El
otro factor fue interno, tuvo que ver con la decreciente
participación de la oligarquía pampeana en el total de las
exportaciones, ya que aún sus fracciones que se habían
diversicado a la rama industrial, perdían protagonismo
bajo el modelo acumulación industrial (Basualdo, 2006).
Si bien se abrió paso a una lógica de acumulación propia
del neoliberalismo, el inicio de su aplicación contuvo dos
enfoques distintos sobre cómo encarar las reformas:
uno liberal tecnócrata, y otro interventor corporativo.
Especícamente, al interior de las fuerzas armadas,
8. Más detalles sobre este proceso, se puede consultar
el libro de Algañaraz, Victor y Casas, José “Memorias de
Otro Territorio. Genocidio y Control Social. La Dictadura
en San Juan”
9. La decisión de los países integrantes de la Organización
de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de aumentar
el precio del crudo, como represalia al apoyo de Estados
Unidos a Israel en su conquista de territorios Árabes en
la Guerra de los Seis Días en 1967, produjo una nueva
correlación de fuerzas mundial que impactó en los países
desarrollados occidentales. Para ver más sobre sus efectos
mundiales y locales, consultar Barrera, Mariano y Vitto,
Cecilia “El Plan Energético del Tercer Gobierno Peronista
(1973-1976): potencialidades, limitaciones y consecuencias
de la crisis del petróleo”.
“existió una divergencia (...) con respecto al papel que el
Estado debía jugar en el proceso económico” (Castellani,
2008; p.132). Pero este papel en disputa, no podía ser
el mismo que en el modelo anterior, congurando
un modelo al que la literatura económica se reere
como liberal-corporativo. La rama intervencionista
de las Fuerzas Armadas y el ministro Martínez de
Hoz, acordaron la promoción de determinadas áreas
industriales. Como indica Castellani (2008) hay un
deterioro en la calidad de la intervención, ya que, para
que el complejo económico estatal-privado
10
adquiriese
una dinámica expansiva, se orientó las políticas
subsidiarias de la etapa anterior a “un reducido espectro
de grandes rmas” (2008; p.133).
De modo similar, Joseph Ramos (1984) indica que la
política económica presentó tres etapas claramente
identicables. Partiendo del diagnóstico de que, desde
la década del ’30, se castigaba a las exportaciones
tradicionales para nanciar con sus ingresos una
industrialización poco eciente, la fase I (1976-1978), se
caracterizó por el control de los salarios en lo interno,
con una contracción de un tercio con respecto al período
anterior, y por un alto tipo de cambio real en lo externo.
Al beneciar las exportaciones “mejoró notablemente
la situación del balance de pagos, pero se redujo solo
parcialmente la inación” (Ramos, 1984; p.50-51) ya
que las empresas industriales ajustaban fácilmente los
costos al tipo de cambio.
Cabe aclarar que el control de los salarios fue el único de
los precios que no se liberalizó. En esta etapa también
se comienza con la reforma del sistema nanciero,
abriendo la economía a “los ujos internacionales de
bienes y capitales” (Castellani, 2008; p.135) y eliminando
el control del Banco Central sobre los mismos.
Por otra parte, “en la fase II (mayo de 1978-principios
de 1981), se aprovecha la disponibilidad de capital
10. Según Castellani (2008), este concepto refiere a “las
actividades económicas que realiza el Estado a través de
sus empresas y reparticiones en articulación con algunas
firmas privadas que se vinculan como contratistas,
proveedoras y/o clientas” (p.144)
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externo y la mayor apertura nanciera” (Ramos, 1984;
p.51) y cambia la estrategia del gobierno para revertir
la recesión. Se ajusta la tasa de cambio a la inación
total prevista para el n de cada año y se aumenta la
tasa de interés, al tiempo que se reducen los aranceles,
para promover la entrada de capitales extranjeros.
Esto generó mayor competencia para los productos
industriales. Además, se mejoró la balanza de pagos,
ya que la tasa de interés era superior a la inación y
devaluación de la moneda, y que efectivamente atrajo
dólares externos. Así,
Por motivos similares, parecía muy conveniente
endeudarse en moneda extranjera, pues mientras la
inación doméstica fuera superior a la devaluación,
esas tasas reales serían bajas o negativas para el
deudor. De ahí que mientras se mantuvo la conanza
en el cumplimiento de la política cambiaria pre-
anunciada y se siguió creyendo que la inación
interna sería superior al ritmo de devaluación, la
entrada de capitales fue formidable. (Ramos, 1984;
p.57)
Pero por motivos explicados anteriormente, la
inación superó la devaluación, así como la apreciación
internacional del dólar, lo que provocó un atraso
cambiario (favoreciendo importaciones por sobre la
industria nacional) que se combatió con la suba de la
tasa de interés mensual de 4% (Ramos, 1984).
Con la adopción de tales medidas, se avecinaba un
panorama adverso para la industria nacional. De hecho,
el “producto bruto del sector cayó cerca de 20 por ciento”
(Castellani, 2008; p.137) en el período total de la gestión.
Aun así, como se observa, el modelo de valorización
nanciera se consolidaba y rendía beneciosamente
para los grupos concentrados de la economía
11
. Dichos
11. Como considera Castellani (2008), la “cúpula”
empresarial está compuesta por cien empresas privadas
que presentan la mayor cantidad y valores de ventas
anuales. Por nombrar algunas de las vinculadas a uno o
más rubros industriales, se encuentran Pérez Companc,
Techint, Loma Negra, Macri, Arcor, Bagley, entre otras.
grupos tuvieron un crecimiento diferencial de los demás
grupos industriales no vinculados al mecanismo del
Estado, como expone Castellani (2008) “las tasas de
rentabilidad obtenidas por las rmas (...) de los grupos
locales vinculados al complejo (...) entre 1976 y 1983
(pasando de 8.1 a 20.3 por ciento)” (p.156) y en 1983, la
misma tasa para los grupos no vinculados fue de 8.2 por
ciento.
De esta forma, la corta fase III (principios de 1981 a
1982) anticipaba la salida del régimen dictatorial que
había recortado al grueso de la población trabajadora
de los planes económicos. El creciente endeudamiento,
por no haber ido acompañado de la correspondiente
contrapartida en la capacidad de pago, precipita una
crisis nanciera, tanto interna (quiebras bancarias)
como externa (fuerte caída de reservas), que obliga a
una serie de devaluaciones masivas y redundó en una
disminución de 6% anual en el producto en 1981 y 1982.
(Ramos, 1984).
Los cambios estructurales producidos por la gestión
liberal-corporativa para la cúpula de las empresas
con tasas de rentabilidad más altas, permitieron el
crecimiento y ramicación de las mismas sementando
un circuito de transferencias directas y de oportunidades
creadas. Estas últimas son, entre otras: “acceso a la
promoción industrial, obtención de créditos en el
mercado externo, valorización de sus activos líquidos
en el sector nanciero (...), estatización de parte de los
pasivos contraídos en el exterior, mantenimiento de la
condición de proveedoras del Estado.” (Castellani, 2008;
p.160). Destacamos sobre esto, la contradicción entre
el discurso de ineciencia industrial al inicio, con los
resultados nales de la gestión que sostuvo la inación
y el décit scal como consecuencia de su propia lógica
acumulativa, en detrimento de los intereses de la clase
trabajadora.
Esta es, en términos generales, la herencia que recibió
Raúl Alfonsín. Como se indicó anteriormente, el gran
caudal de votos en las elecciones de 1983 (casi 52%),
lo dispuso como el líder político competente para
consolidar el régimen democrático incipiente. Aquí
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cabe preguntarnos, sin pretender arribar a una postura
univoca, si fue este proceso el comienzo de un bloque
histórico (en 1983) que ponía n a casi medio siglo de
golpes de Estado y democracias débiles. De no ser así,
si fue este el segundo capítulo (el primero, iniciado
en 1976) del proceso que se dispuso a cerrar una crisis
orgánica en que convivieron el modelo desarrollista
y agroexportador
12
, disputándose la hegemonía, y
que, nalmente, consolidó este innovador régimen de
acumulación a través de un nuevo sistema totalitario de
ideologías que conviven siendo hegemónico el régimen
democrático.
Como indica Quiroga, aanzar una “cultura democrática”
de plena conanza en las instituciones, requiere de “un
proceso histórico (...) para poder desarrollar costumbres
y creencias en las que pueda apoyarse la construcción
institucional de la democracia” (2005; p.91). En este
sentido, para desarrollar una cultura democrática, el
gobierno de Alfonsín sostuvo una política favorable,
en la que se apoyó fuertemente en la movilización y
participación popular. Se puede argumentar que supo
interpretar las tareas que demandaba el período, ya
que, como indica Quiroga la “esfera pública halló su
representación institucionalizada en el Parlamento, (...)
ya no podía ser identicada con los actores políticos
de nales de la dictadura (...)” (2005; p.95). Entonces,
la incorporación social al nuevo régimen fue a la vez,
paradójicamente, el sostén del mismo, en gran parte
por esta adhesión.
En este punto, generar consensos con las clases
subalternas y la sociedad civil, era parte fundamental
no sólo para consolidar un tipo de régimen democrático
perdurable, sino también para distanciarse de los
grupos militares que amenazaban por el persistente
pasado autoritario (Díaz, 2008). Los resabios de la
última dictadura militar se manifestaban también por
sus intereses, ya que si bien el proceso en curso los
12.Según J. Ramos (1984), Martinez de Hoz se proponía
“reencauzar la estrategia de desarrollo semi-cerrada que
había estado siguiendo el país desde la Gran Crisis de los
años treinta.”
alejaba de la posibilidad de consolidarse nuevamente
como parte del gobierno, la lucha por su absolución e
impunidad todavía estaba en juego.
La estabilidad política que generaba esta estrategia
de gobierno democrático, construida en oposición al
pasado de dictaduras, no lograría ser constante, tanto
por factores políticos como económicos (Díaz, 2008).
Con respecto a los segundos, el ministro Bernardo
Grinspun, de esquema desarrollista, pretendió
aumentar las inversiones productivas a través de un
aumento de sueldos (es decir, aumentando el consumo).
Pero la lógica de apropiación de los excedentes tuvo un
profundo cambio durante la dirección de Martínez de
Hoz, y estos no se traducían en capital productivo, sino
en capital nanciero (Wainer, 2010). Como demuestra
Basualdo (2006), en su elaboración, la evolución de la
Deuda Externa Neta, sus intereses y la fuga de capitales,
venían aumentando con mayores intervalos desde la
dictadura, y comparativamente con respecto al resto de
América Latina:
Gráco 1: Evolución de la Deuda externa, Fuga de
capitales e Intereses pagados 1975-2001 (Miles de
Millones de Dólares)
| 149
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En este sentido, podría decirse que el esquema
económico del desarrollismo no encontró asidero en los
criterios de acumulación de los grupos concentrados
13
.
Del mismo modo, los intentos de Grinspun de acordar
concesiones de cantidad y de plazo con los acreedores
de la deuda externa pública y privada, representados
por el FMI y el Club de París, resultaron poco útiles ante
la medida de la Reserva Federal de los Estados Unidos
de aumentar la tasa de interés (lo cual genera un gran
ujo de capitales desde países dependientes hacia
dicho país). El FMI, a partir de la decisión negativa de
renegociar, impone su modelo de ajuste para pagar la
deuda, es decir, revertir el décit scal. Nuevamente,
el esquema desarrollista no logró restringir los niveles
de acumulación de los sectores concentrados, que
continuaban en su circuito nanciero, y que desencadenó
en la renuncia del ministro.
A inicios de 1985 asume el Ministerio de Economía
Sourrouille, quien pretendió “controlar la inación y
reducir el décit scal y luego, a partir de lograr controlar
13.Estos, durante la dictadura encontraron el terreno
fértil para expandirse y, como explica Wainer (2010) y
Basualdo (2006), abarcar ramas enteras de la producción,
proveyéndose a sí mismos los insumos necesarios.
estas dos variables, (...), el crecimiento económico”
(Wainer, 2010; p.91). Para este propósito, se diseñó un
conjunto de medidas de shock conocidas como Plan
Austral (se convierte la moneda con este nombre), con
lo cual se liberaron los precios retenidos y se aumentó
la tasa de cambio para favorecer las exportaciones
y generar capacidad de pago. Si bien se reduce la
inación, la continuación de los benecios económicos
y exenciones impositivas
14
para el capital dirigente de
la industria, no permitieron la reactivación mediante
la inversión, sino que siguieron fomentando la fuga de
capitales (Wainer, 2010).
La matriz económica no sólo no se vio afectada,
sino que además comenzó a ejercer presión para
sortear las medidas del Plan Austral, que funcionaron
como paliativos para la recesión, pero no como
medidas de reestructuración. En efecto, tanto los
grupos concentrados internos como los acreedores
externos, reclamaron la liberación de los precios, a la
vez que las clases subalternas hicieron lo propio con
14. Lo que se propuso fue un régimen de promoción
industrial, que consistía en subsidios para la producción de
determinados y eliminación de impuestos sobre insumos.
Fuente: Basualdo (2006; p.132)
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respecto a sus salarios. Estas medidas recrudecieron
la recesión, provocando más inación, crecimiento
de la desocupación y subocupación, y mayor fuga de
capitales.
De este modo, comenzaba lo que sería la espiral que
concluiría con la hiperinación del año 1989, dando por
perdida la década de los ’80
15
y con la salida anticipada
del gobierno de Alfonsín. Los factores políticos
mencionados anteriormente, que promovieron el
deterioro, serían también condicionantes para las
respuestas económicas que esbozó el gobierno. En este
sentido, Quiroga (2005) ilustra tangencialmente los
vaivenes de la estrategia de participación política del
gobierno, demarcados por las posturas del peronismo
sindical y político por un lado, la Iglesia por otro, pero
fundamentalmente por los grupos militares. Además,
las instituciones del Estado argentino, tanto políticas y
sociales o civiles, como las judiciales (Corte Suprema),
no lograron consolidar un funcionamiento proclive
a legitimarlas, reproduciendo entrecortadamente
distintas estrategias, como, por ejemplo, la incompleta
aplicación de la Constitución Nacional (Quiroga, 2005).
Esto entorpeció la puesta en funcionamiento del
régimen democrático.
En el camino de esta creación de un nuevo orden,
el carácter de la sociedad civil se expresaba
fundamentalmente en la decisión de superar el
deterioro político y cultural que arrastraba la Argentina
producto del régimen represivo autoritario. Por un lado,
el pronto juicio a las juntas militares y la labor de la
Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas
(CONADEP), funcionaron como canales por los cuales
se pudo aanzar la democracia (Díaz, 2008). Las tareas
de recolección de denuncias y pruebas reejan el grado
de compromiso de esta nueva articulación (Estado-
sociedad civil) con las demandas de democracia.
Sin embargo, en febrero de 1984, la reforma del
15.En toda América Latina, se conoce esta década como
la “década perdida”, tanto por las crisis de Deuda Externa
generalizadas como por el clima de dictaduras, algunas
superadas y otras vigentes, dependiendo de cada país.
Código de Justicia Militar establecería tres niveles de
responsabilidad en la represión antisubversiva e iniciaría
una etapa de fuertes disputas con la justicia civil y el
gobierno democrático (Quiroga, 2005).
Por otro lado, el Congreso Nacional Pedagógico fue el
espacio de deliberación y proposición hacia una nueva
Ley de Educación. Como indica Quiroga “Lo que estaba
en juego en la propuesta del gobierno radical no era
sólo la discusión de una ley sino el sistema educativo
y cultural que modelaría a las futuras generaciones de
argentinos” (2005; p.107). De modo que, como marca
la historia educativa argentina, la Iglesia no sería
observadora de este proceso, sino que, a fuerza de
sus intereses en la educación privada, tomaría un rol
protagónico, logrando una participación central en la
redacción de los documentos nales del Congreso.
La agenda política de consolidación democrática
no contó con mayores “trincheras” sobre las cuales
reforzar su solidez. Uno de las últimas medidas que
logró oxigenar la gobernabilidad fue la gran adhesión
que generó el Plan Austral, lanzado en 1985, que generó
expectativas para mejorar el acontecer económico.
Estas, según Quiroga, fueron “vías de deliberación
convencional y no convencional” que ampliaron
“tanto los temas como los lugares de discusión entre
gobernantes y gobernados (...)” (2005; p.95-96). Cabe
destacar que, dado el contexto, hubo sectores que
adhirieron fuertemente al proyecto alfonsinista con
estas trincheras como vanguardia.
Los intentos de democratización sindical encontraron
resistencia inmediata por parte del peronismo, quien
voto negativamente la ley que para tal n presentara
el Ministro de Trabajo Mucci (provocando su renuncia),
y que continuó con trece paros nacionales desde enero
de 1984 impulsados por la CGT de Saúl Ubaldini. Pero
es el año 1985 (el mismo año del lanzamiento del Plan
Austral) el que marcaría un punto de inexión en las
posturas políticas y económicas de Alfonsín.
Como indicamos, la historia de disputas entre la Justicia
Militar y la Civil abrió un nuevo capítulo desde la reforma
| 151
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del Código. Pero la iniciación del juicio a los comandantes
el 22 de abril de 1985, encendió la sensación de
inminencia de un golpe de estado. Un conjunto de
amenazas de los sectores más conservadores, forzó
al Presidente a denunciar la conspiración golpista y
convocar al conjunto de la sociedad a salir en defensa
del sistema democrático (Quiroga, 2005). El episodio
concluye con el discurso de Alfonsín en Plaza de Mayo,
con una postura que resquebrajaría los frágiles acuerdos
con el resto del campo político, anunciando economía
de guerra, es decir, medidas de austeridad. Se hacía
referencia a medidas de modernización social, que
rompían con los conceptos del radicalismo tradicional
republicano (Díaz, 2008).
Dicha etapa prosigue con la declaración de “estado de
sitio” por sesenta días en octubre del mismo año, ante
las recurrentes amenazas de golpe, que continuaría con
las dicultades de cumplir los propósitos democráticos,
al concluir con el ascenso de cargo a dos ociales
denunciados por complotar contra el régimen vigente.
Aún se contaba con recursos consensuales, lo cual
se aprovechó para conformar el Consejo para la
Consolidación de la Democracia
16
, pero nuevamente,
signicó otra trinchera frustrada.
Según Quiroga (2005; p.110), este Consejo se formó
“con la misión de elaborar un proyecto transformador
fundado en la ética de la solidaridad y en la democracia
participativa”. A partir de ello, se procuraba la posibilidad
de una reforma constitucional, con el objetivo, entre
otros puntos, de modicar el régimen presidencialista
por un régimen semipresidencial. Por la manera en que
se reconstruye el proceso, es natural que indiquemos la
escasa aceptación del proyecto desde el peronismo y
por parte del radicalismo.
El deterioro conjunto de representatividad política en
la sociedad civil y de recesión económica (desde la que
comenzaba la espiral y subsiguiente golpe económico)
16.Fue creado en diciembre de 1985. El mismo estaba
coordinado por el filósofo del derecho Carlos Nino e
integrado por juristas, políticos, y personalidades de
actuación en la vida nacional.
determinaron en gran medida los márgenes de acción
del gobierno, los cuales se hacían cada vez más
estrechos. La opinión de Quiroga (2005) al respecto, es
que el gobierno dejó pasar la oportunidad en 1985, de
convocar y canalizar la participación ciudadana hacia
órganos que excediesen el control o dirección partidaria
radical. A su vez, Díaz (2008; p.115) agrega que: “el
discurso de Raúl Alfonsín en Parque Norte a nes de
1985, contribuyó a entronizar el discurso de la técnica y
a despolitizar los proyectos de transformación el país.”.
Es decir, en el mismo sentido, este período de inexión
apostó a los consensos para desmovilizar, y no para
redoblar los mismos en base a la participación política
democrática, que era su punto fuerte.
En febrero de 1986, Sourrouille anunció la segunda
etapa del plan Austral. Como se indicó anteriormente,
los grupos concentrados de la economía ejercieron
presión para que se exibilizara el control de precios.
Pero a vez, los compromisos externos requerían de un
cambio de estrategia, ya que “cada vez aumentan más
los pagos de intereses y de capital de la deuda, por lo
tanto, reaparece el problema scal” (Wainer, 2010;
p.93). Pero este cambio se basó en un diagnóstico que
entendía que la base de los problemas era el Estado
“populista”, la poca productividad de las empresas, la
poca competitividad del mercado argentino que no
era atractivo para inversiones, a la vez sin capacidad de
demanda, entre otros factores. Esta manera de abordar
el problema, condicionaba las posibles soluciones.
Como indicamos, el problema de la etapa era la
adaptación al modelo inaugurado por la dictadura,
de valorización nanciera. De este modo, la segunda
etapa ortodoxa del Plan Austral liberalizó la economía
y promovía las exportaciones para afrontar la deuda,
lo que consecuentemente (y omitiendo otros factores)
desencadenó nuevamente la inación. A una nueva
estrategia económica le correspondió un nuevo marco
de alianzas políticas. A principios de 1987, a costa de
desplazar de sectores históricos del radicalismo a
dirigentes de la Junta Coordinadora Nacional
17
, se dejó
17. La Junta Coordinadora Nacional, agrupamiento de
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de lado las pretensiones de democratizar los sindicatos;
se acercó al Grupo de los 15 (opositores a la CGT de
Ubaldini) y se designó a Carlos Alderete, del gremio Luz
y Fuerza, como Ministro de Trabajo.
Si bien eran oposición, la designación del nuevo
Ministro era bien vista por parte de la CGT, por su
lógica corporativista. En contraparte, dicha alianza
provocó bajas expectativas en gran parte de la base
social alfonsinista. Pero las desilusiones no abrían de
acabar pronto. En la Semana Santa de 1987, los grupos
militares abrían de aprovechar la correlación de fuerzas
decreciente para el gobierno y llevaron al límite el
reclamo de sus demandas. Vale aclarar que cuatro
meses antes, dando inicio al período de pactos con este
sector, el gobierno había sancionado la ley de Punto
Final, cuyo sentido era:
“Evitar tanto la proliferación de los juicios como
disipar el estado de sospecha que pesaba sobre
la institución militar, para lo cual se promovía la
aceleración de las causas y la jación de un término
de prescripción de la acción penal.” (Quiroga, 2005;
p.103)
Los plazos establecidos de 30 y 60 días para denuncias
nuevas y procesamiento a los ya denunciados,
signicaban un importante obstáculo para la justicia.
Encabezados por Aldo Rico, los “carapintadas”
mantuvieron en vilo al país por cuatro días, amotinados
en Campo de Mayo. Sobre este episodio, nos
permitimos armar que, como indica Díaz (2008; p.115)
“Las jornadas de Semana Santa de 1987 expresaron
la disociación entre discurso y acción, arrastrando en
su derrumbe la credibilidad del gobierno y el estilo de
democracia de masas movilizadas”. El viraje político
iniciado en 1985 se terminaba de denir.
la juventud radical, se funda en 1968 en oposición a la
dictadura de Onganía y conformaban el ala socialdemócrata
de dicho partido. Militaron la vuelta a la democracia junto
a Alfonsín y fueron parte del Movimiento de Renovación
y Cambio, la fracción interna radical que proponía al
dirigente como candidato.
Dos meses después del evento y de “la casa está en
orden” (frase célebre del discurso de Alfonsín ante la
resolución), se sancionaba la ley de Obediencia Debida,
que dotaba a ociales jefes, ociales subalternos,
y subociales de las FFAA de “presunción de pleno
derecho” ya que “no eran punibles por los delitos
cometidos en la lucha contra el terrorismo por haber
obrado en virtud de obediencia debida” (Quiroga, 2005;
p.104). Los episodios de levantamiento continuarían
apareciendo, en enero y diciembre de 1988 y luego,
con el gobierno de Menem, en 1990. Los sectores de
las FFAA demostraban que les era más importante el
reconocimiento social de su lucha por la patria que estar
al servicio del gobierno civil.
El consenso logrado por la encarnación de las
demandas populares de democracia, se encontraba
irreversiblemente dañado. Luego de ganar las elecciones
de 1983 con el 52% de los votos, la disminución de
apoyo se haría notar en las elecciones de 1985, en la
cual perdió catorce puntos con respecto a las elecciones
anteriores. Empero, en las elecciones del año 1987 el
partido peronista logró rearmar su movimiento, ya
que “recuperó su caudal electoral histórico, obtuvo el
41,48% de los votos, el control de diecisiete provincias
y la mayoría en la cámara de diputados” (Quiroga, 2005;
p.113). Los factores que coadyuvaron a este giro fueron
tanto el deterioro del radicalismo como la renovación
que experimentó el peronismo de la mano de Antonio
Caero, gobernador electo de la provincia de Buenos
Aires dicho año.
Este proceso de disgregación de grupos y alianzas
políticas, el rearmado del peronismo y la insistencia de
sectores militares, impactaría también en el consenso
que se articuló con las clases subalternas. Los más
involucrados de estos últimos, representados tanto en
la CGT como en el grupo de los 15, también exigieron
la separación del proyecto de gobierno. Esto provocó
la renuncia del Ministro de Trabajo Alderete, y la
reubicación de dirigentes radicales con un perl más
liberal en otros ministerios como Interior y Obras y
Servicios Públicos.
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Este es el panorama bajo el cual se inició la última etapa
económica conocida como Plan Primavera. El mismo,
a cargo del Ministro Sourrouille, contaba con el apoyo
del Banco Mundial y el gobierno de los Estados Unidos,
con el objetivo de cumplir con los plazos de deuda, que a
nes del año 1988 se deja de pagar. Este plan convocaba
a nuevas medidas de ajuste (congelamiento de tarifas
y salarios públicos, devaluación de la moneda) y un
acuerdo con la Unión Industrial Argentina y la Cámara
de Comercio para contener precios (Wainer, 2010). Pero
a principios del año 1989 el Banco Mundial retira su
apoyo y abandona la ayuda nanciera, dado que no se
retoman los pagos a los acreedores. Esto produjo una
corrida cambiaria hacia el dólar, dando inicio al proceso
de hiperinación que le costó el cargo a Sourouille, y
luego a Carlos Pugliese.
Como mencionamos anteriormente, el esquema de
transferencias del Estado hacia los grupos concentrados
internos iniciado con la dictadura militar, se sostuvo
durante el mandato de Alfonsín. De hecho, entre los
años 1981 y 1989 por subsidios y promociones, “se
le transeren al menos 67 mil millones de dólares, es
decir, más o menos el 10% del PBI” (Wainer, 2010;
p.98), pero las inversiones totales en el mismo período
tienen un saldo negativo. Es importante marcarlo ya
que las medidas adoptadas en todo el período contra
la inación (control de precios) y el décit scal, si bien
se reducen considerablemente en algunos lapsos, no
se logran revertir por estas transferencias. A la vez, la
estatización de la deuda externa privada, implica que
estas transferencias se dan en dos sentidos, interna y
externamente.
Entonces, la hiperinación se comprende como producto
de una disputa interna de los sectores dominantes.
Los acreedores externos, al comprobar que los grupos
internos de la economía continuaban percibiendo
las transferencias del Estado y, como agravante, que
la deuda externa (sus aportes) estaba nanciando la
fuga de capitales (Wainer, 2010), es que llevan a cabo
el “golpe económico”, a través de la corrida cambiaria.
Este proceso se da como consecuencia de la lógica de
valorización nanciera, explicitada anteriormente. Las
consecuencias para las clases subalternas, producto
de la hiperinación, son la caída del salario real y el
aumento acelerado de la desocupación, la pobreza y la
indigencia. Observamos que, a lo largo de esta gestión,
las propuestas para afrontar el décit heredado y los
compromisos externos, compartieron el sentido de
ajuste hacia la mayoría de la población, y no hacia los
grupos concentrados y oligopólicos de la economía.
Análisis sintético-reflexivo:
algunas consideraciones finales.
Situándonos en los elementos teóricos e históricos
expuestos, nos permitimos reexionar tangencialmente
sobre el problema en estudio, intentando responder a las
preguntas propuestas. No pretendemos concluir o jar
una posición determinante sobre el proceso, sino aportar
al debate socio-histórico sobre la caracterización de los
procesos en nuestro país. A grandes rasgos, se trata de
indicar elementos del pasado, o hechos empíricos para
contrastarlos con los aportes teóricos seleccionados.
Comprender los procesos que conguran el presente
es la clave para articular respuestas y acciones que
direccionen el porvenir.
En este sentido, observamos que, en efecto, existió un
hilo de continuidad en la aplicación y sostenimiento de
un modelo de acumulación basado en la valorización
nanciera, en el período seleccionado. Y no solamente
se continuó en el sentido estricto del modelo,
conocido como bicicleta nanciera, como lo denimos
anteriormente, sino que, además, se sostuvieron
los mecanismos de nanciamiento, de transferencia
de ingresos sedimentados bajo el primer gobierno
analizado hacia los grupos concentrados de la economía
(externos, pero fundamentalmente internos).
En cuanto al sistema de representación política, el
proceso de transición de un régimen dictatorial hacia
uno democrático hace evidente la ruptura. Podemos
argumentar que la correlación de fuerzas dispuso a la
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dictadura como momento de coerción de los grupos
dominantes, ya que estos no pudieron presentarse
anteriormente como dirección del conjunto de la
sociedad. Del mismo modo, la dictadura comienza a
construir su sistema de trincheras en la sociedad civil,
no sólo apelando al conjunto de la sociedad a apoyar
la guerra contra la subversión, sino fundamentalmente
representando los intereses de fracciones dominantes
en el Estado, beneciando a estas con las medidas
adoptadas.
Por otro lado, este esquema económico no logra
desarrollar el conjunto de las fuerzas productivas, es
decir, no logra integrar las masas al Estado. A la vez,
no solo es la dictadura detentadora de mera fuerza
coactiva, sino que tampoco la sociedad civil (que era
de por sí reducida y/o prohibida, por los intereses
concentrados que representa el Estado) logra integrarlas
consensualmente, lo que provoca la disgregación del
bloque de ideologías, y las masas reclaman un régimen
democrático.
Bajo estas consideraciones, podríamos decir que la
dictadura fue parte última de una crisis orgánica, en la
cual se sucedían gobiernos electos con interrupciones
militares que re-direccionaban aspectos políticos y
económicos, pero nunca eliminando por completo el
sistema anterior de dominación, es decir, lo viejo no
terminaba de morir (el modelo agroexportador) ni lo
nuevo de nacer (el modelo de industrialización por
sustitución de importaciones). La dictadura sería el
último capítulo de esta crisis orgánica, imponiendo
un nuevo modelo (que, sin embargo, sintetizaba los
anteriores) pero haciéndolo a costa de hegemonizar
ideológicamente la sociedad, sin que esta progresara
social y culturalmente.
Empero, las clases subalternas no percibieron mejoras
sustanciales en el período analizado. Al no desarrollarse
las fuerzas productivas, no hubo lugar a que éstas
pudieran mejorar su calidad de vida. Aun así, hubo
un momento de fuerte representación política de las
mismas en el proceso democrático, expresado en el
voto masivo a Raúl Alfonsín, y la participación en los
primeros años de su gobierno. Claro está que, además
de hegemonizar el sistema de dominación en base al
régimen democrático, las esperanzas puestas en el
nuevo gobierno también eran de una mejora del poder
adquisitivo de las masas, en una mejor calidad de vida.
La falta de desarrollo de fuerzas productivas para el
conjunto de la sociedad desde 1976, con años de alta
inación, pasando por la crisis económica de 1989
y alcanzando luego a la gran crisis económica y de
representación política del año 2001, podría tomarse
como un período de crisis estructural del modelo de
valorización nanciera, correspondida por una serie de
medidas tendientes a la liberalización de la economía,
o neoliberalismo. Pero los consensos generados por el
gobierno de Alfonsín, la hegemonía generada a partir de
los valores propios de un régimen democrático, indican
que dicho gobierno contó con la legitimación necesaria
para dar ruedo a las continuidades expuestas. Y aunque
a lo largo de este gobierno, los consensos generados se
fueron perdiendo por la incapacidad de sometimiento
del régimen anterior, el proceso hiperinacionario fue
causado por parte de los grupos dominantes.
Claro que dicho golpe económico se apoyó en la pérdida
de consenso del gobierno, como vimos anteriormente,
ya que este no tenía la capacidad de movilizar en su
favor a las masas. Pero en este proceso, no fueron el
conjunto de las clases subalternas las que generaron
la crisis política, sino que los reclamos de las clases
subalternas frente a la hiperinación (que deriva en la
salida anticipada del gobierno) fueron consecuencia
de que los grupos dominantes querían terminar las
reformas estructurales de privatización y achicamiento
del Estado.
De este modo, entendemos que la dictadura militar de
1976 marcó un punto de inexión, como cierre de una
etapa y comienzo de otra. Pero para caracterizar este
año como el comienzo de un bloque histórico (o cierre
de una crisis orgánica), o por otro lado, indicar que esta
apertura se da en 1983 mediante la transición hacia un
régimen representativamente hegemónico, volvemos
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sobre las dimensiones de análisis.
Sobre las características del modelo económico,
proponemos actualizar la idea de desarrollo de las
fuerzas productivas. Al ser un punto clave para consolidar
un sistema de dominación según Gramsci, y contrastarlo
con un modelo que se propone canalizar el capital para
generar más capital sin inversiones productivas, no se
puede hablar propiamente de desarrollo. Sin embargo,
en ambos gobiernos hubo episodios en que se acordaba
con distintos sectores medidas como congelamiento
de precios por determinados períodos, así como de
salarios. Durante el gobierno de Alfonsín también hay
acuerdos con los grupos sindicales, por lo que puede
decirse que se representó a la clase trabajadora en el
Estado. La reexión al respecto es que, a partir de la
sistematización coercitiva de la dictadura, la correlación
de fuerzas de las clases subalternas fue decreciendo
dentro del modelo económico.
La dimensión política muestra otros aspectos, aunque
relacionados. El régimen dictatorial no consolidó (o
no pretendió) una hegemonía tendiente a desterrar
las ideas subversivas (revolucionarias), por lo que las
clases subalternas impusieron su visión del mundo,
representada en los valores democráticos. De este
modo, mediante la disputa política se consiguieron una
base de acuerdos económicos, si bien endebles. Pero la
real imposición de las masas, más que económica, fue
la de limitar a la sociedad política en el uso del aparato
represivo del Estado. Alfonsín asume representando (y
condicionado) por dicho aspecto. Rescatamos el hecho
de que, en el proceso hiperinacionario, la literatura al
respecto no destaca conictos o enfrentamientos en
que se hiciera uso de la represión.
Por último, consideramos que, a grandes rasgos,
el deterioro económico que generó el modelo de
valorización nanciera sostuvo (o sintetizó) algunos
rasgos del modelo anterior. La reforma estructural
neoliberal sin embargo, se llevó a cabo en el período
posterior, bajo el gobierno menemista. Tomando en
cuenta este aspecto, consideramos que el período
abordado se caracterizó por una fuerte disputa
hegemónica entre modelos político-económicos, uno
dictatorial y otro democrático, uno intervencionista
y otro liberal, y que estas disputas se expresaron
conviviendo en el Estado. Los períodos anteriores, a su
vez, expresan una disputa similar, aunque quizás con
otra correlación de fuerzas entre las clases antagónicas.
Al respecto, se abre un nuevo interrogante, de si la crisis
orgánica es tan extensa como la historia de los golpes
de Estado, iniciada en 1930, en que conviven estos
modelos. Por lo que respecta a este trabajo, el período
presentado no expresa las características de un bloque
histórico, sino la de una crisis orgánica que, pareciera,
recién comenzaba a resolverse.
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