TRAMAS SOCIALES • N° 05 | ISSN: 2683-8095
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ARTÍCULOS LIBRES
Participación Ciudadana desde el
Vecinalismo en la Ciudad de San
Juan, durante 2007/2015
Citizen Participation from Neighborhood in
the City of San Juan, during 2007/2015
Rossomando María Gabriela
Resumen
El presente artículo pretende comunicar algunos resultados obtenidos en el
trabajo de Investigación desarrollado como tesis de Maestría en Política y Pla-
nificación Social de la UNNCuyo, cursada por la autora.
La experiencia de la autora en la práctica profesional dentro de la Municipali-
dad de la Ciudad de San Juan, despertó el interés por develar los procesos que
suceden detrás del contacto con las problemáticas vecinales de los ciudadanos
que se acercan al municipio en pos de encontrar respuestas a sus necesidades.
Los centros, uniones u organizaciones vecinales, son la manifestación insti-
tucional que han encontrado los ciudadanos para darle vida a la democracia
participativa en los barrios.
Recepción: 24/04/2023
Aceptación: 02/07/2023
Rossomando María Gabriela. Licen-
ciada en Ciencias Poticas (UNSJ). Ma-
gister en Potica y Planicacn Social
(UNCUYO) Doctoranda en Ciencias So-
ciales (UNSJ)
rossomandogabriela@gmail.com
Palabras Claves
Participación Ciudadana – Vecinalismo
– Gobiernos Locales – Democracia.
Keywords
Citizen Participation - Neighborhood -
Local Governments - Democracy.
Imagen de sanjuan8.com
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Con relación a la estrategia metodológica que se utilizó, la misma responde a
un diseño descriptivo, que combina técnicas cuantitativas y cualitativas; y el
uso de fuentes primarias y secundarias.
El propósito de este estudio es llenar el vacío de una línea de base para el di-
seño de políticas públicas en el municipio que incluya la participación ciuda-
dana como eje.
Se presenta una propuesta de algunos puntos sobresalientes a fin de perfi-
lar futuras acciones que mejoren y optimicen el vínculo de las organizaciones
vecinales y el municipio, en dirección a fortalecer los procesos democráticos.
Summary
This article intends to communicate some results obtained in the research
work developed as a Masters thesis in Social Policy and Planning at
UNNCuyo, completed by the author.
The author’s experience in professional practice within the Municipality of
the City of San Juan aroused interest in revealing the processes that occur
behind the contact with neighborhood problems of citizens who approach
the municipality in search of answers to your needs.
Neighborhood centers, unions or organizations are the institutional
manifestation that citizens have found to give life to participatory
democracy in the neighborhoods.
Regarding the methodological strategy that was used, it responds to a
descriptive design, which combines quantitative and qualitative techniques;
and the use of primary and secondary sources.
The purpose of this study is to fill the void of a baseline for the design of
public policies in the municipality that includes citizen participation as an
axis.
A proposal of some outstanding points is presented in order to outline
future actions that improve and optimize the link between neighborhood
organizations and the municipality, in the direction of strengthening
democratic processes.
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1. Introducción
El gobierno municipal adquiere singular relevancia, toda
vez que enfrenta la compleja tarea de procesar las deman-
das más inmediatas de la sociedad local. Por tal motivo,
al municipio se lo considera la instancia más cercana y,
en el mejor de los casos, más sensible a la problemática de
la comunidad. En este ámbito surgen los centros, unio-
nes u organizaciones vecinales. Estas asociaciones sin
fines de lucro son de fundamental importancia para el
gobierno municipal.
Algunos autores (Ziccardi, Goldfrank, Cabrero, Fidyka,
entre otros) coinciden que el municipio, por ser la cara
del Estado más próxima a los ciudadanos, aparece como
lugar privilegiado para el desarrollo de políticas públicas
participativas. Esta cercanía permitiría una intervención
de los actores locales en los procesos de desarrollo comu-
nal, posibilitando que ellos mismos diagnostiquen sus
problemas, y participen en los niveles de decisión (elabo-
ración y evaluación de las políticas públicas).
Sin embargo, las consecuencias políticas y sociales de los
procesos participativos no asumen un sentido unívoco y
pueden analizarse desde distintas perspectivas. Por lo
tanto, es de suma importancia analizar las posibilidades
reales de concretar la participación ciudadana en los go-
biernos locales, a los fines de observar su inluencia posi-
tiva y/o negativa en los procesos democráticos.
Ahora bien, por un lado, se detectó, para el caso del Mu-
nicipio de la Ciudad de San Juan, una gran demanda de
acciones de la comunidad hacia el municipio, demandas
que se formalizan por medio de expedientes iniciados
por los vecinos y sus organizaciones, con pedidos de
solución a los problemas en sus comunidades. Por otro
lado, desde el municipio existía, al inicio de la década
pasada, un diagnóstico que indicaba que las organiza-
ciones vecinales del territorio departamental eran poco
participativas en la vida institucional del municipio, pese
a que se valoraba altamente su participación.
Conjuntamente con lo arriba mencionado, en la indaga-
ción de estudios previos se detectó la ausencia de inves-
tigaciones que caracterizaran la trama asociativa de las
organizaciones vecinales en Capital.
Estos tres puntos señalados motivaron, entre otros fac-
tores, el desarrollo del presente trabajo. Sería de gran va-
lor consolidar institutos ya existentes que fortalezcan la
vida democrática en una sociedad cuya historia estuvo
atravesada, desde 1930 a 1983 por un vaivén de golpes de
estado y etapas democráticas. Esto ha dejado marcas en
la memoria colectiva, y por ende, en la cultura ciudada-
na, que si bien festeja años de democracia ininterrumpi-
da, conserva trabas para asumir roles más activos.
Respecto a la relevancia del planteo, puede sostenerse
que indagar en los mecanismos que operan en la rela-
ción entre un gobierno local y las organizaciones ve-
cinales, como es el caso del Municipio de la Ciudad de
San Juan, contribuye tanto a profundizar el análisis de
cómo operan los procesos de ciudadanía, como también
a orientar la producción de políticas y programas socia-
les destinados a fortalecer la democracia y una participa-
ción ciudadana con autonomía. La transferencia de estos
conocimientos ayudará a mejorar su diseño y ajuste a la
realidad y, en consecuencia, sus posibilidades de éxito en
términos de un desarrollo comunitario con equidad.
2. Aproximaciones Teóricas
El abordaje del objeto de estudio requiere la considera-
ción de algunos conceptos vertebradores, tales como de-
mocracia, gobierno local, participación, a fin de derivar
en la relación entre ciudadanía y organizaciones vecina-
les.
2.1. Democracia
Analizar la temática de la participación de los ciudada-
nos que juegan en la vida política, requiere de una dife-
renciación de qué visión de democracia se adopta. Para
ello, es necesario introducirnos primero en qué es la de-
mocracia, y luego en qué enfoques pueden distinguirse
de ella.
Según Dahl (1987) “Literalmente democracia signica go-
bierno del pueblo, y es un término que se deriva del griego
demokrati a mediados del siglo V a.C. Para Guariglia O.
(2011) la etimología de democracia no da lugar a dudas
de su significado: sus dos componentes, los términos
griegos dêmos y krátos, significan «pueblo» y «poder», y
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forman parte de la definición nominal que se suele dar
de la palabra misma. Sin embargo, no es sencillo precisar
el momento en el que se creó el compuesto y establecer
con claridad los matices de su significado originario.
En efecto, por una parte, dêmos integra, desde Homero,
distintas oposiciones que circunscriben su sentido: en
la epopeya, se refiere a los soldados por oposición a los
jefes y reyes; más adelante, designará a los inferiores con
relación a quienes ostentan el poder, los dynatoí. Hacia
fines del siglo VI a.C., el término en singular tomará una
acepción colectiva que engloba al conjunto del pueblo, a
todos los que forman parte de una misma comunidad.
Ya en las elegías de Solón, el legislador ateniense del siglo
VI, encontramos, lado a lado, la acepción más restrin-
gida (el pueblo bajo) y la más general (el conjunto de los
miembros de la comunidad) (vid.Arist., Ath. Pol., XII, 1-2
= Solón, frgs. 5-6, Edmons). No es de extrañar, por tanto,
que la primera inclusión de este significado en una tesis
política esté provista por la sentencia de un filósofo, el
Fragmento 44 de Heráclito (Diels-Kranz): «el pueblo (ho
dêmos) debe luchar por la ley como por los muros». Esta
conexión entre mos y nómos, la ley, se convertirá, como
veremos, en una relación próxima a conceptual.
Hay pocas dudas de que el uso del término dêmokratía
designaba y, simultáneamente, revelaba la existencia de
una nueva realidad hasta entonces desconocida: la cone-
xión entre el poder y sus participantes. Para quienes lo
utilizaron al principio, el término tenía un claro tono pe-
yorativo, lo que sugiere que era utilizado como un arma
de combate por los miembros de la oligarquía que se en-
frentaban al poder de las clases más bajas.
Respecto al tema de los enfoques de la democracia, uno
de ellos es el de la democracia instrumental y el otro es
el de democracia participativa con sus variantes. Para
Schneider (2007), la concepción de la democracia instru-
mental es una versn liberal de ella. Por tanto, la parti-
cipación en la toma de decisiones es indirecta y el punto
central es establecer el quantum de la participación para
lograr la estabilidad de la democracia y, por ende, la go-
bernabilidad (Eckstein 1966; Schumpeter 1961 en Schnei-
der 2007, p.7).
Ahora bien, Sartori (1991) plantea que la democracia libe-
ral es “un sistema político basado en el poder popular” (p.132),
es decir, el poder le pertenece al demos y su ejercicio está
en manos de los representantes elegidos periódicamente
por el pueblo por medio de elecciones. Así, la “democra-
cia es un sistema pluripartidario” (p.132) donde gobierna la
mayoría (el partido político electo) respetando el dere-
cho de las minorías. Sartori plantea que, como sostiene
Schumpeter, la competencia (por medio del voto) es fun-
damental para lograr la representatividad.
De esta manera, siguiendo a Schneider (2007) “la demo-
cracia representativa ha sido concebida exclusivamente
como un procedimiento mediante el cual los partidos
compiten ofreciendo sus “productos” a los ciudadanos y
éstos emiten sus preferencias mediante el voto” (p.7).
Para Sartori (1991), la democracia es el “procedimiento y/o
mecanismo que: a) genera una poliarquía abierta cuya
competencia es en el mercado laboral, b) atribuye poder
al pueblo y, c) específicamente impone la responsabilidad
de los elegidos frente a los electores” (p. 132). La dificul-
tad que puede presentarse es que, en este procedimiento,
los partidos políticos ofrezcan propuestas acordes con
las demandas de la ciudadanía para lograr alcanzar el
voto, pero que luego de obtener el triunfo electoral, no
las cumplan.
Otra crítica a esta forma de conceptualizar la democra-
cia es la que plantea Schneider (2007). Ella considera
que para este enfoque instrumental de la democracia
no es importante ni positiva la actividad política de los
ciudadanos comunes. Así definido, el ciudadano medio
aparece como incapaz de acción y atrapado por sus preo-
cupaciones privadas, es decir, desinteresado por la polí-
tica e incluso es irracional “... se utiliza más racionalidad
en una partida de “bridge” que en una discusión política
entre no políticos” (Schumpeter: 1961:334 en Schneider
2007, p.8).
Ante esta afirmación de Schumpeter, cabe preguntarse:
¿cómo explicar que los ciudadanos estarían en condicio-
nes de evaluar a los distintos candidatos y seleccionar la
mejor propuesta? Según Schneider (2007), el autor res-
ponde a esta pregunta de un modo poco convincente,
trayendo a consideración que el ciudadano tiene dife-
rentes tipos de racionalidad que usa en cada caso. Ello
introduce el tema de la participación como proceso de
transformación.
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Ahora bien, el enfoque de la democracia participativa, en
cambio, busca recuperar el ideal de la participación y de-
liberación pública como elementos fundamentales de la
democracia moderna; por ello la participación ciudada-
na es altamente valorada por ser la expresión efectiva de
la voluntad general, fundamento último del ejercicio de-
mocrático. Al respecto, para Schneider (2007) pueden di-
ferenciarse tres estrategias de participación ciudadana:
la pluralista, la deliberativa y la expansionista. A saber:
1. La pluralista: su propósito es elevar la interre-
lación entre grupos de interés e instituciones repre-
sentativas para que los ciudadanos ejerzan un mayor
control entre periodos electorales por medio de éstos
(Kelso1978, Dahl 1982, Hirst 1994).
2. La deliberativa: apunta a gestar ámbitos donde
la ciudadanía defina los intereses de la comunidad
a través de la deliberación y discusión pública. Cree
en la transformación de los ciudadanos a través de la
discusión democrática (Elster 1998, Habermas 1993,
Cohen 1988, Barber 1984).
3. La expansionista: considera vital expandir las
formas democráticas del ámbito político a ámbitos
sociales o laborales para evitar que inequidades so-
cio-económicas se traspongan a la esfera política
(Pateman 1970, Bobbio 1984).
Conectado a lo anterior puede agregarse que, parado en
una estrategia pluralista de la democracia participativa,
Dalh (1993) postula que la democracia puede ser entendi-
da como un “orden político que se singulariza por la pre-
sencia de siete instituciones, todas las cuales deben es-
tar presentes para que sea posible clasificar un gobierno
como poliárquico” (p.266). Entre dichos requisitos están
la existencia de elecciones regulares, limpias y competiti-
vas, así como la posibilidad del ejercicio de las libertades
contextuales, entre las cuales puede señalarse a la liber-
tad de asociación.
Otro punto a destacar del enfoque de la democracia par-
ticipativa son sus afirmaciones, ellas son:
(a) la política democrática requiere un nivel de com-
promiso y participación ciudadana que excede la
mera elección de los gobernantes; (b) las prácticas
participativas fomentan el sentido de la respon-
sabilidad pública, propician la cooperación, la au-
todisciplina y la tendencia a la moderación; (c) la
participación permitiría acortar la distancia entre
representantes y representados lo que incremen-
taría los niveles de confianza institucional; (d) una
participación más intensa (y organizada) de los ciu-
dadanos en los asuntos públicos podría contribuir
con el fortalecimiento de la democracia. ¿De qué ma-
nera? En primer lugar, siendo la correa de transmi-
sión de información acerca de las preferencias de los
individuos o de la comunidad de afectados por una
política particular; en segundo lugar, permitiendo
la representación de intereses catericos como los
defendidos por los movimientos sociales o asocia-
ciones voluntarias o cuya intensidad no se registra
mediante el procedimiento del voto y, por último, fa-
voreciendo el desarrollo de un espectro más amplio
de intereses (Schneider, 2007, p.10).
En su relexión sobre este enfoque de la democracia,
Schneider (2007) considera que la noción de participa-
ción “no se articula en una teoría consistente sobre cómo
organizar las instituciones y los procesos de decisión su-
puestamente alternativos, aunque el planteo de la demo-
cracia asociativa sea un esbozo bastante concreto de pro-
puestas de reforma institucional” (p.10). Agrega que Ofe
y Preur 1990; Sartori 1988; entre otros, plantean como un
dilema cl es el modo de lograr que realmente se im-
plementen mecanismos participativos y representativos,
cuando no están claramente definido los acuerdos sobre
qué tipo de decisiones deben tomarse bajo criterios de
participación directa.
En resumen, queda planteada la fuerte conexión entre
democracia y participación, pues ya sea que desde un en-
foque se la limite sólo al voto o desde otro enfoque que la
priorice junto al debate como fundamento para alcanzar
una democracia participativa, es claro que democracia y
participación son dos conceptos fuertemente intrinca-
dos.
2.2 Participación
Antes de definir la participación ciudadana, es impor-
tante aclara qué es participar.
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Fidyka, L. (1995) sostiene que el concepto de “participa-
ción” refiere a la acción y efecto de participar, es decir, se
trata de “tomar parte” personalmente de una actividad
o de un programa (temporal), o “ser parte o miembro”
(permanente) de una organización o de una comunidad.
También Merino (1995) afirma que participar, en prin-
cipio significa “tomar parte”: convertirse uno mismo en
parte de una organización que reúne a más de una sola
persona. Pero también significa “compartir” algo con al-
guien o por lo menos, hacer saber a otras personas algu-
nas informaciones. De modo que, participar, es siempre
un acto social: nadie puede participar de manera exclu-
siva, privada, para sí mismo. La participación no existe
entre los anacoretas, pues sólo se puede participar con
alguien más; sólo se puede ser parte donde hay una orga-
nización que abarca por lo menos a dos personas.
Por ello, la participación está en el centro de la sociedad.
Participar significa que la gente es capaz de estar acti-
vamente presente en los procesos de toma de decisiones
que atañen a lo colectivo, que definen el rumbo del Es-
tado.
La posición que destaca Aguilar (1992) refuerza lo ante-
rior, ya que sostiene que la administración debe actuar
de cara a la sociedad y no quedar solamente en mera
administración gubernamental. Mientras más públicos
sean los actos del Estado, serán más legítimos.
Ahora bien, cuando la participación busca inluir en las
acciones de los gobernantes, podemos comenzar a hablar
ya de participación ciudadana. Ella puede ser definida
como una práctica de interacción entre los actores de la
sociedad civil y el Estado: son las acciones de interven-
ción de ciudadanos, individual o colectivamente, ante
las distintas instituciones del Estado. Esta intervención
puede asumir diferentes formas: como elector, fiscaliza-
dor, contribuyente, o demandante de políticas públicas
(Fidyka, L. 1995).
Si bien participación ciudadana significa diferentes cosas
para diferentes personas, esencialmente se la puede de-
finir como la participación que hacen las personas para
afectar la toma de decisiones, ejecución y seguimiento de
las decisiones públicas.
De este modo, para Oakley (1991) la participación ciu-
dadana desafía cualquier intento de definición o inter-
pretación. En términos generales, este concepto según
Cunill (1991) ha sido definido como “la intervención de
la sociedad civil en la esfera de lo público”. Actualmente,
el término de participación es utilizado para explicar la
incidencia de los individuos y grupos sociales en las dife-
rentes etapas en las que se resuelven asuntos de interés
público, es decir, en la consulta, discusiones, planteo de
propuestas y todo tipo de actividades en las cuales se in-
terrelacionan el Estado y los ciudadanos para el progre-
so de la comunidad. Como ya dijimos, así entendida la
participación ciudadana está vinculada a la democracia.
Como se expresó anteriormente, las manifestaciones de
la participación ciudadana son variadas en sociedades
que tratan de consolidar un régimen democrático, sobre-
pasa la esfera de los procesos electorales –participación
política-, y comprende a formas vinculadas a controlar y
moderar el poder dado a los representantes políticos con
la intención de fortalecer y nutrir la vida democrática de
la sociedad (Pérez, 1999).
Para Bolos (2002) el concepto de participación ciudadana
en sí mismo ha corrido igual suerte que el de movimien-
tos sociales, sociedad civil, tercer sector, organizaciones
no gubernamentales. Con él se pretende englobar al uni-
verso de asociaciones o agrupaciones del ámbito social
que actúan sobre lo social, es decir, independientemen-
te de que tenga o no como objetivo incidir en el espacio
público estatal. Este recorte conceptual de participación
que realiza Bolos acota este término a la acción de los ciu-
dadanos en organizaciones cooperativas, asociaciones
civiles, comunidades de autoayuda, sindicales, como for-
mas de participación de la sociedad, sin vincular dicha
participación con la esfera del poder y el gobierno.
Ahora bien, para Merino (2006) la participación ciudada-
na significa intervenir en los centros de gobiernos de una
colectividad, participar en sus decisiones en la vida colec-
tiva, de la administración de sus recursos, del modo como
se distribuyen sus costos y beneficios. Así, los ciudadanos
poco a poco tomarán parte de las decisiones que tomen
sus gobernantes. El propósito es lograr que la población
inluya sobre las políticas y decisiones públicas, y para
ello se hace necesario institucionalizar mecanismos, pro-
cesos y organismos a través de una normatividad legal.
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ARTÍCULOS LIBRES
En la misma dirección que Merino, Vergara-Lope Tris-
tán, S. y Hevia de la Jara, F. (2012) afirman que a la par-
ticipación ciudadana se la puede definir de manera am-
plia como el derecho de grupos y personas a incidir en el
espacio público tanto estatal como no-estatal, y como un
ingrediente básico para lograr el fortalecimiento demo-
crático y la gobernabilidad.
Siguiendo el recorrido que Schneider (2007) hace de la
conceptualización de participación, puede destacarse que
existen distintos aportes y posiciones al respecto, a saber:
Verba y Nie (1972) definen a la participación po-
lítica como las actividades que realizan los ciudada-
nos más o menos dirigidos directamente a inluir
en las decisiones y acciones de los gobernantes; y de
esta manera marcar la agenda pública de los gobier-
nos. Según Schneider (2007), este posicionamiento
teórico fue de gran valor para el análisis de la parti-
cipación política en América, pues “permitió separar
analíticamente la participación electoral de la ciuda-
dana al tiempo que ambas fueran cobijadas bajo el
paraguas de la participación política” (p.41).
Si bien, la postura teórica de Verba y Nie inluyó en
los estudios empíricos posteriores sobre participa-
ción, según Conge (1988 en Scheneider, 2007, p.41),
este enfoque conceptual es limitado pues ignora
otras formas de participación tales como las formas
pasivas: interés por la política, lectura de periódicos,
sentimiento de patriotismo; o formas activas como
la desobediencia civil o protesta violenta; así como
comportamientos movilizados por el mismo gobier-
no o fuera de él.
Producto de la limitación antes mencionada, va-
rios autores (como Jennings, Van Deth y otros 1990,
Marsh 1990, Parry y otros 1992, Tomasen y van Deth
1998, Dalton 2002) plantearon la necesidad de hacer
más inclusivo al concepto. Así, por ejemplo, Barnes
y Kaase (1979) destacaron el valor de agregar formas
no convencionales de comportamiento político tales
como “peticiones, manifestaciones, boycotts, ocu-
pación de edificios, piquetes o bloqueos del tráfico,
daños a la propiedad y violencia personal” (en Sche-
neider, 2007, p.41); también agregan que la participa-
ción es una actividad voluntaria llevada a cabo por
ciudadanos individuales que buscan inluir, de ma-
nera directa o indirecta, en los procesos electorales.
Esto último es señalado como crítica, pues así vista,
puede entendérsela más como precondiciones de la
participación política.
Otro aporte interesante es el de Seligson (1978).
Este autor define a la participación como un “com-
portamiento que inluye o pretende inluir en la
distribución de los bienes públicos” (p.42), si bien no
diferencia la participación social de la política. Esto,
para Nelson (1979) y Conge (1988), entraña el riesgo
del incluir comportamientos ubicados por fuera de
la arena política, en el campo de las relaciones de po-
der y autoridad.
Hay otros trabajos, como el de Brady (1999:737)
y de Montero, Torcal y Teorell (2006), que plantean
cuatro consideraciones: 1) la participación política
necesariamente implica acción, dejando así de modo
taxativo resuelta la discusión sobre las formas pasi-
vas de participación; 2) la participación política pue-
de ser también una acción llevada a cabo por ciuda-
danos que no pertenecen a las elites políticas; 3) tiene
una exigencia, demanda o inluencia en las decisio-
nes tomadas por otros; 4) la participación propende a
la producción de cualquier resultado político.
A partir de estas críticas, Verba replantea la de-
finición original y, junto a Schlozman y Brady (1995),
la re-definen como “aquella actividad que tiene el
propósito o el efecto de inluenciar la acción de go-
bierno” (p.43). Esta acción puede referirse a la he-
chura o implementación de una política pública o a
la posición que los ciudadanos adoptan frente a ella.
Así planteada, la participación es un instrumento o
mecanismo para la representación, que permite que
los gobernantes conozcan las preferencias y necesi-
dades de los ciudadanos para poder satisfacerlas.
Cabe destacar que con esta visión, la participación
asume un carácter donde los ciudadanos se limitan
a informar sus preferencias y necesidades para indu-
cir a los gobernantes, alejándose así del enfoque de
una democracia participativa.
Además del análisis de la trayectoria que ha recorrido el
concepto de participación ciudadana, puede agregarse
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ARTÍCULOS LIBRES
otro punto a la discusión: quiénes son sus actores. Por un
lado está el Estado y por otro la sociedad civil, creando
una relación difusa donde la ciudadanía apunta a proble-
mas diversos: seguridad, derechos humanos, asistencia
social, desarrollo urbano, ecológico, modelando así una
nueva forma de abordar los problemas públicos. La rela-
ción entre estos actores cuenta con una valoración posi-
tiva, en tanto es un medio adecuado para lograr ciertos
objetivos definidos como buenos o porque se piensa que
la expresión misma es un valor (Baño, 2004).
Ahora bien, para Cao (2006) las investigaciones que tienen
como objeto a la participación ciudadana para Argentina
dan cuenta que, a partir de la década de 1990, las transfe-
rencias de funciones a niveles regionales y locales, produc-
to de la descentralización, debieron aumentar la injerencia
de los ciudadanos en la toma de decisiones de los gobier-
nos. Pero la realidad da cuenta que, si bien se han imple-
mentado reformas, los mecanismos informales-cliente-
lares que reproducen la exclusión política y social siguen
presentes trabando los procesos de democratización.
El modo en que se implementan los procesos participa-
tivos estimulados por el Estado en nuestra realidad, nos
lleva a preguntar cómo y de qué manera se incluye la par-
ticipación ciudadana en las políticas del Estado. Por un
lado, se puede afirmar que desde la perspectiva de la ges-
tión pública, la participación ciudadana atañe a todas las
fases del ciclo de políticas y programas desde el diagnós-
tico de la problemática, pasando por la elaboración de la
política, la planificación e implementación de programas
y proyectos, hasta el monitoreo y la evaluación de resul-
tados e impacto. Por otro lado, la participación en tanto
resultado de la relación Sociedad Civil- Estado, requiere
un espacio donde el ciudadano se sienta familiarizado.
Un espacio para todos, que afiance ese sentido de perte-
nencia que debe sentir el individuo para manifestarse y
ejercer sus derechos. Y ese espacio puede ser el local, en
tanto ámbito de lo cotidiano donde se da mayor proximi-
dad entre autoridades y ciudadanos.
De esta manera, para Ziccardi (1997) la participación
ciudadana tiene mayores posibilidades de ser efectiva
en espacios de decisión local, porque es ahí donde los
individuos acceden en diferentes condiciones a bienes y
servicios, formando así la dimensión social y política del
ciudadano.
Luego de las precisiones conceptuales acerca de partici-
pación, cabe aclarar que en este trabajo se adopta la no-
ción que la participación refiere a las acciones empren-
didas por ciudadanos –en especial como miembros de
organizaciones de tipo asociativo locales- que de modo
directo o indirecto buscan inluir en las decisiones y ac-
ciones de los gobernantes; y de esta manera marcar la
agenda pública del gobierno local.
2.3 Ciudadanía
Otro concepto muy vinculado a la participación y demo-
cracia es el de ciudadanía.
Coincidiendo con lo planteado por Gutiérrez (2012), de-
trás de la concepción de ciudadanía pueden diferenciar-
se dos aspectos:
1. Uno pasivo, donde el Estado le da un reconoci-
miento a la ciudadanía de derechos que los habilita a
participar en transformaciones sociales, sobre el su-
puesto de pertenencia a una comunidad determina-
da. El origen de este concepto de ciudadano son las
revoluciones burguesas del siglo XVIII. Ellas crearon
un marco jurídico básico garante de la acción del go-
bernado en la sociedad, instaurando la juridicidad
del “individuo” como sujeto particular respecto del
Estado. Dicho marco los convierte en sujetos de de-
rechos particulares (como a la libertad, igualdad y
propiedad privada).
2. Otro más activo, donde la ciudadanía implica
una disputa para que la sociedad le reconozca nue-
vos derechos: actualmente han aparecido nuevas
ciudadanías expresadas en la participación de gru-
pos que luchan para que sus derechos sean reconoci-
dos e incorporados en las estructuras sociales, jurí-
dicas, económicas, culturales, etc.
De esta manera, por ciudadano no debe entenderse so-
lamente a aquel individuo que goza de derechos civiles y
políticos que le ha otorgado un Estado, y que desempeña
deberes inherentes a esa situación ya que, esta visión lo
ubica en un status meramente legal, de contenido estáti-
co y definitivo. Por el contrario, la ciudadanía tiene vida,
es un proceso social de construcción de los derechos civi-
les, políticos y sociales.
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ARTÍCULOS LIBRES
La primera perspectiva de ciudadanía acuerda con la
posición de Marshall, quien en 1965 en su libro “Class,
Citizenship and social developement,” afirma que la
ciudadanía necesita de la democracia. Para él no puede
entenderse la ciudadanía sin un Estado de derecho que
le reconozca sus derechos y sin un régimen democrático
que ponga en vigencia los derechos políticos (Kerz, 2000,
p.41).
En la misma línea de la idea que se viene desarrollando,
Przeworski (1998) afirma que ciudadanía implica un con-
junto de derechos y obligaciones, predecibles y válidos en
una comunidad política democrática. Si bien, reconoce
que la democracia es “un sistema de derechos positivos
que no genera automáticamente las condiciones reque-
ridas para el ejercicio efectivo de esos derechos y obliga-
ciones (p.61).
Algunos requisitos para que se ejerza plenamente la
ciudadanía son: la existencia de un sistema normativo
guiado por criterios universales, el imperio del estado de
derecho, poderes públicos dispuestos a proteger los dere-
chos y que los ciudadanos gocen de ciertos pre-requisitos
económicos y sociales (O’Donnell, 1992 en Przeworski,
1998).
En este marco, existen distintos ámbitos de la vida social
donde al ciudadano le corresponde “tomar o ser parte”.
En el caso de la participación ciudadana, como ya diji-
mos, dicho espacio es el “ámbito público
1
donde se abor-
dan asuntos de interés común para los miembros de una
sociedad. En definitiva, dada la conexión entre democra-
cia, ciudadanía y participación, puede afirmarse que la
participación ciudadana refiere al involucramiento de la
población en asuntos considerados de interés común o
del “ámbito público”, categoría histórica definida en cada
contexto según la correlación de fuerzas dentro de un te-
rreno de tensión y negociación.
1 Podemos considerar el “ámbito público o político” como una di-
mensión especifica de la vida social donde los ciudadanos y las organi-
zaciones compiten o concuerdan sobre las decisiones concernientes a
los asuntos de interés común.
2.4 Gobierno local o municipal
Se plantearon tres conceptos: democracia, participación
y ciudadanía, cabe introducir un nuevo concepto que
pone en contacto al Estado con la ciudadanía: el de go-
bierno local o municipal.
Para el caso de nuestro país, cabe señalar, en primer tér-
mino, que el marco normativo general de los gobiernos
locales argentinos se encuentra en la Constitución Na-
cional. En ella, dos de sus artículos hacen referencia a
ellos: el quinto, inscripto en el texto original, sancionado
en 1853, y el centésimo vigésimo tercero, incluido en la
reforma constitucional de 1994 con el fin de dar térmi-
no a una polémica jurídica respecto de la autonomía o
autarquía municipal (p.1). Agrega que la “definición del
régimen municipal corresponde a cada una de las vein-
titrés provincias, que en sus Constituciones lo incluyen
como un capítulo específico en cada una de ellas” (p.22).
Al respecto, Cravacuore (2007) menciona que la defini-
ción de los requisitos para la constitución de los gobier-
nos locales le corresponde al legislador provincial y, que
si bien varían entre las distintas provincias, en general
resulta de la fijación de mínimos de población.
Otro cambio que trajo la década de 1990 fue el nuevo es-
quema de distribución de competencias. Según Crava-
cuore (2007, p.3-9) en nuestro país a los municipios se les
asignan competencias:
algunas concurrentes con el gobierno nacional
y provincial como las obras de infraestructura, la
atención de colectivos sociales débiles, etc.
otras, compartidas con el gobierno provincial,
como los servicios públicos, atención de la salud, y
las de competencia exclusiva de los municipios:
» construcción y mantenimiento de la in-
fraestructura urbana: provisión de alumbrado
público, limpieza y recolección de RSU, cons-
trucción y reparación de calles y caminos veci-
nales, conservación de parques y paseos públi-
cos, cuidado de cementerios y mantenimiento
del equipamiento urbano.
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ARTÍCULOS LIBRES
» regulación y control de actividades desarro-
lladas dentro del territorio: regulación sobre el
hábitat, las actividades económicas y el tránsito
urbano.
» asistencia a población en riesgo: por medio
de asistencia social directa, atención de la salud
de baja complejidad y defensa civil ante desas-
tres naturales.
En segundo término, según Cravacuore (2007) nuestro
país cuenta con 2.252 gobiernos locales. De ellos, 1.151
son municipios y 1.101 son gobiernos locales sin jerarquía
municipal: comisiones de fomento, juntas rurales, juntas
de gobierno, comisiones municipales, delegaciones de fo-
mento y comunas. Además, tomando en consideración la
jurisdicción territorial, los gobiernos locales argentinos
se dividen en dos tipos: los de ejido colindante y los de
ejido urbano.
Si se toma en cuenta el diseño institucional de los muni-
cipios argentinos, éstos cuentan con sólo dos poderes: un
poder ejecutivo local, integrado por un intendente electo
y, un poder deliberativo local, integrado por un número
variable de concejales.
A lo planteado se puede agregar que, según García Del-
gado (1997), en el caso Argentino el proceso de reforma
del Estado produjo la aparición de un “nuevo localismo”.
Ello requiere considerar, en un contexto de globalización
donde cobra protagonismo lo local, aspectos tales como
la descentralización y la aparición de nuevas demandas
a los gobiernos locales. Es decir, lo micro, lo más cercano,
dado que lo macro o el Estado nacional jacobino, como
diría Lipovetsky, se reconvierte para dar espacio “a una
democracia del contacto, de la proximidad” (en García
Delgado, 1997, p.8).
De este modo, en nuestro país durante la década de 1990
la novedad respecto a lo que históricamente se venía
dando fue el énfasis en la desburocratización, la inclu-
sión de la eficacia y eficiencia como principios rectores
de la organización burocrática y un cambio respecto a
los gobiernos locales; la orientación al desarrollo local y
al planeamiento estratégico y una mayor intrusión mu-
nicipal en la política social.
García Delgado (1997) considera que la reforma del Es-
tado, combinada con la globalización, dinamizó a los
gobiernos locales: aumentaron las competencias, los re-
cursos y la evaluación de la sociedad. Estos cambios ocu-
rrieron en paralelo a las nuevas articulaciones entre lo pú-
blico-privado, a la instalación de lógicas territoriales más
horizontales que posicionaron lo municipal en un lugar
protagónico, dejando atrás el papel marginal que tenía
en la política argentina. Incluso el reconocimiento de la
autonomía municipal quedó plasmado en la Constitución
de 1994, aspecto que será profundizado posteriormente.
A lo planteado por García Delgado (1997), Cravacuore
(2007) agrega que el proceso de Reforma del Estado, ini-
ciado en 1989, tuvo como rasgos destacados a los siguien-
tes: una acelerada privatización de empresas públicas,
una vertiginosa desregulación de la economía; la refor-
ma de la administración pública y la descentralización
de algunos servicios hacia las provincias. Sobre este úl-
timo punto, en nuestro país, a diferencia de otros países
de América Latina, la descentralización competencial se
hizo en favor de las provincias y no de los municipios.
Ahora bien, estos cambios fueron acompañados por la
aparición del interés de la ciudadanía por cuestiones cer-
canas y puntuales de la ciudad, programas de participa-
ción de gobiernos locales con organizaciones de base y
ONG´s, asociaciones intermunicipales para generar “co-
rredores productivos” o entes intermunicipales, planifi-
cación estratégica en ciudades grandes e intermedias,
presupuestos participativos, etc.
García Delgado (1997) agrega que las nuevas demandas
al gobierno local lo revitalizan, al mismo tiempo que el
municipio se convierte en “un punto de condensación de
la fragmentación social de la protesta, de la crisis de me-
diaciones y de la falta de recursos” (p.14).
Como decíamos antes, según García Delgado (1997), hay
dos factores que permiten explicar la dinamización de
los gobiernos locales:
1. La reforma del Estado: fue una reforma estruc-
tural implementada a principio de la década de 1990
que impactó sobre lo local dado que la estabilización
económica, a partir del Plan de Convertibilidad, fa-
voreció la mejora de la eficacia y eficiencia de la ges-
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ARTÍCULOS LIBRES
tión en lo micro económico. Además, las políticas de
descentralización condujeron a la cesión de compe-
tencias a las provincias y municipios en el área de la
política social. Cabe mencionar que estos cambios
impusieron a los municipios una problemática más
amplia (dado que se le sumaron a los servicios urba-
nos tradicionales los de salud, educación y asistencia
a grupos de riesgo) pero con los mismos recursos,
capacidades técnicas y de gestión.
2. La globalización: su impacto principal es eco-
nómico. La globalización ofrece oportunidades de
vinculación a la vez que puede vulnerar la identidad
nacional, al uniformar los estilos de vida y estanda-
rizar los consumos. Al mismo tiempo, esta tendencia
homogeneizadora tiene como contracara la búsque-
da de identidad, que privilegia lo local (lo vecinal), lo
autóctono y que tiende a la heterogeneidad.
Según la opinión de Cabrero (1996), una transformación
importante de nuestra sociedad actual es la conforma-
ción de “lo local” como espacios donde se desarrollan
nuevas formas de organización social, producto de que
los ciudadanos irrumpen en el espacio público, por me-
dio de la participación, para satisfacer necesidades que el
Estado no logró. A esta relación entre el espacio público y
la participación ciudadana, se la puede conceptuar como
una ampliación de lo que tradicionalmente abarcaba la
esfera de acción pública.
Los gobiernos locales son espacios institucionales, natu-
ralmente abiertos a la participación y al poder compar-
tido. La participación ciudadana en el nivel local genera
efectos positivos en al menos tres ámbitos: económico,
social y político (Colino et al. 2003).
La participación aparece como demanda y como desafío
para los gobiernos locales, en éstos se están produciendo
cambios en sus funciones tradicionales y en la percepción
que sobre ellos tiene la ciudadanía. Los gobiernos locales
se han constituido en caja de resonancia de las políticas
y, ante la visión de los vecinos, aparecen como el primer
eslabón de la cadena gubernamental, primera instancia
de reclamos más allá de competencias y jurisdicciones.
En este marco, los municipios deben dar respuestas in-
novadoras a nuevas demandas que van orientando sus
actividades hacia la promoción del desarrollo en sus te-
rritorios.
2.5 Asociaciones vecinales
Un concepto vinculado a lo tratado hasta aquí es el de ve-
cinalismo. En líneas generales, las asociaciones vecinales
son entendidas como organizaciones de la sociedad civil,
y al respecto distintos trabajos abordan el tema desde
una perspectiva histórica.
Las organizaciones aparecen como respuestas de la so-
ciedad civil a la cuestión social y su rol varió según tres
momentos históricos: beneficencia (primera parte del si-
glo XIX), filantropía (mitad de siglo XIX) y justicia social
con la llegada del peronismo. Las organizaciones vecina-
les corresponderían a este tercer momento (Thompson,
1995).
Otras perspectivas, que abordan las organizaciones y la
asocian a la evolución de la sociedad civil en Argentina,
afirman que las vecinales son una etapa de “madurez de
la sociedad civil” (Di Stefano, 2002). Es decir, ubican su
acción en el marco de la participación ciudadana.
Al comenzar el siglo XX, Argentina transitaba hacia la
“república verdadera”, al mismo tiempo que perduraban
imágenes de una república conservadora. Existieron es-
fuerzos en la sociedad por la construcción de una ciuda-
danía, reforzada con el goce de derechos políticos, y una
democracia con ribetes más pluralistas.
También en la esfera gubernamental se experimentaron
cambios: el rol del Estado pasó de protector de derechos
civiles y de las reglas de juego del mercado, a otro mode-
lo con un rol de mediador y árbitro del conlicto social,
tutor de los sectores desprotegidos y con un patronazgo
distribucionista, pero sin abandonar la esencia del laissez
faire, esto es de la creencia en que el libre juego institucio-
nal terminaría solucionando los conlictos sociales.
En este contexto, desde los barrios aparecen demandas
sociales en materia de obras públicas, servicios y demás,
que se orientan hacia el referente administrativo más
próximo, el estado municipal en este caso. De esta ma-
nera, comenzó la actividad asociativa. Primero tímida-
mente avanzó en la segunda década del siglo XIX, luego
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se expandió un fervor asociativo al promediar la centu-
ria, que se intensificó hacia el final de la misma. Asocia-
tivismo más orientado a lo social que a la demanda de
derechos políticos.
Con el advenimiento de la democracia no sólo las es-
tructuras institucionales recibirían aires nuevos. Una
renovada valoración de la política, de la participación
ciudadana y del sentido de hacer efectivas las libertades
públicas y privadas recuperadas, dio margen para que
también la república se afianzara en los espacios comu-
nales y lógicamente en las unidades vecinales. Una pieza
clave en ese clima de recuperación de las prácticas de-
mocráticas fue el esmero puesto en actualizar los marcos
jurídicos nacionales, provinciales y municipales.
Esto ayudó a que volvieran a prosperar las iniciativas ba-
rriales y entonces el número de asociaciones crecieran.
Ahora también vinculados al campo político, si bien no
siempre con autonomía, dadas las prácticas clientela-
res que llevan a cooptar estos espacios sociales con fines
electorales.
Un dato nuevo lo constituía la presencia de las mujeres
como dirigentes en estos espacios barriales de participa-
ción.
En consecuencia, asistimos a la coexistencia de escena-
rios que responden a una lógica contrapuesta y asimétri-
ca. Por un lado, se afirma laimagende una aldea global
y, por el otro, cobran fuerza los actores territoriales, en
nuestro caso las asociaciones vecinales.
Analizando hacia su interior, las asociaciones vecinales
se auto-administran a través de una comisión directiva,
las cuales presentan una singular combinación entre una
estructura organizativa que a nivel de su conducción pri-
vilegia un criterio verticalista - la mayoría cuentan con
un presidente, un vice, secretario, tesorero y la figura de
los vocales- y una dinámica de funcionamiento que per-
mite construir relaciones desde la horizontalidad. Existe
además una comisión revisora de cuentas con las funcio-
nes inherentes.
En cada vecinal, los socios juegan un papel importantísi-
mo. Su rol se amplía a la hora de la participación electoral
para renovar autoridades.
Las pautas de accionar del vecinalismo varían según la
etapa: en las primeras etapas: elevaba demandas ante au-
toridades municipales; actualmente: impulsa un modo
de gestionar más complejo, es co-gestor de la acción mu-
nicipal no sólo en la provisión de los servicios; incluye de-
mandas ciudadanas en áreas como seguridad,expendio
de bebidas alcohólicas y defensa civil, dándole al veci-
nalismo un carácter empresarial; otro cambio es la pro-
pensión de algunas asociaciones de vecinos a construir
redesasociativas inter-institucionales, con la pretensión
de tener voz en la institucionalidad de otras esferas de la
vida local y nacional.
3. Desarrollo de la Investigacn
La estrategia metodológica se corresponde con un diseño
descriptivo, sin pretensión de generalidad, que enfatiza
en una estrategia cualitativa-cuantitativa e intensiva,
pues se estudiará un solo caso: el Municipio de la Ciudad
de San Juan.
El objeto de estudio es la participación. De este modo se
apunta al estudio de la participación ciudadana, el ve-
cinalismo y la democracia en el ámbito de un gobierno
local, el de la Ciudad de San Juan.
La unidad espacio - temporal es el Departamento Capi-
tal, Provincia de San Juan, durante el periodo 2007-2015.
La selección de este recorte espacio-temporal obedece a:
En lo temporal: durante este periodo, la autora
desarrolló su práctica profesional en el municipio de
la Ciudad de San Juan y esto fue un factor de peso,
dada la falta de datos sobre el tema. En este sentido,
su rol institucional favoreció el acceso a información
vital y sensible.
En lo espacial: la elección de este territorio como
ámbito para el trabajo de campo de esta tesis obede-
ció a las siguientes razones:
» Su pertenencia al oasis central de Tulum (el
mayor de la provincia y sobre el cual se asientan
las tierras productivas y la actividad agroindus-
trial de la provincia).
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» Su pertenencia al Gran San Juan, área que
concentra la actividad económica, social y polí-
tica de la provincia.
» Una conectividad histórica ventajosa res-
pecto de otros departamentos del Gran San
Juan, que ha favoreciendo el desarrollo de acti-
vidades industriales y de servicios.
» La existencia de una importante área urba-
na con la presencia de villas, barrios obreros con
más de 50 años de antigüedad (cuyo origen se
vincula a los procesos migratorios internos); ba-
rriadas de operatorias IPV y Banco Hipotecario
Nacional (BHN) de antigüedad variada, barrios
de operatoria Lote Hogar, iniciadas a partir del
Programa Arraigo2: en todos ellos se localizan
las organizaciones barriales del departamento.
Objetivos Generales:
Analizar la actuación de las Organizaciones Vecinales en
el ámbito del Municipio de la Ciudad de San Juan y su
relación con la participación ciudadana y la democracia,
desde el año 2007 hasta 2015.
Proponer un conjunto de recomendaciones orientadas a
fortalecer la participación de las organizaciones vecina-
les en la gestión de la Municipalidad de la Ciudad de San
Juan, orientadas a consolidar ciudadanía.
Objetivos Específicos:
1. Describir la situación de las Organizaciones Ve-
cinales en el ámbito de la Municipalidad de la Ciu-
dad de San Juan.
2 Mediante un Decreto PEN 1001, se crea en el año 1991 la
Comisión de Tierras Fiscales Nacionales “Programa Arraigo, depen-
diente de la Presidencia de la Nación buscando normalizar la situa-
ción urbana de las villas edificadas sobre terrenos fiscales a través del
saneamiento de títulos y su incorporación a la trama urbana.
2. Analizar el modo y mecanismo de inclusión que
establece la Carta Municipal de la Ciudad de San
Juan y la normativa vigente, referente a la participa-
ción de las Organizaciones Vecinales.
3. Describir los mecanismos de participación veci-
nal existentes en la Municipalidad de la Ciudad de
San Juan.
4. Investigar el grado de incidencia ciudadana en
la consulta, aprobación, ejecución y monitoreo de
políticas públicas en el Municipio Capitalino.
5. Identificar fortalezas y debilidades del munici-
pio respecto a la participación ciudadana de las Or-
ganizaciones Vecinales.
Hipótesis de trabajo:
Un factor que entorpece la ampliación de la par-
ticipación de las Uniones Vecinales en el Municipio
de la Ciudad de San Juan es la falta de mecanismos y
estructuras, que no existen en la actualidad.
A mayor participación ciudadana en el muni-
cipio Capital, mayor número de políticas represen-
tativas dirigidas a mejorar la calidad de vida de los
vecinos.
Material de campo
Como ya dijimos, la unidad de análisis es el Municipio
de la Ciudad de San Juan y es abordada en dos niveles
de análisis:
1. El municipio de la Ciudad de San Juan: la uni-
dad de observación fueron funcionarios y concejales
del mismo.
2. Las organizaciones vecinales de la Ciudad de
San Juan: la unidad de observación fueron los diri-
gentes de las organizaciones vecinales de la misma.
Para ambas unidades de observación se trabajaron
muestras intencionales o finalísticas:
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ARTÍCULOS LIBRES
1. Muestra de dirigentes de organizaciones veci-
nales: buscando captar heterogeneidad, se seleccio-
naron treinta organizaciones del padrón total de 110
asociaciones vecinales (aportado por el Municipio),
atendiendo a criterios de antigüedad, tamaño, loca-
lización de la organización (localidad), tipo de orga-
nización (uniones vecinales, agrupación de vecinos
de barrios o consorcios), situación ante IGPJ (con o
sin inscripción).
Se entrevistaron treinta presidentes de diferentes
uniones vecinales localizadas en distintos sectores
geográficos de la ciudad (Ver Anexo), cuyos rasgos
centrales son:
» Dieciséis son mujeres y catorce son varones.
» Respecto a la edad: catorce tienen más de 60
años, quince entre 40 y 59 años y uno menor de
cuarenta años.
» Trece viven en barrios de nivel socio-econó-
mico medio, siete en barrios de nivel socio-eco-
nómico medio-bajo y diez en barrios de niveles
bajos.
3
» Dieciocho dirigen uniones vecinales creadas
entre 1950-1975, nueve uniones creadas entre
1976-2000 y tres creadas entre 2000-2015.
» Quince dirigen uniones vecinales de tama-
ño grande (más de 80 socios), ocho de tamaño
medio (50-80 socios) y siete organizaciones de
tamaño pequeño (menores de 50 socios).
2. Muestra de funcionarios y concejales del Muni-
cipio de la Ciudad de San Juan: El criterio de selec-
ción para los funcionarios fue el área de gobierno y
de los concejales su pertenencia partidaria.
Se trabajó con la triangulación de fuentes, métodos y
técnicas. Se apelaron a fuentes primarias y secundarias.
3 Se clasificaron las Uniones Vecinales por nivel socio-económico
con base a las referencias aportadas por el Municipio.
Para ello se utilizaron las siguientes:
Entrevistas: para la recolección de datos prima-
rios se recurrió a realizar las mismas a funcionarios/
concejales del Municipio de la Capital y a dirigentes
de las Uniones Vecinales del Departamento Capital.
En total se entrevistaron treinta dirigentes vecinales
y cinco funcionarios/políticos del municipio.
Rastreo de fuentes: para la recolección de datos
secundarios se recurrió a esta técnica a fin de reali-
zar un estudio documental de legislación, planes y
programas que obran en el municipio, vinculados a
la participación ciudadana.
Se trabajó con la Carta Orgánica del Municipio y Orde-
nanzas municipales del periodo estudiado vinculado al
tema de la participación vecinal.
La estrategia propuesta para el estudio consideró abor-
dar el objeto desde ejes centrales que guiaron la recolec-
ción y el análisis. Para cada nivel de análisis, ellos fueron:
a. Para la unidad de análisis Municipalidad - Fun-
cionarios-concejales:
» Nivel de conocimiento sobre participación y
vecinalismo
» Visión de la participación ciudadana
» Valoración de la participación ciudadana
» Percepción del rol del Municipio en la pro-
moción de la participación ciudadana
» Grado de involucramiento en el proceso de
afianzamiento de la ciudadanía
b. Para la unidad de análisis Unión vecinal –Diri-
gentes:
» Trama asociativa
» Tipo de liderazgo
» Conocimiento sobre qué es participar
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» Opinión sobre la participación
» Visión de la participación ciudadana
» Visión del rol del Municipio en la promoción
de la participación ciudadana
» Experiencias de relación de la UV con el Mu-
nicipio
» Opinión sobre el papel de funcionarios en la
respuesta a las demandas ciudadanas
4. Conclusiones
En el caso estudiado se ha podido constatar que “par-
ticipación” se dice de muchas maneras, tanto para los
dirigentes de las organizaciones vecinales como para
funcionarios y políticos del Municipio de Capital. Es de-
cir, el análisis de las entrevistas realizadas a los líderes
comunitarios y a funcionarios/políticos del municipio
estudiado dejar ver ciertos acuerdos y diferencias a la
hora de definir qué se entiende por participación, dónde
depositan las trabas y facilitadores de la misma, así como
sus ventajas/desventajas y la conexión con la democracia.
Si bien no hay una manera unívoca de definir a la par-
ticipación, un acuerdo detectado es que ambos sujetos
sociales estudiados comparten la imagen que participar
es ser parte, es involucrarse, es decir, permite crear lazos,
formar comunidad. Pero también es un medio para al-
canzar un fin -de allí su fuerte conexión con la política-,
además sirve para formar ciudadanos y ayuda a consti-
tuir espacios de representación, conformando esto una
fortaleza en el caso estudiado. Cabe destacar que se la
asocia en menor medida con la toma de decisiones, y ello
es una debilidad.
Respecto a las diferencias detectadas sobre la definición
de participación, se observa que entre los funcionarios/
políticos entrevistados está presente la imagen de la par-
ticipación como el origen y solución de los problemas,
además de que permite crear lazos y fortalece la demo-
cracia. De esta manera, cuando valoran como una ven-
taja el hecho que los procesos participativos garantizan
que las autoridades escuchen los reclamos y propuestas
de los vecinos, permite acercar a vecinos y dirigentes, y
facilita o agiliza la resolución de sus problemas.
Respecto a las ventajas y desventajas que tiene la participa-
ción, los líderes comunitarios destacan como ventaja que
la participación funciona como la garantía de que las auto-
ridades escuchen sus reclamos, además de que posibilita
la construcción de redes con el resto de uniones vecinales
dentro y fuera del municipio. No recuperan como ventaja
el que por medio de la participación ciudadana puedan
ejercer su derecho al control de las acciones del gobier-
no local. En ello puede leerse un descreimiento sobre la
posibilidad que los vecinos puedan ejercer alguna forma
de control a sus representantes en el municipio. Hay una
percepción de la inviabilidad de la rendición de cuentas,
quedando el ejercicio de la democracia sólo circunscripta,
desde la visión de los entrevistados, a la elección de los go-
bernantes y a una democracia representativa.
Una desventaja captada entre los dirigentes vecinales es
que la participación hace lenta las decisiones y que puede
generar conlictos dentro de las organizaciones y fuera
de ellas.
Ahora bien, resaltando las fortalezas detectadas, una de
ellas es que existen, en estas comunidades estudiadas,
personas que poseen los recursos necesarios para po-
der construir colectivamente procesos que aumenten la
efectiva participación en los asuntos públicos. En gene-
ral, quienes dirigen las organizaciones son personas con
niveles educativos medios-altos, con niveles socio-econó-
micos medios y con trayectoria dentro de sus comunida-
des en temas vecinales y fuera de ellos.
Otra fortaleza es la visión que los líderes vecinales tienen
de la participación, de la democracia y de que la política
también favorece. Si bien hay algunas visiones que en-
fatizan en cierto utilitarismo, también está presente la
idea que participar es fundamental para la democracia y
que se participa por el bien común. En ellos priman más
los valores de la solidaridad y el bien común; el deseo,
la motivación y la predisposición de tomar parte, que la
mirada pragmática de participar sólo como medio para
obtener “algo”.
Como ya dijimos, un aspecto fuertemente valorado entre
los dirigentes vecinales entrevistados es la red de relacio-
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ARTÍCULOS LIBRES
nes y el acceso a información, a la que de otro modo no
podrían acceder. Ello acrecienta el capital social de estos
dirigentes. Además, la experiencia les ha permitido co-
nocer las reglas que rigen en la gestión de lo público. Han
aprendido a gestionar dentro del aparato burocrático del
Estado, y saben cómo funciona el mundo de los políti-
cos para acceder a lo que sus comunidades necesitan. En
sus palabras, han aprendido “a quien tocar, cómo tocar y
cuándo tocar.
Otros factores que favorecen los procesos participativos
dentro del municipio Capital, tanto en los dirigentes ve-
cinales como en los funcionarios/políticos, son la volun-
tad política del intendente y la situación económica. La
primera resulta de la valoración que hacen de las accio-
nes llevadas por el intendente, que cristalizó en políticas
sociales destinadas a la comunidad, destacando aún los
más críticos de la gestión municipal, el papel de bisagra
que realizó en el periodo estudiado la Dirección de Co-
munidades para captar las demandas y ser un vínculo
con las distintas áreas de gobierno en la resolución de las
necesidades y demandas de los vecinos. Ello es otra for-
taleza detectada.
Respecto a los factores que han entorpecido la participa-
ción en la última década, se destacan cuestiones relacio-
nadas con la comunidad y cuestiones relacionadas con
el municipio.
Sobre las primeras, los entrevistados reconocen
que las cuestiones personales (enfermedades, fal-
ta de tiempo, conlictos personales, etc.) sumado a
la idiosincrasia del sanjuanino (apatía, comodidad,
desconfianza, etc.) han frenado y frenan la partici-
pación de los vecinos, sumado a historias de fracasos
de anteriores comisiones directivas que llevaron a el
cierre temporario de algunas uniones vecinales o a
su estancamiento respecto a los objetivos para los
cuales fueron creadas.
Sobre las segundas, el factor más mencionado
es la visión del gobierno que las uniones vecinales
son, al lado de otros temas de la agenda guberna-
mental, “una cosa chiquita, un tema menor, y por
ende no los priorizan. Otro aspecto es el referido a la
falta de credibilidad en los políticos y funcionarios.
Ello resulta de la combinación de dos cuestiones: la
mala imagen de la política y la falta de cumplimiento
de promesas realizadas, sobre todo en época de cam-
pañas electorales.
Vinculado a lo anterior, en el caso estudiado, hay entre
los líderes comunitarios consultados dos posiciones res-
pecto a la valoración y reconocimiento que el municipio
(políticos y funcionarios) hace de sus demandas:
La mitad considera que sí los reconocen: ellos
son sobre todo los que manejan los mecanismos ins-
titucionales para gestionar sus reclamos, y los que
han logrado respuestas afirmativas a sus demandas.
La otra mitad considera que no los reconocen:
son los que no lograron que el municipio los escuche
ni resuelva sus problemas y son los que denuncian
la presencia de barreras para llegar a conectarse con
políticos y funcionarios de alto rango, salvo en épo-
cas de elecciones.
La experiencia de los entrevistados de participar en or-
ganizaciones vecinales les ha dejado, en general, un re-
sultado positivo que ha reforzado en algunos de ellos su
visión sobre la política y los políticos. En otros, si bien va-
loran la experiencia y consideran necesario que las unio-
nes vecinales se vinculen políticamente con otros actores,
no modificaron su visión negativa de la política, a quien
califican como “sucia” y como un mecanismo que les qui-
ta libertad y autonomía ante la presencia de mecanismos
clientelares, en especial frente a procesos eleccionarios.
Incluso desconfían que las organizaciones vecinales sean
utilizadas como trampolín en la arena electoral.
Una cultura democrática, como sostiene Lechner, devie-
ne de un proceso histórico que requiere tiempo para que
las costumbres y creencias de que es posible una cons-
trucción institucional de la democracia se logre.
Ahora bien, si tomamos como punto de partida nuestra
acepción acerca de participación, concepto central de
esta tesis, como las acciones emprendidas por ciudada-
nos –en especial como miembros de organizaciones de
tipo asociativo locales- que de modo directo o indirecto
buscan inluir en las decisiones y acciones de los gober-
nantes y de esta manera marcar la agenda pública del
gobierno local, es necesario precisar cuánto se acercan o
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no las imágenes de participación que portan los actores
estudiados respecto a dicha definición.
Un hallazgo que puede leerse en clave de Fortaleza, son
algunos de los rasgos que presentan las organizaciones
vecinales de la Ciudad de San Juan, entre los cuales pue-
den mencionarse:
Tienen una historia de organización vecinal de
vieja data, con lo cual la comunidad tiene registro de
la importancia de organizarse desde antes de la mi-
tad del siglo pasado.
Hay una diversidad de formas de organización
que van desde uniones vecinales hasta vecinos de
una calle que peticionan y se organizan para resolver
su problemática vecinal. Ello habla de cierta adapta-
bilidad y maleabilidad a la hora de organizarse.
Predominantemente las organizaciones veci-
nales están inscriptas ante la IGPJ, sobre todo las
uniones vecinales, lo cual habla de cierto grado de
formalidad de las mismas y de una alta valoración
del reconocimiento del Estado.
El 75 % de las organizaciones vecinales tienen
regularizada su situación o en vías de regularizarla,
expresión de una alta vitalidad dado que anualmen-
te realizan asambleas de socios y presentan Memo-
ria y Balance a la IGPJ.
Las organizaciones vecinales vehiculizan sus
reclamos al municipio por diferentes temas a través
de notas, que dan origen a expedientes. Según la in-
formación obtenida, en promedio han peticionado
al municipio en alrededor de 10 oportunidades en
el periodo 2008-2015. Esto es un dato importante,
en tanto las organizaciones muestran conocer los
procedimientos que accionan los mecanismos insti-
tucionales en el gobierno local para resolver sus de-
mandas, más allá de los temas que reclaman.
Las UV buscan el contacto directo con el Inten-
dente para encontrar soluciones a sus problemas ve-
cinales.
Ciertas demandas sociales de los vecinos crista-
lizan en políticas del municipio. Pese a que en la for-
mulación de la política no está prevista la consulta o
participación del vecino, en su génesis puede identi-
ficarse a la participación vecinal a través del pedido
de soluciones a problemáticas que los atraviesan en
sus comunidades, y ello puede ser considerado una
fortaleza.
Hay una auto-diferenciación de las organiza-
ciones vecinales: ellas se distinguen entre uniones
vecinales oficialistas y uniones vecinales indepen-
dientes. Esto muestra cierta madurez cívica que las
encamina en la dirección de un fortalecimiento ciu-
dadano.
Otras fortalezas detectadas es que existen en las comu-
nidades personas “estudiadas. En este sentido presen-
tan dos cuestiones destacables:
En general, quienes dirigen las organizaciones
poseen niveles educativos medios-altos, con niveles
socio-económicos medios y con trayectoria dentro de
sus comunidades en temas vecinales y fuera de ellos.
La visión que ellos tienen de la participación,
de la democracia y de la política también favorece.
Si bien hay algunas visiones que enfatizan en cierto
utilitarismo, también está presente la idea que par-
ticipar es fundamental para la democracia y que se
participa por el bien común. En ellos priman más los
valores de la solidaridad y el bien común; el deseo, la
motivación y la predisposición de tomar parte, que
la mirada pragmática de participar sólo como medio
para obtener “algo”. Quieren participar y creen que
deben hacerlo, factores tan necesarios para contar
con ciudadanos participativos.
Un aspecto fuertemente valorado es la red de
relaciones y el acceso a información, que acrecienta
el capital social de estos dirigentes. Además, la ex-
periencia les ha permitido conocer las reglas que ri-
gen en la gestión de lo público: han aprendido a ges-
tionar dentro del aparato burocrático del Estado, y
saben cómo funciona el mundo de los políticos para
acceder a lo que sus comunidades necesitan. En sus
palabras, han aprendido “a quien tocar, cómo tocar y
cuándo tocar.
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Visualizan como favorecedores de los procesos
participativos dentro del municipio Capital a la vo-
luntad política y la situación económica.
En el mismo orden de fortalezas, pero desde el lado del
municipio de la Ciudad de San Juan, se han detectado
la presencia de factores políticos-legales-administrativos
que son positivos:
Desde el municipio se han establecido mecanis-
mos de participación de las Organizaciones Vecina-
les por medio de la Carta Municipal de la Ciudad de
San Juan y de normativa vigente.
Una voluntad política ha permitido la creación
de un andamiaje legal en la Carta Orgánica Muni-
cipal y Ordenanzas municipales, que cristaliza en
institutos válidos para la participación institucional
de vecinos organizados. De esta manera, existen al-
gunos de los mecanismos de participación vecinal
existentes en la Municipalidad de la Ciudad de San
Juan como por ejemplo la Banca del vecino y la con-
formación de comisiones de vecinos.
Como complemento, en el aparato administra-
tivo se creó un área específica para la promoción de
la participación ciudadana, en especial destinada
a las uniones vecinales y organizaciones comunita-
rias que acerquen las demandas del vecino a las au-
toridades municipales correspondientes. Estas dos
cuestiones han fortalecido la participación vecinal y
vehiculizado sus demandas a los gobernantes.
Lo legal y administrativo ha permitido que se
concreten acciones (planes, proyectos) cuyo eje ha sido
el encuentro entre dirigentes y dirigidos, con un cam-
bio en la perspectiva clásica, ya que se ha entendido
que es el mismo municipio en la persona del intenden-
te y su staf de funcionarios, quienes debían acercarse
a las comunidades para receptar sus problemas y ne-
cesidades. Esto puede ser considerado una fortaleza.
Con relación a las Debilidades detectadas, se puede des-
tacar que:
A nivel contextual, la presencia de organizacio-
nes vecinales, su creación y desarrollo presenta un
ritmo oscilante dado la presencia de condiciones
contextuales adversas, como las irrupciones a la vida
democrática del país, modelos de desarrollo impe-
rantes, presencia discontinúa de estímulos desde el
Estado a su creación, etc.
A nivel de las OSC, hay factores que han entor-
pecido la participación en la última década:
» La mayoría de las organizaciones vecinales
de Capital no cuenta con sede, en especial las
que se crearon a partir de 1970. Ello es una debi-
lidad, atendiendo a que la ausencia de un lugar
físico para desarrollar sus actividades frena la
participación y genera en los dirigentes un sen-
timiento de fracaso.
» Las organizaciones estudiadas presentan
una aparente vida democrática en su interior: los
dirigentes son en general elegidos por asamblea
de vecinos, pero ellos mismos reconocen que la
elección a veces es una mera formalidad, dada
la apatía de los vecinos a participar y su renuen-
cia a involucrarse. Por ello, los que sí participan
rotan en los distintos cargos ante la ausencia de
listas que confronten por alcanzar el control de
la organización.
» La experiencia de los entrevistados de par-
ticipar en organizaciones vecinales ha reforza-
do en algunos de ellos su visión negativa de la
política y los políticos; la califican como “sucia”
y como un elemento que les quita libertad y au-
tonomía ante la presencia de mecanismos clien-
telares, en especial frente a procesos elecciona-
rios. Incluso desconfían que las organizaciones
vecinales sean utilizadas como trampolín en la
arena electoral.
Algunos líderes vecinales no logran reconocer la
asociación entre participación y los mecanismos de
consulta, control y co-decisión. Descreen de la posi-
bilidad que los vecinos puedan ejercer alguna forma
de control a sus representantes en el municipio, ni
que con la participación sea posible el necesario con-
trol ciudadano. Hay una percepción de la inviabili-
dad de la rendición de cuentas, quedando el ejercicio
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ARTÍCULOS LIBRES
de la democracia sólo circunscripta, desde la visión
de los entrevistados, a la elección de los gobernantes.
Si bien algunas demandas de las comunidades
han cristalizado en proyectos y planes del gobier-
no municipal, no se ha detectado la presencia de
un grado de incidencia ciudadana en la ejecución y
monitoreo de esas políticas públicas en el Municipio
Capitalino. Sólo se han gestionado acciones para que
los vecinos hagan conocer sus preferencias. Por ello
hay escasa visualización del papel de la participación
ciudadana en los procesos de control y co-gestión da
cuenta de una cierta debilidad en la construcción
real de ciudadanía. Hay ausencia de solicitudes para
utilizar un mecanismo disponible como es la Banca
del vecino dentro del Concejo Deliberante.
Respecto a la opinión que las Organizaciones
Vecinales tienen sobre las políticas públicas munici-
pales que las afectan y cómo visualizan su participa-
ción en ellas, hay variadas voces al respecto:
Hay organizaciones vecinales que están au-
to-constituidas con un alto nivel de autonomía frente
al municipio de la Capital, y ello favorece su partici-
pación en la toma de decisiones, fortaleciendo la in-
luencia en la planificación que realiza el municipio
para la comunidad. Otras organizaciones más débiles
(en especial las de comunidades con niveles socio-eco-
nómicos más bajos y con menor autonomía en sus
recursos) presentan dificultades para desempeñar
el papel de interlocutoras ante las autoridades, soca-
vando así su capacidad para inluir en las agendas
gubernamentales y construir efectivamente ciudada-
nía. Hay cuestiones relacionadas con la comunidad y
cuestiones relacionadas con el municipio que también
han entorpecido la participación en la última década:
» Sobre las primeras, se destacan cuestiones
personales (enfermedades, falta de tiempo, con-
lictos personales, etc.) e idiosincrasia del san-
juanino (apatía, comodidad, desconfianza, etc.),
sumado a experiencias fallidas de anteriores co-
misiones directivas. Otro aspecto es la falta de
credibilidad en los políticos y funcionarios. Ello
resulta de la combinación de dos cuestiones: la
mala imagen de la política y la falta de cumpli-
miento de promesas realizadas, sobre todo en
época de campañas electorales.
» Sobre las segundas, los dirigentes vecinales
tienen la visión que las uniones vecinales son un
tema marginal en la agenda gubernamental. Se
perciben dificultades en el aparato administra-
tivo para alcanzar la máxima eficiencia en el uso
de recursos destinados a atender las demandas
de la comunidad, producto de cierta descoor-
dinación entre áreas. Ello se constituye en una
debilidad.
Por lo expuesto se puede afirmar que la hipótesis que
planteaba que Un factor que entorpece la ampliación de la
participación de las Uniones Vecinales en el Municipio de la
Ciudad de San Juan es la falta de mecanismos y estructuras
que no existen en la actualidad no se corroboró. Se ha mos-
trado que el municipio capitalino contó con mecanismos
y una estructura administrativa para promover la parti-
cipación ciudadana, si bien lo logró con algunas limita-
ciones y más orientado a una participación comunitaria
antes que comprometida con la disputa política por el
espacio público a nivel local.
La hipótesis que planteaba que  mayor participación ciu-
dadana en el municipio Capital mayor número de polticas
representativas dirigidas a mejorar la calidad de vida de los
vecinos se comprobó. Si bien cabe aclarar que no hubo
un mecanismo que incorporara la voz de las organizacio-
nes vecinales en la formulación de planes y proyectos del
municipio destinado al bienestar de las comunidades de
modo vinculante, efectivamente la participación de las
organizaciones vecinales y la llegada por distintas vías
de sus demandas, sumado a las acciones del mismo go-
bierno local para acercarse a los vecinos y sus demandas,
estuvo en la base de los Planes y Proyectos realizados en
el periodo estudiado. No hay, pese a los institutos crea-
dos para ello, reclamo de control ciudadano de dichas
políticas, que asegure transparencia, calidad, respuesta
al ciudadano y generación de nuevos espacios e instan-
cias participativas.
Finalmente, las conclusiones arribadas permiten coin-
cidir con la opinión de Cabrero (1996) respecto al valor
de las organizaciones sociales en las sociedades actua-
les: expresan la irrupción de los ciudadanos al espacio
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51Rossomando | Mujeres y espacio público. Enfoque epistémico metodológico de la investigación
ARTÍCULOS LIBRES
público por medio de la participación, con el propósito
de demandar al Estado por sus necesidades aún no sa-
tisfechas. Así, las organizaciones vecinales interpelan en
especial a los gobiernos locales, como el Municipio de la
Ciudad de San Juan, para ser considerados un eslabón de
la cadena gubernamental, en tanto sus reclamos se con-
vierten en base de la política que formula el municipio
destinada a la comunidad en su territorio.
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