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TRAMAS SOCIALES | Nº 02 | Año 02 | ISSN 2683-8095
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Carabajal
LAS PROTESTAS SOCIALES POR EL “DOBLE CRIMEN DE LA DÁRSENA”.
Carabajal, José Daniel
1
Recepción:01/04/2020 | Aceptación: 11/06/2020
1.Licenciado en Sociología. Centro de Investigaciones
Jurídicas y Sociales (C.I.J.S.). Universidad Nacional de
Córdoba (U.N.C.). Correo electrónico: licenciadojdc@gmail.
com
Resumen
En el presente trabajo, se analizan las marchas en
reclamo de justicia por el “Doble crimen de La Dársena”
y su posible incidencia en la nalización del régimen
juarista
1
en el año 2004 en la provincia de Santiago del
Estero. Dicho régimen nalizó su mandato por la vía de
la Intervención Federal decretada por el Congreso de la
Nación con posterioridad a los mencionados crímenes
que pusieran en descubierto las irregularidades y los
abusos de poder de este gobierno. En esa oportunidad,
desde diferentes sectores de la sociedad se gestaron
marchas de protesta en reclamo de justicia que
1.Así se denomina a la estructura de poder que Carlos
Arturo Juárez y su esposa Mercedes Marina “Nina”
Aragonés construyeron a lo largo de sus varios periodos
de gobierno entre 1949 y 2003.
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concentraron la atención de los medios de comunicación
nacionales y del propio Gobierno Nacional sobre
Santiago del Estero. Se realizó al menos 15 entrevistas
en profundidad, análisis de contenido y exploración
bibliográca de diarios, revistas y páginas de internet.
Palabras clave:
Movimiento – Justicia – Autoritarismo – Finalización –
Santiago del Estero
SOCIAL PROTESTS FOR THE “DOUBLE CRIME OF
LA DÁRSENA”
Abstract
In the present work, the marches in justice claim for the
“Double crime of La Dársena” and its possible incidence
in the termination of the juarista regime in 2004 in
the province of Santiago del Estero are analyzed.
Said regime ended its mandate through the Federal
Intervention decreed by the National Congress after the
aforementioned crimes that exposed the irregularities
and abuses of power of this government. On that
occasion, from dierent sectors of society, protest
marches were created in the demand for justice that
concentrated the attention of the national media and
the National Government itself on Santiago del Estero.
At least 15 in-depth interviews, content analysis and
bibliographic exploration of newspapers, magazines
and Internet pages were carried out.
Keywords:
Movement - Justice - Authoritarianism - Completion -
Santiago del Estero
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Introducción
En el presente trabajo, se analizan las marchas en
reclamo de justicia por el “Doble crimen de La Dársena”
y su posible incidencia en la nalización del régimen
juarista
2
en el año 2004 en la provincia de Santiago del
Estero. Dicho régimen nalizó su mandato por la vía de
la Intervención Federal decretada por el Congreso de la
Nación con posterioridad a los mencionados crímenes
que pusieran en descubierto las irregularidades y los
abusos de poder de este gobierno. En esa oportunidad,
desde diferentes sectores de la sociedad se gestaron
marchas de protesta en reclamo de justicia que
concentraron la atención de los medios de comunicación
nacionales y del propio Gobierno Nacional sobre
Santiago del Estero.
El 6 de febrero del año 2003, dos jóvenes santiagueñas,
Leyla Bashier Nazar y Patricia Villalba, de veintidós y
veintiséis años respectivamente, fueron encontradas sin
vida. Este doble homicidio marcó el inicio de un proceso
social y político que puso n al régimen juarista, debido
a las características de escándalo político y la supuesta
implicancia en el caso de ciertas personas vinculadas a la
función pública de la provincia.
A poco de comenzadas las marchas, estas sospechas
llevarían a confrontar con el propio régimen. Se
presumía la existencia de una red de encubrimientos
desde el mismo poder político para no comprometer
a los supuestos implicados que formarían parte de
los “hijos del poder”. Esto deslegitimaría al régimen
pues, como se anotó anteriormente, se implicó a hijos
de funcionarios, legisladores, en calidad de autores y
encubridores de los crímenes.
Por tanto, el presente artículo se propone describir el
proceso de protesta social que se inició con el “Doble
crimen de La Dársena” en el año 2003 y analizar su
2. Así se denomina a la estructura de poder que Carlos
Arturo Juárez y su esposa Mercedes Marina “Nina”
Aragonés construyeron a lo largo de sus varios periodos
de gobierno.
posible incidencia en la declinación posterior del
régimen juarista en la provincia de Santiago del Estero,
en el año 2004. Otro objetivo será caracterizar a los
actores sociales y políticos que participaron activamente
del ciclo de protestas en reclamo de justicia por el caso
del “Doble crimen de La Dársena”, en el año 2003. Como
así también conocer la perspectiva de algunos de los
actores que fueron participantes activos del ciclo de
protesta respecto de la incidencia de las protestas en
la declinación posterior del régimen juarista. Por ello
cabe preguntarse ¿contribuyeron, y de qué modo, las
marchas en reclamo de justicia por el doble crimen
de La Dársena a la nalización del régimen juarista en
Santiago del Estero en el año 2004?
Referentes conceptuales
Latinoamérica tiene una historia independentista
por haber atravesado diferentes procesos de luchas
de liberación nacional con respecto a la dependencia
de las metrópolis europeas. Esta característica hace
que su historia sea rica en pueblos con trayectorias
de movilización, en procesos revolucionarios y en
desobediencias civiles que legaron su matriz, y hasta su
nombre, a los actuales movimientos sociales.
Svampa (prólogo a Gómez, 2014), al referirse a la
teorización latinoamericana de los movimientos sociales,
arma que la noción de clase social no desaparece del
todo, sino que se ve desplazada por la urgencia de la
necesidad de dar respuesta a un colectivo heterogéneo
(campesinos, trabajadores informales, clase media,
desocupados, etcétera.) que no era fácil encasillar en
alguna categoría de las teorías clásicas de la escuela
norteamericana y europea (Tilly, 1979, 2010; Tarrow,
1997; Touraine, 1987). Esta tarea de catalogar dentro
de una categoría preexistente a este nuevo fenómeno
fue posible gracias al despojo de las características
de clasicación binaria (ricos-pobres, trabajador-
empleador, propietario-arrendatario, etcétera)
que se proponían en las anteriores teorizaciones
(interaccionismo simbólico, estructural funcionalismo,
conductismo, etcétera), optándose por una categoría
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más focal desde lo territorial, y más centralizada en
temas o cuestiones puntuales y transversales a grandes
sectores sociales.
Gómez (2014) considera que los conceptos de acción
colectiva y movimientos sociales han desplazado de la
centralidad explicativa al concepto de clase social. Este
proceso se explica, según el autor, mediante el reemplazo
del concepto de clase social por los de movilización de
recursos, enmarcados interpretativos y oportunidades
políticas (según la escuela estadounidense), pero
también por los de identidad, culturas, acción histórica
(desde la escuela europea), que emergen como nuevos
conceptos que, reunidos en sus respectivas tradiciones,
pueden explicar de manera más conable los procesos
de movilizaciones sociales.
Se parte del concepto de acción colectiva, que es
mucho más amplio y abarcador que la protesta social
y la desobediencia civil, todas ellas formas de acción
colectiva. Cortar una calle, protestar por algún tributo,
movilizarse a favor de alguna causa, reclamar frente
a alguna autoridad pública, etcétera, son formas de
expresión colectiva (Schuster, 2005).
Cuando se habla de protesta social se hace referencia
“a los acontecimientos visibles de acción pública
contenciosa de un colectivo, orientados al sostenimiento
de una demanda.” (Schuster, 2005, p.56). En cualquier
caso, estamos frente a una de las tantas formas que
la comunidad tiene de hacer público su descontento
contra una situación social sentida como negativa, y que
por lo general se maniesta contra el Estado o contra
su permisividad ante la acción de actores privados
causantes del problema. Cuando las diversas protestas
que subyacen en una sola y generalizada se ponen de
maniesto, estamos frente a una red de protestas,
que tiene la virtud de aunar diversos reclamos que
parecen heterogéneos, haciéndolas comunes a todos
sus participantes. Por su amplitud, esta red de protestas
puede hacer pensar que estamos en la antesala de un
movimiento social si logran aglutinarse en torno a una
identidad, un plan de acción y las otras características ya
mencionadas que denen a los movimientos sociales.
Movimientos sociales y violencia
Otro de los aspectos relacionados con los movimientos
sociales es el recurrente empleo de la violencia, ya sea
por parte de quienes se movilizan o por parte de las
fuerzas de seguridad. Analizaremos este aspecto que
siempre está como una posibilidad, aunque no siempre
llega a manifestarse, y no necesariamente debe estar
en la intencionalidad de quienes organizan una protesta
o un movimiento social. Comenzaremos por Tarrow
(1997), quien se reere a la represión en términos de
disminución o elevación de costes. Cuando habla de
elevar costes en la acción colectiva, se reere al plano
motivacional, pues el hecho tangible de sufrir algún
daño físico es una buena razón, en algunos casos, para
que el accionante desista de su participación.
Del otro lado también pueden verse personas que tienen
un rol en cuanto a la facilitación de la acción colectiva,
mediante la logística y el traslado de los marchistas
desde puntos alejados hacia donde se desarrollaban
las movilizaciones. Otra acción de facilitación la
encontramos en la edición de revistas, folletería,
boletines, etcétera, que intenta ser canal de expresión
de los manifestantes.
En algunos casos, como el que nos ocupa en el presente
trabajo, la violencia, lejos de disminuir la acción
colectiva, produce el efecto inverso al buscado por las
autoridades del régimen, pues las marchas pueden
ir incrementando el número de asistentes. Incluso,
puede llegar a darse una nacionalización de la protesta
por la acción de los medios masivos de comunicación,
originando muestras de apoyo y de solidaridad desde
diferentes puntos geográcos.
También, en algunas movilizaciones, suele ocurrir lo
que Tarrow (1997) describe: al principio son reprimidas
duramente; pero al ir creciendo en número, la represión
se hace cada más dicultosa y, con la participación
de los medios de comunicación, tanto locales como
nacionales, la represión tiende a volverse totalmente
impopular a los ojos de la opinión pública.
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Aspectos Metodológicos
Para el presente trabajo se realizó un “estudio de caso”
(Galeano Marín 2004, p.63), para brindar una descripción
lo más completa posible del fenómeno estudiado.
Se realizó una indagación, mediante entrevistas en
profundidad (Rodríguez Gómez, Gil Flores y García
Jiménez, 1999), sobre la incidencia de las marchas por
el “Doble crimen de La Dársena” en la nalización del
gobierno de Aragonés de Juárez en Santiago del Estero.
Asimismo, se recurrió a comparar algunos aspectos del
caso “María Soledad Morales” en Catamarca durante la
década de 1990.
Se utilizó como herramientas para la recolección de
datos primarios las entrevistas en profundidad. La
razón de la elección de los entrevistados responde a
una decisión estratégica y de sospecha metodológica,
pues todos ellos asistieron a las marchas en reclamo de
justicia por el “Doble crimen de La Dársena”. También
se entrevistó a miembros del gobierno de entonces que,
aunque no asistieron a las marchas, se les administró el
cuestionario teniendo en cuenta sus antecedentes como
miembros de la estructura del régimen. La estrategia
fue en algunos casos confrontar entrevistados juaristas
y opositores, y lograr mayormente una representación
de opositores, teniendo en cuenta la sospecha
metodológica de que dirigentes juaristas no participaron
de dichas marchas; esto último fue corroborado por
los entrevistados, quienes expulsaron de las marchas
a quienes identicaron como inltrados, dirigentes o
ex dirigentes juaristas que ocuparon altos cargos tales
como diputados, jueces o ministros. En todos los casos se
tuvo en cuenta la contemporaneidad de su pertenencia
y/o cargo institucional con la nalización del régimen.
Se aclara que, para preservar la identidad, por expreso
pedido de los mismos, de todos los entrevistados se usó
nombres cticios.
Como fuente de datos secundaria, se recurrió a libros,
documentos, archivos, revistas, como así también a
material multimedia y la exploración de páginas web.
Asimismo, se recurrió a los archivos de los principales
medios periodísticos locales (Nuevo Diario y El Liberal),
como así también a los diarios de mayor circulación a
nivel nacional (Clarín, La Nación, Página 12, entre otros)
de los años 2003, 2004 y posteriores que trataran el
tema o estuvieran referidos a los hechos investigados.
Sobre dichas fuentes se aplicó la técnica de análisis
de contenido (Rodríguez Gómez, Gil Flores y García
Jiménez, 1999)
El “Doble crimen de La Dársena” como hecho
histórico
Luego de conocido el hecho luctuoso del hallazgo de
un cadáver por parte de una lugareña de la localidad de
La Dársena, comenzó la correspondiente investigación
policial de lo que posteriormente signicó uno de los
casos policiales que conmocionó a la opinión pública
local. Así recordaba su actuación el día del hallazgo
de los cuerpos el comisario que tuvo a su cargo el
procedimiento al tomar conocimiento sobre el hecho:
“Leiva recordó que ‘en el momento en que hicimos
el trabajo, el 6 de febrero, era un cadáver NN que se
encontró. Nosotros tomamos conocimiento a través de
una vecina y nos hicimos cargo del procedimiento’ (…)”.
(Diario Nuevo Diario, 21/08/2003)
Santucho (2003), quien fuera abogado patrocinante de
la familia de una de las víctimas, relata de esta manera
el hallazgo de los cuerpos de las víctimas de este caso:
“En la amarilla mañana del 6 de febrero del 2003
una campesina santiagueña buscadora de huesos,
Doña Rosa Angélica Vergara en compañía de dos
hijos Darío Rodolfo Robles y Daniel Fernando Veliz,
alertados por el ladrido de sus perros encontraron
en una zona montuosa de La Dársena, lugar
equidistante entre las ciudades de La Banda y
Santiago del Estero el cuerpo masacrado de Patricia
Fernanda Villalba y los restos óseos de Leyla Bashier
Nazar, ambas desaparecidas desde las 0 horas del
mismo día y 16 de enero del 2003 respectivamente.”
(2003, p. 73-74)
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Este hecho precipitó la nalización del régimen juarista y
su posterior colapso como consecuencia de la llegada de
Néstor Kirchner a la presidencia de la Nación y el fuerte
impulso a las políticas de Derechos Humanos que esa
gestión propició; esta situación signicó la apertura de
canales institucionales para la recepción y tramitación
de denuncias por violaciones a los Derechos Humanos
que no fueron tenidas en cuenta por las autoridades
provinciales durante el régimen juarista(Castiglione,
2010; Farinetti, 2012).
El argumento de la Intervención Federal alude a una
sociedad conmovida por un crimen que involucra a
funcionarios públicos e hijos de estos funcionarios. Es
posible considerar que también valió la experiencia
de la reacción popular frente al “Caso María Soledad
Morales” de Catamarca por cuanto facilitó los
mecanismos de movilización (Rauber, 2015; Tarrow,
1997) Lo paradigmático de los casos de Catamarca y de
Santiago del Estero fueron los actores supuestamente
implicados, como así también la cobertura que los
medios de comunicación nacional le dieron al avance
de las investigaciones que se llevaron a cabo, pues
trascendieron las fronteras provinciales y se convirtieron
en temas nacionales (Camps y Pasos, 1999). Estos dos
casos tienen muchas y particulares coincidencias; entre
ellas, que ocurrieron en provincias gobernadas por las
mismas personas o familias desde hacía décadas, los
Saadi en Catamarca (Zicolillo y Montenegro, 1991), y
la participación de funcionarios del Estado provincial,
o los denominados “hijos del poder”, en el caso de La
Dársena.
Entre las personas sospechadas estuvo un exdiputado
provincial: “(…) El diputado Carlos Anauate luego de
perder sus fueros, se presentó ante la jueza María del
Carmen Bravo (…), pero no quedó detenido, ya que la
magistrada aún no había recibido la noticación del
desafuero” (Diario El Liberal, 01/10/2003).
Otro de los sospechados fue el defensor del pueblo de
la Ciudad de Santiago del Estero, Gilberto Estéfano
Perduca, quien en una entrevistada otorgada a un
periódico local armaba lo siguiente: “(…) No pondré
ningún tipo de obstáculo con respecto al desafuero y
estoy a disposición de la justicia, y si la jueza consideró
que hay elementos para ordenar mi detención que lo
haga (...)” (Diario El Liberal, 01/10/2003).
Asimismo, Karina Villalba, hermana de Patricia Villalba
(una de las víctimas del “Doble crimen de La Dársena”),
sugirió que la jueza de la causa debería apresar al hijo
del diputado provincial juarista Darío Augusto Moreno,
al Subsecretario de Seguridad de la provincia y a su
hijo: “(…) Aún falta las personas más importantes, y
mencionó en tal sentido a Juan Felipe Moreno (h), a
Musa Azar y a Antonio Musa Azar” (Diario El Liberal,
01/10/2003).
Por tanto, se especulaba con la posible participación
de los denominados “hijos del poder”
3
o personas
vinculadas con algún cargo público de la más alta
jerarquía, lo cual llevaría a confrontar con el propio
régimen. Se expresa esto porque, a partir de allí, se
comenzó a sospechar de una red de encubrimiento
desde el mismo poder político para no comprometer a
los supuestos implicados, entre los que se encontrarían
dichos “hijos del poder”. Esto deslegitimaría al régimen,
pues como se anotó anteriormente se implicó a hijos de
funcionarios, legisladores, en calidad de encubridores
y autores de los crímenes. Así lo denunciaba una de las
abogadas de las familias de las víctimas: “(…) Es parte del
acuerdo, encarcelado Musa y libre su hijo, todo acabaría
con la realización del juicio, donde el ex subsecretario de
inteligencia quedaría libre por las supuestas nulidades
del procedimiento que derivó en su detención” (Diario
El Liberal, 13/1/2004)
Se considera importante poner en relieve que la
participación en las marchas fue de menor a mayor. Este
orden creciente de la participación de la ciudadanía está
relacionado con la inclusión de elementos y personas
3. La expresión popular “hijos del poder” comenzó a
utilizarse en el caso “María Soledad Morales” en la
provincia de Catamarca en el año 1991, para referirse a los
hijos de diputados, funcionarios, ministros, empresarios,
comisarios, etcétera, que se sospechaba estaban
implicados en el crimen (Zicolillo y Montenegro, 1991).
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vinculadas al régimen juarista, en la causa del “Doble
crimen de La Dársena”, como supuestos partícipes
directos.
“Yo recuerdo que todavía estos crímenes ocupaban
un espacio dentro de lo policial, o sea que se sumaba
una serie de reclamos pero que todavía no tenía
todo el trasfondo político que fue adquiriendo con
el devenir del tiempo, éramos pocos todavía los que
participábamos en esas marchas (...)” (Teresita.
Comunicación personal. 12/03/2019).
En lo manifestado por la entrevistada, se percibe esa
dimensión pública de lo político (López, 1996). Con
esto se quiere signicar que, cuando se advierte la
presencia de elementos políticos en la arena social,
se moviliza la ciudadanía y la protesta social, como
algo que les compete a todos los ciudadanos. En este
caso, el aumento cuantitativo de la participación
ciudadana, tal como lo expresan el académico y el
miembro de asociación civil antes citados, es lo que
marca la diferencia entre un crimen que ocupaba solo
páginas de la sección policial de los diarios locales y un
hecho público de transcendencia política que involucra
a personas vinculadas con el poder instituido. En este
caso de estudio, en el momento en que se identicó a
ciertas personas vinculadas al juarismo como posibles
involucrados en los crímenes por los que se reclamaba
justicia, cambió la signicación del hecho criminal: pasó
de ser solo un simple hecho policial a ser un escándalo
político. En relación con la inminente presentación de
pruebas contra los “hijos del poder”, el Nuevo Diario
(23/08/2003) informaba lo siguiente: “(…) Es muy
probable que se produzcan algunas detenciones, y no se
descarta la posibilidad de que caigan algunas personas
de los denominados hijos del poder”.
Al respecto se pueden listar algunos participantes,
individuales y colectivos (sociales y políticos), de las
marchas por el “Doble crimen de La Dársena:
• Amigos, familiares y vecinos de las víctimas del
“Doble crimen de La Dársena”
• Asociaciones de Derechos Humanos: Madres del
Dolor, Padres del Dolor, víctimas de gatillo fácil,
asociaciones de ex-presos políticos, etcétera.
• Iglesia Católica: en su conjunto se puede mencionar
el obispado, Secretaría de Derechos Humanos de la
diócesis, pastoral social, pastoral de jóvenes, CEBs
(Comunidades Eclesiales de Base)
• Organizaciones de campesinos: MO.CA.SE.,
SEPyD, etcétera.
• Gremios y federaciones de trabajadores: C.T.A.,
Círculo de la prensa, CISADEMS, FEPUSE, FEVESE,
etcétera.
• Universitarios: docentes, alumnos y empleados de
la U.C.S.E y U.N.S.E.
• Partidos y movimientos políticos: Izquierda Unida,
Memoria y Participación, MST (Movimiento Social
de los Trabajadores), Movimiento Gerardo Sueldo,
etcétera.
• Movimientos de desocupados: Movimiento de
Desocupados del Norte, M.I.J.D. (Movimiento
Independiente de Jubilados y Desocupados),
MoDeFri (Movimiento de Desocupados Friense),
etcétera.
• Otros sectores y movimientos provinciales y
nacionales.
El objetivo común de dichos grupos era protestar contra
el régimen juarista, “crear, coordinar y mantener”
(Tarrow, 1997, p. 17) reclamos que se encauzaban en
un solo reclamo general: justicia, por reivindicaciones
sindicales negadas, por la muerte de un familiar, por
abuso policial, etcétera.
Respecto de la capacidad de congregar en las marchas,
Tarrow arma:
“(…) En particular, agrupar a la gente en una acción
colectiva coordinada en momentos estratégicos
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de la historia requiere una solución social, lo
que llamaré la necesidad de solventar los costes
sociales transaccionales de la acción colectiva.
Esto supone la puesta en escena de desafíos
colectivos, la concepción de objetivos comunes, la
potenciación de la solidaridad y el mantenimiento
de la acción colectiva; las propiedades básicas de los
movimientos sociales” (1997, p. 20-21).
Esta denición de Tarrow supone identicar cuatro
propiedades básicas de los movimientos sociales,
las cuales estuvieron presentes en las marchas por el
“Doble crimen de La Dársena” y serán analizadas en su
presencia como elementos indispensables de dichos
movimientos.
La primera de estas propiedades son los que Tarrow
(1997) denomina desafíos colectivos. En este caso de
estudio, se observa una gran presencia de actores
sociales aunados por una serie de reclamos colectivos
representados por diversos sectores sociales tales
como gremios docentes, académicos, empresarios,
asociaciones de Derechos Humanos, miembros de
partidos políticos, sacerdotes de la Iglesia Católica,
etcétera. Desde las primeras marchas se quisieron
ampliar los desafíos colectivos a diferentes sectores
que estuvieran aquejados por alguna cuestión judicial
irresuelta. “En tal sentido los padres de las chicas
exhortaron a la gente a perder el miedo y a salir a las
calles a reclamar justicia por estos crímenes y también
por aquellos que están sin resolver” (Diario Nuevo Diario,
15/08/2003).
Todo este colectivo de actores sociales y políticos
planteaba en las marchas una sola consigna explícita:
el pedido de justicia, el cual, en denitiva y por la
pluralidad de actores convocados, signicaba enarbolar
dicho valor frente al abuso de poder. El “Doble crimen
de La Dársena” signicaba el emblema mayor de la falta
de realización de ese valor en todos los demás ámbitos,
es decir Derechos Humanos, gremial, usurpación de
tierras, etcétera (Germani, 1979/2010, p. 675).
El segundo de los elementos son los objetivos comunes
(Tarrow, 1997). Esta característica se ve reejada en
la pluralidad de actores congregados cada vez en
mayor número. En cuanto al objetivo común, según
los entrevistados, era marchar protestando contra
un régimen al cual identicaban como autoritario y
decadente:
“Ah, yo siempre iba a reclamar contra el juarismo
porque me parecía una dictadura autoritaria tan
anacrónica que había que voltearla bajo cualquier
pretexto, y yo le iba a aprovechar cualquier defecto,
cualquier debilidad para voltearlo.(...)” (Carlos.
Comunicación personal. 15/03/2019)
Sostiene el reclamo por un cambio institucional en el
Poder Judicial de la provincia de Santiago del Estero lo
armado por el padre de la víctima Patricia Villalba a un
medio local en relación a una entrevista con miembros
del Poder Ejecutivo Nacional: “Además, comentó que
no dejaran pasar la oportunidad para repetir su solicitud
de intervención al Poder Judicial Santiagueño” (Diario El
Liberal, 05/01/2004).
El tercer elemento descripto por Tarrow (1997) es la
potenciación de la solidaridad. Es notable la solidaridad
que la causa por el “Doble crimen de La Dársena”
pudo concitar y llegó a aunar voces con reclamos tan
plurales en pos de un solo objetivo común: manifestar
el agotamiento de un modelo de praxis política como el
régimen juarista. Se puede apreciar que la solidaridad
de los participantes no reconocía fronteras y sumaba a
personas de diferente procedencia social y geográca
que se congregaban para apoyar la causa, que ya no era
solo de las familias afectadas por el “Doble crimen de
La Dársena”, sino de toda una pluralidad de reclamos
que no habían sido atendidas por el juarismo (Farinetti,
2012).
“De manifestación y de apoyo, tanto político como
no político de distintos lados de la provincia, gente
que ha perdido a sus hijos de distintas formas,
nos acompañaron. Entre estas estaba la señora
de Bordón de Buenos Aires que me acompañó, de
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Córdoba, la hermanita Marta Pelloni, la Mamá de
María Soledad también anduvo, (…) principalmente
en las caminatas desde La Banda hasta llegar a la
iglesia catedral.(...)” (Mirta. Comunicación personal.
25/04/2019)
El último elemento que menciona Tarrow (1997)
es el mantenimiento de la acción colectiva. Desde
que se iniciaron, las marchas tuvieron una duración
ininterrumpida durante trece meses, cada vez con mayor
auencia de personas de diferentes procedencias de la
Argentina, y hasta en la actualidad se sigue realizando
una marcha en conmemoración de las víctimas, en la
fecha en que fueron hallados sus cadáveres.
Los familiares de las víctimas del “Doble crimen
de La Dársena” manifestaron con respecto a dicha
continuidad: “También se anunció que las marchas
continuarán todos los viernes y que no existe la voluntad,
entre los familiares, de dar n a las movilizaciones (…)”.
(Diario Nuevo Diario, 23/08/2003)
No obstante ello, algunos de los dirigentes juaristas
seguían eles a sus “líderes y conductores”
4
y solo
veían el trasfondo político; pero no se visualizaba en
ellos la conciencia del trasfondo social y humano del
hecho histórico y sus implicaciones para el destino de la
provincia y el juarismo:
“No [participé], porque me parecía algo político. Si
bien ha sucedido lo que ha sucedido, pero la desgracia
es que se usaba más por un tema político. Si bien se
ha descubierto que era una realidad, me parecía que
era algo y después se llevó un gobierno puesto.”
(Ángel. Comunicación personal. 20/05/2019)
Tarrow (1997) explica que los movimientos sociales
plantean sus desafíos colectivos de modo de atraer
a sus simpatizantes en aras de la expectativa de un
cambio social que dé nuevos valores colectivos a la
4. Esta expresión corresponde a un sintagma utilizado
por los seguidores del juarismo como tratamiento de
cortesía hacia Carlos Juárez y su esposa, Marina Mercedes
Aragonés de Juárez.
sociedad que esperan representar, y eso explica la
acción política. Tal como lo expone el autor, hubo en
este caso un grupo que planteó “acciones colectivas
disruptivas” (1997, p.22), lo cual no signica que hayan
sido acciones necesariamente violentas como en el caso
del “Santiagueñazo”, pero sí hubo un grupo que tenía
cierta característica de participación permanente en
este tipo movilizaciones. Si bien en el “Santiagueñazo”
estos grupos actuaron directamente, en el caso de las
marchas por el “Doble crimen de La Dársena” actuaron
de manera más solapada.
En este caso actuaron a modo soporte de organización,
ayudando y asesorando a los familiares de las víctimas
en los próximos pasos a seguir, en la elaboración de
consignas contra el régimen, en la convocatoria de
los marchistas, acompañando a los familiares de las
víctimas a las audiencias con funcionarios y ministros
a nivel nacional, etcétera. También se podrá observar
que del mismo modo que había una continuidad de
los nombres de quienes eran identicados como
represores, había una continuidad de nombres de
quienes se manifestaban más notoriamente en contra
del régimen juarista.
Es importante tener en cuenta el contexto nacional
pues el cambio de gobierno nacional y la orientación
ideológica de Néstor Kirchner y los emblemas que
enunciaba hacían suponer cambios en los objetivos
políticos perseguidos, y eso abría una nueva oportunidad
para grupos que a nivel subnacional se identicaban con
el nuevo proyecto político del gobierno nacional.
Desde un principio, las marchas fueron una
movilización en aumento, lo cual puede explicarse por
la identicación del juarismo como responsable común
a varios reclamos sociales (Farinetti, 2012), ya sea que
se tratara de la violación de los Derechos Humanos o
muerte de alguna persona conocida, amigo o familiar,
o la protección que el régimen juarista brindaba,
empleando en sus instituciones de seguridad pública a
personas identicadas con la dictadura militar. Esto es lo
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que Tarrow denomina “símbolos identicables extraídos
de marcos culturales de signicado”
5
(1997, p.25).
Reclamos sociales y/o políticos de los partici-
pantes en las marchas
En este apartado se analizarán los diferentes reclamos
sociales y políticos de los múltiples sectores sociales
que convergieron en las marchas, en pedido de justicia
por el “Doble crimen de La Dársena”. Aquello que solo
comenzó como un pedido de justicia para un par de
jóvenes mujeres torturadas y asesinadas terminó en una
protesta colectiva (Schuster, 2005) mucho más amplia
de varios sectores sociales, cuyo denominador común
era su oposición al juarismo. Esto puso de maniesto,
tanto a nivel local como nacional, una situación de
diversas formas de abuso de poder que son relatadas
por los entrevistados, quienes reeren sus demandas
contra el régimen como una forma de protesta social de
la situación que les tocó vivir personal o colectivamente,
o simplemente como solidaridad con alguna causa
social representada en las movilizaciones y con la cual
se sintieran identicados.
Así lo expresa uno de los entrevistados:
“En un primer momento, el reclamo era por
justicia por el doble crimen. Luego, al sumarse
varias organizaciones de base de distinto tipo,
cada organización también sumó al reclamo
original sus reclamos de coyuntura. En el caso de
las organizaciones con quienes tenía contacto, el
principal reclamo era por el derecho a la tierra, que
la justicia no reconocía, en contra de los desalojos,
en contra de la persecución policial a los dirigentes
campesinos del MOCASE, en contra de las torturas
al ser detenidos” (Alejandro. Comunicación personal.
01/04/2019).
5. (Tarrow, 1997, p.25) “(…) El razonamiento básico es que
los cambios en la estructura de las oportunidades políticas
crean incentivos para las acciones colectivas. La magnitud
y duración de las mismas dependen de la movilización
de la gente a través de las redes sociales y en torno a
símbolos identificables extraídos de marcos culturales de
significado.”
Los dichos del entrevistado coinciden con lo que reere
Tarrow (1997):
“(…) disponibilidad de aliados inuyentes y de las
divisiones dentro de las élites y entre las mismas. Las
estructuras del Estado crean oportunidades estables,
pero son las oportunidades cambiantes en el seno
de los Estados las que ofrecen las oportunidades
que los interlocutores pobres en recursos pueden
emplear para crear nuevos movimientos (…)” (p. 50)
Tal como lo señala el entrevistado, el “Doble crimen
de La Dársena” signicó en mucho una oportunidad
para diferentes sectores sociales que vieron una
debilidad en el Gobierno, manifestada en las renuncias
de funcionarios o el pedido de renuncia por parte del
Gobierno hacia alguno de sus miembros nombrados o
sospechados de estar involucrados en el hecho delictivo.
En este caso, fue una pluralidad de sectores sociales
con sus respectivos reclamos, casi individuales, pero
planteados por una gama de movimientos, que tuvieron
la oportunidad creada por quienes iniciaron las marchas
por el “Doble crimen de La Dársena”. Este grupo, y su
propuesta de movilización con un objetivo común,
fue capaz de aunar esfuerzos de los distintos sectores
sociales, que antes por sí solos no pudieron causar el
efecto deseado sobre el régimen juarista.
Otro tipo de oportunidad la ofrecía el cambio de
gobierno a nivel nacional, cuyos funcionarios recibían
en sus despachos a los familiares de las víctimas y
ofrecían algún tipo de respaldo. Así también resulta
signicativo el hecho de la participación en las marchas
de dirigentes, diputados y ministros nacionales, tal
como lo rerieron los entrevistados. Incluso, en las
movilizaciones también ocurrió lo que Tarrow (1997)
describe: al principio fueron reprimidos duramente los
familiares de las víctimas que se manifestaban; pero al
ir creciendo en número, la represión se hizo cada vez
más dicultosa y, con la participación de los medios
de comunicación, tanto locales como nacionales, la
represión tendería a volverse impopular ante la opinión
pública.
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Esta situación tendía un puente (Rauber, 2015) entre lo
subnacional y lo nacional, desde lo político provincial
hacia lo político nacional, entre un reclamo de justicia por
crímenes hacia una Intervención Federal, desde sectores
sociales subnacionales hacia el Gobierno nacional. Esta
situación creada por los iniciadores de las marchas,
sumada al efecto que el caso produjo en los medios
nacionales, más la cantidad y pluralidad de actores que
se congregaban y el aliciente del apoyo obtenido en el
ámbito nacional, hacía de esta la oportunidad propicia
para el logro antes buscado, es decir, la nalización del
juarismo. También la oportunidad se abría para sectores
relegados geográcamente, como los movimientos
campesinos, quienes eran despojados de sus tierras
por grandes grupos económicos en connivencia con la
policía local y el poder judicial, como fuera manifestado
por diversos entrevistados.
“En esa época se produce el caso que se conoce
como la ‘Carpa Negra de La Simona’, un hito de
la resistencia campesina en Santiago del Estero,
ante los desalojos, las topadoras, la usurpación
de la tierra por terratenientes del agronegocio,
la connivencia del poder político con el poder
judicial y la policía en contra de los derechos de los
campesinos.” (Alejandro. Comunicación personal.
01/04/2019)
Así lo ratica un pedido de informe elevado por el
entonces diputado provincial Ángel Niccolai al Poder
Ejecutivo provincial, sobre la denuncia por atropello
policial de los pobladores del departamento Copo:
“(…) los denunciantes expresaron que ese accionar
tuvo como nalidad amedrentar a los vecinos para que
abandonen sus posesiones de décadas (…)” (Diario
Nuevo Diario, 26/08/2003).
Esta descripción de la lucha campesina contradice en
mucho los discursos del juarismo sobre su base de apoyo
político. Siempre el juarismo se jactó de ser un gobierno
para los pobres, para los hombres del interior provincial
(Farinetti, 2012). Sin embargo, en su accionar político
el juarismo era negligente con las situaciones que los
campesinos vivían a diario con los desalojos ilegales
o forzosos. Si bien es cierto que en su primera etapa
de gobierno de gobierno se hicieron obras públicas
importantes para el sector rural, en los últimos periodos
de gobierno se dejó desatendida la problemática de ese
sector en lo referente a tenencia de tierras, que es la
causa de la problemática descripta por el entrevistado.
Otra de las entrevistadas refería lo siguiente acerca de
los reclamos del sector gremial:
“Más que los reclamos del gremio, los reclamos de
la marcha como movimiento social, porque fue muy
grande, fue muy importante como movilización del
pueblo santiagueño, que esta vez no se movilizaba
por el sueldo, se movilizaba por justicia y verdad.”
(Marta. Comunicación personal. 26/05/2019)
Es destacable que las marchas por el “Doble crimen
de La Dársena” hayan logrado la movilización de una
parte de la sociedad de Santiago del Estero, la cual,
según palabras de la entrevistada, solo se movilizaba
ocasionalmente en reclamo de salarios. Esta presencia,
que en principio solo fue en solidaridad con las familias
de las víctimas, se transformó en una forma de activación
(Sani/Bobbio, 1998) y participación política, al sumarse
los distintos sectores sociales con sus consignas contra
el régimen juarista.
Desde una visión más empresarial y económica, el
siguiente entrevistado complementa lo anteriormente
dicho por la sindicalista con respecto a que la situación
de los trabajadores no resultaba satisfactoria en relación
con la estabilidad laboral:
“Yo entendía que había una serie de desmanejos en
la parte nanciera en relación con la gente, porque
incluso no se estaban abonando los sueldos a los
empleados del Estado (...)” (Ernesto. Comunicación
personal. 09/02/2019)
La desatención económica hacia el sector educativo
generó gran descontento en esta comunidad, y
reejaba otro de los desmanejos a que hace referencia
el entrevistado empresario, en el sentido de desatender
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un sector importante para la sociedad como es la
educación, en cuanto al aspecto edilicio y los recursos
humanos. No obstante ello, el reclamo de justicia es el
denominador común en los marchistas que participaron
de una u otra forma para pedir el esclarecimiento del
“Doble crimen de La Dársena”. En ellos se reeditaban
viejos reclamos de sindicalistas opositores que no
claudicaban en su lucha por el salario digno.
Desde una crítica más global y reexionando sobre
los aspectos autoritarios del juarismo, otro de los
entrevistados reere, como reclamo de su partido
político, el hecho de acumular reservas nancieras, en
una provincia con tantas necesidades sociales como las
que hasta este momento aluden los entrevistados.
“Reclamábamos por supuesto, esto de decir ante
tantas necesidades, tener dinero guardado no es
un negocio democráticamente aceptable porque
podían haber hecho un montón de cosas; también
el hecho de haber generado un monstruo económico
como el que tenemos hoy en Santiago del Estero,
(...)” (Aldo. Comunicación personal. 24/06/2019)
En lo extenso de su referencia a los reclamos
representados en las marchas por el “Doble crimen
de La Dársena”, alude a la estructura económica y a
la situación nanciera de la provincia, la cual siempre
fue puesta de relieve por los líderes del régimen como
ordenada y con una administración con superávit en sus
cuentas, producto del ahorro y el buen manejo de los
fondos públicos. Esta versión de equilibrio de las cuentas
brindada por los voceros del régimen (cuando no por
sus líderes) contrasta con la situación de marginalidad
y pobreza en que se encontraba la provincia tal como lo
describen las/os entrevistadas/os.
En esta misma línea de pensamiento y dirección de
acciones, se expresa la entrevistada, al relatar su
participación y su reclamo en las marchas por el “Doble
crimen de La Dársena”. Desde los sectores de la Iglesia
Católica, también se recibían denuncias de situaciones
similares que tenían que ver con la violación de Derechos
Humanos, el estado de desamparo de los campesinos
frente a los desalojos violentos de sus tierras y otras
formas de persecución.
“La Secretaria Diocesana de los Derechos Humanos
y la Pastoral Social ya venía acompañando, por
ejemplo, históricamente desde hace muchos años
al Movimiento Campesino de Santiago del Estero,
el MOCASE; entonces, por otro lado, ya veníamos
acompañando a las “Madres del dolor”, que eran
familias víctimas de impunidad, del accionar
policial, de la indiscreción, falta de acceso a la
justicia, el retardo de la justicia, de una justicia
parcial y demás.” (Sergio. Comunicación personal.
11/05/2019)
Al respecto, Germani (1979/2010) conceptualiza una
marginalidad que debe ser entendida como una
ausencia de justicia y como una causa generadora de
luchas y reclamos sociales. En idéntico sentido que el
entrevistado, se maniesta quien tiempo más adelante
sería el interventor federal de la provincia de Santiago
del Estero: “‘Las denuncias conocidas estos días han
puesto de maniesto que en el gobierno de los Juárez ha
habido agrantes violaciones de los derechos humanos’,
expresó Lanusse.” (Diario La Nación, 06/02/2004)
El reclamo de una sociedad más justa, más igualitaria,
más respetuosa de la divergencia de opiniones remite
a la cuestión de si solo basta con que haya elecciones
en un territorio para armar que existe democracia.
La democracia también tiene que ver con ciertas
condiciones de aptitud de quienes ocupan lugares en la
administración pública. El caso de la fuerza policial es un
punto neurálgico para la democracia, pues es la fuerza
del orden la encargada de mantener la legalidad en un
Estado de derecho.
Percepciones de los entrevistados sobre la inci-
dencia del caso “Doble crimen de la dársena” en
la finalización del juarismo
En este apartado se analizarán los mecanismos por los
cuales el “Doble crimen de La Dársena” tuvo el efecto de
convertirse en un factor determinante en la nalización
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del juarismo, y si solo se trató de ese factor o hubo
otros factores intervinientes. En el caso que se analiza,
sin dejar de recordar el paralelismo con el caso “María
Soledad Morales” de la provincia de Catamarca, operó
de modo análogo una serie de marchas en reclamo
de justicia, las cuales concluyeron con la intervención
federal de la provincia.
El primer entrevistado consultado advierte sobre una
diferenciación (intervención federal no es equivalente
a nalización del régimen) que más adelante será
importante tener en cuenta, cuando en los siguientes
capítulos se analicen las causas de la nalización del
juarismo en el año 2004:
“Si bien no se debe confundir la intervención al
Gobierno de la Provincia con la caída del juarismo,
pero es evidente que fue un hecho fundamental. No
hay que perder de vista que luego de la intervención
desde el 93 al 95, vuelve a ganar la gobernación
Juárez.” (Alejandro. Comunicación personal.
01/04/2019)
En tal sentido, se coincidirá con el entrevistado,
pues la intervención federal solo signicaría una
interrupción en el ejercicio del mandato de las personas
democráticamente elegidas por el pueblo, pero esto no
signicaría su inhabilitación para ejercer la política.
La siguiente entrevistada se reere a las causas sociales
que, según ella, llevaron al hartazgo de la sociedad con el
régimen, y lo explica desde su perspectiva y pertenencia
a un gremio que nuclea a docentes y educadores de
Santiago del Estero:
“Sí, creo que han contribuido a la nalización
de un sistema de gobierno del cual también
había cierto hartazgo en la sociedad junto con la
aplicación en toda la década del 90 de políticas de
ajuste, de achicamiento del Estado; (...)” (Marta.
Comunicación personal. 26/05/2019)
Otro de los entrevistados brinda su opinión con respecto
a la incidencia de las marchas en la nalización del
juarismo.
“Sí, claro, por una cuestión de presión política que
se hacía desde sus lugares, de los que tuvieron
repercusiones desde el nivel nacional, en el cual
les bajaron el dedo, en la cual no se podía seguir
sosteniendo esa situación porque además no era
bueno para el Gobierno Nacional y era necesario
cortar, en ese caso intervenir la provincia.” (Alberto.
Comunicación personal. 18/07/2019)
Es conveniente tener presente que en la elección
presidencial del año 2003 que enfrentaba a Carlos
Menem por un lado y a Néstor Kirchner por otro, en
la provincia de Santiago del Estero ganó en primera
vuelta Menem por sobre Kirchner (Gibson, 2007). Esto
da la pauta de un no alineamiento electoral de Carlos
Juárez con respecto a Néstor Kirchner. Tampoco se
debe olvidar que el kirchnerismo criticó duramente las
medidas neoliberales adoptadas por el gobierno de
Menem. Tratando de lograr una máxima diferenciación
con el modelo menemista, el kirchnerismo adoptó una
serie de medidas tendientes a la nacionalización de las
empresas privatizadas y a la expansión del Estado y del
gasto público (Bonnet, 2015).
En ese contexto nacional, jugó un papel muy
importante la oportunidad (Tarrow, 1997), el momento
histórico en cual en el año 2003 accede a la presidencia
Néstor Kirchner, que hacía de la preocupación por los
Derechos Humanos una cuestión de Estado (Bonnet,
2015). Esta situación ponía en controversia las políticas
sobre Derechos Humanos, pues era insostenible e
incompatible políticamente que en ese contexto
nacional siguiera gobernando una provincia un líder
político (perteneciente al mismo partido político que el
presidente) que estuviera sospechado de tener como
funcionarios en su gobierno a personas vinculadas con la
última dictadura militar en la Argentina, y mucho menos
que se siguieran denunciando hechos de violación a los
Derechos Humanos.
“No había otro camino que la intervención, me
parecía lo más lógico, justamente por estas
cuestiones de perspectivas políticas, digamos de
nivel Nacional, de estas nuevas formas que miraba
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sobre los Derechos Humanos y que era en detalles
más sensible.” (Alberto. Comunicación personal.
18/07/2019)
Esta situación contrastaba ante los ojos de una
ciudadanía movilizada en pos de la plena vigencia de
los Derechos Humanos en la Argentina (Bonnet, 2015),
a los cuales el Gobierno nacional tomó como política de
identidad (Honneth, 2010) y emblema de gobierno.
Esta cuestión del aprovechamiento de las oportunidades
del entorno nacional fue también reconocida por otro
entrevistado, en este caso desde el sector juarista:
“Y ha operado porque el gobierno nacional quería
que Juárez se vaya. Es muy simple: en todas las
provincias hay dieciocho mil marchas y no cae
el gobierno, hay once mil cortes de rutas y no cae
un gobierno. Es netamente político. Con esto no
justico las muertes de las chicas, que los culpables
estén juzgados como los están. Con esto no justico
nada, yo soy padre de tres mujeres. Ahora, vos
me preguntas si me parecía político; sí.” (Ángel.
Comunicación personal. 20/05/2019)
No es posible negar la politización del hecho, pero
tampoco se debe olvidar que las causas existieron y, si
se politizó el “Doble crimen de La Dársena”, fue porque
supuestamente sus implicados eran funcionarios
públicos o hijos de dichos funcionarios o personas
vinculadas a la política provincial. No conviene olvidar
los cuestionamientos hacia el sistema judicial de la
provincia, los excesos de las fuerzas de seguridad
provinciales, las violaciones a los Derechos Humanos,
la pertenencia a la institucionalidad de la provincia de
personas vinculadas a la represión durante la última
dictadura militar en la Argentina, como las causas
visibles y empíricas de la intervención federal que puso
n al régimen juarista en Santiago del Estero.
El mismo sindicalista juarista agrega más fuerza a sus
anteriores dichos sobre el efecto de las marchas y de la
acción del Gobierno nacional:
“Se llevó puesto un gobierno. Carlos Juárez estaba
cansado, era un hombre mayor y se ha hecho viejo
en muchas cosas y lamentablemente pasó lo que
pasó.” (Ángel. Comunicación personal. 20/05/2019)
Este entrevistado, en coincidencia con algunos otros,
puso el énfasis en la parte vital de Carlos Juárez. Con
esto, se puede entender, se quiso justicar la falta
de reacción política del líder del juarismo y que por
tal motivo no pudo gestionar una crisis de tamaña
magnitud. Esta y otras posibles causas de la nalización
del juarismo serán analizadas con detenimiento en los
siguientes capítulos.
Retomando la temática de este apartado, se cita la
respuesta de otro entrevistado al respecto de la posible
incidencia del caso “Doble crimen de La Dársena en la
nalización del juarismo:
“Yo no pienso, sino estoy convencido que eso fue
uno de los detonantes para la caída del juarismo,
que fue deteriorándose la estructura del juarismo
cayendo y yéndose de una manera muy especial,
pero terminaron yéndose; así que pienso que sí ha
contribuido.” (Ernesto. Comunicación personal.
09/02/2019)
Es importante el concepto de “deterioro de la estructura
del juarismo”, como reere este entrevistado, pues con
muchos de sus dirigentes supuestamente involucrados
en forma directa en el caso “Doble crimen de La Dársena”,
incluso diputados, hijos de diputados, secretarios de
seguridad, secretarios de prensa y difusión, defensores
del pueblo, etcétera, era esperable un debilitamiento
político del régimen. En el “deterioro de la estructura
del juarismo” también pudo haber inuido la renuncia
de gobernadores y vicegobernadores electos, como
así también varios funcionarios y ministros que lo
hicieron con anterioridad y posterioridad (entre ellos se
puede mencionar a Carlos Díaz, Darío Moreno, Carlos
Anahuate) al caso “Doble crimen de La Dársena”. Esta
situación generó una atmosfera política de descontento
e incertidumbre en la sociedad, lo cual se manifestaba
con el correr del tiempo en las marchas, que como se
dijo, cada vez eran más numerosas. Es posible estimar
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que el régimen debió afrontar dos crisis: por un lado,
la propia crisis interna del régimen, que iba perdiendo
legitimidad con el involucramiento de miembros de su
cuadro político partidario y de funcionarios públicos
en el caso del “Doble crimen de La Dársena”. Por otro
lado, estaba la otra crisis que debió afrontar el juarismo,
en este caso una crisis externa, es decir, la ciudadanía
movilizada en las calles, reclamando justicia con
marchas cada vez más numerosas y con la adición de
medios de comunicación nacionales y de referentes
políticos y sociales a nivel nacional e internacional.
“Lo que se iba demostrando era el descontento de la
gente. No solo en un comunicado se podía expresar
el descontento, sino que, al marchar con consignas
muy especiales, con reclamos muy especiales,
particulares, se iba aumentando la efervescencia
que llevó a la caída del juarismo.” (Ernesto.
Comunicación personal. 09/02/2019)
En otro orden de cosas, las expresiones del siguiente
entrevistado ponen énfasis en la continuidad histórica
de hombres en distintas etapas institucionales de
la historia reciente de la Argentina, como son las de
la dictadura militar y la democracia, tal como fuera
planteado anteriormente:
“Musa Azar era el hombre de la seguridad de Juárez
desde el 73, fue hombre de la dictadura militar, fue
hombre posterior de la democracia con Juárez, que
lo vuelve a nombrar y lo defendió a capa y espada.
Entonces, como se iba demostrando que Musa
Azar tenía que ver con el asesinato, lo debilitó
enormemente al Gobierno.” (Carlos. Entrevista
personal. 15/03/2019)
En la continuidad de sus dichos, le agrega el escenario
de la nacionalización de la política y cómo esa situación
de actores comprometidos y vinculados con el
pasado histórico dictatorial de la Argentina precipitó
la nalización del régimen por su implicación como
miembros del juarismo.
“Entonces el crimen [de La Dársena] demostraba
quién era la mano criminal: el equipo era de Musa,
y Musa era de Juárez; eso se hizo público a nivel
nacional e internacional, entonces Kirchner tuvo
con eso sucientes elementos para intervenir la
provincia, era el Poder Ejecutivo el que estaba
implicado seriamente.” (Carlos. Entrevista personal.
15/03/2019)
La situación histórica del caso “Doble crimen de La
Dársena” debilitó externamente al régimen, el cual
no supo mantener un orden interno y tampoco supo
resolver sus problemas de sucesión, con las respectivas
renuncias de gobernadores, vicegobernadores,
ministros, etcétera (Castiglione, 2010).
Otro de los entrevistados, siguiendo con su identicación
del mecanismo por el cual las marchas contribuyeron a la
nalización del régimen juarista, reconoce lo que Gibson
(2007) denomina “nacionalización de la protesta”:
“Porque se nacionalizaron, porque la Nación
Argentina, que por supuesto es muy grande y todos
sabemos que sigue siendo unitaria a pesar de la letra
de la Constitución de 1853 (...)” (Aldo. Comunicación
personal. 24/06/2019)
Gibson (2007) resume la dinámica expuesta por el
entrevistado:
“(…) Schattschneider señala que en cualquier
situación de conicto político entre dos partes
desiguales, la parte más poderosa tiene el incentivo
de mantener el conicto limitado a las partes
originales. De esta forma, se preserva la asimetría de
poder entre ambas partes y la parte más poderosa
será la que probablemente prevalezca en el conicto.
Por el contrario, la parte más débil posee incentivos
para expandir el número de participantes en el
conicto. Así, incorporando a terceros y expendiendo
el alcance del conicto se altera el balance de poder
entre las partes originales. En conictos localizados
las partes débiles, por lo tanto, están interesadas en
lo que Schattschneider llama la ‘socialización’ del
conicto.” (p.169)
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La nacionalización de la protesta también contribuyó a la
toma de conciencia, tanto de los ciudadanos de la misma
provincia como de los ciudadanos nacionales, sobre la
existencia de gobiernos con prácticas autoritarias que se
pensaban desterradas de la historia de la Argentina. Al
respecto Di Tella argumenta: “La presencia de masas en
las calles, en manifestaciones o reuniones de protesta,
aún antes de los levantamientos o pronunciamientos,
contribuía a formar la opinión, tanto en la población
en general como en la elite civil o militar (...)” (2011,
p.89); esto implicaba, potencialmente, que la protesta
quedaría expuesta ante la opinión pública subnacional
y nacional. Este hacerse visible (como lo mencionara
una entrevistada) de una unidad subnacional, y ser
reconocida en su lucha (Honneth, 2010) por parte del
pueblo solamente es posible a través de los medios de
comunicación nacional (Gibson, 2006); esto constituye
una forma de visibilizar la protesta y facilitar el envío de
veedores del Gobierno nacional.
Sobre la presencia de importantes personalidades
políticas del ámbito nacional da cuenta la siguiente
entrevistada:
“Ha habido algunas instancias en donde ha habido
algunos personajes nacionales como la hermana
Pelloni, a nivel político la gente de Diana Conti
y otras más que en ese momento me parece que
no eran tan kirchneristas, pero que estábamos
vinculadas y que tenían cierta sensibilidad al tema.”
(Lucia. Entrevista personal. 22/08/2019)
El periódico nacional Clarín del 30 de agosto del 2003
da cuenta de la mencionada marcha número 22 y las
legisladoras nacionales presentes: “(…) unas 3.000
personas recorrieron 8 kilómetros y llegaron hasta el
centro de Santiago. En la marcha estuvieron la senadora
Diana Conti y la diputada Marcela Bordenave, del Poder
Legislativo Nacional.”
Toda esta movilización estaba sostenida por una
base popular amplia, que con el paso del tiempo fue
expandiéndose cada vez más, y no solo en sentido
cuantitativo sino cualitativamente, con personas de
renombre nacional e internacional. Todo esto pudo
contribuir a socavar las bases sociales y políticas de
un régimen cada vez más impopular por el escándalo
político (Thompson, 2001) que signicaron las muertes
del “Doble crimen de La Dársena” y las violaciones a los
Derechos Humanos que se iban descubriendo.
Así describe la misma entrevistada su percepción del
ánimo de la ciudadanía santiagueña, al participar en las
marchas por el “Doble crimen de La Dársena”:
“(…) la gente estaba indignada políticamente, la
gente estaba indignada por las cuestiones de la
injusticia, las mujeres jóvenes, los de los Derechos
Humanos que ya venían y a las familias en general.”
(Lucia. Entrevista personal. 22/08/2019)
Germani (1979/2010) reere lo siguiente:
“Se puede añadir la hipótesis que cuando estas
demandas adquieren gran intensidad dentro de un
corto período de tiempo, como por ejemplo cuando
están acusados por un rápido cambio social o por
eventos traumáticos, tienden a originar formas de
rápida movilización social y política, y ponen una
fuerte presión en el orden social ya existente.” (p.
675)
Otra de las opiniones consultadas sobre la incidencia del
caso “Doble crimen de La Dársena” en la nalización del
régimen juarista es la de los familiares de las víctimas,
quienes se manifestaron en sentido armativo al
respecto:
“Sí. Muchísimo, se terminó el miedo hacia esta
gente; el miedo, la persecución, todo.” (Mirta.
Comunicación personal. 25/04/2019)
Otra de las familiares de las víctimas se manifestaba,
en un sentido más político y más extenso, sobre la
incidencia de las marchas en la nalización del juarismo:
“Ha sido la oportunidad de los santiagueños de
sacar a los Juárez, ha sido la oportunidad que han
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tenido ahí y me han ayudado, no digo que me han
ayudado a mí, sino que a Santiago prácticamente,
(...)” (Olga. Comunicación personal. 26/07/2019)
Se debe tener presente que, a medida que la causa
avanzaba, las marchas crecían en importancia tanto
en número como en la representación que tenía
para diferentes personas e instituciones. Esto se
reere al aspecto acumulativo de la experiencia de
los movimientos sociales en cuanto a consignas y
prácticas (Tarrow, 1997). Es posible que esta seguridad
en sus dichos, con respecto a la convicción de desalojar
del poder a los entonces gobernantes, debió estar
respaldada por las negociaciones y entrevistas que
se venían llevando a cabo con autoridades del Poder
Ejecutivo Nacional. De este modo, mientras el régimen
subnacional pretendía parroquializar el poder y
mantener el conicto dentro de sus límites, los sectores
sociales opositores buscaban aliados externos de modo
que se permitiera el cambio de gobierno y la apertura del
control de límites (Gibson, 2006). Los sectores sociales
fueron generando de este modo puentes (Rauber, 2015)
que permitieron que el Gobierno nacional pudiera entrar
en una provincia de límites cerrados y, de ese modo,
cumplir con los objetivos de los organizadores, entre
los cuales, en ese momento era lograr la intervención
federal de la provincia; en tal sentido las organizaciones
de los movimientos sociales devienen instrumentos y
no en nes.
Conrma la existencia de estas reuniones, puentes
(Rauber, 2015), lo revelado por un diario local: “El
jefe de Gabinete, Alberto Fernández, se comunicó
telefónicamente hace algunos días con los familiares
de Patricia Fernanda Villalba, para invitarlos a mantener
encuentros con altos funcionarios del gobierno nacional,
incluido el presidente Néstor Kirchner.” (Diario El Liberal
05/01/2004). En denitiva, se necesitaba una causa
válida para que el poder nacional pudiera franquear
esos límites provinciales, y con el “Doble crimen de La
Dársena” más la cuestión de los Derechos Humanos,
pero también las irregularidades en el Poder Judicial, se
dio esa oportunidad para quebrar ese control de límites
(Gibson, 2007).
Las marchas por el “Doble crimen de la Dárse-
na” y la Intervención Federal a la provincia de
Santiago del Estero
Sin duda uno de los puntos más débiles del régimen
juarista era el sistema judicial, cuestionado por fallos
arbitrarios de los jueces, retardos injusticados de justicia
y, tal como lo plantean algunos entrevistados, inacción
ante violaciones a los Derechos Humanos, inacción
judicial frente al desalojo forzado de los campesinos,
etcétera. Todo ese accionar que los entrevistados
acusan en sus respuestas era posible solo si el sistema
judicial de la provincia lo permitía bajo el paraguas de la
inacción de sus jueces y scales, lo cual signicaba una
conculcación de derechos que implicaba una “situación
de marginalidad” (Germani, 1979/2010:675). Toda esta
situación se puso al descubierto con el “Doble crimen
de La Dársena”, lo cual signicó una oportunidad para
comenzar a gestar la intervención federal al Poder
Judicial de la Provincia de Santiago del Estero; sin
embargo, con el transcurso del tiempo se amplió la
posibilidad a lo que nalmente resultó la intervención
federal a los tres poderes del Estado provincial.
Así reejaba el diario El Liberal (01/10/2003) lo
manifestado por el ministro de Justicia Gustavo Beliz:
“(…) Conrmó ayer que en el Poder Ejecutivo Nacional
se está evaluando la posibilidad de intervenir Santiago
del Estero, aunque aclaro que aún no está denido si
será a los tres poderes locales o sólo al judicial.”
Quien fuera el Jefe de Gabinete de Ministros,
Alberto Fernández, explicaba dicha imposibilidad en
declaraciones formuladas en radios de Buenos Aires:
“‘La intervención federal es un remedio extremo de
ultimísima instancia y todavía no están dadas las
condiciones para pensar en ese remedio de última
instancia’”. (Diario La Nación, 23/02/2004)
Esta posibilidad se abrió merced a negociaciones que se
dieron en el orden legislativo nacional. En relación con
una reunión que mantuvieron legisladoras nacionales
con funcionarios nacionales, se comentó lo siguiente:
“Cabe recordar que hace una semana Conti y Bordenave
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tenían prevista una reunión con el funcionario nacional
[Gustavo Beliz] para conversar sobre varios temas,
entre ellos el caso de La Dársena”. (Diario Nuevo Diario,
24/08/2003)
A raíz de estas reuniones es que se produjo la llegada
de los legisladores nacionales a Santiago del Estero para
informar al respecto; así lo hizo saber Carina Villalba:
“(…) los legisladores vendrán a Santiago para informar
sobre los temas tratados con el Ministro de Justicia de la
Nación, doctor Gustavo Beliz y con un grupo de pares”
(Diario Nuevo Diario, 24/08/2003).
No obstante ello, la intervención federal a los tres
poderes ya estaba decidida: “Se supo por otra parte que
en virtud del cuestionamiento central hacia el Poder
Judicial, uno de los objetivos de la intervención federal
sería producir ‘una renovación total’ en los tribunales
santiagueños” (Diario El Liberal, 30/03/2004).
En estos términos resume el diario El Liberal (01/10/2003)
los dichos vertidos por el entonces secretario de
Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde:
“(…) no descartó ayer la posibilidad de una intervención
al Poder Judicial en Santiago del Estero, aunque
sostuvo que se trata de una ‘medida excepcional’ que le
corresponde al Congreso de la Nación”.
Requerido sobre la posibilidad de una intervención a
Santiago del Estero, el siguiente entrevistado reere
algunos indicios que daban lugar a suponer que ello era
factible próximamente:
“Yo creo que sí. El Gobierno nacional venía teniendo
ya, me parece, información de lo que acontecía en
Santiago, en los primeros años de Néstor Kirchner
en la presidencia con la fuerte impronta que le dio
al tema de los Derechos Humanos, Recordemos que
antes de la caída de la intervención de la justicia en
Santiago ya habían enviado algunos observadores,
delegados y demás, que se reunieron con los
actores protagónicos de las marchas, es más, hubo
un tiempo antes la visita de un comisionado de la
Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas;
entonces, una asamblea fue en la Universidad
Católica de Santiago del Estero, es decir, había
como una situación en que se fueron construyendo
un montón de causales para que luego el Gobierno
nacional tomara la decisión de intervenir.” (Sergio.
Comunicación personal. 11/05/2019)
La intervención federal ordenada por el Poder Ejecutivo
Nacional con acuerdo del Congreso Nacional es el
único poder con capacidad para desalojar al Gobierno
en ejercicio, elegido democráticamente por el pueblo,
modicar el orden establecido por un régimen a nivel
subnacional y capaz de introducir actores externos al
régimen.
Así lo estipula el artículo 6 de la Constitución de la
Nación Argentina:
“Artículo 6 - El Gobierno federal interviene en el
territorio de las provincias para garantir la forma
republicana de gobierno, o repeler invasiones
exteriores, y a requisición de sus autoridades
constituidas para sostenerlas o restablecerlas,
si hubiesen sido depuestas por la sedición, o por
invasión de otra provincia.” (1994, p. 13)
La Constitución Nacional en su artículo 6 se reere, tal
como se acaba de transcribir, a la intervención federal
como una manera en que el Gobierno Federal garantiza
la subsistencia de la forma republicana de gobierno.
Es posible interpretar, en ese contexto, que la forma
republicana de gobierno no estaba garantizada y se
encontraba en peligro desde hacía algún tiempo, con
las denuncias que se impulsaban sobre violaciones a los
Derechos Humanos. Por tanto, la intervención federal
junto a las imputaciones judiciales a Carlos Juárez y su
esposa impidieron al juarismo continuar en el poder,
pues de haber concurrido a elecciones aún conservaría
la sólida estructura partidaria que tan buenos resultados
electorales le había prodigado a lo largo de la historia,
tal como ocurrió luego de la intervención federal
posterior al “Santiagueñazo”, mediante las elecciones
que permitieron su cuarto mandato en el año 1995. En
este caso de estudio, al no estar presentes mecanismos
de democracia directa o métodos alternativos, como
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por ejemplo el recall o algún otro mecanismo de control
por parte de los ciudadanos, la única alternativa de
estos para manifestar su descontento con el Gobierno
es solicitar la ayuda del Gobierno nacional.
Se refuerza la idea de nalización y debacle irreversible
del régimen como consecuencia del caso “Doble crimen
de La Dársena”, armando que según cinco sobre
once de los entrevistados de este grupo maniestan
que el juarismo nalizó por la falta de apoyo político
del Poder Ejecutivo Nacional. Consultados sobre la
forma en que esas marchas en reclamo de justicia
por el “Doble crimen de La Dársena” contribuyeron
a la nalización del juarismo, seis sobre once de los
entrevistados manifestaron que la forma en que las
marchas incidieron fue atrayendo la atención de medios
nacionales, es decir, la nacionalización de la protesta,
con la característica de la ausencia de líderes políticos
de los partidos tradicionales.
Conclusiones
El “Doble crimen de La Dársena” sirvió de catalizador
de una larga lista de denuncias que se mantenían en un
estado de intrascendencia para las autoridades locales
y de no trascendencia hacia las autoridades nacionales.
A partir de esta situación, comenzaron a conocerse
hechos de apremios ilegales, persecuciones en el ámbito
laboral por razones políticas, clientelismos y compra de
voluntades, desalojo forzoso de tierras a los campesinos,
manipulaciones y presiones al poder judicial y otras
cuestiones sociales, políticas, sindicales que, junto con el
“Doble crimen de La Dársena”, contribuyeron a alargar
aún más la sombra de la crisis (Riorda, 2011) de un
régimen que estaba en sus postrimerías. Este escenario
sociopolítico no hizo más que contribuir a visibilizar
el descontento popular, reejado en la multiplicidad
de demandas sociales y políticas que se canalizaron a
través de dichas marchas en reclamo de justicia.
Con respecto al tipo de demandas sociopolíticas,
los entrevistados identicaron diferentes tipos de
demandas sociales y políticas que conuyeron en las
marchas en reclamo de justicia por el “Doble crimen
de La Dársena”, y rerieron motivaciones de tipo
gremiales, laborales, económicas, de violación a los
Derechos Humanos, etcétera. Esto se puede entender
como una gran cantidad de demandas de diferentes
sectores sociales que no se sentían representados por
el juarismo, y por lo tanto un gran número de estos
encontraron en las marchas un canal para manifestar
su disconformidad con el régimen. Esta posibilidad era
cercenada desde el juarismo mediante el hostigamiento
a dichos sectores.
Por otro lado, a diferencia de lo que arma Gibson
(2006, 2007), las entrevistas realizadas indican que no
hubo tal alianza de las élites opositoras, si por tales se
debe entender a miembros de los principales partidos
opositores de la provincia, salvo la presencia de
partidos políticos de izquierda que, sin embargo, distan
mucho de haber sido una oposición numéricamente
preocupante en términos de representación legislativa
o electoral. En este caso, quienes realmente hicieron
nacional la protesta, quienes llevaron el conicto más
allá de las fronteras provinciales, fueron los familiares de
las víctimas del “Doble crimen de La Dársena”, es decir,
actores particulares o simples ciudadanos y la Iglesia
Católica a través de sus obispos Sueldo y Maccarone
Se trató, entonces, de un nuevo movimiento social que
nació como una forma de protesta social para reclamar
justicia, articulado desde las bases de la sociedad, sin
subordinaciones jerárquicas entre los diferentes actores
sociales. De este modo se logró construir redes sociales,
modos de articulación sociopolíticas, basándose en la
experiencia aportada por los diferentes actores, en la
profundización de la democracia y la participación que
favorecieron el despliegue de relaciones horizontales de
articulación entre los diversos sectores sociales.
La protesta llevada a nivel nacional a través de los
medios de comunicación y el paralelismo que a partir
de allí establecieron, los diferentes actores sociales y
familiares de las víctimas, entre el caso “Doble crimen
de La Dársena” y el caso “María Soledad Morales”
atrajo la atención de las autoridades nacionales,
quienes, alertados por las múltiples denuncias, enviaron
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comisiones investigadoras a constatar la situación
de los Derechos Humanos en la provincia. Todo ello
signicó la nacionalización de la protesta, junto con la
llegada de relevantes guras del orden social, político,
de envergadura nacional e internacional. Sumada la
fuerte intervención de la Iglesia Católica, a través de la
denuncia a nivel nacional que los obispos de la diócesis
realizaban ante organismos de Derechos Humanos, y
su prédica en contra del juarismo, por tanto, se puede
concluir que uno de los factores que condujo a la
nalización del régimen juarista fue la nacionalización
de la protesta y la entrada en la arena política y en la
movilización social de actores de nivel nacional e
internacional. De este modo es posible concluir que
la oportunidad política (Tarrow, 1997), representada
por la política de Derechos Humanos del gobierno de
Néstor Kirchner, la participación de actores nacionales
e internacionales, sumado a la nacionalización de la
protesta (Gibson, 2006, 2007) luego de ocurrido el
“Doble crimen de La Dársena”, habrían contribuido de
manera decisiva, a modo de variable interviniente, a
la nalización del régimen juarista en el año 2004 en
Santiago del Estero.
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presa y online
Diario Clarín
Diario Cronista
Diario El litoral
Diario El Liberal
Diario La Gaceta
Diario La Nación
Diario Nuevo Diario de Santiago del Estero
Diario Página 12
Entrevistados
Teresita. (12/03/2019) Entrevista realizada por el autor,
disponible en el archivo de investigación del mismo.
Carlos. (15/03/2019) Entrevista realizada por el autor,
disponible en el archivo de investigación del mismo.
Mirta. (25/04/2019) Entrevista realizada por el autor,
disponible en el archivo de investigación del mismo.
Ángel. (20/05/2019) Entrevista realizada por el autor,
disponible en el archivo de investigación del mismo.
Alejandro. (01/04/2019) Entrevista realizada por el autor,
disponible en el archivo de investigación del mismo.
Ernesto. (09/02/2019) Entrevista realizada por el autor,
disponible en el archivo de investigación del mismo.
Aldo. (24/06/2019) Entrevista realizada por el autor,
disponible en el archivo de investigación del mismo.
Sergio. (11/05/2019) Entrevista realizada por el autor,
disponible en el archivo de investigación del mismo.
Alberto. (18/07/2019) Entrevista realizada por el autor,
disponible en el archivo de investigación del mismo.
Marta. (26/05/2019) Entrevista realizada por el autor,
disponible en el archivo de investigación del mismo.
Lucia. (22/08/2019) Entrevista realizada por el autor,
disponible en el archivo de investigación del mismo.
Olga. (26/07/2019) Entrevista realizada por el autor,
disponible en el archivo de investigación del mismo.
