Revista del Gabinete de Estudios e
Investigaciones en Sociología -GEIS-
Departamento
De Sociologí a
TRAMAS SOCIALES | REVISTA DEL GABINETE DE ESTUDIOS E IN-
VESTIGACIONES EN SOCIOLOGÍA (GEIS)
ISSN: 2683-8095
Nº 02 | Año 02 | Diciembre 2020
Publicación Internacional de Ciencias Sociales de periodicidad
anual
Gabinete de Estudios e Investigaciones en Sociología (GEIS)
Director
Lic. José María Carelli, Universidad Nacional de San Juan
(UNSJ), Argentina
Coordinación general
Mg. Victoria Galoviche, Universidad Nacional de San Juan
(UNSJ), Consejo Nacional de Investigaciones Cientícas y
Técnicas (CONCET), Argentina
Av. Ignacio de la Roza 590 (oeste), Complejo Universitario
“Islas Malvinas” (CUIM) Rivadavia, San Juan, Argentina
Teléfonos +54 - 0264 - 4231949/ 0314 /2516 - Interno 2028
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tramassociales/issue/view/tramassociales2019
“Tramas Sociales” Revista del Gabinete de Estudios e
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logía (GEIS)
COMITÉ ACADÉMICO
Externo
Dra. Tania Aillón. UMSS. Bolivia
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Dr. Sebastián Benítez Larghi. UNLP. Argentina
Dra. Josena Brown. UBA-CONICET. Argentina
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Dra. Agustina Diez. UNCuyo. Argentina
Dr. Luis Donatello. UNL. Argentina
Dr. Matías Giletta. UNVM. Argentina
Dr. Hugo Lewin. UBA. Argentina
Dr. Juan Jesús Morales Martín. UNCuyo. Argentina. UCM,
España
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Dra. Silvia María Servetto. UNC. Argentina
Dra. María Emilia Tijoux. UChile. Chile
Mg. Romina Andrea Cordero. UNSE. Argentina
Interno
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Dr. Roberto Dacuña. UNSJ. Argentina
Dra. Mabel Guevara. UNSJ. Argentina
Dra. Alicia Naveda. UNSJ. Argentina
Mg. Laura Ávila. UNSJ. Argentina
Mg. Clara De la Vega. UNSJ. Argentina
Mg. Griselda Henríquez. UNSJ. Argentina
Mg. Gabriela Lirussi. UNSJ. Argentina
Mg. Javier Marsiglia. UNSJ. Argentina
Mg. Sonia Vega. UNSJ. Argentina
Mg. Sara Mabel Valenzuela
COMITÉ EDITORIAL
Dirección
Lic. José María Carelli, UNSJ, Argentina
Coordinación General
Mg. Victoria Galoviche, UNSJ-CONICET, Argentina
Equipo editorial
Dr. Victor Algañaraz, UNSJ-CONICET, Argentina
Dr. Francisco Nicolás Favieri, UNSJ-CONICET, Argentina
Mg. María Luisa Gragna, UNSJ, Argentina
Esp. Franco Montaño, UNSJ. Argentina
Lic. Andrea Climent, UNSJ-CONICET, Argentina
Estudiante Lisandro Nahuel Cárdenas, UNSJ, Argentina
Estudiante Mariano Padín, UNSJ, Argentina
Diseño Isologos
DG. Celina Bustos
Diseño Editorial
Editorial Universidad Nacional de San Juan
Traductora (Portugés)
Lic. Carolina Atencia
Traductores (Inglés)
Prof. María José Marcovechio
Prof. Sandra Belelli
ESPACIO EDITORIAL
Lic. Carelli, José María. Director de la Revista.
ARTÍCULOS LIBRES
Conitos socioeconômicos na cidade brasileira:
Pelotas/rs, entre o crescimento e o direito à mo-
radia.
Autores: Lic. Scarano, Renan Costa Valle; Lic.
Medeiros Kruger, Nino Rafael; Dra. Jaques Ribei-
ro, Cristine.
Circulación y acumulación de capital cientí-
co en la Universidad Nacional de San Juan. Los
casos del Instituto de Automática y el Departa-
mento de Electrónica y Automática (1939-2015).
Autor: Dr. Castillo, Gonzalo Miguel.
Prácticas estudiantiles para la construcción de
conocimiento académico. Perspectiva de los es-
tudiantes de la FACSO, UNSJ, Argentina.
Autoras: Dra. Guevara, Mabel; Esp. Figueroa,
Rosa; Esp. Olivera Rubia, Ma. Eugenia
La Gestión Integral de Residuos desde la Eco-
nomía Circular. El Parque Industrial Tecnológico
Ambiental Regional (PITAR) en la Provincia de
San Juan.
Autoras: Lic. Madueño Lahoz, Estela y Lic. Gam-
boa Cortez, Valeria Elizabeth.
ÍNDICE
Las protestas sociales por el “Doble crimen de
La Dársena”.
Autor: Lic. Carabajal, José Daniel
ARTÍCULOS JÓVENES
El sistema penal de la niñez y adolescencia en
San Juan.
Autora: Lic. Guzmán, María Florencia
¿Continuidades o rupturas entre la dictadura
y la democracia argentinas? Una mirada
histórico-sociológica sobre la crisis estructural
y el sistema de dominación en el periodo 1976-
1989.
Autor: Estudiante Kalierof, Ilán
La autogestión obrera en Argentina como
alternativa a la crisis capitalista. Experiencias
e historias de ‘Empresas Recuperadas por sus
Trabajadores’ en San Juan.
Autora: Lic. Prado, Flavia Cecilia
Algunas consideraciones teóricas sobre la
aplicación de la “teoría campesina” en el
análisis interpretativo historiográco sobre la
conformación social del espacio rioplatense
tardo-colonial.
Autora: Lic. Rossomando, María Pía
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DOCUMENTO DE CÁTEDRA
Introducción al conguracionismo latinoamericano.
Autor: Dr. Favieri, Francisco
ENTREVISTA
Entrevista a Lic. Sandra Lambiase
RESEÑA DE LIBRO
“Salud Feminista. Soberanía de los cuerpos, poder y
organización” de Dora Barrancos, Sabrina Balaña,
Agostina Finielli y otros/as. Autora de la Reseña:
Mg. Galoviche, Victoria
RESEÑA DE TESIS
“Itinerarios de militancia política partidaria juvenil
en la Provincia de San Juan”. Tesista: Orellano,
Verónica.
Autora de la Reseña: Mg. Vega, Sonia.
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Una propuesta cienca, académica
y democráca (a la vez)
ESPACIO EDITORIAL
Lic. Carelli, José María.
Director de la Revista.
Director del Departamento de Sociología
Una de las características sobresalientes de la dinámica
de la relación social de las últimas décadas es la
extraordinaria información que circula en los diferentes
medios y plataformas. Puntuales textos de la década de
los 90` del siglo pasado ya aseguraban que éramos parte
de la “sociedad de la información”.
Paralelamente a la expansión y la nueva mega
dimensión de datos e información emerge una profunda
segmentación comunicativa. A mediados de la misma
década de 1990, uno de los periódicos informativos de
mayor inuencia a nivel mundial (The New York Times)
efectivizaba una tirada en papel cuatro veces menor
al diario de mayor circulación de Argentina (Clarín).
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Carelli
La variable diferencial, evidentemente, no estaba en
la cantidad sino en la capacidad de inuencia de los
lectores en cada caso.
El campo cientíco y académico en ningún caso es
ajeno al fenómeno. La dinámica nos muestra que
se producen marcados ascensos en la cantidad de
publicaciones, así como cada vez resultan mayores las
demandas a partir de las necesidades de producción y
certicación cientíca. Los mecanismos de certicación
de publicaciones establecen reconocimientos, que
en denitiva, posicionan la propuesta comunicativa
en un mapa según diferentes variables formales e
institucionalizadas.
Cantidad, circulación segmentada y un campo
académico ensimismado en esquemas internos que
funcionan más como
“efectos de certicación” que como
una correcta apertura y socialización del conocimiento.
Lo anterior parece ser el ejercicio innegable de una
mayoría que, paradójicamente, debería ampliar los
horizontes de conocimientos y saberes.
Lo expuesto no es más que un estado de situación que
no solo debemos plantearlo, es urgente desaarlo,
reexionar críticamente sobre el mismo al tiempo que
nos sentimos obligados de proponer alternativas.
En instancias de publicar el segundo número de Tramas
Sociales, y ya con la convocatoria abierta de la tercera
propuesta, es momento de recapacitar sobre el propio
ejercicio comunicativo. La publicación del Gabinete
de Estudios e Investigaciones en Sociología (GEIS)
dependiente del Departamento de Sociología de la
FaCSo
– UNSJ, no debe renunciar a su nota de identidad
y razón de existencia: comunicar para democratizar
conocimientos y saberes.
En la dirección propuesta, Tramas Sociales se dene
como una publicación cientíca, académica y
democrática. En relación al primer término (cientíco),
la diagramación editorial dene un espacio especíco
para investigadorxs nacionales y extranjeros
mediante la sección
“Artículos Libres”. Cinco trabajos
podrían inscribirse en el apartado de corte más
tradicional en relación al campo cientíco. Esto no
signica malinterpretar la propuesta, la generación
y comunicación de conocimiento cientíco es una
instancia válida y central de la actividad que deseamos
estimular, pero no la única.
Hablar de apertura implica la posibilidad de dar inicio,
y es exactamente lo que buscamos mediante la sección
“Artículos Jóvenes”. Cuatro títulos cuyos autores
son jóvenes investigadores que enfocan diferentes
temáticas. La mínima inmersión en ellos nos muestra
la multiplicidad de propuestas, desde sociología jurídica
(Guzmán) o teoría campesina (Rossomando) a los
proceso de autogestión obrera (Prado) y sistemas de
dominación política (Kalierof). Probablemente esta
sección signique una de las más genuinas expresiones
que nos proponemos, dar lugar a nuevas expresiones
en un campo altamente jerarquizado es una manera de
comenzar la ruptura.
Hacemos referencia al término academia en la dirección
del ejercicio cotidiano que justica y da sentido a la
institución universitaria, su enseñanza. El documento
de cátedra Introducción al conguracionismo
latinoamericano (Favieri) expresa este aporte. La
institución no sólo debe generar los contenidos, también
las instancias que lo promueven y visibilizan.
La academia encuentra canales genuinos de
comunicación en las expresiones de sus docentes.
En este número reproducimos la entrevista realizada
a la docente Sandra Lambiase, Titular de la Cátedra
Sociología de la Salud (Departamento de Sociología,
FaCSo-UNSJ). La temática empuja con fuerza
demandando interpretaciones que desnaturalicen
los discursos hegemónicos de los medios masivos
de comunicación. El contexto de pandemia que
atravesamos nos marcó la selección de nuestra
entrevistada, y no creemos habernos equivocado
después de su lectura.
Nos resta mencionar los motivos de pensar que podemos
aportar a la democratización de conocimientos y saberes
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Carelli
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con nuestra propuesta. Compartir lo que producimos
y lo que recepcionamos no debe limitarnos a marginar
las valiosas producciones del amplio campo de las
ciencias sociales y humanas. Victoria Galoviche reseña
el libro “Salud feminista. Soberanía de los cuerpos,
poder y organización” (Barrancos, Balaña, Finielli et
al) de editorial Tinta Limón (Buenos Aires). Un trabajo
colaborativo de un grupo de investigadoras que estando
a más de mil kilómetros de nuestro Cuyo, resulta una
producción reexiva en una temática que se destaca
por sus constantes aportes en la decodicación de las
señales corporales que atraviesa el género femenino.
Dejamos para el nal una sección que podría sintetizar
el espíritu de nuestra propuesta editorial. Siendo el
Departamento de Sociología de la UNSJ uno de los
principales reservorios analíticos de la sociología
nacional (posee la serie temporal más amplia de Tesis de
Grado del país), ”Reseña de Tesis” reúne las evaluaciones
de lxs directores/tutores de las Tesis que ellxs mismos
dirigen. Estos trabajos son un producto que, podría
pensarse, reúnen los tres ejes que titulan este texto y
que buscamos incentivar. Siendo un producción con
rigor y lógica cientíca (debe ser considerado en esa
línea) es paralelamente un producto de un/a estudiante
que se gradúa, es decir, emerge desde una perspectiva
académica. La que resta, democrática, no resulta
complejo encontrarla al darle un espacio especíco
a uno de los pilares de de nuestro Departamento:
nuestrxs egresadxs. En esta línea, la docente de la
Cátedra Sociología Política (Depto. Sociología, FaCSo-
UNSJ) Sonia Vega reseña la Tesis de Verónica Orellana
“Itinerarios de militancia política partidaria juvenil en la
Provincia de San Juan”, exponiendo de manera concreta
y lúcida los itinerarios juveniles en San Juan en el periodo
2008 – 2015.
La existencia y permanencia de esta publicación nos
invita a pensar la capacidad y potencia que contiene
la propia institución universitaria. Sin la existencia de
cargo alguno especíco para este proyecto, se logran
articular las distintas instancias existentes de nuestra
universidad, ajustar la propuesta en modo reexivo es
nuestra contribución.
Así, reconocer es una forma de valorar y rearmar
compromisos. En nombre del grupo editorial de la
Revista y de quien rma, que solo lo hace evidente,
agradecemos la colaboración del grupo humano
de la Editorial UNSJ por los diferentes aportes, en
particular a Sonia Lainez por su detallado compromiso y
traducción gráca de nuestra propuesta. Sin los apoyos
mencionados sería imposible la publicación.
Agradecer también a la totalidad del equipo editorial
de Tramas Sociales que suman alrededor de diez
agentes entre docentes/investgadorxs y estudiantes;
a lxs responsables del GEIS y a la totalidad de los
comprometidos aportes que permiten materializar
nuestra propuesta.
Esta editorial posiblemente olvide y sea injusta en la
extensión de los agradecimientos y exhaustividad de
los contenidos, esperamos que la coherencia se aprecie
entre nuestros objetivos y lo que logramos concretar en
cada número. Como se desprende por su peso, nuestro
objetivo es propio de una Departamento académico de
una universidad pública y gratuita que tiene como deber
incentivar la reexión, la ruptura y la socialización de
conocimientos y saberes.
Lo expresado es tan nuestro como la idea de exponer la
necesidad de romper con conguraciones que cierren,
con esta premisa la búsqueda siempre implica apertura
y democratización. En esa senda caminamos.
José Carelli
Director Editorial
ARTÍCULOS LIBRES
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Scarano, Medeiros Kruger, Jaques Ribeiro
Resumo
O objetivo do texto visa analisar a produção do espaço
urbano no cenário do sistema capitalista a partir da re-
lação Estado-Mercado; e para tal, se propõe analisar
o caso de Pelotas, cidade de porte médio, localizada
no Estado do Rio Grande do Sul, Brasil, que, diante da
efetivação do programa Minha Casa, Minha Vida, pre-
senciou uma reconguração de seu espaço urbano. A
metodologia utilizada para a realização desse texto
procurou fazer uma abordagem qualitativa, explorató-
ria e bibliográca. Esse texto justica-se pela tentativa
de interpelar a produção do espaço urbano no cenário
capitalista, onde o Estado e o mercado aparecem como
os principais articuladores da produção do espaço urba-
CONFLITOS SOCIOECONÔMICOS NA CIDADE BRASILEIRA:
PELOTAS / RS, ENTRE O CRESCIMENTO E O DIREITO À MORADIA
Scarano, Renan Costa Valle
1
Medeiros Kruger, Nino Rafael
2
Jaques Ribeiro , Cristine
3
Recepción: 02/11/2019 | Aceptación:09/05/2020
1. Estudiante de Doctorado del Programa de Posgrado
de Política Social y Derechos Humanos de la Universidad
Católica de Pelotas (RS/Brasil); Miembro del Grupo
Observatorio de Conflictos de la Ciudad de la Universidad
Católica de Pelotas (RS/Brasil). Endereço. Correo eletrónico:
renancostavalle@gmail.com
2. Estudiante de Doctorado del Programa de Posgrado
de Política Social y Derechos Humanos de la Universidad
Católica de Pelotas (RS/Brasil); Miembro del Grupo
Observatorio de Conflictos de la Ciudad (RS/Pelotas).
Correo electrónico: contatorafaelkruger@gmail.com
3. Profesora Adjunta de la Universidad Católica de Pelotas
(RS/Brasil); Doctora en Servicio Social por la Pontificia
Universidad Católica de Rio Grande del Sur (RS/Brasil)
(2007). Correo electrónico: cristinejrib@gmail.com
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Scarano, Medeiros Kruger, Jaques Ribeiro
no. Diante desse cenário, o Direito à Moradia, previsto
na Constituição Federal de 1988, ca à mercê da grande
parte da população.
Palavras-chave:
Estado - Direito à moradia - Mercado.
CONFLICTOS SOCIOECONÓMICOS EN LA CIUDAD
BRASILERA: PELOTAS / RS, ENTRE CRECIMIENTO
Y DERECHO A LA VIVIENDA.
Resumen
El propósito del texto es analizar la producción del
espacio urbano en el escenario del sistema capitalista
basado en la relación Estado-Mercado; y para eso, se
propone un análisis de la ciudad de Pelotas, ubicada en
el Estado del Rio Grande del Sur, Brasil, que en medio
de la efectuación del programa Minha Casa, Minha Vida,
presenció una reconguración de su espacio urbano. La
metodología que se utilizó para realizar este trabajo fue
la exploratoria y bibliográca. Este trabajo se justica
por la tentativa de interpelar la producción del espacio
urbano en el escenario capitalista donde Estado y
Mercado surgen como sus principales articuladores.
En eso, el Derecho a la vivienda, queda aparte de la
población, mientras que, la producción del espacio
urbano se sucede de una manera en que la relación
Estado y Mercado no abarcan el Derecho a la vivienda
que es previsto en la Constitución Federal Brasileira de
1988.
Palabras-clave::
Estado - Derecho a la vivienda - Mercado
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Scarano, Medeiros Kruger, Jaques Ribeiro
Introdução
Tendo em vista que o espaço urbano congrega e
segrega diferentes grupos sociais, as políticas públicas e
os programas lançados pelos governos federais devem
ter como preocupação atender o direito à moradia
previsto na Carta Magna da nação. Na Constituição
Federal Brasileira de 1988, a moradia aparece enquanto
direito social no artigo 6º, juntamente com a educação,
o transporte, a segurança, entre outros. A mesma
constituição, em seu capítulo II, nos artigos 182 e 183,
trata dos objetivos da política urbana, cuja função é
“ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais
da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes”
(Brasil, 2016, p.112). Outro ponto a se destacar, do
ponto de vista jurídico, é o Estatuto da Cidade, criado
pela Lei Federal nº 10.257. Nele, os artigos 182 e 183, da
Constituição Federal, que tratam da política urbana são
regulamentados. Em seu artigo 1º, o Estatuto da Cidade
apresenta-se como o instrumento que estabelece “as
normas de ordem pública e interesse social que regulam
o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo,
da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como
do equilíbrio ambiental” (Brasil, 2008, p. 15). Com o
objetivo de garantir o direito à moradia como um dos
direitos fundamentais da pessoa humana, a m de que
todos os cidadãos possam aceder às oportunidades
que a vida urbana oferece, o Estatuto da Cidade
aparece como um dos grandes marcos constitucionais
estabelecidos pela sociedade civil.
No entanto, se no âmbito jurídico possui-se ferramentas
necessárias para que o direito à moradia e os demais
direitos sociais sejam efetivados, na prática, a produção
do espaço urbano e os programas habitacionais têm
se mostrado com objetivos diferentes. A sociedade
brasileira é marcada por uma desigualdade social
e econômica. Nesse sentido, os direitos têm sido
percebidos como privilégios, aos quais poucos grupos
têm acesso.
A realidade urbana brasileira apresenta um cenário
desaador do ponto de vista da infraestrutura das
cidades e do ponto de vista habitacional, tais fatores
reetem a estrutura e a formação da sociedade
brasileira. Tal como sugere Marguti (2018), no Brasil,
por décadas, a trajetória das políticas habitacionais
visou produzir moradias para populações de baixa
renda além de atender às necessidades sociais de tais
populações. No entanto, tais políticas tiveram, ao longo
de seu percurso, mudanças que acabaram desviando
o atendimento para classes de renda média. Assim foi
o caso da política habitacional originada pelo Banco
Nacional de Habitação (BNH), criado em 1964, que tinha
como proposta atender prioritariamente famílias com
renda mensal entre 1 e 3 salários mínimos. Entretanto,
após a reformulação de tal política, tais famílias tiveram
os investimentos na área da habitação alterados
pela política. Após o término do período ditatorial, a
sociedade civil organizou-se em forma de movimentos
sociais, sindicatos, universidades e entidades
prossionais com o intuito de reivindicar políticas para
área da habitação, o que ocasionou o Movimento pela
Reforma Urbana.
As conquistas jurídicas, destacadas no texto acima,
fazem parte do período de redemocratização do país
que ocasionou a Constituição Federal do ano de 1988.
No entanto, os anos 1990 foram marcados pela agenda
neoliberal em diversos países latino-americanos. Nessa
situação, o Brasil não construiu nenhuma política
habitacional centralizada, ao contrário, a questão
habitacional teve como resposta as estratégias
encontradas por municípios e Estados. Somente a partir
de 2003 que a política habitacional voltou a ser uma
questão do Estado, através da sanção do Estatuto da
Cidade, Lei nº 10.257/2001 e da criação do Ministério
das Cidades (Marguti, 2018), encarregado de formular
a política urbana em nível nacional e fornecer o apoio
técnico e nanceiro a governos locais (ROLNIK, 2015).
Em 2004, foi lançado o Plano Nacional de Habitação
que, já em sua apresentação, ressaltava o objetivo de
“assegurar o acesso à moradia digna, à terra urbanizada,
à água potável, ao ambiente saudável e à mobilidade
com segurança” (Brasil, 2004, p.3). No entanto, aponta
Marguti (2018), o setor empresarial da sociedade
brasileira, atingido pela crise hipotecária ocorrida
nos Estados Unidos em 2008, propôs ao Ministério da
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Scarano, Medeiros Kruger, Jaques Ribeiro
Fazenda uma solução habitacional. Nesse contexto,
no ano de 2009, surgia o Programa Minha Casa, Minha
Vida (PMCMV), com a meta de construir um milhão
de moradias e inclusão de uma faixa de atendimento
totalmente subsidiada pelo Estado brasileiro por fora
do crédito hipotecário (Rolnik, 2015). Tal programa
habitacional foi incorporado ao Plano Nacional de
Habitação no ano 2009 cujo objetivo era enfrentar o
décit habitacional com a construção de habitações.
Nesse contexto, o artigo busca analisar a produção do
espaço urbano no cenário capitalista a partir da relação
Estado-Mercado. O campo de análise dessa proposta
é o território brasileiro, e para isso leva-se em conta a
formação e organização de seu espaço urbano. Dentro
dessa proposta analisa-se o caso de Pelotas, cidade de
porte médio, localizada no estado do Rio Grande do Sul,
Brasil, que, diante da efetivação do programa Minha
casa, minha vida, presenciou uma reconguração de
seu espaço urbano.
Procurou-se fazer uma abordagem qualitativa do tema
com pesquisa exploratória e bibliográca. A escolha dos
referenciais teóricos se deu mediante uma pesquisa
sobre o tema, através da qual se encontraram os autores
que são referências sobre o tema, tais como: Milton
Santos, Ermínia Maricato, Raquel Rolnik e Carlos Vainer,
além de outros. Também se procuraram referências em
leis e documentos ociais como o Estatuto da Cidade, o
Plano Nacional de Habitação e leis federais que tratam
da questão urbana e habitacional.
O texto está organizado da seguinte forma: na primeira
parte aborda-se a formação e desenvolvimento da
urbanização no Brasil, as formas de planejamento
urbano que mais dominam o campo e apontamentos
sobre a política do BNH nos anos 1960 e 1970;
num segundo momento, dá-se destaque para a
reconguração do cenário capitalista neoliberal e o
novo sentido que será dado sobre a cidade, vista, agora,
sob o viés de mercadoria. Nesse sentido, parece que o
o condutor que rege as regras de como a cidade deve
ser organizada é o mercado. Para isso, analisa-se o
caso de Pelotas, cidade de porte médio, localizada no
estado do Rio Grande do Sul e que possui um décit
populacional 5% superior em relação à média nacional
(FJP, 2013). A cidade de Pelotas recongurou-se com o
programa Minha Casa Minha Vida e, nesse processo, o
campo econômico, via setor imobiliário e construção
civil, atuou em conjunto com o poder público local a
m de recongurar a cidade via programa nacional
de habitação. Nesse sentido, argumenta-se que o
caso da cidade de Pelotas reete a maneira como o
espaço urbano tem sido produzido num horizonte
onde prevalecem políticas que seguem a perspectiva
neoliberal.
A urbanização no Brasil e as ações do Estado
nos anos 1960 e 1970
De acordo com Rolnik (2006), por cerca de 40 anos, isto
é, entre 1940 e 1980, o Brasil teve um dos movimentos
sócio territoriais mais rápidos e intensos, passando de
uma população rural para majoritariamente urbana.
Tal processo de transformação da sociedade brasileira
produziu uma urbanização predatória e desigual. De
acordo com a autora, tal movimento foi impulsionado
pela migração de um vasto contingente de pobres, que
“ocorreu sob a égide de um modelo de desenvolvimento
urbano que basicamente privou as faixas de menor
renda da população de condições básicas de
urbanidade, ou de inserção efetiva na cidade” (Rolnik,
2006, p.199). Dessa forma a autora caracteriza a forma
de urbanização ocorrido no país como excludente e
centralizadora, pois “60% da população urbana mora
em 224 municípios com mais de 100 mil habitantes, dos
quais 94 pertencem a aglomerados urbanos e regiões
metropolitanas com mais de um milhão de habitantes”
(Rolnik, 2006, p.199). Esse modelo de urbanização
que é encontrado na realidade das cidades brasileiras
revela sérios problemas de ordem territorial, social e
ambiental, que são agravadas pela grande desigualdade
socioeconômica presente nas cidades (MARICATO,
2003).
De acordo com Santos (1993), a urbanização
brasileira tornou-se generalizada durante o século
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Scarano, Medeiros Kruger, Jaques Ribeiro
XX. O crescimento econômico ocorrido nas grandes
cidades brasileiras nesse período signicou também
a identicação da grande cidade como um polo da
pobreza. “A grande cidade se torna o lugar de todos
os capitais e de todos os trabalhos, isto é, o teatro de
numerosas atividades ‘marginais’ do ponto de vista
tecnológico, organizacional, nanceiro, previdenciário
e scal” (SANTOS, 1993, p.10). Para Santos (1993, p.10),
a cidade tornou-se a criadora de pobreza, “tanto pelo
modelo socioeconômico de que é suporte como por sua
estrutura física, que faz dos habitantes das periferias (e
dos cortiços) pessoas ainda mais pobres”. Portanto a
pobreza é destacada pelo autor não apenas em relação
ao aspecto socioeconômico, mas também em relação
ao modelo espacial.
Entre os fatores que agravaram a questão social
nas grandes cidades brasileiras, está o aumento da
população urbana. De acordo com Maricato (2003), até o
nal do século XIX, mais exatamente 1890, a população
urbana do Brasil compreendia entre 6,8 e 10%. Entre as
décadas de 1960 e 1980, ocorreu um acréscimo de mais
de 20% na população que passou a habitar nos centros
urbanos. Isso signica que aproximadamente 50 milhões
de pessoas passaram a viver no território urbano, o que
provocou o agravamento da questão urbana (Maricato,
2003).
Já Arantes (2000) arma que as cidades modernas
sempre estiveram associadas à divisão social do trabalho
e à acumulação capitalista. Assim, desigualdades
sociais e econômicas fazem parte da gênese do modo
de produção capitalista, pois nem todos têm poder de
acesso à riqueza produzida numa sociedade. Nesse
sentido, a autora aborda a questão das cidades a partir
do viés de Henry Lefebvre, que defende que há uma
relação direta entre a conguração espacial urbana e
a produção ou reprodução do capital. Desse modo, as
cidades não podem ser analisadas como algo externo
ao modelo de produção capitalista, mas devem ser
percebidas como partes de um todo que se reproduz na
cidade. Podemos dizer também que a cidade presencia
um fenômeno de segregação da população.
Já Rolnik (1995) sugere que para além dos aspectos
colocados acima, a realidade brasileira possui uma
peculiaridade em relação à realidade dos países
capitalistas centrais. No Brasil, o desenvolvimento
urbano mostra-se segregador, e esse fator deve-se
à escravidão e às consequências sociais dela, além
também da expansão do trabalho livre no século XIX
(Rolnik, 1995). Nesse contexto, argumenta a autora, o
trabalhador paga seu sustento, seu teto e sua comida.
O trabalhador é limitado a viver onde pode, ou seja,
não tem a liberdade de escolher onde quer viver,
pois não possui o poder de compra. Já o proprietário
possui a liberdade de escolher onde deseja viver. “Isto
acontece porque se quebra um vínculo e porque cada
qual comprará no mercado imobiliário a localização que
for possível com a quantidade de moeda que possuir”
(Rolnik, 1995, p.48). No entender de Rolnik (1995, p.52),
“quem tem dinheiro se apodera de amplos setores
da cidade, quem não tem precisa dividir um espaço
pequeno com muitos”. Dessa forma, podemos concluir
que o próprio espaço urbano aparece como mercadoria
cujo preço é estabelecido em função dos atributos físicos
(tais como declividade de um terreno ou qualidade de
uma construção) e locacionais (acessibilidade a centros
de serviços ou negócios e/ou proximidade a áreas
valorizadas da cidade) (Rolnik, 1995, p. 63).
Portanto, a valorização ou desvalorização de uma
região depende do investimento público ou privado
naquele espaço, onde as grandes obras públicas
redesenham a cidade para o capital imobiliário (Rolnik,
1995). Assim, a produção do espaço urbano acontece de
forma desigual, onde algumas pessoas, ao possuírem
poder aquisitivo, acessam à cidade com todas suas
riquezas, enquanto que grande parte da população não
consegue ter o mesmo acesso à cidade. Do ponto de
vista populacional, deve ser considerado que a imensa
maioria da população brasileira encontra-se na base da
pirâmide social, cuja ren da salarial está nas menores
faixas, e é possível concluir que esse contingente está
fadado a habitar os setores onde o valor da terra urbana
condiz com seu poder aquisitivo (BATTAUS; OLIVEIRA,
2016, p. 86).
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Com isso, os grupos sociais com menor renda instalam-
se em regiões mais baratas e carecem dos bens
necessários para viver, desfrutando apenas de uma
qualidade mínima de vida urbana (Battaus; Oliveira,
2016). Historicamente a produção do espaço urbano tem
se dado nessa perspectiva. O Estado tem se mostrado
o agente principal que visa a garantia de direitos e o
articulador primordial da produção do espaço urbano,
sendo o agente facilitador para que o campo econômico
atue livremente na produção do espaço urbano.
O momento de formação da população urbana no
Brasil correspondeu ao período em que se desenvolveu
nos países centrais do mundo capitalista a matriz
de planejamento urbano modernista (Maricato,
2000). O planejamento modernista, de acordo com
Maricato (2000), possui raízes no Iluminismo e ganhou
especicidades durante os anos do Estado de Bem-
estar social (Welfare State), período que compreende os
anos de 1974 a 1975.
Nesse contexto, o Estado combinava o controle legal
sobre o trabalho através de políticas que garantissem
e assegurassem uma elevação do padrão de vida. Tal
momento cou marcado pelo crescimento econômico
acompanhado por uma signicativa distribuição de
renda e de um maciço investimento em políticas sociais
(Maricato, 2000). Para assegurar o equilíbrio econômico
e social e um mercado de massas, o Estado, sob inuência
keynesiana e fordista, consistia na gura central do
desenvolvimento. Nesse viés, o Estado possuía o papel
de portador da racionalidade, que evitaria as disfunções
do mercado, como o desemprego (regulamentando
o trabalho, promovendo políticas sociais), bem como
asseguraria o desenvolvimento econômico e social
(com incentivos, subsídios, produção da infra-estrutura,
regulando preços, produzindo diretamente insumos
básicos para a produção, etc.) (Maricato, 2000, p. 126).
No Brasil, nos anos 1970, sob a égide do Estado
interventor, durante o regime militar, “o planejamento
urbano conheceu seu período de maior desenvolvimento
que se inicia com a elaboração da PNDU – Política
Nacional de Desenvolvimento Urbano, integrante do II
PND – Plano Nacional de Desenvolvimento, de 1973”.
(Maricato, 2000, p. 127). Mas, já nos anos 1960, o Estado
brasileiro já atuava a m de produzir o espaço urbano.
O Banco Nacional da Habitação (BNH), criado pela Lei
nº 4.380 do 21 de agosto de 1964, tinha por missão
“promover a construção e a aquisição da casa própria,
especialmente pelas classes de menor renda” (Bola,
1982, p.50). Assim, o Estado aparecia como o sujeito
protagonista e responsável pela promoção da habitação
popular, problema fundamental, eleito pelo Estado
brasileiro, nos anos 1960, para o desenvolvimento
social do país (Bola, 1982). A partir de então a política
habitacional era coordenada e assumida pelo Estado
como um problema nacional.
Entre as características da produção habitacional
promovida pelo BNH, Marguti (2018, p.120) aponta
para a localização dos empreendimentos, “em geral
implementados nas periferias das grandes cidades,
distantes da infraestrutura urbana implantada,
reforçando a desigualdade social por meio da exclusão
territorial e do cerceamento do direito à cidade”. Tal
fator solidica o aspecto identicado por Rolnik (1995)
de que a sociedade brasileira produz a exclusão.
Ainda nesse período, a questão da moradia foi vista
pelo regime ditatorial através do conceito de décit
habitacional. Bola (1982, p.53) defende que o problema
da habitação popular foi selecionado “como uma das
prioridades básicas sobre as quais devia concentrar-
se o esforço econômico da nação, a partir do conceito
de ‘décit habitacional’”. Ou seja, através de políticas
públicas como o BNH, nanciavam-se e produziam-se
moradias a m de acabar com o décit habitacional.
No entanto, analisa o autor, de acordo com o relatório
anual do BNH, no ano de 1971 “os recursos utilizados pelo
Sistema Financeiro da Habitação só foram sucientes
para atender ao 24% da demanda populacional
(urbana)” (Bola, 1982, p.53). Ou seja, seis anos após
a criação do BNH, sua contribuição para acabar ou
diminuir com o décit habitacional foi insuciente,
pois sua atuação acabou aumentando o décit no 76%.
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(Bola, 1982). O autor ao criticar o BNH aponta que a
constituição real do Banco não visava o problema do
décit habitacional realmente, mas a orientação que
inspirou todas as operações do BNH foi a de transmitir
todas as suas funções para a iniciativa privada. O banco
limita-se a arrecadar os recursos nanceiros para em
seguida transferi-los a uma variedade de agentes
privados intermediários (Bola, 1982, p.53).
A atuação do Estado para beneciar as empresas
privadas, e não o problema habitacional, exigia que
as prefeituras fossem coagidas a elaborar planos
urbanísticos para os seus municípios. Além disso, só
podiam se qualicar para a obtenção de empréstimos
junto ao Serviço Federal de Habitação e Urbanismo,
“se a elaboração dos referidos planos fosse conada à
empresas privadas” (Bola, 1982, p.54).
Diante do cenário apontado, a questão urbana que
se manifesta na falta de saneamento básico, no
crescimento desordenado das cidades, no surgimento
de periferias nas grandes cidades, não foi atendida
pela política de habitação do BNH. Ou seja, o direito à
cidade não foi o horizonte pretendido pela política de
habitação protagonizada pelo Estado. Nesse sentido, as
cidades brasileiras, de um modo geral, não é um espaço
produzido para toda a população. Há nelas, segregações
que mostram que a cidade não é um espaço para todos.
Para Maricato (2000, p.147), “não é por falta de planos e
nem de legislação urbanística que as cidades brasileiras
crescem de modo predatório”. A autora defende
também que a ocupação ilegal da terra urbana, que
acontece no Brasil, não somente é permitida, como
também faz parte do modelo de desenvolvimento
urbano brasileiro.
Um abundante aparato regulatório normatiza a
produção do espaço urbano no Brasil – rigorosas leis de
zoneamento, exigente legislação de parcelamento do
solo, detalhados códigos de edicações são formulados
por corporações prossionais que desconsideram a
condição de ilegalidade em que vive grande parte da
população urbana brasileira em relação à moradia e à
ocupação da terra, demonstrando que a exclusão social
passa pela lógica da aplicação discriminatória da lei
(Maricato, 2000, p.147).
No entanto, a nova fase do capitalismo estende a
dinâmica da mercadoria para todas as relações sociais.
Assim, entende-se que tudo possui um preço, ou seja,
tudo que pode ser vendido e comprado é valorado
nessa nova fase do capitalismo. Essa dinâmica possui
sua velocidade aumentada na sociedade neoliberal.
Isso quer dizer que os direitos também passam a ser
questionados. Se na sociedade do bem-estar social
todos tinham seus direitos garantidos pelo Estado, tal
como o direito à cidade, com a atuação do Mercado
como o principal ator articulador da vida social, os
direitos deixam de ser a garantia para todo cidadão
para se tornar um bem passível de compra, ou seja, um
produto. Nessa perspectiva, a cidade também é vista
como um produto que possui consumidores, ou seja,
as cidades passam a ser geridas e consumidas como
mercadorias (Arantes, 2000).
Neoliberalismo e a nova solução para a questão
urbana
De acordo com Dartot e Laval (2016), o neoliberalismo
transformou profundamente o capitalismo e as
sociedades ocidentais. Essa mudança realizada pelo
neoliberalismo não aconteceu somente na política
econômica. Por neoliberalismo deve-se entender
“um sistema normativo que ampliou sua inuência ao
mundo inteiro, estendendo a lógica do capital a todas
as relações sociais e a todas as esferas da vida” (Dardot;
Laval, 2016, p.7).
Martins (2011) destaca que um dos aspectos afetados
pela perspectiva neoliberal foram as relações de
trabalho. Tais relações foram fortemente atacadas pela
lógica neoliberal. Lógica que concebe a intervenção
estatal na regulação das relações de trabalho como um
aspecto negativo que reete um controle excessivo por
parte do Estado, impedindo o crescimento econômico
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e a criação de postos de empregos numa óptica
neoliberal. Nesse sentido os anos 1990 são marcados
na América Latina como um período de ajustes nas
políticas implementadas pelo Estado.
Tais ajustes compreenderam um conjunto de
mudanças nas relações entre Estado, sociedade e
mercado, materializadas em inúmeras medidas de
ajuste econômico e reformas institucionais mediante a
privatização, supressão de direitos sociais e trabalhistas,
redirecionamento do papel do Estado no âmbito das
políticas de proteção social (Martins, 2011, p.22)
Diante de tais mudanças que reconguram o tecido
social e consequentemente afetam a cidade, cabe os
seguintes questionamentos: De que modo a cidade é
produzida numa óptica neoliberal? Como acontece seu
planejamento? De que forma as políticas de habitação
são pensadas? Para quem são pensadas as cidades?
Se nos anos 1970, tal como defende Maricato (2000),
o Estado era o principal interventor na esfera social e
econômica, modelando o planejamento urbano através
do PNDU (Política Nacional de Desenvolvimento
Urbano), integrante do II PND (Plano Nacional de
Desenvolvimento), de maneira que tal modelo
correspondesse ao equilíbrio econômico e social; no
viés neoliberal outras perspectivas são adotadas.
Para Arantes (2000), a iniciativa das empresas no espaço
público parece responder a essa questão a respeito
do modo como hoje é produzido o espaço urbano. A
partir dos anos 1990, defende a autora, as empresas
ampliaram sua ação na produção do espaço urbano.
Durante um longo período, a questão urbana remeteu
seu debate em torno de temas como o crescimento
desordenado, a reprodução da força de trabalho, a
racionalização do uso do solo, enquanto que “a nova
questão urbana teria, agora, como nexo central a
problemática da competividade urbana” (Vainer, 2002,
p.76).
A cidade, nessa perspectiva, é vista como uma
mercadoria que precisa ser vendida. Ela deve voltar-se
para o mercado, ou seja, seguir as exigências de mercado.
Isso signica que as regras do mercado funcionam como
o o condutor para a organização da cidade, bem como
as políticas habitacionais devem pautar-se a partir
da dinâmica do mercado, seja ele global ou nacional.
(VAINER, 2000). Para que esse projeto se concretize
é preciso que exista uma relação íntima entre poder
público e instituições privadas. “A parceria público-
privada assegurará que os sinais e interesses do mercado
estejam adequadamente presentes e representados no
processo de planejamento e de decisão” (Vainer, 2000,
p.87).
Empreendimentos do complexo imobiliário mundial
instalam-se com a intenção de expropriar a cidade e
negar o direito de existir da população desempregada
ou assalariada. (Rolnik, 2015). A nancerização da
terra se expressa nos investimentos do mercado aliado
ao Estado e à sociedade. O planejamento da cidade é
construído a partir de um pensamento único (Vainer,
2000), organizado pelas empresas que objetivam
tornar privado o espaço urbano. Essa lógica constrói
a cidade através de uma gestão que tem a intenção
de comercializar, nanciar e expropriar. Nesse molde,
a cidade aparece como um espaço recortado, onde a
distribuição populacional acontece de acordo com o
poder aquisitivo dos diferentes grupos sociais.
Nesse rumo tomado pelas sociedades capitalistas,
a questão do trabalho assalariado deixou de ser
um elemento chave no desenvolvimento social.
Em contrapartida, o trabalho precário passou a ser
expandido. Como resultado, tem-se uma população
que não depende mais do trabalho para viver, mas
que vive para trabalhar. Cria-se uma classe vulnerável,
que Antunes (1999) denomina de “classe que vive do
trabalho”. Por este termo deve-se entender uma classe
social que é obrigada a buscar alternativas de trabalho
em condições muito adversas quando comparadas
àquelas existentes no período anterior.
A classe-que-vive-do-trabalho, a classe trabalhadora,
hoje inclui a totalidade daqueles que vendem sua
força de trabalho, tendo como núcleo central os
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trabalhadores produtivos (...). Ela não se restringe,
portanto, ao trabalho manual direto, mas incorpora a
totalidade do trabalho social, a totalidade do trabalho
coletivo assalariado (Antunes, 1999, p.102).
No contexto contemporâneo, grande parte da
população é formada pela classe que vive do trabalho.
Trata-se de um grande grupo social que não possui
garantia de renda xa, ou seja, está à mercê de sua
própria sorte. Considera-se que há uma ausência do
Estado no que tange a proteção social de todos os
cidadãos ao deixar o campo livre para a concorrência e
competitividade no campo econômico. Por outro lado,
temos a presença de um Estado policial, que persegue
populações e expulsa grupos de pessoas para locais
marginais das cidades. Assim, o direito à cidade passa
a ser uma quimera, uma promessa distante da realidade
em que vive tal população.
A invasão de terras urbanas no Brasil é parte intrínseca
do processo de urbanização. Ela é gigantesca e não é,
fundamentalmente, fruto da ação da esquerda e nem
de movimentos sociais que pretendem confrontar a
lei. Ela é estrutural e institucionalizada pelo mercado
imobiliário excludente e pela ausência de políticas
sociais (Maricato, 2000, p.152).
Nessa perspectiva é que os processos de remoção
de grupos sociais para margens da cidade devem ser
entendidos como parte do projeto de produção do
espaço urbano num viés neoliberal, onde Estado e capital
privado aliam suas forças. O conceito de habitação e de
direito à moradia passou a ser um status adquirido por
grupos sociais que podem optar por viver em setores
mais urbanizados, podendo ter acesso àquilo que a vida
urbana oferece.
Com o intuito de implementar políticas e programas que
promovam o acesso à moradia digna para a população
de baixa renda, no ano de 2005 instituiu-se pela Lei
11.124/2005 o Sistema Nacional de Habitação de
Interesse Social (SNHIS). Outra medida são as políticas
públicas, como o Minha casa minha vida, criado em
2009. De acordo com Rolnik (2015), tal programa foi
transformado na única política habitacional do país,
“baseada no modelo único de promoção da casa
própria, acessada via mercado e crédito hipotecário”
(Rolnik, 2015, p.309). Assim, largava-se a construção
diversicada de políticas habitacionais para abraçar
o Minha casa, minha vida, como o modelo de política
habitacional.
No modelo proposto pela política do Minha Casa, Minha
Vida, o direito à cidade não é visto como prioridade, a
moradia não é promovida como direito de todos. O
Minha casa, minha vida, foi “desenhado para incentivar
empresas privadas a se comprometerem com a
produção de habitação para moradores de baixa renda”
(Rolnik, 2015, p.309), mas não foi o que aconteceu,
conforme analisa a autora. O décit habitacional
quantitativo (demanda por residências próprias ou
alugadas) não sofreu alterações signicativas. Em 2009,
o décit alcançava 6 milhões de moradias e passou para
6,1 milhões em 2014, ou seja, aumento de 1,6% (Bohm,
2018). De acordo com a Fundação João Pinheiro, o décit
habitacional do país aumentou entre os anos 2014 e 2015
em 20 dos 27 estados da federação (FUNDAÇÃO JOÃO
PINHEIRO, 2018). A política habitacional do Minha Casa,
Minha Vida, é dependente de recursos públicos para sua
produção, mas enquanto que os lucros são dos agentes
privados, os riscos são das instituições públicas. Além de
não ter acabado com o décit habitacional, tal como o
BNH nos anos 1960 e 1970, a política de habitação não
garantiu o direito à cidade.
Rolnik (2002, p. 53), ao analisar a condição de
precariedade e de desigualdade dos processos de
urbanização nas cidades brasileiras comenta: uma
característica comum a todas as cidades brasileiras,
independentemente de sua região, história, economia
ou tamanho, é o fato de cada uma delas apresentar
um contraste muito claro entre uma parte da cidade
que possui alguma condição de urbanidade, uma
porção pavimentada, ajardinada, arborizada, com
infraestrutura completa – independentemente da
qualidade desses elementos, que em geral é pouca – e
outra parte, normalmente de duas a três vezes maior
do que a primeira, cuja infraestrutura é incompleta, o
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urbanismo inexistente, que aproxima-se muito mais
da ideia de um acampamento do que propriamente de
uma cidade.
Seguindo essa ideia, a autora sustenta que, em contraste
com uma parte da cidade desenvolvida, existe uma
outra em que há uma ocupação precária do território.
Essa divisão é tratada pela autora a partir dos conceitos
de cidade legal e cidade ilegal.
Em uma cidade dividida entre a porção legal, rica e com
infraestrutura, e a ilegal, pobre e precária, a população
que está em situação desfavorável acaba tendo muito
pouco acesso a oportunidades de trabalho, cultura ou
lazer (Rolnik, 2002, p.53).
Dessa maneira constata-se que o direito à habitação
não é assegurado de modo democrático para todos
os cidadãos, mas para grupos que possuem o capital
que lhes permite viver em territórios mais urbanizados
que outros. Nesse sentido, as ocupações realizadas
pelos cidadãos desempregados ou por aqueles que não
possuem renda xa, pois possuem trabalhos precários,
acabam ocupando áreas precárias de urbanização e, por
consequência, tendo seus direitos básicos negados.
Embora haja, nas cidades brasileiras, os processos de
exclusão sócio espaciais, isso não signica que a cidade
não seja produzida pelos diferentes grupos sociais que
nela se localizam. Battaus e Oliveira (2016) armam que
a dinâmica das transformações no solo urbano ocorre por
indução, mesmo havendo manifestações espontâneas
de uso e ocupação através de atos irregulares enquanto
soluções emergenciais decorrentes principalmente
de se viver no urbano. Em relação a isso, os autores,
parafraseando Maricato, ressaltam que o movimento
de construção da cidade está imbuído do atendimento
às necessidades de sobrevivência da população, e, “bem
ou mal, de algum modo, improvisado ou não”, esses
habitantes moram em cidades.
Portanto, a expansão das cidades é também resultado
dos processos de ocupação do solo urbano, que é feita
de forma não planejada, mas espontânea, em que os
cidadãos procuram criar estratégias para sobreviver
na cidade. Ressaltando essa ideia, Maricato (2007)
ainda arma que o Plano Diretor é um instrumento
desvinculado da gestão urbana. “A habitação social, o
transporte público, o saneamento e a drenagem não
têm o status de temas importantes (ou centrais, como
deveria ser) para tal urbanismo”. Dessa maneira, o
resultado que temos nas cidades é que o planejamento,
quando se tem, é apenas para alguns, o mercado é para
alguns, as leis são para alguns e a cidadania também
é para alguns, e os direitos não são universais, mas,
privilégios de poucos (Maricato, 2007).
Através do respaldo de Maricato (2007) e Rolnik
(2002), quando conceituam cidade legal e ilegal,
pode-se observar que a ocupação dos territórios nas
cidades brasileiras se faz de um modo “espontâneo”,
já que elas ocorrem de forma que o Estado ou qualquer
iniciativa institucional não exerçam controle sobre
esse movimento populacional. Assim, as ocupações
são realizadas por grupos que não possuem capital
nanceiro suciente para adquirir propriedade.
Entretanto, as ocupações urbanas também são feitas
por grupos que possuem renda e dessa forma adquirem
propriedades para habitarem.
Enquanto que o Estado garante o direito à cidade
para um grupo, isto é, assegura o direito à moradia -
entendido como o direito de habitar, de ter uma casa,
saneamento básico, luz, água potável, transporte
público, etc. – outro grupo, que carece de recursos
econômicos e está à mercê de sua própria iniciativa
para garantir seu sustento, não tem acesso ao direito
à moradia. O Estado que chega para este segundo
grupo não é aquele que garante os direitos básicos
fundamentais para a vida humana. Nessa perspectiva,
cabe concluir que a ocupação urbana deve ser pensada
como um fato que acontece no Brasil, que não pode
ser restrito às populações que carecem de habitações
e de territórios. Trata-se de uma atividade realizada
por todas as classes sociais em diferentes contextos
históricos.
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O contexto urbano local: Pelotas, uma cidade
produto do e para o mercado
A cidade de Pelotas está localizada no estado do Rio
Grande do Sul. É uma cidade de porte médio com
população aproximada de 343 mil pessoas e densidade
demográca de 203.89 habitantes por quilômetro
quadrado (IBGE, 2017, p.1). Nos últimos anos, após
a implementação do complexo de políticas públicas
voltadas para o desenvolvimento de infraestrutura,
bojo no qual encontram-se as políticas voltadas para
questão habitacional em todo o país, o município tem
se tornado, juntamente aos municípios que mantêm
essas características, alvo nal dos principais uxos
migratórios que se desenvolveram sobre a nação nos
últimos quinze anos, passando a alcançar as maiores
taxas geométricas de crescimento populacional (IBGE,
2017). Assim, Pelotas tornou-se espaço de extrema
valorização do ponto de vista do mercado imobiliário,
sendo território de grandiosa concentração de mão de
obra e consumidores (Boulos, 2015).
Para melhor compreendermos essa realidade nos
voltamos para os dados do Instituto Brasileiro de
Geograa e Estatística, que aponta para o fato de que,
dos 5.570 municípios brasileiros, os de porte médio
e grande anexados, que não chegam a ser 10% dos
municípios, concentram cerca do 56% da população
nacional (IBGE, 2017). Este fato coloca essas cidades
em posição de relevância para o mercado construtor,
que, de acordo com Boulos (2015), Rodrigues e Salvador
(2011), experimentou um crescimento substantivo
no mesmo período, tendo sido otimizados para estes
grupos projetos especícos por parte do Governo
Federal, após os anos 2007 e 2008.
No caso especíco de Pelotas, o município passou por
“um momento de euforia no setor imobiliário” (Pinto,
2016, p. 87), onde o elevado décit habitacional (Plhis,
2013), superior em mais do 5% à média nacional (FJP,
2013), tornou-a um local de grande interesse para o setor
imobiliário em expansão, que organizou tal demanda
de modo que este pudesse obter máxima lucratividade.
Como destacado nos itens anteriores, quando se
observou a racionalidade tônica de tal processo, sobre
a cidade transformada em sujeito econômico, no
município, um governo a serviço do mercado passou
a “legitimar a apropriação direta dos instrumentos
de poder público por grupos empresariais privados”,
conforme trabalhado por Vainer (2000, p. 89). Isso, a
partir da disponibilização de recursos e administração
das leis de zoneamento e de parcelamento do
solo, sobretudo no desenvolvimento dos projetos
habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida
(PMCMV) (Kruger, 2018).
Utilizando-se de forma maniqueísta dos planos
urbanísticos e de diretrizes anteriormente instituídas
pelo aparato legal do país, os administradores públicos
relegaram ao poder privado o domínio da decisão quanto
à produção do espaço urbano (Kruger, 2018), (Rolnik,
2015). De modo que um mercado elitizado pode se utilizar
dos recursos públicos e possibilidades apresentadas
pela legislação para aumentar sua lucratividade (Boulos,
2015) (Pinto, 2016), materializando um modelo de
inserção precária ao território urbano, desconstruindo
vínculos e demarcando áreas de insustentabilidade e
de baixíssima qualidade urbanística (Rolnik; Klink 2011).
Deste modo, as políticas habitacionais adotadas pelo
Estado brasileiro na última década e materializadas no
município em questão foram enunciadas como solução
para problemas estruturais históricos (Rodrigues;
Salvador, 2011), mas não ultrapassaram o limite da
propaganda pela manutenção do poder político.
Também ocorreu tal situação com o nanciamento
público ao setor privado (Rolnik, 2015), reetindo a
mesma racionalidade observada pelos autores em
destaque que abordam a questão urbana e habitacional
nacional nos itens anteriores.
Jones Pinto (2016) ressalta que “é notável a inuência dos
agentes promotores privados sobre os direcionamentos
e qualidade da produção do PMCMV” em Pelotas (Pinto,
2016, p. 220), onde legislações foram capturadas e até
alteradas sob a inuência de agentes do mercado para
a aprovação de empreendimentos sem qualidade e
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“notavelmente prejudiciais ao tecido urbano” (Pinto,
2016, p. 220).
Regulamentações Federais que poderiam possibilitar
uma melhora nas condições das construções, como a
Portaria n.º 325/2011(BRASIL, 2011), não prosperaram.
Fato que desvelou um quadro de falta de compromisso
do poder público com a garantia da qualidade para as
construções (Pinto, 2016).
Dentre as leis municipais que foram criadas ou
alteradas, não para gerar benefícios para a população,
mas para os agentes construtores privados, destacam-
se a lei 5.603/2009, que instituiu o programa “Pelotas
Habitação Digna”. Projeto que possibilitou o aumento
da lucratividade para as construtoras, ao tornar possível
a construção de um maior número de moradias por
empreendimento, relegando as observações nacionais
que apontavam para a qualidade a ser alcançada nos
empreendimentos e concedendo maiores isenções
scais para os construtores (PELOTAS, 2009).
Com efeitos diretos sobre a qualidade da inserção urbana
dos empreendimentos, a lei 5.963/2012 possibilitou a
construção de empreendimentos a distâncias ainda
maiores do centro da cidade, bem como a dispensa
de áreas verdes e áreas de uso público no interior dos
empreendimentos (Pelotas, 2012). É propício ainda
que se destaque que a lei 5.963/2012 foi aprovada no
dia 28 de dezembro do ano 2012, três dias antes da
troca de governo, situação que, como arma Pinto
(2016), não ocorreu de forma fortuita, tendo em vista
que possibilitou a construção de empreendimentos em
áreas que extrapolam os limites do perímetro urbano.
O problema habitacional e o PMCMV em Pelotas
em números
Segundo dados da Fundação João Pinheiro e a do
Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS),
o problema habitacional do município localizava-se no
âmbito qualitativo, entre 80% (PLHIS, 2013) e 97% (FJP,
2013) do décit habitacional do município. Fato que
coloca 1/3 de sua população em condições precárias de
moradia. Aproximadamente 90 mil pessoas não tinham
acesso mínimo à infraestrutura urbana.
Um décit total de 17.019 moradias, 16.2013 no
perímetro urbano e 806 no rural. Relativo ao total de
moradias para o município, o décit neste período era de
8,1% (FJP, 2013). Destas, 2.883 moradias encontravam-
se em condições precárias; 7.310 teriam seu problema
relacionado à coabitação; e 6.380 seria o número de
famílias que estariam gastando valores excessivos com
aluguel. A estes números somam-se 25.010 moradias
carentes de infraestrutura e 2.454 que não possuem
banheiro (FJP, 2013). Um problema multifacetado,
desrespeitado pelo modelo desenvolvido para a política
pública, observação que reforça sua estrutura enquanto
estando voltada à lucratividade do mercado.
Para solução de tal problema, foi contratada a
construção de 79 novos empreendimentos através do
PMCMV. Até o ano 2018, 49 empreendimentos foram
entregues, através dos quais 5.946 novas unidades
habitacionais foram produzidas. Para além destas já
entregues, estão em fase de produção outras 3.746
novas habitações, que elevará a produção para 9.692
novas moradias (Baumgarten, 2018).
Destas, 54 % da produção está voltada para as famílias
com renda entre 1,6 e 4 mil reais (faixa 2), e 24% para
famílias com renda mensal acima de 4 mil reais (faixa 3).
Totalizando 78% da produção. Para o grupo com renda
entre zero e 1.6 mil reais (faixa 1), famílias estas que se
encontram substancialmente construindo os números
do décit qualitativo, fora produzida 22% das moradias.
Estas que estão localizadas nas bordas periféricas da
cidade, relativamente mais distantes do centro urbano,
em áreas sem infraestrutura. Destas, 73,33% não
possuem todos os equipamentos de serviço, apontados
como obrigatórios na legislação Federal (Brasil, 2009),
em suas zonas de abrangência (Kruger, 2018). Fato
que acabou por alterar a densidade demográca dos
territórios, gerando maior demanda por equipamentos
e serviços que não foi atendida. Constituindo-
se aglomerações com baixa inserção urbana, nas
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Scarano, Medeiros Kruger, Jaques Ribeiro
quais prevalece a informalidade, a precariedade, o
desemprego e a pobreza, gerando territórios onde se
confundem causas e consequências das manifestações
da questão social. Situação que, segundo Pinto (2016,
p15) fez “com que a vida social seja atingida por um
mundo em crescimento de ilegalidades, acarretando em
comércio de bens ilícitos, tráco de drogas e violência”.
Tais números merecem destaque pelo fato de que
revelam uma inversão de prioridade no ato de
materialização da política, quando analisadas suas
orientações em contraposição ao que está sendo
efetivado no ato de sua planicação. Além disso,
aponta para a priorização por parte das faixas em que
construtoras e incorporadoras podem alcançar uma
maior lucratividade. Esclarecem ainda o porquê de não
se ter avançado na direção da solução dos problemas
habitacionais locais, mas, sim, aprofundado o mesmo.
A estruturante desigualdade na distribuição sócio
espacial das pessoas, materializada pelo programa,
colocou ao alcance de uma pequena minoria a
possibilidade de ganhar com os valores que investem na
cidade. Enquanto isso, resta à ampla maioria assalariada
gastar o pouco que ganha para sobreviver neste espaço
(Abramo, 2007).
Foi produzido no município um número de habitações
correspondente a 39.64% de seu décit habitacional,
através de nanciamentos públicos disponibilizados
sob a égide discursiva da garantia do direito à moradia
e extinção do décit (BRASIL, 2009). Uma produção
que teve “como objetivo o combate ao problema
habitacional para a população de baixa renda” (Pinto,
2016, p. 55). População que conforme os números
apresentados representavam aproximadamente 90%
do décit habitacional do município. Se, tivesse sido
voltada tal produção às populações prioritárias do
programa, o décit destas, expresso na abordagem
qualitativa, que é substancialmente onde se localiza o
problema da moradia na cidade, poderia ter tido um
impacto na casa dos 75%.
Como resultado, os espaços de ocupação irregulares e
clandestinos no município, que totalizavam o número
de 156 áreas no ano de 2008, onde habitavam cerca
de 60 mil pessoas, em aproximadamente 11 mil
residências (PLHIS, 2013), passaram para 162 áreas no
ano 2014 (Alves, 2016). No 2017, quando 70% das obras
contratadas já haviam ou estavam em fase nal de
execução, as ocupações chegaram a marca de 205 áreas
irregulares, estas, somente no perímetro urbano do
município (Cogoy, 2017). Assim, mais de 90 mil pessoas,
“quase 1/3 da população” (Alves, 2017, p. 26) de Pelotas,
tem suas residências xadas em áreas irregulares.
Nesses espaços de desproteção social e precarização
do trabalho encontram-se os trabalhadores que são
submetidos aos riscos da moradia localizada em
encostas perigosas, beiras de cursos d’água sujeitas a
enchentes, áreas contaminadas por lixo tóxico [...] ou
linhas de transmissão de eletricidade (Acselrad, 2007, p.
7 - 8).
Nove anos após a implementação do Programa
observa-se que não houve uma quebra com o padrão de
sociabilidade do capital. No município, a produção das
moradias carrega o agravante de não ter sido executada
seguindo sequer as orientações instituídas nos marcos
federais de forma plena. Pelo contrário, criou-se
oportunidades ainda maiores para a acumulação de
terras e renda. Entre os anos 2009 e 2018, quando
foram produzidas 5.884 novas unidades habitacionais
(Baumgarten, 2018), 49 empreendimentos foram
entregues. No entanto, os números relativos ao décit
habitacional local não diminuíram, enquanto o número
de áreas de ocupação irregular multiplicou-se.
Produziu-se habitações em número suciente para
amortizar os problemas de moradia para a população
prioritária do Programa (Brasil, 2009), mas não se tocou
a problemática da questão habitacional. Ao contrário,
agravou-se tal situação por conta da periferização das
construções (PINTO, 2016), aprofundando um formato
de subdivisão sócio espacial que historicamente tem
sido desenvolvida. Vendeu-se a ilusão da segurança e
tranquilidade através do isolamento. Assim, percebe-
se que houve um ocultamento dos conitos sociais
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e a cristalização de um modelo de segregação que,
através da exclusão, materializa a ilusão de garantia de
direito. De acordo com Jones Pinto, isso signica que:
a produção habitacional proporcionada pelo Programa
recebe muito maior inuência da viabilidade econômica
dos empreendimentos, do que da lógica de priorizações
a partir da demanda habitacional existente no local ou
da dinâmica urbana deste [...] as últimas transformações
na política habitacional brasileira, ocializadas com a
execução do PMCMV, ocasionaram uma transformação
no mercado imobiliário que acarretou na inclusão
de famílias com renda inferior a 10 salários mínimos
no mercado da habitação como consumidores,
prioritariamente (Pinto, 2016, p. 77).
Percebida enquanto estratégia de resistência a tais
processos, a produção ilegal de moradias que buscam se
contrapor ao urbanismo segregador acabam tornando-
se subprodutos deste descompasso, das características
do mercado fundiário e imobiliário e “das características
dos investimentos públicos, que favorecem o mercado
concentrado e restrito (Maricato, 1996, p. 43). Essa é a
lógica de execução do desenvolvimento urbano do país,
bem como do Programa MCMV, que, mesmo diante dos
levantamentos feitos por departamentos vinculados
ao poder público, aponta para a questão habitacional
enquanto um problema de décit qualitativo, aqui
interpretado em uma variável do 80% (PLHIS, 2013)
e 97% (FJP, 2013). Fato que coloca 1/3 da população
em condições precárias de moradia – mais de 90 mil
pessoas sem acesso mínimo à infraestrutura urbana,
estando grande parte desta população em áreas de risco
socioambiental. A solução apresentada foi a de relegar
às construtoras o poder de decisão sobre a produção de
moradias, e estas, diante da possibilidade de aumento
da lucratividade, focalizaram no alcance de maiores
índices de rentabilidade. Desse modo, os grupos
prioritários para o Programa além de não terem sido
atendidos ainda foram colocados em situação marginal.
Considerações finais
O espaço urbano tem acolhido a heterogeneidade
dos deslocamentos da população trabalhadora que
são marcados pelos processos de desigualdade social
reproduzidos no contexto capitalista. A desigualdade
social e econômica da população surge como fatores
centrais para pensar a questão do processo de expansão
urbana e de ocupação dos territórios. A questão
habitacional tem sido historicamente servida para
fundar e perpetuar processos de extorsão e expulsão de
grupos colocados em situação de vulnerabilidade social
e econômica, sobre os quais se constroem discursos
de criminalização que operam na marginalização e
exclusão desses grupos (SILVA, 1996).
No Brasil, consolidou-se um Estado que se tem
utilizado de problemas urbanos como décit de
moradia, para organizar políticas públicas como o
BNH e o Minha casa, minha vida, assegurando que os
agentes privados ligados à área da construção civil
obtenham lucros à custa da construção de habitações
populares. Articularam-se políticas públicas para
regulação da sociedade e ampliação das medidas
de exclusão, gerando deste modo novas demandas
por inclusão. Uma prática e estratégia voltada para o
aprofundamento da acumulação capitalista, que, ao
mesmo tempo, serve para criar uma visão integradora
do Estado, ao materializar o produto histórico do modo
de produção capitalista, a misticação e dissimulação
da precarização e a exclusão de suas origens.
O espaço urbano brasileiro reete os processos
históricos de luta por moradia, de ocupação de
territórios e de segregação espacial. Cidade legal e
ilegal demonstram que há uma segregação social no
cenário nacional. Por outro lado, criam-se rigorosas
legislações que irão tratar a produção do espaço através
de leis de zoneamento, parcelamento do solo, códigos
de edicações e etc. Leis formuladas por corporações
ou sobre a inuência de agentes do mercado e
endossadas pelo Estado, que vem a desconsiderar as
condições de vida da absoluta maioria da população.
Grupos que colocados na ilegalidade passam a construir
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estratégias para sobrevivência nos centros urbanos.
Uma população que sofre com a exclusão gerada pela
lógica da aplicação discriminatória da lei e do modo de
operação do capitalismo. A ocupação ilegal da terra
urbana não somente é “permitida”, como também é
gerada para buscar reservas de mercado, fazendo parte
do modelo de desenvolvimento urbano brasileiro. Nesse
sentido, as políticas públicas de habitação não têm sido
ecazes no que tange ao acesso ao direito à habitação
para todos os cidadãos.
A cidade de Pelotas aparece como um reexo desse
cenário, onde o campo econômico tem atuado como
principal articulador da produção do espaço urbano,
BATTAUS, D. M. de A; OLIVEIRA, E. A. B. de. (2016). O
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de dezembro de 1973, 8.036, do 11 de maio de 1990, e 10.257,
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24 de agosto de 2001; e dá outras providências. Disponível em:
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lei/l11977.htm> Acesso em: 09 out. 2017.
mas possui o Estado como um aliado. Os problemas
gerados pela questão urbana desenvolvem-se de
forma mediada por forte intervenção estatal, a partir
da raticação de leis, planicação de políticas públicas
e intervenção de agentes do Estado que servem de
instrumento para efetivação das múltiplas estratégias
para a espoliação. A cidade enquanto mercadoria tem
empurrado populações para suas margens, fazendo com
que as periferias das cidades cresçam cada vez mais.
Para que as populações pobres possam ter garantida
à qualidade de vida através da cidade, é urgente que
ocorra a democratização das cidades na perspectiva do
espaço público ser de fato o espaço de todos que vivem
e que fazem a cidade.
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TRAMAS SOCIALES | Nº 02 | Año 02 | ISSN 2683-8095
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Castillo
CIRCULACIÓN Y ACUMULACIÓN DE CAPITAL CIENTÍFICO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SAN JUAN.
LOS CASOS DEL INSTITUTO DE AUTOMÁTICA Y EL DEPARTAMENTO
DE ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA (1939-2015).
Castillo, Gonzalo Miguel
1
Valeria Gili Diez
1
1.Doctor en Ciencias Sociales por la UNCUYO. Becario
posdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET) e Investigador del
Instituto de Investigaciones Socioeconómicas (IISE) de la
Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) de la Universidad
Nacional de San Juan (UNSJ).
Recepción: 23/12/2019 | Aceptación: 11/06/2020
Resumen
Los estudios acerca del campo cientíco-universitario
argentino han ido adquiriendo una destacada relevancia
en los últimos lustros, conformándose como una
corriente de investigación en constante crecimiento.
En sintonía, los hallazgos comunicados en el presente
artículo se desprenden de una línea de conocimiento
que se viene desarrollando desde hace años en la UNSJ,
que analiza la estructura cientíca de dicha universidad.
A partir de un enfoque epistemológico-conceptual
que articula la perspectiva histórico-estructural
latinoamericana y el enfoque sociológico bourdiano,
el trabajo da cuenta de los modos de producción y
acumulación del capital cientíco en dos organismos
30 |
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Castillo
Circulação e acumulação de capital científico na
Universidade Nacional de San Juan.
Os casos do Instituto de Automática e o Depar-
tamento de Eletrônica e Automática (1939-2015).
dedicados a la docencia universitaria y producción
cientíco-tecnológica de la UNSJ: el Instituto de
Automática (INAUT) y el Departamento de Electrónica
y Automática (DEA), ambos de la Facultad de Ingeniería
(FI). Se caracterizan, además, ambos espacios en clave
histórico-institucional, indagando acerca del capital que
en su interior transita y se acumula.
Dicho estudio, se erige desde el relacionismo
metodológico de Pierre Bourdieu, comprendiendo
la vinculación entre un momento objetivista y otro
subjetivista. El primero, orientado a entender la
conformación del capital acumulado por docentes-
investigadores que desarrollan sus actividades en
dichos espacios. El segundo, focaliza en las prácticas
que dichos académicos desarrollan en los espacios de
investigación.
Palabras clave:
Capital cientíco, Universidades Nacionales, CONICET,
Investigación, Docencia Universitaria.
Resumo:
Os estudos sobre o campo cientíco-universitário
argentino têm ido adquirindo uma notável relevância ao
longo dos últimos lustros, conformando-se como una
corrente de pesquisa em constante crescimento. Em
sintonia, os resultados comunicados no presente artigo
se desprendem de uma linha de conhecimento que se
vem desenvolvendo desde faz anos no âmbito da UNSJ,
focalizada analiticamente na estrutura cientíca dessa
casa de estudos.
Baseado em uma abordagem conceitual-epistemológica
que articula a perspectiva histórico-estrutural latino-
americana e a abordagem sociológica bourdiana, o
trabalho avança em dar conta dos modos de produção
e acúmulo do capital cientíco em dois organismos
dedicados à docência universitária e produção CyT
dependentes da UNSJ: o Instituto de Automática
(INAUT) e o Departamento de Eletrônica e Automática
(DEA), ambos com assento na Faculdade de Engenharia
(FI). Se caracterizaram ambos os espaços em chave
histórico-institucional, indagando acerca dos capitais
que em seu interior transitam e se acumulam.
Dito estudo, se erige desde o relacionamento
metodológico de Pierre Bourdieu, sendo compreendido
pela ligação entre um momento objetivista e outro
subjetivista. O primeiro, orientado a entender a
conformação do capital acumulado por docentes -
pesquisadores que desenvolvem suas atividades em tais
espaços. O segundo, focalizado nas prácticas que esses
acadêmicos desenvolvem nos espaços de pesquisa.
Palavras claves:
Capital Cientíco, Universidades Nacionais, CONICET,
Pesquisa, Docência Universitária.
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Introducción
Diversos estudios acerca de la estructura del campo
cientíco-universitario argentino han focalizado
en dimensiones tales como su institucionalización,
composición, devenir en diferentes procesos históricos,
junto a sus relaciones entabladas con diferentes
campos que componen al espacio social, entre otras.
Dichas investigaciones han adquirido una signicativa
relevancia a lo largo de los últimos lustros, a la vez que se
han ido nutriendo con enfoques teóricos particulares que
contribuyeron a complejizar y diversicar sus lecturas
analíticas. En apretadísima síntesis, cabe señalar que
la preocupación por estudiar el complejo cientíco y
tecnológico (CyT) argentino fue sistematizada en la
obra clásica de Enrique Oteiza (1992) y, posteriormente,
quien desarrolló una signicativa contribución a la
temática fue Diego Hurtado (2010). Asimismo, destacan
entre otras, dos corrientes de investigación en la materia
que se han venido desarrollando en el país, siempre en
articulación con diversos académicos latinoamericanos:
la primera, comprendida en el marco de los Estudios
Sociales de la Ciencia, siendo algunos de sus referentes
Pablo Kreimer (2010) y Hebe Vessuri (1983). La segunda,
que centra su lente analítica en el abordaje de las
trayectorias y dinámicas de organismos CyT, a partir
de un enfoque epistemológico-conceptual que articula
la perspectiva histórico-estructural latinoamericana y
el enfoque sociológico bourdiano (Beigel et al., 2018;
Bekerman, 2018; Vasen, 2013; Albornoz y Gordon, 2011;
Buchbinder, 2010; Lugones y Hurtado, 2010; Myers,
1992, entre otros).
En sintonía con esta última, en el marco de la Universidad
Nacional de San Juan (UNSJ) desde hace años se viene
desarrollando una línea de conocimiento que analiza la
estructura cientíca de dicha casa de estudios (PROJOVI
2015-2017 Res. Nº: 0338/FCS/2016; PICT 2018-2019 Res.
Nº: 310-18; CICITCA 2018-2019 Res: Nº 021/28-CS), de la
cual se desprenden los resultados presentados en este
artículo. Ella, entre sus hallazgos más signicativos, da
cuenta de cómo el circuito académico de la provincia de
San Juan –en el cual se inserta la UNSJ como institución
que concentra el grueso de los recursos y personas
dedicadas a la producción CyT– no estuvo exento de la
dinámica global que impactó sobre el campo cientíco-
universitario nacional.
En cuanto a la mencionada institución universitaria, la
investigación fue incorporada a sus funciones centrales
desde su creación en mayo de 1973, la cual se sostuvo en
gran medida a partir de la tradición de algunas unidades
dedicadas a las actividades CyT preexistentes en la
provincia, cuyas disciplinas de origen se vinculaban a las
así llamadas “ciencias duras”. En efecto, desde el año
1939 tenía asiento en San Juan la Facultad de Ingeniería,
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, organismo que
en un principio pertenecía a la Universidad Nacional
de Cuyo, aunque fue incorporada a la UNSJ a partir
de su institucionalización. De ahí que ciertos espacios
de investigación integrados a la universidad pública
sanjuanina comenzaran prontamente a cosechar
signicativas cuotas de reconocimiento.
Ahora bien, al poco tiempo de ser creada esta
universidad irrumpió en la vida democrática argentina
la dictadura cívico-militar iniciada en 1976
1
que, a tono
con el resquebrajamiento de la autonomía académica
en todo el campo cientíco-universitario nacional,
ejecutó múltiples dispositivos de persecución ideológica
y represión de docentes, investigadores, como también
de estudiantes. Entre otras cosas, ello generó en el seno
de la UNSJ una suerte de desmantelamiento selectivo
de unidades y áreas completas de investigación,
afectando principalmente a las ciencias sociales. Tras
1. Dicho gobierno de facto, junto al despliegue de sus
conocidos actos de censura, persecución y terrorismo de
Estado, en materia específica de política CyT, desplegó
un proceso de transferencia de recursos propios de las
universidades nacionales hacia el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Ello, por
un lado, coadyuvó a que dicho organismo proliferara de
modo descentralizado a partir de la creación de institutos
de investigación en diferentes provincias, y por otro,
erosionó gravemente la partida presupuestaria destinada
a las universidades nacionales, disminuyendo del 26% en
1975 al 7% en 1983 la denominada Finalidad 8 Ciencia
y Técnica del Presupuesto General de la Administración
Nacional (PGAN). Ver más en Bekerman (2018).
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la recuperación de la democracia en el año 1983, en
sintonía con el conjunto de universidades nacionales
argentinas, tuvo lugar en dicha casa de estudios un
proceso de reinstitucionalización y regulación de la
función de investigación el cual fue materializado por
medio de la implementación de políticas promocionales,
la creación de unidades de investigación, el crecimiento
de equipos de trabajo e incorporación, como también
promoción de investigadores del CONICET en áreas
“tradicionales” como las ingenierías, ciencias exactas y
naturales (Algañaraz, 2020).
Sumado a ello, sus capacidades de investigación
alcanzaron un relativo aanzamiento durante
décadas recientes, fundamentalmente por efecto de
instrumentos de política cientíca pública y nacional
como el “Programa de Incentivos a Docentes-
investigadores” (PROINCE) y la Carrera del Investigador
Cientíco (CIC) del CONICET. Ahora bien, este inusitado
crecimiento, desplegado esencialmente entre los años
2003-2015, se ha caracterizado por la cristalización
de una heterogeneidad asimétrica en el orden de las
diversas disciplinas que integran a la UNSJ, manteniendo
inalterables sus históricas relaciones de fuerzas.
Aquellas research capacities, tendieron a concentrarse
nuevamente en torno a las ingenierías, ciencias exactas
y naturales, fortaleciéndolas de manera diferencial
respecto a las ciencias sociales y humanas.
En efecto, actualmente el 60% de los Institutos de
Investigación, junto a cinco de las seis Unidades
Ejecutoras de Doble Dependencia UNSJ-CONICET
tienen asiento en las Facultades de Ingeniería y Ciencias
Exactas. En dicha universidad, además, se desempeña
un reducido y selecto conjunto de “especialistas”,
los cuales compondrían una especie de cúspide del
espacio cientíco que representa un 18% del corpus de
docentes-investigadores. Ellos se caracterizan por ser
investigadores full-time con dedicaciones exclusivas y/o
docentes universitarios con antecedentes sucientes
para dirigir y evaluar tanto proyectos de investigación
acreditados de carácter intra o extra universitario como
a becarios e investigadores del CONICET. Dicho grupo
lo integran quienes han ingresado a la CIC del Consejo
y/o han accedido a las categorías I y II del PROINCE.
Conjuntamente y de manera análoga a la distribución
de los espacios de investigación, el 57% de aquellos
desarrolla sus actividades CyT en Unidades Ejecutoras
de Doble Dependencia UNSJ-CONICET o en otros
institutos pertenecientes a las Facultades de Ingeniería
y de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (Algañaraz,
2020 y Algañaraz y Castillo, 2018).
Sumado a todo lo señalado, el presente artículo procura
brindar aportes a dicha línea de conocimiento centrando
su lente analítica en dos organismos dependientes de
la UNSJ en los cuales son desplegadas actividades CyT
como también de docencia: el Instituto de Automática
(INAUT) y el Departamento de Electrónica y Automática
(DEA), dependientes de la Facultad de Ingeniería (FI).
Ambos espacios cuentan en su haber con una extensa
trayectoria en investigación y enseñanza tanto de grado
como de posgrado, presentando también, planteles
de docentes-investigadores con una signicativa
proporción de categorizados en los escalafones más
altos del PROINCE o incorporados a alguno de los
instrumentos de promoción CyT del CONICET (becas de
posgrado o Carrera del Investigador Cientíco). Aquello,
les ha permitido dirigir proyectos de investigación
acreditados ya sean de carácter nacional o internacional,
como también formar nuevas vocaciones cientícas.
Lo anterior dicho, ha coadyuvado a que tanto el INAUT
como el DEA asuman posiciones al interior de la UNSJ
caracterizadas como prestigiosas (Castién Maestro,
2004). Ello, motoriza a interrogarnos lo siguiente: esta
histórica acumulación diferencial de research capacities
desplegada por aquellas unidades en particular, ¿ha
contribuido a generar una especie de “elite” o grupos de
académicos privilegiados al interior de la UNSJ? Ahora
bien, dichos conjuntos de docentes-investigadores ¿se
constituyen como elites en sí mismos, o más bien cómo
grupos dominantes al interior de la universidad?
De allí es que surge el interés por indagar acerca del
proceso de institucionalización de dichos organismos y
su devenir a través de diversos procesos históricos que
fueron demarcando tanto a la política CyT nacional,
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como a los diferentes modos en que sus docentes-
investigadores tienden a acumular y a reproducir cuotas
especícas del capital cientíco. Para ello, fueron
recuperadas desde el enfoque sociológico bourdiano
(Bourdieu y Wacquant, 1995), algunas categorías
conceptuales tales como campo cientíco, capital
cientíco, estrategias, entre otras. Ellas se trabajaron
desde un posicionamiento no canónico, a modo de
caja de herramientas, atendiendo a las diferencias
maniestas entre su contexto de producción y el objeto
de estudio abordado en este artículo. Así también,
fueron articuladas de modo reexivo con la categoría
conceptual de elite trabajada por Monique de Saint
Martín (2001) y revisitada por Paula Canelo (2011),
Victoria Gessaghi (2012), entre otros.
Queda por mencionar que el artículo se encuentra
estructurado del siguiente modo: una primera parte en
la que se da cuenta de las categorías conceptuales a las
cuales se ha recurrido para el despliegue de la lectura
analítica en el presente estudio. Una segunda en la
cual se avanza en torno a la metodología, explicitando
la opción por el relacionismo metodológico bourdiano
(Bourdieu y Wacquant, 1995), el diseño de la entrevista
en profundidad como principal fuente recolección
de datos correspondiente al acceso etnográco,
junto a la descripción de los perles de docentes-
investigadores que comprendieron el corpus de
entrevistados. Al interior del tercer y cuarto apartado
son caracterizados, en clave histórico institucional, el
Instituto de Automática, así como el Departamento
de Electrónica y Automática avanzando, además,
en la institucionalización del Gabinete de Tecnología
Médica. Finalmente, en el quinto apartado se trabaja
sobre el capital circulante en dichos organismos, como
así también los modos de acumulación y, además, de
reproducción efectuados por los agentes que transitan
en las unidades estudiadas.
Notas acerca del campo científico y sus capita-
les en disputa desde la reflexividad bourdiana.
La categoría conceptual de campo, desde el enfoque
bourdiano, en líneas generales puede ser entendida
como una red de relaciones entre diversas posiciones
denidas en las determinaciones que imponen a
sus ocupantes, tanto por su situación respecto a la
estructura de distribución del capital, como también
por las relaciones que establecen con el resto de las
posiciones. De allí que para su conformación precise
tanto de un capital en particular, desigualmente
distribuido, como de las luchas libradas entre diversos
agentes en función de su apropiación. En efecto, es un
“espacio de conictos y competición, en analogía con un
campo de batalla en el que los contendientes rivalizan
por establecer un monopolio sobre el tipo especíco de
capital eciente en él” (Bourdieu y Wacquant, 1995, p.
24).
En sintonía con ello, Bourdieu (2003) focaliza su
desarrollo conceptual en la noción de campo cientíco,
señalando cómo los agentes (cientícos aislados,
equipos y laboratorios), denidos por su volumen y
estructura de capital especíco, determinan el estado
de las fuerzas ejercidas sobre la producción y las
prácticas de dichos investigadores. Ellos disputan,
además, el monopolio de la autoridad cientíca, capital
cuya acumulación es otorgante de facultades tanto
para establecer una denición de ciencia como también
para describir sus modos legítimos de realización,
entre otras cosas. De allí que, en la estructura del
campo cientíco, sean recurrentes las relaciones de
fuerzas, monopolios, luchas, estrategias e intereses
particulares. Dicha categoría conceptual establecería
una ruptura epistémica con la visión irénica subyacente
al concepto de comunidad, el cual referencia a procesos
de intercambios frecuentemente realizados en clave
de armonía, voluntad o cuasi solidaridad. En efecto, es
Bourdieu (2003) quien discute aquella noción señalando
que “choca con los hechos: lo que se observa son unas
luchas, a veces feroces, y unas competiciones en el
interior de las estructuras de dominación” (p.84).
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Ahora, a partir de repensar de modo reexivo aquellas
categorías, diversos estudios (Algañaraz, 2020;
Beigel at al. 2018; Beigel, 2016 y Bekerman, 2018)
han señalado cómo el campo cientíco-universitario
público argentino, se ha ido constituyendo a partir de
la institucionalización de diversos organismos estatales
(o institucionalmente vinculados al Estado) dedicados
a la actividad CyT, en conjunción con el sistema de
universidades nacionales del país. De allí que la UNSJ,
organismo que nuclea las unidades analizadas en este
trabajo, se erija como una institución integrante de
aquel campo especíco.
En cuanto a dicho campo, hacia el interior de sus
fronteras, los agentes que en él ocupen una posición
especíca (ya sean como dominantes o dominados)
desarrollarán determinadas estrategias tendientes
a la acumulación del capital en disputa. De hecho,
el sociólogo francés dene dos tipos principales de
estrategias de acumulación de capital cientíco,
correspondientes con la posición ocupada por el
agente hacia el interior del campo: de subversión y de
conservación. Las primeras, frecuentemente vinculadas
a los “pretendientes o recién llegados”, procuran crear
un orden cientíco herético, rompiendo los contratos
aceptados por otros agentes insertos en el campo. Por
su parte, las estrategias de conservación se orientan a
perpetuar el orden cientíco establecido, siendo quienes
las despliegan parte interesada (Bourdieu, 2003).
Queda por señalar que aquellas luchas, dinamizadas
por estrategias de acumulación de capital especíco,
responden a una illusio o interés especíco como el:
Reconocimiento tácito del valor de las apuestas
propuestas en el juego y como dominio práctico de
las reglas que lo rigen. Además, este interés especíco
implícito en la participación en el juego se diferencia de
acuerdo con la posición ocupada en el juego […] y según
la trayectoria que conduce a cada participante a esa
posición (Bourdieu y Wacquant, 1995, p.80).
El campo cientíco, además, se encuentra interpelado
por constantes presiones externas provenientes de
diversos campos, conllevando a una permanente
relativización de su autonomía. Respecto a ella Bourdieu
(2003) explica que “el campo es relativamente autónomo
respecto al universo social que lo rodea equivale a decir
que el sistema de fuerzas que constituye la estructura
del campo (tensión) es relativamente independiente
de las fuerzas que se ejercen sobre el campo (presión)”
(p.87).
Ahora bien, aquellas presiones generadas por otros
campos producen atravesamientos de las fronteras,
trastocando tanto las relaciones como las posiciones
de los agentes que transitan en él. En suma, la
complejidad que caracteriza al campo se conforma por
las mencionadas presiones exteriores y “por el estado
de las relaciones de fuerza entre los protagonistas de la
lucha […] es decir por la estructura de la distribución del
capital especíco” (Bourdieu, 1994, p.141). Es relevante
destacar que tanto las formas de estructurar y distribuir
los capitales especícos, así como las estrategias que
los agentes practican para acumularlos y/o consolidar
sus posiciones están determinadas por los procesos
históricos que han ido delimitando las condiciones
objetivas de dicho campo.
Para este trabajo, en particular, las presiones externas
adquieren una signicativa relevancia analítica, en
tanto fuerzas intervinientes en el devenir del INAUT y
el DEA, que han ido repercutiendo en las dinámicas de
acumulación de capitales especícos asumidas por sus
docentes e investigadores Así, diferentes presiones de
campos externos tales como “los avatares políticos de la
región y la emergencia de los regímenes autoritarios tras
los golpes militares, con la subsiguiente intervención
y ‘depuración’ de las universidades, particularmente
en el Cono Sur” (Bruner, 2009, p.212) o, también, los
dispositivos propios de políticas nacionales como el
PROINCE y la CIC del CONICET han trastocado tanto la
estructura de dichos organismos como a los académicos
que en ellos transitan.
Como ha sido señalado anteriormente, la posición de los
agentes al interior del campo cientíco, en un principio,
estará signada mediante la lucha por la autoridad
cientíca, un capital especíco. Ahora bien, el capital
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cultural acumulado por dichos docentes-investigadores
asume, también, una potencialidad de reconversión en
capital cientíco (Bourdieu, 2003). Por ello, el capital
cultural en su modo institucionalizado acumulado por
dichos docentes-investigadores, su participación en
proyectos de investigación locales o colaborativos
regionales e internacionales, su incorporación en la
Carrera del Investigador Cientíco del CONICET o al
Programa de Incentivos a Docentes-investigadores, en
conjunto con sus diferentes instancias de formación/
movilidad regional o intercontinental dinamizarían,
entre otras cosas, sus procesos de delimitación de
estrategias orientadas a la acumulación del capital
cientíco.
En cuanto a la noción de elite, como categoría
conceptual empleada para el análisis de ciertos grupos
que acumulan el capital especíco de un campo
determinado, concentrando tanto prestigio como
privilegios reconvertibles en cierto poder decisorio, ha
sido ampliamente trabajada por Bourdieu y su equipo
(De Saint Martín, 2001 y 2006; Bourdieu y De Saint
Martín, 1998). En sus estudios Monique De Saint Martín
(2001), especícamente, avanza hacia una denición
de elites (en plural, argumentando que parecería
ser el término más neutro y el más utilizado en la
academia) que focaliza en aquellos grupos ubicados en
la cúspide de las jerarquías sociales, ejerciendo desde
sus posiciones diferentes funciones signicativas para
el grupo social, las cuales son valoradas y reconocidas
a partir de la obtención de ciertas ventajas, tales como
diferentes cuotas de prestigio junto a una sumatoria de
privilegios diferenciales. En efecto las elites, además de
concentrar el grueso del capital especíco en disputa,
son quienes ocupan las posiciones de poder en las cuales
se nuclean las tomas de decisión y de inuencia que irán
determinando el devenir de un espacio en particular.
Aquellos grupos reducidos, según la socióloga francesa,
estarían constituidos por miembros que han sido
dotados, en principio, por cuotas especícas de lo
que Bourdieu (2011) ha denido como los capitales
más signicativos para las sociedades occidentales:
el económico y cultural. De allí que “un origen social
elevado, la antigüedad de pertenencia a la burguesía,
facilitan ampliamente el acceso a los grupos dirigentes
[…]” (De Saint Martín, 2001, p. 62). En sintonía con ello,
el peso otorgado por haber transitado en instituciones
de formación
2
que acumulan un prestigio diferencial, a
las cuales acceden una marcada minoría de estudiantes,
coadyuvaría también a la apropiación y concentración de
dichos capitales. Aquellas instituciones se caracterizan,
en una primera instancia, por su posición relevante en
el campo educativo, junto a las relaciones que logran
entablar con organismos particulares de diferentes
campos y, en una segunda, tanto por sus modos de
formación como por los procesos de socialización en
ellas motorizados, que contribuyen a la incorporación
de un capital social indispensable para los integrantes
de elites.
La cuestión de las elites también ha sido abordada
en Argentina desde diversas líneas de investigación,
entre otras destacan los estudios desarrollados por
Paula Canelo (2011a, 2011b) que focalizan tanto en la
conguración y las transformaciones recientes de las
elites políticas argentinas, como también en los procesos
de profesionalización de quienes ejercieron diferentes
funciones políticas entre los años 1973-1989. Otros
trabajos dan cuenta de la complejidad de conceptuar,
denir y delimitar grupos de elites en Argentina.
Al respecto, Victoria Gessaghi (2012) señala que las
familias tradicionales o patricias necesitan legitimar
“sus posiciones en una sociedad que no reconoce
prerrogativas heredadas” (p. 67). Asimismo, sostiene
que, si bien la así denominada “clase alta” argentina
logró consolidarse como elite política y económica
durante la primera mitad del siglo XX, fue en el mismo
contexto cuando tuvieron lugar procesos históricos
tales como las rebeliones radicales, la sanción de la Ley
Sáenz Peña, y el surgimiento del peronismo, que fueron
poniendo en constante discusión la legitimidad de la
concentración del poder en aquellos reducidos grupos
hegemónicos.
2. Para el caso francés, la autora hace referencia
específicamente a las grandes écoles.
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Estudios como el de Alicia Méndez (2012) señalan, a su
vez, que en Argentina serían conformadas, perdurando
hasta la actualidad, instituciones educativas de carácter
elitistas, fuertemente atravesadas por una idiosincrasia
meritocrática, como es el caso del Colegio Nacional de
Buenos Aires (CNBA) fundado por Bartolomé Mitre en
1863. En efecto, la política educativa de Mitre, en parte
estuvo centrada en la direccionalización del erario hacia
la creación de Colegios Nacionales en el territorio del
país, destinados a instruir a una elite política dirigente
encargada de transitar y administrar las instituciones
constituyentes del reciente Estado argentino, siendo el
CNBA el establecimiento insignia. De allí, sus egresados
históricamente ocuparían “lugares de primer nivel en
la vida institucional, académica y cultural del país”
(Méndez, 2012, p.108).
De todo lo dicho es que surge el interés por indagar si
espacios de enseñanza, aprendizaje y de producción CyT
como el INAUT y el DEA, dependientes de la Facultad
de Ingeniería (la más antigua de la UNSJ y que, junto a
la Facultad de Ciencias Exactas concentran el grueso de
los espacios de investigación, las Unidades Ejecutoras
de Doble Dependencia CONICET-UNSJ, los proyectos
de investigación acreditados, como así también los
investigadores insertos en la CIC del CONICET y los
categorizados en el PROINCE), se erigirían como
organismos en los cuales cierto grupo dominante o
elite transita, acumula y a su vez reproduce el capital
especíco disputado tanto en el campo cientíco-
universitario argentino, como en el circuito académico
sanjuanino y, especícamente, en dicha institución
universitaria.
Circulación y acumulación del capital científico
en el INAUT y el DEA como objeto de estudio.
Caracterización del acceso metodológico.
Estudios anteriores (Algañaraz, 2020) señalan como
la investigación ha sido incorporada a las funciones
centrales de la UNSJ desde su institucionalización
en el año 1973 y, a su vez, dicha casa de estudios ha
logrado concentrar el grueso de las capacidades de
investigación radicadas en San Juan. En efecto, si bien
en la provincia cuyana también se han emplazado sedes
de organismos CyT, tales como el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional
de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional
de Prevención Sísmica (INPRES), como también
una institución universitaria de gestión privada: La
Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo), es en la UNSJ
donde más del 90% de los docentes-investigadores
categorizados en el PROINCE, los investigadores
insertos en la CIC del CONICET y los becarios de dicho
Consejo desarrollan sus actividades cientícas. Así
también, las seis Unidades Ejecutoras y de Servicio
que constituyen el Centro Cientíco Tecnológico de
CONICET en San Juan adscriben su doble dependencia
con la universidad pública sanjuanina (Algañaraz, 2019).
Todo ello daría cuenta de cómo dicha casa de estudios
se consolidaría a modo de un espacio central para la
circulación, acumulación, reproducción y, también,
delimitación de la estructura del capital cientíco. Ahora
bien, tal como los estudios precitados, junto a la línea de
investigación a la cual adscribe este trabajo han venido
señalando, la acumulación y distribución de dicho capital
ha asumido un carácter diferencial al interior de las
diferentes unidades académicas y de investigación de la
UNSJ, entre las cuales tanto el DEA y el INAUT, a partir
de sus cuerpos de docentes-investigadores, becarios,
tesistas, proyectos de investigación acreditados,
producción cientíca publicada, como también los
vínculos entablados con diferentes organismos CyT
nacionales e internacionales, se han ubicado en
posiciones de privilegio. De allí que la construcción del
objeto de estudio del presente artículo avance en torno
a los diferentes modos de circulación y acumulación
del capital cientíco en tales unidades de docencia e
investigación, focalizando en cómo contribuyen a ello,
la incorporación y devenir en la institución, junto a las
prácticas de publicación de la producción cientíca de
sus docentes-investigadores.
En el plano metodológico, el trabajo se estructura
como un estudio de casos de nivel analítico, el cual se
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erige sobre el relacionismo metodológico bourdiano
(Bourdieu y Wacquant, 1995) procurando avanzar
sobre aquellos monismos metodológicos que arman
prioridades ontológicas ya sean en lo colectivo (objetivo)
o en lo individual (subjetivo) y, de ese modo reconvertir
tales modos de existencia de lo social en momentos
integrados en un análisis relacional. A partir de ello,
durante la instancia objetivista son caracterizados los
procesos históricos/institucionales de los organismos
en estudio a n de dar cuenta, en cierto modo, de sus
condiciones objetivas actuales, contribuyendo a relevar
sus relaciones denidas, al tiempo que se reconstruye
aquella “partitura no escrita” tendiente a orquestar
las acciones de los agentes que en ellos transitan.
En sintonía con ello, la instancia subjetivista estuvo
focalizada en dar cuenta de la experiencia y las prácticas
desplegadas por los agentes que transitan por dichas
instituciones, a n de conocer sus disposiciones y tomas
de posición en instancias de acumulación, como así
también de reproducción de ciertas cuotas del capital
cientíco allí circulante.
Para el despliegue de la instancia objetivista fue
desarrollado un acceso de tipo socio-histórico,
orientado a la recolección y lectura analítica de diversos
documentos que permitieron conocer la organización
institucional, las funciones académicas, junto a los
objetivos en materia de producción CyT tanto del INAUT
como del DEA. Ello contribuyó a rastrear los procesos
históricos característicos de dichos organismos,
focalizando en las condiciones que materializaron sus
procesos de institucionalización, como así también los
modos en que fueron interpelados por las diferentes
políticas CyT desplegadas en el ámbito nacional. En
efecto, fueron recuperadas y analizadas diversas
normativas de la Facultad de Ingeniería en general
como de dichas unidades en particular, memorias
institucionales, junto a la clásica obra de la universidad
pública sanjuanina que da cuenta de su historia y
proyección (UNSJ, 1994); todo ello articulado con la
lectura reexiva de la literatura especializada.
La instancia subjetivista, además, fue desplegada
por medio de un acceso etnográco cuya técnica de
recolección de datos consistió en la entrevista en
profundidad
3
, la cual estuvo centrada en recuperar las
voces testimoniales de agentes que despliegan sus
tareas de docencia y producción CyT en los organismos
estudiados. Su administración estuvo efectuada en
base a un muestreo de tipo teórico (Glaser y Strauss,
1967) por medio del cual fue diseñado un corpus
muestral que puede ser organizado a partir de tres
grupos diferenciales, de acuerdo a los perles de los
entrevistados.
El primero de ellos conformado por docentes-
investigadores que al momento del desarrollo de este
trabajo se desempeñaban como directores de las
unidades analizadas. Sumado a sus funciones directivas,
estos agentes se desempeñaban como titulares de
cátedra en las carreras de grado dictadas en el DEA,
dirigían proyectos de investigación acreditados tanto
por la UNSJ como por otros organismos nacionales
(CONICET, ANPCYT, entre otros); así también
participaban de modo activo en la formación de
recursos humanos, dirigiendo becarios y tesistas de
grado y posgrado. Se tratan especícamente del Dr.
Ricardo Carelli (Investigador Superior de CONICET
con categoría I en PROINCE y Director del INAUT), el
Dr. Juan Pablo Gragna (Docente-Investigador con
categoría I en PROINCE y Director del DEA), junto a la
Dra. María Agustina Garcés (Docente-investigadora con
categoría III en PROINCE, Investigadora Asistente en
CONICET y Directora del GATEME).
Un segundo grupo de entrevistado constituido por
docentes-investigadores de las unidades analizadas.
Ellos se caracterizan por integrar equipos de
investigación que ejecutan proyectos acreditados en el
INAUT o el GATEME, conformar equipos docentes de
3.Cabe señalar que el equipo de investigación en el cual se
desempeña el autor cuenta con un banco de entrevistas en
profundidad en constante crecimiento, constituido por más
de una treintena de testimonios de agentes vinculados a
la función CyT tanto de la UNSJ como de la administración
provincial y nacional. De ellos, se ha recurrido a los más
pertinentes y, a su vez, también se fueron recuperando
nuevas voces testimoniales específicamente vinculadas a
la temática del trabajo aquí presentado.
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las carreras de grado del DEA, como así también dirigir
a becarios y tesistas tanto de grado como de posgrado.
Entre ellos se encuentran el Dr. Francisco Rossomando
(Investigador Adjunto en CONICET y Responsable del
Área de Investigación y Desarrollo del INAUT), el Ing.
Raúl Romo (Docente-investigador con categoría III en
PROINCE y profesor titular de la cátedra Instalaciones
Hospitalarias de la carrera Bioingeniería dictada en el
DEA), y el Mg. Jorge Sarapura (Docente-investigador
con categoría V en PROINCE y Jefe de Trabajos Prácticos
en la cátedra Electrónica I de la carrera Ingeniería
Electrónica dictada en el DEA).
Finalmente, un tercer grupo el cual lo integran becarios
doctorales y posdoctorales que cumplen sus funciones
en el INAUT. Ellos son jóvenes investigadores egresados
de las carreras de grado ofrecidas en el DEA, los
cuales aún se encuentran transitando por instancias
de formación en la investigación cientíca, siendo
incorporados a diversos escalafones del sistema de
Becas del CONICET. Se tratan del Dr. Claudio Rosales
(Becario posdoctoral de CONICET con lugar de trabajo
en el INAUT), el Dr. Diego Santiago (Becario posdoctoral
de CONICET con lugar de trabajo en el INAUT y Jefe de
Trabajos Prácticos en la cátedra de Complementos de
Informática de la carrera Ingeniería Electrónica dictada
en el DEA), y junto a ellos el Ing. Pedro Bocca (Becario
Doctoral de CONICET).
Ahora, al recurrir a un dispositivo de recolección de datos
como la entrevista en profundidad se ha trabajado con
especial rigor en función de advertir las diferencias entre
pre-construcciones de lenguaje propias del investigador
como de los entrevistados; procurando así trascender
tanto al etnocentrismo lingüístico, como también a
la imposición de nociones y categorías de la lengua
empleada por los sujetos (Bourdieu, Chamboredon y
Passeron, 2008). A partir de ello, el diseño de dicho
cuestionario semiestructurado estuvo focalizado
en tres grandes dimensiones orientadas a indagar
acerca de: a) la incorporación de los entrevistados a
las unidades en estudio; b) su devenir en las funciones
de docencia e investigación; y c) la circulación de su
producción cientíca publicada. De ello se advierte que
los testimonios recuperados tendieron a concentrarse,
en principio, en la exteriorización de las experiencias
de docentes-investigadores construidas sobre la base
de sus percepciones y posicionamientos en torno a su
tránsito por las instituciones analizadas. En tal sentido,
es que se procuró recuperar un relato de tipo referencial-
experiencial y así no incurrir en ciertos modos de
interrogar que les conlleven a los entrevistados a
ociar como sus propios sociólogos, planteándoles
“cuestiones que los sociólogos se plantean respecto a
ellas” (Bourdieu, 1999, p.83).
En efecto, la articulación permanente entre tales relatos
experienciales, las fuentes documentales recuperadas
en el acceso de tipo socio-histórico, en conjunción con
las categorías teóricas abordadas en este trabajo, ha
contribuido a identicar y conocer cómo en las prácticas
de tales agentes subyacen luchas especícas orientadas
a la acumulación y reproducción de un capital en disputa
las cuales, a su vez, vienen siendo interpeladas por
diferentes dinámicas que tensionan al campo cientíco-
universitario y, por supuesto, a las instituciones que lo
integran.
Este modo de conocimiento coadyuvó, entre otras
dimensiones, a construir y revisitar el objeto de estudio
advirtiendo diferentes sistemas de selección/expulsión,
tendientes a ponderar/legitimar una estructura
diferencial de un capital particular que operan en las
instancias de incorporación de dichos agentes a las
instituciones en estudio. En sintonía con ello, el relato
de los docentes-investigadores sobre sus modos de
vincularse con diversos dispositivos que dinamizan
la acumulación del capital cientíco (formación de
postgrado, sistemas de becas nacionales y provinciales,
aprendizajes de idiomas, Programa de Inventivos, CIC
del CONICET, entre otros) contribuyeron a identicar en
sus prácticas, las disputas de capitales desigualmente
distribuidos a n de asegurar o promover sus posiciones
en dichos espacios. Así también, los testimonios
acerca de sus prácticas de publicación, tales como la
organización co-autoral, opciones idiomáticas, selección
de revistas en base a sistemas de indexación, entre
otras, siempre puestos en relación con la bibliografía
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especíca y las fuentes documentales trabajadas, han
posibilitado conocer cómo se materializan, ya sea de
modo consciente o inconsciente, algunas estrategias
de acumulación de capital cientíco; como así también
se van incorporando en el hacer de estos académicos
las culturas evaluativas propias del campo cientíco-
universitario argentino (Beigel, 2015).
De todo ello, es signicativo señalar como, las más de
las veces, estos testimonios dan cuenta de prácticas,
como así de también trayectorias desplegadas bajo
un cierto ordenamiento, conformadas a partir de
un modo irénico. Ahora bien, articularlos con otras
fuentes de información, en conjunto con las categorías
teóricas propias de la literatura especíca, dinamizó
la reexión en torno a la complejidad que subyace en
dichas prácticas, advirtiendo como en su génesis o
materialización encarnan tanto las luchas destinadas
a la acumulación y reproducción del capital legítimo,
como también aquellos procesos históricos que han ido
conformando las estructuras de relaciones propias de
los espacios analizados.
El INAUT y su progresiva vinculación estratégica
con el CONICET.
El INAUT es uno de los 10 Institutos de Investigación
dependientes de la Facultad de Ingeniería el cual,
como señala su Memoria Institucional (INAUT, 2016),
ha caracterizado históricamente su actividad cientíca
por la contribución a la sustentabilidad y mejora
de la calidad de vida, así como por el diagnóstico y
propuestas de solución a necesidades de desarrollo de
la población sanjuanina, la región y también en espacios
internacionales. Este último plano motorizado, a partir
de la concreción de diversos proyectos de cooperación
entablados con organismos nacionales como también
extranjeros. Ahora bien, el trabajo con fuentes
documentales invita a retomar las palabras de Bourdieu
y Wacquant, quienes señala que “[…] dejar el propio
pensamiento en el estado de impensado (impensé)
es condenarse a ser nada más que el instrumento de
aquello que uno pretende pensar”; señalando, además,
que “para evitar convertirse en objeto de los problemas
que toman por objeto, deben rastrear la historia de la
emergencia de estos problemas, de su constitución
progresiva, es decir, del trabajo colectivo, a menudo
realizado mediante competencia y lucha […]” (2008, p.
330-331).
De allí que este apartado (y de modo análogo el
subsiguiente) focalice en la caracterización de los
procesos históricos-institucionales de dicho instituto
que han contribuido, entre otras cosas, a conformar
tanto sus condiciones objetivas actuales, como así
también las tomas de decisión efectuadas desde la
misma institución en materia de auto-adscripción a
categorías especícas, como las precitadas, a efectos de
explicitar una denición institucional sobre sus prácticas
CyT y su posicionamiento en el sistema cientíco
nacional.
Los antecedentes del Instituto se retrotraen a la década
de 1960, etapa en la cual varios docentes universitarios
desarrollaban diversas prácticas investigativas –aunque
no reguladas formalmente todavía– en áreas de: Energía
Eléctrica y Electrónica, en el marco del Departamento
de Electromecánica
4
perteneciente a la entonces
“Facultad de Ingeniería, Ciencias Exactas, Físicas y
4. En esta unidad académica, en la cual sientan sus
antecedentes tanto el INAUT como el DEA, obtuvo su título
de Ingeniero Electromecánico el Dr. Tulio Abel Del Bono
quien fue electo como Rector de la UNSJ en el año 1988 y
reelecto en tres periodos más, hasta el año 1999. Luego de
concluir su último mandato como máximo funcionario de
dicha casa de estudios ejerció como ministro de Gobierno
y Diputado provincial de San Juan. Su vinculación con la
gestión política en materia ciencia y tecnología inició con
su función de Diputado Nacional, integrando entre otras, la
Comisión de Educación, Ciencia y Técnica de la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación. Posteriormente se
desempeñaría como Secretario de Ciencia, Tecnología en
Innovación Productiva de la Nación durante el periodo
2003-2007 y como Ministro de Ciencia y Técnica de la
provincia de Córdoba entre 2007-2011. Desde el año 2011
hasta la actualidad cumple funciones como Secretario de
Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación en la provincia
de San Juan. Ha integrado también el Directorio del
CONICET y, recientemente, ha sido condecorado por la
UNSJ como Doctor Honoris Causa.
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Naturales” de la Universidad Nacional de Cuyo, pero
con sede en San Juan. Fue recién hacia el año 1973, en
el contexto de creación de la UNSJ, cuando esta unidad
fue institucionalizada formalmente bajo el nombre de
Instituto de Automática, Sistemas e Informática (IASI).
No obstante, hacia el año 1985, durante la dirección del
Dr. Benjamín Kuchen
5
, fue renombrada como Instituto
de Automática (INAUT).
Ahora bien, el golpe de Estado que irrumpió la vida
democrática argentina en el año 1976, dio paso a “una
época que se caracterizó por la intolerancia de las ideas y
a consecuencia de esto fueron, separados de sus cargos
en la Universidad a través de expresas resoluciones,
docentes, investigadores y no docentes” (UNSJ, 1994,
p.56). Este conjunto de acciones formó parte de la
política cientíco-autoritaria digitada por el gobierno
de facto y basada, principalmente en estrategias de
represión y de discriminación (Pineau, Mariño, Arata y
Mercado, 2006). Ambas, repercutieron profundamente
en la estructura institucional del INAUT: sus autoridades
fueron desplazadas y la dirección administrativa
intervenida, siendo designado en el cargo de director el
Ing. Héctor Polimeni hasta el año 1984.
Luego del regreso a la democracia en el año 1983, en
un contexto caracterizado por la implementación de
5. Benjamín Kuchen, nació en la provincia de Santa Fe.
Cursó sus estudios superiores en la Universidad Católica
de Córdoba, obteniendo el título de Ingeniero Electrónico
en el año 1967. Realizó sus estudios de especialización
durante el año 1968 en el Philips International Institute
de Eindhoven con sede en los Países Bajos. Hacia el
año 1974 se doctoró en Universidad Renano Westfalica
(Alemania). En el año 1975 llegó a la provincia de San Juan,
desempeñándose como Profesor Titular en el Instituto
de Automática, y hacia el año 1983 ingresó como como
Investigador Independiente del CONICET. Durante el año
2000 se desempeñó como catedrático en la Universidad
de Salamanca. En Julio de 2002 fue electo como Rector de
la UNSJ, reelegido en dos periodos más, hasta el año 2012.
Paralelamente, en el año 2007, la Universidad Católica
de Córdoba le otorgó el título de Doctor Honoris Causa.
Finalmente, hacia el 2015 la UNSJ lo nombró Profesor
Emérito y durante ese mismo año, lanzó su candidatura
a Gobernador de la Provincia de San Juan por el partido
Frente Progresista Popular.
políticas de normalización y reinstitucionalización de
las Universidades Nacionales, fue re-designado en la
dirección al Dr. Benjamín Kuchen, quien se desempeñó
en el cargo hasta el año 2002. Durante su gestión,
el Instituto comenzó a experimentar una etapa de
creciente articulación con el medio a partir de la
concreción de procesos de transferencia en el ámbito
nacional. Entre otros, pueden destacarse los convenios
establecidos con la empresa Tecnología Buenos Aires
(TBA) en materia de robótica educacional durante el año
1986 (INAUT, 2016). Desde entonces, el instituto inició
un continuo proceso de vinculación con el CONICET por
medio de dos vías: la incorporación de sus cientícos al
sistema de becas como a la CIC del Consejo, junto a la
aplicación a proyectos de investigación y equipamiento
(INAUT, 2016). Dicha reconversión dinamizó la difusión
de sus producciones en revistas cientícas indexadas en
Science Citation Index (SCI), hacia el año 1989.
Ahora bien, en el marco de los difíciles años ´90 donde
el ámbito CyT nacional atravesaba por una etapa de
creciente restricción presupuestaria conjugada con
políticas de “innovación” –que tensionaron la autonomía
relativa propia de las Universidades Nacionales y el
CONICET–, la UNSJ comenzó a ejecutar ciertas políticas
de “promoción” del área de investigación. En dicho
contexto, el INAUT presentó ante el Ministerio de
Educación sus Programas de Doctorado y Maestría en
Ingeniería de Sistemas de Control. Ellos iniciaron en
1989 nanciados por serie de subsidios provenientes del
CONICET.
La consolidación de estos espacios de posgrado,
potenció el crecimiento y especialización tanto de
recursos humanos como presupuestarios para el INAUT.
Resultaron fortalecidas todas sus áreas de investigación
mediante la ejecución de diferentes tipos de proyectos:
“FOMEC, PME, PRAMIN y PRIETEC, además de los
proyectos PIP, PICS, PICT, Start Up, [del] CONICET”
(INAUT, 2016, p.4). El acceso a dichas convocatorias
actuó, claramente, como una estrategia orientada
a subsanar las limitaciones presupuestarias propias
del contexto de desinversión de la administración
menemista. Respecto a la renovación de equipamiento
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e infraestructura del Instituto, el director el Dr. Ricardo
Carelli
6
, señala:
No hubo líneas prioritaritas desde nación, pero si
proyectos para el equipamiento, algunos a los que
pudimos acceder, y mediante ellos adquirimos
instrumental importante en esa época. Porque las
circunstancias económicas de entonces hacían
relativamente sencilla la adquisición de equipamientos
en el exterior, para nuestro caso en particular. Así, el
INAUT se equipó en sus laboratorios, particularmente
en robótica, a través de proyectos a los cuales se
concursaba. (Carelli, R., comunicación personal,
12/05/2018)
También la crisis político-económica de los años
2001-2002 repercutió de manera directa en la cultura
investigativa del INAUT: “se redujeron notablemente
los viajes y compras al exterior. Lamentablemente
se produjo un perjuicio al sistema cientíco, porque
está claro que el investigador necesita interactuar con
grupos del exterior a través de la asistencia a Congresos,
o de estancias” (Carelli, R., comunicación personal,
12/05/2018). En este contexto, el Dr. Benjamín Kuchen
–quién se había desempañado por más de 15 años
como Director del Instituto– fue elegido Rector de la
UNSJ, asumiendo desde entonces y hasta el año 2019 la
dirección del INAUT el Dr. Ricardo Carelli.
Ahora bien, durante la paulatina pero sostenida
recuperación económica suscitada entre los años 2003-
2015, en materia de CyT, tuvo lugar una nueva etapa de
consolidación de sus lazos con el CONICET a partir de una
6. Ricardo Carelli, nació en la provincia de San Juan y
se graduó como Ingeniero Electromecánico en la UNSJ
en el año 1976. Hacia el año 1981 realizó una estancia
de investigación en el Politécnico de Torino en Italia.
Posteriormente, en el año 1989, se doctoró en Ingeniería
Eléctrica en la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM). Desde entonces se ha dedicado a actividades
de investigación y docencia de postgrado en el INAUT y
a docencia de grado en el Departamento de Electrónica
y Automática de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ.
Actualmente es investigador Superior del CONICET,
docente-investigador de Categoría I en el PROINCE.
nutrida incorporación de nuevos investigadores a la CIC
del Consejo y la designación del Instituto como Unidad
Ejecutora de Doble Dependencia UNSJ-CONICET en el
año 2012. Al respecto, el Dr. Carelli expresa:
En la última década se promovieron acciones de
investigación en ciencia y tecnología, poniendo un
fuerte énfasis en tecnologías y transferencias. […] De
hecho, el INAUT se ha beneciado con la incorporación
de numerosos becarios que concluyeron sus doctorados
y luego fueron incorporados como investigadores
del CONICET. Así, las políticas nacionales jaron
objetivos que hicieron crecer los números de becarios e
investigadores del CONICET signicativamente (Carelli,
R., comunicación personal, 12/05/2018).
El establecimiento del Instituto como Unidad Ejecutora
de Doble Dependencia UNSJ-CONICET ha sido
interpretado, la más de las veces, como una consecución
de prestigio que reestructuró las prácticas cientícas del
cuerpo de investigadores; “uno tiene que hacer informes
periódicos al Consejo y responder a sus demandas. Pero,
se reciben subsidios a los cuales solamente acceden los
centros de doble dependencia. Entonces, creemos a
esta altura de la experiencia que si ha valido la pena”
(Carelli, R., comunicación personal, 12/05/2018). De
igual modo se ha expresado el Dr. Claudio Rosales,
becario posdoctoral del Instituto: “cabe destacar que el
ingreso a la órbita del CONICET, signicó para el INAUT,
un subsidio de aproximadamente $500.000 destinado a
la mejora de infraestructura (Rosales, C., comunicación
personal, 10/05/2017).
Respecto al devenir del INAUT en años recientes,
ha denido sus líneas prioritarias de investigación
del siguiente modo: 1) Control de robots; 2) Control
de procesos, sensado y procesamiento de señales;
y 3) Sensado y control en agricultura de precisión.
Otro rasgo distintivo, fue el notable aumento en el
número de becarios de CONICET: durante el año 2016
el Instituto contaba con un total de 11, los cuales se
distribuían en 8 Doctorales y 3 Posdoctorales (UNSJ,
2017). Además, actualmente, mantiene en vigencia
convenios académicos con diferentes organismos
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CyT internacionales, entre ellos los Convenios
de Cooperación Universitaria entablados con las
Universidades de Ambato (Ecuador), de Espíritu Santo
y Fundación Capes (Brasil), de Valladolid (España), así
como de Verona (Italia).
El DEA como espacio destacado en la formación
de docentes-investigadores.
El Departamento de Electrónica y Automática (DEA)
fue institucionalizado como unidad académica
dependiente de la Facultad de Ingeniería en el año
1985, vía Ordenanza Nº: 0038-85 del Consejo Superior
de la UNSJ. Su propuesta de creación estuvo diseñada
por una comisión de docentes e investigadores que
se desempeñaban en la Sección de Electrónica del
Departamento de Electromecánica, así como en el
INAUT, quienes sostenían que su institucionalización
coadyuvaría a consolidar la “unidad conceptual y
estructural Carrera-Departamento-Instituto, con
nalidades académicas comunes, vinculadas ellas con
la electrónica, el control automático y la informática”
(Ord. Nº:0038-85-CSP, 1985, p.1).
Dicho proyecto señalaba, además, que tanto la
infraestructura como el personal cientíco y docente
precisado en la nueva unidad académica sería provisto
por la mencionada Sección Electrónica. Ello, cristalizaba
cómo la institucionalización del DEA habría funcionado
como un dispositivo de escisión-jerarquización de una
disciplina y de sus agentes especícos. En efecto, elevar
una sección departamental hacia un Departamento
Académico, cumpliría una doble función en los
procesos de acumulación de capitales: por un lado, el
capital cientíco acumulado hasta el momento por el
INAUT (espacio de investigación de completa anidad
disciplinar) potenciaría la creación del DEA y, por otro,
dicha unidad académica contribuiría con la formación
de nuevos docentes-investigadores los cuales,
progresivamente, se incorporarían a las funciones
cientícas desarrolladas en el INAUT.
Durante su primera etapa de funcionamiento se
dictaba la carrera de Ingeniería Electrónica, creada
en 1977 y dependiente hasta 1985 del Departamento
de Electromecánica. Ahora bien, hacia el año 1986 su
Claustro Departamental tomó la decisión de reformular
por primera vez su Plan de Estudios argumentando
que, si bien dicho diseño curricular formaba recursos
humanos de excelente nivel, el tiempo para la titulación
prácticamente duplicaba el estimado, como también sus
contenidos no incorporaban áreas como hardware de
computación, comunicaciones y electromedicina (Ord.
Nº: 0006-91-CD, 1991). Aquellas líneas de conocimiento
habían ganado notoriedad en el plano cientíco nacional
a partir de la política cientíco y tecnológica diseñada
desde el alfonsinismo y, especícamente ejecutadas
por Manuel Sadosky, a cargo de la Secretaría de Ciencia
y Técnica (SECYT). Entre ellas puede mencionarse:
la creación de la Escuela Superior Latinoamericana
en Informática (1986), el Centro Argentino Brasileño
de Biotecnología (1987), así como la reactivación de
la Subsecretaría de Informática, de la SECYT, la cual
experimentaba un “estado de hibernación forzosa en
el país desde 1966” (Jakovics, 2005, p.70). De modo
conducente, en 1991 fue aprobado el nuevo Plan
de Estudios, cuya estructura disciplinar vinculaba la
carrera –y al Departamento– a áreas del conocimiento
ponderadas por diversas políticas nacionales,
conjugándola con las líneas de investigación que ya
habían sido instituidas en el INAUT.
Desde inicios de la década de 1980, en lo concerniente al
ámbito CyT provincial y nacional, el área de tecnología
médica había alcanzado cierto nivel de relevancia,
generando así un nicho para la producción cientíca
que sería ocupado en una primera instancia por el
INAUT y posteriormente por el DEA. Así, en el año 1990
fue institucionalizado el GATEME, bajo la órbita del
Departamento de Electrónica y Automática. En dicho
espacio serían desarrolladas tareas de investigación,
docencia, y prestación de servicios a entidades tanto
estatales como privadas. Entre otras funciones, el
Gabinete focalizó en la formación de agentes orientados
a la creación tecnológica como a la investigación,
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motorizando el desarrollo de tecnología médica local y
autónoma (Ord. Nº 0001-90-CD-FI).
Sumado a ello, cabe señalar que entre los antecedentes
de su creación se cuentan experiencias de vinculación
entre el INAUT y diversos de organismos políticos de
orden provincial, como también nacional en materia
de tecnología médica. De ellas se destaca el Convenio
de Complementación entablado entre la Secretaría
de Estado de Salud Pública de la provincia y dicho
instituto en el año 1982, así como su participación en la
encuesta sobre la “Evaluación de Equipamiento Médico
Disponible” Encargada por la Organización Mundial
de la Salud y nanciada por el Programa Nacional de
Informática y Electrónica durante el año 1988 (Ord. Nº:
0004-92-CD-FI). Así, a partir de la institucionalización del
GATEME, las actividades CyT orientadas al desarrollo,
calibración y estudios sobre el instrumental médico
serían desplegadas en sus instalaciones, potenciando su
especicación, mientras que el INAUT concentraría sus
líneas prioritarias en sistemas de control, automática y
robótica.
De modo conducente, el fortalecimiento de la vinculación
del INAUT con el área médica durante la década de
1980 junto a la creación del Gabinete, dinamizaron la
institucionalización de la carrera de Bioingeniería en el
Departamento de Electrónica y Automática hacia el año
1992. En efecto, ella sentó sus bases sobre la estructura
del GATEME, compartiendo docentes e investigadores,
así como los resultados de proyectos de investigación
allí desarrollados. En sus primeros años funcionó como
un ciclo básico de grado que debía completarse con una
serie de cursos dictados en la Facultad de Ingeniería de
la Universidad de Nacional de Entre Ríos para obtener la
titulación de grado (Ord. Nº: 0004-92-CD-FI). Respecto
a ello, es signicativo señalar que a inicios de la década
de 1990 –hasta que la carrera fuese íntegramente
dictada en la provincia– los estudiantes experimentaron
múltiples dicultades para concluir sus estudios fuera
del territorio provincial, varias de ellas vinculadas a
la implementación de un modelo político-económico
neoliberal que prontamente se tradujo en crecientes
reducciones a las partidas presupuestarias del área
CyT (Algañaraz, 2020). Ahora bien, quienes lograron
culminar la carrera acumularon nuevas cuotas tanto
de capital cultural, como de lo que podrían entenderse
como capital social, en tanto construcción de redes
de relaciones con académicos externos a la UNSJ,
dimensiones que históricamente han apuntalado
la acumulación del capital cientíco en los espacios
estudiados.
En el ámbito de las políticas nacionales, en materia CyT,
hacia el año 1994 comenzó a ejecutarse el Programa
de Incentivos a Docentes-investigadores (PROINCE).
Tal dispositivo, dicho en apretada síntesis, tenía como
nalidad formal “otorgar un incentivo económico a
los docentes de nivel superior que realizaran tareas
de investigación. Para ello debían categorizarse
previamente en función de una serie de requisitos
vinculados a sus antecedentes académicos y desempeño
en actividades cientícas y docentes” (Algañaraz y
Castillo, 2018, p.66). Desde su puesta en marcha hasta
la crisis económica y social del año 2001 que azotó al
país, una signicativa cantidad de docentes radicados
en la UNSJ (incluidos quienes cumplían sus funciones
tanto en el DEA como en el INAUT) progresivamente
fueron incorporándose al sistema de incentivos.
Ahora, además de dicho dispositivo, los docentes del
Departamento de Electrónica y Automática ya habían
entablado vínculos con la CIC del CONICET, mediante
su desempeño en actividades CyT en el marco del
Instituto de Automática. Junto a ello, el cuerpo docente
de la Universidad en general y del DEA en particular
desarrolló una lectura doble acerca de la ejecución del
Programa de Incentivos. En este sentido, el Dr. Ricardo
Carelli, docente del Departamento y ex Director del
INAUT sostiene:
El Programa Incentivos, permitió involucrar en
actividades de investigación a numerosos docentes que
no tenían previamente mayor motivación para hacerlo.
Pero, se ha desvirtuado desde varios años atrás, debido
a que los montos que se pagan como becas actualmente
son insignicantes. Por otra parte, […] la categorización
de los investigadores, me pareció correcta. (Carelli, R.,
comunicación personal, 12/05/2018)
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Por su parte, el Ing. Raúl Romo, también docente de
la Unidad académica analizada y ex Coordinador del
GATEME expresa:
El PROINCE nació con el objetivo de acoplar la
investigación a la docencia. Pero después se desvirtuó,
porque en la evaluación para la categorización el
peso está muy inclinado hacia la investigación,
obviamente en desmedro de la docencia a pesar de ser
un incentivo docente. Uno es evaluado en cuestiones
como publicaciones internacionales, participación en
congresos internacionales y, a veces, como docentes que
participamos en proyectos no tenemos posibilidades de
hacer eso. En mi caso, estoy acompañando fuertemente
a los estudiantes en el Taller de Tesis para que puedan
graduarse en la carrera de grado, pero, si te muestro
mi planilla de la última categorización, en el ítem de
formación de recursos humanos tengo cero puntos. Esto
sucede porque ellos le llaman formación de recursos
humanos a los tesistas de post-grado. Entonces, uno
nunca podrá acceder a categorías I o II si se dedica a la
docencia de grado junto a la investigación. (Romo, R.,
comunicación personal, 19/12/2018)
En sintonía, el actual Jefe del Departamento de
Electrónica y Automática, Dr. Juan Pablo Gragna
señala:
Desde que se creó el Programa de Incentivos, se
empezó a jerarquizar la investigación y a desprestigiar
un poco la docencia. Se pensaba que la docencia se
hacía bien desde siempre y, muchas veces, la gente
crecía en investigación dejando de prestarle atención
a la enseñanza. Y, quienes realmente le ponían mucho
peso a la docencia, no eran valorados por el sistema
universitario. (Gragna, J., comunicación personal,
18/12/2018)
El PROINCE, además de generar posiciones encontradas
en docentes e investigadores del DEA y el GATEME, a
partir de sus mecanismos de evaluación y asignación
de recursos contribuyó a ir generando una suerte de
doble heterogeneidad vinculada a los procesos de
acumulación y reproducción de capitales y prestigio en
dichos planteles académicos: una primera relacionada
a la concentración diferencial de research capacities
en dichos espacios respecto a otras unidades de
producción CyT de la UNSJ y, la segunda, cristalizada
en la ponderación de criterios evaluativos particulares
vinculados a la formación de recursos humanos en
posgrado y publicaciones internacionales, entre otros,
para asignar las categorías más prestigiosas. Esto
último conllevaría a quienes centraban su dedicación en
la enseñanza de grado a encontrar una suerte de techo
de cristal en su jerarquización.
Ahora bien, tanto el sistema de incentivos y su
categorización, en conjunción con las políticas de
apoyo a la investigación diseñadas en el seno de la
UNSJ durante la década de 1990; tendieron en líneas
generales a potenciar las actividades CyT desarrolladas
en dichos espacios, sobrellevando así el signicativo
desnanciamiento del sector producido durante la
administración presidencial de Carlos Menem, así como
a dinamizar un proceso de sinergia entablado con el
INAUT, el cual lo explica el Dr. Gragna:
Hay tres tipos de actividades que se realizan en
estos espacios, las del INAUT, las del GATEME y las
del Departamento en particular. El rol del Instituto
siempre ha sido la investigación con carácter de post-
grado, logrando tener una Maestría y un Doctorado
acreditados con categoría A. Estas carreras han servido
de base para muchos docentes tanto del Instituto como
del Departamento, es lo que justamente denominamos
sinergia. También, hay muchos docentes del INAUT
que trabajan en el grado y varios del DEA que tienen
extensión de horas en el Instituto. Por su parte, el
GATEME ha ido potenciando sus tareas de investigación
y de extensión fuertemente apoyado por las carreras de
post-grado del INAUT, ellas han ido formando a la gran
mayoría de los doctores, así como ha ido sesgando la
investigación al área de la biomédica y bioingeniería
que son el fuerte disciplinar del GATEME. Hay algunos
proyectos que se trabajan en conjunto en ambos
espacios, principalmente de robótica médica, tratamos
de buscar puntos en común. (Gragna, J., comunicación
personal, 18/12/2018)
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El giro político iniciado en el año 2003, a partir de
la presidencia de Néstor Kirchner, representó un
parteaguas en materia CyT. Entre otras cosas, se
experimentó un dinámico acercamiento del CONICET
a las universidades públicas, algo que repercutió en el
devenir del DEA en general y del Gabinete en particular,
en palabras de la Dra. María Garcés, actual Coordinadora
del GATEME:
Se ha experimentado una fuerte transformación, en
relación a la investigación, a partir de la llegada de
los primeros becarios del CONICET entre los años
2006 y 2007 en dos dimensiones principales. Una es el
nanciamiento, las primeras camadas de becarios ya
son investigadores de la CIC, lo que nos ha permitido
acceder a otros tipos de convocatorias. La segunda
es la promoción de la actividad de investigación,
ahora con personal dedicado full-time, se produce
mucho más, casi todas las investigaciones son
aplicadas y con transferencia directa al medio. Estos
becarios e investigadores del CONICET tejen redes de
relaciones institucionales, lo que nos permite generar
convenios internacionales, adquirir equipamiento
nuevo y mantener, al menos, constante el ingreso de
nuevos becarios. (Garcés, M., comunicación personal,
20/12/2018)
Acumulación, circulación y reproducción de
capital científico en el INAUT y el DEA.
Desde la propuesta bourdiana (2001), la categoría
conceptual de capital remite al trabajo acumulado;
ya sea en su constitución material, o en su forma
incorporada, el cual se inviste como fuerza propia de
las estructuras subjetivas y objetivas. Además, como
un principio esencial de las regularidades al interior del
mundo social. En sintonía con dicho posicionamiento,
al focalizar el lente analítico sobre organismos
incorporados al campo cientíco-universitario nacional,
se advierte que el capital cientíco se constituye
como el capital legítimo y en disputa hacia su interior.
Ahora bien, el estudio ha ido dando cuenta que tanto
su conformación como las luchas por su acumulación
son cuanto menos complejas, conllevando a que su
estructura, en parte, esté comprendida por cuotas
que se corresponden con diversos tipos de capitales,
en tanto que constantemente atraviesan procesos
particulares de reconversión hacia el capital en disputa.
Dicho esto, es relevante señalar que tanto los procesos
históricos atravesados por las unidades analizadas
(institucionalizaciones, escisiones, ejecución de
políticas nacionales y universitarias en materia de
CyT, entre otros), sus disciplinas propias, las prácticas
CyT allí desarrolladas, junto a las trayectorias de sus
corpus de docentes-investigadores han ido delimitando
tanto la conformación actual del capital cientíco en
lucha, como así también sus modos de circulación,
acumulación y reproducción en su interior. Asimismo,
como ha sido señalado, el INAUT y el DEA se han erigido
sobre la base de instituciones pre-existentes las cuales
ya se encontraban dotadas de cuerpos de docentes que
ejecutaban tareas de investigación, como así también de
infraestructura e instrumental especíco que sostenían
su actividad cientíca.
Ello ha contribuido a que el Instituto estableciera
tempranamente vinculaciones con el CONICET,
incorporando investigadores a la CIC del Consejo,
como también obteniendo nanciamiento a partir de
convocatorias a proyectos de investigación, las cuales
además de dinamizar las actividades CyT motorizaron
la institucionalización sus Programas de Doctorado
y Maestría en Ingeniería de Sistemas de Control hacia
el año 1989. Aquellos vínculos interinstitucionales,
en parte, fueron motorizados durante la gestión
presidencial de Raúl Alfonsín por medio de lo que, en
palabras de Amílcar Herrera (1995), podría señalarse
como el despliegue de su “política cientíca explícita”.
En efecto, durante su gobierno fue jerarquizada la
Subsecretaría de Ciencia y Tecnología, dependiente del
Ministerio de Planicación, y elevada a una Secretaría
de Estado de Ciencia y Tecnología de la Nación, bajo
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la órbita del Ministerio de Educación y Justicia, lo que
estrechó su relación con las universidades nacionales.
En sintonía, los docentes-investigadores del DEA
prontamente fueron incorporándose a la categorización
del PROINCE logrando así acceder a la ejecución de
proyectos acreditados por aquel Programa. Así también,
a partir del giro político en materia CyT experimentado
entre los años 2003-2015, ambas unidades potenciaron
sus vínculos institucionales con dichos dispositivos de
promoción cientíca.
Ahora bien, todo ello ha conllevado a que lo entendido
como autoridad cientíca hacia el interior de estos
espacios, fuese paulatinamente adoptando criterios
homologables a los parámetros e indicadores que
han venido conformando la cultura evaluativa propia
del CONICET, junto a la incorporación de algunas
características especícas de la categorización del
PROINCE, aunque ellas no se han venido aanzado con
el mismo peso. En tal sentido, la estructura de dicho
capital cientíco comenzaría a erigirse sobre la base
de, al menos, dimensiones tales como la formación
académica de los agentes –especícamente en materia
de postgrados–, la acumulación de determinadas
cuotas especícas de capital idiomático vinculadas a
la lengua anglófona, así como la incorporación de los
investigadores a los denominados circuitos mainstream
de publicación cientíca.
En cuanto a la formación académica, diversos jóvenes
investigadores que también se han incorporado al
Consejo por medio del sistema de becas, señalan cómo
eran incentivados por docentes-investigadores del DEA
a proseguir sus estudios de posgrado en los Programas
de Maestría o Doctorado del INAUT, mientras aún
cursaban sus estudios de grado. No obstante, aquellos
ofrecimientos no se caracterizan por ser extensivos
al grueso del cuerpo estudiantil de dicha unidad
académica ni mucho menos azarosos. En efecto, el
desarrollo de una trayectoria diferencial en la formación
de grado era determinante para lograr el acceso a ese
tipo de invitaciones. Respecto a ello, el Ing. Pedro Bocca,
becario doctoral del CONICET con lugar de trabajo en
INAUT señala:
Mientras estaba haciendo la carrera de grado fui
ayudante de 2ª categoría en varias cátedras vinculadas
a la investigación. Me gustaba la temática, entonces el
profesor que estaba a cargo mío, el Ingeniero Penisi me
sugirió proseguir con la carrera de doctorado. Me puso
en contacto con el Doctor Carelli quien me mencionó la
posibilidad del CONICET como beca, para poder hacer
los estudios y vincularlos con la investigación. De ahí
preparamos todo para hacer la aplicación, que resultó
positiva. (Bocca, P., comunicación personal, 12/12/2018)
En sintonía, el Dr. Carelli señala que el contacto de
investigadores ya incorporados a la CIC del CONICET
con estudiantes de grado “favorece al sistema de
investigación, porque normalmente motivan a los
estudiantes, los captan y detectan las vocaciones de los
jóvenes para la investigación, pudiéndolos incentivar
para la incorporación a los sistemas cientícos”
(Carelli, R., comunicación personal, 12/05/2018).
Aquello, que podría entenderse como un “estímulo
a las vocaciones jóvenes en investigación” operaría a
modo de dispositivo de selección de agentes tales que
ya han iniciado una progresiva acumulación de cuotas
especícas de un capital determinado, convirtiéndose
así en los recién llegados. Ello, les otorgaría una
especie de credencial de legitimación para su ingreso
formal al plantel de académicos de dichos espacios de
docencia e investigación. Tal proceso de conocimiento-
reconocimiento-selección conduciría tanto a los recién
llegados a iniciar el despliegue de ciertas estrategias
de sucesión (acumulación del capital especíco), como
también, a los académicos ya consagrados a desplegar
trabajos de reproducción particulares, tendientes “ante
todo a producir agentes sociales dignos y capaces de
recibir la herencia del grupo” (Bourdieu, 2011, p.36).
Aquellos “recién llegados”, fueron construyendo
una illusio particular cristalizada en el interés por
la investigación (y sus lógicas) desde la cursada de
carreras de grado, como también en su acumulación de
cuotas especícas de capital cultural institucionalizado
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al desempeñarse como adscriptos o ayudantes
alumnos. A partir de ello, fueron movilizándose hacia
posiciones más ventajosas para iniciar su desempeño
como investigadores, contando ya con capitales de
una potencial alta rentabilidad al momento de ser
reconvertidos en capital cientíco. Quienes podrían
denominarse como ya “consagrados”, además,
desplegarían aquellos procesos de selección, por un
lado, a modo de instancias de reproducción del capital
acumulado y circulante en las unidades analizadas, y
por otro, como estrategias de conservación orientadas
a perpetuar dichas lógicas de circulación y acumulación.
Así también, la invitación selectiva a la realización de
una carrera Doctoral, solventadas por el sistema de
becas del CONICET, contribuiría a la incorporación de
nuevas cuotas de prestigio para dichas instituciones las
cuales consolidarían la perpetuación de los capitales
previamente acumulados por estos espacios de
docencia e investigación.
En palabras de Beigel (2018 y 2016), a partir de la creación
del Institute of Scientic Information (ISI) en 1959 y
luego del Science Citation Index (SCI), la publicación
de resultados de investigaciones cientícas en papers
se fue instaurando como un modo de circulación del
conocimiento reconocido y a la vez prestigioso. Ahora
bien, tanto los formatos de tales artículos, el idioma,
como también los criterios para evaluarlos utilizados
por las revistas incorporadas a tales bases de datos
respondían a criterios ya establecidos y consolidados en
los llamados “centros académicos”, los cuales se fueron
imponiendo en diversas latitudes. De allí que, de modo
progresivo, el paper publicado en revistas cientícas
altamente rankeadas, así como angloparlantes se fue
convirtiendo en un requisito indispensable para la
promoción tanto en el sistema de becas como en la CIC
del CONICET, principalmente en las llamadas “ciencias
duras”. Ello trajo aparejado que los agentes dedicados
actividades CyT comiencen a acumular dichas cuotas
de aquel capital particular. En el INAUT y el GATEME
(Gabinete dependiente del DEA) los docentes-
investigadores han señalado la relevancia de contar con
conocimientos idiomáticos del inglés, inclusive desde
etapas previas a su incorporación a tales espacios de
docencia e investigación:
Hay mucha gente que tiene cursos y maneja el idioma.
En realidad, el INAUT no exige que tengas un nivel
determinado de inglés, se supone que debe haber
sido parte nuestra formación en el grado. No es un
requisito que nos elimine de ser investigadores, pero
se considera que debería ser adquirido, inclusive, antes
de incorporarnos. (Sarapura, J., comunicación personal,
20/12/2018)
En sintonía el Dr. Diego Santiago, becario Postdoctoral
del CONICET e investigador del INAUT expresa:
El inglés es la única lengua de la ciencia, por lo menos
en esta área no hay posibilidad de publicar si no es en
ese idioma. En mi caso tenía estudios previos, por lo que
no se me hizo difícil. Los inicié desde mi niñez y a los 14
años me recibí del instituto (Establecimiento educativo
dedicado a la formación en dicha lengua). Por otro lado,
no sabría decir cómo vive esto alguien sin estudios
del idioma, aunque nos valemos mucho también de
cuando la Facultad de Ciencias Sociales o el Colegio de
Ingenieros dictan cursos de inglés. Esto también nos
sirve al momento de realizar pasantías en el exterior.
(Santiago, D., comunicación personal, 14/12/2018)
Los testimonios precitados, especícamente de
quienes se desempeñan como becarios, asumiendo
posiciones de recién llegados a las unidades analizadas
en particular y al campo cientíco-universitario nacional
en general, posibilitan dar cuenta de dos dimensiones
especícas: por un lado, la referencia del idioma inglés
como “única lengua de la ciencia” evidencia como sus
percepciones y prácticas conuirían hacia el despliegue
de estrategias de sucesión, en tanto más seguras de
ofrecer, “al nal de una carrera previsible, los benecios
correspondientes a los que realizan el ideal ocial de
la excelencia cientíca, asumiendo el costo de realizar
innovaciones circunscriptas en los límites autorizados
[…]” (Bourdieu, 2003, p. 34).
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Por otro lado, la incorporación de dichos saberes
en materia idiomática al capital cultural de los
investigadores, entonces, coadyuvaría a apuntalar su
potencialidad de reconvertirlo en capital cientíco, en
tanto conocimiento imprescindible para incorporar
sus producciones CyT en circuitos mainstream de
publicación cientíca lo cual, también, potenciaría su
promoción en el sistema de Becas o la misma Carrera
del Investigador del Consejo al cumplimentar otro de
sus requisitos: la circulación de personas a partir de
estancias o pasantías en el extranjero.
En diversos trabajos, además, Beigel (2014 y 2013)
ha ido delimitando una denición conceptual sobre
el Sistema Académico Mundial, la cual en apretada
síntesis señala que su estructura desigual se cristaliza
tanto en la producción como en la circulación del
conocimiento cientíco. Así, desde la mitad del siglo
XX, los circuitos que han operado como mainstream han
sido los conformados, en principio, por el precitado SCI
(Beigel, 2016; Beigel y Salatino, 2015).
Si bien coexisten diversos circuitos por los cuales
transitan las publicaciones cientícas, los criterios de
ponderación del circuito mainstream continúan siendo
incorporados y legitimados por organismos CyT como el
CONICET para evaluar tanto el ingreso, la permanencia
como la promoción de sus investigadores. Ello conlleva
a que cientícos, como quienes transitan en los espacios
analizados, ponderen al paper cual instrumento
destacado para legitimar su acumulación de capital
cientíco, así como sus posibilidades de jerarquización
tanto en la CIC del Consejo como en sus espacios de
trabajo. En este sentido, se expresa el Dr. Francisco
Rossomando, investigador Adjunto de CONICET con
lugar de trabajo en el INAUT y docente del DEA:
Para lograr promocionar en el INAUT lo principal son
los papers, se siguen ponderando mucho. Lo que sí, se
ha empezado a cambiar un poco y se ha valorizado un
poco más el tema de la transferencia y la vinculación
tecnológica. Pero se sigue midiendo la producción
cientíca a partir del paper. Siempre teniendo en
cuenta cómo es la valoración que el CONICET le otorga
a cada una de las revistas, eso prácticamente no ha
cambiado. (Rossomando, F., comunicación personal,
15/12/2018).
Como ha señalado Beigel (2015) actualmente
en el campo cientíco argentino se maniestan culturas
evaluativas contrapuestas, una vinculada al CONICET
y sus agentes orientada hacia la internacionalización
y activa participación en circuitos mainstream de
publicación y otra relativa a las universidades nacionales
la cual es diversa, aunque en líneas generales, focalizada
en los “antecedentes docentes y el reclutamiento
endógeno” (p.14). Dicha tensión también ha sido
advertida en los espacios analizados, materializada con
mayor contundencia en las instancias de jerarquización
hacia el interior de los instrumentos de promoción
CyT señalados a lo largo de este estudio. En efecto,
la ponderación de la enseñanza de grado, junto a la
formación de tesistas en dicho nivel educativo, tenderían
a ralentizar la jerarquización en el PROINCE, como
también a distanciar, en parte, al docente-investigador
de una vinculación efectiva con el Consejo, dimensiones
que han sido referidas en los testimonios trabajados en
apartados previos.
En tal sentido, ha sido advertida una especie de escisión
entre investigadores full-time y docentes-investigadores
vinculada a su liación a uno u otro de los dispositivos
de incentivo a la producción CyT. Ello, conllevaría a
trazar una nueva cartografía respecto a la acumulación
del capital cientíco, en el cual serían explícitamente
ponderados quienes se vinculan al Consejo y, a su
vez, han incorporado a sus prácticas investigativas las
dimensiones constitutivas de los sistemas de evaluación
y jerarquización de aquel organismo. De hecho, la
actividad de investigación ha ido ganado históricamente
cada vez más protagonismo en estos espacios,
desplegando al menos dos dimensiones signicativas:
una suerte de ponderación de la función docente como
herramienta de reproducción orientada a perpetuación
de los capitales ya acumulados en las unidades de
Investigación y; un proceso de homologación del
capital cientíco con la cultura evaluativa del Consejo,
acentuando la desigualdad en su distribución como
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también su complejidad de acumulación hacia el interior
de los espacios analizados.
Reflexiones finales.
Estudios precitados (Algañaraz, 2020 y Algañaraz
y Castillo, 2018) han señalado cómo la Facultad de
Ingeniería, sus unidades de enseñanza/aprendizaje y de
investigación, junto a su cuerpo académico se han ido
ubicando en una posición de contundente relevancia
en relación a la concentración de las capacidades de
investigación que, a partir de su institucionalización,
viene acumulando la UNSJ. Especícamente, los
espacios aquí estudiados no fueron ajenos a tales
procesos históricos, ni a dichas lógicas de adquisición de
capital cientíco, lo cual contribuyó a que sus agentes
incorporen y motoricen estrategias de acumulación y
reproducción de recursos, privilegios, como así también
de prestigio.
Respecto a ello, desde este trabajo se ha procurado
contribuir con el diseño de una denición acerca del
“Capital Cientíco” circulante en las instituciones
analizadas. Aquel podría caracterizarse, en principio,
como una especie de capital multidimensional y a
su vez dinámico, cuyas instancias de acumulación
como de herencia carecen de inmediatez en materia
de temporalidad. En efecto, se lo reconocería como
multidimensional en la medida que su estructura se
conforma, al menos, sobre la base de cuotas especícas
de capitales como el cultural, en su dimensión
institucionalizada, a partir de la formación académica
(grado y postgrado); las capacidades lingüísticas en tanto
conocimientos de idiomas de circulación legitimada en
circuitos mainstream de publicación cientíca; como
así también de cuotas especícas de capital social
cristalizadas en el conocimiento, reconocimiento y
participación en redes de relaciones especícas, que
se constituyen al interior de instituciones académicas,
por las cuales transitan saberes implícitos relativos
a las dinámicas asumidas en el campo cientíco-
universitario argentino. Asimismo, se asumiría como
un capital dinámico en tanto su estructura tiende a ser
atravesada, en ciertas situaciones de modo conictivo,
por las presiones internas generadas en dicho campo,
las tensiones externas que lo interpelan desde otros,
tales como el diseño e implementación de dispositivos
y políticas en materia de ciencia y tecnología tanto
internacionales, nacionales y locales, en conjunción con
las lógicas y culturas de producción CyT que se vienen
consolidando al interior de las instituciones analizadas,
las cuales también se erigen como productos de diversos
procesos históricos.
En sintonía, han sido caracterizados en clave histórica-
institucional el INAUT y el DEA, ambos con asiento en
la Facultad de Ingeniería, focalizando en los modos
de acumulación, circulación y reproducción del
capital cientíco de sus académicos. A partir de ello
se ha procurado iluminar el interrogante sobre si la
concentración de tal capital conllevaría a que dichos
docentes-investigadores conformasen una suerte de
elite o un grupo dominante al interior de la institución
universitaria.
Vinculado a ello y en apretadísima síntesis, puede
señalarse que la institucionalización de aquellos
espacios se ha correspondido con diversas políticas
nacionales en materia de CyT, tal es el caso del INAUT
con la implementación de la segunda fase del Plan
Taquini
7
, sobre el cual se erigió la fundación de la UNSJ.
De modo conducente, la creación de la mencionada
institución universitaria habría sentado las bases para
que grupos consolidados de docentes con dedicación
a la investigación propusiesen, durante el retorno a la
democracia, la conformación de espacios propios y
especializados orientados a sus actividades docentes
y cientícas, tales como el DEA, en conjunción con el
GATEME y la carrera de Bioingeniería.
7. El plan de “Creación de Nuevas Universidades
Nacionales” elaborado por Alberto Taquini consistió en
la creación de universidades en diferentes provincias
argentinas a fin de dispersar la población estudiantil de
instituciones universitarias que se encontraban en proceso
de masificación, tales como la Universidad de la Plata
(UNLP) y La Universidad de Buenos Aires (UBA). Ver más
en Algañaraz (2020).
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Especícamente en el caso del INAUT, se destaca
la progresiva y constante acumulación de capital
cientíco, proceso tal que devendría en la necesidad de
generar espacios de formación de agentes preparados
tanto para “heredar” aquel capital históricamente
acumulado, como para potenciar su consolidación-
concentración y reproducción. Ello sería dinamizado a
partir del despliegue de políticas nacionales especícas
en materia de CyT, tales como: la ponderación de líneas
de conocimientos relativas a la informática, electrónica,
y biotecnología durante la gestión de Sadosky a cargo
de la SECYT (1983-1989); la institucionalización del
PROINCE en la primera mitad de la década de 1990;
junto al fortalecimiento del vínculo institucional entre el
CONICET y las universidades nacionales materializado
por medio de instrumentos como el sistema de becas
doctorales, la Carrera del Investigador Cientíco y los
diferentes tipos de subsidios destinados a proyectos
de investigación o de mejora de infraestructura/
equipamiento signicativamente dinamizados durante
los años 2003-2015.
De allí que ciertos docentes-investigadores procedentes
del INAUT, del DEA o de la unidad académica que
funcionó como antecedente directo (Departamento
de Electromecánica) acumularon tanto un volumen
diferencial, como cuotas particulares de capital
cientíco durante su trayectoria que les han permitido
no sólo ubicarse en posiciones prestigiosas relativas
a la función de investigación, sino también alcanzar el
cenit de la carrera de gestión universitaria. Entre otros,
se tratan del Dr. Tulio del Bono quien se desempeñó
como docente-investigador del Departamento de
Electromecánica y a su vez fue elegido Rector de la
UNSJ en cuatro periodos consecutivos (1988-1999),
el Dr. Benjamín Kuchen ex-Director del INAUT y ex-
Rector de la UNSJ (2002-2012), nalmente el Dr. Oscar
Nasisi, actual Rector de dicha casa de estudios cuya
gestión inició en el año 2012, quien también desarrolla
actividades CyT en el Instituto de Automática.
Especícamente las trayectorias del Dr. Del Bono
como del Dr. Kuchen (quienes acumulan 21 años
de gestión rectoral de los 46 años de historia de la
UNSJ) dan cuenta de cómo sus capitales acumulados
durante su tránsito por las instituciones analizadas se
han ido estructurando de modo tal que ciertas cuotas
lograron ser reconvertidas en otra especie de capital:
el capital político. En efecto, Del Bono a partir de la
culminación de su último mandato como funcionario
universitario logró aanzarse en la gestión política
encabezando diversas carteras CyT tanto nacionales
como provinciales (Ministerio de Ciencia y Tecnología
de Córdoba; Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología
e Innovación de San Juan y Directorio del CONICET),
mientras que Kuchen asumió la gura de referente
provincial del Frente Progresista Popular, participando
como candidato a Gobernador de San Juan en los
comicios provinciales del año 2015.
Todo ello, ha contribuido a revisitar en clave de
articulación nociones conceptuales como elites y grupos
dominantes: la primera tendiente a caracterizar grupos
reducidos posicionados en una especie de cúspide desde
la cual ejercen funciones importantes que son tanto
valoradas como reconocidas por el privilegio, prestigio
y posibilidad de acumulación de capital que detentan,
mientras que la segunda reere en grupos focalizados,
las más de las veces, en mantener y reproducir tanto
sus recursos como privilegios (De San Martín, 2001). De
allí, lo trabajado en este artículo contribuiría dar cuenta
de cómo, en líneas generales, los corpus académicos
que integran los espacios analizados se erigirían
como grupos dominantes al interior de la UNSJ,
especícamente a partir del despliegue de sus modos
de acumulación y reproducción de capitales como así
también de selección de “herederos”. Ahora bien, hacia
el interior de dichos grupos es posible identicar y
delimitar una especie de “elite”, la cual está conformada
por un reducido conjunto de académicos que han
logrado acumular un volumen diferencial de capital
cientíco, cuya estructura interna ha sido reconvertible
en otras formas de capital, las cuales han dinamizado
también, en un principio su desempeño como gestores
en la UNSJ y luego su incorporación como funcionarios
públicos en el campo político nacional.
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Es Institucionalizada la UNSJ.
La integran las Facultades de:
Ciencias Sociales
Filosofía, Humanidades y Artes.
Ingeniería y Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
Es creado el Instituto Automática (INAUT).
Es creada la Facultad de Arquitectura Urbanismo y
Diseño.
Es institucionalizado como Unidad de Doble
Dependencia UNSJ-CONICET el Centro Astronómico el
Leoncito (CASLEO).
En el marco del DEA, es creado el Gabinete de
Tecnología Médica (GATEME).
Son institucionalizados como Unidades de Doble
Dependencia UNSJ-CONICET:
-Centro de Investigaciones de la Geósfera y de la
Biósfera (CIGEOBIO).
Es institucionalizado como Unidad de Doble
Dependencia UNSJ-CONICET el Instituto Regional de
Planeamiento y Hábitat (IRPHA).
Es creada la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y
Naturales.
1973
1975
1983
1985
1990
2009
2012
2014
2019
En el marco de la Facultad de Ingeniería es creado el
Departamento de Electrónica y Automática (DEA).
Es institucionalizado como Unidad de Doble
Dependencia UNSJ-CONICET el Instituto de Ciencias
Astronómicas, de la Tierra y del Espacio (ICATE).
Es institucionalizado como Unidad de Doble
Dependencia UNSJ-CONICET el Instituto de Energía
Eléctrica (IEE).
Anexo
Se incorpora al presente artículo una línea temporal
focalizada en la creación tanto de la UNSJ, sus
Facultades, como también las unidades de docencia-
investigación analizadas, detalla los años en que fueron
institucionalizados como Unidades Ejecutoras de Doble
Dependencia CONICET-UNSJ el conjunto de institutos
de investigación que conforman en la actualidad al
Centro Cientíco Tecnológico CONICET de San Juan:
Fuente: elaboración propia en base a UNSJ (2020) y CCT CONICET– San Juan (2020).
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Facultad de Ingeniería-. San Juan.
Entrevistas
Bocca, P. (2018). Entrevista realizada por Gonzalo Castillo.
Archivo del equipo de investigación al que pertenece el autor
del trabajo.
Carelli, R. (2017) Entrevista realizada por Gonzalo Castillo.
Archivo del equipo de investigación al que pertenece el autor
del trabajo.
Garcés, M. (2018) Entrevista realizada por Gonzalo
Castillo. Archivo del equipo de investigación al que pertenece
el autor del trabajo.
Gragna, J. (2018). Entrevista realizada por Gonzalo
Castillo. Archivo del equipo de investigación al que pertenece
el autor del trabajo.
Romo, R. (2018) Entrevista realizada por Gonzalo Castillo.
Archivo del equipo de investigación al que pertenece el autor
del trabajo.
Rosales, C. (2017). Entrevista realizada por Víctor Algañaraz
y Gonzalo Castillo. Archivo del equipo de investigación al que
pertenece el autor del trabajo.
Rossomando, F. (2018). Entrevista realizada por Gonzalo
Castillo. Archivo del equipo de investigación al que pertenece
el autor del trabajo.
Santiago, D. (2018). Entrevista realizada por Gonzalo
Castillo. Archivo del equipo de investigación al que pertenece
el autor del trabajo.
Sarapura, J (2018) Entrevista realizada por Gonzalo
Castillo. Archivo del equipo de investigación al que pertenece
el autor del trabajo.
| 55
TRAMAS SOCIALES | Nº 02 | Año 02 | ISSN 2683-8095
55-78
Guevara, Figueroa, Olivera Rubia.
Resumen:
Este artículo expone los principales hallazgos de una
investigación que aborda los procesos de construcción
del conocimiento académico, desde las prácticas de los
estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de San Juan, Argentina.
Se analizan los procesos de construcción de
conocimiento de alumnos que están nalizando sus
estudios con buen y muy buen rendimiento académico,
en los tiempos previstos por los planes de estudio.
Se trata de una investigación cualitativa, que se
sustenta en el discurso de los sujetos de indagación,
en sus percepciones, valoraciones, representaciones,
Guevara, Hilda Mabel
1
Figueroa, Rosa
2
Olivera Rubia, Ma. Eugenia
3
Recepción: 14/03/2020 | Aceptación: 01/06/2020
PRÁCTICAS ESTUDIANTILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO ACADÉMICO.
PERSPECTIVA DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACSO, UNSJ, ARGENTINA.
1. Docente en la carrera de Sociología, Universidad Nacional
de San Juan (UNSJ, Argentina); Investigadora del Instituto de Investiga-
ciones Socio-económicas de la Facultad de Ciencias Sociales (UNSJ).
Subdirectora del Instituto de Psicología Básica y Aplicada de la UC-
CUYO (IIPBA). Doctora en Psicología (UNSL). Especialista en Docencia
Universitaria (UNSJ). Correo electrónico: hildambelguevara@gmail.com
2. Licenciada y Profesora en Sociología, egresada de la Universidad
Nacional de San Juan. Especialista en Políticas Socioeducativas,
Derechos Humanos y Educación en entornos virtuales de aprendizaje,
y Maestría en metodología de investigación social, FACSO, UNSJ
en instancia de tesis, Doctoranda del Doctorado en Ciencias Sociales,
FACSO, UNSJ. Correo electrónico: rosa.figueroa011@gmail.com
3. Licenciada y Profesora de Psicología , egresada de la
Universidad Nacional de Córdoba. Especialista en Psicología del
Trabajo y las Organizaciones. Doctoranda del Doctorado en Ciencias
Sociales, FACSO, Universidad Nacional de San Juan, Argentina.
Investigadora en temas de políticas públicas sobre juventudes e inser-
ción laboral. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Córdoba.
Correo electrónico: eugeniaoli@yahoo.com.ar
56 |
Guevara, Figueroa, Olivera Rubia.
TRAMAS SOCIALES | Nº 02 | Año 02 | ISSN 2683-8095
55-78
expectativas expresadas. Todo ello favorece la
comprensión de sus estrategias para construir
conocimiento de manera exitosa.
La técnica utilizada para el relevamiento de la
información fue el grupo focal el material obtenido
permitió la elaboración de categorías conceptuales y el
diseño de mapas surgidos de una codicación abierta
mediante el programa ATLAS Ti.
Los resultados alcanzados hicieron posible caracterizar
las prácticas académicas que vinculan a los estudiantes
a la vida universitaria, identicar las estrategias que
eligen para llegar a sus objetivos y reconocer algunas
dicultades ligadas al proceso de construcción del
conocimiento; entre ellas se describen ciertos obstáculos
asociados a sus profesores y a los planes de estudio.
Palabras Clave:
Conocimiento - Prácticas académicas – Estudiantes.
STUDENT PRACTICES FOR THE CONSTRUCTION
OF ACADEMIC KNOWLEDGE.
PERSPECTIVE OF FACSO STUDENTS,
UNSJ, ARGENTINA.
Abstract:
This article presents the main ndings of an investigation
that addresses the processes of construction of
academic knowledge, from the practices of the students
of the School of Social Studies of the National University
of San Juan, Argentina.
The processes of knowledge construction of students
who are completing their studies with good and very
good academic performance, in the times provided by
the study plans, are analyzed.
It is a preferably qualitative investigation, which is based
on the discourse of the subjects of inquiry, on their
perceptions, evaluations, representations, expectations
expressed.
All this favors the understanding of their strategies
to build knowledge successfully. The technique used
for the information survey was the grupo focal, the
material obtained allowed the elaboration of conceptual
categories and the design of maps arising from open
coding using the ATLAS Ti program.
The results achieved made it possible to characterize the
academic practices that link students to university life,
identify the strategies they choose to reach their goals
and recognize some diculties related to the process of
knowledge construction; among them certain obstacles
associated with their teachers and study plans.
Key Words:
Knowledge – Academic practices – Students
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TRAMAS SOCIALES | Nº 02 | Año 02 | ISSN 2683-8095
55-78
Guevara, Figueroa, Olivera Rubia.
Introducción
La Educación Superior ha sido y es objeto de debates
acerca de la formación que reciben quienes egresan. El
trabajo que se presenta se sustenta en una investigación
desarrollada en los últimos años por un equipo dedicado
a la investigación educativa
1
, siendo el propósito actual
el de abordar la población estudiantil de la Universidad
Nacional de San Juan que está próxima a graduarse, el
estudio muestra un modo particular de reexionar sobre
las prácticas y experiencias académicas de construcción
de conocimiento desde la mirada de algunos alumnos.
Se piensa a la educación en tanto fenómeno social,
a través del cual se logra la transmisión cultural,
condicionada por diversos factores y estructuras
como la economía, la política, el sistema educativo,
las instituciones, las relaciones docente-alumno, la
didáctica, entre otros (UNESCO, 2005). En ese contexto,
la deserción estudiantil y la permanencia sigue siendo
uno de los problemas de la mayoría de las instituciones
de educación superior de toda Latinoamérica.
Clark (1991) explica que la materia del conocimiento
—más aún, la de tipo avanzado— es la médula de
los propósitos y la esencia de cualquier sistema
de educación superior” (p. 35) por lo que se torna
indispensable profundizar en la forma en que los
universitarios construyen sus trayectorias hasta arribar
al egreso o al abandono denitivo de los estudios.
“Los jóvenes universitarios -como todo sujeto social-
viven en un mundo que perciben pero que al mismo
tiempo construyen, es decir que sus percepciones están
mediadas por sus prácticas, por su inserción concreta en
la sociedad. Por lo tanto, esas percepciones constituyen
también el universo de sus prácticas, el horizonte en que
1. A comienzos de los años noventa se formalizó
en el Instituto de Investigaciones de la Facultad
de Ciencias Sociales un equipo de estudio que
consolidó una línea de investigación educativa y
que tomó como objeto de análisis a la Universidad
Nacional de San Juan.
esas prácticas tienen sentido y el horizonte en el cual se
construye el sentido.” (Ortega, 1996, p.3)
El constructo “prácticas académicas”, de un modo
general alude a una práctica desarrollada por sujetos
cuyo campo identitario se construye alrededor de los
procesos fundantes del quehacer educativo como son los
procesos de enseñanza y de aprendizaje, procesos que
suponen circulación de conocimientos en determinadas
condiciones institucionales y socio históricas.
La preocupación y el interés por ahondar en las
prácticas académicas de los estudiantes se vio reejada
en estudios que permitiesen describir quiénes son los
estudiantes y caracterizar algunas de las variables que
se relacionan directamente con su RA (rendimiento
académico). En esa dirección, investigaciones previas de
las que participamos buscaron conocer las trayectorias
académicas estudiantiles, analizando los procesos de
lenticación en la consecución de sus estudios; como
también los factores que inciden en el RA. Entre las
variables investigadas recientemente se han indagado
las socioculturales, cognoscitivas y emocionales de los
estudiantes, constatando que, si bien todas mantienen
incidencia sobre el RA, no existe exclusividad predictiva
en ninguna de ellas (Guevara & otros, 2013, 2015, 2017).
En este documento se exponen algunos hallazgos de una
investigación realizada con estudiantes de las Unidades
Académicas de la Facultad de Ciencias Sociales de la
UNSJ: Ciencias de la Comunicación, Sociología, Ciencias
Jurídicas, Ciencias Políticas, Ciencias Económicas,
Trabajo Social.
2
En esta propuesta no se analiza a los estudiantes
lenticados, sino se hizo foco en los alumnos que lograron
llegar a su meta académica, procurando comprender los
procesos de construcción de conocimiento de sujetos
2. Proyecto CICTCA: “Desafiando el futuro:
Estrategias y prácticas de construcción de
conocimiento académico-profesional de estudiantes
y profesores universitarios. Caso FACSO-UNSJ”.
Período 2018-2019.
58 |
Guevara, Figueroa, Olivera Rubia.
TRAMAS SOCIALES | Nº 02 | Año 02 | ISSN 2683-8095
55-78
que están nalizando sus estudios con buen o muy buen
RA y en los tiempos previstos por los planes de estudio.
El RA, en palabras de Tonconi (2010) constituye un
indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por
el estudiante, representa el nivel de ecacia en la
consecución de los objetivos curriculares para las
diversas asignaturas. En esta denición se hace alusión
a cómo el RA expresa el grado de logro que han tenido
los aprendices en la asimilación y comprensión de los
contenidos docentes; es decir, lo que el estudiante
ha aprendido como consecuencia de un proceso de
instrucción o formación, y dene de un modo u otro el
éxito o fracaso en el estudio. En ese sentido se habla
de estudiantes con trayectorias académicas exitosas,
tomando como parámetro el imaginario construido y la
valoración cultural acerca del éxito.
La instancia cualitativa del trabajo que sustenta esta
producción, le otorgó exibilidad a la investigación, a la
vez que dio importancia a la subjetividad de los actores
consultados. El material de análisis que se expone en
este artículo analiza los testimonios que los propios
estudiantes brindaron al participar de una estrategia
grupal de relevamiento de información: el grupo focal.
Este texto que se presenta intenta capturar las
expresiones brindadas por los estudiantes, recuperar
sus comentarios, son los mismos sujetos participantes
de la investigación quienes, a partir de sus percepciones,
experiencias previas, y el signicado que le dan a la
construcción de conocimiento académico, ofrecen la
posibilidad de acercarnos a la comprensión del sentido
que atribuyen a su vida cotidiana y sus prácticas, a su
condición de ser jóvenes estudiantes.
Algunos conceptos a modo de Marco de
Referencia
La revisión de fuentes bibliográcas nos permitió
conceptualizar ciertos tipos de conocimientos que
es necesario diferenciar y que se pueden presentar
progresivamente a lo largo de nuestra vida.
El conocimiento cotidiano, es un saber no formal que
nos permite adaptarnos a las circunstancias vitales que
acontecen desde las etapas iniciales de la vida. Es un
conocimiento que se transmite en la familia, en el entorno
social inmediato, en la cultura y generacionalmente,
permitiéndonos el ajuste adaptativo a la vida cotidiana.
De este tipo de conocimiento no nos ocuparemos en
esta investigación.
El conocimiento profesional, se trata de un
conocimiento que se desarrollaría fundamentalmente
fuera del ámbito académico, está centrado en un saber
hacer. “El conocimiento profesional, conocimiento
factual práctico, caracterizado por estar centrado
en el almacenamiento de aspectos imprescindibles
de la realidad en la que el profesional se desenvuelve
cotidianamente, centrado especialmente en hechos
(normativas, prescripciones profesionales, horarios,
características y funciones el puesto profesional,
objetivos prioritarios...) y problemas relevantes (tipos
de problemas que se presentan, demandas de la
organización, tiempo de intervención, prioridades
estratégicas en la solución de problemas, explicaciones
especícas de los problemas reales, predicciones
probabilísticas especícas de los mismos...). Una de las
características esenciales de este conocimiento es que
es contextualizado, es decir, se genera en torno al aquí y
ahora de los problemas concretos.” (De la Fuente, 2003,
p.35)
El conocimiento disciplinar, académico o cientíco es
un saber estructurado, factual, que es transmitido a
las personas mediante las instituciones, especialmente
educativas; la escuela, la universidad son depositarias
por excelencia de este modo de saber disciplinar. El
conocimiento académico, que se construye en el ámbito
educativo incluye el saber hacer, pero a un nivel potencial,
está mediado por aquellas experiencias que promueven
desde las prácticas la resolución a situaciones que
requieren de una intervención especíca.
En nuestro proyecto nos interesa indagar
prioritariamente cómo se construye el conocimiento
académico desde las prácticas de los alumnos y de
| 59
TRAMAS SOCIALES | Nº 02 | Año 02 | ISSN 2683-8095
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Guevara, Figueroa, Olivera Rubia.
los profesores universitarios que impactan en esas
prácticas, siempre hablando de la perspectiva de los
estudiantes.
En virtud de este propósito se ahonda en cada uno
de estos conceptos en alusión a los modelos teóricos
de los que surgen y que consolidan las opciones
epistemológicas de este estudio.
Prácticas académicas y construcción de
conocimiento
La reexión acerca de las prácticas académicas en el
ámbito universitario instala al investigador frente a un
hecho cuya naturaleza es compleja. Esta complejidad
está representada por los distintos componentes que
involucra la práctica, en principio los actores de esta
experiencia son profesores y estudiantes interactuando
en un espacio y un tiempo único, se trata de una
práctica social, situada, contextualizada (Guyot &
Giordano,1997).
Una opción en el análisis de las prácticas está centrada
en los resultados que esas experiencias alcanzan y
la resonancia que provocan en los estudiantes. A
propósito de ello son diversas las investigaciones,
con enfoques variados los que se han ocupado de
abordar estas cuestiones. Entre otros destacamos
los análisis que responden a concepciones acerca del
conocimiento y del aprendizaje, que brindan diferentes
puntos de vista sobre la temática escogida y otorgan
un signicado particular a la reexión por tratarse de
conceptos, lenguajes y creencias sobre qué, cómo
enseñar y fundamentalmente sobre el sentido de la
práctica de enseñanza en la actualidad, vinculadas al
modelo constructivista (Coll, 1996; Rodrigo & otros,
1993); marco conceptual con el que el proyecto asume
un posicionamiento epistemológico.
A modo de revisión general, se puede decir que en
un trayecto temporal de aproximadamente un siglo
se identican en la psicología educacional modelos
teóricos que posibilitaron distintas explicaciones y
metáforas respecto del aprendizaje. Cada paradigma
dominante dio lugar a lo que se conoce como metáforas
de aprendizaje, las que podrían sintetizarse en tres: el
aprendizaje como adquisición de respuestas propia
del conductismo; aprendizaje como adquisición de
conocimientos típico de las teorías cognitivistas y de
la información y el aprendizaje como construcción de
signicados ofrecida por el modelo constructivista.
Esas metáforas que son generadoras de contribuciones
y de cambios en la psicología del aprendizaje se han
producido en un escenario social complejo, que ha sido
caracterizado como sociedad de la información y del
conocimiento (Pozo, 1996; Navarro Guzmán, 2017).
Los procesos de construcción del conocimiento
constituyen un tema clave en los estudios sobre los
aprendizajes académicos. Si bien se trata de una línea
privilegiada en las investigaciones que se han llevado
a cabo en el campo de la psicología educacional desde
su temprana conformación disciplinaria, existe un
renovado interés por examinar este constructo en un
contexto de actualización de paradigmas y de cambios a
nivel planetario, en las formas de conocer e interactuar
con los saberes.
Una primera cuestión en este marco es dilucidar la
diferencia entre conocer y saber. Desde un punto
de vista psicológico, saber y conocer son resultado
del aprendizaje. Se sabe aquello que se aprende, no
podríamos saber algo sin nunca haberlo aprendido. Ser
capaz de hacer, decir o reconocer algo implica siempre
alguna forma de aprendizaje.
Ortega (2008) plantea la distinción entre saber y
conocimiento para poder usarlos en un sentido
operacional y relacional, recuperando así el valor
heurístico que puede tener su uso. Para este autor,
discriminar entre saber y conocer es distinguir entre
conocimiento existencial (de la vida, lo cual remite
a la idea bourdiana de conciencia operacional y pre-
reexiva) y conocimiento ligado a lo escolar y académico
(Ortega, 2008).
60 |
Guevara, Figueroa, Olivera Rubia.
TRAMAS SOCIALES | Nº 02 | Año 02 | ISSN 2683-8095
55-78
En ese sentido, nuestra investigación opta por
focalizarse en el conocimiento académico y referirnos a
los procesos de construcción de ese conocimiento, como
el eje vertebrador de las prácticas de los estudiantes de
la FACSO.
Se entiende entonces, el aprendizaje como un proceso
activo y constructivo cuya naturaleza es individual e
interno. Individual, porque los alumnos realizan su
propio proceso de construcción de signicados, también
la atribución de sentido sobre los contenidos que se les
brindan es una tarea intransferible a realizar por los
alumnos.
Es un proceso interno, porque el aprendizaje es el
resultado de un complejo proceso de construcción,
modicación y reorganización de los instrumentos
cognitivos y de los esquemas de interpretación de la
realidad (Coll, 2014).
Considerar el aprendizaje como un proceso de
construcción del conocimiento individual e interno
no implica necesariamente que deba ser también
interpretado como un proceso en solitario. Sin embargo,
esta idea originó posicionamientos diversos, que
podrían explicar la emergencia de diferentes tipos de
constructivismo. El constructivismo cognitivo reconoce
el proceso de construcción en el alumno es individual,
interno y básicamente solitario, el socio-constructivismo
entiende que el sujeto del proceso de construcción
es el grupo social, la comunidad de aprendizaje de
la que forma parte el alumno, por ejemplo, el aula y
su entorno con todos sus miembros. Otros enfoques
constructivistas reconocen el carácter individual e
interno de esa construcción de conocimiento, pero
niegan el carácter solitario del proceso, entendiendo
que los alumnos aprenden siempre de otros y con otros.
El aprendizaje, para estos enfoques está fuertemente
mediado por instrumentos culturales y se dirige
fundamentalmente a la asimilación de saberes que
tienen también un origen cultural.
El constructivismo, como teoría del conocimiento,
se ha nutrido de fuentes provenientes de diversas
disciplinas: mediación sociocultural (Vygotsky, 1979),
epistemología genética (Piaget, 1986), sociología
(Berger & Luckmann, 2001; Bourdieu, 1988), teoría de la
comunicación (Habermas, 1989), sociolingüística (Van
Dijk, 2001) entre otras.
En este proyecto adscribimos a la consideración del
proceso de construcción de conocimiento, en su
naturaleza social y cultural.
La mirada al contexto no es ajena a la creciente difusión y
aceptación de la perspectiva “socioconstructivista” que
atiende al papel de los factores culturales e integra los
aportes de Piaget y Vigotsky en el análisis de múltiples
problemas en la investigación psicoeducativa (Garello &
otros, 2010) .
Piaget (1986) sitúa la acción del sujeto en el centro del
ámbito cognitivo, para él es el individuo quien capta,
asimila y procesa la información por medio de sus
procesos de pensamiento, mientras que el cambio del
conocimiento implicaría continuas modicaciones del
equilibrio entre el sujeto y la realidad; estos postulados
plantean la existencia de estructuras cognitivas que se
transforman cada vez que el individuo necesita adaptarse
activamente a una nueva realidad o experiencia. Esas
adaptaciones suceden en aproximaciones sucesivas,
graduales hasta alcanzar el conocer.
Los aportes del enfoque sociocultural de Vygotsky
(1979) argumentan que el conocimiento es siempre
un producto cambiante de un proceso constructivo
afectado por las condiciones sociales. El sujeto
construye el conocimiento a partir de las interacciones
mediacionales que suceden con los objetos externos
(Villegas & González, 2005).
Este modelo socioconstructivista, que ha tomado
relevancia dentro de la investigación psicoeducacional,
se focaliza en la interdependencia de los procesos
sociales e individuales que intervienen en la construcción
del conocimiento.
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Guevara, Figueroa, Olivera Rubia.
Los estudiantes universitarios y la relación con
el saber
Desde los años 90 en la investigación sociológica,
psicológica y de las ciencias de la educación francesas
se destacan los estudios acerca de la relación con el
saber (rapport au savoir). Estos análisis han puesto en
evidencia diferencias en las prácticas de estudio de
los estudiantes universitarios, lo que ha posibilitado
aproximaciones a otras cuestiones como lo representan
el logro, el fracaso y la deserción; puede armarse
que el estudio de la relación con el saber convoca a
distintas líneas teóricas y es una noción en proceso de
construcción. Entre las investigaciones que reeren a
esa relación, los autores Beillerot; Blanchart-Laville;
Mosconi (1996) asumen una perspectiva socio-clínica
que intenta articular el psicoanálisis, la sociología, la
psico-sociología y la didáctica; ellos explican la relación
con el saber a través de la problemática del deseo de
saber; vinculan sujeto y objeto, concibiéndola con las
cualidades de móvil, creadora, transformadora.
Las investigaciones de Bernard Charlot, Élisabeth
Bautier Jean-Yves Rochex (1992) analizan la relación
con el saber desde una perspectiva más sociológica
y antropológica. Plantean la idea de una sociología
del sujeto, abordan la cuestión del fracaso escolar en
los niños y jóvenes provenientes de medios sociales
desfavorecidos.
En Argentina, Ortega (1996) indaga la relación con
el saber, como una relación temporal es decir no
es una relación ja e inamovible: “la relación con el
conocimiento se transforma con el tiempo y con la
sociedad: varía el sentido de “saber”, de la reexión
sistemática, de los modos de involucrarse o no
involucrarse, de la valoración del sistema educativo,
etc.” (Ortega, 1996 p.12).
En sintonía con ese postulado de Ortega, nos interesa
conocer — en el tiempo presente y en la especicidad
de nuestra sociedad — la vinculación entre la dinámica
social y las prácticas que construyen los estudiantes y
profesores de la U.N.S.J.; prácticas que, a la vez los
constituyen, teniendo en cuenta que la incertidumbre
ocupa un lugar central en los procesos sociohistóricos
actuales.
“La indeterminación y la indecisión como dimensiones
subjetivas de un fenómeno social -caracterizado por
la desvalorización de los conocimientos escolares- se
traducen en el plano de las prácticas en vaivenes, en
un dejar y retomar que retroalimenta la fragilidad del
compromiso” (Ortega, 1996, p.13).
Desde la perspectiva de Ortega al interior de las
dimensiones socio-históricas y socioinstitucionales
se juegan y entrecruzan numerosos elementos que
contribuyen a fundar y transformar la relación de los
sujetos con el (los) saber (es). Entre estos elementos se
identican: el capital cultural y escolar, las condiciones
sociales y materiales “objetivas” de origen socio-familiar
y el género.
Para un sujeto, la relación con el saber está vinculada
a la necesidad de analizar su situación, su posición,
su práctica, su historia, a n de dotarla de un sentido
propio.
Si ahondamos en la posición constructivista, la relación
con el conocimiento, especícamente la construcción
de conocimiento escolar se vincula con procesos
de enseñanza y de aprendizaje; se estima que el
aprendizaje está mediado por las ideas previas del
sujeto que aprende, y del sujeto que enseña. El contexto,
las características personales, su historia previa, su
pensamiento y los rasgos evolutivos conforman un
capital de conocimientos sobre los que los nuevos
saberes se integran. Todos estos factores parecen ser
la base de la adquisición, revisión, reestructuración y
cambio de las concepciones acerca de los fenómenos u
objetos de conocimiento.
El aprendizaje supone un proceso de construcción
de signicados; el que aprende atribuye sentido y
signicación a los fenómenos, sucesos y objetos
percibidos.
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Desde la perspectiva del que aprende, se considera que
existe un mecanismo globalizador en la incorporación
de los nuevos aprendizajes a su estructura cognitiva que
favorecen la comprensión y la aplicación de lo aprendido
a situaciones nuevas. Al respecto, los estudios de Piaget
destacan que el aprendizaje compromete procesos de
asimilación y acomodación; el dispositivo cognitivo
del que aprende, en términos de conocimiento y
estrategias, incorpora el nuevo conocimiento en una
actividad reconstructiva que provoca una modicación
amplicadora de su comprensión, estableciendo nuevas
relaciones en sus niveles de conocimiento.
En palabras de Pozo “la función de la mente es vencer
la inagotable entropía de la materia, es poner orden
representacional en el mundo, y eso nalmente sólo
puede hacerlo [el sujeto] tomando conciencia de sí
mismo” (Pozo, 2001, p. 208).
Ausubel se reere de manera original al concepto de
aprendizaje signicativo “comprende la adquisición de
nuevos signicados y, a la inversa, éstos son productos
del aprendizaje signicativo” (Ausubel, 1976, p. 55). Se
entiende que la construcción de nuevos signicados
por el estudiante reeja la culminación de un proceso
de aprendizaje que implica un procesamiento muy
activo de la información por aprender. El aprendizaje
signicativo se caracteriza por que el estudiante
relaciona la información nueva con la ya existente
en su estructura cognitiva de forma no arbitraria,
mientras que el aprendizaje por repetición se incorpora
a la estructura cognitiva de modo arbitrario, lo que no
facilita la adquisición de algún nuevo signicado.
Los procesos metacognitivos han ocupado un lugar
primordial en la investigación acerca de los aprendizajes
ecaces. Flavell ya en la década de los 70 explicaba
que la metacognición es el conocimiento sobre cómo
conocemos, se trata de los procesos con los cuales se
conoce el propio conocimiento. Este autor reconoce
en el conocimiento metacognitivo tres dimensiones:
persona, tarea y estrategias (Flavell, 1979).
Al inicio de la década de los ochenta, se replantea
el concepto de metacognición y se distinguen en su
estudio dos componentes centrales: a) el conocimiento
sobre los procesos cognitivos (saber qué), relativo a
personas, estrategias o tareas y b) la regulación de los
procesos cognitivos (saber cómo), relacionada con la
planicación, el control y la evaluación de los procesos
cognitivos (Brown, Bransford, Ferrara & Campione,
1983).
Ahora bien, estos procesos metacognitivos posibilitan
aprendizajes autorregulados y conscientes. Al hacer
explícitos esos procesos de cómo se aprende, el sujeto
dice qué hace, y presta particular atención a las fases
de planicación, control y evaluación en el contexto
académico de su formación.
Las estrategias metacognitivas forman parte de los
procesos de metacognición y se reeren a las acciones
que realiza el sujeto antes, durante y después de
que tengan lugar sus procesos de aprendizaje con la
nalidad de optimizar su ejecución o rendimiento, lo
cual implica una toma de conciencia. Sin embargo,
cuando esta conciencia no acontece el sujeto se sitúa
en la metaignorancia, es un ‘no saber que no se sabe’
(Burón, 1993). Al quedar desprovisto de conciencia
sobre sus propios procesos de aprender este sujeto
no se enfrenta a la duda cognitiva, suele ser pasivo,
no interviene, no pregunta y en consecuencia su
aprendizaje es decitario.
Los aprendizajes autorregulados habilitan al sujeto a
una mayor participación, a ser sujetos activos frente a
los conocimientos, la autorregulación metacognitiva
consiste en la posibilidad de narrar las propias ideas.
Monereo (1995) arma que “se pretende que el propio
alumno sea consciente de lo que piensa y de cómo
lo piensa, para que, a largo plazo, él mismo pueda
analizarlo y modicarlo, de manera autónoma, según
sus necesidades” (p. 74).
Espacios sociales de emergencia de los
estudiantes
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Guevara, Figueroa, Olivera Rubia.
Las trayectorias sociales deben entenderse, en parte,
como una singularidad de una trama social. Los
estudiantes provienen de espacios sociales, culturares,
y económicos, entre otros aspectos, que operan
como condicionantes estructurales que permiten la
construcción del mundo social donde cada agente social
se desarrolla. Como arma Bourdieu (2011) su posición
en el campo y la conformación de su habitus inuyen
en las trayectorias que los estudiantes van realizando,
sus elecciones, sus prácticas, sus gustos, tienen mucho
que ver con los lugares sociales de origen de cada uno
de ellos.
El concepto de reproducción social, de Bourdieu (2011)
reere a como cada grupo social con el despliegue
de estrategias que están presentes en sus prácticas,
preservan sus estructuras objetivas y subjetivas. Estas
estrategias se ligan a la forma en que conciben el
mundo y son trasmitidas familiarmente en el proceso
de socialización primaria, donde trasmiten formas
de pensar y hacer a los miembros más jóvenes,
estas prácticas sociales se naturalizan en los agentes
conformando un dispositivo que les sirve para la toma
de decisiones y la resolución de problemas.
En nuestro estudio, el mundo social de cada agente –
estudiante, responde a condiciones, o condicionantes
estructurales, y sus representaciones sociales se
conforman de acuerdo con el habitus y la posición en
el campus social en relación con el capital cultural y el
capital económico que posee cada agente.
Bourdieu (1988) dene al campus como al conjunto de
relaciones objetivas entre posiciones históricamente
denidas, y el habitus lo dene como un conjunto de
disposiciones históricamente incorporadas, como
esquemas de percepción, de apreciación y de acción
que se ajustan a las normas sociales explicitas de su
grupo de pertenecía y que además permiten desarrollar
estrategias y asegurar dichas prácticas a través de las
generaciones. Es el campo social el espacio donde los
agentes disputan capitales, por eso para Bourdieu
(2011) “los agentes y los grupos de agentes se denen
por sus posiciones relativas, según el volumen y la
estructura del capital que poseen” (p. 36) en cada
momento determinado, entendido de forma sincrónica
y diacrónica.
Las estructuras objetivas se vinculan a la distribución de
capitales: económico, social, cultural, simbólico, entre
otros, y a la disposición es despliegue de estrategias
para que esas estructuras sean reproducidas. La
educación y principalmente las instituciones educativas,
en especial la universidad, permiten la reproducción
social, en ellas los estudiantes despliegan durante su
trayectoria estrategias de reproducción social que les
posibilitan conservar o ampliar su posición a través
de los capitales que disputen y logren acumular. No
es un proceso determinante, la estructura social de
la que proviene condiciona, mas no determina, cada
agente social redene y otorga nueva signicación a las
estrategias heredadas de su grupo social, de acuerdo
con el contexto y con las oportunidades sociales que se
generan en su trayectoria concreta. Así, la educación
constituye una oportunidad de lucha por el incremento
de cualquier tipo de capital.
En las prácticas concretas como estudiantes
universitarios, despliegan estrategias que les permiten
el avance o no en la carrera seleccionada. Los
estudiantes que conformaron el objeto de estudio de
la investigación poseen la característica de tener los
promedios más altos de su carrera y de haber realizado
el cursado de la misma en los tiempos previstos por los
planes de estudio, lo que indica, que en términos de lo
esperado son estudiantes que cumplen con trayectorias
encausadas en un itinerario esperado, ideal, óptimo, lo
que lo envestiría de un signicado de “éxito”.
Las instituciones educativas estructuran las prácticas
de los agentes
3
, tanto de estudiantes como de
3. Entre los años 1974 y 1976, años de grandes cambios y
movilizaciones políticas en el país, se realizó una importante
reestructuración académica en la flamante Universidad
Nacional de San Juan. Se intervienen la universidad
y se estableció la siguiente estructura académica de
la Universidad: cuatro facultades: de Ingeniería y
Arquitectura, de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, de
Filosofía, Humanidades y Artes y de Ciencias Sociales. Las
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docentes, generando rituales que se reproducen y dan
sentido a la acción. Existe una gran complejidad en las
relaciones que se entretejen en los distintos vínculos
que el estudiante establece en la universidad y que lo
modican en sus estructuras previas, en muchos casos
siguen una tradición o mandato familiar, donde el título
universitario forma parte de lo esperado, y en otros
rompiendo con las tradiciones familiares, es el caso de
aquellos que son primera generación de universitarios.
Las decisiones metodológicas: instancia
cualitativa.
La estrategia: selección de sujetos y técnica
El diseño metodológico original incluyó estrategias
cuanti-cualitativas, con predominio cualitativo. En el
proyecto original también se entrevistó a profesores,
pero en este documento solo nos ocuparemos de la
perspectiva estudiantil.
4
La investigación se constituye en un estudio de casos,
para ello se han seleccionado 5 (cinco) estudiantes de
dos primeras unidades académicas se formaron a partir de
la facultad de Ingeniería y las dos últimas con elementos
constitutivos de la Universidad Provincial Domingo
Faustino Sarmiento y del Instituto del Profesorado. En los
pasos siguientes de esta reestructuración se transforma a la
Facultad de Humanidades en Facultad de Ciencias Sociales.
En la Facultad de Ciencias Sociales la oferta educativa
fue aumentando progresivamente, evolucionando y
redefiniéndose de acuerdo a los entramados sociales y a la
demanda del medio social y productivo que se planteaba
en la comunidad. De ese modo, surgen a su interior las
diferentes carreras también atravesadas por características
específicas de poder, de saberes disciplinares, formas de
enseñanza, entre otras cuestiones.
4.La Instancia Cuantitativa ha permitido la construcción
del perfil académico de los estudiantes y profesores.
Esta información se derivó de la obtención de datos y
análisis de los certificados de estudios otorgados por
el sistema informático de gestión de alumnos (actas de
exámenes). En cuanto a los perfiles de profesores, desde
una perspectiva macro se ha realizado un análisis a partir
de estadísticas publicadas por la SPU desde 2015.
cada una de las carreras se cursan en las diferentes
Unidades Académicas de la Facultad de Ciencias
Sociales: Comunicación Social, Sociología, Ciencias
Jurídicas, Ciencias Políticas, Ciencias Económicas y
Trabajo Social.
Los estudiantes fueron elegidos a través de un análisis
de los certicados académicos proporcionados por
el Departamento Alumnos, seleccionando a quienes
tuviesen los más altos promedios con reprobaciones
(en función del promedio histórico de su propia carrera
de estudio) y el 80% de las materias rendidas en su
currículo estudiantil. Luego de realizada la selección,
se conrman datos personales para poder contactar a
estos alumnos.
El trabajo nalmente se realizó con un grupo de 18
(dieciocho) estudiantes universitarios; el proyecto
además incorporó información acerca de datos
históricos de la institución universitaria; sobre planes
de estudio, incumbencias de los títulos, organización
curricular, lo que permitió contextualizar y profundizar
los relatos e historias de los sujetos escogidos.
Este artículo expone el análisis de los testimonios
obtenidos mediante la técnica de grupo focal, realizados
en una sesión de 120 minutos, con los 18 estudiantes y
organizados en subgrupos.
La dinámica de trabajo del grupo focal, implicó en primer
término que los estudiantes fueran convocados para
discutir un tópico determinado. Esto se logró a través
de comunicación telefónica, correo electrónico y/o
mensaje de celular (WhatsApp), se les envió la invitación
a participar de un grupo focal con una explicación del
porqué resultaron seleccionados.
El desarrollo de la técnica tuvo como tema central la
vida académica, respetando la siguiente secuenciación:
1) ¿Qué creen que es necesario para tener éxito en
su carrera? (A partir de este disparador se esperó la
emergencia espontanea de los tópicos)
De manera guiada se indagó acerca de:
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Guevara, Figueroa, Olivera Rubia.
• Valor de ciertas prácticas y recursos: tomar
apuntes, clases de consulta, etc.
• Factores facilitadores del aprendizaje
• Factores obstaculizadores del aprendizaje
• Estrategias de aprendizaje
• Administración del tiempo
• Rutinas de estudio
2) ¿Qué tipo de método de estudio les parece mejor?
¿Por qué?
Al nalizar el encuentro se les proporcionó un breve
cuestionario autoadministrado, que contenía preguntas
acerca de datos sociodemográcos y de formación
previa. Ese breve instrumento se aplicó para obtener
información que nos acerque a las condiciones
socioculturales (escuela de procedencia, educación de
sus padres, actividades de los padres, actividad laboral
propia) de cada uno de los participantes del grupo focal.
Una moderadora fue quien articuló las diversas
intervenciones y morigeró los distintos momentos
del encuentro, que fue lmado en su totalidad con el
consentimiento de los participantes.
La conformación del grupo de informantes signicó
acceder al mundo de sus signicaciones, con una
importante riqueza metodológica, reejando las
distintas percepciones y estrategias de acción en el
trayecto formativo de la universidad. En ese sentido,
la técnica del grupo focal puso en interacción las
individualidades expresadas en experiencias, opiniones,
emociones, creencias, consensos y disensos al momento
de describir y argumentar sobre su trayecto en la su
carrera de grado y las estrategias desplegadas como
estudiantes. El instrumento pudo reejar la pluralidad
de perspectivas que estos alumnos desarrollaron
durante su formación académica en la universidad
en el marco de una interacción grupal, poniendo al
descubierto motivaciones y posicionamientos de los
alumnos, sin embargo, a su vez, el proceso de diálogo
e interacción generó reexiones y reposicionamientos
entre los participantes.
El modelo de análisis
El proyecto de investigación que sustenta este artículo
incorpora en su metodología la interpretación de las
prácticas como acontecimientos sobre los que decir,
opinar, narrar, lo que admite la posibilidad de valorar lo
enunciado en el discurso de los actores. La veracidad de
los hechos está dada por la sinceridad que transmiten
las expresiones de cada actor entrevistado, esto
simplemente se conrma si se tiene en consideración
que la realidad, al decir de Bruner (1990) es tal cual el
sujeto la percibe.
La relación entre lo que se hace y se dice, en el proceder
normal de la vida, es interpretable, “existe una
congruencia públicamente interpretable entre decir,
hacer y las circunstancias en que ocurre lo que se dice y
lo que se hace” (Bruner, 1990, p. 34).
Los discursos de los estudiantes entrevistados están
teñidos de su propia circunstancia socio-contextual
y personal, lo que permite entrar en contacto con su
propia experiencia. Además, fue posible decir qué les
brindan sus docentes, pudieron expresar lo que esperan
de ellos, qué valoran de sus profesores, qué habilidades
perciben que deben desplegar como estudiantes, como
aquellas que distinguen óptimas en sus profesores,
se trató de provocar la mirada a su propia práctica y
los recursos que los profesores les brindarían para la
construcción de conocimiento.
En ese marco, una de tareas a efectuar como
investigadores consistió en despejar cómo las creencias
y los signicados que articulan estos actores dan
cuenta del entramado creado por lo social y lo singular,
alcanzando un nuevo sentido que desborda la simpleza
de mirar lo que allí acontece y habilita nuevas claves
para el cambio de esas condiciones de posibilidad.
Las características de ese contexto sociocultural
universitario en inter juego con sus componentes
subjetivos y personales (sociales e individuales),
delinean formas particulares y colectivas del proceso
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de construcción de conocimiento académico esto es,
necesariamente, en articulación con los elementos que
el escenario universitario ofrece.
El proceso de análisis del material obtenido en el
grupo focal, supuso de parte de las investigadoras una
estrategia cognitiva de articulación entre el contexto
de emergencia y la secuenciación de las palabras. Esto
fue posibilitando la elaboración de aproximaciones de
sentido a medida que se comprendían las expresiones
de los actores.
El material relevado, ha implicado una intensa tarea
de análisis, se utilizó como recurso la construcción de
mapas surgidos de una codicación abierta mediante el
programa ATLAS ti 7 Versión 7.1.4 (Licencia Educativa
individual 1993-2020. Berlín. Alemania)
En primer término, se organizaron los datos de la
unidad hermenéutica consistente en el corpus textual
(transcripción de la sesión del grupo focal), dentro de
categorías conceptuales, es decir, se asignaron etiquetas
a determinados párrafos o frases, donde la categoría
representaba los datos seleccionados; modalidad que
permitió a los investigadores visualizar de una manera
general las distintas agrupaciones que se hicieron de
los datos y así a medida que avanzó el estudio se pudo
apreciar la recurrencia narrativa y las expresiones
desde su sentido. Este modelo de análisis dio lugar a la
elaboración de nuevos mapas, donde se establecieron
las relaciones entre categorías, subcategorías, todo ello
en vinculación con los objetivos de investigación.
Los procedimientos indicados permitieron un
acercamiento a la comprensión de cómo estudiantes
y docentes (los profesores desde la perspectiva
estudiantil) construyen conocimiento académico,
garantizando coherencia a partir de la epistemología,
técnica de recolección de datos y modelo de análisis,
porque esas estrategias dan cuenta de la importancia
que se le da al sujeto y a su discurso frente al fenómeno
sobre el cual se basa este estudio.
La opción metodológica que recupera este documento
ubica al estudiante en un momento especíco: el
tramo nal de su trayectoria universitaria y observa
retrospectivamente cuál ha sido su recorrido en relación
al currículo prescripto por la carrera y el tiempo de
realización del mismo. En este punto se distingue entre
el tiempo académico y el tiempo personal del estudiante,
ya que cada uno de estos sujetos está atravesado por
una multiplicidad de acontecimientos vitales que
forman parte de la trama de su ser estudiante.
Carli (2007) explica que las biografías estudiantiles
también expresan las tensiones propias de un ciclo
histórico marcado por inestabilidad e incertidumbre.
Las narraciones estudiantiles sobre la propia experiencia
universitaria permiten acceder a aspectos desconocidos
del presente que permiten a la vez desacralizar viejas
representaciones y encarnar a los sujetos. Ello implica
priorizar la indagación de los modos de apropiación
subjetiva de la institución universitaria, de la educación
en general y del tiempo histórico. La narración de
la experiencia universitaria constituye un modo de
problematizar la relación entre educación, historia
y subjetividad que habilita la comprensión de las
dimensiones heterogéneas de la vida institucional.
El relato sobre historia académica, incluye el registro
de los obstáculos en las biografías personales, sus
decisiones acerca de interrupciones y “desvíos” en sus
recorridos, así como el reconocimiento de los factores
facilitadores del mismo proceso. La experiencia
estudiantil en el tiempo denido por el propio estudiante
está atravesada por temporalidades que corresponden a
distintos ciclos históricos y a distintas esferas de la vida
social, generadoras de diversos horizontes existenciales.
Un abordaje comprensivo del recorrido de los
estudiantes en su contexto educativo, requiere
considerar la interacción de sus experiencias sociales y
curriculares, situadas en un tiempo y en un espacio. Esta
contextualización de la trayectoria ofrece una lectura
de proceso, de discontinuidad y continuidades de una
práctica particular: la estudiantil.
Este análisis comprensivo focaliza los discursos de los
jóvenes acerca del recorrido que realizan en el marco
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de las estructuras formales de aprendizaje establecidas
por el plan de estudios, los ritmos en que se dieron las
asignaturas, las materias que se aprueban y reprueban,
los recursos con los que estudian y las calicaciones
obtenidas.
Este es el escenario donde se desarrollan los procesos
de enseñanza-aprendizaje, donde el estudiante
interactúa con la institución, con los docentes, con sus
pares, con el conocimiento. Escenario que se constituye
en un espacio donde interjuegan elementos educativos
y psicológicos, diversas inserciones sociales e historias
personales, múltiples concepciones y representaciones
de ese mundo. Aquí es donde el estudiante se vuelve
protagonista, y su desafío -según Coulón- es detectar,
descifrar e incorporar los códigos secretos de la vida
universitaria, hasta hacerse “miembro”. Desde esta
perspectiva, concluir los estudios universitarios no es
una síntesis de casualidades, sino la cristalización de
factores sociales y personales en los cuales el estudiante
mismo es actor y parte; podríamos aceptar entonces
que se trata un nuevo proceso de socialización.
En este proyecto surgen anticipaciones de sentido:
Los estudiantes entrevistados habrían consolidado
disposiciones positivas hacia el estudio.
Las percepciones acerca de sus propios procesos de
construcción de conocimiento, a las que acceden por
medio de una actividad metacognitiva dinamizada
en el grupo focal, pueden dar cuenta de estrategias
y recorridos desarrollados durante sus trayectorias
académicas; a la vez que reeren a las acciones que
les permitieron sortear las dicultades (institucionales,
pedagógicas, socioculturales, psicológicas, entre otras)
que pudieran haberse presentado, lo que explicaría su
persistencia exitosa en el sistema.
Resultados
Los resultados que se presentan incorporan una
primera lectura descriptiva de datos sociodemográcos
y de formación previa, obtenidos mediante un breve
cuestionario autoadministrado a los participantes
del grupo focal, sujetos que como ya se explicó están
nalizando sus estudios con buen y muy buen RA,
en los tiempos previstos por los planes de estudio,
circunstancia que los posiciona en una trayectoria
educativa óptima, desde el punto de vista de su RA
y que ha dado lugar a calicarla en este proyecto
como “exitosa”, en contraste con las trayectorias que
conducen a la dilación de los estudios o en el peor de los
casos a la deserción.
En mayor detalle se ofrecerán los hallazgos derivados
de las narrativas de los 18 participantes, obtenidas
durante el encuentro, acerca de las condiciones del
llamado “éxito” académico y las prácticas favorecedoras
u obstaculizadoras de construcción de conocimiento,
objetivo central de la investigación.
Caracterización de los estudiantes
Se presenta a los estudiantes que participaron de la
técnica de grupo focal, distribuidos según las diferentes
carreras convocadas. (Ver Tabla 1)
Tabla 1. Estudiantes entrevistados
CARRERAS FACSO
ESTUDIANTES
ENTREVISTADOS
LICENCIATURA EN
SOCIOLOGÍA
5
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CONTADOR PUBLICO 4
ABOGACÍA 4
LICENCIATURA EN
COMUNICACIÓN SOCIAL
3
LICENCIATURA EN
TRABAJO SOCIAL
2
LICENCIATURA EN
CIENCIAS POLÍTICAS
0*
TOTAL 18
*Los estudiantes invitados a participar del proceso no
asistieron. Fuente: Base de datos
Una descripción inicial permite informar que la mayoría
de estos sujetos (15) dice haber comenzado sus
estudios en la edad esperada, inmediatamente luego
de concluir su formación media, es decir que tuvieron
una continuidad formativa entre los sistemas medio y
universitario, lo que habla de una continuidad en sus
trayectorias estudiantiles.
Respecto de la situación de los padres en términos
de educación, la mayoría (11 sujetos) reporta un
nivel educativo alto para sus progenitores, quienes
desempeñarían trabajos de tipo jerárquico profesional
o bien ocupan cargos directivos, preferentemente en
instituciones del estado. Las madres de los estudiantes
se desempeñarían prioritariamente en el ambiente
privado. Estos aspectos contribuyen a la idea de
posesión de unas condiciones sociales y culturales
positivas favorables, para que estos estudiantes puedan
permanecer en el sistema universitario y logren sus
metas académicas esperadas.
En cuanto a la formación media recibida (escuela
secundaria de procedencia), los estudiantes reportan
anidad entre las orientaciones educativas concluidas y
las carreras universitarias elegidas. Este aspecto pudiera
favorecer sus aprendizajes y en consecuencia su RA, en
tanto dispondrían de conocimientos previos aanzados
durante el nivel educativo medio.
El hecho de haber tenido una beca o bien haber gozado
de una adscripción a cátedra/proyecto es informada por
11 estudiantes, quienes consideran que esas experiencias
tuvieron un impacto positivo en su formación; esta
experiencia práctica de conocimiento los sitúa en un
“como si” ya están ejerciendo en un campo cientíco/
profesional especíco, en un contexto que les brinda la
posibilidad de ejercitar un saber hacer.
Así también, la mayoría de estos jóvenes tuvo o tiene
alguna experiencia laboral afín a sus carreras. Los
sujetos que han obtenido algún apoyo económico
formal reportan preferentemente subsidio por beca
de investigación (6 casos) o por benecio social
representado por planes nacionales (3 casos), sin
embargo, 9 estudiantes informan no haber obtenido
este tipo de apoyo, lo que demuestra que sus estudios
han sido costeados íntegramente por las economías
familiares.
Otros aspectos indagados acerca de los alumnos
han sido los que aluden a su participación en eventos
culturales, la mayoría concurre de manera asidua a
estos acontecimientos (11 sujetos) o bien de modo
discontinuo (7 sujetos) El uso de algún tipo de red social
es reconocido por 11 estudiantes. Es decir que, se trata
de sujetos con consumo cultural y que acceden de algún
modo a información, demostrando cierto grado de
alfabetización digital y tecnológica, saberes necesarios,
imprescindibles en el mundo de hoy.
A partir de estas primeras observaciones se podría
conrmar que se trata de estudiantes cuya condición
de origen social y económico resulta favorable, al
menos suciente para el logro de metas académicas.
En consecuencia, en este grupo seleccionado el capital
cultural, el contexto familiar y escolar de procedencia
cumplirían un papel importante en el denominado
“éxito” académico.
El grupo elegido comparte características, marcadas
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Guevara, Figueroa, Olivera Rubia.
por el criterio de selección, lo que los deniría como
un grupo homogéneo, también conforma un universo
homogéneo si se consideran en general sus capitales
culturales y el origen social-cultural de procedencia;
la heterogeneidad está reejada en sus intereses
disciplinares, en sus motivaciones; es decir que podría
tratarse de una heterogeneidad marcada desde la
perspectiva académica-disciplinar y desde una mirada
psico social; lo que hace necesario ahondar en la posible
heterogeneidad-homogeneidad en sus prácticas al
interior de la carrera a la que pertenecen.
Condiciones para la construcción de conocimiento
académico
El análisis efectuado en esta investigación asume
como condición de partida una visión del “éxito”
académico de los estudiantes en el largo plazo, ya que
para seleccionarlos se tomó en cuenta la trayectoria
estudiantil de cada uno de los participantes, es decir
el desempeño completo de los alumnos durante los
años de la carrera. El éxito, entonces queda denido
por la condición de estar alcanzando la titulación en los
tiempos previstos por los planes de estudio y con las
máximas calicaciones según el promedio histórico de
la carrera, es decir por ajustarse a lo esperado.
Esta condición inicial habilita a pensar que los
estudiantes cumplieron con los requisitos académicos
exigidos dentro del plan de estudios de cada carrera y
que lo hicieron de modo óptimo.
Interpelados por las condiciones que perciben necesarias
para alcanzar sus metas, para obtener lo que llamamos
“éxito académico”, los estudiantes priorizan “Ser
organizado y responsable - Estudiar - Planicar tiempo-
Tener buenos profesores - Buen Plan de Estudio “.
Anteponen un modo de organización que involucra
prácticas académicas con responsabilidad y adecuado
manejo del tiempo; pero también en articulación con
ciertas características de la tarea del profesor y el
despliegue de adecuados planes de estudio. En pocas
palabras, el éxito en sus metas sería resultado de la
adecuada conjugación de esas dimensiones, que se irán
presentando en los subsiguientes apartados.
Para dar cuenta de las condiciones que los propios
estudiantes informan frente a los procesos de
construcción de conocimiento, fue necesario el uso
estratégico de mapas elaborados desde el programa
Atlas ti 7 con las expresiones literales transcriptas de
los participantes, a partir de las cuales se denieron
nuevas categorías y subcategorías al interior de la
unidad hermenéutica. A modo ilustrativo se presentará
uno de los mapas realizado, en la Figura 1, se visualizan
las voces de cada uno de los participantes, organizadas
por carrera, en este caso referidas a las condiciones del
denominado “éxito” académico.
Figura I- Mapa de condiciones para el éxito
académico
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Guevara, Figueroa, Olivera Rubia.
TRAMAS SOCIALES | Nº 02 | Año 02 | ISSN 2683-8095
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Fuente: Elaboración propia.
Estas respuestas quedan esclarecidas y pueden
comprenderse en su contexto, al vincularlas con el
concepto de habitus de Bourdieu.
El autor entiende por habitus el conjunto de esquemas
generativos a partir de los cuales los sujetos perciben
el mundo y actúan en él. Estos esquemas generativos
están socialmente estructurados: han sido conformados
a lo largo de la historia de cada sujeto y suponen la
interiorización de la estructura social, del campo
concreto de relaciones sociales en el que el agente social
se ha conformado como tal. Pero al mismo tiempo son
estructurantes: son las estructuras a partir de las cuales
se producen los pensamientos, percepciones y acciones
del agente (Bourdieu, 2011).
En ese sentido, el concepto de habitus da cuenta del
conjunto de acciones que circularían en el imaginario
de los estudiantes, como los accesos directos al “éxito”
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Guevara, Figueroa, Olivera Rubia.
académico, expuestas en sus expresiones literales como
condiciones prioritarias para lograr sus propósitos
estudiantiles, reglas que han sido generadoras de
conjuntos de prácticas que al cumplirse garantizan el
acceso a la meta.
Algunos de esos comentarios remiten a rutinas
organizativas (horas de estudio, asistir a clases) que se
adquieren a lo largo de la experiencia universitaria y que
resultan indispensables frente al cumulo de saberes que
les representa cada materia a estudiar, otras se vinculan
a los profesores tanto en sus rasgos profesionales como
personales y a los planes de estudios como espacios que
les han posibilitado una trayectoria óptima o exitosa.
Respecto de las estrategias desplegadas para la
preparación de las materias y desarrollo de las
actividades curriculares, en general valoran “La práctica
y el trabajo cotidiano- estudiar en grupo”. Los alumnos
perciben a sus pares como las personas que contribuyen
a su adaptación al mundo universitario y, el estudio en
grupo, una de las estrategias más valoradas a la hora de
avanzar en su carrera, estudiar es para ellos una práctica
social.
Las estrategias de estudio más utilizadas,
independientemente de la carrera que cursan, son
aquellas que reeren a la realización de resúmenes de
material bibliográco, confección de esquemas, lectura
comprensiva, entre otras.
Por esta razón, las acciones enunciadas con unánime
reconocimiento por parte de los entrevistados se
consolidan en prácticas cotidianas de la vida estudiantil
de estos jóvenes analizados, que se dene “exitosa”, en
sintonía con la teoría que sostiene que es a partir del
habitus que los sujetos producen sus prácticas.
El habitus, habilita la producción de pensamientos y
sus prácticas, posibilita la formación de un conjunto de
esquemas prácticos de percepción, con su respectiva
categorización y jerarquización, siendo este el
mecanismo que justicaría que nuestros estudiantes
puedan distinguir y valorar entre acciones adecuadas o
inadecuadas frente al conocimiento; al mismo tiempo
que se generan prácticas puestas de maniesto en la
“elecciones” de actividades y procedimientos de estos
actores bajo la forma de disposiciones positivas hacia el
estudio y hacia el conocimiento.
Los discursos estudiantiles iniciales nos permitieron
ahondar en sus prácticas, las percepciones que estos
sujetos sostienen sobre las prácticas de construcción
de conocimiento, organizadas en nuevos mapas con
la ayuda del análisis de ATLAS ti 7 se han agrupado en
subcategorías que se desarrollarán a continuación.
Percepciones acerca de sus prácticas estudiantiles
Prácticas que favorecen y prácticas que dificultan
la construcción de conocimiento
Los participantes han alcanzado sus metas académicas
con buen o muy buen RA como ya se ha dicho, esta
condición posiciona a las investigadoras frente a la
cuestión de distinguir las acciones que los entrevistados
consideran prioritarias para haber logrado ese objetivo.
Se intenta una aproximación al universo de signicados
que entrañan las tareas, las reglas, las rutinas, que
realizan y que marcarían la diferencia respecto de
quienes no han logrado sus propósitos, aquellos que
han quedado en el camino, son diletantes o bien han
desertado del sistema universitario.
Los estudiantes interpelados acerca de esas
acciones mencionan tareas que podrían asociarse al
cumplimiento de normas: “Asistir a clases, Leer una hora
diaria, estudiar 8 horas”; estas prácticas habituales que
entrañan exigencia, obediencia, acatamiento, respeto,
conforman un repertorio de conductas y un conjunto de
recursos, que cobran sentido en la medida que se alejan
de ser rituales fragmentados y se ponen al servicio de
una auténtica adaptación de cada estudiante al sistema
universitario, son estrategias que nos informan de cómo
estudiar.
Los jóvenes también han hablado de acciones
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relacionadas a la experiencia de conocimiento
en sí mismo: “Hacer prácticas con la profesión-
Adscripciones a Proyectos de Investigación- la práctica
de la constancia”, poseer estas condiciones ha sido
valorado de manera unánime para el fortalecimiento
y la facilitación de sus experiencias comprensivas de
conocimiento, provocando la convicción de un saber
hacer.
Puede decirse, que estos estudiantes han logrado la
construcción del complejo conjunto de disposiciones
que facilitaron la adaptación y asimilación del sistema
universitario, lo que les ha permitido aanzarse en
sus decisiones y en un modo de relacionarse con el
conocimiento que ha provocado transformaciones en
su condición estudiantil.
Las disposiciones, en términos de Bourdieu, que poseen
estos jóvenes se han puesto de maniesto en el ejercicio
de actividades especícas tales como la búsqueda de
adscripciones a cátedras o bien la participación en
proyectos de investigación, en el logro de actitudes
tales como la constancia; esas condiciones les
representan involucramiento en sus experiencias con el
saber. Se trata de condicionamientos –estos habitus—
son realidades incorporadas, que se explicarían en
principio por una relación positiva hacia el saber, que
son resultado entre otros aspectos de sus historias
previas, de las escuelas por la que transitaron, del nivel
sociocultural del grupo al que pertenecen, y de factores
personales e institucionales hacia los que habría que
ampliar el objeto de indagación.
Como contrapartida a estas prácticas que favorecieron
la construcción de conocimiento, también han podido
discernir cuáles son las acciones que no favorecen esa
construcción: “la inadecuada planicación del tiempo-
la falta de práctica- desactualización de contenidos”
entre otras armaciones, algunas de esas expresiones se
irán recuperando más adelante al analizar la percepción
acerca de los planes de estudio y sobre los profesores.
Los estudiantes entrevistados pueden discernir que
estudiar en la universidad es una práctica que les implicó
esfuerzo personal, que exigió un compromiso; de manera
general el manejo del tiempo es un tema recurrente
en sus discursos, como uno de los aprendizajes más
complejos y necesarios que les habilita una adecuada
organización y planicación de tareas.
Si se toma en consideración la carrera de la que
provienen los participantes, vale aclarar que, por el
tipo de estudio realizado, solo es posible hablar de
aproximaciones de ningún modo generalizaciones; se
podría sostener que desde cada disciplina los alumnos
construyen modalidades temporales que caracterizan,
al menos en parte, el estilo disciplinar.
Estas modalidades temporales, junto a las prácticas
cotidianas, irían consolidando rituales que conguran
modos diferenciales de estar en la universidad y de
construir conocimiento según la carrera a la que
pertenecen, lo que permitiría a estos sujetos reconocerse
al interior de cada una de ellas y diferenciarse respecto
de los otros.
Así entre los entrevistados de Abogacía y Ciencias
Económicas se hace referencia a la necesidad de
actividades prácticas donde la teoría quede reejada;
entre los estudiantes de Ciencias de la Comunicación se
enfatizan las prácticas de lectura y análisis de materiales
actualizados; entre quienes estudian Sociología se
destaca el papel de la investigación y entre los alumnos
de Trabajo Social se explicita la riqueza de las llamadas
“prácticas pre profesionales”.
Es posible pensar que estos alumnos avanzados
habrían adquirido aprendizajes acerca de las acciones
especícas, de las estrategias y prácticas de estudio
ajustadas a las características del conocimiento de cada
disciplina, lo que explicaría su permanencia en el sistema
y su éxito. Lo que nos conduce a pensar en los otros
sujetos, aquellos cuyas dicultades, probablemente tan
diversas (visibles y ocultas) los envuelven y les impiden
lograr sus objetivos, en principio porque no pudieron
sortearlas, erigiéndose en obstáculo insalvable para la
construcción de conocimiento y en algunos casos para
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la permanencia. Para esos casos, es necesario ahondar
en las prácticas que no favorecen la construcción de
conocimiento, que se presentarían en función de la
naturaleza especíca de los saberes enseñados en
cada carrera; es decir realizar nuevos estudios que
especiquen la singularidad de la relación con el saber,
según los campos disciplinares, ante un alumnado
heterogéneo.
Percepciones acerca del Plan de Estudios y sus
trayectorias
Plan de estudios es sinónimo de currículo, que a su
vez deriva del vocablo latín curriculum que signica
pista de carreras. Cuando la palabra ‘currículo’ (plan
de estudios), se aplica al contexto de la educación,
involucra el conjunto de actividades que los estudiantes
realizan o deben realizar para terminar cada curso. En
ese sentido, el plan de estudios es el camino que deben
seguir, que involucra contenidos (teóricos y prácticos),
metodologías (individuales y grupales), actividades
(dentro y fuera de la universidad), metas y objetivos, así
como los procedimientos de evaluación; en su conjunto
explicitados en los programas de cada asignatura. El plan
de estudios y especícamente cada programa, debiera
traducir las tareas que debe completar cada estudiante
para alcanzar con éxito la meta de graduación.
Los planes de estudios conllevan una estructura
dinámica, que admite ajustes, modicaciones; a la vez
que se hace necesario reformarlos a medida que la
sociedad cambia y se desarrolla.
En el ámbito académico la tendencia actual es que
los planes de estudio se encuentren bajo evaluación y
modicación permanentemente.
En este sentido, se puede apreciar que los alumnos
entrevistados pertenecen en su mayoría a carreras que
en los últimos años han presentado nuevos planes de
formación; la Carrera de Sociología aprobó su nuevo
plan en 2018; Ciencias de la Comunicación en 2017,
Ciencias Jurídicas en 2019; Trabajo Social ha dado inicio
a reuniones para elevar su nuevo plan de estudios en
2020 al igual que Ciencias Económicas. En consecuencia,
los estudiantes consultados en su mayoría realizaron
su carrera con los planes surgidos en los años 90, que
mantuvieron sus contenidos y estructura general
durante 20 años o más; cabe hipotetizar que las
percepciones recurrentes de los estudiantes acerca de
la necesidad de contenidos actualizados, tendría un
sustento en esta realidad institucional.
El plan de estudios, a los nes de esta investigación es el
parámetro dado con el cual cotejar la trayectoria de los
estudiantes. La secuencia de asignaturas correlativas
fuertes o débiles, materias optativas y años de cursado,
son parámetros que adquieren signicación sólo cuando
son puestos en una circunstancia que le otorgue un
valor al tener o no una trayectoria académica regular
o irregular. La trayectoria focaliza el recorrido que los
estudiantes realizan en el marco de las estructuras
formales de aprendizaje establecidas por el plan de
estudios, los ritmos en que se cubren las asignaturas, las
materias que se aprueban y reprueban y las calicaciones
obtenidas.
Para estos sujetos el tiempo de la trayectoria asume
rasgo de continuidad, modalidad con la que cada
estudiante se traslada en el espacio; teniendo en
cuenta que se considera al plan de estudio de su carrera
como un espacio académico, un espacio institucional.
La continuidad del itinerario queda denida en estos
estudiantes por una ausencia de salidas de la cohorte,
al estar ausentes los retrasos y las reprobaciones. Para
ellos, la trayectoria los identica con logros y éxitos,
en un recorrido que pueden concluir en el tiempo que
circunscribe el plan de estudio, es exitosa en tanto
cumple con lo esperado.
El análisis comprensivo de las opiniones vertidas por
estos estudiantes al denir un “buen plan de estudios”
nos conecta con su signicación, para ellos es una
herramienta que facilita, organiza sus aprendizajes y les
permite trayectorias que conducen a sus objetivos de
nalización de carrera. Así, entre sus opiniones destacan
que: “el adecuado sistema de correlatividades, las
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materias promocionales, el crédito horario apropiado,
la articulación entre teoría y práctica, la presencia de
materias donde exista aprendizaje secuencial”, serían
los componentes esenciales de un buen plan de estudios,
que se interpreta favorecedor de la construcción de
conocimiento, toda vez que los acerca a sus metas de
nalización de carrera.
En contraste con estas armaciones mencionan: “las
correlatividades fuertes, el excesivo crédito horario,
la desactualización de contenidos, distancia o falta de
articulación entre teoría y práctica, una inadecuada
diagramación de contenidos en materias semestrales”
que en su opinión debieran ser de dictado anual;
entre otros elementos que caracterizarían un plan
que obstaculiza la construcción de conocimiento y en
consecuencia los alejaría de sus metas de nalización de
carrera.
Percepciones sobre la tarea del profesor
La literatura consultada acerca de las prácticas
de enseñanza, aseguran que la interacción de los
docentes con los estudiantes constituye un factor
vital para favorecer u obstaculizar esas prácticas
de enseñanza. La relación que los estudiantes
entablan con el conocimiento no implica solamente
al estudiante universitario, sus aptitudes y
comportamientos propios, sino también al profesor
y a los otros actores del sistema universitario.
(Guevara & otros, 2013, Ortega, 1996, 2008)
Los discursos acerca de lo que los alumnos piensan
sobre sus profesores en relación a sus prácticas, se
han organizado en expresiones sobre características
académicas y características personales necesarias para
la construcción de conocimiento.
Los estudiantes consultados consideran que los
profesores para desempeñar su tarea debieran
contar con ciertas características académicas tales
como: “pedagogía, profesionalismo, enseñar desde
la experiencia, compromiso”, pero también debieran
disponer de cualidades personales como “amabilidad,
empatía y pasión”, “vocación”, “calidez”
Estos comentarios, han sido posibles de expresar en
el contexto del encuentro, porque los estudiantes
pudieron tomar contacto con sus experiencias
académicas, dinamizando pensamientos acerca de sus
propios procesos de comprensión de conceptos y de
aprendizaje, en consecuencia, han activado mecanismos
metacognitivos para producir expresiones acerca de
qué tipo de prácticas consideran que necesitan de sus
profesores para construir conocimiento.
La diferencia básica que los estudiantes marcan, entre lo
que podría interpretarse como docentes con adecuadas
prácticas y docentes con inadecuadas prácticas hacia la
construcción de conocimientos, pareciera estar dada
por quienes desarrollan los recursos para lograr la
comprensión de los temas del programa de estudios,
que movilizan su interés y la reexión crítica, son
profesionales que tienen un saber actualizado.
La comprensión de los conceptos requiere para estos
estudiantes de demostraciones, es decir de presentar las
teorías asociadas a casos prácticos, a ejemplicaciones.
Estas estrategias suponen para un profesor un manejo
de la teoría cientíca y de sus aplicaciones.
Por esta razón, son valorados los profesores que
preparan las clases con ejemplos de la vida cotidiana,
los que trabajan por la comprensión más que por la
memorización, los que promueven el trabajo grupal
por encima del individual, los que instalan el diálogo y
el intercambio coloquial de saberes, son docentes que
despliegan estrategias tendientes a la construcción de
conocimiento, entendiendo la necesidad de provocar en
los estudiantes un cambio profundo que les habilite la
necesidad de descubrir.
Los profesores que incentivan la investigación son más
valorados que los que sólo muestran los resultados y las
teorías sin ejemplicar, ni contextualizar los saberes.
También aprecian el uso de nuevos lenguajes, en
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términos de tecnologías que suman a sus aprendizajes,
los docentes que operan con estas herramientas que
contribuyen a representar las diferentes cuestiones
que se pretenden transmitir, independientemente del
campo cientíco al que pertenezcan.
Para este tipo de profesores, hacer docencia supera
la mera exposición o presentación de los resultados
de la ciencia; es también compartir las operaciones
y estrategias, los procedimientos que han denido
esos resultados. En sintonía con esta modalidad, si
el conocimiento puede tornarse signicativo para
los estudiantes, permitiría la construcción de nuevos
signicados.
Ese proceso en términos constructivistas, la construcción
de conocimientos a partir de estas prácticas, reeja la
culminación de un proceso de enseñanza-aprendizaje
no arbitrario que facilita la comprensión, que puede
transferirse y aplicarse a otras situaciones, que en
consecuencia genera nuevos signicados.
Los estudiantes nos dicen con distintas opiniones que
desean aprender a resolver problemas prácticos, que
quieren hacerlo de manera grupal, aprender con otros
y acompañados por la paciencia, el saber actualizado
y el buen trato de sus formadores, rasgo personal
demandado ya apreciado por los entrevistados.
Conclusiones
Uno de los desafíos que enfrenta la investigación
educativa en la actualidad es dar respuesta a la
cuestión de por qué algunos estudiantes universitarios
tienen muy buen desempeño, logran trayectorias
académicas óptimas, mientras que otros no logran
terminar sus estudios, tienen trayectorias diletantes,
o bien desertan del sistema universitario, en sintonía
con este planteamiento nuestra investigación tomó
en consideración a los estudiantes con un RA óptimo,
buscando conocer sus prácticas académicas en torno a
la construcción de conocimiento.
La interpretación de los hallazgos permitió responder
a los objetivos formulados, conrmando que los
estudiantes en su tránsito por la vida universitaria
experimentan múltiples cambios en relación a
sus experiencias previas en el sistema educativo,
especialmente en términos de relaciones sociales
sustancialmente diferentes que se establecen en sus
prácticas como estudiantes universitarios.
En este proceso, donde se suscitan adaptaciones al
nuevo escenario, se producen saberes vinculados al “ser
estudiante universitario”, que se maniestan de forma
paralela a los procesos de apropiación del conocimiento,
típicos de las instancias formativas. Es decir que, en
la relación que establecen con el conocimiento, los
alumnos producen prácticas que se vinculan a las lógicas
que circulan en el espacio social de la universidad y de
la unidad académica (facultad/departamento) donde
cursen. Los relatos de los estudiantes nos aportan desde
los distintos aspectos de su vida en la universidad, como
ellos consideran que se plasman sus prácticas y sus
habitus en tanto estudiantes universitarios.
La reexión acerca de sus propias prácticas y las de sus
profesores en relación a la construcción de conocimiento
académico, dinamizó entre los participantes de esta
investigación procesos de deliberación metacognitiva
por tratarse de una experiencia que facilitó la emergencia
de expresiones sobre cómo se aprende, qué estrategias
utilizan, que saber valoran en su contexto de formación,
qué prácticas requieren de sus profesores.
A modo de síntesis se recuperan algunos resultados:
Los estudiantes entrevistados cuentan con un capital
cultural y condiciones socioeconómicas favorables
de sus familias de origen, que podrían garantizar sus
permanencias en el sistema universitario y el logro de
metas académicas de manera óptima.
Reportan anidad entre las orientaciones educativas
concluidas y las carreras universitarias elegidas, es decir
que disponen de conocimientos previos aanzados
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durante el nivel educativo medio lo que favorecería la
construcción de conocimiento académico.
Estudiar para estos sujetos es una práctica social,
valoran el grupo de pares como fundamental para sus
adaptaciones a la vida universitaria.
El saber es relacionado por los jóvenes con el tiempo, el
que siempre es escaso; un adecuado manejo del tiempo
les permite cumplir con todas las responsabilidades.
Los estudiantes sin distinción de carreras se han
expedido por una formación con mayor integración
entre teoría y práctica, siendo más valorada la habilidad
para la resolución práctica de problemas, destacan la
importancia del saber hacer, el saber que más aprecian
es el que los conducirá a la resolución práctica de sus
problemas laborales.
El lenguaje oral y escrito, adquieren gran importancia
como instrumentos cognitivos, comunicacionales y
sociales, ya que colaboran en la construcción dialéctica
de saberes académicos; al respecto se puede armar que
no hay mejor aplicación práctica que haber desarrollado
previamente la apropiación cognitiva de una buena
teoría.
Las prácticas que describen en sus docentes dan cuenta
de la necesidad de un acompañamiento pedagógico
con un compromiso para despertar el interés individual
y colectivo hacia la construcción de conocimientos;
fortaleciendo el vínculo de la enseñanza, consolidando
el buen trato y la paciencia. En este sentido, prevalece la
necesidad de docentes formados en animar los intereses
de sus estudiantes y activar mecanismos que incentiven
aprendizajes signicativos por vía de la investigación,
del descubrimiento.
Los estudiantes aprecian que los profesores en general
actualicen y gestionen mejores recursos académico
– profesionales, como también habilidades sociales
personales.
Consideran que un buen plan de estudios es una
herramienta que facilita, organiza sus aprendizajes y
les permite trayectorias que conducen a sus objetivos
de nalización de carrera. Sus trayectorias académicas
quedan denidas desde el éxito, por tratarse de un
recorrido que concluye en el tiempo que circunscribe el
plan de estudio, es decir desde lo esperado.
En sintonía con las anticipaciones de sentido que
enunciáramos, se podría avalar que los estudiantes
consultados han consolidado disposiciones positivas
hacia el estudio, sus percepciones acerca de sus propios
procesos de construcción de conocimiento académico
nos han permitido aproximarnos a los recorridos y
estrategias desarrollados durante sus trayectorias
académicas óptimas, también aproximarnos a las
acciones que les habrían favorecido para sortear
las dicultades institucionales, pedagógicas,
socioculturales, psicológicas, entre otras, que se les
presentaron durante sus experiencias educativas, lo
que explicaría su persistencia exitosa en el sistema.
En el proceso de apropiación de conocimiento los
estudiantes que han logrado avanzar en sus estudios y
realizan su trabajo de estudiantes/aprendices, lo hacen
porque han sido capaces de percibir la importancia de su
formación universitaria y/o porque han experimentado
el quehacer universitario como una realización de
interés intelectual. Desde trayectorias académicas
avanzadas, han afrontado y jerarquizado obligaciones,
cursado de materias, evaluaciones parciales y nales,
entregas de trabajos; priorizando el trabajo académico
por sobre otro tipo de actividades. Asimismo, han
combinado distintas acciones y estrategias basadas
en experiencias escolares previas, a la vez que han
incorporado las tácticas/rutinas que hacen a su nuevo
entorno institucional en el marco de una disciplina
especíca que los identica: elaborar un horario, leer,
tomar apuntes, hacer resúmenes, redactar informes,
realizar exposiciones, reexionar sobre su práctica,
participar en adscripciones de cátedra y en proyectos de
investigación, en tanto experiencias de conocimiento
en sí mismas. Estas prácticas, les han permitido
simultáneamente cumplir reglas, comprometerse,
pero también acceder a un saber hacer, en términos de
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conocimiento académico/profesional.
Para los estudiantes consultados y podría pensarse
aplicable a sujetos en situaciones análogas, cabe
expresar que ser universitario es también comprender
e interiorizar las expectativas de la institución, situarse
en el orden de las jerarquías académicas, socializarse
a través del juego de los grupos de referencia y de
los grupos de pertenencia; ya que la experiencia
universitaria relatada queda denida por esta lógica
de integración en la que circula el conocimiento, se
construyen las prácticas y se consolidan habitus.
Estudiantes y profesores desafían el futuro, construyen
conocimiento diseñando estrategias y prácticas que
los denen, que los identican, a partir de modos
particulares de “jugar” el juego académico, captando
las “reglas” institucionales y actuando en consecuencia.
Las modalidades de relación con el saber y las formas
que adquiere la construcción de conocimiento en la
universidad no pueden pensarse sin ser contextualizadas
a las condiciones que denen el saber en un tiempo y
espacio determinado; como así también las condiciones
objetivas en las que los sujetos construyen sus
trayectorias educativas particulares de cara al futuro.
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TRAMAS SOCIALES | Nº 02 | Año 02 | ISSN 2683-8095
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Madueño Lahoz, Gamboa Cortez.
LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DESDE LA ECONOMÍA CIRCULAR.
EL PARQUE INDUSTRIAL TECNOLÓGICO AMBIENTAL REGIONAL (PITAR)
EN LA PROVINCIA DE SAN JUAN.
Madueño Lahoz, Estela
1
Gamboa Cortez, Valeria Elizabeth
2
Recepción: 16/03/2020 | Aceptación: 22/06/2020
1. Docente Cátedra Administración Pública Municipal,
Departamento de Cs. Políticas. Investigadora del Instituto
de Investigaciones Socioeconómicas. Facultad de Ciencias
Sociales. Universidad Nacional de San Juan. Licenciada en
Ciencias Políticas. Magister en Economía y Administración
Estratégica de Negocios. Diplomatura Superior en
Desarrollo Local, Territorial y Economía Social. Correo
electrónico: emaduenolahoz@yahoo.com
2. Docente JTP de la Cátedra Administración Pública
Municipal, Departamento de Cs. Políticas. Investigadora
del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas. Facultad
de Ciencias Sociales. Universidad Nacional de San Juan.
Licenciada en Ciencias Políticas. Diplomatura Superior en
Gestión y Control de Políticas Públicas. Correo electrónico:
valeriaelizabethgamboacortez@gmail.com
Resumen
El deterioro del ambiente con la consecuente
degradación del soporte biofísico y la disminución de la
calidad de vida humana son una preocupación creciente
de la sociedad nacional e internacional, que acentúa la
responsabilidad de los Estados en la gestión ambiental.
La CEPAL entiende (1990) a la gestión ambiental del
Estado como un conjunto de acciones legislativas,
administrativas y operativas que realiza el Estado con el
objetivo de alcanzar un desarrollo con sustentabilidad
ambiental
1
.
1. CEPAL. 1990. El reto ambiental del desarrollo.
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Madueño Lahoz, Gamboa Cortez.
En la vinculación de la gestión ambiental, con los
conceptos de desarrollo sustentable, planicación
estratégica y economía circular, se analiza el camino
recorrido por la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos
(GIRSU) en la Provincia de San Juan, desde un enfoque
holístico que permita captar la complejidad de procesos
y comportamientos de los sujetos involucrados. Se
establecen, como principales dimensiones: lógicas
subyacentes en discursos y acciones que orientan
la Gestión estatal de los RSU; articulación nación-
provincia-municipios; además de la vinculación entre
las diferentes áreas del gobierno provincial.
La estrategia metodológica corresponde a un diseño
descriptivo-comprensivo, anclado en una estrategia
cualitativa. En este sentido, las técnicas aplicadas para
la producción de información fueron: observación,
entrevistas a funcionarios y técnicos, y análisis
documental.
Palabras clave:
Gestión Ambiental – Desarrollo Sustentable – Economía
Circular
Abstract
The deterioration of the environment with the
consequent degradation of the biophysical support
and the decrease in the quality of human life are a
growing concern of national and international society,
which emphasizes the responsibility of States in
environmental management. ECLAC understands
(1990) the environmental management of the State as a
set of legislative, administrative and operational actions
carried out by the State with the aim of achieving
development with environmental sustainability.
In linking environmental management with the concepts
of sustainable development, strategic planning and
circular economy, the path traveled by Urban Solid
Waste Management (GIRSU) in the Province of San Juan
is analyzed, from a holistic approach that allows capture
the complexity of processes and behaviors of the
subjects involved. The main dimensions are established:
underlying logics in discourses and actions that guide
the State Management of the RSU; articulation nation-
province-municipalities; in addition to the link between
the dierent areas of the provincial government.
The methodological strategy corresponds to a
descriptive-comprehensive design, anchored in a
qualitative strategy. In this sense, the techniques
applied for the production of information were:
observation, interviews with ocials and technicians,
and documentary analysis.
Keywords:
Environmental Management - Sustainable Development
- Circular Economy
Integral Waste Management from the Circular
Economy. The Regional Environmental Techno-
logy Industrial Park (PITAR) in the Province of
San Juan.
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Madueño Lahoz, Gamboa Cortez.
A modo de Introducción
La gestión integral de los residuos sólidos es entendida
como uno de los desafíos urbanos con que se enfrentan
los gobiernos en los tiempos actuales, si bien la
recolección de residuos es una función de larga data
que cumplen los municipios, en la gestión integral
intervienen además de este último, otros niveles de
gobierno y también actores sociales.
En este sentido, y a través del proyecto “La Gestión
Integral de Residuos desde la Economía Circular. El
Parque Industrial Tecnológico Ambiental Regional
(PITAR) en la Provincia de San Juan”, se busca avanzar
en la profundización del conocimiento de la gestión
ambiental que lleva adelante el Estado, analizando
el caso desde una perspectiva dinámica, que permita
develar la trama de relaciones entre los sujetos
implicados tanto público como privados; ya sean locales
o internacionales.
Es posible armar que el estudio permite profundizar
el análisis de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos
Urbanos (GIRSU) en la provincia de San Juan, a partir
del estudio de un caso concreto: la reutilización o
aprovechamiento de los residuos domiciliarios y no
domiciliarios, como los neumáticos y RAEE (residuos
de aparatos electrónicos y eléctricos), transformados
en un bien económico. De esta manera el foco se puso
en el Parque Tecnológico Ambiental Regional, creado
por la Ley provincial N° 1451-L
2
, sancionada en junio de
2016 y reglamentada en noviembre del mismo año, que
incluyó dentro de su articulado el Complejo Ambiental
San Juan.
Lo anteriormente mencionado se da en un contexto en
el cual la experiencia de reconversión de los basurales
a cielo abierto en centros tecnológicos que sean
adecuados para el tratamiento y disposición nal de los
residuos sólidos urbanos, es de reciente data en el Gran
2.https://minio.legsanjuan.gob.ar/
normasconsolidaciones/1592/LP-1451-L.PDF
San Juan y ha sido abordado por el equipo como parte
de línea de investigación llevada a cabo vinculada a la
temática ambiental en la Provincia
3
.
Por su parte, a nivel nacional, se creó el Observatorio
Nacional para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos
dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, con el objetivo de relevar,
sistematizar y difundir información relativa al manejo de
los residuos en la Argentina, además de la generación de
instancias de concientización y formación respecto de
los impactos de la gestión de los residuos en el ambiente.
A través del Observatorio se contempla la posibilidad
del trabajo en red de sectores gubernamentales,
académicos, empresariales y de la sociedad civil con el
objetivo de articular diferentes aspectos y alternativas
de solución a la problemática de los Residuos Sólidos
Urbanos (RSU).
Adicionalmente, se encuentra vigente el Acta
Complementaria rmada por la Dirección de Política
Ambiental del Ministerio de Obras, Servicio Público y
Medio Ambiente y la Facultad de Ciencias Sociales en
el marco del Convenio Universidad Nacional de San
Juan y Gobierno de la Provincia de San Juan, del año
2007, por ello, mediante el mismo, se prevé transferir
3. Proyectos: “La Desertificación en el Gran Bajo Oriental
del Departamento Valle Fértil. Estado de situación y
Propuestas”, (1993-1996) y se profundizan con: “La
participación de la Sociedad y el Estado en la lucha contra
la desertificación” (1997-1999); “Gestión Ambiental del
Estado en una Región Semiárida. El caso de la Provincia
de San Juan” (2000-2002); “La Desertificación en el Valle
del río Bermejo y área de influencia. Potencialidades
en el marco de la planificación del desarrollo humano
sustentable. Primera Etapa Sector Norte” (2003-2005);
“Desarrollo y Ambiente en una región en proceso de
desertificación. El caso del Dique Los Cauquenes” (2006-
2007); “La Desertificación en Valle Fértil. Monitoreo del
Proceso en el Gran Bajo Oriental” (2008-2009); “La Gestión
Ambiental del Estado en la Provincia de San Juan. Análisis
en proceso” (2011-2013); “La Gestión Ambiental del Estado
en San Juan. El caso de los Residuos Sólidos Urbanos
2000-2015” (2014-2015); “La Gestión Ambiental del Estado
en San Juan. Coordinación entre niveles jurisdiccionales.
El caso de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos
Urbanos 2000-2015” (2016-2017).
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Madueño Lahoz, Gamboa Cortez.
resultados a la Dirección de Residuos Sólidos Urbanos
de la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Provincia de San Juan.
Por ello, se considera que la planicación en base al
Desarrollo Sustentable, requiere de conocimiento de la
temática ambiental en un sector que integre prácticas
y visiones de diferentes actores: tanto del Estado en
sus distintos niveles, la Sociedad y el Mercado. Dicha
planicación contribuye a la temática ambiental en una
cuádruple dirección:
a) una perspectiva de análisis que intenta comprender
la racionalidad que preside la articulación de
diferentes agentes del sector público y privado en
la dinámica de la recuperación y reciclados de los
RSU, neumáticos y RAEE, involucrados en el Plan
Estratégico de Gestión Integral de los RSU en la
provincia de San Juan.
b) conocimiento de ideas, acciones y mecanismos
presentes en la gestión de los residuos, que
direccionan y viabilizan las relaciones inter-
jurisdiccionales y entre diferentes agentes en la
materia.
c) la formación de recursos humanos en la temática.
d) por último, a la incorporación de la UNSJ en los
foros de discusión y difusión de un área problemática
tematizada a nivel político y social.
Desde el año 2013, un equipo de investigación, del
que las autoras forman parte
4
, viene estudiando
especícamente la gestión ambiental de los RSU.
En este marco, en el bienio 2018/2019 se ejecutó el
proyecto de investigación “La Política Ambiental Estatal
en materia de RSU en la Provincia de San Juan. El caso
del Parque Tecnológico Ambiental Regional”.
Es necesario aclarar que el presente artículo se compone
de los principales hallazgos de las investigaciones que el
mencionado equipo viene realizando en el área ambiental:
4.Equipo de investigación del Área Ambiental, del Instituto
de Investigaciones Socio Económicas (IISE), perteneciente
a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de San Juan.
la Deserticación en San Juan y la Gestión Ambiental
del Estado Provincial. Esta Línea de Investigación es
iniciada por el proyecto “La Deserticación en el Gran
Bajo Oriental del Departamento Valle Fértil. Estado
de situación y Propuestas”, subsidiado por la UNSJ e
inserto en el Programa de Incentivos (1993-1996), y
posteriormente profundizada a través de los proyectos
subsidiados por la UNSJ e insertos en el Programa de
Incentivos.
El objetivo del proyecto que sustenta este artículo
es aportar conocimiento, desde una mirada
interdisciplinaria, sobre proceso de la gestión ambiental
de los RSU, que se torne en una herramienta para la
reexión y toma de decisiones de los equipos técnicos y
políticos de la provincia, que gestionan en dicha materia.
El presente trabajo se ha estructurado de la siguiente
forma: a la descripción de la estrategia metodológica
utilizada, le sigue un breve recorrido por las principales
nociones teóricas del estudio, junto con la dimensión
normativa vigente sobre los RSU; posteriormente se
expondrán los resultados de la gestión realizada por la
provincia, para alcanzar, por último, las conclusiones del
estudio.
Metodología
La estrategia metodológica adoptada para el estudio de
la política ambiental de la gestión integral de los residuos
domiciliarios y asimilables, se concreta en un abordaje
holístico que posibilita ahondar en la complejidad que
encierran los procesos, los comportamientos y las
interrelaciones de los distintos sujetos involucrados
en la temática. La categoría racionalidad ambiental
contribuye a un análisis integrado de las bases
materiales, los instrumentos técnicos y legales, así
como de las acciones y programas correspondientes.
En este sentido, desde un posicionamiento teórico
que vincula la economía circular con los conceptos de
desarrollo sustentable, racionalidad ambiental, gestión
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ambiental, planicación estratégica y gestión integral
de residuos, se pretende analizar el camino recorrido en
la gestión integral de los residuos sólidos domiciliarios y
asimilables.
El trabajo presenta como propuesta metodológica un
diseño combinado descriptivo-comprensivo. Descriptivo
en relación a detallar acciones, características,
propiedades o circunstancias; comprensivo en referencia
a la interpretación de valores, sentido, justicaciones,
causas y efectos de las acciones y de los actores.
Además, se adopta un enfoque mixto, compaginando
la metodología cualitativa con la cuantitativa, desde
una concepción más amplia sobre la triangulación (Ruiz
Olabuénaga, 2012). En este sentido, a partir del análisis
documental del marco normativo que regula los RSU se
seleccionaron aspectos vinculados al ambiente para ser
indagados desde entrevistas semiestructuradas a n de
conocer desde su perspectiva y función desempeñada la
visión sobre el ambiente y la importancia del proyecto
PITAR como así también su impacto en la economía de
la provincia.
En el análisis se tomaron diferentes dimensiones:
institucional, legal, económica, cultural vinculadas
al ambiente. Las técnicas de relevamiento de datos
aplicadas fueron: observación, análisis de fuentes
documentales (leyes, planes, publicaciones ociales),
entrevistas en profundidad a los actores involucrados
pertenecientes al sector público y al privado
(funcionarios y empresarios inversores en PITAR).
Marco Teórico
En principio se torna ineludible conocer la visión global
y sistémica de ambiente a la cual se adhiere en la
investigación, cuya complejidad requiere una gestión
que supere un tratamiento fragmentado de los recursos
y la sectorialización de las acciones del gobierno. La
misma es desarrollada, entre otros, por Sunkel (1985)
que entiende el concepto como el ambiente biofísico
natural y sus sucesivas transformaciones articiales,
así como su despliegue espacial. Comprende, por
lo tanto, dos espacios especícos y diferenciados:
uno articial o construido, el otro natural con sus
consecuentes interrelaciones. El ser humano, la
sociedad humana, conforma ese ambiente y lo necesita
para su supervivencia, pero éste le impone límites a su
actividad productiva, que al exceder ciertos umbrales se
incurre en el riesgo de alterar los ciclos regeneradores y
reproductivos de los ecosistemas.
Asimismo, se recupera el concepto de Ambiente
de Hajek (citado en Cristina Sabalain, 2009, p. 4)
quien lo concibe como un sistema global complejo
–de múltiples y diversas interacciones– dinámico y
evolutivo conformado por otros subsistemas, a saber:
físico, biológico, social, político, económico y cultural,
en los que viven el hombre y demás organismos.
En consecuencia, el ambiente engloba a todos los
elementos, es decir que abarca tanto las relaciones
naturales como las producidas por la intervención
humana.
Esta visión global y sistémica del ambiente, entendida
como conjunto de componentes naturales y sociales y
sus interacciones, supera la visión restringida a algunos
elementos naturales físicos y bióticos o incluso a algunos
procesos en dichos elementos naturales tales como la
contaminación de aire, agua, etc. El carácter complejo
del ambiente requiere de la intervención del Estado
que dé cuenta de dicha complejidad y como objeto
de estudio es posible abordarlo desde una concepción
de la realidad como totalidad cambiante y compleja,
cuya conformación es producto de procesos en los que
intervienen diferentes sujetos y dimensiones.
En esta complejidad se entrecruzan el mundo biológico-
natural con el mundo humano-social, deniendo
problemáticas ambientales que expresan tanto la
degradación de recursos naturales como la exclusión
de sujetos sociales al acceso a bienes materiales y
no materiales necesarios para la satisfacción de sus
necesidades social e históricamente determinadas.
Más recientemente el concepto ambiente aparece
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vinculado al de desarrollo sustentable, con la
incorporación de este último en el Informe Brundtland
de la ONU en 1987 (en Rivera, J. E. y otros 2017, p:3)
5
y su
re-signicación durante la Cumbre de la Tierra
6
. Desde
entonces la dimensión medioambiental tuvo un fuerte
impulso en América Latina, en la legislación ambiental
y en las instituciones, incluyéndose el concepto de
desarrollo sostenible en las políticas públicas y en las
políticas empresariales.
Para Naciones Unidas (2012), el concepto de Desarrollo
Sustentable es un eje declarado como central, sin
embargo, ello no ha redundado signicativamente en
la reducción de las desigualdades sociales, la pobreza
y exclusión siguen siendo variables en ascenso y
problemáticas de urgente atención en un marco tal
que permita armonizar equilibradamente el cuidado
del ambiente con el crecimiento económico de las
sociedades. En este contexto, el desarrollo urbano,
paradojalmente, dio lugar a mejoras en ingresos, salud,
educación, acceso a servicios básicos y a bienes de
consumo, al aumento de la esperanza de vida, pero al
mismo tiempo, acentuó las asimetrías que, ante la falta
de una planicación adecuada, exponen a la seguridad
humana y a la calidad de vida de los habitantes de los
grandes centros urbanos, a riesgos ambientales.
En este marco, se adhiere a la concepción de desarrollo
sustentable
7
de Lowy (1995) que lo entiende como
5. Organización de Naciones Unidas (1987) Nuestro Futuro
Común. Informe de la Comisión Mundial por el Medio
Ambiente y el Desarrollo. Desarrollo que busca satisfacer
las necesidades presentes sin comprometer la capacidad
de las generaciones futuras, garantizando la visión integral
entre el crecimiento económico, el cuidado del medio
ambiente y el bienestar social.
6. La Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo
Sostenible (UNCSD), conocida como Rio+20. junio de
2012. Rio de Janeiro (Brasil), http://www.uncsd2012.org/
rio20/about.html. En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030
sobre el Desarrollo Sostenible.
7.Actualmente se utiliza sin distinción los términos:
sostenible, sustentable, duradero o perdurable.
En inglés existe solo el término “sustainable” y en
francés “perdurable o durable”; en español se utilizan los
términos sostenible y sustentable (…..). La confusión del
“modelo socialmente justo y equitativo, que minimice
la degradación de la base ecológica de producción y
habitabilidad y que no ponga en riesgo la satisfacción
de las necesidades de generaciones futuras”. Su
propósito es mejorar la calidad de vida de la gente
compatibilizando viabilidad económica, base ecológica,
la equidad y la diversidad cultural (p 38).
La ética del desarrollo sustentable diere del
planteamiento de desarrollo sostenible, el cual trata
de armonizar las peculiaridades del mercado con los
intereses del Estado y del ciudadano común; por el
contrario, la ética de lo sustentable implica la necesidad
de conjugar una serie de principios básicos dentro de
una ética del bien común, sin recurrir a la supuesta
racionalidad económica e instrumental que se plantea
como modelo que debe incorporar el ser humano
moderno y que son tales principios, una antítesis del
propósito de la sustentabilidad (Rivera, 2017:p 6).
La alternativa del desarrollo sustentable se basa en
nuevos modos de esa vinculación, y plantea la necesidad
de la incorporación de la dimensión ambiental a la
problemática del desarrollo, superando posiciones que
la conciben como un área autónoma, independiente
del mismo. No obstante, pueden reconocerse distintos
paradigmas como inspiradores de la política ambiental,
tales como:
a) El higienista, vinculado a la salud pública en el que
la contaminación aparece como el problema central
el urbanístico vinculado a la planicación territorial
en el que los problemas ambientales derivan de la
falta de ordenamiento territorial;
b) El conservacionista que concibe al hombre como
victimario de la naturaleza y;
c) El de Desarrollo Sustentable, que surge como
posición crítica frente al modelo de desarrollo
concepto tiene su génesis en el proceso de traducción del
idioma inglés al español, como sostenible o sustentable:
se utilizan ambos términos para lo que aparentemente es
el mismo concepto (Rivera, J. y otros, 2017, p 3).
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vigente que prioriza la explotación ilimitada de los
recursos naturales.
Retomando el planteo del desarrollo sustentable, un
punto a rescatar es la consideración del desafío de
su concreción, es decir, el modo en que se alcanza
el equilibrio entre el crecimiento económico, la
preservación ambiental y la participación social
para todas las actividades humanas, como forma de
garantizar su sostenibilidad en el tiempo.
Así, las actividades humanas tienen que desarrollarse
en un marco de equidad y participación social y de
crecimiento económico, compatibilizados con una
efectiva preservación y protección ambiental que
implica un uso racional de los recursos naturales, tanto
renovables como no renovables
8
.
La concepción de desarrollo sustentable que se toma
como punto de partida en la investigación es la expuesta
por Lowy (1995) citada anteriormente y su propósito es
mejorar la calidad de vida de la gente compatibilizando
viabilidad económica, base ecológica, equidad y
diversidad cultural.
Sin embargo, para aspirar a alcanzar un desarrollo
sustentable es insoslayable llevar a cabo una
planicación de carácter estratégico por parte del
Estado en conjunción con el resto de los actores sociales.
En términos de Matus (2000), planicar signica pensar
antes de actuar, pensar con método, de manera
sistemática; explicar posibilidades y analizar sus ventajas
y desventajas, proponerse objetivos, proyectarse hacia
el futuro. Por consiguiente, la planicación no es otra
cosa que el intento del hombre por gobernar su futuro,
por imponer la razón humana sobre las circunstancias.
En concreto, la Planicación Estratégica consiste en el
examen de la situación sobre la base de los determinantes
8. Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos
Sólidos Urbanos. ENGIRSU República Argentina Ministerio
de Salud y Ambiente. Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, septiembre de 2005.
y condicionantes de la misma, como en la identicación
y ubicación de los problemas y actores sociales inmersos
en la situación (Pacheco, 2011). También es posible
entenderla como una forma sistemática de tomar
decisiones que se concretan en acciones para el logro de
objetivos a futuro, con la nalidad última de incidir en el
mismo y reducir la incertidumbre.
La planicación estratégica cuando es realizada desde
el Estado toma características particulares, tal como
señala Isabel Bazaga Fernández (citada en Krieger,
2005) quien busca explicitar el enfoque estratégico
centrándose en las organizaciones como unidad de
análisis y su aplicación especíca al ámbito público,
señala (citando a Burkhart y Reuss, 1993) que “la
planicación estratégica es una herramienta que permite
a las organizaciones alcanzar la visión de éxito gracias a
la aplicación de un método sistemático de denición de
acciones, método que, a su vez, auxilia en la generación
de un consenso sobre la participación, el compromiso y
la priorización de las mismas en el proceso de gestión
estratégica” (p 2) y añade más adelante, que “el proceso
de planicación estratégica se ha de diseñar ad hoc
para cada organización, sobre todo teniendo en cuenta
que junto al rigor de análisis requerido en todo proceso
de planicación estratégica hay que hacer hincapié en
el ajuste a la cultura y a los valores de la organización
afectada para que el proceso llegue a su n cubriendo
los requerimientos y las expectativas generadas” (p 2).
Es necesario tomar en cuenta, además, que la
planicación estratégica está inserta en un contexto de
globalización, interconexión y complejidad, por lo que la
autora arma que la forma más adecuada de gestionar
lo público es con la perspectiva de un sistema abierto
al medio que le da sustento y legitimidad y que inuye
enormemente en la supervivencia de las organizaciones
Isabel Bazaga Fernández (citada en Krieger, 2005).
Esto último, aplicado al ámbito público, implica
considerar la participación de distintos actores
relevantes a la hora de la toma de decisiones como son
otras organizaciones públicas, semipúblicas, clientes –
y ciudadanos usuarios – beneciarios, organizaciones o
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individuos- con inuencia en el designio y accionar de la
organización en cuestión. (Krieger, 2005)
En resumen, se caracteriza a la planicación estratégica
por los siguientes aspectos:
.“pensar antes de actuar”
.amplia – participativa
.abierta - exible
.a largo plazo
.diagnóstico situacional: problemas, causas y
actores
.objetivos – modicación de situación a futuro –
.reducción de incertidumbre
.diseño de escenarios futuros - selección
.cálculo y previsión de recursos
.combinación de acciones y dispositivos
Adicionalmente, cuando la planicación es realizada
por un gobierno a través de acciones que permitan
abordar una temática, es posible referirse a la gestión
o gerencia pública – concepto surgido en las décadas de
los sesenta y setenta del siglo pasado en Estados Unidos
y Europa – para describir la capacidad de los actores
gubernamentales en la ejecución de los lineamientos
programáticos de su agenda
9
. En otras palabras, se
podría decir que la gestión pública es el conjunto de
actividades de las instituciones públicas y privadas –en
cuantas instituciones concesionadas, autorizadas, etc.,
por el Estado- conducentes a ejecutar las políticas del
desarrollo sustentable (Pérez, 2000).
La gerencia pública referida al ambiente y al desarrollo
sustentable es plausible de ser plasmada, y de hecho
cada vez más se encuentra presente, en la agenda
pública de los Estados, mediante lo que es posible
denominar gestión ambiental de los territorios.
Rafael Muriel (2006) concibe a la gestión ambiental como
el ejercicio consciente y permanente de administrar los
recursos y de orientar los procesos culturales al logro
9. Documento Gestión y políticas públicas. 2001. Congreso
Gobiernos locales: el futuro político de México.
de la sostenibilidad, a la construcción de valores y de
actitudes amigables con el ambiente, a n de revertir los
efectos del deterioro y la contaminación sobre la calidad
de la vida humana y la actividad económica.
Para la CEPAL (1990) la gestión ambiental del Estado
es el conjunto de acciones normativas, administrativas
y operativas que impulsa el Estado para alcanzar
un desarrollo con sustentabilidad ambiental. A su
vez, inserta en la gestión ambiental, se encuentra lo
que se entiende por Gestión Integral, que es posible
denirla como un sistema de manejo de los RSU,
para el mejoramiento de la salud de la población y la
preservación ambiental.
Las principales funciones de la gestión ambiental son el
diseño y la formulación de una política ambiental, una
legislación que la sustente, como también un sistema
administrativo y un conjunto de instrumentos que
permitan la concreción de la política y la legislación
ambiental
10
.
En ese motivo, la política ambiental es una dimensión
del desarrollo que no puede quedar expuesta al libre
juego del mercado y que requiere de la intervención del
Estado. Los problemas ambientales son conictos de
intereses, contradicciones que necesitan intervención
estatal para darles resolución. El Estado no es un
agente neutral ni actor homogéneo y sus posiciones
no son unívocas; desde una perspectiva amplia, Lahera
Parada (citado en Ghio y otros, 2013) sostiene que
son cursos de acción y ujos de información referidos
a un objetivo público -desarrollados por el sector
público, la comunidad y el sector privado- conteniendo
orientaciones o contenidos, instrumentos o mecanismos
y deniciones o modicaciones institucionales, mientras
para O`Donnnell y Oszlak (1981) las políticas públicas
son todas las acciones u omisiones que maniestan una
determinada modalidad de intervención del Estado en
torno a una cuestión que moviliza a otros actores de la
sociedad civil. En consecuencia, el Estado crea, en sus
sistemas administrativos, instrumentos de gestión e
10.CEPAL. 1990. El reto ambiental del desarrollo.
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Madueño Lahoz, Gamboa Cortez.
instituciones políticas para implementar sus políticas
públicas.
Para Joan Subirats (citado en Ghio y otros, 2013) una
política pública es el conjunto de decisiones e implica
toda una serie de decisiones más o menos relacionadas,
tales como decidir que existe un problema, decidir si
se debe intentar resolver el problema, decidir de qué
manera hacerlo, decidir legislar sobre el tema, etc. El
autor entiende a la política pública como un proceso de
toma de decisiones.
Asimismo, Roth Deubel (citado en Ghio y otros,
2013) las dene como aquellas que designa la
existencia de un conjunto conformado por uno o
varios objetivos colectivos considerados necesarios o
deseables y por medios y acciones que son tratados,
por lo menos parcialmente, por una institución u
organización gubernamental con la nalidad de
orientar el comportamiento de actores individuales o
colectivos para modicar una situación percibida como
insatisfactoria o problemática.
Se requieren políticas públicas para alcanzar el desarrollo
sustentable cuyo discurso ha pasado de la gestión
ambiental dirigida desde el Estado, a una propuesta en
la que se conjugarían el Estado tanto local, provincial,
nacional y regional, con los agentes económicos y
los grupos sociales. Esta perspectiva transectorial
le permite al Estado armonizar la política ambiental
atendiendo al manejo sustentable y democrático del
complejo sistema de recursos productivos. La ecacia
de la gestión depende de la puesta en práctica de la
política ambiental, sin la cual ésta se tornaría en simple
retórica. Sin embargo, la gestión participativa no supone
un recorte de la responsabilidad estatal en la materia,
sino que el Estado deberá proporcionar las condiciones
políticas y económicas necesarias, para revitalizar las
fuerzas creativas y productivas de la sociedad y ser
capaz de arbitrar entre intereses contrapuestos. (Le,
1994).
Le (1994) dene la racionalidad ambiental como “... el
ordenamiento de un conjunto de objetivos, explícitos e
implícitos; de medios e instrumentos; de reglas sociales,
normas jurídicas y valores culturales; de sistemas de
signicación y conocimiento; de teorías y conceptos;
de técnicas y métodos de producción. Este concepto no
sólo resulta útil para sistematizar los resultados teóricos
del discurso ambiental, sino también para analizar su
coherencia en sus prácticas y la capacidad de realizarse
en la realidad” (p 32). La categoría racionalidad
ambiental posibilita un análisis integrado de las bases
materiales, los instrumentos técnicos y legales, y las
acciones y programas orientados hacia estos nes. En
este sentido, tal categoría se plantea como un concepto
heurístico, dinámico y exible para analizar y orientar
los procesos y las acciones “ambientalistas” (Le, 1994).
La ecacia de la gestión ambiental del desarrollo,
no depende sólo de la capacidad para responder
integralmente a la problemática del desarrollo, sino
también de la multiplicidad de racionalidades de los
actores que entran en juego.
La Gestión Integral es un sistema de manejo de
los RSU que, basado en el Desarrollo Sostenible, tiene
como objetivo primordial la reducción de los residuos
enviados a disposición nal
11
y el mejoramiento de la
salud de la población, entendiendo a la salud en su
sentido más amplio y la protección ambiental. Ello deriva
en la conservación de la salud humana- entendiendo la
salud en un sentido más amplio- y la mejora de la calidad
de vida de la población, como así también el cuidado del
ambiente y la preservación de los recursos naturales
12
.
El sistema GIRSU comprende un método para el manejo
de los RSU y resulta de la combinación de experiencias
realizadas en el mundo y del aporte de diversas ciencias.
11.El indicador más representativo respecto a la cantidad
de residuos producidos, está dado por la “generación per
cápita” (GPC), el cual refiere a la cantidad de residuos en
kilogramos que produce a diario cada habitante. Según
Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos
Sólidos Urbanos. ENGIRSU Op. Cit.
12. La dinámica regional de la temática, configura a los
residuos como un problema que excede a las jurisdicciones
locales y que requiere un abordaje metropolitano, del que
participen todos los niveles de gobierno.
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Madueño Lahoz, Gamboa Cortez.
Las Etapas de la GIRSU comprenden: la Generación, la
Recolección y el Transporte, el Tratamiento y nalmente
la Disposición Final de los RSU.
Para Sella (2012), la gestión integral de residuos
“excede al mero hecho de sacarlos de la ciudad y
llevarlos a depósitos controlados” (p 16), implica
además contemplar recursos normativos, económicos y
técnicos para tender a reducir la generación de residuos,
separarlos en origen, tratarlos privilegiando su reciclaje
o compostado a n de minimizar impactos ambientales
no deseados o negativos.
Continuando esta línea, se adopta el concepto de
Gestión Integral de los residuos, entendida como “el
conjunto articulado e interrelacionado de acciones
- políticas, normativas, operativas, nancieras, de
planeación, administrativas, sociales, educativas,
de evaluación, seguimiento y monitoreo - desde la
prevención en la generación hasta la disposición nal
de los residuos. Todo ello con el n de lograr benecios
ambientales, la optimización económica de su manejo y
su aceptación social, respondiendo a las necesidades y
circunstancias de cada localidad o región” (Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, 2017).
En la práctica los postulados de desarrollo sustentable
y ambiente deben buscar un equilibrio con la economía
capitalista, basada en el sistema de producción y
consumo. En ese sentido, se han elaborado varias
alternativas, entre las que se encuentra la denominada
“economía circular”.
Esta última puede ser comprendida como un paradigma
que pretende, en forma simultánea, generar prosperidad
económica, proteger el ambiente y prevenir la
contaminación, dando lugar a un desarrollo sostenible.
Aquellas Políticas Públicas que tengan como n el
Desarrollo Sostenible, son las que podrán impulsar
la Economía Circular (EC), opuesta a la tradicional
Economía Lineal que extrae los recursos – renovables
y no renovables - los industrializa y posteriormente
desecha los residuos resultantes. La EC pretende que
los recursos mantengan su valor y utilidad en todo
momento, considerando la eciencia a la hora de
consumir y producir. La misma se como “un concepto
económico que se interrelaciona con la sostenibilidad,
y cuyo objetivo es que el valor de los productos, los
materiales y los recursos (agua, energía, etc.) se
mantenga en la economía durante el mayor tiempo
posible, y que se reduzca al mínimo la generación de
residuos” (Comisión Europea, 2015).
Así, la Economía Circular se ha convertido en un modelo
que se orienta al desarrollo sostenible, planteando
distintas estrategias en la totalidad de la cadena de
producción y uso de los productos y servicios (Prieto
Sandoval y otros, 2017)
Este modelo económico está basado en el principio de
“cerrar el ciclo de vida” de los recursos de forma tal que
se produzcan los bienes y servicios necesarios al tiempo
que se reduzca el consumo y el desperdicio de energía,
agua y materias primas.
La economía circular pretende generar ciclos cerrados
de producción y consumo, mediante la conservación de
los recursos naturales a n de contribuir al desarrollo
sostenible.
Es posible armar que el modelo imita a la Naturaleza,
tomando en cuenta los sistemas vivientes. Estos
últimos han existido desde hace millones de años, pero
en la Naturaleza no hay vertederos. El Sol proporciona
la energía, las plantas extraen los materiales que
necesitan del suelo, crecen y alimentan a los animales,
luego ambos mueren y los nutrientes. Los sistemas
vivientes han existido desde hace millones de años,
pero en la Naturaleza no hay vertederos regresan al
suelo, preparados para un nuevo ciclo. Los materiales
uyen dentro de los ecosistemas y los desperdicios de
una especie son alimento para otras.
Al contrario de la economía capitalista que adopta un
modelo lineal: extrae las materias primas del medio
natural y las usa para producir objetos que una vez
utilizados, se tiran con rapidez. Por ejemplo: cuando
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aparece un nuevo modelo de teléfono, la publicidad nos
empuja a deshacernos del viejo; si nuestra lavadora se
avería, no hay piezas de recambio disponibles así que
nos vemos obligados a comprar otra. Cada vez que
hacemos alguna de estas cosas estamos fomentando
la explotación de los recursos naturales en países
empobrecidos y estamos produciendo residuos -a
menudo tóxicos- que exigen costosos procesos de
recolección y gestión que hay que pagar con nuestros
impuestos. Gastamos más de lo necesario para producir,
ensuciamos nuestro medio ambiente y al mismo tiempo
aumentamos innecesariamente el coste de la vida
13
.Las
grandes escuelas de pensamiento relacionadas con la
Economía Circular (EC) surgieron en los años ´70 del
siglo pasado, pero recién adquirieron relevancia en la
década de los ‘90
14
.
La EC se basa en tres principios fundamentales:
1. Preservar y mejorar el capital natural. Esto se logra
controlando existencias nitas y equilibrando los
ujos de recursos renovables, y rotando productos,
componentes y materiales con máxima utilidad en
todo momento (en ciclos técnicos y biológicos). El
sistema circular selecciona sabiamente recursos y
elige tecnologías y procesos que empleen recursos
renovables o que tengan mejores resultados.
2. Optimizar el uso de los recursos. Supone desarrollar
el eco diseño, es decir, diseñar el proceso de
fabricación, restauración y reciclaje de modo
que componentes y materiales recirculen y sigan
contribuyendo a la economía.
3. Fomentar la eciencia del sistema revelando
13. http://universidadverde.es/wp-content/uploads/2016/08/
Que-es-la-economia-circular.pdf
14. Como ejemplos, se entizan la ´Economía de Servicios
Funcional´, la ´Economía del Rendimiento´, de Walter
Stahel, la ´Filosofía de Diseño ´cradle to cradle´´de
McDonough y Braungart, la ´Biomesis articulada´ de
Janine Benyus, la ´Ecología Industrial´ de Lifset y Graedel,
el ´Capitalismo Natural´ de Amory, Lovins y Hawken, y
el ´Enfoque de Sistemas de Economía Azul´ descrito por
Gunter Pauli” (Ellen MacArthur Foundation).
y eliminando externalidades negativas. Esto
implica reducir los daños del accionar humano
(alimentos, movilidad, vivienda, educación, salud,
ocio), gestionar externalidades (uso del terreno,
contaminación atmosférica, de aguas y acústica,
emisión de sustancias tóxicas, y cambio climático).
Uno de los recursos que la economía capitalista requiere
para poder crecer o simplemente sobrevivir son las
energías, pero las utilizadas hasta ahora se extrajeron
de fuentes no renovables, es decir con posibilidades
de agotamiento en algún futuro no muy lejano. Por
ello, es que el modelo de desarrollo sustentable, está
íntimamente vinculado a la necesidad de generación de
energías renovables.
Por ello, de acuerdo con las ideas económicas en auge,
la transición de una economía lineal a una economía
circular pretende que el valor de los productos, los
materiales y los recursos se mantenga en la economía
durante el mayor tiempo posible y paralelamente
se reduzca al mínimo la generación de residuos. El
n último de esta transición es la generación de una
economía sostenible, baja en carbono, eciente en el
uso de los recursos, como la energía, y competitiva en
términos del Mercado.
Uno de los principios de la Economía Circular es la
utilización de Energías Renovables como fuente de
energía, que ocurren en la naturaleza; toda la energía
procede de fuentes que se van renovando con el paso del
tiempo. La economía circular apostó por la substitución
de los combustibles fósiles y nucleares, por energías
renovables. (Hermida Balboa, 2014).
Se denomina Energía Renovable a la que se obtiene de
fuentes naturales virtualmente inagotables, ya sea por
la inmensa cantidad de energía que contienen, o porque
son capaces de regenerarse por medios naturales, por
ejemplo, energía eólica, solar, etc. (Casas Úbeda, 2008).
Con la promulgación de un nuevo régimen sobre
fomento a la energía eléctrica de fuentes renovables
en el año 2015 y la Ley Nacional N° 27191, Argentina
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retomó la transición hacia una matriz energética más
sustentable y diversicada. Desde entonces, la política
energética nacional ha impulsado la creación de un
mercado doméstico de Energía de Fuentes Renovables
(EFR). Antes de diciembre de 2015, las energías
renovables (entre ellas la solar), participaban con el
0.8% en la matriz energética primaria en Argentina. A
partir de esa fecha, hay un crecimiento marcado en la
generación de EFR (Castelao Caruana, 2019).
En la actualidad, la energía solar genera alrededor del
4% de la demanda de electricidad en Argentina. Esta
se espera que continúe aumentando impulsada por
los objetivos renovables vinculantes nacionales de
2020 y las recientes licitaciones solares, en la cual el
gobierno provincial viene fomentando desde el año
2003. Además, según las previsiones dadas, se estima
una tasa de crecimiento de cerca de 58% en 2019. Este
crecimiento previsto viene guiado por los objetivos de
la Argentina para lograr un 20 % de energías renovables
para 2020.
Se calculó a marzo de 2019 la existencia en Argentina de
sesenta y nueve proyectos de Energía Fotovoltaica en
distintas etapas de desarrollo.
En el caso de la provincia de San Juan, especícamente
el Proyecto ubicado en el Departamento Rivadavia, es
uno de ellos. En línea con las ideas del gobierno nacional,
la Provincia de San Juan ha resaltado la importancia
del aprovechamiento de la energía proveniente del
Sol y su posterior aplicación industrial, concretando el
Proyecto Solar San Juan, en 2015. Este Proyecto es una
iniciativa del Gobierno de San Juan, cuya idea fuerza es
el Desarrollo Sustentable de la Provincia y el aporte en
el mismo sentido a toda la República Argentina.
Se pretende mediante este Proyecto brindar desde San
Juan hacia todo el país, un aporte a la transformación
de la matriz energética argentina mediante Energía
Renovable Solar Fotovoltaica a cargo del Entre
Provincial Sociedad del Estado-EPSE San Juan-.
El Parque Solar Fotovoltaico “Anchipurac”
15
, que se ubica
en el PITAR (Parque Industrial Tecnológico Ambiental
Regional), en el Departamento Rivadavia, Provincia de
San Juan, generará 3MW de Potencia, con 9500 paneles
solares ubicados en 7.64 Has. El objetivo del mismo será
generar energía eléctrica limpia para comercializarla
con las industrias que se instalen en el PITAR.
Al tratarse de San Juan, una provincia relativamente
pequeña en comparación al resto, con recursos naturales
limitados y con costos energéticos tradicionalmente
elevados se plantea a la energía solar y a la economía
circular como áreas de relevancia para un modelo
productivo que puede sintonizar con sus características
siográcas, generando un mayor aprovechamiento
de sus recursos naturales, y de esta forma redundar en
benecios energéticos y económicos para la sociedad
de San Juan, en particular y la de Argentina, en general.
6. Dimensión Normativa de la Gestión de los RSU
A nivel Nacional, la legislación comienza por la Carta
Magna, la Constitución Nacional, que con la reforma
de 1994 introdujo el tema ambiental armando que
todos los habitantes del territorio argentino gozan
del derecho de un ambiente sano, equilibrado, apto
para el desarrollo humano y para que las actividades
productivas satisfagan necesidades presentes sin
comprometer la satisfacción de las necesidades de las
generaciones futuras.
En consecuencia, la sustentabilidad del desarrollo
y el aan zamiento del paradigma ambiental fueron
establecidos por la Constitución Nacional en el artículo
41 y reconocidos internacionalmente a partir de la
Declaración de Río sobre el Medio Am biente y el
Desarrollo del año 1992.
Sin embargo, para su efectiva vigencia deben promo-
verse cambios culturales y políticos como requisitos
15. “Rayo” en lengua Huarpe
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fundamentales para que la dimensión ambiental sea
parte estructural de las políticas públicas.
Encarar la
problemática de los RSU requiere de una perspectiva
más amplia que la local, involucrando a las provincias y
a la nación en la planicación estratégica del manejo de
los residuos.
En Argentina se encuentra vigente la Ley Nº
25.916 referida a la Gestión Integral de Resi duos
Domiciliarios
16
. Esta Ley reglamenta lo referente a las
etapas del proceso de gestión, a saber: generación,
recolección y transporte, tratamiento, transferencia y
disposición nal y además contempla la coordinación
inter-jurisdiccional, jando los presupuestos mínimos
de protección ambiental para la gestión de los residuos.
Esta ley regula un tema eminentemente local, de
ahí que las cues tiones referentes a la gestión de los
Residuos Domiciliarios están dirigidas principalmente
a las autoridades municipales, mientras que el control
de la aplicación y cumplimiento de la norma recaería
sobre la autoridad provincial, a través de las autoridades
competentes (AC) designadas para tal n.
Esa situación de gestión de RSU y preservación de
salud y ambiente, compartida de alguna manera entre
provincias y municipios, requiere de una planicación
nacional que revierta y corrija en los casos necesarios
los problemas derivados de manejos inadecuados de los
residuos, mediante un modelo sistematizado de gestión,
homogéneo y adaptable a cada lugar, que haya probado
su ecacia y eciencia, garantice la salud humana y
prevea la protección y preservación ambiental. En
este sentido, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, en su carácter de autoridad
de aplicación en la materia, asume la responsabilidad
de dar respuesta a esta realidad, planteando desde una
perspectiva nacional las soluciones que, a su juicio, son
las necesarias y que se exponen en la Estrategia Nacional
de Gestión Integral de RSU (ENGIRSU).
Por su parte, a nivel provincial, la Constitución de la
16. B.O.: 07/09/04. sancionada en el marco del artículo
41 C.N.
Provincia de San Juan regula lo referido a los derechos
ambientales y calidad de vida de los ciudadanos, en
la cual decreta que todos los habitantes de San Juan
tienen derecho a un ambiente humano de vida salubre
y ecológicamente equilibrado y el deber de conservarlo.
La Carta Magna, también le atribuye al Estado la
función de prevenir y controlar la contaminación y sus
efectos; ordenar el espacio territorial de forma tal que
resulten paisajes biológicamente equilibrados; crear y
desarrollar reservas y parques naturales, promoviendo
la mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos
(Art.58, C. P.).
Especícamente sobre los RSU, existe la Ley Provincial
N° 1114 que aprueba un sistema de ordenamiento de
la recolección de los RSU. Esta norma, vigente hasta
la actualidad, regula un sistema de gestión integral de
RSU y residuos asimilables a RSU (GIRSU) con el n
de promover la protección del entorno físico y social
y de condiciones mínimas igualitarias ambientales a
todos los habitantes del territorio provincial. Asimismo,
dene a la Gestión Integral de los RSU al conjunto de
actividades interdependientes y complementarias que
se realizan para dar a los residuos un destino adecuado,
contemplando la preservación de la salud de la
población, los recursos naturales y el medio ambiente.
También, se reconoce la necesidad imperiosa de ejecutar
acciones entre la provincia y municipios para abordar la
problemática de la acumulación y dispersión de residuos
provenientes de la actividad humana. Estas acciones se
asumen como una política indelegable del Estado y se
señala la importancia de la GIRSU en toda la provincia,
de las responsabilidades del gobierno provincial y
los municipios. También se jan los plazos para el
cumplimiento del Plan Estratégico de Gestión de RSU
(PEGIRSU) en referencia a la localización, habilitación
y funcionamiento de escombreras, a la limpieza y
mitigación de basurales a cielo abierto como así mismo
para la construcción de Centros de Tratamiento y
Disposición Final de RSU o Plantas de tratamiento (PTA)
en diferentes regiones de la provincia.
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En cuanto a los municipios, se los insta a depositar
sus residuos en la planta correspondiente, acorde
lo indicado por la provincia. Dentro de los objetivos
propuestos se señalan los siguientes: - promover a nivel
provincial y municipal, la sanción de normas para el
adecuado manejo y gestión de los RSU por parte de los
habitantes y grupos sociales, procurando la aplicación
de sanciones con mayor rigidez; - realizar campañas
masivas de difusión para la torna de conciencia sobre
la impostergable necesidad de una adecuada conducta
y gestión de los individuos y grupos generadores
de residuos, en orden al mantenimiento del aseo e
higiene en los espacios públicos y privados; - llevar a
cabo campañas de minimización en la generación de
residuos, implementar paulatinamente la separación
en origen y la recolección diferenciada, así como la
incorporación de Puntos Verdes.
En noviembre de 2010 se rmó un Convenio Marco entre
la provincia y los municipios de la Región 1, esta última
incluye a los municipios del Gran San Juan (Capital,
Rivadavia, Rawson, Santa Lucía, Chimbas) y tres de la
periferia, (Pocito, Ullúm y Zonda) a n de implementar
el PEGIRSU. Este convenio entró en vigencia en enero
2011
17
, y ese mismo año la provincia rmó convenios
marcos similares con cada una de las regiones restantes.
La Ley provincial N° 1451-L, legisla sobre la creación
Complejo Ambiental San Juan. Esta ley provincial fue
sancionada en septiembre 2016 y crea el Complejo
Ambiental San Juan, el que será administrado por
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
(SAyDS) de la provincia. El Complejo está integrado por:
- El Parque de Tecnologías Ambientales (PTA):
Centro de Tratamiento y disposición nal de los RSU
17. Las Regiones que agrupan a los 19 departamentos
son: Región 1 (ya mencionada); Región 2 (Caucete, 25 de
Mayo y 9 de Julio); Región 3 (San Martín y Angaco); Región
4 (Albardón); Región 5 (Sarmiento); Región 6 (Jáchal);
Región 7 (Iglesia); Región 8 (Calingasta)y Región 9 (Valle
Fértil).
- El Centro de interpretación Ecoparque “Anchipurac”
cuyo objetivo es la educación ambiental y toma de
conciencia de la población.
- El Parque Industrial Tecnológico Ambiental Regional
(PITAR) se trata de un espacio para la radicación de
industrias que utilicen como insumo o materia prima
residuos clasicados y separados provenientes de
los centros de tratamiento y disposición nal de la
provincia, de otras jurisdicciones o del extranjero.
Los objetivos del PITAR según esta ley son:
-fomentar y facilitar la radicación de empresas
aportantes de soluciones e innovaciones
tecnológicas y adecuadas desde el punto de vista
ambiental.
-generar productos con valor agregado y utilidad
comercial que incorporen material extraído del
proceso de clasicación de los RSU.
-promover el desarrollo de un cluster de la cadena de
valor que permita reducir los costos de producción,
mejorando la oferta y demanda de los mismos.
-establecer un espacio de articulación para
promocionar los emprendimientos entre organismos
gubernamentales provincial, municipal y privados.
- propiciar la construcción y desarrollo de
emprendimientos privados o mixtos dirigidos al
tratamiento y valorización de neumáticos en desuso
y residuos de aparatos electrónicos y eléctricos
(RAEE).
- convertirse en referente a nivel nacional en lo
referido a la gestión y administración de los RSU e
industriales asimilables.
A nivel municipal, los gobiernos municipales, según lo
acordado con el gobierno provincial, sancionaron las
ordenanzas respectivas para la regular lo referente a la
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gestión integral de RSU, y creando en sus estructuras
funcionales áreas referidas a la protección ambiental en
su territorio.
Dimensión Política: Analizando el Plan Estratégi-
co de la Gestión de los Residuos en la Provincia
de San Juan
De la lectura de la normativa se advierte la instalación
de la cuestión ambiental y social de los RSU en la agenda
política provincial a partir del año 2003, mediante la
sanción de la Ley Nº 7375. Esta fue la primera norma
que reguló la recolección y tratamiento de los RSU en
el ámbito provincial en un contexto de crisis ya que
los vertederos a cielo abierto – tanto permitidos como
clandestinos – eran sitios en los cuales numerosas
familias de manera habitual buscaban alimentos y
otros objetos con todos los riesgos para la salud que esa
práctica implica, además de ser focos de propagación
de insectos y roedores.
A la anterior ley, en 2006, se le sumó la sanción de la Ley
Nº 7757 que declaró el ´Estado de Emergencia la Gestión
de RSU´ y fue la encargada de reejar la seriedad
del problema. Posteriormente, se jerarquiza al área
responsable de la gestión ambiental provincial, ya que
en 2011 se eleva del rango de Subsecretaría a Secretaría
de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable
(SAyDS).
En ese mismo año se sanciona la actual Ley N° 1114-
L que, a diferencia de la norma anterior, establece las
responsabilidades jurisdiccionales entre el gobierno
provincial y los municipios, pero sin delegar todo a
éstos últimos, sino que decreta que el Estado provincial
promoverá la coordinación y la interrelación de acciones
con ellos, dando lugar a la formación de consorcios
municipales promovida desde el gobierno provincial.
La gestión de los residuos sólidos en todas sus etapas
es uno de los principales objetivos de la SAyDS de la
provincia de San Juan, por ello conjugó esfuerzos para
desarrollar acciones dirigidas al ordenamiento del
manejo de los residuos.
En consecuencia, y siguiendo la ENGIRSU, en 2006
la provincia elaboró su primer Plan Estratégico de la
Gestión Integral de los RSU (PEGIRSU). Posteriormente,
en 2011, la jerarquización del organismo estatal
responsable de la temática ambiental en la provincia,
que pasa a Secretaría con rango de Secretaría de Estado,
denota la decisión política de afrontar esta cuestión con
la adecuada estructura administrativa y nanciera.
En la provincia se concibe a la GIRSU como la selección
y aplicación de técnicas, tecnologías, planes, programas
y proyectos idóneos a n de lograr objetivos y metas
especícos para el adecuado tratamiento de los RSU.
El PEGIRSU adopta un enfoque conjunto para el
manejo de los residuos sólidos urbanos, promoviendo
la asociación y articulación de esfuerzos, persiguiendo
el mejoramiento progresivo del sistema de gestión
integral de RSU en la provincia en sus diferentes etapas.
Atendiendo así, a las necesidades sociales, ambientales
y económicas derivadas de tales actividades de gestión,
dentro de un marco de educación y concientización de
la ciudadanía.
Por su parte, los gobiernos municipales –a instancias
del provincial- crearon en su estructura funcional un
área ambiental destinada a implementar acciones de
gestión ambiental. Este requisito hizo que los distintos
municipios comenzaran a implementar acciones
tendientes al cuidado ambiental, sin embargo, se
considera fundamental la iniciativa del gobierno de la
provincia para dinamizar la totalidad del proceso en
todo el territorio y para la toma de decisiones a nivel
municipal.
Si bien recientemente, algunos municipios están
comenzando a desarrollar proyectos comunes para
clasicar y vender materiales provenientes de los RSU;
la distribución de los costos de gestión y la toma de
decisiones conjunta es una tarea aún pendiente ya que
algunos gobiernos locales son todavía reticentes a la
cooperación intermunicipal.
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Queda claro que fue el gobierno provincial el que
traccionó a los municipales a trabajar en equipo, esta
decisión no provino de una iniciativa municipal.
En referencia al Programa Provincial de Separación
en Origen y Recolección Diferenciada de los RSU- que
comenzó a implementarse en todo el territorio de
la provincia en el año 2017-, cuya experiencia previa
fuese el Plan Piloto San Juan Separa-San Juan Recicla
(2014/2015) es posible decir que, mediante el mismo,
la provincia suma a las acciones del PEGIRSU, las
siguientes actividades y responsabilidades:
-separación de los RSU en origen, que implica que
se promueva la separación de los diferentes residuos
por los generadores debidamente capacitados.
-acopio de los materiales para la recolección
selectiva en domicilios, comercios, industrias, etc. y
en los denominados ´Puntos Limpios´ y ´Estaciones
Ambientales´
-recolección selectiva en origen y transporte al PTA
de la Región 1
-separación de los RSU en el PTA a n de optimizar
la calidad para su mejor comercialización.
Con este Programa de Separación en Origen y
Recolección Diferenciada de los RSU el gobierno
provincial avanza un paso más en la Gestión Integral de
los RSU, aunque esta decisión tiene que ser acompañada
por los gobiernos locales y por la población.
Posteriormente, con la creación del Complejo Ambiental
San Juan previsto en la Ley N 1451-L /2016, se progresa
otro peldaño y se cierra la gestión estratégica de los RSU
orientado a un Desarrollo Sustentable y a un circuito
de Economía Circular. Este Complejo - situado en calle
Agustín Gómez s/n, Piedemonte del Cerro Parkinson,
Rivadavia - está integrado por el Centro o Parque de
Tecnologías Ambientales de RSU (PTA Región 1) -planta
de separación, tratamiento y disposición nal de RSU
desde 2011-, el Centro de Investigación y Educación
Ambiental Anchipurac (desde 2019) y el Parque
Industrial (PITAR).
El Parque se proyecta como una zona de radicación de
industrias que consuman en su proceso de producción
los desechos inorgánicos (RSU, papel y cartón, RAEE
-residuos y artefactos eléctricos y electrónicos- y
neumáticos) previamente clasicados y separados en
los diferentes PTA de la provincia, de otras jurisdicciones
y del extranjero.
El gobierno provincial lo proyecta como un futuro
referente en la región y en el país, estará dotado de
infraestructura, equipamiento y servicios comunes
orientados por principios que privilegian la protección
del ambiente, la coeciencia y la producción limpia.
Como agregado este Parque sumaría al empleo
provincial ya que se proyecta la creación de doscientos
cincuenta puestos de trabajo, aproximadamente.
Reflexionando, a modo de cierre
El estudio presentado en estas páginas permitió dar
cuenta de la necesidad de profundizar la investigación
sobre los mecanismos que intervienen en la reconversión
de la basura en un bien económico; y del papel del
Estado y las empresas en el multitratamiento de los
residuos y en la generación de energías limpias, como
expresión de la gestión de la política ambiental en la
provincia, que el gobierno incluyó en sus prioridades en
los últimos años, ampliando la participación de nuevos
actores tanto locales como internacionales, del ámbito
público y privado, abarcando a nuevos tipos de residuos
(neumáticos y RAEE) y legislando en este sentido.
Por otra parte, se entiende que la complejidad que
comprende el concepto “ambiente”, ha logrado en gran
medida ser abordado por la gestión de gobierno de la
provincia de San Juan desde 2003, año que ingresa esta
cuestión social en la agenda provincial. Comenzando
por legislar la temática, primero con las leyes 7375,
7757 y luego con la actual norma vigente, la Ley 1114-L,
analizadas anteriormente.
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Madueño Lahoz, Gamboa Cortez.
En ese marco legal y sumada a una estrategia nacional
(ENGIRSU), la provincia elaboró su primer Plan
Estratégico de la Gestión Integral de los RSU (PEGIRSU)
en el año 2006, a lo que se le añadió una decisión de
fundamental importancia para asumir la temática del
ambiente con una estructura administrativa y nanciera
adecuada: el paso del organismo estatal responsable
de la temática ambiental en la provincia, del rango
de Subsecretaría a Secretaría de Estado, es decir de
Ministerio provincial, en el año 2011.
Si bien la recolección de residuos continúa siendo una
función de los gobiernos municipales, es la provincia la
que coordina su gestión integral y quien dene que se
entenderá por ella (GIRSU). En este sentido el PEGIRSU
adopta un enfoque conjunto para el manejo de los
residuos sólidos urbanos.
La coordinación de la GIRSU por parte de la provincia
implicó acuerdos y convenios con los Municipios,
que debieron crear un área ambiental destinada
a implementar acciones de gestión ambiental. En
consecuencia, se considera fundamental la iniciativa
del gobierno San Juan para dinamizar todo el proceso
en todo el territorio y para la toma de decisiones a nivel
municipal. Sin embargo, aún no se observan casos de
cooperación intermunicipal que sería de gran utilidad
para mejorar los costos, aumentando la escala de la
gestión, entre otros benecios para los municipios.
Está claro que todo el proceso fue coordinado y
liderado por la provincia con la creación del Complejo
Ambiental San Juan, con lo cual se avanzó en el camino
del Desarrollo Sustentable alimentando el circuito de
Economía Circular. Este Complejo está integrado por:
-El Centro o Parque de Tecnologías Ambientales de
RSU (PTA Región 1)
-El Centro de Investigación y Educación Ambiental
Anchipurac (desde 2019) y
-El Parque Industrial (PITAR).
Ahora bien, en cuanto a fortalezas de la Gestión de los
RSU en la provincia de San Juan, se destacan:
La elaboración de los lineamientos nacionales para
una gestión integral de los RSU (ENGIRSU) que
orientó la gestión de RSU en la provincia de San
Juan.
La adecuación de la normativa provincial referida a
la gestión de los RSU a la normativa nacional y su
reglamentación expresa, con la identicación con un
paradigma que recupera la relación entre ambiente
y desarrollo sustentable en la gestión ambiental.
Las uidas relaciones intergubernamentales nación-
provincia-municipios y la coordinación de acciones
entre los diferentes niveles de gobierno fueron la
clave de la gestión de los RSU.
La jerarquización del área ambiental en la estructura
del Estado provincial: mediante la elevación de
categoría de Subdirección a Secretaría de Estado
con rango ministerial.
Un factor decisivo en todo el proceso fue que el
gobierno de la provincia planicó estratégicamente
la gestión ambiental desde el año 2006, y
posteriormente la proyectó hacia el año 2030,
expresando continuidad y consecuencia en las
acciones implementadas por la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable provincial.
La amplia comunicación de la GIRSU a la ciudadanía
mediante la implementación de diversas campañas
informativas y educativas como fueron:
- Congreso Internacional de RSU (2014).
- FESTECA desde 2016 - Mes del Ambiente - Espacio
temporal organizado para la difusión, vinculación,
construcción, participación, inclusión, intercambio,
sensibilización, producción, socialización de
información, colaboración y desarrollo de estrategias
para concientización y promoción de sinergia entre
diferentes actores.
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- Acciones de educación ambiental institucional
o formal. Programa de Educación Ambiental;
Capacitación de funcionarios municipales, docentes
y alumnos (nivel primario y secundario).
- Coordinación de acciones con asociaciones de
la sociedad: Asociación Civil Eco Raíces, Uniones
Vecinales, escuelas (talleres, charlas).
En referencia al PITAR:
• La creación del Complejo Ambiental San Juan,
incluyendo al Centro de interpretación “Anchipurac”
y el parque PITAR, que completa el proceso de la
PEGIRSU con los conceptos/modelos del Desarrollo
Sustentable y la Economía Circular. Con la iniciativa
del PITAR se armoniza lo económico, lo ambiental,
lo social, proyectando la creación de 250 nuevos
puestos de trabajo.
• Se prevé la relación de distintos sujetos sociales
intervinientes: Estado, Sociedad, Mercado-
Empresas. Entre los aspectos positivos se encuentran
la absorción de mano de obra beneciaría a la
población, y el cuidado de la salud por el tratamiento
de los residuos.
• El PITAR sintetiza la interrelación entre las
dimensiones: ambiental, económica, social y política.
• En cuanto a los distintos obstáculos que operaron
en el largo proceso de implementación de la
PEGIRSU, sobresalen:
- La falta de experiencias de trabajo en equipo de
los Municipios complicó la puesta en marcha y
continuidad del PEGIRSU
- Los hábitos de la población no se adecuan a las
sugerencias dadas por la SAyDS de la provincia,
requiriendo la insistencia de acciones informativas
y educativas llevadas a cabo por la autoridad
provincial.
La provincia de San Juan ha sido una de las primeras
en elaborar e implementar una política ambiental
concerniente a la gestión integral de RSU, tomando
la decisión política de seguir la planicación
nacional y de convocar a los gobiernos municipales.
Este avance en la PEGIRSU debe ser acompañado
por los gobiernos locales y la población.
- En el análisis de la Gestión Integral de los residuos
sólidos y líquidos urbanos y asimilables (comerciales
e industriales no contaminantes) se observaron
diversas decisiones y acciones conducentes a ello.
Así también en relación al cuidado de las Áreas
protegidas y de la Fauna y Flora autóctona.
- Se subraya la decisión política del gobierno provincial
de abordar integralmente y estratégicamente la
gestión de los RSU, incluyendo en la agenda un tema
socialmente problematizado desde la década de los
90 del siglo anterior.
En referencia al proceso de trabajo de investigación:
se destacan como facilitadores la uidez y buena
predisposición en la comunicación con los funcionarios
de la SAyDS de la provincia de San Juan, como así
también con los empresarios participantes en el PITAR.
Uno de los principales obstáculos abordado durante la
tarea investigativa ha sido la dilación en la puesta en
marcha del Parque Industrial Tecnológico Ambiental
Regional. Al momento de elaboración de este artículo,
las industrias (con proyectos de instalación aprobados)
se están ubicando en los lotes asignados. Según la
información brindada por la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la provincia, y por los propios
empresarios vinculados al PITAR, las primeras empresas
comenzarían a funcionar en marzo de 2020.
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Madueño Lahoz, Gamboa Cortez.
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Referencias bibliográficas
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Carabajal
LAS PROTESTAS SOCIALES POR EL “DOBLE CRIMEN DE LA DÁRSENA”.
Carabajal, José Daniel
1
Recepción:01/04/2020 | Aceptación: 11/06/2020
1.Licenciado en Sociología. Centro de Investigaciones
Jurídicas y Sociales (C.I.J.S.). Universidad Nacional de
Córdoba (U.N.C.). Correo electrónico: licenciadojdc@gmail.
com
Resumen
En el presente trabajo, se analizan las marchas en
reclamo de justicia por el “Doble crimen de La Dársena”
y su posible incidencia en la nalización del régimen
juarista
1
en el año 2004 en la provincia de Santiago del
Estero. Dicho régimen nalizó su mandato por la vía de
la Intervención Federal decretada por el Congreso de la
Nación con posterioridad a los mencionados crímenes
que pusieran en descubierto las irregularidades y los
abusos de poder de este gobierno. En esa oportunidad,
desde diferentes sectores de la sociedad se gestaron
marchas de protesta en reclamo de justicia que
1.Así se denomina a la estructura de poder que Carlos
Arturo Juárez y su esposa Mercedes Marina “Nina”
Aragonés construyeron a lo largo de sus varios periodos
de gobierno entre 1949 y 2003.
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concentraron la atención de los medios de comunicación
nacionales y del propio Gobierno Nacional sobre
Santiago del Estero. Se realizó al menos 15 entrevistas
en profundidad, análisis de contenido y exploración
bibliográca de diarios, revistas y páginas de internet.
Palabras clave:
Movimiento – Justicia – Autoritarismo – Finalización –
Santiago del Estero
SOCIAL PROTESTS FOR THE “DOUBLE CRIME OF
LA DÁRSENA”
Abstract
In the present work, the marches in justice claim for the
“Double crime of La Dársena” and its possible incidence
in the termination of the juarista regime in 2004 in
the province of Santiago del Estero are analyzed.
Said regime ended its mandate through the Federal
Intervention decreed by the National Congress after the
aforementioned crimes that exposed the irregularities
and abuses of power of this government. On that
occasion, from dierent sectors of society, protest
marches were created in the demand for justice that
concentrated the attention of the national media and
the National Government itself on Santiago del Estero.
At least 15 in-depth interviews, content analysis and
bibliographic exploration of newspapers, magazines
and Internet pages were carried out.
Keywords:
Movement - Justice - Authoritarianism - Completion -
Santiago del Estero
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Carabajal
Introducción
En el presente trabajo, se analizan las marchas en
reclamo de justicia por el “Doble crimen de La Dársena”
y su posible incidencia en la nalización del régimen
juarista
2
en el año 2004 en la provincia de Santiago del
Estero. Dicho régimen nalizó su mandato por la vía de
la Intervención Federal decretada por el Congreso de la
Nación con posterioridad a los mencionados crímenes
que pusieran en descubierto las irregularidades y los
abusos de poder de este gobierno. En esa oportunidad,
desde diferentes sectores de la sociedad se gestaron
marchas de protesta en reclamo de justicia que
concentraron la atención de los medios de comunicación
nacionales y del propio Gobierno Nacional sobre
Santiago del Estero.
El 6 de febrero del año 2003, dos jóvenes santiagueñas,
Leyla Bashier Nazar y Patricia Villalba, de veintidós y
veintiséis años respectivamente, fueron encontradas sin
vida. Este doble homicidio marcó el inicio de un proceso
social y político que puso n al régimen juarista, debido
a las características de escándalo político y la supuesta
implicancia en el caso de ciertas personas vinculadas a la
función pública de la provincia.
A poco de comenzadas las marchas, estas sospechas
llevarían a confrontar con el propio régimen. Se
presumía la existencia de una red de encubrimientos
desde el mismo poder político para no comprometer
a los supuestos implicados que formarían parte de
los “hijos del poder”. Esto deslegitimaría al régimen
pues, como se anotó anteriormente, se implicó a hijos
de funcionarios, legisladores, en calidad de autores y
encubridores de los crímenes.
Por tanto, el presente artículo se propone describir el
proceso de protesta social que se inició con el “Doble
crimen de La Dársena” en el año 2003 y analizar su
2. Así se denomina a la estructura de poder que Carlos
Arturo Juárez y su esposa Mercedes Marina “Nina”
Aragonés construyeron a lo largo de sus varios periodos
de gobierno.
posible incidencia en la declinación posterior del
régimen juarista en la provincia de Santiago del Estero,
en el año 2004. Otro objetivo será caracterizar a los
actores sociales y políticos que participaron activamente
del ciclo de protestas en reclamo de justicia por el caso
del “Doble crimen de La Dársena”, en el año 2003. Como
así también conocer la perspectiva de algunos de los
actores que fueron participantes activos del ciclo de
protesta respecto de la incidencia de las protestas en
la declinación posterior del régimen juarista. Por ello
cabe preguntarse ¿contribuyeron, y de qué modo, las
marchas en reclamo de justicia por el doble crimen
de La Dársena a la nalización del régimen juarista en
Santiago del Estero en el año 2004?
Referentes conceptuales
Latinoamérica tiene una historia independentista
por haber atravesado diferentes procesos de luchas
de liberación nacional con respecto a la dependencia
de las metrópolis europeas. Esta característica hace
que su historia sea rica en pueblos con trayectorias
de movilización, en procesos revolucionarios y en
desobediencias civiles que legaron su matriz, y hasta su
nombre, a los actuales movimientos sociales.
Svampa (prólogo a Gómez, 2014), al referirse a la
teorización latinoamericana de los movimientos sociales,
arma que la noción de clase social no desaparece del
todo, sino que se ve desplazada por la urgencia de la
necesidad de dar respuesta a un colectivo heterogéneo
(campesinos, trabajadores informales, clase media,
desocupados, etcétera.) que no era fácil encasillar en
alguna categoría de las teorías clásicas de la escuela
norteamericana y europea (Tilly, 1979, 2010; Tarrow,
1997; Touraine, 1987). Esta tarea de catalogar dentro
de una categoría preexistente a este nuevo fenómeno
fue posible gracias al despojo de las características
de clasicación binaria (ricos-pobres, trabajador-
empleador, propietario-arrendatario, etcétera)
que se proponían en las anteriores teorizaciones
(interaccionismo simbólico, estructural funcionalismo,
conductismo, etcétera), optándose por una categoría
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más focal desde lo territorial, y más centralizada en
temas o cuestiones puntuales y transversales a grandes
sectores sociales.
Gómez (2014) considera que los conceptos de acción
colectiva y movimientos sociales han desplazado de la
centralidad explicativa al concepto de clase social. Este
proceso se explica, según el autor, mediante el reemplazo
del concepto de clase social por los de movilización de
recursos, enmarcados interpretativos y oportunidades
políticas (según la escuela estadounidense), pero
también por los de identidad, culturas, acción histórica
(desde la escuela europea), que emergen como nuevos
conceptos que, reunidos en sus respectivas tradiciones,
pueden explicar de manera más conable los procesos
de movilizaciones sociales.
Se parte del concepto de acción colectiva, que es
mucho más amplio y abarcador que la protesta social
y la desobediencia civil, todas ellas formas de acción
colectiva. Cortar una calle, protestar por algún tributo,
movilizarse a favor de alguna causa, reclamar frente
a alguna autoridad pública, etcétera, son formas de
expresión colectiva (Schuster, 2005).
Cuando se habla de protesta social se hace referencia
“a los acontecimientos visibles de acción pública
contenciosa de un colectivo, orientados al sostenimiento
de una demanda.” (Schuster, 2005, p.56). En cualquier
caso, estamos frente a una de las tantas formas que
la comunidad tiene de hacer público su descontento
contra una situación social sentida como negativa, y que
por lo general se maniesta contra el Estado o contra
su permisividad ante la acción de actores privados
causantes del problema. Cuando las diversas protestas
que subyacen en una sola y generalizada se ponen de
maniesto, estamos frente a una red de protestas,
que tiene la virtud de aunar diversos reclamos que
parecen heterogéneos, haciéndolas comunes a todos
sus participantes. Por su amplitud, esta red de protestas
puede hacer pensar que estamos en la antesala de un
movimiento social si logran aglutinarse en torno a una
identidad, un plan de acción y las otras características ya
mencionadas que denen a los movimientos sociales.
Movimientos sociales y violencia
Otro de los aspectos relacionados con los movimientos
sociales es el recurrente empleo de la violencia, ya sea
por parte de quienes se movilizan o por parte de las
fuerzas de seguridad. Analizaremos este aspecto que
siempre está como una posibilidad, aunque no siempre
llega a manifestarse, y no necesariamente debe estar
en la intencionalidad de quienes organizan una protesta
o un movimiento social. Comenzaremos por Tarrow
(1997), quien se reere a la represión en términos de
disminución o elevación de costes. Cuando habla de
elevar costes en la acción colectiva, se reere al plano
motivacional, pues el hecho tangible de sufrir algún
daño físico es una buena razón, en algunos casos, para
que el accionante desista de su participación.
Del otro lado también pueden verse personas que tienen
un rol en cuanto a la facilitación de la acción colectiva,
mediante la logística y el traslado de los marchistas
desde puntos alejados hacia donde se desarrollaban
las movilizaciones. Otra acción de facilitación la
encontramos en la edición de revistas, folletería,
boletines, etcétera, que intenta ser canal de expresión
de los manifestantes.
En algunos casos, como el que nos ocupa en el presente
trabajo, la violencia, lejos de disminuir la acción
colectiva, produce el efecto inverso al buscado por las
autoridades del régimen, pues las marchas pueden
ir incrementando el número de asistentes. Incluso,
puede llegar a darse una nacionalización de la protesta
por la acción de los medios masivos de comunicación,
originando muestras de apoyo y de solidaridad desde
diferentes puntos geográcos.
También, en algunas movilizaciones, suele ocurrir lo
que Tarrow (1997) describe: al principio son reprimidas
duramente; pero al ir creciendo en número, la represión
se hace cada más dicultosa y, con la participación
de los medios de comunicación, tanto locales como
nacionales, la represión tiende a volverse totalmente
impopular a los ojos de la opinión pública.
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Aspectos Metodológicos
Para el presente trabajo se realizó un “estudio de caso”
(Galeano Marín 2004, p.63), para brindar una descripción
lo más completa posible del fenómeno estudiado.
Se realizó una indagación, mediante entrevistas en
profundidad (Rodríguez Gómez, Gil Flores y García
Jiménez, 1999), sobre la incidencia de las marchas por
el “Doble crimen de La Dársena” en la nalización del
gobierno de Aragonés de Juárez en Santiago del Estero.
Asimismo, se recurrió a comparar algunos aspectos del
caso “María Soledad Morales” en Catamarca durante la
década de 1990.
Se utilizó como herramientas para la recolección de
datos primarios las entrevistas en profundidad. La
razón de la elección de los entrevistados responde a
una decisión estratégica y de sospecha metodológica,
pues todos ellos asistieron a las marchas en reclamo de
justicia por el “Doble crimen de La Dársena”. También
se entrevistó a miembros del gobierno de entonces que,
aunque no asistieron a las marchas, se les administró el
cuestionario teniendo en cuenta sus antecedentes como
miembros de la estructura del régimen. La estrategia
fue en algunos casos confrontar entrevistados juaristas
y opositores, y lograr mayormente una representación
de opositores, teniendo en cuenta la sospecha
metodológica de que dirigentes juaristas no participaron
de dichas marchas; esto último fue corroborado por
los entrevistados, quienes expulsaron de las marchas
a quienes identicaron como inltrados, dirigentes o
ex dirigentes juaristas que ocuparon altos cargos tales
como diputados, jueces o ministros. En todos los casos se
tuvo en cuenta la contemporaneidad de su pertenencia
y/o cargo institucional con la nalización del régimen.
Se aclara que, para preservar la identidad, por expreso
pedido de los mismos, de todos los entrevistados se usó
nombres cticios.
Como fuente de datos secundaria, se recurrió a libros,
documentos, archivos, revistas, como así también a
material multimedia y la exploración de páginas web.
Asimismo, se recurrió a los archivos de los principales
medios periodísticos locales (Nuevo Diario y El Liberal),
como así también a los diarios de mayor circulación a
nivel nacional (Clarín, La Nación, Página 12, entre otros)
de los años 2003, 2004 y posteriores que trataran el
tema o estuvieran referidos a los hechos investigados.
Sobre dichas fuentes se aplicó la técnica de análisis
de contenido (Rodríguez Gómez, Gil Flores y García
Jiménez, 1999)
El “Doble crimen de La Dársena” como hecho
histórico
Luego de conocido el hecho luctuoso del hallazgo de
un cadáver por parte de una lugareña de la localidad de
La Dársena, comenzó la correspondiente investigación
policial de lo que posteriormente signicó uno de los
casos policiales que conmocionó a la opinión pública
local. Así recordaba su actuación el día del hallazgo
de los cuerpos el comisario que tuvo a su cargo el
procedimiento al tomar conocimiento sobre el hecho:
“Leiva recordó que ‘en el momento en que hicimos
el trabajo, el 6 de febrero, era un cadáver NN que se
encontró. Nosotros tomamos conocimiento a través de
una vecina y nos hicimos cargo del procedimiento’ (…)”.
(Diario Nuevo Diario, 21/08/2003)
Santucho (2003), quien fuera abogado patrocinante de
la familia de una de las víctimas, relata de esta manera
el hallazgo de los cuerpos de las víctimas de este caso:
“En la amarilla mañana del 6 de febrero del 2003
una campesina santiagueña buscadora de huesos,
Doña Rosa Angélica Vergara en compañía de dos
hijos Darío Rodolfo Robles y Daniel Fernando Veliz,
alertados por el ladrido de sus perros encontraron
en una zona montuosa de La Dársena, lugar
equidistante entre las ciudades de La Banda y
Santiago del Estero el cuerpo masacrado de Patricia
Fernanda Villalba y los restos óseos de Leyla Bashier
Nazar, ambas desaparecidas desde las 0 horas del
mismo día y 16 de enero del 2003 respectivamente.”
(2003, p. 73-74)
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Este hecho precipitó la nalización del régimen juarista y
su posterior colapso como consecuencia de la llegada de
Néstor Kirchner a la presidencia de la Nación y el fuerte
impulso a las políticas de Derechos Humanos que esa
gestión propició; esta situación signicó la apertura de
canales institucionales para la recepción y tramitación
de denuncias por violaciones a los Derechos Humanos
que no fueron tenidas en cuenta por las autoridades
provinciales durante el régimen juarista(Castiglione,
2010; Farinetti, 2012).
El argumento de la Intervención Federal alude a una
sociedad conmovida por un crimen que involucra a
funcionarios públicos e hijos de estos funcionarios. Es
posible considerar que también valió la experiencia
de la reacción popular frente al “Caso María Soledad
Morales” de Catamarca por cuanto facilitó los
mecanismos de movilización (Rauber, 2015; Tarrow,
1997) Lo paradigmático de los casos de Catamarca y de
Santiago del Estero fueron los actores supuestamente
implicados, como así también la cobertura que los
medios de comunicación nacional le dieron al avance
de las investigaciones que se llevaron a cabo, pues
trascendieron las fronteras provinciales y se convirtieron
en temas nacionales (Camps y Pasos, 1999). Estos dos
casos tienen muchas y particulares coincidencias; entre
ellas, que ocurrieron en provincias gobernadas por las
mismas personas o familias desde hacía décadas, los
Saadi en Catamarca (Zicolillo y Montenegro, 1991), y
la participación de funcionarios del Estado provincial,
o los denominados “hijos del poder”, en el caso de La
Dársena.
Entre las personas sospechadas estuvo un exdiputado
provincial: “(…) El diputado Carlos Anauate luego de
perder sus fueros, se presentó ante la jueza María del
Carmen Bravo (…), pero no quedó detenido, ya que la
magistrada aún no había recibido la noticación del
desafuero” (Diario El Liberal, 01/10/2003).
Otro de los sospechados fue el defensor del pueblo de
la Ciudad de Santiago del Estero, Gilberto Estéfano
Perduca, quien en una entrevistada otorgada a un
periódico local armaba lo siguiente: “(…) No pondré
ningún tipo de obstáculo con respecto al desafuero y
estoy a disposición de la justicia, y si la jueza consideró
que hay elementos para ordenar mi detención que lo
haga (...)” (Diario El Liberal, 01/10/2003).
Asimismo, Karina Villalba, hermana de Patricia Villalba
(una de las víctimas del “Doble crimen de La Dársena”),
sugirió que la jueza de la causa debería apresar al hijo
del diputado provincial juarista Darío Augusto Moreno,
al Subsecretario de Seguridad de la provincia y a su
hijo: “(…) Aún falta las personas más importantes, y
mencionó en tal sentido a Juan Felipe Moreno (h), a
Musa Azar y a Antonio Musa Azar” (Diario El Liberal,
01/10/2003).
Por tanto, se especulaba con la posible participación
de los denominados “hijos del poder”
3
o personas
vinculadas con algún cargo público de la más alta
jerarquía, lo cual llevaría a confrontar con el propio
régimen. Se expresa esto porque, a partir de allí, se
comenzó a sospechar de una red de encubrimiento
desde el mismo poder político para no comprometer a
los supuestos implicados, entre los que se encontrarían
dichos “hijos del poder”. Esto deslegitimaría al régimen,
pues como se anotó anteriormente se implicó a hijos de
funcionarios, legisladores, en calidad de encubridores
y autores de los crímenes. Así lo denunciaba una de las
abogadas de las familias de las víctimas: “(…) Es parte del
acuerdo, encarcelado Musa y libre su hijo, todo acabaría
con la realización del juicio, donde el ex subsecretario de
inteligencia quedaría libre por las supuestas nulidades
del procedimiento que derivó en su detención” (Diario
El Liberal, 13/1/2004)
Se considera importante poner en relieve que la
participación en las marchas fue de menor a mayor. Este
orden creciente de la participación de la ciudadanía está
relacionado con la inclusión de elementos y personas
3. La expresión popular “hijos del poder” comenzó a
utilizarse en el caso “María Soledad Morales” en la
provincia de Catamarca en el año 1991, para referirse a los
hijos de diputados, funcionarios, ministros, empresarios,
comisarios, etcétera, que se sospechaba estaban
implicados en el crimen (Zicolillo y Montenegro, 1991).
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vinculadas al régimen juarista, en la causa del “Doble
crimen de La Dársena”, como supuestos partícipes
directos.
“Yo recuerdo que todavía estos crímenes ocupaban
un espacio dentro de lo policial, o sea que se sumaba
una serie de reclamos pero que todavía no tenía
todo el trasfondo político que fue adquiriendo con
el devenir del tiempo, éramos pocos todavía los que
participábamos en esas marchas (...)” (Teresita.
Comunicación personal. 12/03/2019).
En lo manifestado por la entrevistada, se percibe esa
dimensión pública de lo político (López, 1996). Con
esto se quiere signicar que, cuando se advierte la
presencia de elementos políticos en la arena social,
se moviliza la ciudadanía y la protesta social, como
algo que les compete a todos los ciudadanos. En este
caso, el aumento cuantitativo de la participación
ciudadana, tal como lo expresan el académico y el
miembro de asociación civil antes citados, es lo que
marca la diferencia entre un crimen que ocupaba solo
páginas de la sección policial de los diarios locales y un
hecho público de transcendencia política que involucra
a personas vinculadas con el poder instituido. En este
caso de estudio, en el momento en que se identicó a
ciertas personas vinculadas al juarismo como posibles
involucrados en los crímenes por los que se reclamaba
justicia, cambió la signicación del hecho criminal: pasó
de ser solo un simple hecho policial a ser un escándalo
político. En relación con la inminente presentación de
pruebas contra los “hijos del poder”, el Nuevo Diario
(23/08/2003) informaba lo siguiente: “(…) Es muy
probable que se produzcan algunas detenciones, y no se
descarta la posibilidad de que caigan algunas personas
de los denominados hijos del poder”.
Al respecto se pueden listar algunos participantes,
individuales y colectivos (sociales y políticos), de las
marchas por el “Doble crimen de La Dársena:
• Amigos, familiares y vecinos de las víctimas del
“Doble crimen de La Dársena”
• Asociaciones de Derechos Humanos: Madres del
Dolor, Padres del Dolor, víctimas de gatillo fácil,
asociaciones de ex-presos políticos, etcétera.
• Iglesia Católica: en su conjunto se puede mencionar
el obispado, Secretaría de Derechos Humanos de la
diócesis, pastoral social, pastoral de jóvenes, CEBs
(Comunidades Eclesiales de Base)
• Organizaciones de campesinos: MO.CA.SE.,
SEPyD, etcétera.
• Gremios y federaciones de trabajadores: C.T.A.,
Círculo de la prensa, CISADEMS, FEPUSE, FEVESE,
etcétera.
• Universitarios: docentes, alumnos y empleados de
la U.C.S.E y U.N.S.E.
• Partidos y movimientos políticos: Izquierda Unida,
Memoria y Participación, MST (Movimiento Social
de los Trabajadores), Movimiento Gerardo Sueldo,
etcétera.
• Movimientos de desocupados: Movimiento de
Desocupados del Norte, M.I.J.D. (Movimiento
Independiente de Jubilados y Desocupados),
MoDeFri (Movimiento de Desocupados Friense),
etcétera.
• Otros sectores y movimientos provinciales y
nacionales.
El objetivo común de dichos grupos era protestar contra
el régimen juarista, “crear, coordinar y mantener”
(Tarrow, 1997, p. 17) reclamos que se encauzaban en
un solo reclamo general: justicia, por reivindicaciones
sindicales negadas, por la muerte de un familiar, por
abuso policial, etcétera.
Respecto de la capacidad de congregar en las marchas,
Tarrow arma:
“(…) En particular, agrupar a la gente en una acción
colectiva coordinada en momentos estratégicos
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de la historia requiere una solución social, lo
que llamaré la necesidad de solventar los costes
sociales transaccionales de la acción colectiva.
Esto supone la puesta en escena de desafíos
colectivos, la concepción de objetivos comunes, la
potenciación de la solidaridad y el mantenimiento
de la acción colectiva; las propiedades básicas de los
movimientos sociales” (1997, p. 20-21).
Esta denición de Tarrow supone identicar cuatro
propiedades básicas de los movimientos sociales,
las cuales estuvieron presentes en las marchas por el
“Doble crimen de La Dársena” y serán analizadas en su
presencia como elementos indispensables de dichos
movimientos.
La primera de estas propiedades son los que Tarrow
(1997) denomina desafíos colectivos. En este caso de
estudio, se observa una gran presencia de actores
sociales aunados por una serie de reclamos colectivos
representados por diversos sectores sociales tales
como gremios docentes, académicos, empresarios,
asociaciones de Derechos Humanos, miembros de
partidos políticos, sacerdotes de la Iglesia Católica,
etcétera. Desde las primeras marchas se quisieron
ampliar los desafíos colectivos a diferentes sectores
que estuvieran aquejados por alguna cuestión judicial
irresuelta. “En tal sentido los padres de las chicas
exhortaron a la gente a perder el miedo y a salir a las
calles a reclamar justicia por estos crímenes y también
por aquellos que están sin resolver” (Diario Nuevo Diario,
15/08/2003).
Todo este colectivo de actores sociales y políticos
planteaba en las marchas una sola consigna explícita:
el pedido de justicia, el cual, en denitiva y por la
pluralidad de actores convocados, signicaba enarbolar
dicho valor frente al abuso de poder. El “Doble crimen
de La Dársena” signicaba el emblema mayor de la falta
de realización de ese valor en todos los demás ámbitos,
es decir Derechos Humanos, gremial, usurpación de
tierras, etcétera (Germani, 1979/2010, p. 675).
El segundo de los elementos son los objetivos comunes
(Tarrow, 1997). Esta característica se ve reejada en
la pluralidad de actores congregados cada vez en
mayor número. En cuanto al objetivo común, según
los entrevistados, era marchar protestando contra
un régimen al cual identicaban como autoritario y
decadente:
“Ah, yo siempre iba a reclamar contra el juarismo
porque me parecía una dictadura autoritaria tan
anacrónica que había que voltearla bajo cualquier
pretexto, y yo le iba a aprovechar cualquier defecto,
cualquier debilidad para voltearlo.(...)” (Carlos.
Comunicación personal. 15/03/2019)
Sostiene el reclamo por un cambio institucional en el
Poder Judicial de la provincia de Santiago del Estero lo
armado por el padre de la víctima Patricia Villalba a un
medio local en relación a una entrevista con miembros
del Poder Ejecutivo Nacional: “Además, comentó que
no dejaran pasar la oportunidad para repetir su solicitud
de intervención al Poder Judicial Santiagueño” (Diario El
Liberal, 05/01/2004).
El tercer elemento descripto por Tarrow (1997) es la
potenciación de la solidaridad. Es notable la solidaridad
que la causa por el “Doble crimen de La Dársena”
pudo concitar y llegó a aunar voces con reclamos tan
plurales en pos de un solo objetivo común: manifestar
el agotamiento de un modelo de praxis política como el
régimen juarista. Se puede apreciar que la solidaridad
de los participantes no reconocía fronteras y sumaba a
personas de diferente procedencia social y geográca
que se congregaban para apoyar la causa, que ya no era
solo de las familias afectadas por el “Doble crimen de
La Dársena”, sino de toda una pluralidad de reclamos
que no habían sido atendidas por el juarismo (Farinetti,
2012).
“De manifestación y de apoyo, tanto político como
no político de distintos lados de la provincia, gente
que ha perdido a sus hijos de distintas formas,
nos acompañaron. Entre estas estaba la señora
de Bordón de Buenos Aires que me acompañó, de
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Córdoba, la hermanita Marta Pelloni, la Mamá de
María Soledad también anduvo, (…) principalmente
en las caminatas desde La Banda hasta llegar a la
iglesia catedral.(...)” (Mirta. Comunicación personal.
25/04/2019)
El último elemento que menciona Tarrow (1997)
es el mantenimiento de la acción colectiva. Desde
que se iniciaron, las marchas tuvieron una duración
ininterrumpida durante trece meses, cada vez con mayor
auencia de personas de diferentes procedencias de la
Argentina, y hasta en la actualidad se sigue realizando
una marcha en conmemoración de las víctimas, en la
fecha en que fueron hallados sus cadáveres.
Los familiares de las víctimas del “Doble crimen
de La Dársena” manifestaron con respecto a dicha
continuidad: “También se anunció que las marchas
continuarán todos los viernes y que no existe la voluntad,
entre los familiares, de dar n a las movilizaciones (…)”.
(Diario Nuevo Diario, 23/08/2003)
No obstante ello, algunos de los dirigentes juaristas
seguían eles a sus “líderes y conductores”
4
y solo
veían el trasfondo político; pero no se visualizaba en
ellos la conciencia del trasfondo social y humano del
hecho histórico y sus implicaciones para el destino de la
provincia y el juarismo:
“No [participé], porque me parecía algo político. Si
bien ha sucedido lo que ha sucedido, pero la desgracia
es que se usaba más por un tema político. Si bien se
ha descubierto que era una realidad, me parecía que
era algo y después se llevó un gobierno puesto.”
(Ángel. Comunicación personal. 20/05/2019)
Tarrow (1997) explica que los movimientos sociales
plantean sus desafíos colectivos de modo de atraer
a sus simpatizantes en aras de la expectativa de un
cambio social que dé nuevos valores colectivos a la
4. Esta expresión corresponde a un sintagma utilizado
por los seguidores del juarismo como tratamiento de
cortesía hacia Carlos Juárez y su esposa, Marina Mercedes
Aragonés de Juárez.
sociedad que esperan representar, y eso explica la
acción política. Tal como lo expone el autor, hubo en
este caso un grupo que planteó “acciones colectivas
disruptivas” (1997, p.22), lo cual no signica que hayan
sido acciones necesariamente violentas como en el caso
del “Santiagueñazo”, pero sí hubo un grupo que tenía
cierta característica de participación permanente en
este tipo movilizaciones. Si bien en el “Santiagueñazo”
estos grupos actuaron directamente, en el caso de las
marchas por el “Doble crimen de La Dársena” actuaron
de manera más solapada.
En este caso actuaron a modo soporte de organización,
ayudando y asesorando a los familiares de las víctimas
en los próximos pasos a seguir, en la elaboración de
consignas contra el régimen, en la convocatoria de
los marchistas, acompañando a los familiares de las
víctimas a las audiencias con funcionarios y ministros
a nivel nacional, etcétera. También se podrá observar
que del mismo modo que había una continuidad de
los nombres de quienes eran identicados como
represores, había una continuidad de nombres de
quienes se manifestaban más notoriamente en contra
del régimen juarista.
Es importante tener en cuenta el contexto nacional
pues el cambio de gobierno nacional y la orientación
ideológica de Néstor Kirchner y los emblemas que
enunciaba hacían suponer cambios en los objetivos
políticos perseguidos, y eso abría una nueva oportunidad
para grupos que a nivel subnacional se identicaban con
el nuevo proyecto político del gobierno nacional.
Desde un principio, las marchas fueron una
movilización en aumento, lo cual puede explicarse por
la identicación del juarismo como responsable común
a varios reclamos sociales (Farinetti, 2012), ya sea que
se tratara de la violación de los Derechos Humanos o
muerte de alguna persona conocida, amigo o familiar,
o la protección que el régimen juarista brindaba,
empleando en sus instituciones de seguridad pública a
personas identicadas con la dictadura militar. Esto es lo
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que Tarrow denomina “símbolos identicables extraídos
de marcos culturales de signicado”
5
(1997, p.25).
Reclamos sociales y/o políticos de los partici-
pantes en las marchas
En este apartado se analizarán los diferentes reclamos
sociales y políticos de los múltiples sectores sociales
que convergieron en las marchas, en pedido de justicia
por el “Doble crimen de La Dársena”. Aquello que solo
comenzó como un pedido de justicia para un par de
jóvenes mujeres torturadas y asesinadas terminó en una
protesta colectiva (Schuster, 2005) mucho más amplia
de varios sectores sociales, cuyo denominador común
era su oposición al juarismo. Esto puso de maniesto,
tanto a nivel local como nacional, una situación de
diversas formas de abuso de poder que son relatadas
por los entrevistados, quienes reeren sus demandas
contra el régimen como una forma de protesta social de
la situación que les tocó vivir personal o colectivamente,
o simplemente como solidaridad con alguna causa
social representada en las movilizaciones y con la cual
se sintieran identicados.
Así lo expresa uno de los entrevistados:
“En un primer momento, el reclamo era por
justicia por el doble crimen. Luego, al sumarse
varias organizaciones de base de distinto tipo,
cada organización también sumó al reclamo
original sus reclamos de coyuntura. En el caso de
las organizaciones con quienes tenía contacto, el
principal reclamo era por el derecho a la tierra, que
la justicia no reconocía, en contra de los desalojos,
en contra de la persecución policial a los dirigentes
campesinos del MOCASE, en contra de las torturas
al ser detenidos” (Alejandro. Comunicación personal.
01/04/2019).
5. (Tarrow, 1997, p.25) “(…) El razonamiento básico es que
los cambios en la estructura de las oportunidades políticas
crean incentivos para las acciones colectivas. La magnitud
y duración de las mismas dependen de la movilización
de la gente a través de las redes sociales y en torno a
símbolos identificables extraídos de marcos culturales de
significado.”
Los dichos del entrevistado coinciden con lo que reere
Tarrow (1997):
“(…) disponibilidad de aliados inuyentes y de las
divisiones dentro de las élites y entre las mismas. Las
estructuras del Estado crean oportunidades estables,
pero son las oportunidades cambiantes en el seno
de los Estados las que ofrecen las oportunidades
que los interlocutores pobres en recursos pueden
emplear para crear nuevos movimientos (…)” (p. 50)
Tal como lo señala el entrevistado, el “Doble crimen
de La Dársena” signicó en mucho una oportunidad
para diferentes sectores sociales que vieron una
debilidad en el Gobierno, manifestada en las renuncias
de funcionarios o el pedido de renuncia por parte del
Gobierno hacia alguno de sus miembros nombrados o
sospechados de estar involucrados en el hecho delictivo.
En este caso, fue una pluralidad de sectores sociales
con sus respectivos reclamos, casi individuales, pero
planteados por una gama de movimientos, que tuvieron
la oportunidad creada por quienes iniciaron las marchas
por el “Doble crimen de La Dársena”. Este grupo, y su
propuesta de movilización con un objetivo común,
fue capaz de aunar esfuerzos de los distintos sectores
sociales, que antes por sí solos no pudieron causar el
efecto deseado sobre el régimen juarista.
Otro tipo de oportunidad la ofrecía el cambio de
gobierno a nivel nacional, cuyos funcionarios recibían
en sus despachos a los familiares de las víctimas y
ofrecían algún tipo de respaldo. Así también resulta
signicativo el hecho de la participación en las marchas
de dirigentes, diputados y ministros nacionales, tal
como lo rerieron los entrevistados. Incluso, en las
movilizaciones también ocurrió lo que Tarrow (1997)
describe: al principio fueron reprimidos duramente los
familiares de las víctimas que se manifestaban; pero al
ir creciendo en número, la represión se hizo cada vez
más dicultosa y, con la participación de los medios
de comunicación, tanto locales como nacionales, la
represión tendería a volverse impopular ante la opinión
pública.
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Esta situación tendía un puente (Rauber, 2015) entre lo
subnacional y lo nacional, desde lo político provincial
hacia lo político nacional, entre un reclamo de justicia por
crímenes hacia una Intervención Federal, desde sectores
sociales subnacionales hacia el Gobierno nacional. Esta
situación creada por los iniciadores de las marchas,
sumada al efecto que el caso produjo en los medios
nacionales, más la cantidad y pluralidad de actores que
se congregaban y el aliciente del apoyo obtenido en el
ámbito nacional, hacía de esta la oportunidad propicia
para el logro antes buscado, es decir, la nalización del
juarismo. También la oportunidad se abría para sectores
relegados geográcamente, como los movimientos
campesinos, quienes eran despojados de sus tierras
por grandes grupos económicos en connivencia con la
policía local y el poder judicial, como fuera manifestado
por diversos entrevistados.
“En esa época se produce el caso que se conoce
como la ‘Carpa Negra de La Simona’, un hito de
la resistencia campesina en Santiago del Estero,
ante los desalojos, las topadoras, la usurpación
de la tierra por terratenientes del agronegocio,
la connivencia del poder político con el poder
judicial y la policía en contra de los derechos de los
campesinos.” (Alejandro. Comunicación personal.
01/04/2019)
Así lo ratica un pedido de informe elevado por el
entonces diputado provincial Ángel Niccolai al Poder
Ejecutivo provincial, sobre la denuncia por atropello
policial de los pobladores del departamento Copo:
“(…) los denunciantes expresaron que ese accionar
tuvo como nalidad amedrentar a los vecinos para que
abandonen sus posesiones de décadas (…)” (Diario
Nuevo Diario, 26/08/2003).
Esta descripción de la lucha campesina contradice en
mucho los discursos del juarismo sobre su base de apoyo
político. Siempre el juarismo se jactó de ser un gobierno
para los pobres, para los hombres del interior provincial
(Farinetti, 2012). Sin embargo, en su accionar político
el juarismo era negligente con las situaciones que los
campesinos vivían a diario con los desalojos ilegales
o forzosos. Si bien es cierto que en su primera etapa
de gobierno de gobierno se hicieron obras públicas
importantes para el sector rural, en los últimos periodos
de gobierno se dejó desatendida la problemática de ese
sector en lo referente a tenencia de tierras, que es la
causa de la problemática descripta por el entrevistado.
Otra de las entrevistadas refería lo siguiente acerca de
los reclamos del sector gremial:
“Más que los reclamos del gremio, los reclamos de
la marcha como movimiento social, porque fue muy
grande, fue muy importante como movilización del
pueblo santiagueño, que esta vez no se movilizaba
por el sueldo, se movilizaba por justicia y verdad.”
(Marta. Comunicación personal. 26/05/2019)
Es destacable que las marchas por el “Doble crimen
de La Dársena” hayan logrado la movilización de una
parte de la sociedad de Santiago del Estero, la cual,
según palabras de la entrevistada, solo se movilizaba
ocasionalmente en reclamo de salarios. Esta presencia,
que en principio solo fue en solidaridad con las familias
de las víctimas, se transformó en una forma de activación
(Sani/Bobbio, 1998) y participación política, al sumarse
los distintos sectores sociales con sus consignas contra
el régimen juarista.
Desde una visión más empresarial y económica, el
siguiente entrevistado complementa lo anteriormente
dicho por la sindicalista con respecto a que la situación
de los trabajadores no resultaba satisfactoria en relación
con la estabilidad laboral:
“Yo entendía que había una serie de desmanejos en
la parte nanciera en relación con la gente, porque
incluso no se estaban abonando los sueldos a los
empleados del Estado (...)” (Ernesto. Comunicación
personal. 09/02/2019)
La desatención económica hacia el sector educativo
generó gran descontento en esta comunidad, y
reejaba otro de los desmanejos a que hace referencia
el entrevistado empresario, en el sentido de desatender
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un sector importante para la sociedad como es la
educación, en cuanto al aspecto edilicio y los recursos
humanos. No obstante ello, el reclamo de justicia es el
denominador común en los marchistas que participaron
de una u otra forma para pedir el esclarecimiento del
“Doble crimen de La Dársena”. En ellos se reeditaban
viejos reclamos de sindicalistas opositores que no
claudicaban en su lucha por el salario digno.
Desde una crítica más global y reexionando sobre
los aspectos autoritarios del juarismo, otro de los
entrevistados reere, como reclamo de su partido
político, el hecho de acumular reservas nancieras, en
una provincia con tantas necesidades sociales como las
que hasta este momento aluden los entrevistados.
“Reclamábamos por supuesto, esto de decir ante
tantas necesidades, tener dinero guardado no es
un negocio democráticamente aceptable porque
podían haber hecho un montón de cosas; también
el hecho de haber generado un monstruo económico
como el que tenemos hoy en Santiago del Estero,
(...)” (Aldo. Comunicación personal. 24/06/2019)
En lo extenso de su referencia a los reclamos
representados en las marchas por el “Doble crimen
de La Dársena”, alude a la estructura económica y a
la situación nanciera de la provincia, la cual siempre
fue puesta de relieve por los líderes del régimen como
ordenada y con una administración con superávit en sus
cuentas, producto del ahorro y el buen manejo de los
fondos públicos. Esta versión de equilibrio de las cuentas
brindada por los voceros del régimen (cuando no por
sus líderes) contrasta con la situación de marginalidad
y pobreza en que se encontraba la provincia tal como lo
describen las/os entrevistadas/os.
En esta misma línea de pensamiento y dirección de
acciones, se expresa la entrevistada, al relatar su
participación y su reclamo en las marchas por el “Doble
crimen de La Dársena”. Desde los sectores de la Iglesia
Católica, también se recibían denuncias de situaciones
similares que tenían que ver con la violación de Derechos
Humanos, el estado de desamparo de los campesinos
frente a los desalojos violentos de sus tierras y otras
formas de persecución.
“La Secretaria Diocesana de los Derechos Humanos
y la Pastoral Social ya venía acompañando, por
ejemplo, históricamente desde hace muchos años
al Movimiento Campesino de Santiago del Estero,
el MOCASE; entonces, por otro lado, ya veníamos
acompañando a las “Madres del dolor”, que eran
familias víctimas de impunidad, del accionar
policial, de la indiscreción, falta de acceso a la
justicia, el retardo de la justicia, de una justicia
parcial y demás.” (Sergio. Comunicación personal.
11/05/2019)
Al respecto, Germani (1979/2010) conceptualiza una
marginalidad que debe ser entendida como una
ausencia de justicia y como una causa generadora de
luchas y reclamos sociales. En idéntico sentido que el
entrevistado, se maniesta quien tiempo más adelante
sería el interventor federal de la provincia de Santiago
del Estero: “‘Las denuncias conocidas estos días han
puesto de maniesto que en el gobierno de los Juárez ha
habido agrantes violaciones de los derechos humanos’,
expresó Lanusse.” (Diario La Nación, 06/02/2004)
El reclamo de una sociedad más justa, más igualitaria,
más respetuosa de la divergencia de opiniones remite
a la cuestión de si solo basta con que haya elecciones
en un territorio para armar que existe democracia.
La democracia también tiene que ver con ciertas
condiciones de aptitud de quienes ocupan lugares en la
administración pública. El caso de la fuerza policial es un
punto neurálgico para la democracia, pues es la fuerza
del orden la encargada de mantener la legalidad en un
Estado de derecho.
Percepciones de los entrevistados sobre la inci-
dencia del caso “Doble crimen de la dársena” en
la finalización del juarismo
En este apartado se analizarán los mecanismos por los
cuales el “Doble crimen de La Dársena” tuvo el efecto de
convertirse en un factor determinante en la nalización
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del juarismo, y si solo se trató de ese factor o hubo
otros factores intervinientes. En el caso que se analiza,
sin dejar de recordar el paralelismo con el caso “María
Soledad Morales” de la provincia de Catamarca, operó
de modo análogo una serie de marchas en reclamo
de justicia, las cuales concluyeron con la intervención
federal de la provincia.
El primer entrevistado consultado advierte sobre una
diferenciación (intervención federal no es equivalente
a nalización del régimen) que más adelante será
importante tener en cuenta, cuando en los siguientes
capítulos se analicen las causas de la nalización del
juarismo en el año 2004:
“Si bien no se debe confundir la intervención al
Gobierno de la Provincia con la caída del juarismo,
pero es evidente que fue un hecho fundamental. No
hay que perder de vista que luego de la intervención
desde el 93 al 95, vuelve a ganar la gobernación
Juárez.” (Alejandro. Comunicación personal.
01/04/2019)
En tal sentido, se coincidirá con el entrevistado,
pues la intervención federal solo signicaría una
interrupción en el ejercicio del mandato de las personas
democráticamente elegidas por el pueblo, pero esto no
signicaría su inhabilitación para ejercer la política.
La siguiente entrevistada se reere a las causas sociales
que, según ella, llevaron al hartazgo de la sociedad con el
régimen, y lo explica desde su perspectiva y pertenencia
a un gremio que nuclea a docentes y educadores de
Santiago del Estero:
“Sí, creo que han contribuido a la nalización
de un sistema de gobierno del cual también
había cierto hartazgo en la sociedad junto con la
aplicación en toda la década del 90 de políticas de
ajuste, de achicamiento del Estado; (...)” (Marta.
Comunicación personal. 26/05/2019)
Otro de los entrevistados brinda su opinión con respecto
a la incidencia de las marchas en la nalización del
juarismo.
“Sí, claro, por una cuestión de presión política que
se hacía desde sus lugares, de los que tuvieron
repercusiones desde el nivel nacional, en el cual
les bajaron el dedo, en la cual no se podía seguir
sosteniendo esa situación porque además no era
bueno para el Gobierno Nacional y era necesario
cortar, en ese caso intervenir la provincia.” (Alberto.
Comunicación personal. 18/07/2019)
Es conveniente tener presente que en la elección
presidencial del año 2003 que enfrentaba a Carlos
Menem por un lado y a Néstor Kirchner por otro, en
la provincia de Santiago del Estero ganó en primera
vuelta Menem por sobre Kirchner (Gibson, 2007). Esto
da la pauta de un no alineamiento electoral de Carlos
Juárez con respecto a Néstor Kirchner. Tampoco se
debe olvidar que el kirchnerismo criticó duramente las
medidas neoliberales adoptadas por el gobierno de
Menem. Tratando de lograr una máxima diferenciación
con el modelo menemista, el kirchnerismo adoptó una
serie de medidas tendientes a la nacionalización de las
empresas privatizadas y a la expansión del Estado y del
gasto público (Bonnet, 2015).
En ese contexto nacional, jugó un papel muy
importante la oportunidad (Tarrow, 1997), el momento
histórico en cual en el año 2003 accede a la presidencia
Néstor Kirchner, que hacía de la preocupación por los
Derechos Humanos una cuestión de Estado (Bonnet,
2015). Esta situación ponía en controversia las políticas
sobre Derechos Humanos, pues era insostenible e
incompatible políticamente que en ese contexto
nacional siguiera gobernando una provincia un líder
político (perteneciente al mismo partido político que el
presidente) que estuviera sospechado de tener como
funcionarios en su gobierno a personas vinculadas con la
última dictadura militar en la Argentina, y mucho menos
que se siguieran denunciando hechos de violación a los
Derechos Humanos.
“No había otro camino que la intervención, me
parecía lo más lógico, justamente por estas
cuestiones de perspectivas políticas, digamos de
nivel Nacional, de estas nuevas formas que miraba
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sobre los Derechos Humanos y que era en detalles
más sensible.” (Alberto. Comunicación personal.
18/07/2019)
Esta situación contrastaba ante los ojos de una
ciudadanía movilizada en pos de la plena vigencia de
los Derechos Humanos en la Argentina (Bonnet, 2015),
a los cuales el Gobierno nacional tomó como política de
identidad (Honneth, 2010) y emblema de gobierno.
Esta cuestión del aprovechamiento de las oportunidades
del entorno nacional fue también reconocida por otro
entrevistado, en este caso desde el sector juarista:
“Y ha operado porque el gobierno nacional quería
que Juárez se vaya. Es muy simple: en todas las
provincias hay dieciocho mil marchas y no cae
el gobierno, hay once mil cortes de rutas y no cae
un gobierno. Es netamente político. Con esto no
justico las muertes de las chicas, que los culpables
estén juzgados como los están. Con esto no justico
nada, yo soy padre de tres mujeres. Ahora, vos
me preguntas si me parecía político; sí.” (Ángel.
Comunicación personal. 20/05/2019)
No es posible negar la politización del hecho, pero
tampoco se debe olvidar que las causas existieron y, si
se politizó el “Doble crimen de La Dársena”, fue porque
supuestamente sus implicados eran funcionarios
públicos o hijos de dichos funcionarios o personas
vinculadas a la política provincial. No conviene olvidar
los cuestionamientos hacia el sistema judicial de la
provincia, los excesos de las fuerzas de seguridad
provinciales, las violaciones a los Derechos Humanos,
la pertenencia a la institucionalidad de la provincia de
personas vinculadas a la represión durante la última
dictadura militar en la Argentina, como las causas
visibles y empíricas de la intervención federal que puso
n al régimen juarista en Santiago del Estero.
El mismo sindicalista juarista agrega más fuerza a sus
anteriores dichos sobre el efecto de las marchas y de la
acción del Gobierno nacional:
“Se llevó puesto un gobierno. Carlos Juárez estaba
cansado, era un hombre mayor y se ha hecho viejo
en muchas cosas y lamentablemente pasó lo que
pasó.” (Ángel. Comunicación personal. 20/05/2019)
Este entrevistado, en coincidencia con algunos otros,
puso el énfasis en la parte vital de Carlos Juárez. Con
esto, se puede entender, se quiso justicar la falta
de reacción política del líder del juarismo y que por
tal motivo no pudo gestionar una crisis de tamaña
magnitud. Esta y otras posibles causas de la nalización
del juarismo serán analizadas con detenimiento en los
siguientes capítulos.
Retomando la temática de este apartado, se cita la
respuesta de otro entrevistado al respecto de la posible
incidencia del caso “Doble crimen de La Dársena en la
nalización del juarismo:
“Yo no pienso, sino estoy convencido que eso fue
uno de los detonantes para la caída del juarismo,
que fue deteriorándose la estructura del juarismo
cayendo y yéndose de una manera muy especial,
pero terminaron yéndose; así que pienso que sí ha
contribuido.” (Ernesto. Comunicación personal.
09/02/2019)
Es importante el concepto de “deterioro de la estructura
del juarismo”, como reere este entrevistado, pues con
muchos de sus dirigentes supuestamente involucrados
en forma directa en el caso “Doble crimen de La Dársena”,
incluso diputados, hijos de diputados, secretarios de
seguridad, secretarios de prensa y difusión, defensores
del pueblo, etcétera, era esperable un debilitamiento
político del régimen. En el “deterioro de la estructura
del juarismo” también pudo haber inuido la renuncia
de gobernadores y vicegobernadores electos, como
así también varios funcionarios y ministros que lo
hicieron con anterioridad y posterioridad (entre ellos se
puede mencionar a Carlos Díaz, Darío Moreno, Carlos
Anahuate) al caso “Doble crimen de La Dársena”. Esta
situación generó una atmosfera política de descontento
e incertidumbre en la sociedad, lo cual se manifestaba
con el correr del tiempo en las marchas, que como se
dijo, cada vez eran más numerosas. Es posible estimar
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que el régimen debió afrontar dos crisis: por un lado,
la propia crisis interna del régimen, que iba perdiendo
legitimidad con el involucramiento de miembros de su
cuadro político partidario y de funcionarios públicos
en el caso del “Doble crimen de La Dársena”. Por otro
lado, estaba la otra crisis que debió afrontar el juarismo,
en este caso una crisis externa, es decir, la ciudadanía
movilizada en las calles, reclamando justicia con
marchas cada vez más numerosas y con la adición de
medios de comunicación nacionales y de referentes
políticos y sociales a nivel nacional e internacional.
“Lo que se iba demostrando era el descontento de la
gente. No solo en un comunicado se podía expresar
el descontento, sino que, al marchar con consignas
muy especiales, con reclamos muy especiales,
particulares, se iba aumentando la efervescencia
que llevó a la caída del juarismo.” (Ernesto.
Comunicación personal. 09/02/2019)
En otro orden de cosas, las expresiones del siguiente
entrevistado ponen énfasis en la continuidad histórica
de hombres en distintas etapas institucionales de
la historia reciente de la Argentina, como son las de
la dictadura militar y la democracia, tal como fuera
planteado anteriormente:
“Musa Azar era el hombre de la seguridad de Juárez
desde el 73, fue hombre de la dictadura militar, fue
hombre posterior de la democracia con Juárez, que
lo vuelve a nombrar y lo defendió a capa y espada.
Entonces, como se iba demostrando que Musa
Azar tenía que ver con el asesinato, lo debilitó
enormemente al Gobierno.” (Carlos. Entrevista
personal. 15/03/2019)
En la continuidad de sus dichos, le agrega el escenario
de la nacionalización de la política y cómo esa situación
de actores comprometidos y vinculados con el
pasado histórico dictatorial de la Argentina precipitó
la nalización del régimen por su implicación como
miembros del juarismo.
“Entonces el crimen [de La Dársena] demostraba
quién era la mano criminal: el equipo era de Musa,
y Musa era de Juárez; eso se hizo público a nivel
nacional e internacional, entonces Kirchner tuvo
con eso sucientes elementos para intervenir la
provincia, era el Poder Ejecutivo el que estaba
implicado seriamente.” (Carlos. Entrevista personal.
15/03/2019)
La situación histórica del caso “Doble crimen de La
Dársena” debilitó externamente al régimen, el cual
no supo mantener un orden interno y tampoco supo
resolver sus problemas de sucesión, con las respectivas
renuncias de gobernadores, vicegobernadores,
ministros, etcétera (Castiglione, 2010).
Otro de los entrevistados, siguiendo con su identicación
del mecanismo por el cual las marchas contribuyeron a la
nalización del régimen juarista, reconoce lo que Gibson
(2007) denomina “nacionalización de la protesta”:
“Porque se nacionalizaron, porque la Nación
Argentina, que por supuesto es muy grande y todos
sabemos que sigue siendo unitaria a pesar de la letra
de la Constitución de 1853 (...)” (Aldo. Comunicación
personal. 24/06/2019)
Gibson (2007) resume la dinámica expuesta por el
entrevistado:
“(…) Schattschneider señala que en cualquier
situación de conicto político entre dos partes
desiguales, la parte más poderosa tiene el incentivo
de mantener el conicto limitado a las partes
originales. De esta forma, se preserva la asimetría de
poder entre ambas partes y la parte más poderosa
será la que probablemente prevalezca en el conicto.
Por el contrario, la parte más débil posee incentivos
para expandir el número de participantes en el
conicto. Así, incorporando a terceros y expendiendo
el alcance del conicto se altera el balance de poder
entre las partes originales. En conictos localizados
las partes débiles, por lo tanto, están interesadas en
lo que Schattschneider llama la ‘socialización’ del
conicto.” (p.169)
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La nacionalización de la protesta también contribuyó a la
toma de conciencia, tanto de los ciudadanos de la misma
provincia como de los ciudadanos nacionales, sobre la
existencia de gobiernos con prácticas autoritarias que se
pensaban desterradas de la historia de la Argentina. Al
respecto Di Tella argumenta: “La presencia de masas en
las calles, en manifestaciones o reuniones de protesta,
aún antes de los levantamientos o pronunciamientos,
contribuía a formar la opinión, tanto en la población
en general como en la elite civil o militar (...)” (2011,
p.89); esto implicaba, potencialmente, que la protesta
quedaría expuesta ante la opinión pública subnacional
y nacional. Este hacerse visible (como lo mencionara
una entrevistada) de una unidad subnacional, y ser
reconocida en su lucha (Honneth, 2010) por parte del
pueblo solamente es posible a través de los medios de
comunicación nacional (Gibson, 2006); esto constituye
una forma de visibilizar la protesta y facilitar el envío de
veedores del Gobierno nacional.
Sobre la presencia de importantes personalidades
políticas del ámbito nacional da cuenta la siguiente
entrevistada:
“Ha habido algunas instancias en donde ha habido
algunos personajes nacionales como la hermana
Pelloni, a nivel político la gente de Diana Conti
y otras más que en ese momento me parece que
no eran tan kirchneristas, pero que estábamos
vinculadas y que tenían cierta sensibilidad al tema.”
(Lucia. Entrevista personal. 22/08/2019)
El periódico nacional Clarín del 30 de agosto del 2003
da cuenta de la mencionada marcha número 22 y las
legisladoras nacionales presentes: “(…) unas 3.000
personas recorrieron 8 kilómetros y llegaron hasta el
centro de Santiago. En la marcha estuvieron la senadora
Diana Conti y la diputada Marcela Bordenave, del Poder
Legislativo Nacional.”
Toda esta movilización estaba sostenida por una
base popular amplia, que con el paso del tiempo fue
expandiéndose cada vez más, y no solo en sentido
cuantitativo sino cualitativamente, con personas de
renombre nacional e internacional. Todo esto pudo
contribuir a socavar las bases sociales y políticas de
un régimen cada vez más impopular por el escándalo
político (Thompson, 2001) que signicaron las muertes
del “Doble crimen de La Dársena” y las violaciones a los
Derechos Humanos que se iban descubriendo.
Así describe la misma entrevistada su percepción del
ánimo de la ciudadanía santiagueña, al participar en las
marchas por el “Doble crimen de La Dársena”:
“(…) la gente estaba indignada políticamente, la
gente estaba indignada por las cuestiones de la
injusticia, las mujeres jóvenes, los de los Derechos
Humanos que ya venían y a las familias en general.”
(Lucia. Entrevista personal. 22/08/2019)
Germani (1979/2010) reere lo siguiente:
“Se puede añadir la hipótesis que cuando estas
demandas adquieren gran intensidad dentro de un
corto período de tiempo, como por ejemplo cuando
están acusados por un rápido cambio social o por
eventos traumáticos, tienden a originar formas de
rápida movilización social y política, y ponen una
fuerte presión en el orden social ya existente.” (p.
675)
Otra de las opiniones consultadas sobre la incidencia del
caso “Doble crimen de La Dársena” en la nalización del
régimen juarista es la de los familiares de las víctimas,
quienes se manifestaron en sentido armativo al
respecto:
“Sí. Muchísimo, se terminó el miedo hacia esta
gente; el miedo, la persecución, todo.” (Mirta.
Comunicación personal. 25/04/2019)
Otra de las familiares de las víctimas se manifestaba,
en un sentido más político y más extenso, sobre la
incidencia de las marchas en la nalización del juarismo:
“Ha sido la oportunidad de los santiagueños de
sacar a los Juárez, ha sido la oportunidad que han
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tenido ahí y me han ayudado, no digo que me han
ayudado a mí, sino que a Santiago prácticamente,
(...)” (Olga. Comunicación personal. 26/07/2019)
Se debe tener presente que, a medida que la causa
avanzaba, las marchas crecían en importancia tanto
en número como en la representación que tenía
para diferentes personas e instituciones. Esto se
reere al aspecto acumulativo de la experiencia de
los movimientos sociales en cuanto a consignas y
prácticas (Tarrow, 1997). Es posible que esta seguridad
en sus dichos, con respecto a la convicción de desalojar
del poder a los entonces gobernantes, debió estar
respaldada por las negociaciones y entrevistas que
se venían llevando a cabo con autoridades del Poder
Ejecutivo Nacional. De este modo, mientras el régimen
subnacional pretendía parroquializar el poder y
mantener el conicto dentro de sus límites, los sectores
sociales opositores buscaban aliados externos de modo
que se permitiera el cambio de gobierno y la apertura del
control de límites (Gibson, 2006). Los sectores sociales
fueron generando de este modo puentes (Rauber, 2015)
que permitieron que el Gobierno nacional pudiera entrar
en una provincia de límites cerrados y, de ese modo,
cumplir con los objetivos de los organizadores, entre
los cuales, en ese momento era lograr la intervención
federal de la provincia; en tal sentido las organizaciones
de los movimientos sociales devienen instrumentos y
no en nes.
Conrma la existencia de estas reuniones, puentes
(Rauber, 2015), lo revelado por un diario local: “El
jefe de Gabinete, Alberto Fernández, se comunicó
telefónicamente hace algunos días con los familiares
de Patricia Fernanda Villalba, para invitarlos a mantener
encuentros con altos funcionarios del gobierno nacional,
incluido el presidente Néstor Kirchner.” (Diario El Liberal
05/01/2004). En denitiva, se necesitaba una causa
válida para que el poder nacional pudiera franquear
esos límites provinciales, y con el “Doble crimen de La
Dársena” más la cuestión de los Derechos Humanos,
pero también las irregularidades en el Poder Judicial, se
dio esa oportunidad para quebrar ese control de límites
(Gibson, 2007).
Las marchas por el “Doble crimen de la Dárse-
na” y la Intervención Federal a la provincia de
Santiago del Estero
Sin duda uno de los puntos más débiles del régimen
juarista era el sistema judicial, cuestionado por fallos
arbitrarios de los jueces, retardos injusticados de justicia
y, tal como lo plantean algunos entrevistados, inacción
ante violaciones a los Derechos Humanos, inacción
judicial frente al desalojo forzado de los campesinos,
etcétera. Todo ese accionar que los entrevistados
acusan en sus respuestas era posible solo si el sistema
judicial de la provincia lo permitía bajo el paraguas de la
inacción de sus jueces y scales, lo cual signicaba una
conculcación de derechos que implicaba una “situación
de marginalidad” (Germani, 1979/2010:675). Toda esta
situación se puso al descubierto con el “Doble crimen
de La Dársena”, lo cual signicó una oportunidad para
comenzar a gestar la intervención federal al Poder
Judicial de la Provincia de Santiago del Estero; sin
embargo, con el transcurso del tiempo se amplió la
posibilidad a lo que nalmente resultó la intervención
federal a los tres poderes del Estado provincial.
Así reejaba el diario El Liberal (01/10/2003) lo
manifestado por el ministro de Justicia Gustavo Beliz:
“(…) Conrmó ayer que en el Poder Ejecutivo Nacional
se está evaluando la posibilidad de intervenir Santiago
del Estero, aunque aclaro que aún no está denido si
será a los tres poderes locales o sólo al judicial.”
Quien fuera el Jefe de Gabinete de Ministros,
Alberto Fernández, explicaba dicha imposibilidad en
declaraciones formuladas en radios de Buenos Aires:
“‘La intervención federal es un remedio extremo de
ultimísima instancia y todavía no están dadas las
condiciones para pensar en ese remedio de última
instancia’”. (Diario La Nación, 23/02/2004)
Esta posibilidad se abrió merced a negociaciones que se
dieron en el orden legislativo nacional. En relación con
una reunión que mantuvieron legisladoras nacionales
con funcionarios nacionales, se comentó lo siguiente:
“Cabe recordar que hace una semana Conti y Bordenave
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tenían prevista una reunión con el funcionario nacional
[Gustavo Beliz] para conversar sobre varios temas,
entre ellos el caso de La Dársena”. (Diario Nuevo Diario,
24/08/2003)
A raíz de estas reuniones es que se produjo la llegada
de los legisladores nacionales a Santiago del Estero para
informar al respecto; así lo hizo saber Carina Villalba:
“(…) los legisladores vendrán a Santiago para informar
sobre los temas tratados con el Ministro de Justicia de la
Nación, doctor Gustavo Beliz y con un grupo de pares”
(Diario Nuevo Diario, 24/08/2003).
No obstante ello, la intervención federal a los tres
poderes ya estaba decidida: “Se supo por otra parte que
en virtud del cuestionamiento central hacia el Poder
Judicial, uno de los objetivos de la intervención federal
sería producir ‘una renovación total’ en los tribunales
santiagueños” (Diario El Liberal, 30/03/2004).
En estos términos resume el diario El Liberal (01/10/2003)
los dichos vertidos por el entonces secretario de
Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde:
“(…) no descartó ayer la posibilidad de una intervención
al Poder Judicial en Santiago del Estero, aunque
sostuvo que se trata de una ‘medida excepcional’ que le
corresponde al Congreso de la Nación”.
Requerido sobre la posibilidad de una intervención a
Santiago del Estero, el siguiente entrevistado reere
algunos indicios que daban lugar a suponer que ello era
factible próximamente:
“Yo creo que sí. El Gobierno nacional venía teniendo
ya, me parece, información de lo que acontecía en
Santiago, en los primeros años de Néstor Kirchner
en la presidencia con la fuerte impronta que le dio
al tema de los Derechos Humanos, Recordemos que
antes de la caída de la intervención de la justicia en
Santiago ya habían enviado algunos observadores,
delegados y demás, que se reunieron con los
actores protagónicos de las marchas, es más, hubo
un tiempo antes la visita de un comisionado de la
Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas;
entonces, una asamblea fue en la Universidad
Católica de Santiago del Estero, es decir, había
como una situación en que se fueron construyendo
un montón de causales para que luego el Gobierno
nacional tomara la decisión de intervenir.” (Sergio.
Comunicación personal. 11/05/2019)
La intervención federal ordenada por el Poder Ejecutivo
Nacional con acuerdo del Congreso Nacional es el
único poder con capacidad para desalojar al Gobierno
en ejercicio, elegido democráticamente por el pueblo,
modicar el orden establecido por un régimen a nivel
subnacional y capaz de introducir actores externos al
régimen.
Así lo estipula el artículo 6 de la Constitución de la
Nación Argentina:
“Artículo 6 - El Gobierno federal interviene en el
territorio de las provincias para garantir la forma
republicana de gobierno, o repeler invasiones
exteriores, y a requisición de sus autoridades
constituidas para sostenerlas o restablecerlas,
si hubiesen sido depuestas por la sedición, o por
invasión de otra provincia.” (1994, p. 13)
La Constitución Nacional en su artículo 6 se reere, tal
como se acaba de transcribir, a la intervención federal
como una manera en que el Gobierno Federal garantiza
la subsistencia de la forma republicana de gobierno.
Es posible interpretar, en ese contexto, que la forma
republicana de gobierno no estaba garantizada y se
encontraba en peligro desde hacía algún tiempo, con
las denuncias que se impulsaban sobre violaciones a los
Derechos Humanos. Por tanto, la intervención federal
junto a las imputaciones judiciales a Carlos Juárez y su
esposa impidieron al juarismo continuar en el poder,
pues de haber concurrido a elecciones aún conservaría
la sólida estructura partidaria que tan buenos resultados
electorales le había prodigado a lo largo de la historia,
tal como ocurrió luego de la intervención federal
posterior al “Santiagueñazo”, mediante las elecciones
que permitieron su cuarto mandato en el año 1995. En
este caso de estudio, al no estar presentes mecanismos
de democracia directa o métodos alternativos, como
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por ejemplo el recall o algún otro mecanismo de control
por parte de los ciudadanos, la única alternativa de
estos para manifestar su descontento con el Gobierno
es solicitar la ayuda del Gobierno nacional.
Se refuerza la idea de nalización y debacle irreversible
del régimen como consecuencia del caso “Doble crimen
de La Dársena”, armando que según cinco sobre
once de los entrevistados de este grupo maniestan
que el juarismo nalizó por la falta de apoyo político
del Poder Ejecutivo Nacional. Consultados sobre la
forma en que esas marchas en reclamo de justicia
por el “Doble crimen de La Dársena” contribuyeron
a la nalización del juarismo, seis sobre once de los
entrevistados manifestaron que la forma en que las
marchas incidieron fue atrayendo la atención de medios
nacionales, es decir, la nacionalización de la protesta,
con la característica de la ausencia de líderes políticos
de los partidos tradicionales.
Conclusiones
El “Doble crimen de La Dársena” sirvió de catalizador
de una larga lista de denuncias que se mantenían en un
estado de intrascendencia para las autoridades locales
y de no trascendencia hacia las autoridades nacionales.
A partir de esta situación, comenzaron a conocerse
hechos de apremios ilegales, persecuciones en el ámbito
laboral por razones políticas, clientelismos y compra de
voluntades, desalojo forzoso de tierras a los campesinos,
manipulaciones y presiones al poder judicial y otras
cuestiones sociales, políticas, sindicales que, junto con el
“Doble crimen de La Dársena”, contribuyeron a alargar
aún más la sombra de la crisis (Riorda, 2011) de un
régimen que estaba en sus postrimerías. Este escenario
sociopolítico no hizo más que contribuir a visibilizar
el descontento popular, reejado en la multiplicidad
de demandas sociales y políticas que se canalizaron a
través de dichas marchas en reclamo de justicia.
Con respecto al tipo de demandas sociopolíticas,
los entrevistados identicaron diferentes tipos de
demandas sociales y políticas que conuyeron en las
marchas en reclamo de justicia por el “Doble crimen
de La Dársena”, y rerieron motivaciones de tipo
gremiales, laborales, económicas, de violación a los
Derechos Humanos, etcétera. Esto se puede entender
como una gran cantidad de demandas de diferentes
sectores sociales que no se sentían representados por
el juarismo, y por lo tanto un gran número de estos
encontraron en las marchas un canal para manifestar
su disconformidad con el régimen. Esta posibilidad era
cercenada desde el juarismo mediante el hostigamiento
a dichos sectores.
Por otro lado, a diferencia de lo que arma Gibson
(2006, 2007), las entrevistas realizadas indican que no
hubo tal alianza de las élites opositoras, si por tales se
debe entender a miembros de los principales partidos
opositores de la provincia, salvo la presencia de
partidos políticos de izquierda que, sin embargo, distan
mucho de haber sido una oposición numéricamente
preocupante en términos de representación legislativa
o electoral. En este caso, quienes realmente hicieron
nacional la protesta, quienes llevaron el conicto más
allá de las fronteras provinciales, fueron los familiares de
las víctimas del “Doble crimen de La Dársena”, es decir,
actores particulares o simples ciudadanos y la Iglesia
Católica a través de sus obispos Sueldo y Maccarone
Se trató, entonces, de un nuevo movimiento social que
nació como una forma de protesta social para reclamar
justicia, articulado desde las bases de la sociedad, sin
subordinaciones jerárquicas entre los diferentes actores
sociales. De este modo se logró construir redes sociales,
modos de articulación sociopolíticas, basándose en la
experiencia aportada por los diferentes actores, en la
profundización de la democracia y la participación que
favorecieron el despliegue de relaciones horizontales de
articulación entre los diversos sectores sociales.
La protesta llevada a nivel nacional a través de los
medios de comunicación y el paralelismo que a partir
de allí establecieron, los diferentes actores sociales y
familiares de las víctimas, entre el caso “Doble crimen
de La Dársena” y el caso “María Soledad Morales”
atrajo la atención de las autoridades nacionales,
quienes, alertados por las múltiples denuncias, enviaron
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comisiones investigadoras a constatar la situación
de los Derechos Humanos en la provincia. Todo ello
signicó la nacionalización de la protesta, junto con la
llegada de relevantes guras del orden social, político,
de envergadura nacional e internacional. Sumada la
fuerte intervención de la Iglesia Católica, a través de la
denuncia a nivel nacional que los obispos de la diócesis
realizaban ante organismos de Derechos Humanos, y
su prédica en contra del juarismo, por tanto, se puede
concluir que uno de los factores que condujo a la
nalización del régimen juarista fue la nacionalización
de la protesta y la entrada en la arena política y en la
movilización social de actores de nivel nacional e
internacional. De este modo es posible concluir que
la oportunidad política (Tarrow, 1997), representada
por la política de Derechos Humanos del gobierno de
Néstor Kirchner, la participación de actores nacionales
e internacionales, sumado a la nacionalización de la
protesta (Gibson, 2006, 2007) luego de ocurrido el
“Doble crimen de La Dársena”, habrían contribuido de
manera decisiva, a modo de variable interviniente, a
la nalización del régimen juarista en el año 2004 en
Santiago del Estero.
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Zicolillo, Jorge y Montenegro, Néstor (1991). Los Saadi.
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Fuentes periodísticas consultadas en edición im-
presa y online
Diario Clarín
Diario Cronista
Diario El litoral
Diario El Liberal
Diario La Gaceta
Diario La Nación
Diario Nuevo Diario de Santiago del Estero
Diario Página 12
Entrevistados
Teresita. (12/03/2019) Entrevista realizada por el autor,
disponible en el archivo de investigación del mismo.
Carlos. (15/03/2019) Entrevista realizada por el autor,
disponible en el archivo de investigación del mismo.
Mirta. (25/04/2019) Entrevista realizada por el autor,
disponible en el archivo de investigación del mismo.
Ángel. (20/05/2019) Entrevista realizada por el autor,
disponible en el archivo de investigación del mismo.
Alejandro. (01/04/2019) Entrevista realizada por el autor,
disponible en el archivo de investigación del mismo.
Ernesto. (09/02/2019) Entrevista realizada por el autor,
disponible en el archivo de investigación del mismo.
Aldo. (24/06/2019) Entrevista realizada por el autor,
disponible en el archivo de investigación del mismo.
Sergio. (11/05/2019) Entrevista realizada por el autor,
disponible en el archivo de investigación del mismo.
Alberto. (18/07/2019) Entrevista realizada por el autor,
disponible en el archivo de investigación del mismo.
Marta. (26/05/2019) Entrevista realizada por el autor,
disponible en el archivo de investigación del mismo.
Lucia. (22/08/2019) Entrevista realizada por el autor,
disponible en el archivo de investigación del mismo.
Olga. (26/07/2019) Entrevista realizada por el autor,
disponible en el archivo de investigación del mismo.
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TRAMAS SOCIALES | Nº 02 | Año 02 | ISSN 2683-8095
99-116
Guzmán
Guzmán, María Florencia
1
1. Lic. y Prof. en Sociología, UNSJ. Maestranda en Políticas
Sociales, Facultad de Ciencias Sociales, UNSJ. Becaria
de investigación CICITCA (Consejo de Investigaciones
Científicas y Técnicas y de Creación Artística), Instituto
de Investigaciones Socioeconómicas (IISE), Facultad de
Ciencias Sociales, UNSJ.
Recepción:05/12/2019 | Aceptación: 15/04/2020
Resumen:
El presente artículo expone una descripción del sistema
penal de la niñez y adolescencia de la provincia de
San Juan, durante el periodo 2017-2018, instaurado
a partir del proceso de reforma legal e institucional
implementado por la Ley 8.194 del Proceso Penal Juvenil
en el año 2011 y puesta en funcionamiento en marzo de
2017. Esto es abordado desde la mirada de los propios
actores de dicho fuero: jueces, scales, defensores y
asesores penales de niñez y adolescencia; a través de
los cuales se buscó conocer las transformaciones en el
funcionamiento del sistema penal, sus problemáticas y
desafíos actuales y la forma en que éstos denen a los
EL SISTEMA PENAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN SAN JUAN
Guzmán, María Florencia
1
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TRAMAS SOCIALES | Nº 02 | Año 02 | ISSN2683-8095
99-116
Guzmán
THE PENAL SYSTEM OF CHILDREN AND ADOLES-
CENTS IN SAN JUAN.
niños y adolescentes que ingresan al mismo, a n de
conocer cómo actúa esta agencia de control social con
las personas menores de edad.
Se recurrió a entrevistas en profundidad como la
principal herramienta de recolección de datos, utilizando
el método de comparación como estrategia de análisis.
Los resultados obtenidos fueron analizados desde una
perspectiva crítica buscando develar qué paradigma de
regulación jurídico-penal de la infancia (tutelar o de la
protección integral), subyace en el funcionamiento de
dicho sistema como así también en las concepciones de
sus actores.
Palabras claves:
sistema penal, niñez y adolescencia, paradigma tutelar ,
paradigma de protección integral.
Abstract:
This article presents a description of the penal system
of children and adolescents in the province of San Juan,
during the 2017-2018 period, established from the
process of legal and institutional reform implemented
by Law 8.194 of the Juvenile Criminal Procedure in
the year 2011 and commissioned in March 2017. This
is approached from the eyes of the actors of said
jurisdiction: judges, prosecutors, defenders and criminal
advisors of children and adolescents; through which we
sought to know the transformations in the functioning
of the criminal system, their current problems and
challenges and the way in which they dene the children
and adolescents who enter it, in order to know how said
social control agency works
In-depth interviews were used as the main data collection
tool, using the comparison method as an analysis
strategy. The results obtained were analyzed from a
critical perspective, seeking to reveal which paradigm
of legal-criminal regulation of children (guardianship
or integral protection), underlies the functioning of said
system as well as the conceptions of its actors.
Keywords:
penal system, childhood and adolescence, tutelary
paradigm, integral protection paradigm.
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Guzmán
Introducción:
La constante y creciente violencia con la que los medios
de comunicación abordan el problema de la inseguridad
en general, y de la delincuencia juvenil, en particular,
se ha convertido en una habitualidad que oscila entre
la morbosidad y el espectáculo. Podemos percibir
fácilmente la indignación y la sensibilidad punitiva que
despiertan un hecho delictivo cometido por un menor
de edad en varios sectores de la opinión pública, quienes
creen estar convencidos de que la solución más efectiva
a esta problemática es la aplicación de leyes más
rígidas y severas. El Poder Judicial es una institución
especialmente relevante en este sentido, contribuye
a delinear discursos y prácticas hegemónicas que
atraviesan las relaciones sociales de la “minoridad”. En
este fuero, desde el año 1919 con el establecimiento de
la Ley N° 10.903 de Patronato de Menores, más conocida
como Ley Agote, los menores serán concebidos como
sujetos de tutela e injerencia estatal. Concepción que
constituye un andamiaje ideológico que aún subsiste
dentro de este campo.
Centrándonos en el caso particular de San Juan, el 29
de diciembre del año 2010 se sancionó en la Cámara de
Diputados la ley 8.194
1
la cual introduce en su artículo 1°
la modicación de la ley 7.398 del Código Procesal Penal,
incorporando el Proceso Penal Juvenil (consolidada
dicha reforma en el texto de la ley provincial 754-O).
Hasta entonces, la provincia contaba con dos Juzgados
de Menores y cada juzgado con un juez, un secretario,
un instructor, dos asesores de “menores e incapaces” y
un equipo técnico conformado por un trabajador social
y un psicólogo. Ambos juzgados estaban dedicados
al tratamiento de las causas civiles y penales que
involucraban a menores de edad. La nueva ley limita esa
doble competencia separando las causas civiles de las
penales a través de la creación del Fuero Penal de Niñez
y Adolescencia al que se le otorga la exclusividad y la
especialidad de todas las causas tipicadas como delitos
en los que se presume que el autor del hecho es un menor
1.Publicada en el Boletín Oficial el 21 de junio del 2011.
de edad. En ella se reconocen todos los derechos y
garantías de los niños, niñas y adolescentes conformes a
la Constitución Nacional y a los tratados internacionales
(Convención Internacional de los Derechos del Niño
y las Reglas de Beijing para la Administración de
Justicia de Menores). De este modo, los “Juzgados de
Menores” comienzan a denominarse “Juzgados Penales
de Niñez y Adolescencia”. Al tiempo que se crean las
Fiscalías Penales de Niñez y Adolescencia y se asignan
dos guras nuevas al proceso penal: “defensores” y
“asesores” penales de niñez y adolescencia. Por otra
parte, se crea un tercer Juzgado de Familia con el objeto
de abordar, exclusivamente, las causas civiles. De este
modo ambos fueros, civil y penal, quedan delimitados
con sus respectivas especialidades, actores y funciones.
La creación de este fuero penal va a implicar cambios
y transformaciones en los procedimientos judiciales de
las personas menores de edad que entran en contacto
con el sistema penal. Por ello, consideramos pertinente
conocer el proceso de reforma legal e institucional
del sistema penal de la niñez y adolescencia de la
provincia de San Juan, dentro del actual contexto social,
desde las miradas y las voces de sus actores: jueces,
scales, defensores y asesores penales, ya que en sus
“valoraciones (…) emergen cosmovisiones preexistentes
sobre el bien, la moral, lo bueno, lo correcto y lo normal.
Asimismo, los jueces albergan consensos valorados
positivamente. Estas cosmovisiones marcan pautas de
distribución en torno a la norma” (Guemureman, 2015a,
p. 43).
Esto despertó una serie de interrogantes que sirvieron
de guía en el desarrollo de la investigación: ¿Cuáles
son las principales transformaciones que surgen con
la implementación de la Ley 8.194 del nuevo Proceso
Penal Juvenil? ¿Cuáles son los sustentos ideológicos que
subyacen a la actual legislación penal juvenil? ¿Cuáles
son los principales problemas y desafíos actuales que
enfrenta el sistema penal de la niñez y adolescencia de
la provincia? ¿Cómo denen los actores jurídicos a los
niños y adolescentes que ingresan al sistema penal?
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Guzmán
Para ello se propuso, como objetivo general, conocer
el funcionamiento del sistema penal de la niñez y
adolescencia de la provincia de San Juan a partir
de la implementación de la Ley 8.194 de Proceso
Penal Juvenil. Dentro de ese marco, como objetivos
especícos, se buscó identicar las transformaciones
que resultan del actual Proceso Penal Juvenil desde
la mirada de los propios actores jurídicos del sistema
penal de la niñez y adolescencia de la provincia de San
Juan, revelar cuáles son las principales problemáticas
y desafíos que presenta el actual sistema penal de la
niñez y adolescencia e indagar cómo denen sus actores
jurídicos al niño y adolescente que ingresa al mismo.
De este modo se pretende hacer visible e incentivar
la reexión sobre qué es lo que hace y cuáles son las
funciones de la administración de justicia en el proceso
penal juvenil de menores de edad en el ámbito de
la provincia de San Juan. En este sentido, se buscó
realizar un abordaje crítico del sistema penal, así
como de la puesta en funcionamiento del sistema
de protección integral de los derechos de niños y
adolescentes, partiendo del supuesto que aún con estas
modicaciones, la actual justicia de menores continúa
“minorizando”
2
la niñez de los sectores más vulnerables
de nuestra sociedad a través del complejo tutelar, en
sentido de protección, y del complejo correccional, en el
sentido de “curación”.
Para ello se utilizó la metodología cualitativa y entrevistas
en profundidad como herramienta de recolección de
datos, las cuales fueron aplicadas a representantes del
sistema penal de la niñez y adolescencia de la provincia
de San Juan: dos jueces, dos scales, dos defensores y
a un asesor penal de niñez y adolescencia. Si bien este
2. Se entiende por “minorización” de la niñez al trato y
el tratamiento tutelar brindado por el Estado según la
condición social del niño, siendo “beneficiarios” de esa
atención aquellos provenientes específicamente de las
clases más vulnerables. Tal como plantea Llobet (2010),
el Estado construye formas de incapacidad relativa que
no tiene que ver con la edad de la persona, sino con
la subordinación y la consideración de la incapacidad de
esos conjuntos poblacionales que los van a denominar
“menores”.
último fuero está conformado por dos asesores, sólo
pudimos acceder a entrevistar a uno de ellos ya que el
otro se negó a brindarnos la entrevista. Éstas fueron
realizadas entre los meses de julio a diciembre de 2018,
todas en lugares habituales de trabajo, es decir, en los
Juzgados y en la Fiscalía Penal de Niñez y Adolescencia.
Para preservar la identidad de los entrevistados, sus
nombres fueron codicados: juez A, juez B, scal C,
scal D, defensor E, defensor F, defensor G y asesor F.
Como estrategia de análisis, se empleó el método de
comparación (Gibbs, 2012). Por medio del tratamiento
y recorrido constante de las entrevistas, se identican
similitudes y disimilitudes sobre las que se fueron
asignando códigos, con el n de ordenar los datos, y
se establecieron relaciones sistemáticas entre ellos
para ser agrupados, posteriormente, en categorías que
permitan construir teoría.
Como fuentes de datos secundarios, se recurrió a
documentos ociales como normas y leyes provinciales,
nacionales e internacionales destinadas a niñez y
adolescencia; libros; revistas, noticias de periódicos y
publicaciones cientícas en la web.
La maquinaria punitiva del sistema penal.
Dentro del conjunto de teorías criminológicas,
encontramos en el paradigma de la criminología
crítica el lineamiento teórico-conceptual que permite
comprender el control social y el fenómeno de la
criminalidad en forma integral. Este paradigma opone
un enfoque macrosociológico a uno biopsicológico
del comportamiento desviado, evidenciando su
relación funcional o disfuncional con la estructura
social, superando de esta manera el paradigma de la
vieja criminología positivista (Baratta, 2004). Por tal,
relaciona las transformaciones producidas en el modo
de producción (y dentro del capitalismo los cambios
producidos en los patrones de acumulación) con la
necesidad del sostenimiento y la reproducción del
orden social dominante lo que conlleva, a su vez, a la
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transformación de la pena y el castigo en cada período
histórico según los requerimientos necesarios para
dicho mantenimiento del orden social.
En este sentido, para analizar y comprender el
funcionamiento y las transformaciones de los sistemas
penales como parte del conjunto de agencias de control
social, es necesario enfocarnos en su correlación con la
estructura del orden social en clave histórica. Centrados
en el enfoque marxista, desde 1939 los dos sociólogos
de la Escuela de Frankfurt Rusche y Kirchheimer (1984)
basándose en el análisis de la económica política de la
pena, han puesto en evidencia las relaciones existentes
entre mercado de trabajo, sistema punitivo y cárcel. De
acuerdo con esto, cada sistema de producción tiende al
descubrimiento de métodos punitivos que corresponden
a sus relaciones productivas y a su vinculación con las
relaciones de clase y los intereses que emergen en la
base del modelo social dominante. Por tal, la principal
función del sistema penal es, para los autores, “disuadir
a las fracciones más marginales de la clase proletaria de
recurrir a los “delitos de supervivencia” como forma de
resistencia al trabajo asalariado” (De Giorgi, 2016, p. 25).
Zaaroni (2015) dene a los sistemas penales como un
aparato que regula el poder punitivo operando el sistema
de canalización de la venganza. Éste opera a través de
dos agencias: por una lado, las especícas: las ejecutoras
o policiales, las judiciales penales, las penitenciarías, la
de reproducción ideológica (universidades, institutos de
investigación), las organizaciones no gubernamentales,
las internacionales (especializadas en los niveles
mundial o regional) y las trasnacionales (que inuyen
especícamente sobre los gobiernos desde otros
gobiernos). Por otro lado, las agencias inespecícas: los
poderes legislativos y ejecutivos, los partidos políticos
y, sobre todo, los medios de comunicación social (o
aparato de publicidad penal).
Para Zaaroni (2015) los sistemas penales presentan
dos características estructurales: sus agencias son
compartimentalizadas y cada una de ellas tiene un
doble discurso. Siguiendo a Merton y su idea de los nes
maniestos y latentes sostiene que:
los nes maniestos se articulan en un discurso
público (moralizante para la policía, de justicia para
los jueces, resocializador para lo penitenciario, de
información para los medios masivos, de bien común
para los poderes legislativos y ejecutivos, etc.). Los
nes latentes se esconden en el discurso hacia el
interior de las propias agencias, que procuran una
mayor autonomía en el caso de la policía, mejor
infraestructura y estabilidad burocrática en lo
judicial, orden interno y seguridad preventiva de
fugas y motines para lo penitenciario, de rating y
sintonía con intereses corporativos más amplio para
los medios masivos, electorales para los políticos,
etc. (2015, p. 297).
Todas las agencias del sistema penal inciden sobre el
poder punitivo pero éste no se encuentra exclusivamente
en manos de legisladores y jueces, sino que es ejercido
directamente por la fuerza policial que selecciona a
aquellos sujetos sobre los cuales desplegar dicho poder
(Zaaroni, 2015). Por tal, la dinámica real del poder
punitivo funciona de la siguiente manera:
los legisladores habilitan ámbitos de arbitrario
selectivo al poder punitivo sin saber sobre quién
ni cuándo habrá de recaer, en tanto que los jueces
no pueden hacer más que limitarse a decidir en los
procesos de criminalización secundaria que ponen
en funcionamiento los policías (Zaaroni, 2015, p.
307).
Baratta (2004) también reere a la selectividad del
sistema penal, armando que existe una contradicción
entre los principios estructurales y funcionales
declarados por el propio sistema (“combatir” la
criminalidad) y su real funcionamiento. Considera que
esto es producto de su estatus ideológico, donde es esa
misma contradicción la que asegura el funcionamiento
del sistema. De acuerdo con el autor, el elemento
ideológico es inherente a la propia estructura del sistema
penal y al funcionamiento del derecho moderno.
Ambos, dentro de la sociedad capitalista, contribuyen
a reproducir, legitimar y mantener la desigualdad
y las relaciones de subordinación y explotación
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paralelamente a la producción de un consenso a través
del cual se opera la legitimación de estas relaciones.
En este sentido, el estatus social del delincuente es clave
en la acción del control social de los organismos ociales,
no siendo calicados de la misma forma quienes
cometieron el mismo delito pero pertenecen a distintos
sectores sociales. Esto conlleva, de acuerdo con Baratta
(2004), a desmiticar la idea del derecho penal como
ley igual para todos los ciudadanos y como derecho
que protege por igual. Por el contrario, el derecho
penal es el “derecho desigual por excelencia” (2004,
p.169). El carácter fragmentario del derecho penal,
tiende a privilegiar los intereses de la clase dominante
ligados funcionalmente a la acumulación capitalista y
a dirigir el proceso de criminalización hacia formas de
desviación de las clases más desfavorecidas. En efecto,
la criminalidad es “un “bien negativo” distribuido
desigualmente según la jerarquía de intereses jada
en el sistema socioeconómico, y según la desigualdad
social entre los individuos” (Baratta, 2004, p. 167).
El interaccionismo simbólico también introdujo aportes
relevantes para comprender y deslegitimar el real
funcionamiento del sistema penal: desde la criminología
de la reacción social, la crítica a las instituciones totales
de Goman y la teoría del etiquetamiento de Becker.
Tal como sostiene Zaaroni, los aportes teóricos del
interaccionismo simbólico constituyeron el golpe más
fuerte de deslegitimación del ejercicio de poder del
sistema penal ya que, “al revelarse como mecanismo
reproductor de realidad “criminal”, se convierte en
objeto necesario de la misma” (1998, p. 65). En términos
generales, dicha corriente teórica describe la producción
y reproducción de “delincuencia”, ya que considera que
la prisión cumple una función reproductora donde la
persona etiquetada como delincuente, termina por
asumir ese rol comportándose de acuerdo al mismo.
Aquí el sistema penal en su conjunto opera para el
etiquetamiento y el reforzamiento de esos roles
(Zaaroni, 1998).
La selectividad y arbitrariedad a la que hacen referencia
los autores, como otras cuestiones que atañen al
funcionamiento del sistema penal, operan también en
los sistemas penales de niñez y adolescencia, tal como
veremos a continuación.
El control penal de la infancia: del patronato a la
salvaguarda de los derechos.
El proceso de denición de los derechos de la niñez,
desde el primer tribunal de Illions en 1899 hasta la
declaración de la Convención Internacional de los
Derechos del Niño (en adelante CDN) en 1989, es
denominado por García Méndez (1994), como un
largo camino que, partiendo de la consideración del
menor como objeto de la compasión-represión busca
reconocer en el niño y el adolescente un sujeto pleno
de derechos. En el marco de ese proceso, y desde un
enfoque histórico-jurídico, Belo y García Méndez
(1998) distinguen en América Latina dos grandes etapas
de reformas jurídicas en lo que reere al derecho de la
infancia: la primera, entre 1919 y 1939, que introduce
la especicidad del derecho de menores, comienza a
construir el discurso de la “minoridad” y crea la justicia
de menores como un nuevo fuero del aparato judicial.
La segunda, que comienza en 1990 con la declaración
de la CDN y, según los autores, continúa abierta y en
evolución.
La primera etapa se inicia hacia nes del siglo XIX,
principios del siglo XX, con el desafío inmigratorio,
principios de gubernamentalidad y población, Leyes
de Defensa Social, de Residencia y de Patronato de
Menores (Daroqui y Guemureman, 2001). En este
periodo surge el “paradigma tutelar” o “doctrina de la
situación irregular” en sentido de “protección”, junto con
el sistema correccional, en sentido de “curación”, siendo
ambas las instituciones encargadas del tratamiento del
menor en conicto con la ley. Esta concepción conformó
la base de la Ley 10.903 de Patronato de Menores en
1919, popularmente conocida como “Ley Agote”, en
representación de su mentor, el médico y diputado Luis
Agote.
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El “complejo tutelar” junto con el aanzamiento del
sistema penal, respondieron a una política denida
desde el orden social dominante en consonancia con
un modelo económico agro-exportador orientado hacia
la inserción del país en la expansión del capitalismo
internacional. Son los hijos de las familias de inmigrantes
y obreros pobres, los que fueron catalogados en “riesgo
social” dando surgimiento a dos guras: el “niño en
situación en peligro moral y material”, es decir el
niño abandonado; y el “niño delincuente” (Daroqui y
Guemureman, 1999).
De acuerdo con Zapiola (2010), la ley sentó las bases
para el tratamiento jurídico-penal, con un proceso
diferente al de los adultos y en la construcción del
sistema penal-tutelar de menores de edad en nuestro
país. En este sentido, también Belo (2005) hace
referencia al carácter penal de la ley de Patronato ya
que, basada en la concepción positivista de la época y de
un modelo de política criminal, sólo procuró regular la
situación de los menores de edad vinculados con delitos
o considerados delincuentes o peligrosos, justicando
relaciones estatales coactivas a partir de las ideas de
“tratamiento” y “resocialización”, con el objeto de la
defensa de la sociedad.
En 1938 se crean los primeros Tribunales de Menores.
Los menores, entonces, eran los hijos de esos pobres
considerados “errores del sistema”, que continuaban
constituyendo una amenaza. De esta manera, la
legislación vigente seguía “minorizando” la niñez de
los sectores más vulnerables. En este sentido, la clave
política fue la multiplicación de tribunales de menores
en todo el país y de las agencias técnico administrativas
con competencia en lo penal, cuestiones asistenciales
y limitada competencia civil (Daroqui y Guemureman,
1999), lo cual reforzará la diferencia entre los “niños de
la niñez” y los “niños de la minoridad”, construida en el
periodo anterior.
En materia legislativa, a partir de mediados de los años
ochenta, se inicia una nueva etapa en términos jurídicos
y sociales en torno a la infancia y adolescencia que,
hasta ese momento, se encontraba en un “interregno”
(García Méndez, 1994). Bajo el decreto-ley 22.278 se
sanciona, en 1980, el Régimen Penal de la Minoridad,
actualmente vigente. Este régimen establece un
tratamiento diferenciado entre las personas menores de
18 años infractores de la ley y los adultos. Fija la edad de
imputabilidad a partir de los 16 años y la inimputabilidad
para quienes están por debajo de esa edad, no pudiendo
adjudicarles responsabilidad en la comisión de delitos,
aunque sí está permitido en virtud de su facultad de
tutela disponer de ellos aludiendo razones de peligro
material o moral, tal como explicita su artículo primero.
Como resultado de esto último, los jueces tienen la
facultad omnímoda de disponer de los menores de edad
para la resolución de sus causas, pudiendo decretar
medidas restrictivas y de privación de la libertad. Esta
potestad otorgada al juez ha sido, y continúa siendo en
la actualidad, duramente criticada.
Con el inicio del neoliberalismo a principio de los
años noventa, se produce una ambivalencia entre la
legislación que enaltece al menor como “niño sujeto
de derecho” y las prácticas políticas que producen
“menores” en el corto camino de la exclusión (Daroqui
y Guemureman, 2001). En este proceso, “se pasa de un
régimen populista a un régimen “hibrido-corporativo
liberal” (Daroqui y Guemureman, 1999), que implica
una redenición del papel del Estado al abandonar sus
funciones en términos de políticas y asistencia social y
se encamina hacia una profundización de la exclusión y
desaliación de amplios sectores, impactando en nuevas
formas de conictividad social y nuevas respuestas del
sistema de control social y penal.
En este contexto, se inicia el desarrollo de la segunda
etapa de reformas jurídicas de la infancia. En noviembre
de 1989, en la ciudad de Nueva York, se sanciona por
unanimidad la Convención Internacional de los Derechos
del Niño en la Asamblea de las Naciones Unidas. En
Argentina fue raticada en 1990, incorporada en 1994
en la reforma de la Constitución Nacional (art. 75, inc.
22) y transformada en ley nacional recién en el 2005 a
través de la Ley 26.061 de Protección Integral
3
. Esto
3. El término “protección integral” hace referencia, en
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signicó una ruptura con el paradigma tutelar o de
la situación irregular y la transición un nuevo cambio
conocido como “Paradigma de la Protección Integral”.
Proceso que comenzó a gestarse con la sanción de la
CDN, cuyos lineamientos rectores concibe a los niños y
adolescentes como sujetos plenos de derecho y como
personas en desarrollo que requieren un tratamiento
especial por parte de la sociedad y del Estado como
garante y promotor de políticas públicas en protección
de esos derechos. Esto conlleva a que, en caso de
violación u omisión de estos, se pueda recurrir a recursos
legales en su defensa intentando limitar el avance del
poder coercitivo y arbitrario del Estado mediante sus
instituciones de asistencia social y represión penal.
Mirada opuesta a la del paradigma tutelar, para el cual
protección es concebida como ayuda o caridad por ser
considerados objetos de tutela.
En el caso de los menores de edad que ingresan al
sistema penal, al igual que en el modelo anterior, se trata
de un sistema de justicia especializado y diferente al de
los adultos pero que reconoce a los niños y adolescentes
todas las garantías de los adultos, más garantías
especícas. Por tanto, sólo podrán ser juzgados por
tribunales especícos y bajo procedimientos especiales.
La privación de la libertad sólo puede ser determinada
en instituciones especializadas y como medida de
última instancia frente a la comisión de un delito
gravísimo y bajo un breve tiempo determinado. En
cuanto a lo procesal, se establece un sistema acusatorio
(oral) exible y “que permita instancias conciliatorias
a lo largo de todo el proceso, no para desconocer las
garantías como en el modelo anterior, sino para permitir
una solución real al conicto que puso en marcha al
proceso penal juvenil” (Belo, 2009, p. 40).
Sobre las bases de estas prescripciones, establecidas
explícitamente en los artículos 14, 37 y 40 de la CDN,
se diseñaron nuevas leyes y sistemas de justicia juvenil
América Latina, a la protección de los derechos de niños,
niñas y adolescentes. Sin embargo, la falta de claridad
del concepto conlleva a que varios funcionarios defiendan
leyes tutelares como modelos de protección integral de la
infancia (Beloff, 2009).
en Argentina y América Latina (Belo, 2002). De esta
manera, en lo que se reere al tratamiento de la infancia
a nivel nacional encontramos dos normativas:
1. El Código Civil, que contiene las normas referidas
a la capacidad, la patria potestad y las funciones del
asesor de menores.
2. La Ley 22.278, que establece el “Régimen
Penal de la Minoridad”. Tal como mencionamos
anteriormente, dicha norma presenta serios
problemas de compatibilidad con la Convención
sobre los Derechos de Niño.
Bajo estos lineamientos, se sanciona en San Juan la
Ley 8.194 de “Proceso Penal Juvenil” en el año 2011 y
puesta en vigencia en marzo del 2017, como veremos a
continuación.
La implementación del Proceso Penal Juvenil
(Ley 8.194) en la provincia de San Juan.
Podemos argüir que, en líneas generales, el proceso que
se inicia con la sanción de dicha ley y su implementación,
especialización del proceso penal conforme a los
lineamientos de normativas internacionales, es
concebido desde los actores como una “transición”, un
proceso en el que conuyen las negociaciones con el
poder ejecutivo, el surgimiento de nuevos actores del
campo jurídico y nuevas reglas que producen tensiones
y conictos con la fuerza policial, esto último desde la
mirada de los jueces especícamente. Todo ello dentro
de relaciones de fuerza y tomas de posición en el
interior del campo y en conuencia con una producción
discursiva de la realidad (por parte de los actores del
fuero penal de niñez y adolescencia) en la que puede
observarse la convivencia de términos, expresiones y
concepciones con sesgos tutelares que se transeren
en nuevas formas y mecanismos de administración de
justicia.
La determinación de plazos para la detención de los
adolescentes imputables (que anteriormente eran
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“olvidados” por el sistema, prolongando su detención),
las limitaciones en las intervenciones y detenciones
policiales, la aplicación de la instancia indagatoria para
los inimputables (como modo de impedir ese “olvido”
de casos en situaciones de encierro de los que no
había ningún registro), el trabajo mancomunado con la
Dirección de Niñez Adolescencia y Familia (organismo
perteneciente al Ministerio de Desarrollo Humano
y Promoción Social del Gobierno de San Juan), en la
aplicación y monitoreo de medidas socioeducativas
son, entre otras cosas, avances importantes que se van
gestando hacia un tratamiento del niño y adolescente
como sujeto de derechos. No obstante, si bien la Ley
8.194 pretendió como objetivo principal dirimir la doble
competencia de causas civiles y penales del fuero de
menores, y pese a la incorporación del principio de
especialidad en materia penal de niñez y adolescencia,
esto aún no se ha concretado puesto que hay un
importante excedente civil.
En cuanto a las funciones de los actores pudimos
observar que, según sus relatos, se han visto despojados
de sus antiguas funciones tutelares y asistencialistas
siendo reemplazadas por acciones y cosmovisiones
en sintonía con el nuevo paradigma de protección,
garantía y restitución de derechos y con el principio de
especialización en materia penal de niñez y adolescencia.
Este último, consideramos, ha sido sustancialmente
el cambio más importante de la aplicación de la
nueva legislación, marcando diferencias especícas
con los procedimientos e intervenciones anteriores
en los que predominaban cosmovisiones y acciones
adultocentristas, principalmente en las funciones de los
cargos de scal y defensa. Otra modicación a destacar
en sus funciones es la incorporación de la defensa en
la instancia declaratoria dentro del proceso penal para
los menores inimputables, garantizando el derecho de
expresión y de ser escuchados.
Si bien los jueces, gura jurídica central del antiguo
paradigma, son los actores que más han visto
modicadas sus funciones al reducir la potestad de
tutela sobre las personas menores de edad, su rol es
cuestionado en su doble función de investigación y
juzgamiento de las causas
4
por los demás actores del
sistema penal. Sin embargo, esta función es producto
de la vigencia de Ley 22.278 del Régimen Penal Juvenil
que les otorga a los jueces el cumplimiento de dichas
competencias, dando lugar a posibles arbitrariedades
en su accionar.
Otro punto importante que podemos destacar en cuanto
al rol del juez, es la resolución de las causas una vez que
el adolescente ha efectivizado el cumplimiento de la
medida socioeducativa, ya sea bajo libertad asistida o
en un contexto de encierro. Esta disposición, también
sujeta a la Ley 22.278, deja librado a la discrecionalidad
de dicho actor, la resolución de la causa guiándose
por informes de aquellos “especialistas en patologías
de la infancia” a la que refería Donzelot (2008) (es
decir, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales),
que monitorearon el desempeño del adolescente.
Dependiendo de la estimación de los resultados, se
puede absolver, reducir pena o imponer la pena prevista
de acuerdo al delito imputado. Así, de acuerdo con
Guemureman (2011), los resultados del seguimiento
tutelar adquieren una importancia que alerta: “la
discrecionalidad habilitada por el sistema se maniesta
en la valoración asignada efectivamente por los jueces
a estos procesos de jóvenes” (2011, p. 156). Esto devela
cómo, a pesar de ciertas modicaciones en las leyes
destinadas a “garantizar” los derechos de la infancia
y adolescencia en materia penal, en el fondo siguen
sujetas a un régimen cuyo contenido es netamente
tutelar, otorgando facultades omnímodas a la gura del
juez.
4.Según los fiscales, al momento de ser entrevistados, se
esperaba que dichas funciones del juez sean modificadas
en el transcurso del año 2019 con la implementación del
nuevo Código Procesal Penal provincial, el cual introduce
el procedimiento de investigación fiscal preparatoria. Con
ello, los fiscales tendrán la absoluta investigación del
hecho y los jueces sólo deberán controlar el cumplimiento
de dicho proceso. De este modo, se verán limitadas las
actuales funciones de este último, aquellas de doble
competencia en la investigación y el juzgamiento de una
misma causa.
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Problemas del sistema penal de niñez y
adolescencia
La inexistencia de instituciones de encierro
especializadas en adolescencia
La demanda de instituciones de encierro es una constante
en los relatos de algunos de los actores. Entre ellas se
identicó instituciones de detención especializadas que
eviten el contacto con la policía y las aprehensiones en
comisarías de adultos
5
, como así también el décit de
instituciones destinadas al adolescente imputable que
presuntamente haya cometido algún delito grave y
su detención sea requerida por parte del juez ya que,
el Instituto Nazario Benavidez cuenta solamente con
once plazas. Tampoco existe una dependencia para el
alojamiento de mujeres.
Debido a la inexistencia de éstas instituciones, cuando
se ejecuta la detención de un menor de edad, se realiza
en comisarías de adultos con el riesgo que conlleva no
ser atendido de acuerdo a la especialización que éstos
requieren, expuestos a la vulneración de sus derechos
y, tal como menciona el juez, a “seguir excluyendo a
menores, ponerlos al alcance más del poder de policía que
del Estado de derechos” (juez A, comunicación personal,
julio de 2018).
Otra institución inexistente en la provincia es aquella
destinada al tratamiento de las “patologías duales”, es
decir la combinación entre consumo de drogas y algún
tipo de enfermedad psiquiátrica. Los casos más graves
son derivados a Casa del Sur, en la provincia de Buenos
Aires, vulnerando y agravando aún más la situación de
los adolescentes al despojarlos de sus hogares y familias.
5. La Comisaría del Menor funcionó en la provincia
hasta septiembre del 2017, cuando fue cerrada tras un
motín causado por adolescentes detenidos en dicha
institución, quienes produjeron destrozos que impidieron
su habilitación. La decisión de cerrar esta unidad, dejó a la
provincia sin un organismo especializado para la detención
de personas menores de edad durante periodos de tiempo
breves que eviten el contacto con la fuerza policial.
Por otra parte, no hay lugares en los que se pueda
“alojar” a un adolescente que cometió un delito siendo
menor mientras que, una vez cumplida la mayoría
de edad, espera la sentencia judicial, anulando así
toda posibilidad de continuar con su proceso de
“recuperación”. Tal como menciona el defensor:
“Cuando los chicos cometen los hechos siendo
menores, no tenemos un lugar intermedio ¿y a
dónde van? Y van al penal… O sea, todo el año de
socioeducativa que vos hiciste en un lugar donde
la mirada está puesta en que es un niño, que vos
lo podés recuperar y hacer un ser constructivo para
la sociedad… ¡se hace agua cuando lo mandas al
penal!” (defensor E, comunicación personal, octubre
de 2018.).
La privación de la libertad encubierta de
“protección”
Observamos que en torno a la “protección” se generan
ideas ambiguas: por un lado, la idea de proteger a
la sociedad de aquellos menores de edad propensos
a delinquir y, por el otro, la necesidad de proteger
a éstos de la sociedad propensa a no actuar como
un agente positivo de control social por medio de la
educación y socialización de sus miembros. A esto
reere García Méndez (2009) cuando sostiene que la
interpretación del principio del interés superior del
niño es una forma de reintroducir el paternalismo
discrecional en las decisiones judiciales que utilizan la
privación de la libertad “como una forma de “política
social reforzada” para adolescentes pobres” (2009, p.
104). Por tal, disfrazados de “protección” y control del
“riesgo” en situaciones de “peligro moral o material” se
recurre al encierro punitivo, aún en niños y adolescentes
inimputables: “Por más que sea inimputable dejémoslo
detenido porque hay que evaluar, hay que evaluar a ver
qué le pasa (…) corre mucho riesgo” (juez B, comunicación
personal, julio de 2018).
Tal como mencionamos anteriormente, la decisión
de privación de la libertad está sujeta a la vigencia de
la Ley 22.278 la cual, en su artículo primero, atribuye
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la detención protectora de menores bajo un ropaje de
tutela por parte de los jueces, habilitando un sistema
que castiga a quienes debería defender. Tal como
mencionamos anteriormente, el rol del juez es también
aquí puesto en cuestión al estar inmerso dentro de dicha
ambigüedad y por la aplicación de medidas privativas
de la libertad como modo de “proteger encerrando”.
Por tal, podemos pensar que el sistema penal de la
niñez y adolescencia presenta connotaciones tutelares
y positivistas al intervenir en el control de problemas
sociales, como las adicciones o la implementación
de políticas asistencialistas para subsanar derechos
vulnerados, a través del control penal, tal como relata:
“Lo que sí se hacía y era realmente preocupante,
es que no podés detener a un menor de 16 años por
más de 30 días y los jueces sí los detenían, vigente
incluso esta ley que lo prohíbe (…) ellos aducían que
no era en realidad el delito sino el problema de las
adicciones. Pero tiene una problemática social esto
de que controlar lo social con el control penal, ¿me
entendés? No lo detengo por el delito porque va a
ser declarado inimputable (…) entonces bueno no
se lo detenía por el delito sino por un problema de
adicciones que en realidad, después del dictado de
la ley 26.061, debe dictaminar Niñez y Adolescencia,
no un juez” (defensor F, comunicación personal,
diciembre de 2018).
Podemos sostener, de acuerdo al relato de los
entrevistados que, pese a que las normativas y tratados
internacionales mencionan que la privación de la
libertad es la última medida a aplicar, siguen en vigencia
las instituciones y prácticas tutelares disfrazadas de
“protección”. Esto denota que, de una forma u otra,
aquellos provenientes de los sectores más desprotegidos
son visibilizados por el Estado cuando ingresan en el
sistema penal y por su condición social per se; no como
niños y adolescentes sujetos de derechos en el marco
del actual paradigma de protección integral.
Cese de intervención especializada con el
cumplimiento de la mayoría de edad
Las intervenciones especializadas en materia penal
cesan con el cumplimiento de los 18 años, edad que
ja la mayoría de edad pero que, de acuerdo con los
entrevistados, continúan siendo adolescentes que
necesitan ser resguardados. Por lo tal, pasan de ser
abordados por medidas socioeducativas, al control
punitivo y represivo del sistema penal de adultos. Esto
es producto, según los entrevistados, de la vigencia de la
antigua Ley 22.278 que contemplaba la mayoría de edad
a los 21 años. Tal como relata uno de los defensores:
“Ahora tenemos esta franja de los 18 a los 21, en
la que es grande la diferencia, justo es una etapa
madurativa a nivel de todo, desde lo cerebral,
corporal, todo que marca una diferencia (...) y como
la ley que te obliga a condenarlos es de la época del
Proceso, la 21.268 (...) ordena que cuando tenga
la mayoría de edad (…) debe ingresar al penal
(...) Y un niño, mandarlo con 18 años al penal, es
complicado…” (defensor F, comunicación personal,
diciembre de 2018).
En consideración, y teniendo en cuenta el carácter
selectivo del sistema penal, podemos pensar que
cuando se trata de causas penales que tienen por autor
un adolescente, se imponen restricciones y coacciones
al cumplir la “mayoría de edad”. Sin embargo, cuando
se trata de causas civiles, la prolongación de derechos
continúa hasta los 21 años. En este sentido, el
trasfondo que subyace a la normativa de la Ley 22.278
como también la Ley provincial 8.194, contribuye a la
vulneración de derechos, poniendo un límite al escaso
apoyo que otorga el Estado en el acompañamiento de
adolescentes captados por el sistema penal.
Dualismo entre políticas asistencialistas y
políticas penales
Wacquant (2011) señala que las políticas penales y las
políticas asistenciales, como acciones gubernamentales
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dirigidas hacia los pobres, detentan la misma
losofía: disuasión, vigilancia, estigma y sanciones
graduadas para controlar la conducta: ambas trabajan
conjuntamente para “invisibilizar a la población con
problemas –forzándola a salir de la ayuda pública, por un
lado, y, por otro, manteniéndola encerrada– con objeto
de empujarla, al nal, hacia los sectores periféricos del
creciente mercado laboral secundario” (2011, p. 2). No
hay una contradicción, sino una dualidad entre ambas
políticas.
Esto se pudo constatar en el relato de uno de los
entrevistados quien menciona el acceso a políticas
sociales a través del ingreso al sistema penal, pese a que
con la implementación de la Ley 21.064 de Protección
Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes,
se establece que las políticas públicas deben garantizar
la prioridad del ejercicio de los derechos de este sector
social: “hasta aquí se han venido construyendo políticas
públicas pero con enfoque de derechos, conforme a los
estándares internacionales impuestos por la Convención
y distintas normas especializadas, pero sobre todo
desde el momento que al chico se lo judicializa” (juez A,
comunicación personal, julio de 2018). Es decir que,
para poder acceder a las políticas sociales, los niños y
adolescentes tienen que atravesar, en primera instancia,
el sistema penal.
Para Guemureman (2015,b), en el caso de los
adolescentes provenientes de sectores vulnerables,
tocados o no por el sistema penal, se trata siempre de
políticas de gestión del riesgo, término en apariencia
menos estigmatizante. La noción de riesgo y la de
prevención aparecen implicadas en las políticas públicas
y “tienen por destinatarios a “jóvenes en situación
de vulnerabilidad social” y en contextos favorables
de encuentro con el sistema penal a través de sus
agentes primarios (las policías y fuerzas de seguridad)”
(Guemureman, 2015b, p. 50). En consideración, es
preciso identicar un trasfondo en la intervención
del Estado en casos de adolescentes que ingresan al
sistema penal: otorga “oportunidades” magras una
vez que se comenzó a construir una “trayectoria juvenil
penalizada” (Daroqui, López y Cipriano García, 2012). En
este sentido, tal como plantea Waqcuant (2011), ambas
políticas penales y sociales, en su extensión, contribuyen
al control y encauzamiento de la conducta a través de la
vigilancia, el encierro y la estigmatización.
Desafíos del sistema penal de la niñez y ado-
lescencia
Creación de centros especializados (CAD)
Este desafío responde a la demanda por la ausencia de
instituciones de encierro y alojamiento para menores
de edad. Si bien se impulsó desde el Poder Judicial, en
connivencia con el Poder Ejecutivo de la provincia, la
creación de un Centro de Atención y Derivación (CAD)
6
, aún no se logró concretar su apertura (la cual estaba
estipulada para agosto-septiembre de 2018) a pesar
de ya contar con las instalaciones edilicias y el equipo
técnico requerido. La mayoría de los entrevistados
adhieren a la apertura del CAD considerado como una
herramienta necesaria dentro de las soluciones y modos
de intervención para los niños y adolescentes que
ingresan al sistema penal. Tal como menciona uno de
los jueces:
“Este Centro de Admisión y Derivación es un espacio
especializado, pero con actores especializados.
De ahí que el contacto del chico con el sistema
penal y con esta característica socioeducativa y
especializada, sea desde el primer momento (...)
Lo que se debe promover es que de la manera más
rápida y eciente posible el chico (...) tome contacto
con el sistema de protección, no con el sistema penal,
donde ya el actor no va a ser ese juez de menores,
sino que va a ser la Dirección de Niñez o van a ser los
6.El objetivo de la creación de este dispositivo es
poder garantizar la plena aplicación del principio de
especialidad respecto de todos los adolescentes que
resulten aprehendidos, evitando el contacto con la fuerza
policial. Allí no podrán estar alojados más de 24 horas y
serán atendidos por un equipo interdisciplinario (médico
clínico, psicóloga, trabajadoras sociales y operadores) que
evaluarán el estado del adolescente.
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organismos locales” (juez A, comunicación personal,
julio de 2018).
No obstante, a pesar de que el CAD sería una forma
de “evitar” el contacto del niño o adolescente con
la fuerza policial, podemos pensar que la derivación
de éstos le otorga un nuevo formato pero del mismo
tipo, es decir, hacia dentro del mismo sistema, ya sea
hacia el interior del Juzgado Penal, o hacia programas
de la Dirección de Niñez. Tal como plantean Daroqui y
Guemureman (2001), la derivación en estos casos es
utilizada “como una alternativa a su no-detención y no
como una alternativa a su no-procesamiento: de hecho,
el “encuentro” con la agencia de control social formal
(...) se produce con el consabido y nefasto efecto de
adosamiento de una etiqueta estigmatizante” (2001, p.
106).
Articulación con el poder ejecutivo
En este punto se identicaron discrepancias en las
concepciones de los actores. Por un lado, opiniones que
tienden a ser más punitivas al hacer referencia a dicha
articulación con el n de obtener mayores recursos
económicos para la creación de nuevas instituciones de
encierro e internación para el tratamiento de adicciones.
Por otro lado, se hizo hincapié en el fortalecimiento de
las políticas públicas y en el acompañamiento de las
instituciones estatales, desde la escuela y los clubes
de barrio. Esto con el n de garantizar derechos que
contribuyan a la “recuperación” del niño y adolescente,
como el vehículos para mejorar sus condiciones de vida,
revertir la exclusión y reducir los condicionamientos de
ser captados por el sistema penal.
Implementación de la Justicia Restaurativa
Algunos actores resaltaron como desafío la
implementación de la Justicia Restaurativa: “la justicia
restaurativa acá en San Juan todavía no entra porque
nosotros los sanjuaninos somos muy trabajadores,
inteligentes, etcétera, pero por ahí somos muy cerraditos
para los cambios” (scal D, comunicación personal,
agosto de 2018). En relación con la delincuencia juvenil,
la Justicia Restaurativa enfatiza la ofensa a la víctima
del delito de modo que la misma debe intervenir en
la resolución del conicto a través de una mediación
con el autor del hecho delictivo. Se le da importancia
fundamentalmente a la conciliación víctima-autor,
más que a la imposición de una sanción o pena (Llobet
Rodríguez, 2005). Es concebida como un nuevo
paradigma que se opone a la actual justicia retributiva
y rehabilitadora que caracteriza al actual sistema penal
juvenil, es decir, aquella centrada en la ideología del
“tratamiento” y en la aplicación de una pena o medida
socioeducativa.
Garantizar el cumplimiento de los derechos de
los adolescentes.
Según los actores, el sistema penal de la niñez y
adolescencia debe centrarse en exigir el cumplimiento
de todos los derechos y garantías del adolescente
acusado, ya que: “Uno nunca está exento de estar en el
banquillo de los acusados y cuando a vos te toque vas a
querer que realmente se respeten todas tus garantías y
todos tus derechos” (defensor E, comunicación personal,
octubre de 2018).
“Tengo hijos y pienso que, si en algún momento
cometiesen un delito o tuviese algún contacto con
el sistema penal, quisiese que fuese un espacio
que le dé un trato respetuoso de derechos” (juez A,
comunicación personal, julio de 2018).
Definiciones de los actores jurídicos sobre los
niños y adolescentes que ingresan al sistema
penal
De acuerdo con los entrevistados, los niños y
adolescentes que ingresan al sistema penal son
mayoritariamente varones pobres con deserción
escolar y consumo de drogas en edad temprana,
provenientes de familias marginales, monoparentales o
con ambas guras ausentes, con familiares actualmente
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presos o con antecedentes penales. En consecuencia,
emergieron las siguientes categorías:
Niños y adolescentes vulnerados
La incorporación del paradigma de la protección integral
introdujo una serie de rupturas con terminologías que
eran características del antiguo paradigma tutelar. Así,
se deja de hablar de “delincuencia juvenil” (explicada, en
general, a través aspectos individuales psico-biológicos)
para comenzar a referirse a “menores en conicto con la
ley”, la cual considera un abanico de circunstancias que
orientan la conducta delictiva.
Según sus relatos, estos niños y adolescentes a quienes
se los puede adjudicar dicha terminología, están
expuestos a situaciones de extrema vulnerabilidad,
lo que contribuye a potenciar las probabilidades de
generar situaciones conictivas con la ley penal. Por un
lado, están los actores que atribuyen la orientación de
las conductas “desviadas” a los problemas provenientes
del seno familiar del niño y adolescente, concepción afín
al paradigma tutelar. Por otra parte, esta vulneración
se concibe como el producto de carencias y falta de
oportunidades, “son chicos que han ido por la vida, que
han sobrevivido” (defensor E, comunicación personal,
octubre de 2018).
“Generalmente el contacto con el delito, sobre
todo en adolescentes, tiene que ver muchas veces
con situaciones de vulneración, con pérdidas de
oportunidades, con imposibilidades de acceder a
ciertos derechos” (juez A, comunicación personal,
julio de 2018).
“(…) el chico está en una situación de vulnerabilidad
de sus derechos que no tiene que ver con la cuestión
penal, sino que es detectado por el sistema penal”
(juez B, comunicación personal, julio de 2018).
La idea de peligrosidad también entra en juego a la
hora de caracterizar a los menores de edad en conicto
con la ley. Están aquellos actores que la conciben como
característica del adolescente varón “las mujeres no son
peligrosas como los varones (…) vos vas caminando por la
vereda y de frente viene una chica… así venga con capucha,
a vos no te va a causar temor (…) Ahora, ves un varón que
viene con esa actitud y sí, es muy probable que te cruces
de calle” (scal D, comunicación personal, agosto 2018).
Mientras que para otros adquiere una connotación
estigmatizante construida en torno a la persona por
su condición de vulnerabilidad. Dicha vulnerabilidad
también tiene diferentes orígenes según la concepción
de los actores: producto de situaciones de riesgo, por
un lado, y producto de la marginación y la pobreza que
genera el modelo estructural socioeconómico, por el
otro.
Sosteniéndonos en los planteos de Baratta (2004),
podemos inducir que por su condición social sufren, en
primera instancia, la exclusión del sistema escolar y,
posteriormente, la selectividad del sistema penal, siendo
víctimas de una doble discriminación y exclusión. De
acuerdo con el autor, quienes pertenecen a los estratos
más bajos de la sociedad son los que tienen mayor
probabilidad de ser seleccionados como “población
criminal”, connotación atribuida por la precarización
laboral, defectos de socialización familiar y escolar,
tal como mencionan los entrevistados. Su concepción
visibiliza, como plantea Baratta (2004), el trasfondo
ideológico que subyace al sistema penal en su conjunto
y a la selectividad estructural del poder punitivo.
Percepciones sobre la finalidad de la pena
Pese a que las deniciones de los entrevistados
sobre los niños y adolescentes,
tienden a alinearse
con los principios del vigente paradigma de protección
integral, persisten aún los intercambios verticalistas
que se creían perimidos, minorizando y profundizando
las relaciones de asimetría a través de dispositivos de
intervención penal. Esto queda explícitamente reejado
en sus concepciones sobre el n de la pena centrada en
dos concepciones:
a) La asunción de responsabilidad: Se pretende con la
implementación de una pena o sanción que el adolescente
reconozca su culpabilidad y asuma la responsabilidad de
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sus conductas: “Esa asunción se reere no a la confesión
sino a la asunción de la responsabilidad como persona…
vos hiciste algo que no deberías haber hecho” (juez B,
comunicación personal, julio de 2018). Esta concepción
corresponde, todavía, con el paradigma tutelar al
concebir las intervenciones judiciales en la aplicación
de penas como un modo terapéutico de corrección de
las conductas “desviadas” de los adolescentes, es decir,
mediante una “combinación de ideología “correccional”
y “terapéutica” con pretensiones de “protección” y
“pedagogía” (Guemureman, 2015a, p. 43). Tal como
relata: “Se aplica esto de hacerlo responsable: ¡mirá,
llegaste acá por esto!” (defensor E, comunicación
personal, octubre de 2018).
De acuerdo con Daroqui y López (2012), asumir la
responsabilidad del hecho es el nivel de sujeción más
profundo, profundiza las relaciones de asimetría con
los agentes de control socio-penal y los adolescentes,
contribuyendo a la construcción del “delincuente”.
b) La rehabilitación y resocialización: Los entrevistados
reejan una concepción de la pena rehabilitadora
como medio de defensa social que no actúa de un
modo exclusivamente represivo sino también de un
modo curativo y reeducativo (Baratta, 2004) dirigida a
que las personas marginadas superen los retrasos de
socialización que enfrentan. Para Baratta, esto no es
más que un continuo del sistema de control social que
tiende a desplazar sus técnicas de control a través de
la socialización institucional, cuyo trasfondo contiene
las mismas funciones de selección y marginación que
el sistema penal con el n de conservar el orden social
existente.
Tanto en el caso de los inimputables como de los
imputables, la “rehabilitación” o “recuperación” tiene
que ver, según los entrevistados, con el restablecimiento
de derechos vulnerados. Sin embargo, la idea de
“recuperación” y “tratamiento”, de acuerdo con Daroqui
y Guemureman (2001), dan lugar a una cosicación
del niño o adolescente sometido a evaluaciones e
interpretaciones médicas y psicológicas sobre su
persona y su entorno, los cuales serán determinantes
en su pronóstico y destino. Ambos conceptos denotan
un papel activo, para las instituciones, y uno pasivo,
a quienes se les aplica; lo que pone al descubierto
residuos de la criminología positivista y del paradigma
tutelar que buscan readaptar a la sociedad a los sujetos
desviados.
De acuerdo con los actores, se busca encauzar las
conductas delictuales a partir de la educación, el trabajo
y proyectos de vida alternativos. Es a través de la
“normalización” de la conducta que se busca construir
seres “útiles” y productivos, lo que se traduce en la
inculcación de valores burgueses para mantener el buen
funcionamiento del orden social. En este sentido, tal
como sostiene Foucault (2002), el castigo disciplinario
es esencialmente correctivo. Por tal, podemos sostener
que el sistema penal tiende a operar en los procesos
de corrección y encauzamiento de la conducta de
aquellos niños y adolescentes provenientes de zonas
de marginación social, no como sujetos de derechos
sino como objetos de tutela sometidos a la acción de
instancias externas a él.
No obstante, consideramos que se produce una relación
contradictoria entre quien excluye, es decir la sociedad,
y quien es excluido (en nuestro caso los adolescentes
en contacto con el sistema penal), ya que no se puede
al mismo tiempo excluir e incluir. Tal como sostiene
Baratta (1990), cada técnica pedagógica de reinserción
del detenido va contra la naturaleza misma de esa
relación de exclusión, siendo uno de los efectos más
negativos de los contextos de encierro el aislamiento
de ese microcosmos en relación al macrocosmo social
simbolizado a través de los muros.
Reflexiones finales:
Ahondando en el corto recorrido transitado por el
sistema penal de la niñez y adolescencia de San Juan
desde la implementación de la Ley 8.194, hemos
podido percatarnos de la convivencia hibrida de ambos
paradigmas de regulación jurídico-penal de la infancia
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y adolescencia pese a la gestación de nuevos cambios.
No obstante, consideramos que la implementación del
Proceso Penal Juvenil en nuestra provincia introdujo
importantes y necesarias transformaciones. El
principio de especialidad, como una de las principales
innovaciones en el modo de administrar justicia, es,
hasta el momento, el que más impacto ha logrado en
benecio de los niños y adolescentes.
A lo largo de los relatos de los entrevistados, hemos
podido percibir que se desprenden de ellos proyecciones
que hacen referencia al funcionamiento del sistema penal
en su conjunto. Sus concepciones condicen con los roles
que ocupan dentro del proceso penal, así como también
con sus trayectorias académicas y laborales: los scales
como parte acusatoria tienden a ser más punitivistas,
los defensores y asesor como parte de la defensa, a velar
por el efectivo cumplimiento de los derechos y es el
accionar de los jueces el que presenta más dicultades,
según los relatos de los propios actores. El rol del juez
sigue puesto en cuestión, especialmente en lo que
concierne a la aplicación de medidas coercitivas. Si bien
la Ley 8.194 pretende proveer un marco de principios
que desde lo formal tienda a limitar la discrecionalidad
judicial, no ha de ser posible si toda nueva legislación
se encuentra anclada a un régimen penal (Ley 22.278)
cuyo trasfondo es netamente tutelar y arbitrario. Como
sostiene Gramsci, mientras lo viejo no acabe de morir, lo
nuevo no puede aún nacer.
De acuerdo a lo expresado por los actores, pudimos
observar que el sistema penal vendría a reforzar el nivel
de precariedad de aquellos niños y adolescentes pobres
que nutren su clientela, los cuales se encontrarían
“atrapados” en un entramado de situaciones conictivas
que transitan la secuencia: vulneración de derechos
y marginación, ingreso al sistema penal a través del
“acceso” a determinadas políticas asistencialistas,
conformación de trayectorias juveniles penalizadas
(Daroqui y López, 2012), estigmatización y exclusión
social. Secuencia de la que resulta la construcción del
joven “delincuente”.
Por tal motivo, a pesar de la construcción retórica de los
actores y del uso de términos aggiornados en defensa
de los derechos de niños y adolescentes, las prácticas
judiciales terminan operando bajo la lógica del mismo
sistema penal. En este sentido, destacamos el consenso
referido a la demanda de instituciones de encierro,
con diferentes grados de intensidad punitiva (en
contraposición a la opción de no encierro) y la idea de
resocialización como uno de los principales desafíos de
las intervenciones judiciales, incluso bajo dispositivos
de vigilancia y encierro enmascaradas de “protección”.
Las medidas “terapéuticas” y/o “socioeducativas” se
basan en la continuidad de derechos devaluados, lógicas
arbitrarias y principios subordinantes de tipo punitivo.
Esto nos permite pensar que, sobre los adolescentes, se
imponen penas bajo denominaciones eufemísticas que
encubren su punitividad.
Por lo tanto, las nuevas legislaciones en materia de
infancia y adolescencia, como la Ley 8.194, habilitan
nuevas prácticas y concepciones, pero para que esas
nuevas prácticas puedan emerger es necesario que
existan ciertas condiciones sociales. Dichas condiciones
deben permitir, en el marco de estas luchas de sentidos,
romper con la lógica punitiva de control que contribuye
a legitimar el orden social y los intereses sociales que
continúan sosteniendo su presencia en el ordenamiento
jurídico-penal y regulan las relaciones entre el Estado y
la sociedad civil. Las implementaciones normativas no
suponen procesos lineales, inmutables y homogéneos
sino que, por el contrario, son movimientos abiertos en
el que conviven tensiones, contradicciones y consensos.
Por tal, pese a que las nuevas transformaciones
legislativas e institucionales en infancia y adolescencia
no logren representar una condición suciente para
garantizar y promover sus derechos dentro del actual
modelo de producción, implican cambios en las
relaciones sociales necesarios en la lucha para una
transformación social.
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TRAMAS SOCIALES | Nº 02 | Año 02 | ISSN 2683-8095
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Fuentes testimoniales:
Juez A., julio de 2018, entrevista realizada por el autor,
disponible en el archivo de investigación del mismo.
Juez B., julio de 2018, entrevista realizada por el autor,
disponible en el archivo de investigación del mismo.
Fiscal C., agosto de 2018, entrevista realizada por el autor,
disponible en el archivo de investigación del mismo.
Fiscal D., agosto de 2018, entrevista realizada por el autor,
disponible en el archivo de investigación del mismo.
Defensor E., octubre de 2018, entrevista realizada por el
autor, disponible en el archivo de investigación del mismo.
Defensor F., diciembre de 2018, entrevista realizada por
el autor, disponible en el archivo de investigación del mismo.
Asesor G., noviembre de 2018, entrevista realizada por el
autor, disponible en el archivo de investigación del mismo.
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Kalierof
TRAMAS SOCIALES | Nº 02 | Año 02 | ISSN 2683-8095
117-134
1.Estudiante avanzado de las carreras Licenciatura en
Sociología y Profesorado en Sociología por la Universidad
Nacional de San Juan (UNSJ) y alumno adscripto a la
cátedra “Sociología Argentina y Regional II” de tercer
año (periodo 2018-2019). Becario EVC del Consejo
Interuniversitario Nacional (convocatoria 2020).
Recepción: 10/02/2020 | Aceptación: 14/04/2020
Resumen:
La historia reciente de Argentina se encuentra
atravesada por insistentes crisis económicas y de
representación política que invitan a reexionar sobre
el carácter estructural de las mismas. Entre el régimen
dictatorial de 1976 y el democrático devenido en el 1983
hubo, como es sabido, profundas diferencias, pero se
destaca un telón de fondo común: una profunda crisis
económica. El primer período destacado se enmarcó en
la reproducción de la coerción para instaurar un nuevo
modelo de acumulación en el país, mientras que el
segundo le proveyó el necesario consenso institucional.
¿CONTINUIDADES O RUPTURAS ENTRE LA DICTADURA Y LA DEMOCRACIA ARGENTINAS?
UNA MIRADA HISTÓRICO-SOCIOLÓGICA SOBRE LA CRISIS ESTRUCTURAL
Y EL SISTEMA DE DOMINACIÓN EN EL PERIODO 1976-1989.
Kalierof, Ilán
1
Fuente Infobae. Hiperinflacion1989.
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Kalierof
TRAMAS SOCIALES | Nº 02 | Año 02 | ISSN 2683-8095
117-134
¿Continuities or disruptions between Argentinian
dictatorship and democracy?
A historical-sociological perspective about struc-
tural crisis and the domination system in the
period 1976-1989.
Considerando algunas de las categorías analíticas
centrales de Antonio Gramsci, este artículo procura
caracterizar las dimensiones económicas y políticas
de los regímenes ocurridos en dicho interregno,
especialmente la etapa de transición. Procuramos
desplegar una mirada histórico-sociológica que, a
diferencia de los tradicionales estudios historiográcos,
nos permita indagar en qué medida se puede hablar de
una crisis orgánica continuada de carácter estructural,
sobre la cual logró aanzarse nalmente el sistema de
dominación vigente en nuestro país en el último cuarto
del siglo XX.
La metodología adoptada, histórica-analítica, busca
identicar procesos históricos y reexionar críticamente
sobre ellos desde determinadas categorías, que en este
caso provendrían del análisis sociológico, abriendo así
un interesante cruce entre Historia y Sociología.
Palabras Clave:
Crisis Orgánica - Modelo de Acumulación -
Representación política - Sistema de dominación.
Abstract:
Argentina’s recent history it´s found crossed by
economic and political representation crisis that invites
to reect on its structural character. Between the
dictatorship regime of 1976-1983 and the democratic
one occurred in 1983-1989 there was, as it is known,
profound dierences but a common background curtain
stands out: a profound economic crisis. Its rst period
was framed on the reproduction of coercion to establish
a new accumulation model in the country, while the
second one provided institutional consensus, as it was
needed.
By considering some of Antonio Gramsci’s core analytical
categories, this article´s objective is to characterize
the processes political and economic dimensions of
the regimes occurred in such interregnum, specially
its transition stage. We attempt to display a historical-
sociological perspective that, unlike traditional
historiographical studies, it allows us to inquire upon in
what extent we can talk about a continued organic crisis
of structural nature, on which the current domination
system in our country was nally established, on the last
quarter of the twentieth century.
The historical analytical methodology employed, seeks
to identify historical processes and critically reect on
them from determinate categories, which in this case
come from sociological analysis, thereby opening an
interesting cross between History and Sociology.
Key words:
Organic Crisis – Accumulation Model – Political
Representation – Domination System
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Kalierof
TRAMAS SOCIALES | Nº 02 | Año 02 | ISSN 2683-8095
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Introducción:
El presente artículo pretende indagar (en los planos
económico y político) los alcances de una de las últimas
y más signicativas crisis estructurales acontecidas
en Argentina, aquella que tuvo lugar entre el último
régimen de facto del país y el subsiguiente gobierno
democrático, expresada en el interregno 1976-1989
y particularmente durante su transición, para sobre
esta base repensar las condiciones de conformación
del sistema de dominación devenido a tal efecto. El
propósito es identicar aquellos aspectos recurrentes,
los hilos conductores que acompañan este complejo
periodo histórico, para así poder desentrañar y
comprender de manera más acabada el proceso
económico-político crítico por la que atravesó el país
entonces.
Diversos investigadores coinciden en caracterizar el
período abierto en 1976 –con la irrupción de la última
dictadura militar Argentina– como la etapa inicial o de
implementación del modelo económico neoliberal
1
fomentado por las potencias mundiales y los organismos
nancieros internacionales (Basualdo, Nahón &
Nochte, 2005; Canelo, 2001). A partir de entonces,
este modelo de valorización nanciera
2
, consolidó en
Argentina un determinado patrón de acumulación y
centralización del capital que fue adquiriendo en años
venideros un carácter estructural, o lo que es lo mismo,
ha cristalizado en la estructura económica y social del
país. La reproducción de este modelo, que ha abarcado
casi tres décadas (Basualdo et. al., 2005; Castellani,
2008), fue común a los distintos gobiernos (aunque con
distintos matices) y su impacto repercute hasta nuestros
días. El propósito de este artículo es precisamente,
indagar acerca de sus continuidades y rupturas.
1. Sobre este punto, debe tomarse en cuenta la salvedad
que indica Castelllani (2008), quien indica que la economía
del gobierno de facto no puede considerarse liberal en
el sentido estricto. Abordamos las especificidades en el
apartado correspondiente.
2. Para indagar sobre los procesos de acumulación del
capital, consultar: Arceo, E. y E. Basualdo (1999).
En este sentido, la categoría analítica central del
trabajo es la de “crisis orgánica”, que permitirá abordar
interrogantes sobre el papel de la clase dirigente, su
vínculo con la sociedad política y la sociedad civil
3
. Desde
este enfoque se intenta abordar dos de sus dimensiones
constitutivas: los límites del modelo económico y los
vacíos de legitimidad o de representación política que
se expresaron entre el gobierno militar y el democrático
subsiguiente, para encontrar trazos de continuidad o
rupturas entre ambos. Los interrogantes fundamentales
que guían este trabajo son: ¿En qué medida se desplegó
durante este periodo una situación de crisis orgánica
en nuestro país? ¿Aún con sus evidentes matices, la
dictadura y la democracia sirvieron de plataformas para
aanzar el sistema de dominación cuya vigencia se
extiende hasta la actualidad? Para dar con las respuestas,
examinaremos el grado de desarrollo y alcances de
la crisis orgánica que entendemos ha cristalizado en
dos aspectos fundamentales: los alcances y límites del
modelo económico de valorización nanciera y la (des)
legitimación de el/los grupo(s) dirigente(s) para sostener
dicho modelo.
Para ello, es precisa la distinción analítica entre los
acontecimientos económicos y políticos – nacionales,
pero situados en el contexto internacional– que
circundaron el devenir de ambos regímenes políticos y
por supuesto, su proceso transicional. Por un lado, y con
distintos momentos de estabilidad y recrudecimiento,
la etapa económica abierta en 1976, de valorización
nanciera, denota una línea vector de fuerte
desindustrialización, el aumento de la desigualdad, y
procesos de polarización social (Canelo 2001), a partir
del crecimiento ininterrumpido de la deuda externa
privada, complementada por la fuga de capitales que los
sectores dominantes alentaron, haciendo su diferencial
a través de las tasas de interés propuestas por el
gobierno militar (Basualdo, 2006 y 2005).
3.Para una mayor profundización sobre el estudio histórico
social a través de este esquema conceptual, ver Ansaldi,
Waldo (1985) “Notas sobre la formación de la burguesía
Argentina, 1780 – 1880”
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Kalierof
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Ahora bien, en este trabajo no abordaremos el régimen
de facto y el democrático subsiguiente como dos
universos analíticos totalmente escindidos, se indagará
más bien sobre las especicidades de la transición
entre uno y otro para sobre esa base comprender
la experiencia política democrática que sobrevino a
posteriori. En efecto, luego de las elecciones de 1983,
precedidas por la crisis scal e inacionaria de años
anteriores, asumió el gobierno Raúl Alfonsín, quien
fue el conductor de la transición del más atroz régimen
dictatorial, hacia una nueva etapa de recuperación de
la vida democrática. Su período se vio marcado en el
plano político, justamente, por la creciente demanda
social de consolidar el funcionamiento democrático
de las instituciones y los poderes gubernamentales
(Quiroga, 2005), y la reducción de la desigualdad social
y el equilibrio de la economía. La consecución de estas
demandas dependió en gran medida de la interacción
del proceso con la clase política que daba sus primeros
pasos en consolidar el orden constitucional. Varios de
estos aspectos serán retomados en clave analítica a lo
largo de estas páginas.
Es importante destacar que la escritura de este trabajo
se enmarca en la cátedra Sociología Argentina II
(correspondiente al área histórico-social de las carreras
Licenciatura y Profesorado en Sociología, FACSO-
UNSJ) en las que por dos años consecutivos (2018-2019)
he participado en carácter de estudiante adscripto. De
allí que, el método adoptado para su realización es el
“analítico-sintético” que consiste, en líneas generales, en
analizar inicialmente los sucesos y/o procesos históricos
descomponiéndolos en todas sus partes para conocer
sus posibles raíces económicas, sociales o políticas,
promoviendo luego una síntesis nal que reconstruya y
aporte una explicación más profunda sobre el fenómeno
histórico abordado (Delgado García, 2010). En este caso,
las categorías analíticas desplegadas provienen desde
el ámbito de la sociología: recurrimos, especícamente,
al cuerpo teórico desplegado por Antonio Gramsci y,
sobre esa base, desplegamos una perspectiva procesual
que permite poner en articulación los ejes propiamente
históricos y sociológicos de análisis a partir de focalizar
el proceso de crisis abordado.
En sintonía con lo antedicho, este artículo está organizado
en tres grandes apartados, uno de tipo conceptual-
sociológico, otro histórico-analítico, y por último uno
sintético-reexivo. En primer lugar, desplegaremos el
enfoque teórico sobre las características que conguran
un sistema de dominación y los procesos de crisis
orgánica, recurriendo a la mirada clásica de Gramsci, y a
aquellos autores que esquematizan y aplican su cuerpo
teórico, así como algunos conceptos económicos
empleados para la descripción del contexto. En segundo
lugar, abordaremos el proceso histórico mencionado,
focalizando en la crisis estructural, su desarrollo y
consecuencias. Por último, reexionaremos sobre
las dimensiones abordadas en el desarrollo histórico
procesual, repensando sus distintas expresiones para de
esta manera, identicar las continuidades y/o rupturas
que coadyuven a caracterizar la compleja etapa
devenida entra la última dictadura y la recuperación
democrática.
Análisis conceptual-sociológico:
El sistema de dominación en crisis.
El interesante material teórico para el análisis de
la dominación en las sociedades contemporáneas
propuesto por Gramsci, nos abre la posibilidad de
realizar un abordaje dual sobre la estructura social y
la superestructura política
4
, que constituyen las dos
dimensiones de análisis para caracterizar un sistema de
dominación determinado. En este sentido, una de las
problemáticas fundamentales que provocó la reexión
del autor tiene aún –casi un siglo después– completa
vigencia, tanto así como aplicabilidad de sus principales
conceptos teóricos al fenómeno de crisis estudiado.
4.Situándose dentro del materialismo histórico, el análisis
científico de las sociedades implica reconocer su modo
y relaciones de producción (estructura) y como este se
expresa en las instituciones ideológicas que la organizan
(superestructura)
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Dicha inquietud, reere al poder de resistencia del
sistema capitalista frente a los períodos de crisis y
colapso económico, el cual se recupera y logra una
estabilización consensual
5
.
Para abrir el debate sobre esta re-caracterización
de las formas en que el sistema capitalista resiste
los escenarios de crisis mundial, el autor se propone
ampliar el espectro teórico-explicativo del marxismo,
con lo cual se redenen algunas de sus categorías.
En este sentido, Thwaites Rey (1994) clarica el giro
gramsciano sobre la concepción de la sociedad civil, que
para los fundadores del materialismo histórico era el
“lugar de las relaciones económicas” (1994, p.8) y por
tanto las contradicciones en la estructura llevarían a un
proceso directo y unidireccional de ruptura y derrumbe
del sistema capitalista. Para Gramsci (en Thwaites Rey,
1994, p.8), en cambio, la sociedad civil “se ha convertido
en una superestructura muy compleja y resistente a
las irrupciones catastrócas del elemento económico
inmediato (crisis, depresiones, etc.); las superestructuras
de la sociedad civil son como el sistema de trincheras de
la guerra moderna”.
El Estado, en esta homologación de las funciones
institucionales a la función militar, es considerado como
una trinchera de avanzada, es decir, que éste cuenta con
una compleja organización de la sociedad que funciona
como soporte ante los desequilibrios económicos
que puedan sucederse. La sociedad política posee el
aparato legítimo de coerción (el Estado) a través del
cual ejerce la dominación. El aporte de Gramsci en
5.Perry Anderson (1981) en su libro “Las antinomias de
Antonio Gramsci”, sitúa la producción del autor para así
comprender mejor su contexto, este es, el fracaso de
las revoluciones en Europa Occidental. En este marco,
desde las hipótesis que se manejaban en la Internacional
Comunista, la (primera) Guerra Mundial dotaría a las masas
obreras europeas de la experiencia necesaria para romper
con sus direcciones nacionalistas burguesas e intervenir
activamente en la lucha por el socialismo. El autor
explica que fue precisamente el fortalecimiento de las
corrientes socialdemócratas, cuya estrategia era fortalecer
la democracia parlamentaria (burguesa) en detrimento de
las corrientes revolucionarias, lo que invitó a Gramsci a
teorizar sobre aquello.
este sentido, reere a que “la supremacía de un grupo
social se maniesta de dos modos, como ‘dominio’ y
como ‘dirección intelectual y moral’” (Gramsci, 2013;
p.486). Es decir, que además de la coerción propia de la
sociedad política, la cual se ejerce ante la participación
activa de los sectores antagónicos a la misma, el grupo
dominante es también dirección de los grupos anes o
aliados.
Entonces, la dirección de un grupo social sobre el
conjunto de la sociedad se genera a partir del consenso
de que dicho grupo es quien tiene la capacidad para
“movilizar la sociedad hacia adelante”, o en otras
palabras, progresar social y culturalmente, a la vez que
desarrollar las fuerzas productivas. Como bien indica
Thwaites Rey:
La supremacía de una clase aparece como un
momento sintético que unica la hegemonía y la
dominación, el consenso y la coerción, la dirección
y la dictadura en el Estado. Ahora bien, estos dos
momentos, estas dos funciones, existen en cualquier
forma de Estado, pero el hecho de que prime uno u otro
depende tanto de las características estructurales
de cada sociedad, como de la correlación de fuerzas
entre las clases sociales fundamentales, que se
expresa en los niveles económico, político, ideológico
y militar. (2004, p. 11)
Así, a la inversa - o más especíco, dialécticamente-, la
supremacía de un grupo no depende exclusivamente
de su articulación con la sociedad civil, sino que este
profundo desenvolvimiento de la superestructura no
ocurre si no se ve acompañado de un fuerte desarrollo
de las fuerzas productivas. Por esto, se trata de analizar
las formas en que el sistema de dominación combina la
coerción o el dominio con el consenso ideológico para
integrar las masas en el Estado, es decir, que se presente
al Estado como representante de toda la sociedad, y no
solo del grupo dominante.
De este modo, la hegemonía no debe ser pensada como
propia de un grupo social dominante, ni establecida
únicamente por aquel. Para comprender el concepto,
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Kalierof
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se precisa partir de la idea que para el autor representa
el Estado. Éste, a diferencia de la visión clásica
instrumentalista, es “el lugar privilegiado donde se
establecen las pujas y se materializan las correlaciones
de fuerza cambiantes en ‘equilibrio’, ‘inestables’
por denición, entre los grupos fundamentales
antagónicos” (Thwaites Rey, 2004, p. 13). Entonces, la
capacidad para generar hegemonía por parte del grupo
dominante tiene que ver con que esta logra imponer
una losofía, una moral, valores por los cuales se rige
el comportamiento social, y que estos se cristalicen y/o
expresen en el Estado.
En cuanto la clase dirigente logre articular el desarrollo
conjunto de la estructura material y la superestructura,
donde las condiciones materiales de existencia se
reejen en las formas organizativas e ideológicas que se
perciben en la sociedad
6
, el autor va a denir que, en esa
correspondencia, se ha conformado un bloque histórico.
Las contradicciones propias del sistema de producción
capitalista – que son, en última instancia, determinantes
7
- no son resueltas en el período que abarca dicho
bloque, sino que éstas se expresan conviviendo en la
superestructura, es decir, en la sociedad política y civil
respectivamente como coerción y consenso.
Sin embargo, cuando las contradicciones del modelo
económico ya no se corresponden con el sistema de
ideologías que impera en la sociedad, se produce lo
que Gramsci denomina crisis orgánica. El resultado
implica que no se sucede el desarrollo conjunto de
la superestructura y las condiciones materiales de
existencia. En palabras del autor:
6. Es importante aclarar sobre este punto que Gramsci
ubica la cristalización de las contradicciones en el Estado,
que es el conformante de un bloque histórico, o sea que
el conjunto complejo, contradictorio y discorde de las
superestructuras es el reflejo del conjunto de las relaciones
sociales de producción. De ello surge sólo un sistema
totalitario de ideologías que refleja dichas contradicciones
(de manera distorsionada).
7.En este punto, Gramsci confirma su adhesión al
materialismo histórico clásico de Marx, en el que “el ser
determina la conciencia”.
Si la clase dominante ha perdido el consentimiento,
o sea, ya no es «dirigente», sino sólo «dominante»,
detentadora de la mera fuerza coactiva, ello
signica que las grandes masas se han desprendido
de las ideologías tradicionales, no creen ya en
aquello en lo cual antes creían, etc. La crisis consiste
precisamente en que muere lo viejo sin que pueda
nacer lo nuevo, y en ese interregno ocurren los más
diversos fenómenos morbosos. (Gramsci, 2013; p.
313)
Consideramos importante destacar que no toda crisis
económica provoca mecánicamente una crisis orgánica.
En cuanto la clase dirigente pierde capacidad de dirigir
la sociedad económica (mejorando o manteniendo las
condiciones materiales de existencia) y culturalmente, el
bloque ideológico hegemónico que la constituye tiende
a disgregarse. El vacío de legitimidad o representación
política, va a extenderse tanto tiempo como el que se
requiera para que la crisis estructural se resuelva, o
por lo menos para que el grupo dirigente logre otorgar
concesiones a las clases subalternas.
De este modo, cuando nos referimos al proceso de
transición del régimen dictatorial hacia uno democrático
en la Argentina de este período, nos parece conducente
enmarcarlo en este cuerpo de teoría que abordamos.
El régimen dictatorial es un sistema de dominación en
el cual el Estado prima el ejercicio de la dominación
directa, es decir, la sociedad política hace uso -y abuso-
de su herramienta fundamental, la coerción. A su vez,
apelar a la coerción no se limita al uso de la fuerza
legítima, sino que esta herramienta construye y asienta
en la sociedad civil determinados valores morales e
ideologías que le son funcionales, es decir, reproduce su
hegemonía, genera consensos.
Por otro lado, el sistema de dominación democrático
aparece como parte de un entramado de ideologías
que escapan a la lógica meramente militar. El régimen
democrático, y sobre todo las clases subalternas que
lo reclaman (Quiroga, 2005), apela a la construcción de
consensos como primer recurso, utilizando para este
n las elecciones de los poderes ejecutivo y legislativo.
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La transición entre uno y otro régimen –en este caso–,
ocurren en un período de crisis de representación
política, de disputa por la hegemonía, no tanto así en el
plano económico.
Para complementar el análisis de estos sistemas
de dominación, es necesario explicitar los procesos
económicos especícos, siendo expeditivos sobre
el modelo estructural-material de producción en el
contexto de las crisis abordadas. En este sentido,
el modelo de valorización nanciera que forzó su
establecimiento interrumpiendo el modelo económico
anterior (de Industrialización por Sustitución de
Importaciones), se puede denir como:
Un planteo donde la valorización nanciera
del capital devino como el eje ordenador de las
relaciones económicas, lo cual, por cierto, no aludió
únicamente a la importancia que adquirió el sector
nanciero en la absorción y asignación del excedente
sino a un proceso más abarcativo que revolucionó el
comportamiento microeconómico de las grandes
rmas oligopólicas, así como el de la economía en su
conjunto. (Basualdo, 2006; p.130)
Para este cometido, el capital oligopólico local utilizó
como mecanismo la contracción de deuda externa
(fundamentalmente privada), transriendo dicho
capital a activos nancieros del mercado interno (títulos,
bonos, depósitos, etc.). De este modo, la centralidad
del sector nanciero radica en que, a diferencia de otros
modelos de acumulación, los capitales que ingresan al
país no se utilizan para inversión productiva (maquinaria
industrial o agropecuaria), sino “para obtener renta
nanciera dado que la tasa de interés interna (...) era
sistemáticamente superior al costo del endeudamiento
externo en el mercado internacional.” (Basualdo, 2006;
p.131).
Por modo o régimen de acumulación se entiende el
conjunto de regularidades que permiten un rumbo
sostenido, sorteando los desequilibrios inherentes
al sistema capitalista. La conguración de sus
características “dependen de la estructura económico-
social, de las luchas políticas y sociales que fueron
conformando esa estructura y de la composición del
bloque de clases que deviene dominante y que impone
un sendero de acumulación acorde con sus intereses”
(Arceo, 2003; p.19)
Como intentaremos desarrollar a lo largo del recorrido
histórico, los procesos puntuales de liberalización
económica entre los gobiernos abordados, se encuentran
explícitos en relación a los indicadores económicos que
constatan su presencia y efectos. De todos modos, y
para facilitar la lectura del contexto especíco, cabe
señalar que por liberalización económica entendemos
un conjunto de medidas tendientes a la desregulación
de la economía por parte del Estado, para de este
modo garantizar su eciencia y ecacia. Estas medidas
son por lo general, el achicamiento del gasto público
(privatizando servicios, menores subsidios para
inversión) para equilibrar el décit scal, la liberación
aduanera para importaciones y exportaciones, la
adquisición de deuda externa, entre otras.
Análisis histórico-analítico: dictadura
y democracia en Argentina, el
complejo proceso de transición.
Emprender el recorrido histórico por el interregno
analizado, precisa comenzar con la irrupción de un
modelo económico de valorización nanciera, situado
en el año 1976, de la mano de la última dictadura militar.
El “Proceso de Reorganización Nacional”, como se
autodenominó el gobierno de facto encabezado por
Rafael Videla, marcó un punto de inexión en la historia
política de nuestro país. Introdujo y sistematizó nuevas
prácticas coercitivas tales como la tortura, desaparición
forzada de personas y el secuestro sistematizado de
niños, acuerdos de convivencia restrictivos (en aspectos
sociales y culturales), la prohibición y censura de
opiniones y corrientes de pensamiento crítico, entre
otras. Esto se llevó a cabo con el objetivo de combatir la
denominada “subversión” en pos de “refundar” el país.
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No es objeto del presente trabajo ahondar sobre los
alcances del modelo político represivo (de coerción
por sobre el consenso) que caracterizó el gobierno
militar
8
, aunque es relevante mencionar que fue a partir
del mismo que se impuso el modelo económico. Nos
ocuparemos puntualmente de las medidas económicas
adoptadas en este período, así como de la situación
en qué se encontraban las clases subalternas (cuáles
eran sus demandas), para comprender el contexto que
condujo a la transición hacia el régimen democrático
con la gestión de Raúl Alfonsín.
A grandes rasgos, dos factores impulsaron la aplicación
de este nuevo modelo de acumulación. Uno de estos
factores fue externo: los organismos nancieros
internacionales que se encontraban con una situación
inédita de disponibilidad de liquidez de capital, a partir
de la llamada “crisis del petróleo” que sacudió al mundo
a mediados de los años 70
9
, y demandaban a los “países
en desarrollo” contraer deuda (Basualdo, 2006). El
otro factor fue interno, tuvo que ver con la decreciente
participación de la oligarquía pampeana en el total de las
exportaciones, ya que aún sus fracciones que se habían
diversicado a la rama industrial, perdían protagonismo
bajo el modelo acumulación industrial (Basualdo, 2006).
Si bien se abrió paso a una lógica de acumulación propia
del neoliberalismo, el inicio de su aplicación contuvo dos
enfoques distintos sobre cómo encarar las reformas:
uno liberal tecnócrata, y otro interventor corporativo.
Especícamente, al interior de las fuerzas armadas,
8. Más detalles sobre este proceso, se puede consultar
el libro de Algañaraz, Victor y Casas, José “Memorias de
Otro Territorio. Genocidio y Control Social. La Dictadura
en San Juan”
9. La decisión de los países integrantes de la Organización
de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de aumentar
el precio del crudo, como represalia al apoyo de Estados
Unidos a Israel en su conquista de territorios Árabes en
la Guerra de los Seis Días en 1967, produjo una nueva
correlación de fuerzas mundial que impactó en los países
desarrollados occidentales. Para ver más sobre sus efectos
mundiales y locales, consultar Barrera, Mariano y Vitto,
Cecilia “El Plan Energético del Tercer Gobierno Peronista
(1973-1976): potencialidades, limitaciones y consecuencias
de la crisis del petróleo”.
“existió una divergencia (...) con respecto al papel que el
Estado debía jugar en el proceso económico” (Castellani,
2008; p.132). Pero este papel en disputa, no podía ser
el mismo que en el modelo anterior, congurando
un modelo al que la literatura económica se reere
como liberal-corporativo. La rama intervencionista
de las Fuerzas Armadas y el ministro Martínez de
Hoz, acordaron la promoción de determinadas áreas
industriales. Como indica Castellani (2008) hay un
deterioro en la calidad de la intervención, ya que, para
que el complejo económico estatal-privado
10
adquiriese
una dinámica expansiva, se orientó las políticas
subsidiarias de la etapa anterior a “un reducido espectro
de grandes rmas” (2008; p.133).
De modo similar, Joseph Ramos (1984) indica que la
política económica presentó tres etapas claramente
identicables. Partiendo del diagnóstico de que, desde
la década del ’30, se castigaba a las exportaciones
tradicionales para nanciar con sus ingresos una
industrialización poco eciente, la fase I (1976-1978), se
caracterizó por el control de los salarios en lo interno,
con una contracción de un tercio con respecto al período
anterior, y por un alto tipo de cambio real en lo externo.
Al beneciar las exportaciones “mejoró notablemente
la situación del balance de pagos, pero se redujo solo
parcialmente la inación” (Ramos, 1984; p.50-51) ya
que las empresas industriales ajustaban fácilmente los
costos al tipo de cambio.
Cabe aclarar que el control de los salarios fue el único de
los precios que no se liberalizó. En esta etapa también
se comienza con la reforma del sistema nanciero,
abriendo la economía a “los ujos internacionales de
bienes y capitales” (Castellani, 2008; p.135) y eliminando
el control del Banco Central sobre los mismos.
Por otra parte, “en la fase II (mayo de 1978-principios
de 1981), se aprovecha la disponibilidad de capital
10. Según Castellani (2008), este concepto refiere a “las
actividades económicas que realiza el Estado a través de
sus empresas y reparticiones en articulación con algunas
firmas privadas que se vinculan como contratistas,
proveedoras y/o clientas” (p.144)
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externo y la mayor apertura nanciera” (Ramos, 1984;
p.51) y cambia la estrategia del gobierno para revertir
la recesión. Se ajusta la tasa de cambio a la inación
total prevista para el n de cada año y se aumenta la
tasa de interés, al tiempo que se reducen los aranceles,
para promover la entrada de capitales extranjeros.
Esto generó mayor competencia para los productos
industriales. Además, se mejoró la balanza de pagos,
ya que la tasa de interés era superior a la inación y
devaluación de la moneda, y que efectivamente atrajo
dólares externos. Así,
Por motivos similares, parecía muy conveniente
endeudarse en moneda extranjera, pues mientras la
inación doméstica fuera superior a la devaluación,
esas tasas reales serían bajas o negativas para el
deudor. De ahí que mientras se mantuvo la conanza
en el cumplimiento de la política cambiaria pre-
anunciada y se siguió creyendo que la inación
interna sería superior al ritmo de devaluación, la
entrada de capitales fue formidable. (Ramos, 1984;
p.57)
Pero por motivos explicados anteriormente, la
inación superó la devaluación, así como la apreciación
internacional del dólar, lo que provocó un atraso
cambiario (favoreciendo importaciones por sobre la
industria nacional) que se combatió con la suba de la
tasa de interés mensual de 4% (Ramos, 1984).
Con la adopción de tales medidas, se avecinaba un
panorama adverso para la industria nacional. De hecho,
el “producto bruto del sector cayó cerca de 20 por ciento”
(Castellani, 2008; p.137) en el período total de la gestión.
Aun así, como se observa, el modelo de valorización
nanciera se consolidaba y rendía beneciosamente
para los grupos concentrados de la economía
11
. Dichos
11. Como considera Castellani (2008), la “cúpula”
empresarial está compuesta por cien empresas privadas
que presentan la mayor cantidad y valores de ventas
anuales. Por nombrar algunas de las vinculadas a uno o
más rubros industriales, se encuentran Pérez Companc,
Techint, Loma Negra, Macri, Arcor, Bagley, entre otras.
grupos tuvieron un crecimiento diferencial de los demás
grupos industriales no vinculados al mecanismo del
Estado, como expone Castellani (2008) “las tasas de
rentabilidad obtenidas por las rmas (...) de los grupos
locales vinculados al complejo (...) entre 1976 y 1983
(pasando de 8.1 a 20.3 por ciento)” (p.156) y en 1983, la
misma tasa para los grupos no vinculados fue de 8.2 por
ciento.
De esta forma, la corta fase III (principios de 1981 a
1982) anticipaba la salida del régimen dictatorial que
había recortado al grueso de la población trabajadora
de los planes económicos. El creciente endeudamiento,
por no haber ido acompañado de la correspondiente
contrapartida en la capacidad de pago, precipita una
crisis nanciera, tanto interna (quiebras bancarias)
como externa (fuerte caída de reservas), que obliga a
una serie de devaluaciones masivas y redundó en una
disminución de 6% anual en el producto en 1981 y 1982.
(Ramos, 1984).
Los cambios estructurales producidos por la gestión
liberal-corporativa para la cúpula de las empresas
con tasas de rentabilidad más altas, permitieron el
crecimiento y ramicación de las mismas sementando
un circuito de transferencias directas y de oportunidades
creadas. Estas últimas son, entre otras: “acceso a la
promoción industrial, obtención de créditos en el
mercado externo, valorización de sus activos líquidos
en el sector nanciero (...), estatización de parte de los
pasivos contraídos en el exterior, mantenimiento de la
condición de proveedoras del Estado.” (Castellani, 2008;
p.160). Destacamos sobre esto, la contradicción entre
el discurso de ineciencia industrial al inicio, con los
resultados nales de la gestión que sostuvo la inación
y el décit scal como consecuencia de su propia lógica
acumulativa, en detrimento de los intereses de la clase
trabajadora.
Esta es, en términos generales, la herencia que recibió
Raúl Alfonsín. Como se indicó anteriormente, el gran
caudal de votos en las elecciones de 1983 (casi 52%),
lo dispuso como el líder político competente para
consolidar el régimen democrático incipiente. Aquí
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cabe preguntarnos, sin pretender arribar a una postura
univoca, si fue este proceso el comienzo de un bloque
histórico (en 1983) que ponía n a casi medio siglo de
golpes de Estado y democracias débiles. De no ser así,
si fue este el segundo capítulo (el primero, iniciado
en 1976) del proceso que se dispuso a cerrar una crisis
orgánica en que convivieron el modelo desarrollista
y agroexportador
12
, disputándose la hegemonía, y
que, nalmente, consolidó este innovador régimen de
acumulación a través de un nuevo sistema totalitario de
ideologías que conviven siendo hegemónico el régimen
democrático.
Como indica Quiroga, aanzar una “cultura democrática”
de plena conanza en las instituciones, requiere de “un
proceso histórico (...) para poder desarrollar costumbres
y creencias en las que pueda apoyarse la construcción
institucional de la democracia” (2005; p.91). En este
sentido, para desarrollar una cultura democrática, el
gobierno de Alfonsín sostuvo una política favorable,
en la que se apoyó fuertemente en la movilización y
participación popular. Se puede argumentar que supo
interpretar las tareas que demandaba el período, ya
que, como indica Quiroga la “esfera pública halló su
representación institucionalizada en el Parlamento, (...)
ya no podía ser identicada con los actores políticos
de nales de la dictadura (...)” (2005; p.95). Entonces,
la incorporación social al nuevo régimen fue a la vez,
paradójicamente, el sostén del mismo, en gran parte
por esta adhesión.
En este punto, generar consensos con las clases
subalternas y la sociedad civil, era parte fundamental
no sólo para consolidar un tipo de régimen democrático
perdurable, sino también para distanciarse de los
grupos militares que amenazaban por el persistente
pasado autoritario (Díaz, 2008). Los resabios de la
última dictadura militar se manifestaban también por
sus intereses, ya que si bien el proceso en curso los
12.Según J. Ramos (1984), Martinez de Hoz se proponía
“reencauzar la estrategia de desarrollo semi-cerrada que
había estado siguiendo el país desde la Gran Crisis de los
años treinta.”
alejaba de la posibilidad de consolidarse nuevamente
como parte del gobierno, la lucha por su absolución e
impunidad todavía estaba en juego.
La estabilidad política que generaba esta estrategia
de gobierno democrático, construida en oposición al
pasado de dictaduras, no lograría ser constante, tanto
por factores políticos como económicos (Díaz, 2008).
Con respecto a los segundos, el ministro Bernardo
Grinspun, de esquema desarrollista, pretendió
aumentar las inversiones productivas a través de un
aumento de sueldos (es decir, aumentando el consumo).
Pero la lógica de apropiación de los excedentes tuvo un
profundo cambio durante la dirección de Martínez de
Hoz, y estos no se traducían en capital productivo, sino
en capital nanciero (Wainer, 2010). Como demuestra
Basualdo (2006), en su elaboración, la evolución de la
Deuda Externa Neta, sus intereses y la fuga de capitales,
venían aumentando con mayores intervalos desde la
dictadura, y comparativamente con respecto al resto de
América Latina:
Gráco 1: Evolución de la Deuda externa, Fuga de
capitales e Intereses pagados 1975-2001 (Miles de
Millones de Dólares)
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En este sentido, podría decirse que el esquema
económico del desarrollismo no encontró asidero en los
criterios de acumulación de los grupos concentrados
13
.
Del mismo modo, los intentos de Grinspun de acordar
concesiones de cantidad y de plazo con los acreedores
de la deuda externa pública y privada, representados
por el FMI y el Club de París, resultaron poco útiles ante
la medida de la Reserva Federal de los Estados Unidos
de aumentar la tasa de interés (lo cual genera un gran
ujo de capitales desde países dependientes hacia
dicho país). El FMI, a partir de la decisión negativa de
renegociar, impone su modelo de ajuste para pagar la
deuda, es decir, revertir el décit scal. Nuevamente,
el esquema desarrollista no logró restringir los niveles
de acumulación de los sectores concentrados, que
continuaban en su circuito nanciero, y que desencadenó
en la renuncia del ministro.
A inicios de 1985 asume el Ministerio de Economía
Sourrouille, quien pretendió “controlar la inación y
reducir el décit scal y luego, a partir de lograr controlar
13.Estos, durante la dictadura encontraron el terreno
fértil para expandirse y, como explica Wainer (2010) y
Basualdo (2006), abarcar ramas enteras de la producción,
proveyéndose a sí mismos los insumos necesarios.
estas dos variables, (...), el crecimiento económico”
(Wainer, 2010; p.91). Para este propósito, se diseñó un
conjunto de medidas de shock conocidas como Plan
Austral (se convierte la moneda con este nombre), con
lo cual se liberaron los precios retenidos y se aumentó
la tasa de cambio para favorecer las exportaciones
y generar capacidad de pago. Si bien se reduce la
inación, la continuación de los benecios económicos
y exenciones impositivas
14
para el capital dirigente de
la industria, no permitieron la reactivación mediante
la inversión, sino que siguieron fomentando la fuga de
capitales (Wainer, 2010).
La matriz económica no sólo no se vio afectada,
sino que además comenzó a ejercer presión para
sortear las medidas del Plan Austral, que funcionaron
como paliativos para la recesión, pero no como
medidas de reestructuración. En efecto, tanto los
grupos concentrados internos como los acreedores
externos, reclamaron la liberación de los precios, a la
vez que las clases subalternas hicieron lo propio con
14. Lo que se propuso fue un régimen de promoción
industrial, que consistía en subsidios para la producción de
determinados y eliminación de impuestos sobre
insumos.
Fuente: Basualdo (2006; p.132)
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respecto a sus salarios. Estas medidas recrudecieron
la recesión, provocando más inación, crecimiento
de la desocupación y subocupación, y mayor fuga de
capitales.
De este modo, comenzaba lo que sería la espiral que
concluiría con la hiperinación del año 1989, dando por
perdida la década de los ’80
15
y con la salida anticipada
del gobierno de Alfonsín. Los factores políticos
mencionados anteriormente, que promovieron el
deterioro, serían también condicionantes para las
respuestas económicas que esbozó el gobierno. En este
sentido, Quiroga (2005) ilustra tangencialmente los
vaivenes de la estrategia de participación política del
gobierno, demarcados por las posturas del peronismo
sindical y político por un lado, la Iglesia por otro, pero
fundamentalmente por los grupos militares. Además,
las instituciones del Estado argentino, tanto políticas y
sociales o civiles, como las judiciales (Corte Suprema),
no lograron consolidar un funcionamiento proclive
a legitimarlas, reproduciendo entrecortadamente
distintas estrategias, como, por ejemplo, la incompleta
aplicación de la Constitución Nacional (Quiroga, 2005).
Esto entorpeció la puesta en funcionamiento del
régimen democrático.
En el camino de esta creación de un nuevo orden,
el carácter de la sociedad civil se expresaba
fundamentalmente en la decisión de superar el
deterioro político y cultural que arrastraba la Argentina
producto del régimen represivo autoritario. Por un lado,
el pronto juicio a las juntas militares y la labor de la
Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas
(CONADEP), funcionaron como canales por los cuales
se pudo aanzar la democracia (Díaz, 2008). Las tareas
de recolección de denuncias y pruebas reejan el grado
de compromiso de esta nueva articulación (Estado-
sociedad civil) con las demandas de democracia.
Sin embargo, en febrero de 1984, la reforma del
15.En toda América Latina, se conoce esta década como
la “década perdida”, tanto por las crisis de Deuda Externa
generalizadas como por el clima de dictaduras, algunas
superadas y otras vigentes, dependiendo de cada país.
Código de Justicia Militar establecería tres niveles de
responsabilidad en la represión antisubversiva e iniciaría
una etapa de fuertes disputas con la justicia civil y el
gobierno democrático (Quiroga, 2005).
Por otro lado, el Congreso Nacional Pedagógico fue el
espacio de deliberación y proposición hacia una nueva
Ley de Educación. Como indica Quiroga “Lo que estaba
en juego en la propuesta del gobierno radical no era
sólo la discusión de una ley sino el sistema educativo
y cultural que modelaría a las futuras generaciones de
argentinos” (2005; p.107). De modo que, como marca
la historia educativa argentina, la Iglesia no sería
observadora de este proceso, sino que, a fuerza de
sus intereses en la educación privada, tomaría un rol
protagónico, logrando una participación central en la
redacción de los documentos nales del Congreso.
La agenda política de consolidación democrática
no contó con mayores “trincheras” sobre las cuales
reforzar su solidez. Uno de las últimas medidas que
logró oxigenar la gobernabilidad fue la gran adhesión
que generó el Plan Austral, lanzado en 1985, que generó
expectativas para mejorar el acontecer económico.
Estas, según Quiroga, fueron “vías de deliberación
convencional y no convencional” que ampliaron
“tanto los temas como los lugares de discusión entre
gobernantes y gobernados (...)” (2005; p.95-96). Cabe
destacar que, dado el contexto, hubo sectores que
adhirieron fuertemente al proyecto alfonsinista con
estas trincheras como vanguardia.
Los intentos de democratización sindical encontraron
resistencia inmediata por parte del peronismo, quien
voto negativamente la ley que para tal n presentara
el Ministro de Trabajo Mucci (provocando su renuncia),
y que continuó con trece paros nacionales desde enero
de 1984 impulsados por la CGT de Saúl Ubaldini. Pero
es el año 1985 (el mismo año del lanzamiento del Plan
Austral) el que marcaría un punto de inexión en las
posturas políticas y económicas de Alfonsín.
Como indicamos, la historia de disputas entre la Justicia
Militar y la Civil abrió un nuevo capítulo desde la reforma
| 151
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del Código. Pero la iniciación del juicio a los comandantes
el 22 de abril de 1985, encendió la sensación de
inminencia de un golpe de estado. Un conjunto de
amenazas de los sectores más conservadores, forzó
al Presidente a denunciar la conspiración golpista y
convocar al conjunto de la sociedad a salir en defensa
del sistema democrático (Quiroga, 2005). El episodio
concluye con el discurso de Alfonsín en Plaza de Mayo,
con una postura que resquebrajaría los frágiles acuerdos
con el resto del campo político, anunciando economía
de guerra, es decir, medidas de austeridad. Se hacía
referencia a medidas de modernización social, que
rompían con los conceptos del radicalismo tradicional
republicano (Díaz, 2008).
Dicha etapa prosigue con la declaración de “estado de
sitio” por sesenta días en octubre del mismo año, ante
las recurrentes amenazas de golpe, que continuaría con
las dicultades de cumplir los propósitos democráticos,
al concluir con el ascenso de cargo a dos ociales
denunciados por complotar contra el régimen vigente.
Aún se contaba con recursos consensuales, lo cual
se aprovechó para conformar el Consejo para la
Consolidación de la Democracia
16
, pero nuevamente,
signicó otra trinchera frustrada.
Según Quiroga (2005; p.110), este Consejo se formó
“con la misión de elaborar un proyecto transformador
fundado en la ética de la solidaridad y en la democracia
participativa”. A partir de ello, se procuraba la posibilidad
de una reforma constitucional, con el objetivo, entre
otros puntos, de modicar el régimen presidencialista
por un régimen semipresidencial. Por la manera en que
se reconstruye el proceso, es natural que indiquemos la
escasa aceptación del proyecto desde el peronismo y
por parte del radicalismo.
El deterioro conjunto de representatividad política en
la sociedad civil y de recesión económica (desde la que
comenzaba la espiral y subsiguiente golpe económico)
16.Fue creado en diciembre de 1985. El mismo estaba
coordinado por el filósofo del derecho Carlos Nino e
integrado por juristas, políticos, y personalidades de
actuación en la vida nacional.
determinaron en gran medida los márgenes de acción
del gobierno, los cuales se hacían cada vez más
estrechos. La opinión de Quiroga (2005) al respecto, es
que el gobierno dejó pasar la oportunidad en 1985, de
convocar y canalizar la participación ciudadana hacia
órganos que excediesen el control o dirección partidaria
radical. A su vez, Díaz (2008; p.115) agrega que: “el
discurso de Raúl Alfonsín en Parque Norte a nes de
1985, contribuyó a entronizar el discurso de la técnica y
a despolitizar los proyectos de transformación el país.”.
Es decir, en el mismo sentido, este período de inexión
apostó a los consensos para desmovilizar, y no para
redoblar los mismos en base a la participación política
democrática, que era su punto fuerte.
En febrero de 1986, Sourrouille anunció la segunda
etapa del plan Austral. Como se indicó anteriormente,
los grupos concentrados de la economía ejercieron
presión para que se exibilizara el control de precios.
Pero a vez, los compromisos externos requerían de un
cambio de estrategia, ya que “cada vez aumentan más
los pagos de intereses y de capital de la deuda, por lo
tanto, reaparece el problema scal” (Wainer, 2010;
p.93). Pero este cambio se basó en un diagnóstico que
entendía que la base de los problemas era el Estado
“populista”, la poca productividad de las empresas, la
poca competitividad del mercado argentino que no
era atractivo para inversiones, a la vez sin capacidad de
demanda, entre otros factores. Esta manera de abordar
el problema, condicionaba las posibles soluciones.
Como indicamos, el problema de la etapa era la
adaptación al modelo inaugurado por la dictadura,
de valorización nanciera. De este modo, la segunda
etapa ortodoxa del Plan Austral liberalizó la economía
y promovía las exportaciones para afrontar la deuda,
lo que consecuentemente (y omitiendo otros factores)
desencadenó nuevamente la inación. A una nueva
estrategia económica le correspondió un nuevo marco
de alianzas políticas. A principios de 1987, a costa de
desplazar de sectores históricos del radicalismo a
dirigentes de la Junta Coordinadora Nacional
17
, se dejó
17. La Junta Coordinadora Nacional, agrupamiento de
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de lado las pretensiones de democratizar los sindicatos;
se acercó al Grupo de los 15 (opositores a la CGT de
Ubaldini) y se designó a Carlos Alderete, del gremio Luz
y Fuerza, como Ministro de Trabajo.
Si bien eran oposición, la designación del nuevo
Ministro era bien vista por parte de la CGT, por su
lógica corporativista. En contraparte, dicha alianza
provocó bajas expectativas en gran parte de la base
social alfonsinista. Pero las desilusiones no abrían de
acabar pronto. En la Semana Santa de 1987, los grupos
militares abrían de aprovechar la correlación de fuerzas
decreciente para el gobierno y llevaron al límite el
reclamo de sus demandas. Vale aclarar que cuatro
meses antes, dando inicio al período de pactos con este
sector, el gobierno había sancionado la ley de Punto
Final, cuyo sentido era:
“Evitar tanto la proliferación de los juicios como
disipar el estado de sospecha que pesaba sobre
la institución militar, para lo cual se promovía la
aceleración de las causas y la jación de un término
de prescripción de la acción penal.” (Quiroga, 2005;
p.103)
Los plazos establecidos de 30 y 60 días para denuncias
nuevas y procesamiento a los ya denunciados,
signicaban un importante obstáculo para la justicia.
Encabezados por Aldo Rico, los “carapintadas”
mantuvieron en vilo al país por cuatro días, amotinados
en Campo de Mayo. Sobre este episodio, nos
permitimos armar que, como indica Díaz (2008; p.115)
“Las jornadas de Semana Santa de 1987 expresaron
la disociación entre discurso y acción, arrastrando en
su derrumbe la credibilidad del gobierno y el estilo de
democracia de masas movilizadas”. El viraje político
iniciado en 1985 se terminaba de denir.
la juventud radical, se funda en 1968 en oposición a la
dictadura de Onganía y conformaban el ala socialdemócrata
de dicho partido. Militaron la vuelta a la democracia junto
a Alfonsín y fueron parte del Movimiento de Renovación
y Cambio, la fracción interna radical que proponía al
dirigente como candidato.
Dos meses después del evento y de “la casa está en
orden” (frase célebre del discurso de Alfonsín ante la
resolución), se sancionaba la ley de Obediencia Debida,
que dotaba a ociales jefes, ociales subalternos,
y subociales de las FFAA de “presunción de pleno
derecho” ya que “no eran punibles por los delitos
cometidos en la lucha contra el terrorismo por haber
obrado en virtud de obediencia debida” (Quiroga, 2005;
p.104). Los episodios de levantamiento continuarían
apareciendo, en enero y diciembre de 1988 y luego,
con el gobierno de Menem, en 1990. Los sectores de
las FFAA demostraban que les era más importante el
reconocimiento social de su lucha por la patria que estar
al servicio del gobierno civil.
El consenso logrado por la encarnación de las
demandas populares de democracia, se encontraba
irreversiblemente dañado. Luego de ganar las elecciones
de 1983 con el 52% de los votos, la disminución de
apoyo se haría notar en las elecciones de 1985, en la
cual perdió catorce puntos con respecto a las elecciones
anteriores. Empero, en las elecciones del año 1987 el
partido peronista logró rearmar su movimiento, ya
que “recuperó su caudal electoral histórico, obtuvo el
41,48% de los votos, el control de diecisiete provincias
y la mayoría en la cámara de diputados” (Quiroga, 2005;
p.113). Los factores que coadyuvaron a este giro fueron
tanto el deterioro del radicalismo como la renovación
que experimentó el peronismo de la mano de Antonio
Caero, gobernador electo de la provincia de Buenos
Aires dicho año.
Este proceso de disgregación de grupos y alianzas
políticas, el rearmado del peronismo y la insistencia de
sectores militares, impactaría también en el consenso
que se articuló con las clases subalternas. Los más
involucrados de estos últimos, representados tanto en
la CGT como en el grupo de los 15, también exigieron
la separación del proyecto de gobierno. Esto provocó
la renuncia del Ministro de Trabajo Alderete, y la
reubicación de dirigentes radicales con un perl más
liberal en otros ministerios como Interior y Obras y
Servicios Públicos.
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Este es el panorama bajo el cual se inició la última etapa
económica conocida como Plan Primavera. El mismo,
a cargo del Ministro Sourrouille, contaba con el apoyo
del Banco Mundial y el gobierno de los Estados Unidos,
con el objetivo de cumplir con los plazos de deuda, que a
nes del año 1988 se deja de pagar. Este plan convocaba
a nuevas medidas de ajuste (congelamiento de tarifas
y salarios públicos, devaluación de la moneda) y un
acuerdo con la Unión Industrial Argentina y la Cámara
de Comercio para contener precios (Wainer, 2010). Pero
a principios del año 1989 el Banco Mundial retira su
apoyo y abandona la ayuda nanciera, dado que no se
retoman los pagos a los acreedores. Esto produjo una
corrida cambiaria hacia el dólar, dando inicio al proceso
de hiperinación que le costó el cargo a Sourouille, y
luego a Carlos Pugliese.
Como mencionamos anteriormente, el esquema de
transferencias del Estado hacia los grupos concentrados
internos iniciado con la dictadura militar, se sostuvo
durante el mandato de Alfonsín. De hecho, entre los
años 1981 y 1989 por subsidios y promociones, “se
le transeren al menos 67 mil millones de dólares, es
decir, más o menos el 10% del PBI” (Wainer, 2010;
p.98), pero las inversiones totales en el mismo período
tienen un saldo negativo. Es importante marcarlo ya
que las medidas adoptadas en todo el período contra
la inación (control de precios) y el décit scal, si bien
se reducen considerablemente en algunos lapsos, no
se logran revertir por estas transferencias. A la vez, la
estatización de la deuda externa privada, implica que
estas transferencias se dan en dos sentidos, interna y
externamente.
Entonces, la hiperinación se comprende como producto
de una disputa interna de los sectores dominantes.
Los acreedores externos, al comprobar que los grupos
internos de la economía continuaban percibiendo
las transferencias del Estado y, como agravante, que
la deuda externa (sus aportes) estaba nanciando la
fuga de capitales (Wainer, 2010), es que llevan a cabo
el “golpe económico”, a través de la corrida cambiaria.
Este proceso se da como consecuencia de la lógica de
valorización nanciera, explicitada anteriormente. Las
consecuencias para las clases subalternas, producto
de la hiperinación, son la caída del salario real y el
aumento acelerado de la desocupación, la pobreza y la
indigencia. Observamos que, a lo largo de esta gestión,
las propuestas para afrontar el décit heredado y los
compromisos externos, compartieron el sentido de
ajuste hacia la mayoría de la población, y no hacia los
grupos concentrados y oligopólicos de la economía.
Análisis sintético-reflexivo:
algunas consideraciones finales.
Situándonos en los elementos teóricos e históricos
expuestos, nos permitimos reexionar tangencialmente
sobre el problema en estudio, intentando responder a las
preguntas propuestas. No pretendemos concluir o jar
una posición determinante sobre el proceso, sino aportar
al debate socio-histórico sobre la caracterización de los
procesos en nuestro país. A grandes rasgos, se trata de
indicar elementos del pasado, o hechos empíricos para
contrastarlos con los aportes teóricos seleccionados.
Comprender los procesos que conguran el presente
es la clave para articular respuestas y acciones que
direccionen el porvenir.
En este sentido, observamos que, en efecto, existió un
hilo de continuidad en la aplicación y sostenimiento de
un modelo de acumulación basado en la valorización
nanciera, en el período seleccionado. Y no solamente
se continuó en el sentido estricto del modelo,
conocido como bicicleta nanciera, como lo denimos
anteriormente, sino que, además, se sostuvieron
los mecanismos de nanciamiento, de transferencia
de ingresos sedimentados bajo el primer gobierno
analizado hacia los grupos concentrados de la economía
(externos, pero fundamentalmente internos).
En cuanto al sistema de representación política, el
proceso de transición de un régimen dictatorial hacia
uno democrático hace evidente la ruptura. Podemos
argumentar que la correlación de fuerzas dispuso a la
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dictadura como momento de coerción de los grupos
dominantes, ya que estos no pudieron presentarse
anteriormente como dirección del conjunto de la
sociedad. Del mismo modo, la dictadura comienza a
construir su sistema de trincheras en la sociedad civil,
no sólo apelando al conjunto de la sociedad a apoyar
la guerra contra la subversión, sino fundamentalmente
representando los intereses de fracciones dominantes
en el Estado, beneciando a estas con las medidas
adoptadas.
Por otro lado, este esquema económico no logra
desarrollar el conjunto de las fuerzas productivas, es
decir, no logra integrar las masas al Estado. A la vez,
no solo es la dictadura detentadora de mera fuerza
coactiva, sino que tampoco la sociedad civil (que era
de por sí reducida y/o prohibida, por los intereses
concentrados que representa el Estado) logra integrarlas
consensualmente, lo que provoca la disgregación del
bloque de ideologías, y las masas reclaman un régimen
democrático.
Bajo estas consideraciones, podríamos decir que la
dictadura fue parte última de una crisis orgánica, en la
cual se sucedían gobiernos electos con interrupciones
militares que re-direccionaban aspectos políticos y
económicos, pero nunca eliminando por completo el
sistema anterior de dominación, es decir, lo viejo no
terminaba de morir (el modelo agroexportador) ni lo
nuevo de nacer (el modelo de industrialización por
sustitución de importaciones). La dictadura sería el
último capítulo de esta crisis orgánica, imponiendo
un nuevo modelo (que, sin embargo, sintetizaba los
anteriores) pero haciéndolo a costa de hegemonizar
ideológicamente la sociedad, sin que esta progresara
social y culturalmente.
Empero, las clases subalternas no percibieron mejoras
sustanciales en el período analizado. Al no desarrollarse
las fuerzas productivas, no hubo lugar a que éstas
pudieran mejorar su calidad de vida. Aun así, hubo
un momento de fuerte representación política de las
mismas en el proceso democrático, expresado en el
voto masivo a Raúl Alfonsín, y la participación en los
primeros años de su gobierno. Claro está que, además
de hegemonizar el sistema de dominación en base al
régimen democrático, las esperanzas puestas en el
nuevo gobierno también eran de una mejora del poder
adquisitivo de las masas, en una mejor calidad de vida.
La falta de desarrollo de fuerzas productivas para el
conjunto de la sociedad desde 1976, con años de alta
inación, pasando por la crisis económica de 1989
y alcanzando luego a la gran crisis económica y de
representación política del año 2001, podría tomarse
como un período de crisis estructural del modelo de
valorización nanciera, correspondida por una serie de
medidas tendientes a la liberalización de la economía,
o neoliberalismo. Pero los consensos generados por el
gobierno de Alfonsín, la hegemonía generada a partir de
los valores propios de un régimen democrático, indican
que dicho gobierno contó con la legitimación necesaria
para dar ruedo a las continuidades expuestas. Y aunque
a lo largo de este gobierno, los consensos generados se
fueron perdiendo por la incapacidad de sometimiento
del régimen anterior, el proceso hiperinacionario fue
causado por parte de los grupos dominantes.
Claro que dicho golpe económico se apoyó en la pérdida
de consenso del gobierno, como vimos anteriormente,
ya que este no tenía la capacidad de movilizar en su
favor a las masas. Pero en este proceso, no fueron el
conjunto de las clases subalternas las que generaron
la crisis política, sino que los reclamos de las clases
subalternas frente a la hiperinación (que deriva en la
salida anticipada del gobierno) fueron consecuencia
de que los grupos dominantes querían terminar las
reformas estructurales de privatización y achicamiento
del Estado.
De este modo, entendemos que la dictadura militar de
1976 marcó un punto de inexión, como cierre de una
etapa y comienzo de otra. Pero para caracterizar este
año como el comienzo de un bloque histórico (o cierre
de una crisis orgánica), o por otro lado, indicar que esta
apertura se da en 1983 mediante la transición hacia un
régimen representativamente hegemónico, volvemos
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sobre las dimensiones de análisis.
Sobre las características del modelo económico,
proponemos actualizar la idea de desarrollo de las
fuerzas productivas. Al ser un punto clave para consolidar
un sistema de dominación según Gramsci, y contrastarlo
con un modelo que se propone canalizar el capital para
generar más capital sin inversiones productivas, no se
puede hablar propiamente de desarrollo. Sin embargo,
en ambos gobiernos hubo episodios en que se acordaba
con distintos sectores medidas como congelamiento
de precios por determinados períodos, así como de
salarios. Durante el gobierno de Alfonsín también hay
acuerdos con los grupos sindicales, por lo que puede
decirse que se representó a la clase trabajadora en el
Estado. La reexión al respecto es que, a partir de la
sistematización coercitiva de la dictadura, la correlación
de fuerzas de las clases subalternas fue decreciendo
dentro del modelo económico.
La dimensión política muestra otros aspectos, aunque
relacionados. El régimen dictatorial no consolidó (o
no pretendió) una hegemonía tendiente a desterrar
las ideas subversivas (revolucionarias), por lo que las
clases subalternas impusieron su visión del mundo,
representada en los valores democráticos. De este
modo, mediante la disputa política se consiguieron una
base de acuerdos económicos, si bien endebles. Pero la
real imposición de las masas, más que económica, fue
la de limitar a la sociedad política en el uso del aparato
represivo del Estado. Alfonsín asume representando (y
condicionado) por dicho aspecto. Rescatamos el hecho
de que, en el proceso hiperinacionario, la literatura al
respecto no destaca conictos o enfrentamientos en
que se hiciera uso de la represión.
Por último, consideramos que, a grandes rasgos,
el deterioro económico que generó el modelo de
valorización nanciera sostuvo (o sintetizó) algunos
rasgos del modelo anterior. La reforma estructural
neoliberal sin embargo, se llevó a cabo en el período
posterior, bajo el gobierno menemista. Tomando en
cuenta este aspecto, consideramos que el período
abordado se caracterizó por una fuerte disputa
hegemónica entre modelos político-económicos, uno
dictatorial y otro democrático, uno intervencionista
y otro liberal, y que estas disputas se expresaron
conviviendo en el Estado. Los períodos anteriores, a su
vez, expresan una disputa similar, aunque quizás con
otra correlación de fuerzas entre las clases antagónicas.
Al respecto, se abre un nuevo interrogante, de si la crisis
orgánica es tan extensa como la historia de los golpes
de Estado, iniciada en 1930, en que conviven estos
modelos. Por lo que respecta a este trabajo, el período
presentado no expresa las características de un bloque
histórico, sino la de una crisis orgánica que, pareciera,
recién comenzaba a resolverse.
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TRAMAS SOCIALES | Nº 02 | Año 02 | ISSN 2683-8095
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Guzmán, María Florencia
1
1.Licenciada en Sociología y Profesora en Sociología por
la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). Doctoranda
en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Cuyo
(UNCUYO) y Becaria doctoral de CONICET con lugar de
trabajo en el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas
(IISE, Facultad de Ciencias Sociales, UNSJ).
Recepción:12/03/2020 | Aceptación: 15/04/2020
LA AUTOGESTIÓN OBRERA EN ARGENTINA COMO ALTERNATIVA A LA CRISIS CAPITALISTA.
EXPERIENCIAS E HISTORIAS DE ‘EMPRESAS RECUPERADAS POR SUS TRABAJADORES’ EN SAN JUAN.
Prado, Flavia Cecilia
1
Resumen:
La autogestión de empresas en San Juan dista mucho, en
términos cuantitativos, de la magnitud que el fenómeno
ha alcanzado en los grandes centros poblacionales
del país. Sin embargo, su abordaje cualitativo es
importante, ya que si bien se registran sólo dos casos
exitosos de Empresas Recuperadas (Hotel Cacique
Pismanta y Aserradero Santiago), éstas no son las únicas
experiencias de autogestión, destacándose también
la situación de la Fábrica de Galletitas Dilexis, el Hotel
Nogaró y la Cerámica San Juan. Por ello, este trabajo
procura describir las diferentes experiencias exitosas y
no exitosas de recuperación de empresas y enmarcar el
fenómeno en la trama del contexto nacional.
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Worker´s self-management in Argentina as an
alternative to the capitalist crisis. Experiences
and stories of ´Enterprises Recovered by their
Workers´ in San Juan.
El abordaje metodológico es de carácter exploratorio/
descriptivo, orientado a la reconstrucción de las
condiciones y condicionamientos histórico-estructurales
apuntando a reintroducir las experiencias, situaciones
y actores implicados en los procesos. En el análisis
se articulan bibliografía especializada, información
estadística, testimonios orales y fuentes documentales
disponibles.
Entre los principales hallazgos se destaca que las
recuperaciones de empresas han implicado un camino
complejo en el que interviene una pluralidad de actores
con diversos grados de autonomía. Los intentos de
autogestión aquí descriptos, son claros ejemplos de las
numerosas búsquedas de alternativas a las persistentes
crisis capitalistas que azotan el mundo del trabajo.
Palabras claves:
Empresas Recuperadas por sus Trabajadores // Procesos
de autogestión obrera // San Juan.
Abstract:
The self-management of enterprises in San Juan is
far, in quantitative terms, from the magnitude that
the phenomenon has reached in the large population
centers of the country, however its qualitative approach
reveals important aspects to highlight. Although in this
province there are only 2 successful cases of Enterprises
Recovered by their Workers (the Hotel Termas Pismanta
cooperative and the Santiago sawmill), these are not the
only experiences of self-management, also highlighting
the situation of the Dilexis Cookie Factory, the Nogaró
Hotel and San Juan Ceramic. Therefore, this work tries
to describe the dierent successful and unsuccessful
experiences of enterprises recovery in the province
and frame the phenomenon in the plot of the national
context.
The methodological approach is exploratory/
descriptive, oriented to the reconstruction of the
historical-structural conditions and conditioning,
aiming to reintroduce the experiences, situations and
provincial actors involved in the processes. The analysis
includes specialized bibliography on the subject,
public statistical information, some oral testimony and
available documentary sources.
Among the main ndings, it should be noted that the
recoveries of enterprises in San Juan have involved a
complex path in which a plurality of actors with dierent
degrees of autonomy intervene. The attempts at self-
management described here, are clear examples of the
numerous searches for alternatives to the persistent
capitalist crises that plague the world of work.
Key words:
Enterprises Recovered by their Workers // Worker self-
management processes // San Juan.
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Introducción:
En el presente artículo se recuperan algunos de
los hallazgos, resultados y reexiones principales
alcanzadas con la tesis de grado “Empresas recuperadas
por sus trabajadores en San Juan. La experiencia de
la Cooperativa Hotel Cacique Pismanta: procesos de
toma, recuperación y autogestión, desde la perspectiva
de sus trabajadores”, defendida por la autora en el
mes de diciembre del 2018 en el marco de las carreras
Licenciatura y Profesorado en Sociología (Facultad de
Ciencias Sociales, Universidad Nacional de San Juan).
Entre otras cosas, dicha investigación procuró aportar al
conocimiento de las experiencias de autogestión en la
provincia de San Juan devenidas durante el contexto de
la gran crisis de los años 2001-2002.
El proceso de recuperación de empresas quebradas
o vaciadas por sus patrones, que constituye el objeto
de estudio del trabajo, se ha extendido a lo largo de
todo el territorio nacional hace algunas décadas,
concentrándose particularmente en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense,
y en algunas provincias como Córdoba y Santa Fe.
Ciertamente, su expansión geométrica coincide con el
contexto de inestabilidad social y depresión económica
que caracterizó al país hacia nes del siglo XX y principios
del XXI.
Se trata de un fenómeno complejo que ha adquirido
un carácter paradigmático dentro de lo que ha
dado en llamarse “nuevas formas asociativas de
trabajadores”. Entre otros rasgos, las “empresas
recuperadas” reproducen en su interior aspectos de
la llamada Economía Social: se comprometen con el
espíritu cooperativista y de autogestión, a la vez que
se conducen bajo una lógica de colaboración y trabajo
entre sus miembros que, negando toda forma de
explotación, toma relativa distancia respecto a la lógica
de acción típica de las empresas capitalistas clásicas.
Por ello, dada la complejidad y dinamismo permanente
de los procesos de crisis capitalista, resulta de gran
interés abordar las características asumidas por las
“empresas recuperadas” en la provincia de San Juan.
Ciertamente, el fenómeno de la autogestión en la
provincia dista mucho, en cuanto a la cantidad de casos
registrados, respecto a la magnitud que el mismo ha
alcanzado en los grandes centros poblacionales del
país. De acuerdo al último relevamiento realizado
por el Programa Facultad Abierta (2014) desarrollado
por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Buenos Aires, existen sólo dos casos de Empresas
Recuperadas por sus Trabajadores (ERT) en San Juan:
la cooperativa Hotel Termas Pismanta y el aserradero
Santiago.
Ahora bien, pese a que formalmente se han registrado
sólo estos dos casos exitosos de recuperación de
empresas en San Juan, no constituyen las únicas
experiencias locales de autogestión. En efecto,
existieron en la provincia varias iniciativas de
recuperación de empresas que, si bien no lograron
consolidarse como ERT, experimentaron un breve inicio
en la autogestión con la intención explícita de lograrlo:
la Fábrica de Galletitas Dilexis, el Hotel Nogaró y el caso
de la Cerámica San Juan. La recuperación de empresas
es también un fenómeno importante en San Juan, tal
vez más en términos cualitativos que cuantitativos (si
consideramos sólo el número nal de ERT en el contexto
nacional), pues los varios intentos de “ocupación” y
“recuperación” de fábricas y empresas, otorgaron
gran protagonismo a los colectivos de trabajadores
y validaron sus argumentos reunidos en pos de la
“defensa de sus fuentes laborales”. En este sentido, la
pregunta rectora del trabajo será ¿cuáles fueron y cómo
se suscitaron los procesos de recuperación de espacios
productivos y laborales por los propios trabajadores
en la provincia de San Juan, en el marco de la crisis
estructural que afectó al país en el año 2001-2002?
Así, el periodo temporal del trabajo se circunscribe al
proceso de crisis estructural del 2001-2002, mientras
que el recorte espacial del objeto de investigación se ha
concentrado en torno a las experiencias sanjuaninas de
autogestión.
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Respecto al abordaje teórico-epistemológico, como
el trabajo es resultado de una tesis se han recuperado
aportes de dos núcleos conceptuales esenciales:
• la Sociología del Trabajo que aporta una mirada
integral sobre las condiciones histórico-sociales
que intervienen en el mundo del trabajo,
claricando los vínculos entre sociedad-trabajo-
empresa-producción; y
• la Sociología de la Organización coadyuvó
a poner en valor la acción e interacción de
los trabajadores, insertos en las tramas
organizacionales.
Los aportes de ambos enfoques teóricos han sido de
gran utilidad y se verán reejados articuladamente en
las páginas que siguen.
El abordaje metodológico es de tipo exploratorio/
descriptivo de carácter “sociohistórico”, anclado en
la búsqueda y articulación de fuentes testimoniales
y documentales. Los testimonios fueron recabados
a partir de entrevistas en profundidad, realizadas a
trabajadores de algunas empresas en cuestión, aplicadas
durante el trabajo de campo de la tesis y permitieron
ahondar en la descripción y reconstrucción analítica de
los escenarios. La selección de los trabajadores tuvo un
carácter teórico e intencional, siguiendo dos criterios
fundamentales: heterogeneidad y accesibilidad
(Padua, 2010). En cuanto a las fuentes documentales,
se trata de normativas, periódicos locales y nacionales
y estadísticas públicas, orientadas a la reconstrucción
de las condiciones y condicionamientos histórico-
estructurales de las empresas recuperadas en la
provincia. En relación al análisis de datos, se siguió
el esquema propuesto por Miles y Huberman (1994),
comenzando por la recolección de información, luego
su reducción/simplicación (según ciertas categorías de
análisis) y nalmente la delimitación de conclusiones
generales.
Devenir de las Empresas Recuperadas por sus
Trabajadores en el contexto nacional.
Entre las características distintivas de la sociedad
argentina durante la mayor parte del siglo XX, puede
mencionarse la conguración de una estructura social
relativamente más igualitaria en comparación con la
de otros países de América Latina signada, entre otras
cosas por la expansión y peso social adquirido por las
amplias capas medias. No obstante, a raíz del último
golpe de Estado devenido en 1976 el país experimentó
una signicativa transformación vinculada al abandono
del modelo sustitutivo de importaciones y adopción
de uno nuevo basado en la apertura y desregulación
económica.
Con la dictadura militar impuesta desde el 24 de marzo
de 1976, fueron aplicadas una serie de disposiciones
sociales y económicas tendientes a eliminar simbólica y
materialmente los pilares centrales del modelo anterior.
Ello implicó la puesta en marcha del “terrorismo” de
Estado en el país, acompañado por medidas económicas
tendientes a desarticular las bases materiales del
modelo sustitutivo redistribucionista, que estaba
fundado esencialmente en la industrialización, la
organización sindical institucionalizada y la protección
mercado-internista. En efecto, durante esta etapa
fueron destruyéndose correlativamente, la organización
sindical y la industria nacional, entre otras; dando
lugar a un doble proceso social: “desindustrialización/
desproletarización” (Algañaraz y Casas, 2011, p. 135).
Los organismos internacionales en este contexto,
se convirtieron en actores claves en el devenir de las
políticas económicas argentinas. Al nalizar la década
del ´80 los gobiernos latinoamericanos atravesaban
por graves distorsiones en sus economías, que se
caracterizaban por un elevado décit scal (el de sus
balanzas de pago), desempleo e inación creciente.
Se observaba también, baja acumulación de capital,
altos niveles de endeudamiento, caída importante
en la disponibilidad de créditos internacionales para
inversiones productivas y fuga de capitales. Todo
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esto puso en evidencia, lo que desde la Sociología del
Trabajo podría señalarse como el nal de un modelo de
acumulación de capital y el comienzo de otro.
Luego de una etapa de marchas y contramarchas en la
conguración del modelo neoliberal en las postrimerías
de los setenta, fue gestándose una segunda etapa del
mismo durante la década de 1980, que terminará por
alcanzar niveles de profundización y perfeccionamiento
con la asunción como presidente de Carlos Menem en
1989. Los cambios radicales en la economía fueron
promovidos e instaurados por políticas que establecieron
una serie de transformaciones institucionales, entre las
que se destaca la modicación del rol del Estado, la
especulación nanciera, la liberalización y desregulación
de los mercados, incluyendo el mercado de trabajo
que hasta entonces fue un pilar central de las políticas
implementadas en esa materia.
En cuanto a las transformaciones realizadas a partir de
los noventa, que conforman la antesala de los procesos
de recuperación de empresas, es necesario abordar
más detenidamente esta etapa, con el propósito de
aproximarse comprensivamente a la relación entre el
contexto de crisis del país y el inicio de experiencias
autogestionadas en empresas quebradas.
Durante la compleja década de 1990, Argentina
atravesó por una signicativa caída en los índices de
desarrollo económico y deterioro de las condiciones de
vida de la población, por efecto del abrupto aumento
de la pobreza. Ello redundó en un incremento de
las desigualdades sociales siendo particularmente
los sectores trabajadores los más perjudicados. Así,
el crecimiento del sector informal de la economía,
la precarización laboral, extensión de la pobreza e
indigencia y aumento del desempleo fueron los rasgos
determinantes del periodo.
Por efecto de este escenario político, económico y
social altamente adverso, numerosos trabajadores
de las distintas ramas de la producción de bienes y
servicios, realizaron interminables huelgas en todo el
país. Correlativamente, impulsaron diversas formas de
asociación y conformación de redes como formas de
sobrevivencia o alternativas para mantener sus fuentes
laborales. Entre ellas se destacan la “Red Global de
Trueque” (planteada como un sistema complementario
al mercado desde 1995); las “Ferias de verduras libres
de agroquímicos y productos artesanales” (surgidas
como políticas públicas municipales en la provincia de
Santa Fe en el año 2002) y, por supuesto, las Empresas
Recuperadas por sus Trabajadores (o ERT) que surgieron
a partir del año 2001 “…ante la pérdida de los puestos de
trabajo en condiciones de crisis generalizada, sin apoyo
ni contención signicativa por parte de los partidos
políticos, sindicatos o programas estatales…” (Ruggeri,
2014, p. 15).
El breve gobierno de “La Alianza” y la crisis
estructural del 2001: impactos en el mundo del
trabajo.
El 24 de octubre de 1999 asumió el gobierno nacional
“La Alianza”, coalición encabezada por Fernando De
La Rúa (referente de la Unión Cívica Radical) y Carlos
“Chacho” Álvarez (impulsado por un sector de centro-
izquierda), sosteniendo la “Convertibilidad” como eje
incuestionable del desarrollo económico. La gestión
de la Alianza fue muy breve pero intensa: recesión
económica, devaluación y deuda externa en crecimiento
fueron algunas de las variables que signaron un difícil
contexto, afrontado con políticas de ajuste scal. En
muy poco tiempo, el gobierno entró en un círculo
vicioso en el que prácticamente aceptaba todas las
sugerencias del FMI. Dicho organismo multilateral
de crédito facilitó constantemente nanciamiento
externo, siendo el gobierno sometido a un monitoreo
permanente. Correlativamente, se agudizaron los
problemas estructurales de la economía nacional. En
efecto, el gobierno terminó por endeudar aún más al
país y aplicar una serie de medidas extremas como,
por ejemplo, recortes salariales cuando la economía
entraba en recesión. Todo esto constituyó la antesala
del desbarranco del gobierno de La Alianza.
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TRAMAS SOCIALES | Nº 02 | Año 02 | ISSN 2683-8095
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“...Las intensas pujas entre los múltiples grupos
políticos integrantes de la coalición que ocuparon
cargos en el Estado, habían virtualmente paralizado
al sector público durante los cortos años de gestión
aliancista. Al punto que, sobre la desarticulación
y desguace dejados por la impronta neoliberal de
Menem, se acumuló el desmantelamiento provocado
por las disputas políticas dirimidas, precisamente en
el seno mismo del aparato burocrático estatal...”
(Thwaites Rey, 2008, p. 78).
Corvalán (2010) ha señalado que la Alianza dejó de
funcionar en muy poco tiempo como una coalición de
gobierno, ya que no solo De la Rúa se concentraba en
un grupo de asesores de conanza, sino que a su vez
la coalición se había visto debilitada ante la renuncia
del vicepresidente Carlos Álvarez. Esta suerte de
aislamiento del campo político, sumado a la falta de
decisión y fuerza política propia derivó en una pérdida
de conanza de parte del grueso de la sociedad. Ante
la falta de soluciones a los problemas económicos y los
grandes disturbios sociales, De la Rúa debió renunciar.
A nes de noviembre de 2001 se produjo un fuerte
crack bancario, ocasionado por las limitaciones que
el Gobierno impuso a los ciudadanos para el retiro
de dinero en los Bancos, situación que dio origen
al denominado corralito. “...Este no sólo incluía los
ingresos, atesoramientos e inversiones de pequeños
propietarios, sino también los salarios: la bancarización
decretada anteriormente forzaba a realizar todas las
transacciones económicas a través de los bancos...”
(Carrera y Cotarelo, 2006, p. 29). A su vez, los empleados
públicos percibían sus sueldos con atraso y parcialmente
pagados en bonos provinciales, de igual modo que los
desocupados, sus subsidios. Una situación similar fue
sobrellevada por muchos asalariados privados, que
recibieron sus salarios en pequeñísimas cuotas. Se
produjo así la desaparición del dinero como medio de
cambio.
Las protestas de diciembre fueron, en lo inmediato,
la respuesta al corralito, que recibió un repudio
generalizado, no sólo de los “ahorristas de clase media”,
sino también de organizaciones sindicales. Este fue
el precedente de la crisis institucional y estructural
de diciembre de 2001. Carrera y Cotarelo (2006) lo
calican como un proceso que comienza con las
movilizaciones convocadas por las centrales obreras y
organizaciones de pequeños y medianos empresarios,
continúa en la huelga general, cortes de rutas, saqueos,
manifestaciones y lucha callejera, ataques a edicios
públicos, bancos y empresas privatizadas, así como
cacerolazos, hasta culminar en el combate callejero en
el centro político del país.
Para el mercado de trabajo, la crisis signicó cesantías de
la fuerza laboral, el cierre de fábricas y empresas, exiguas
e insucientes respuestas reivindicatorias por parte de
la dirigencia sindical, agudización del empobrecimiento
de amplias capas de la sociedad y escasas perspectivas
de cambio social. En contraposición y como corolario
muchas organizaciones sociales desplegaron
estrategias de acción directa y combativa, situaciones
que permitieron recongurar las relaciones de fuerza
con el resto de los actores, habilitando nuevos espacios
sociales y formas de productividad e intercambios.
En este sentido, emergieron nuevas identidades,
contenidos y formas de acción.
Dimensionando el fenómeno de recuperación de
empresas a nivel nacional.
El fenómeno de ocupación de fábricas y/o empresas no
es algo nuevo en Argentina. Sus orígenes se remontan
a la década de 1950, cuando los trabajadores ocuparon
cientos de fábricas, por breves períodos, como parte
de planes de lucha de carácter sindical y político. Con
posterioridad, en la década de 1980 se registraron casos
aislados de ocupación y control obrero de fábricas.
Sin embargo, dicho fenómeno fue mucho más visible
recientemente con la profunda crisis de nes de los
años ´90, en tanto se multiplicaron y complejizaron las
experiencias de empresas recuperadas por sus propios
trabajadores.
Es el delicado contexto de esta crisis el que
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TRAMAS SOCIALES | Nº 02 | Año 02 | ISSN 2683-8095
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“...aumenta la cantidad de unidades productivas
factibles de entrar en procesos de quiebra o cierre
-territorio potencial para la recuperación-, y altera
en forma regresiva las alternativas tradicionales
de los trabajadores de enfrentar el desempleo,
convirtiendo en más favorables los costos de
oportunidad para la realización de acciones no
convencionales...” (Salgado, 2011, p. 3).
Aunque los casos de autogestión obrera de empresas
y fábricas quebradas, vaciadas o abandonadas por
sus patrones no carecían de antecedentes históricos
es, a nes de los noventa, cuando se convierten en un
movimiento con características e identidad propias.
Las características que asumió este fenómeno en
Argentina adquirieron relevancia a nivel mundial y
varios especialistas advirtieron la posibilidad de que el
avance sobre la propiedad privada, pudiese expandirse
a todos los aspectos sociales. Sin embargo, esto no
sucedió, quedando de maniesto que el propósito de
la recuperación de las empresas en contexto de crisis,
implicó fundamentalmente una estrategia de los
propios trabajadores para mantener su fuente laboral.
Las ERT intentan reproducir en su interior algunos
aspectos que, vistos desde la Sociología de la
Organización, promueven la ruptura con aquellos
parámetros tradicionales de la economía de mercado
y permiten estructurarse como nuevas formas de
asociatividad y con el espíritu cooperativista, de
autogestión, colaboración y compromiso ético-social.
La autogestión obrera constituye un particular tipo
de dinámica laboral, llevada a cabo en las difíciles
condiciones de una crisis avasalladora. Experiencia que,
al mismo tiempo, está sujeta a la creatividad de sus
protagonistas para superar una situación estructural
sin salida. En efecto, los obreros de las ERT enfrentaron
el conicto de la cesantía a través de la ruptura del
entramado de las relaciones productivas capitalistas
(patrón/obrero).
“...Más allá de sus limitaciones y su magnitud, estas
experiencias han implicado una mayor inuencia
directa de los trabajadores sobre la esfera de la
“economía” y, por lo tanto, grados crecientes
de empoderamiento social sobre la propiedad
privada, el uso y el control de recursos y actividades
económicas...” (Antón, Rebón y otros, 2010, p. 108).
Entendiendo que la “autogestión” se encuentra en
el seno mismo de las ERT resulta pertinente revisar
algunos de sus alcances conceptuales y políticos.
Siguiendo a Di Tella (2008) la autogestión reere a un
modelo de organización de ciertas actividades sociales,
en el cual las decisiones de conducción son adoptadas
por las personas que participan de las mismas. En ese
sentido, implica dos armaciones:
• Eliminación o atenuación de las diferencias
jerárquicas; o sea, de la distinción entre
directivos y trabajadores.
• Autonomía respecto de la injerencia de poderes
o autoridades externas.
Así, la autogestión es considerada una modalidad
altamente participativa, en la que se transere el poder
del empresario a los trabajadores. Se trata de un sistema
de autogobierno de las empresas, en virtud del cual se
delega la facultad de formular y adoptar decisiones a
instancias compuestas por representantes del personal
y designados por ellos mismos.
Respecto del camino elegido por la mayoría de las ERT,
la conformación de cooperativas de trabajo es la gura
legal que viabiliza la recuperación productiva y laboral
de la empresa. El cooperativismo posibilita asumir el
control de la empresa sin afrontar las deudas contraídas
por los antiguos dueños, algunas disminuciones
impositivas, recibir subsidios u otro tipo de apoyo
público y realizar operaciones comerciales, además de
presentarse ante un juzgado como un eventual sujeto
de continuidad laboral y la posibilidad de obtener la
expropiación por parte del Estado.
1
1.La expropiación es conceptualizada como “...una
transferencia obligatoria de la propiedad o uso de una
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El lema del Movimiento de los Sin Tierra
2
de Brasil
“Ocupar, Resistir, Producir”, describe de forma
bastante precisa la secuencia seguida en las diferentes
recuperaciones de empresas que tuvieron lugar en la
Argentina en el pasado reciente.
El desafío de la puesta en marcha de la empresa
recuperada es preservar y desarrollar relaciones
económicas autogestionarias, inclusive cuando el
producto del proceso deba atenerse a las reglas de
la competencia en el mercado capitalista. En ese
sentido, aunque los trabajadores se sientan “dueños”
de su trabajo, no es posible evitar que ese trabajo
autogestionario dependa de las relaciones sociales
hegemonizadas por el capitalismo. De modo que, si
bien el proceso de producción es diferente en empresas
cooperativas, estas necesitan insertar sus productos en
un mercado capitalista para subsistir. Es esta una razón
cosa desde su titular al Estado, mediante el dictado de
una ley y el pago previo de la indemnización equivalente
al valor económico del objeto expropiado. Se encuentra
regulada legalmente mediante la ley nacional Nº 21.499
y en diferentes leyes provinciales. Según la legislación
vigente puede expropiarse cualquier bien, sea público o
privado, material (una máquina o inmueble) o inmaterial
(una marca, por ejemplo) siempre que se procure la
satisfacción del bien común. En el caso de las empresas
recuperadas la “utilidad pública” radica en la preservación
de las fuentes de trabajo.” (Ruggeri, Galeazzi y García,
2012, p. 32).
2. El “Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra” surgió
en Brasil a mediados de los años ochenta, como respuesta
a la necesidad secular de tierra de significativos grupos
de campesinos. En un país como Brasil, con haciendas
cuya área supera un millón de hectáreas (la mayor tiene
30 millones de kilómetros cuadrados de superficie), la
única salida para los campesinos sin tierra fue buscar
formas de acción que les permitiesen hacerse de ella
allí donde vivían; sobre todo, si se toma en cuenta que
tierras no cultivadas sobraban en todas las regiones de
dicho país. La ocupación de territorios se transformó en el
principal instrumento de presión y en la primera escuela
de concientización política y de socialización de decenas
de miles de campesinos. Desde entonces, ese movimiento
ha conseguido por vías no violentas convertirse en un
instrumento de transformaciones revolucionarias en la
sociedad brasileña. Ver más en Harnecker, M. (2002). El
Primer Congreso Nacional de Delegados de los Movimientos
en procura de Tierras fue en 1985 y la constitución legal
del MST en 1988.
más, que permite sostener y convalidar que la existencia
y autogestión de las ERT, no implican un cambio de
régimen político opuesto al vigente.
Los trabajadores logran concretar la transición de
sus roles (trabajador en la fase productiva a gestor)
cuando la producción está en marcha. Muchas veces,
en este momento toman autoconciencia de sí mismos
como obreros y también como patrones, de trabajador
asalariado a trabajador autogestionario. Pero este
aspecto no solamente alcanza a los trabajadores y
sus lógicas de acción, sino que interpela también a los
mismos instrumentos legales y tributarios que regulan
las modalidades del trabajo en tanto categoría analítica
y como aspecto constitutivo de la identidad y dignidad
de las personas en sociedad.
En Argentina existen varias ERT reconocidas
mundialmente como fenómenos a imitar, entre ellos
merecen mencionarse: IMPA (Industria Metalúrgica
y Plástica Argentina, primera ERT del país); Brukman
(fábrica textil); FaSinPat (ex Zanón, fábrica de
cerámicos); La Nueva Esperanza (ex Grissinopli,
panicadora). Sin embargo, el Hotel BAUEN (Buenos
Aires Una Empresa Nacional) y la cooperativa Artes
Grácas Chilavert son casos de ERT que tuvieron gran
impacto social, político, cultural y económico a nivel
mundial, ya que fueron pioneras y representativas de la
recuperación de ex-empresas propiamente capitalistas.
Existen múltiples estudios académicos que visibilizan
el carácter cientíco de abordar un estudio sobre la
autogestión. La mayor parte de las obras dedicadas al
estudio de las ERT, (Ruggeri, 2010; Rebón y Salgado,
2008; Hudson, 2007; Gambina y otros, 2006; Fajn,
2003) caracterizan al fenómeno como una estrategia
defensiva. En este sentido, concuerdan en que el
objetivo primordial de la toma y posterior recuperación
de empresas era defender sus fuentes de trabajo y
mantenerlas en funcionamiento, siendo el elemento
detonante la crisis estructural que afrontó el país en
2001. En sintonía, Pizzi e Icart (2014) señalan que el
fenómeno de recuperación de empresas en quiebra o
en proceso de cierre por parte de sus trabajadores tuvo
| 165
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lugar en el contexto de la profunda crisis económica,
política y social argentina de los años 2001 y 2002. Dicha
estrategia fue visualizada por sus protagonistas como el
último intento para salvar sus fuentes de trabajo.
Siguiendo esta línea, la Fundación CIESO (Centro de
Investigación de la Economía Social) cuenta con varias
investigaciones sobre las cooperativas de trabajo.
Mario Elgue, en su libro denominado “Más allá de lo
económico y lo social” (2006), presenta el fenómeno de
las cooperativas de trabajo como formas estratégicas
de organización para superar la desintegración de la
unidad productiva en tanto fuente de trabajo. En este
sentido, las unidades productivas (empresas) tomadas
y/o recuperadas son consecuencia de un estado
particular de la fuerza de trabajo desocupada que
adopta las formas de cooperativas, constituyendo una
propuesta superadora de otras formas de asistencia a
desempleados, ya que preservan la cultura del trabajo y
la dignidad de sus actores.
El Programa Facultad Abierta
3
editó una trilogía en
el año 2014, resultado de los trabajos expuestos en
el IV Encuentro Internacional “La Economía de los
Trabajadores” realizado en João Pessoa (Brasil, 2013)
que signicó una trascendental compilación académico-
cientíca para los estudios de la temática. En el primer
relevamiento, efectuado en los últimos meses de 2002 y
los primeros de 2003, se recuperó información referida
a 59 casos. El segundo, realizado en 2004, captó datos
sobre 72 ERT. Y el tercero, que tuvo lugar en 2010, dio
cuenta de 85 casos en estudio. En cuanto al cuarto
relevamiento, realizado entre nes de 2013 y principios
3. Es un programa de investigación y extensión universitaria
vigente desde el año 2002, dependiente de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA)
y coordinado por Andrés Ruggeri. Su misión es investigar,
a la vez que brindar apoyo y asesoramiento a las ERT. A
partir del año 2004, entre otras acciones, el Programa creó
el Centro de Documentación de Empresas Recuperadas
que funciona en las instalaciones de la Cooperativa
Chilavert Artes Gráficas. Asimismo, en el marco de dicho
Programa se viene organizando el Encuentro Internacional
“La Economía de los Trabajadores” desde el año 2007
hasta la actualidad.
de 2014 tuvo una particularidad: se centró en los casos
más recientes; es decir, aquellos detectados desde el
cierre del tercer relevamiento en marzo de 2010, los
que podrían llamarse “nuevas empresas recuperadas”.
En todos los casos, las unidades productivas relevadas
corresponden al contexto nacional. Ese cuarto
relevamiento captó un total de 311 ERT en Argentina,
donde 13.462 personas desarrollaban su labor. De estas,
las “nuevas recuperadas” surgidas desde el cierre del
tercer relevamiento, en marzo de 2010, son sólo 63; de
ellas 41 corresponden a los dos últimos años de dicha
investigación (2012 y 2013)
4
.
Cabe aclarar que el fenómeno de las ERT trascendió
la inmediata situación de crisis como lo demuestran
las cifras que se examinarán más adelante. Las
ERT continúan creciendo y esto se visualiza en dos
direcciones: por un lado, las “antiguas” ERT (aquellas
surgidas en la década de los ´90 y durante la crisis de 2001
y años posteriores) se consolidan y, en algunos casos
crecen; por el otro, aparecen “nuevas recuperadas”
(aquellas surgidas durante los años 2010-2013).
El cuarto y último relevamiento presentado por el
Programa de Facultad Abierta contabilizó un total de
311 ERT, ocupando a 13.462 trabajadores. De estas, las
“nuevas recuperadas”, surgidas desde el cierre del tercer
relevamiento en marzo de 2010, son 63, 41 de las cuales
corresponden especícamente a los años 2012 y 2013.
Ahora bien, si se toma como línea de corte el año 2004
(al considerar una etapa de crecimiento y recuperación
4. A partir de la asunción de Mauricio Macri a la Presidencia
de la Nación hacia fines de 2015, se produjo un giro
importante en materia de política económica en el país
que indefectiblemente repercutió en el ámbito de las ERT.
Por tal razón, el Programa efectuó en Junio de 2016 un
estado de la cuestión de las empresas recuperadas en los
comienzos del nuevo ciclo político. Este estudio muestra
cómo las primeras medidas del Presidente afectaron
directamente los procesos de autogestión de empresas.
Al respecto, el Programa Facultad Abierta ha emitido a la
fecha sólo un informe preliminar de la situación de las ERT
sin una mayor sistematización de los datos, por lo cual
no ha podido incorporarse información más reciente en la
presente tesis. Dicho informe puede verse en: http://www.
recuperadasdoc.com.ar/preliminar2017.pdf
166 |
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de la economía nacional, luego de la crisis de 2001), el
número de ERT existentes es 163, lo que representa el
52,4% del total de empresas recuperadas registradas
desde el primer relevamiento hasta el último. Es posible
sostener entonces, que la cantidad de ERT que iniciaron
su actividad en el período poscrisis es equiparable al
número de aquellas creadas en el marco de la coyuntura
económica del 2001-2002 y durante la década anterior.
A propósito, y a modo ilustrativo, se presenta el
siguiente cuadro que pone de maniesto la evolución
histórica de los casos de ERT en el país, previa crisis de
2001 al año 2014:
Cuadro N° 1: ERT en Argentina, según provincia de
localización, periodo 2010-2013. Valores absolutos,
relativos e índice de variación.
Orden Provincias ERT
2010
Brecha 2010
%
ERT
2013
2013
%
Brecha
Índice de
evolución/
variación
2013/2010
1 Total Argentina 205 ---- 100,0 311 100,0 ---- 50,7
2 CABA 39 1,00 19,0 58 18,8 1,00 48,7
3 GBA 76 1,95 37,1 97 31,4 1,67 27,6
4 Bs. As. (interior) 31 0,79 15,1 46 14,9 0,79 48,4
5 Santa Fe 20 0,51 9,8 26 8,4 0,45 30,0
6 Córdoba 5 0,13 2,4 14 4,5 0,24 180,0
7 Mendoza 7 0,18 3,4 7 2,3 0,12 0,0
8 Entre Ríos 5 0,13 2,4 5 1,6 0,09 0,0
9 Corrientes 4 0,10 2,0 5 1,6 0,09 25,0
10 Chaco 3 0,08 1,5 9 2,9 0,16 200,0
11 Chubut 2 0,05 1,0 3 1,0 0,05 50,0
12 La Pampa 3 0,08 1,5 5 1,6 0,09 66,7
13 La Rioja 3 0,08 1,5 4 1,3 0,07 33,3
14 Neuquén 3 0,08 1,5 6 1,9 0,10 100,0
15 Río Negro 1 0,03 0,5 8 2,6 0,14 700,0
16 San Juan 2 0,05 1,0 2 0,6 0,03 0,0
17 Tierra del Fuego 1 0,03 0,5 1 0,3 0,02 0,0
18 Catamarca 0 0,00 0,0 1 0,3 0,02 ----
19 Jujuy 0 0,00 0,0 2 0,6 0,03 ----
20 Misiones 0 0,00 0,0 4 1,3 0,07 ----
21 San Luis 0 0,00 0,0 5 1,6 0,09 ----
22 Tucumán 0 0,00 0,0 1 0,3 0,02 ----
23 Resto, excepto Sta. Fe,
BA, GBA
39 1,00 19,0 82 26,5 1,41 110,3
24 BA, GBA, Sta. Fe 111 2,85 54,1 148 47,9 2,55 33,3
25 CABA, BA, GBA, Sta. Fe 166 4,26 81,0 227 73,5 3,91 36,7
En función de los datos presentados, es posible
Fuente: Elaboración propia en base al tercer y cuarto relevamiento de ERT (Ruggeri, 2010 y 2014).
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argumentar que el panorama de las ERT en las provincias
argentinas es el siguiente: 21 de las 24 provincias del
país contaban con al menos una ERT en el año 2013.
Esto muestra una evolución ascendente. Desde del año
2010, se contabilizaron 5 nuevas empresas recuperadas
en provincias que antes no contaban con ERT. De
todos modos, se trata de un fenómeno incipiente y en
fortalecimiento si se observan los niveles porcentuales.
Es importante mencionar que la mitad de los casos
del total del país se ubica en el Área Metropolitana de
Buenos Aires y la otra mitad la conforma el resto de las
provincias. En buena medida, esto reeja un problema
de acceso a los datos de todo el país pues ello resulta
un proceso complejo y económicamente difícil de
sustentar desde un Programa que se ejecuta en Buenos
Aires. Sin embargo, vale aclarar que, según los datos
de los relevamientos anteriores, hubo un notable y
proporcional crecimiento de las ERT en algunas de
las provincias, siendo Buenos Aires la provincia que
continúa concentrando la mayor proporción de casos.
En términos generales, el sector evolucionó
notablemente, aunque algunas provincias mantuvieron
la cantidad de ERT (el caso de Entre Ríos, Mendoza y San
Juan); pero en ninguna de ellas descendió su cantidad.
Ahora bien, circunscribiendo la mirada analítica en torno
a la provincia de San Juan, son muy pocos los estudios
académicos existentes sobre las empresas locales
recuperadas en tiempos del neoliberalismo. En líneas
generales, se trata de estudios exploratorios y más
bien contextuales que ayudan a completar el panorama
del fenómeno a nivel nacional. Albergucci, Arancibia,
Chulman y otras (CTA Ediciones, 2009) reúnen la
experiencia de seis ERT en Argentina, siendo una de
ellas el caso sanjuanino del Hotel Termas Pismanta. Hay
que destacar, también, que dicho caso fue analizado en
profundidad en la tesis de grado que da origen a este
trabajo
5
y además ha sido incluido en el relevamiento
5. El caso específico del Hotel Cacique Pismanta, su
proceso de recuperación por parte de los trabajadores y
funcionamiento como cooperativa ha sido analizado con
profundidad en otro artículo científico.
realizado por el Programa Facultad Abierta. En lo que
sigue focalizaremos el lente analítico en las diversas
experiencias de autogestión laboral en San Juan,
independientemente de si resultaron exitosas o no.
Respuestas de los trabajadores a la crisis: los
procesos de recuperaciones (exitosos y no
exitosos) de empresas en la provincia de San
Juan.
Como se detalló anteriormente la Argentina del año 2001,
estuvo marcada por la crisis estructural y la consecuente
lucha de los trabajadores por mantener sus fuentes
laborales. Ante ese escenario, cientos de trabajadores
protagonizaron sucesivas huelgas y desplegaron
múltiples iniciativas de sobrevivencia, entre las que
se encuentra la recuperación de empresas. Sobre éste
fenómeno, hay que indicar que a lo largo del país hubo
muchos intentos por consolidar estas experiencias, pero
no todos los casos resultaron exitosos. Particularmente,
la provincia de San Juan cuenta con diversos casos que
merecen ser destacados.
Fábrica de galletitas Dilexis:
Examinando la escasa información disponible sobre la
situación que se vivió en la fábrica de galletas, puede
señalarse que Dilexis fue la primera fábrica del rubro en
la provincia. Fue puesta en funcionamiento a nes de la
década del ´70 amparada en el régimen de promoción
de la Ley nacional N° 20.560 y provincial N° 19.375
del Plan Huarpes. Hacia principios de los años ´80, el
gobierno de la última dictadura militar no cumplió con
los subsidios prometidos y mientras el establecimiento
estaba en su período de prueba, el grupo económico
Sasetru (Salimei, Seitún y Trucco) responsable de la
misma, terminó quebrando. Según Diario de Cuyo, “en
41 años, la fábrica de galletitas atravesó por una serie de
marchas y contramarchas para comenzar su actividad
en la provincia, cosa que se materializó recién en 2003”.
(Olivera, Diario de Cuyo, 29 de marzo de 2017)
168 |
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Bajo el nombre Dilexis, el entonces gobernador de San
Juan, José Luis Gioja inauguró la fábrica de galletitas
ubicada en Albardón, luego de estar paralizada durante
más de 20 años. Pero “...desde esa fecha, también
experimentó el cambio de propietarios y su último
dueño fue la internacional Pepsico, subempresa
encargada de la fabricación de alimentos de la mundial
marca de bebidas Pepsi...” (Olivera, Diario de Cuyo, 29
de marzo de 2017)
En efecto, luego de varias etapas que incluyeron cierres,
quiebras, diferentes administradores, muchas promesas
políticas incumplidas e incluso intentos de ocupaciones
por parte de los empleados en el año 2011 (proceso
que nalmente no prosperó), el gobierno provincial
estableció un convenio con la multinacional Pepsico,
quién hasta el 2017 se hizo cargo de su administración
(Diario Huarpe, 1 de septiembre de 2011). Una de las
principales promesas de la compañía antes de asumir
la concesión de la empresa, fue mantener la planta de
personal que sumaba entonces 680 personas. Asimismo,
potenciar las inversiones en San Juan no sólo desde el
punto de vista comercial sino también del productivo.
Sin embargo, la reciente crisis de Pepsico que implicó
la cesantía de varios puestos de trabajo en distintas
plantas del país, hizo crecer la amenaza de que esto se
repetiría en la fábrica de galletas. Según un periódico
nacional (Sainz, Diario La Nación, 29 de marzo de 2017)
actualmente la fábrica fue comprada por la compañía
nacional Tía Maruca, prometiendo mantener los casi 350
puestos de trabajo que hoy tiene el emprendimiento.
Al respecto, el presidente y fundador de la rma Tía
Maruca, Alejandro Ripani expresó:
La fábrica de Dilexis se levanta en la provincia de
San Juan y es una de las plantas más grandes y
modernas del mercado local de galletitas. Se trata
de una fábrica que es verdaderamente emblemática
de la provincia, ya que originalmente perteneció
al grupo Sasetru y después de permanecer
cerrada durante muchos años fue reabierta por un
empresario local que después se la vendió a Pepsico
(Sainz, La Nación, 29 de marzo de 2017).
Hotel Nogaró:
La segunda experiencia a destacar, corresponde al Hotel
Nogaró (actual Gran Hotel Provincial), que tiene muchos
puntos en común con la experiencia del Hotel Termas
Pismanta. Según una nota periodística de Diario de
Cuyo (2004) se enuncia: “La inauguración de la empresa
fue en el año 1967, bajo la gura del primer hotel de 4
estrellas existente en la provincia. Al igual que el Hotel
Pismanta, fue construido por impulso del gobierno y
entregado en concesión a la cadena Nogaró para su
explotación. Al termino de 5 años, esta empresa se
disolvió, pero el hotel prosiguió con el mismo nombre,
aunque gerenciado ahora por miembros de la familia
Gragna” (Diario de Cuyo, 29 de octubre de 2004).
Ese hotel era símbolo de la “alta sociedad” y recibía los
visitantes más reconocidos y con mayor capital social.
En las décadas del ‘70 y ‘80, el establecimiento fue
símbolo de status, pagándose importantes sumas para
tomar un té o un trago en las noches. Sin embargo, a
nes de la década del ´80 el hotel empezó a decaer,
siendo adjudicado en concesión nuevamente en el
año 1989. No obstante, con el desgaste propio de
estos espacios, la poca inversión en mantenimiento y
refacción, la competencia de nuevos hoteles de igual o
mayor categoría, junto con la acumulación de deudas
con la AFIP, de IVA, aportes y contribuciones patronales,
la administración Gragna tuvo que retirarse del hotel.
Ante la posible pérdida de sus puestos de trabajos, en
septiembre del año 2002, 40 empleados del Hotel se
agruparon bajo la forma de cooperativa y, con el visto
bueno del Grupo Gragna, tomaron el gerenciamiento
del mismo.
Sin embargo, como detalla el Diario Tiempo de San
Juan, “el manejo de los empleados fue bueno para
mantener el hotel abierto y funcionando, pero no fue
suciente para mantener su estatus...”. (Pastor, Tiempo
de San Juan, 26 de marzo de 2013).Por ello, nalmente
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el Estado provincial llamó a licitación del Hotel y el 1°
de junio de 2005, el Grupo América se hizo cargo de
la administración, otorgándole el nombre de Gran
Hotel Provincia, culminando así la promisoria etapa de
autogestión obrera.
Vale referirse a las reexiones de María, una de las
trabajadoras entrevistadas sobre las razones por las
cuales los trabajadores del Hotel Nogaró no pudieron
mantenerse en la autogestión:
En un momento trabajamos casi a la par el Hotel
Pismanta y el Nogaró, estuvimos en contacto,
digamos que se peleaba por los dos hoteles. Desde
Pismanta hacemos el chiste interno de que los 200
kilómetros de distancia a nosotros nos ayudaron,
porque en esa época donde no teníamos todavía la
concesión, todos los días nos levantábamos diciendo
ya va a llegar la policía, la gendarmería o quién sea
a sacarnos y nunca llegaron. Nosotros decíamos
200 kilómetros eran mucho, ¿quién va a venir? En el
Nogaró, en cambio, estaban más cerquita. (María,
comunicación personal, 13 de enero de 2016)
Cerámica San Juan:
El tercer caso de ERT truncada corresponde a la Cerámica
San Juan, ubicada en el Departamento Rivadavia.
Según información recapitulada desde diversas notas
periodísticas, se puede señalar que el conicto en dicha
cerámica comenzó en el año 2015, cuando el antiguo
patrón empezó a atrasarse en el pago de sueldos y
aguinaldos. Se generó así una deuda con el personal que
fue creciendo al punto que a cada uno de los empleados
se le debía, hasta mayo del 2016, aproximadamente
$30.000. En ese año empezaron las huelgas y hacia
marzo de 2017, tomaron la planta. Respecto a ello, una
fuente periodística reeja la situación que enfrentaban
los trabajadores:
“… en términos nancieros, la empresa había sufrido
signicativos retrocesos, por lo que las negociaciones
con la Subsecretaría de Trabajo rondaron sobre tres
posibilidades: a) la quiebra, b) que los trabajadores
formaran una cooperativa para hacerse cargo, o c)
que otra empresa encarara el salvataje...” (Diario
Alternativa Socialista, 18 mayo de 2016).
La segunda opción era la mayoritariamente apoyada
por los trabajadores e implicaba la conformación de
una cooperativa, para comenzar así el proceso de
autogestión obrera. En una entrevista publicada en
Diario El Zonda (2016), el delegado gremial y miembro
de la comisión de los Ceramistas armó:
Queremos que el Gobernador intervenga y nos de
la fábrica a los trabajadores. Sabemos que hacer
una cooperativa lleva su tiempo, pero pedimos que
mientras esto se puede concretar, que nos liberen la
mercadería que está en el interior de la fábrica para
que la vendamos nosotros y así poder comenzar a
desarrollar de alguna forma la actividad y mantener
nuestra fuente laboral (Diario El Zonda, 21 de marzo
de 2016).
El conicto acontecido en la Cerámica San Juan incluyó
una intensa etapa de negociaciones con la patronal y
la Subsecretaría de Trabajo. Sin embargo, la respuesta
no fue la esperada, dando lugar así a la toma del
establecimiento, que también implicó cortes de ruta y
manifestaciones en el centro sanjuanino. No obstante,
la autogestión no pudo alcanzarse y los trabajadores
desistieron en sus intentos de hacerse cargo.
Según información brindada por el Diario de Cuyo
(2016), un ex-empleado sanjuanino que trabajaba
en la Cerámica Los Andes de Chubut, habló con sus
jefes, actuó como intermediario con dicha empresa y,
nalmente, la rma chubutense concretó un acuerdo
para alquilar el inmueble sanjuanino y hacerse cargo de
pagarles a los obreros todo lo que debía la rma anterior.
Esta administración tuvo un muy breve accionar,
los empleados fueron despedidos y actualmente la
Cerámica San Juan se encuentra cerrada por problemas
económicos.
Los tres ejemplos reseñados, ponen de maniesto que
el camino de la recuperación de empresas por parte de
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sus trabajadores resultó ser un proceso complejo en la
provincia y que no basta solamente con la voluntad de los
trabajadores para lograrlo. Deben conuir un conjunto
de factores políticos, económicos y socioculturales que
apoyen y coadyuven al fenómeno de la autogestión.
Ahora bien, otra fue la situación por la que atravesaron
los trabajadores del Aserradero Santiago y el Hotel
Termas Pismanta, hoy constituidos como cooperativas
de trabajo. A continuación, se detalla el escenario:
Aserradero Santiago:
Este aserradero, constituye una de las ERT reconocidas
por el Programa Facultad Abierta en sus diversos
relevamientos. La misma, se sitúa en la calle General
Acha del Departamento Rawson, del Gran San Juan.
Según una nota periodística del Suplemento Verde de
Diario de Cuyo (2003), la toma de la empresa sucedió
luego del fallecimiento de su propietario en el año 2000.
En efecto, tras el deceso del señor José Santiago, la
rma debió cerrar sus puertas.
Si bien los trabajadores y la viuda del propietario
tuvieron la posibilidad de vender las máquinas para
cobrar las indemnizaciones, optaron por seguir el
camino de la autogestión (previo acuerdo con la viuda
del propietario), recuperar los clientes y hacer frente
a diversas situaciones socio-económicas por la que
atravesaba el país: corralito, inestabilidad social, crisis
política y económica. Conformados en cooperativa de
trabajo, los once socios se dedicaron desde entonces
a fabricar con madera de álamo, cajones, listones y
puntales para la construcción o carpintería domiciliaria.
Hotel Cacique Pismanta:
Es importante mencionar que el caso más destacado de
ERT en San Juan lo constituye el Hotel Pismanta, dado
el notable prestigio e importancia histórico-social que
el hotel reviste a nivel internacional, provincial y local.
Sin lugar a dudas, este reconocimiento deviene de las
cualidades de las aguas termales donde se construye
el hotel y que resultan favorables para la salud. Ello
ha posicionado a dicha organización como un bien
preciado en sí mismo –constituido como lugar de visitas
de muchos turistas– y altamente disputado para su
administración. Junto a ello, la permanencia de más
de sesenta años de vida e historia lo convierten en un
actor local importante para propiciar el desarrollo del
Departamento Iglesia.
A partir de la indagación y reconstitución del accionar
de la cooperativa Hotel Cacique Pismanta, corresponde
caracterizar a dicha ERT como una nueva unidad
productiva de la provincia de San Juan. Ella logra ser
sustentable a partir de nuevas formas solidarias de
organización de las relaciones de producción; erguidos
sobre los cimientos de una empresa cuya conguración,
hasta entonces, presentaba características de una
estructura típica del modelo capitalista.
Según La Gaceta de Cooperar (2016), el hotel fue
inaugurado con 14 habitaciones y 28 camas, pero el
prestigio alcanzado por la bondad de sus aguas termales
hizo, que en mayo de 1968 se ampliaran las instalaciones
y se invirtieran 36 millones de pesos en la construcción
de 36 habitaciones más. El hotel Pismanta es propiedad
del Estado y fue fundado durante la presidencia de Juan
Domingo Perón. El mismo formó parte de un proyecto
de turismo social, cuyo propósito tiende a “generalizar
y socializar el benecio y las cualidades del agua
termal para todos los sectores sociales”. Sin embargo,
esto tomó otro curso con las sucesivas concesiones
privadas que dirigieron los servicios hacia los sectores
socioeconómicos de mayor poder adquisitivo.
En el año 1974 existió un proyecto más ambicioso en
el hotel Pismanta, que implicaba la construcción de un
Complejo Turístico. El entonces gobernador Eloy Camus
puso la piedra basal de una obra considerada como la
de mayor envergadura en la zona puesta en marcha
por el gobierno. La obra incluía la construcción de tres
hoteles anexos a la estructura existente, uno de primer
nivel, otro para los más modestos y otro para los que no
podían pagar.
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Los recursos económicos provendrían de la Nación pero,
pese a ello, la obra nunca fue concluida. El hotel siguió
trabajando con su vieja estructura y aunque tenía sólo
2 estrellas, su fama atrajo numerosos turistas. En 1982
contaba con un casino propio y piano-bar. Sin embargo,
ambos a nes de esa década cayeron en desuso y fueron
desmontados.
Según una nota periodística, ya en el año 1986, durante
el gobierno bloquista de Jorge Ruiz Aguilar (luego de
la renuncia de Leopoldo Bravo), la provincia inicio un
proceso de privatizaciones de los hoteles estatales,
principalmente el Gran Hotel Provincial, Pismanta y
Agua Hedionda. Dos años después se concesionan los
dos primeros, por 15 años a favor de la rma Nogaró
San Juan S.A., quedando fuera de esa concesión Agua
Hedionda. Esta sociedad, conformada por miembros de
la tradicional familia bodeguera Gragna, administró
también el Hotel Nogaró y el Plaza de la provincia de
Mendoza (Diario La Vaca, 14 de octubre de 2004).
La vida nanciera del Hotel Termas Pismanta transitó
momentos de inestabilidad en sus más de 60 años
de vida, por lo que el Estado tuvo que hacerse cargo
y ponerlo en condiciones varias veces. Según Pastor
(Diario de Cuyo, 2004), desde su inauguración el
establecimiento pasó por varias rmas gerenciadoras
que terminaban entregándolo nuevamente al Estado
porque —entre otras razones— la distancia con la
Capital provincial les dicultaba la provisión de insumos,
implicaba un alto costo de mantenimiento del hotel
y también había problemas para conseguir personal
calicado.
Sin embargo, esta rma no nalizó su gestión, pues la
crisis de 2001 impactó en la administración, hasta el
punto que pasaron seis meses sin que los trabajadores
percibieran su sueldo. En palabras de Alberto, miembro
de la cooperativa del hotel:
Todo empezó porque la empresa nos estaba
debiendo 6 meses de haberes y nosotros decidimos
no perder nuestra fuente de trabajo. Nos guiamos
también, lógicamente, de algunas cuestiones que
estaban sucediendo a nivel nacional en torno a
otras Empresas Recuperadas y todo ese tema. Por
eso, teníamos idea de qué se trataba y que es lo
que pretendíamos hacer. (Alberto, comunicación
personal, 13 de enero de 2016).
Esta fue la situación que desencadenó la toma del
hotel por parte de los trabajadores, y que implicó una
serie de etapas adversas y de procesos complejos. En
julio de 2002, los empleados rmaron un acuerdo con
la empresa gerenciadora que los habilitó para hacerse
cargo de la administración.
En septiembre de 2003, fue sancionada una Ley
que otorgaba la concesión del establecimiento a la
Cooperativa de Trabajadores, pero su validez fue
recusada en el Poder Judicial. Por tal motivo, en abril
de 2004 se inició una larga etapa de negociaciones
con el Gobierno Provincial que tuvo mucho respaldo
de la sociedad departamental, provincial y de otras
instituciones.
Finalmente, en el año 2006, el gobierno entregó la
concesión del hotel Termas de Pismanta, por quince años
con opción a cinco más, a la Cooperativa de Trabajadores
Cacique Pismanta. Fue el presidente Néstor Kirchner,
quien, en 2007, entregó la administración (es algo más
que un edicio) de la empresa o de la razón social a
los trabajadores, constituidos como Cooperativa de
Trabajo.
Cuando los medios de producción pasaron al mando
de los trabajadores, una nueva signicación de la
cultura del trabajo emergió. La lógica es otra, porque
la autogestión con su poder en la toma de decisiones,
se contrapone a responsabilidades que antes sólo les
competían a los dueños de las unidades productivas, la
igualdad en los ingresos de todos los trabajadores, deja
atrás los salarios según escala jerárquica y la solidaridad
supera a la competencia.
En la localidad de Iglesia, los diferentes actores sociales
se encuentran entrelazados con fuertes vínculos.
Especícamente, los trabajadores de la Cooperativa
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Pismanta son en su mayoría parientes, amigos o
conocidos del pueblo. Es por ello, que la relación intra-
cooperativa es estrecha, directa, con comunicación
uida y horizontal. Claramente, existe la autoridad
que es respetada y avalada por el colectivo de los
trabajadores, pero ello no reduce la existencia del
sentimiento de pertenencia que tienen los trabajadores.
Es importante rescatar la valorización que los mismos
trabajadores hacen del hotel.
El hotel no es sólo una fuente laboral, sino que se ha vuelto
una suerte de “patrimonio iglesiano”, algo que debe ser
conocido y respetado por las próximas generaciones,
que debe ser preservado y valorado porque, en suma,
es parte de su identidad. Y la comunidad lo hace propio
desde distintos lugares: el hotel abre sus puertas
para que convivan expresiones artísticas, religiosas,
educativas y culturales y también sale a la comunidad.
Sin lugar a dudas, muchas fueron las adversidades
que los trabajadores tuvieron que enfrentar: falta de
recursos materiales, poca credibilidad por parte de
algunas autoridades políticas, incesantes idas y vueltas
en el momento de obtener la concesión, existencia de
conictos internos que fueron resueltos lo cual permitió
la continuidad del trabajo cooperativo, entre otras.
Asimismo, las propias cualidades de las aguas termales
requieren de constantes inversiones edilicias, tarea
difícil y costosa, no expedita; por ello, surgen campañas
de desprestigio del accionar de la cooperativa.
Reflexiones finales: una mirada integral a las
ERT desde la Sociología del Trabajo y la Orga-
nización.
Las ERT aportan, en líneas generales, al desarrollo
económico y social del país y la provincia, pero
siempre estando al servicio del trabajador y de la
comunidad; por ello integran en un mismo objetivo
la eciencia económica y el bienestar social. Estas
empresas emergen como una institución más del
sistema económico, diferentes del sector público y del
empresarial clásico, pero tan estructural como ellos;
con una impronta propia para mejorar la asignación de
recursos y la redistribución de la renta, consolidando la
estabilización económica necesaria para un crecimiento
equilibrado, sostenido y muchas veces respetuoso del
sistema ecológico.
En los ámbitos académicos, se han dado amplios
debates en torno a la permanencia en el tiempo de las
ERT y otras nuevas formas de trabajo. Inicialmente
algunos se aventuraban a declarar que podían imponer
un nuevo modelo económico, contrario al capitalista
y que ello traería consigo un nuevo tipo de régimen
político; empero esto fue desestimado por la misma
realidad.
En primer lugar, porque necesariamente los modos de
concreción de estas empresas insertas en la llamada
“Economía Social y Solidaria” se inscriben dentro de
la propia lógica del sistema capitalista y no podrían
subsistir fuera de él. En segundo lugar, porque el
colectivo encargado de lograr el cambio de sistema, no
cuenta con la existencia previa de una conciencia crítica
a la formación social, sino más bien son trabajadores
que buscaban evitar la destrucción de su identidad
social como trabajadores estables. Y tercero, porque el
sistema capitalista está más vigente que nunca.
Sin embargo, a través de estas páginas, se ha demostrado
que las ERT constituyen una real y no coyuntural opción,
ante la pérdida de trabajo en un contexto con altos
índices de pobreza y desempleo. Especícamente, a
partir del año 2001 diversos trabajadores acompañados
por organizaciones de diferente índole, ocuparon
empresas, resistieron el desalojo y comenzaron a
producir. La puesta en marcha de la producción de
bienes o servicios y la consolidación de un movimiento
de ERT muestran que es factible eludir el rol de gerentes
y patrones en la producción, a la vez que otorgan poder
y legitiman una nueva forma de lucha del movimiento
trabajador.
El origen de las ERT se encuentra entrelazado a los
períodos de crisis, por lo cual Argentina se convierte en
un terreno fértil para la propagación de la autogestión
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obrera. Nuestro país marcha en un estado de crisis
recurrente, donde existe una repetición cíclica de
períodos muy críticos y sucedidos por otros de
reacomodamiento de los actores políticos y sociales que
no logran estabilizarse. Muestra de ello son los treinta
años y más de democracia, jalonados por episodios de
hiperinación y devaluaciones dramáticas, la caída de
un gobierno en medio de una grave perturbación social
y otras conmociones semejantes, en un contexto de
distribución regresiva del ingreso, perdida y deterioro
del empleo, marginalización y exclusión creciente de
una gran parte de la población.
Respecto a las diversas experiencias de ERT en San
Juan, a modo de síntesis se presenta un resumen de
las principales características organizacionales que las
han signado y que el presente trabajo ha coadyuvado a
destacar.
1. Son actores locales trascendentales que
impulsan el desarrollo territorial, poniendo en
valor las potencialidades locales y cooperación
entre los diversos actores.
2. Mantienen relaciones laborales horizontales
(alejadas de las jerarquías estancas), informales
(que rescata la comunicación cara a cara y entre
las personas como miembros de un grupo social
de pertenencia) y comunicación tipo estrella
(donde todos los actores que conforman la
organización se encuentran en permanente
contacto entre sí).
3. No se marcan jerarquías entre trabajadores,
ya que los puestos son exibles, pueden rotar y
todos tienen voz y voto.
4. Estimulan interrelaciones con diversos grupos y
organizaciones de la sociedad civil.
5. Mantienen vínculos intercooperativas, con la
nalidad de brindar asistencia, apoyo y ejecutar
actividades en conjunto.
6. Son experiencias económicamente
autosustentables, ya que no perciben
subsidio estatal ni de otros organismos. Las
cooperativas manejan su propia escala salarial
y manutención de los edicios.
7. Tienen una estructura interna –no rígida ni
inamovible– conformada habitualmente por:
Presidentes, Secretarios, Tesoreros y Síndicos.
Si bien sólo dos casos de ERT sanjuaninas han sido
abordados en detalle por los especialistas en el tema,
el aporte principal de este trabajo ha sido contribuir al
conocimiento de las diferentes experiencias exitosas y
no exitosas de recuperación de empresas en la provincia
y a enmarcar la complejidad del fenómeno en la trama
del contexto nacional.
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Disponible en: http://www.recuperadasdoc.com.ar/
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Maruca le compró una fábrica a Pepsico y sale a competir con
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http://sanjuanalmundo.com/articulo.php?id=17016
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www.diariodecuyo.com.ar/home/new_noticia.php?noticia_
id=18372
Fuentes testimoniales:
Entrevista a María (13 de enero de 2016). Entrevista
realizada por la autora, disponible en el archivo de
investigación de la misma.
Entrevista a Alberto (13 de enero de 2016). Entrevista
realizada por la autora, disponible en el archivo de
investigación de la misma.
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ALGUNAS CONSIDERACIONES TEÓRICAS SOBRE LA APLICACIÓN DE LA “TEORÍA
CAMPESINA” EN EL ANÁLISIS INTERPRETATIVO HISTORIOGRÁFICO SOBRE LA
CONFORMACIÓN SOCIAL DEL ESPACIO RIOPLATENSE TARDO-COLONIAL.
Rossomando, María Pía.
1
Resumen
El campesinismo, en tanto teoría, ha absorbido las
deniciones de categorías y relaciones sociales de lo
rural, soslayando tributariamente no solo expresiones
y diferencias materiales de esas relaciones, sino
también una denición precisa de los sujetos sociales
que intervienen en ellas. Chayanov, el padre del
campesinismo, en tanto levanta la bandera de una
economía política alternativa al capitalismo, supone la
militancia de la autoexplotación económica de la familia
campesina o artesana que no ocupa obreros pagados
sino el trabajo de sus propios miembros como una
certeza. Esto constituye, al mismo tiempo, el problema
central de algunas “indeniciones” que se explicitan
Dra. Alicia Naveda
1
1. Licenciada en Historia por la Universidad Nacional de
San Juan (UNSJ) e integrante de equipos de investigación
en el Instituto de Investigaciones de Historia Regional y
Argentina (IIHRA) de la Facultad de Filosofía, Humanidades
y Artes e Instituto de Investigaciones Socioeconómicas
(IISE) de la Facultad de Ciencias Sociales, UNSJ.
Recepción:17/03/2020 | Aceptación: 12/06/2020
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en la teoría, más aún cuando se intenta aplicar ciertas
categorías conceptuales a la realidad rioplatense tardo-
colonial sin analizar ni comprobar empíricamente el
contenido social de las mismas.
Esto es lo que sucede con cierta renovación
historiográca que ha intentado instalar la idea de la
existencia concreta del sujeto campesino en múltiples
formas y fórmulas, argumentando una casi “natural”
y poco clara demarcación entre las clases sociales, a
partir de una relativización de los condicionamientos
económicos que intervienen en la cimentación de tal
fenómeno.
Este ensayo bibliográco propone, entonces, despejar
algunas cuestiones conceptuales que circulan
generalizadamente en ciertos discursos historiográcos.
Palabras Clave:
historiografía - campesino - campesinismo.
SOME THEORETICAL CONSIDERATIONS ON THE
IMPLEMENTATION OF THE “PEASANT THEORY”
IN THE HISTORIOGRAPHICAL INTERPRETATIVE
ANALYSIS ON THE SOCIAL CONFORMATION OF
THE LATE-COLONIAL RÍO DE LA PLATA SPACE.
Abstract:
The peasant theory has absorbed the denitions of
categories and social relations of rural, not only for tax
sidestepping expressions and material dierences in
these relationships, but also a precise denition of social
subjects involved in them. Chayanov, the father of the
peasant theory, while raises the ag of an alternative
political economy of capitalism, is the militancy of
economic self-exploitation of the peasant or artisan
family that occupies paid workers but the work of its
own members as a certainty. This is, at the same time,
the central problem of some “uncertainties” that are
specied in the theory,
This is what happens with some historiographical
renewal that attempted to install the idea of the
concrete existence of the peasant subject in multiple
forms and formulas, arguing an almost “natural” and
unclear demarcation between social classes, from a
relativization of economic constraints involved in the
foundation of this phenomenon.
This bibliographic essay proposes, then clear some
conceptual issues generalizadamente circulating in
certain historiographical discourse.
Keywords:
historiography - peasant- peasant theory.
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1) Algunos postulados de la “renovación histo-
riográfica”.
En los últimos años, los estudios sobre las prácticas
judiciales en el espacio rioplatense adquirieron una
trascendencia considerable a partir de la relectura de los
escritos clásicos y la revisita de ciertas fuentes bajo el
impulso de nuevos interrogantes y perspectivas teórico-
metodológicas (Barriera, 2010). Hasta hace unos
lustros, la historiografía se había centrado en analizar
el conjunto normativo del período colonial y de la etapa
independiente, privilegiando un acercamiento formal
a lo jurídico, analizando el texto de la ley. Ante ello,
nuevas miradas historiográcas comenzaron a plantear
la necesidad de aproximarse a ese derecho entendido
como “el área de fricción entre la ley y la práctica” (Fradkin,
1997, p. 142). Como lo expresa Alejandro Agüero (2010):
“Hace tiempo que desde la historia del derecho se trabaja
sobre la ‘persistencia’ de la vieja tradición jurídica en la
época del denominado ‘derecho patrio’”. Y agrega: “Si
por un lado los signos de continuidad son evidentes, no se
puede negar que los procesos de emancipación ponen en
marcha una nueva forma de acción política” (s/p).
No obstante, él mismo advierte que esta situación
paradojal se maniesta en una brecha entre las
formulaciones normativas que se promulgan desde
los nuevos gobiernos y las prácticas sociales e
institucionales, que se muestran aferradas a la tradición
convirtiendo en “papel mojado” la mayor parte de
las nuevas leyes. Es así que en palabras del autor:
“cabe preguntarse si esa distancia no resulta, en ciertos
contextos, sobredimensionada […] y si es posible, y en qué
términos, plantear una continuidad jurídica más allá de
las enunciaciones normativas innovadoras producidas por
los primeros gobiernos patrios.” (Agüero, 2010, s/p).
Los aportes producidos por una historiografía agraria,
pionera en replantear la relación entre norma y
práctica, evidenciaron tensiones que posicionaron a las
subalternidades en un rol activo frente a las nociones de
poder y autoridad, fenómeno que le daría fuerza jurídica
a la costumbre, en tanto elemento a criminalizar. Juan
Carlos Garavaglia y Jorge Gelman exponentes de
estudios en esta línea, señalan que efectivamente,
y en contraposición a una historiografía estructural-
funcionalista, hoy parece poco viable identicar, sin más,
el proceso de constitución de la estatalidad rioplatense
con una clase homogénea de hacendados, sin tener
en cuenta la existencia concreta de formas de activa
participación política de la población rural, en tanto son
cuestiones ineludibles para entender el porqué y el para
qué de la aplicación legítima de las prácticas punitivas
en relación al control de la fuerza de trabajo. Como los
mencionados autores lo advierten para el espacio de la
campaña bonaerense:
la obligada contrapartida de las alternativas que
permitían a los campesinos escapar a la presión
económica de los poderosos, fue la construcción
de un tejido judicial extremadamente sólido para
evitar que los más débiles pudieran hacer frente
exitosamente a esas presiones (1998, p. 41).
La anterior cita evidenciaría dos cuestiones: en primer
lugar, que la preocupación por la criminalidad podría
revelar los fundamentos e intereses del poder por
aplacar esas tensiones sociales a través de su regulación
jurídico-normativa, denostando a la costumbre
como perjudicial en función de congurar una nueva
costumbre con fuerza jurídica: la del trabajo; y en
segundo lugar, parecería también –y esto es llamativo–
que en oposición al vecino trabajador, se perla al
“campesino”, que bajo las construcciones delictivas y
guras jurídicas del “vago y malentretenido” habrían
congurado una “representación social que no resulta un
mero reejo de las condiciones sociales imperantes, sino
que suministra orientaciones y prescripciones para una
acción social determinada” (Fradkin y otros, 2001, pp.
172-173).
Esta línea de interpretación resulta fundamental para
este primer estudio exploratorio, puesto que a gran
escala el mismo Raúl Fradkin (1997) advierte que si bien
“la transformación agraria pampeana suele explicarse
a partir de un conjunto de elementos dinamizadores de
origen exógeno ofreciendo una imagen estática de la
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sociedad” (p. 155), para la primera mitad del siglo XIX
existe una trama abigarrada de prácticas y relaciones
sociales que aunque de antigua data, no habrían
obstaculizado el proceso de transformación de las
relaciones de producción, por el contrario, les habría
servido de sustento.
Es aquí, entonces, donde podríamos poner en tensión
por un lado, la categoría de “campesino” usada por
Garavaglia y Gelman (1998) a la cual nos referiremos
enseguida; y por otro lado, lo señalado por Agüero
(2010) sobre todo si ponemos atención desde la
óptica de las posibles transformaciones productivas,
los efectos dinamizados por la aplicación de guras
jurídicas del vago y malentretenido inuyendo en
una nueva lógica de las relaciones laborales con
objetivos distintos a los apuntados por el orden
colonial. En efecto, a propósito de estas discusiones
–y abonando la mirada de Fradkin (1997)– Juan Flores
(2018), en un reciente y completo estudio, concluye
(para el caso bonaerense): “podríamos aventurarnos
a decir que tanto la papeleta de conchabo (emitida
por un hacendado determinado) como la violencia
preformativa del Estado tienen elementos propios
de [una posible conguración embrionaria de
relaciones capitalistas de producción]” (p. 30).
Ahora bien, este último estudio en particular
demostraría algunas contradicciones en el uso de
ciertas categorías analíticas e interpretativas que
adoptó –en general– esta renovación historiográca,
haciendo uso de los principales postulados de la
teoría campesina propuesta por el economista
agrario ruso Alexander Vasilievich Chayanov a
principios del siglo XX. A raíz de la crisis económica
que sufrió Rusia a nes del siglo XIX (1880-1890) y que
afectó mayoritariamente a los grandes propietarios,
se instaló una intensa polémica en la que se sometía
a discusión las posibilidades económicas que podían
acarrear la pequeña producción campesina y la gran
empresa agrícola. En este marco contextual, y en
oposición a lo que aludía el sector socialdemócrata
ruso, –proponiendo la nacionalización de la tierra
y una vez alcanzada la revolución, la socialización
de la agricultura– comenzó a edicarse una nueva
corriente de pensamiento económico –la llamada
Organizatsionno-proizvodstvennoe napravlenie
o Escuela de la organización-producción– que
proponía “la transformación de la organización de
la economía campesina con el n de elevar
la producción agrícola”, y sostenía que: “los
conceptos de renta, plusvalía y ganancia –útiles
para analizar el desarrollo capitalista– no servían
para comprender la economía campesina” (Bartra,
R., 1976, s/p). En efecto, Chayanov se formó en el
seno de esta escuela tomando de ella dos elementos
fundamentales que tiempo después desarrollaría,
a saber: por un lado, “el planteamiento de que la
economía campesina no puede analizarse con los
conceptos de la economía política clásica, por lo que
es necesario crear una metodología propia para el
estudio del modo de producción campesino”. Para
a posteriori comprobar según sus propios estudios
que: “la economía campesina es una forma de
producción no capitalista, en la que –después de
deducir los costos de producción– no es posible
determinar la retribución respectiva de los factores:
capital, trabajo, tierra. Es decir, no existe allí
ganancia, salario ni renta” (Bartra, R., 1976, s/p).
En esto, pues, se funda a grandes rasgos la teoría
campesina chayanoviana.
A continuación, y a lo largo de este artículo, se intentará
explicar qué relación guardan las aseveraciones vertidas
en la última investigación de Flores (2018), con la
necesidad de revisar la aplicación de la teoría campesina
planteada por Chayanov en los estudios históricos
tardo-coloniales que aquí ponemos en diálogo.
2) Discusiones conceptuales:
terrateniente, elite y hacendado.
Como lo señala Lía Borcosque (2011), “hacia nes del
siglo XIX la Argentina comenzaba a insertarse en la
economía mundial a través de un proceso que permitió la
acumulación y concentración del capital en manos de la
burguesía local, al tiempo que se articulaba funcionalmente
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al patrón de acumulación industrialista internacional”
(p. 107). Sin embargo, en el caso de la historiografía
sanjuanina, no se ha atendido al proceso que a nivel
local permitió esa citada consolidación de las formas de
producción capitalista. En tal sentido, se ha apuntado
a diversicar en sus análisis los procesos estructurales
de los coyunturales, generando confusión a la hora de
poder identicar en la conformación de la estatalidad
independiente, los procesos de proletarización de cierto
sector de la población y concentración de los medios
productivos (sobre todo, la tierra).
En el marco de esta cuestión, los resultados obtenidos
en un trabajo previo
1
permitieron armar que lo que
podríamos llamar “la cultura del trabajo” se habría
dinamizado a partir de la Revolución de Mayo, al
tiempo que servía de marco a la paulatina extensión de
dispositivos punitivos coloniales vinculados al trabajo
forzado. En efecto, las fuentes consultadas y analizadas
2
demostrarían que para el caso sanjuanino, las penas
aictivas y tormentosas que caracterizaron al derecho
indiano, habrían disminuido considerablemente luego
de estallada la revolución, mientras que las penas
corporales de servicio y trabajo público aumentaron, al
tiempo que las calicaciones judicializables asociadas a
lo “étnico” se van viendo desplazadas hacia calicativos
relacionados con el acto de “robar”, comportamiento
delictivo que amenazaba la propiedad privada y que se
1. Rossomando, M.P., (2019). “La criminalización de los
sectores subalternos en San Juan y su influencia en la
etnificación de la realidad a través de la producción
discursiva judicial 1800-1830” (tesis de grado inédita).
Facultad de Filosofía Humanidades y Artes, Universidad
Nacional de San Juan, San Juan (Argentina).
2.De la totalidad de documentos (del siglo XIX)
resguardados en el Archivo del Registro Inmobiliario y
Poder Judicial de la Provincia de San Juan –Fondo Penal–,
y disponibles para su consulta (378), fueron relevadas
208 expedientes que contienen causas penales, dos
expedientes referidos al registro de las denominadas
“Visitas de Cárcel” y un expediente de “Relación de Reos”.
Esto nos da un total de 211 expedientes relevados que
corresponden a la totalidad de documentos resguardados
por el mencionado repositorio, correspondientes al recorte
temporal analizado (1800-1830). De la totalidad de esos
208 expedientes que dan cuenta de causas penales, 77
conservan aun las sentencias, el resto (131) no.
vería directamente asociado con la “vagancia” y con las
minorías étnicamente clasicadas.
Este modelo de “delincuente” se transformaría así
–mediado por la aplicación del castigo punitivo de
trabajo forzado– en un bien social que involucraría dos
ventajas: por un lado, el suministro de mano de obra
(en tanto el trabajo se presenta como la principal arma
rehabilitadora y protectora de la propiedad privada),
y por otro, la reproducción de signicados; y decimos
“mano de obra” porque de la totalidad de 21 sentencias
que dictaminaron la pena de trabajo público, solo el
15% de ellas resultó informar que la condena a trabajo
público debía concretarse con derecho “a ración y sin
sueldo”. Este dato no solo deja de maniesto una cierta
predominancia en el pago de un salario a los sujetos
arrestados que judicialmente estaban obligados a
trabajar en función de cumplir con la pena por el delito
cometido; sino que resulta, a su vez, iluminador puesto
que de 48 familias de vecinos sanjuaninos estudiadas
–y que habrían votado la gran mayoría en adhesión a
la revolución según la historiografía clásica provincial–
el 90% parecieran
3
ser hacendados vitivinícolas,
mientras que el 69% ocupaban cargos vinculados a la
administración de la justicia (Rossomando, 2019).
Y entonces: ¿por qué pudiendo controlar –estas
autoridades– un mercado de trabajo coactivo “a ración
y sin sueldo”, las sentencias muestran la predominancia
de castigar con trabajo (coactivo también) pero
mediado por el pago de un salario? ¿Para qué? ¿Cuál es
la ganancia (si es que la hay, y si es que se persigue una
ganancia)?
Preguntarnos por la existencia concreta (o no) de la
posible ganancia que podría suscitar el insertar al
sistema productivo –mediante el sistema punitivo–
mano de obra, es nuestro punto de partida, sin
3. Nótese el uso del imperfecto subjuntivo para expresar
que no podría ser posible aún para el caso sanjuanino y a
falta de fuentes, aseverar tal categoría (la de hacendados)
puesto que no tenemos datos concretos que sostengan lo
que se pretende decir cuando se habla de un “hacendado”.
Esta discusión se explicita más adelante.
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embargo, preguntarnos por ella sin indagar en el
origen social de la misma, nos dejaría en un mismo y
especulativo punto. En este sentido, y en función de
profundizar conceptualmente lo planteado, hay dos
cuestiones que pueden tornarse un poco confusas –en
tanto contradictorias– a la hora de tomar este camino.
Primero, el concepto de “oligarquía terrateniente” y de la
mano de él, la categoría de “campesino”, dos términos
muy utilizados por la renovación historiográca para
explicar y describir dos sectores diferenciados –en
términos de hegemonías y subalternidades– en el
ámbito de la composición social de lo rural.
En efecto, a pesar del uso masivo de estas categorías,
esta decisión epistemológica parece adolecer de una
lectura profunda a la hora de analizar el contenido social
y material de las mismas. En esta línea de trabajo, dicha
toma de posición terminó desplazando del foco de
atención a la gura del “hacendado” en tanto algunas
investigaciones sostuvieron la necesidad de reconvertir
y relativizar su contenido, planteándolo en realidad,
como el resultado de un proceso de “campesinización”
del gaucho. Así lo expresa Flores (2018) citando a Rath,
C., y Roldán, A., (2013, pp. 150-151):
Los hacendados, son para algunos autores, una
clase contraria a la revolución burguesa, en tanto
que el pequeño hacendado formaba parte de un
programa agrario con la intención de convertir al
gaucho en pequeño hacendado para que abandone
la práctica de la caza del ganado, de las corambres
[…]. (p. 27).
En este contexto, mientras la categoría
“hacendado” se relativiza, se va fortaleciendo el uso
de la categoría “oligarquía o elite terrateniente” en
reemplazo de la de “hacendados”. Ahora bien (y de
nuevo), ¿cuál es el contenido social y económico de
estas denominaciones?
Desde la historiografía liberal clásica se sostuvo que,
durante la dominación española, las colonias en América
se regían por las leyes vigentes en la metrópolis. Para
regular estos territorios, se conformó un sistema
jurídico llamado “Corpus Iuris Indiarum”. Esta legislación
hispánica en materia penal, estaba centrada en la sanción
y aplicación de penas jas y generalmente graves,
graduándose las mismas según la condición social del
reo. El aparato sancionador, se caracterizó así, por ser
marcadamente intimidatorio y sus penas desiguales.
Ahora bien, ¿qué sucede con la Revolución de Mayo?
Dice Abelardo Levaggi (1978): imbuidos de las doctrinas
de los lósofos y juristas europeos de la segunda mitad
del siglo XVIII y primeras décadas del XIX, las reformas
liberales, en materia penal, serían pensadas –aunque
lentamente aplicadas en el Río de la Plata– desechando
la lógica de la crueldad y el tormento, y abogando por
una justicia que tenga como principal objeto la igualdad
ante la ley (pp. 99-100). Sin embargo, la sentencia es la
siguiente: se llega a la conclusión de que, en realidad,
y si bien la independencia de este virreinato importó
la ruptura de la subordinación política respecto del
gobierno español, la estructura y el orden social siguió
organizado bajo formas coloniales, argumento similar
al que plantea –como hemos visto– Agüero (2010). En
base a esta interpretación es que Levaggi (1978) expresa
que, entre los sistemas penales argentinos de 1800,
1820 y 1840, no hubo reales diferencias, destacándose
como consecuencia de esta “continuidad”, un período
de estancamiento del elemento penal.
En este contexto y en lo que respecta particularmente a
la jurisdicción de San Juan de la Frontera, esta cuestión
se torna aún más interesante. Una vez consolidada
la Revolución de Mayo, la dinámica procesual de
interpretación histórica que mencionábamos antes, se
explicaría de la misma manera, es decir, en términos
de continuidad y no tanto de rupturas, relativizando las
“nuevas” formas administrativas “nacionales” desde
1810, y “provinciales” desde 1820.
En esta lógica de interpretación se enmarca, entre
otras, la consideración de los sociólogos locales Lirussi,
Gómez, Henríquez y Martínez (2014), al referirse
al proceso revolucionario sanjuanino que inicia con
el estallido de la Revolución de Mayo, primero en
Buenos Aires, para unos días después ser “replicada”
en estos territorios. En opinión de los autores, aquel
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trascendental acontecimiento si bien signicó a nivel
general “…una instancia fundacional del proceso en
que se constituye la organización institucional de la
República” (s/p), no se habrían avistado profundos
cambios en la realidad concreta, más allá del juego de
representaciones que con ella se desplegó. Esta visión
cobra sentido para los mismos cuando sostienen que,
ante las difíciles condiciones económicas que atravesaba
la zona, el éxito del movimiento patriota juntista ofrecía
a las familias “criollas”, una real oportunidad para
acaparar los cargos públicos desde antaño ocupados
por los españoles (Illanes, 2010 en Lirussi, Gómez y
otros, 2014). La Revolución, entonces, signicaría para
las familias acomodadas sanjuaninas, una estrategia de
acumulación de capital social y político. Así lo expresan
sus propias palabras:
La presencia de este tejido familiar atravesando
el espacio social y político se maniesta
recurrentemente en la historia sanjuanina que va a
asumir una modalidad de no confrontación la que,
sin dudas sustentada por estas redes de parentesco,
constituye en palabras de Bourdieu, un ‘acuerdo
objetivo’ que orienta las prácticas y alimenta las
representaciones, y termina siendo determinante:
por tanto no importa quienes sean ideológicamente
hablando, se relacionan entre si dando cuenta de
una continuidad aun cuando cambian las relaciones
históricas. (Lirussi, Gómez y otros, 2014).
Con lo expuesto, pareciera ser que ese acuerdo objetivo
al que se reeren los autores –parafraseando a Pierre
Bourdieu– estuviera de pronto, vaciado de contenido
ideológico, aislado de cualquier confrontación y
desprendido, por lo tanto, de intereses de clase en pos de
mantener una continuidad aun cuando se transforman
las relaciones históricas de una sociedad. Y si esto fuera
así, si el accionar de una clase responde a acciones
espontáneas o a fuerzas del orden de lo natural, ¿cómo
explicaríamos la Revolución de Mayo en términos
de revolución? Y en el caso de que la respuesta fuera
negativa, ¿cómo explicamos, entonces, la instalación de
un sistema capitalista con el que de pronto nos topamos
a nes del siglo XIX? ¿Qué pasó durante todo un siglo?
Como se hace visible en las palabras de Susana
Ramella (1985): “La historiografía de San Juan rescata,
generalmente, la actuación política de los personajes
más prestigiosos de su historia, los sucesos militares
más descollantes y, a veces, oculto detrás de esos
acontecimientos, se señala el nacimiento de sus
instituciones fundamentales” (p. 129). En efecto, la
institucionalización de cualquier poder no debe tratarse
como una suerte de proceso dado naturalmente y
mucho menos debe ser desligado de la actuación
política y orgánica de esos “personajes prestigiosos”.
En esta línea, volvemos a insistir en la consideración de
Lirussi, Gómez y otros (2014), aunque esta vez, haciendo
hincapié en la primordial importancia que los citados
autores le atribuyen a las estrategias de reconversión
de las diferentes formas de capital bourdianas, en
los momentos fundantes del campo jurídico y de las
estrategias de reproducción, para concluir que, entre
ellas, la que se considerará la más privilegiada y utilizada
por la “elite sanjuanina” durante todo el siglo XIX, será
el matrimonio y la construcción de las redes familiares.
Si bien, a simple vista suena innovadora y lógica la
propuesta, el problema que arrastra esta particular (y
bastante general) forma de analizar la realidad social
y, por lo tanto, las sociedades en su complejidad, es
que se termina reduciendo a estas, a una sumatoria
de acciones de individuos aislados. Efectivamente, y
como lo expresa Mariano Schlez (2010), “privilegiar el
análisis del ‘comportamiento’ de los sujetos, y en este
sentido, de los lazos de ‘parentesco’, nos puede llevar a
relegar la profunda naturaleza de su reproducción social,
ocultando los antagonismos que recorren a los bandos en
pugna” (p. 221). Es decir, estudiar como algunos agentes
buscan acceder al matrimonio con otros agentes
sin profundizar en la conformación de las fuerzas
antagónicas, los intereses de clase y, de la mano de
estos, la reproducción social de una clase, los procesos
terminan siendo explicados como:
…vicisitudes personales, encuentros y desencuentros
completamente aleatorios, que responden a
estrategias que cada individuo pone en juego con
sus acciones. En su interpretación, el éxito individual
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depende de tomar decisiones correctas y forjar redes
adecuadas (familiares, de amistad, comerciales)
que permitan aprovechar las oportunidades que
ofrece el medio para ascender socialmente. En este
sentido, [dichos actores] podrían, gracias a una
correcta ‘actitud’, adaptarse a cualquier coyuntura.
[…] Esto no quiere decir que las decisiones personales
no posean una cierta importancia en la dinámica
histórica, sino que debemos ubicarlas en el marco
de posibilidades que la sociedad le impone a todo
individuo (Schlez, 2010, p. 77).
En primer lugar, entonces: “…el concepto de elite nos
remite a un grupo de notables, que se ve y es visto con
legitimidad para ejercer la conducción de la sociedad. Esta
categoría de análisis expresa el pasaje de una explicación
que vinculaba la acción política con ciertos aspectos de la
vida económica a una completamente aleatoria, donde
el sujeto ya no es un conjunto social, sino un individuo,
un ‘actor’”. (Schlez, 2010, p. 41). Esta signicación del
término en cuestión, nos arrastra hacia la idea de que “la
elite” tiene sus puertas abiertas a quien sepa establecer
redes familiares y sociales exitosas (Schlez, 2010, p. 41).
Es más, dice Schlez (2010), el concepto de “elite colonial”
habría surgido, particularmente, para referirse a la
alianza entre hacendados y comerciantes monopolistas,
cuando otros estudios pudieron comprobar que en
realidad no existió tal alianza, en tanto hacendados y
comerciantes monopolistas constituían dos fuerzas
sociales antagónicas, representando los primeros el
motor de la Revolución de Mayo y los segundos la
defensa del sistema colonial (p. 49).
Y entonces, si por un lado utilizamos la categoría “elite”
para hacer referencia a la clase política hegemónica
reconociendo en ella la alianza entre comerciantes
y hacendados, pero al mismo tiempo se relativiza
la categoría de hacendados incluyendo en ella –en
términos de signicación conceptual– la presencia de
aborígenes y gauchos peones que acceden a tierras –
en un contexto de “ilimitada oferta”
4
, como lo adujo
4.Ver más en Azcuy Ameghino, Eduardo: La Otra Historia,
el mismo Garavaglia (1989, p. 559)–, estamos en un
problema de indenición conceptual. Algo parecido
sucede con el concepto de “terrateniente”. Dice Flores
(2018):
…en ausencia de una denición de sus relaciones con
los productores directos, su vínculo con la tierra no
explica demasiado sobre su carácter reproductivo.
En efecto, a lo largo de la historia ha habido múltiples
tipos de terratenientes: terratenientes esclavistas,
terratenientes feudales y terratenientes burgueses.
Ocurre que, en realidad, la propiedad de la tierra
constituye tan solo un atributo de la clase social en
cuestión. En cambio, para denir una clase debemos
atender a las relaciones sociales establecidas para la
producción. Como el modelo clásico no podía explicar
cientícamente estas relaciones sociales terminó
por identicar un atributo (el carácter terrateniente)
con el carácter de clase (feudal o burgués). (p. 25).
Así también, el carácter polisémico que adquieren las
categorías aquí tratadas, parece ser replicado cuando
nos referimos al sujeto “campesino”. Y en este sentido,
¿cómo no arrastrar ambigüedades en la denición de
las relaciones sociales y en el contenido social de los
distintos sujetos y colectivos, si las categorías teóricas
parecen ser tan relativas? ¿Cuál es el argumento
empírico para explicar tal relatividad en la construcción
de dichas categorías sociales?
En este punto, es pertinente mencionar que hay cierta
aversión historiográca ante el uso de categorías
tales como “feudalismo”, “capitalismo”, “burguesía”,
“proletarización” aplicadas a este período. Es cierto que
utilizadas banalmente pueden contribuir a confusos
y poco útiles desenlaces investigativos, aunque su
negación tampoco asiste a arribar a mejores puertos. No
obstante, en este mismo orden de cosas, resulta curioso
el amplio uso que, a pesar de estas “aversiones”, se le
ha dado a la categoría de “campesino” y sus derivados.
Imago Mundi, Buenos Aires, 2002, cap. V, “¿Oferta ilimitada
de tierras? Un análisis de caso: Navarro, 1791-1822”.
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¿Cómo es que “no es debido” hablar de burguesía
5
, de
acumulación capitalista o de proletarización, pero sí de
campesinado, cuando tampoco –dicha renovación o
quienes niegan el uso de estos conceptos– han “logrado
cotejar el carácter de las transferencias de excedentes […]
ni [poner en práctica] un sistemático abordaje que probara
como ese excedente era trasferido entre productores
directos y señores/burgueses.”? (Flores, 2018, p. 26). Este
es el punto nodal de la cuestión.
3) La teoría campesina: tensiones entre la idea
del campesino rioplatense tardo-colonial y el
origen económico de la ganancia.
Si hablamos de clases sociales (ya sea para rechazar
o comprobar alguna hipótesis de su existencia en el
período analizado), necesariamente tenemos que partir
por demostrar la existencia y naturaleza de la explotación
capitalista: “extracción sistemática del trabajo excedente
sobre la que se funda una sociedad de clases” (Flores,
2018, p. 48). Ahora bien, también es cierto que la
explotación, en sí misma, no es una creación propia
del capitalismo. Esto bien lo explica Flores (2018): en la
sociedad feudal, por ejemplo, los señores se apropiaban
de una porción de riqueza producida por los siervos.
La comunidad contenida en el señorío, entregaba una
porción del trabajo expresado en corveas, especies o
moneda; trabajo que, bajo ciertas condiciones, excedía
las necesidades materiales de los productores directos,
tratándose de un trabajo excedente apropiado en forma
de renta (p. 49). Ahora bien, la explotación capitalista
diere un poco de esta lógica, en tanto rige de forma
eminentemente económica (y no extraeconómica como
es el caso de una explotación feudal). Como lo expresara
Marx: “mientras la clase obrera produce mercancías que se
venden por el valor correspondiente al tiempo de trabajo
socialmente necesario para su producción, la burguesía
retribuye tan solo lo necesario para la reproducción de la
5.Burguesía que aun presentaría rasgos embrionarios, del
mismo modo que se entiende que el grado de desposesión
de los peones no sería absoluto.
fuerza de trabajo (salario). Ello signica que la burguesía
se apropia económicamente de una parte del valor
producido por el proletariado.” (Flores, 2018, p. 49).
Así, las clases trascienden el aspecto únicamente
relacional, para ser también un producto material (base
del conicto social) que no deberíamos desestimar
hasta tanto podamos comprobar cómo se congura
–para la realidad que queremos estudiar– el proceso
de producción y transferencia del excedente. En este
sentido, y en el marco de las indeniciones con las que
se viene discutiendo, la gura del “campesino” para
identicar (sin mucha precisión) a una sociedad rural
tardo-colonial subalternizada, se presenta peligrosa.
¿Por qué?
Haciendo uso de los postulados chayanovianos y
del modelo “farmer” norteamericano, Garavaglia,
Gelman y Fradkin propusieron pensar la campaña
bonaerense tardo-colonial compuesta no solo por
“campesinos” sino por “campesinos independientes”,
estos últimos nucleados en pequeñas unidades
familiares (campesinas) que accedían a las tierras como
agregados u ocupantes informales. Este fenómeno
se explicaba así: “los peones accedían a una familia –y
consecuentemente a brazos dentro del núcleo familiar–,
a una porción de tierra y lograban consolidarse como
campesinos, no así como un campesinado, en tanto no era
denido por su relación con la comunidad campesina, sino
por su organización familiar en el marco de la pequeña
producción, así como por la producción de valores de uso;
en la que no regía allí, ninguna tributación ni transferencia
del trabajo excedente ni acumulación” (Flores, 2018, p.
37). Sin embargo, dice Flores (2018): “ello pierde de vista
que solo la organización como comunidad y la unidad
entre agricultura y manufactura, con los derechos de
usufructo de tenencias familiares y medios comunales,
es lo que explica la subsistencia campesina por fuera de
las relaciones mercantiles. De este modo el campesino
acude a los mercados solo para consumir valores de uso,
sin mediar una fuerza de necesidad económica de vender
el resultado de su producción y acceder a las mercancías
de las que carece, volviéndose un productor mercantil”.
(p. 37).
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Ahora bien, esto en términos generales, pero
para el caso de los “campesinos independientes”
rioplatenses, los mismos autores expresan en diversas
investigaciones que aquellos, muy probablemente y en
un principio, pudieron acceder al mercado con el n de
consumir manufacturas que no podían producir y que
eran necesarias para la reproducción social de cualquier
sujeto de la campaña. Sumado a esto, las probables
pequeñas cosechas que pudieran ofrecer regularmente
en los mercados de la campaña o del abasto de Buenos
Aires, eran vendidas en las condiciones adversas. Es
decir, si el pequeño productor no convertía rápidamente
su cosecha en ingresos, corría el riesgo de perderla. Sin
embargo, y como lo señalara el propio Garavaglia: es
posible observar la existencia de ciertos campesinos
que acumulaban a partir de la venta de su producción al
mercado. Según el mismo: “la dispersión en la oferta de
ganado caracterizó a los mercados del abasto de Buenos
Aires. Es decir, mientras la mayor parte de los labradores
eran pobres arrendatarios u ocupantes precarios, un grupo
de estos ‘campesinos’ acumulaban y contrataban mano
de obra por fuera del núcleo familiar” (Flores, 2018, p. 38).
Aquí es, entonces, donde el desarrollo y reivindicación
de una “teoría campesina” puede ser evidenciada
como un problema semántico, en tanto es posible
observar (desde sus propios aportes), que la categoría
“campesino” engloba indistintamente a peones,
pequeños productores mercantiles y también a
estancieros que contratan mano de obra. En este
sentido, ¿de quienes hablamos cuando hablamos de
“campesino”?
Eduardo Sartelli (2018) discute la concepción
chayanoviana de campesino denido como: “aquel
productor familiar que no contrata fuerza de trabajo”
(p. 59) produciendo solo lo necesario para subsistir.
En consecuencia, el campesino modelo de Chayanov,
sería ese alguien que vive al margen del mercado en
tanto tiene medios de vida (un pedazo de tierra del
que obtiene su subsistencia). Sin embargo, también
podría ser un productor mercantil, que a partir de un
medio de producción (la tierra), participa del mercado
obteniendo de él lo necesario para su reproducción.
Esta segunda dimensión del “ser campesino” es la que,
en la generalidad de su uso, oculta –embelleciéndola– a
una posible pequeña burguesía y/o potencial burguesía.
Como lo explica Sartelli (2018):
La pequeña burguesía es una capa de la burguesía.
La puerta de entrada a ella (el ascenso de clase) y
la de salida (la proletarización). […] Una etapa de
acumulación intensa puede dar lugar al ascenso de
capas pequeño burguesas, que se enriquecerán y
pasaran al campo de la contratación de fuerza de
trabajo, es decir, de la explotación del trabajo ajeno.
Una etapa de crisis llevara a muchos pequeños
burgueses a concentrarse ellos mismos en la
producción directa y resistir desde allí la expulsión
de su propiedad. Si esa presión es excesiva, se
asalariarán para encontrar ingresos extra, entrando
de hecho en el campo del proletariado (el semi-
proletario u obrero rural con tierra). Su medio de
producción ha dejado de ser tal y ahora es su medio
de vida. (p. 60).
En este sentido, un campesino ¿podría ser equiparado, a
la ligera, con el trabajador rural?
Para algunos autores como Eduardo Azcuy Ameghino
(1991), el término de “hacendados” implica –como ya se
ha señalado– una categoría que integra tanto al sujeto
terrateniente como al campesino acomodado, no sin
contradecirse al explicar la dinámica histórica de estos
actores (Flores, 2018, p. 28). El mismo expresa: “una
forma presuntamente coactiva eran los arrendamientos
forzosos concebidos como la entrega de una renta a
cambio de la posibilidad de usufructuar una determinada
extensión de tierras.” (Flores, 2018, p. 31).
Las investigaciones sobre arrendamientos en esta
dirección, abonaron los estudios de Gabriela Gresores
y Carlos Birocco, que completaron los supuestos
presentados por Azcuy. En efecto, y como lo señala
Flores (2018), Azcuy Ameghino señaló que no había
ninguna “oferta de tierras ilimitada” como lo armaron
las investigaciones de Garavaglia y Gelman en su
momento, expresando que:
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[…] cualquier sujeto que quisiera acceder a una tierra
debía pagar una renta de algún tipo. […] En base a
expedientes de las tramitaciones, Azcuy demostró
como solamente grandes hacendados podían hacer
valer esta vía de acceso a la propiedad de la tierra.
De este modo, señalaba que estos ‘terratenientes’
obtenían rentas obligando al campesino ya asentado
precariamente, contra la pena de ser desalojados.
Los productores directos se veían entonces forzados
a entrar en el arrendamiento (p. 31).
En palabras del propio Azcuy:
no pudiendo accederse a la propiedad y no
‘queriendo’ instalarse en los terrenos realengos
inmediatos a la frontera con el indio (y careciendo de
alternativas a trabajar la tierra), el arrendamiento
y el agregamiento resultan forzosos, debido a la
presencia de ‘señores del suelo’ que para permitirle
al productor directo laborar la obtención de
subsistencia, le imponen un pago en especie o le
exigen prestaciones. Lo transforman en obligado
‘feudatario’ al que ‘fuerzan’ a entregar plustrabajo.
(pp. 31-32).
Ahora bien, si prestamos atención a lo expresado por
Azcuy, en función de los datos cuantitativos arrojados
por las fuentes consultadas en su propia investigación,
este parecería demostrar la imposibilidad masiva de ser,
de hecho, un productor independiente, obligando a los
desposeídos (como los llama Flores) a arrendar: en otras
palabras, todo lo contrario a lo que reere el contenido
social que conlleva la categoría de campesino, en tanto
que:
[…] bajo el feudalismo clásico, el campesino se
hallaba forzado a adscribirse a la tierra por la
legislación que jaba al siervo en la tierra. Como
se ve, no estamos en Buenos Aires ante una
situación similar. Tampoco parece ocurrir esto en las
estancias: lo que las contabilidades registran en el
debate entre Gelman y Salvatore-Brown es que los
peones entraban y salían de la estancia con relativa
‘libertad’. En efecto, los datos de las estancias
permiten vislumbrar que los peones podían volver
a sus pequeñas unidades productivas en el verano
o acudir a una estancia donde se esperaba una
cosecha mayor. Incluso, no es menos cierto que
las estancias buscaban atraer a los peones con
metálico, con tal de garantizar el acceso a la mano
de obra necesaria. (Flores, 2018, p. 32).
El sistema, no parecería –a la luz de estos resultados
empíricos– jar a los productores directos a la tierra.
Por el contrario, en este contexto en el que el acceso a
medios de subsistencia parece ser parcial, el conchabo
aparecería como:
una alternativa de complemento para la
reproducción social del productor directo [a partir
de la cual] los desposeídos son forzados a entrar
en ciertos establecimientos. Pero aquí, a diferencia
del feudalismo, la violencia estatal o paraestatal no
tiene por función extraer una renta, sino aumentar
la tasa de explotación como forma de compensar
otras deciencias, y direccionar la mano de obra
asalariada. No se fuerza a estos últimos a ‘trabajar’
en general, sino que se los obliga a trabajar en
determinada unidad productiva y no en otra, o bajo
cierta tasa de explotación. Es decir, esta coacción
parece más bien un instrumento de competencia
entre diferentes hacendados por una mano de obra
escasa. (Flores, 2018, p. 30).
A un postulado similar arriba Campi (1993), al decir del
caso tucumano (entrado el siglo XIX), señalando que:
en el comienzo de la modernización de la
producción azucarera un sector de la población
tucumana había dado un paso esencial en su
proceso de proletarización. No poseía en propiedad
o bajo arriendo parcelas de tierra y subsistía
conchabándose de manera eventual o permanente.
La expansión del área bajo cultivo de la caña, a
expensas de bosques y de pequeñas explotaciones
de subsistencia, acrecentó notablemente ese sector
(p. 65).
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Este fenómeno podría explicar, dice Flores (2018), por
qué una capa de esos “campesinos” que poblaban gran
parte de la campaña de Buenos Aires, parecen tender
hacia la proletarización, en tanto él mismo lo comprueba
para el caso de la campaña bonaerense.
En efecto, los resultados de su investigación nos invitan
a conocer empíricamente, que al parecer no sería
posible hablar de la existencia de un campesinado, al
menos no para la realidad bonaerense, puesto que entre
estos y el patrón hacendado no media una relación de
reciprocidad, sino de explotación capitalista traducida
en una acumulación basada en la apropiación del trabajo
no pagado al peón (plusvalía), calculado (a través de
un estudio cuantitativo exhaustivo) entre un 35%
(solo habiendo contabilizado el trabajo vivo) y un 40%
(habiendo contabilizado trabajo vivo y trabajo muerto).
Es más, analizando las distintas tareas agrícolas y
ganaderas permanentes y estacionales en función de
observar cual es el valor agregado en cada una de ellas,
y comparando la distribución de tareas y período de
contrato (para el caso de peones libres) entre mano de
obra asalariada y esclava –a partir del estudio de caso
de la estancia “Los portugueses”
6
– Flores (2018) logra,
además, comprobar que, de hecho, es la mano de obra
asalariada la que no solo supera el número de mano de
obra esclava dedicada a las distintas tareas, sino que es
aquella la que entrega mayor valor al producto nal, en
comparación con el valor agregado por la mano de obra
esclava, tanto en etapas de siembra y siega (en menor
medida), así como también en etapas de producción (en
mayor medida).
En resumidas cuentas, ¿qué nos estarían diciendo estos
datos? En la búsqueda por obtener elementos que nos
acerquen a responder cual es el origen social de las
ganancias de los hacendados para el período apuntado
–nes del siglo XVIII y principios del siglo XIX– hemos
visto que se pueden detectar relaciones capitalistas
6.Estancia del hacendado colonial portugués Antonio
Rivero de los Santos, ubicada en Chascomús (segunda
mitad del siglo XVIII).
embrionarias, comprobando que la acumulación
del hacendado tardo-colonial (dueño de los medios
de producción) se basaba fundamentalmente en la
explotación económica de mano de obra asalariada
(aunque acompañada secundariamente de esclavos),
es decir, en la transferencia de plustrabajo entre
productores directos (que no podrían catalogarse
ligeramente, y como hemos visto, como campesinos) y,
podríamos decir entonces, una (embrionaria) burguesía,
concentrada en la gura del patrón hacendado
propietario de tierras (terrateniente burgués).
4) Algunas consideraciones en torno a una pro-
bable lógica capitalista del trabajo forzado: el
conchabo.
Hablando de “aversiones”, es conocida también la
animosidad disciplinar existente vinculada a una
restrictiva posibilidad teórica del investigador por
desplazarse temporalmente. Esto no es azaroso,
y de hecho guarda una lógica de responsabilidad
ética que es honesto reconocer. Sin embargo, la
presencia de algunos vacíos historiográcos nos lleva,
necesariamente, a incurrir quizá no en anacronismos
(aunque algunos puedan pensarlo así), sino a trabajar
con esos procesos que ya, medianamente consolidados
y abundantemente estudiados, puedan sugerir en su
profundización y relación temporal con etapas previas
(y en otros casos, por qué no, posteriores), elementos
que se nos hayan perdido de vista. En este sentido,
y siendo San Juan un caso de escasa presencia de
antecedentes historiográcos que nos permitan abordar
estas cuestiones, parece necesario –en una primera
aproximación– analizar procesos posteriores (nes del
s. XIX) a la etapa que se busca estudiar en profundidad
(nes del s. XVIII, y primeras décadas del s. XIX): en este
caso, la consolidación del modelo agro-exportador.
Veremos por qué.
A nes del siglo XIX, Argentina comenzaba a insertarse
en la economía mundial. En este contexto, y aunque
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como lo arma Borcosque (2011), si bien se perló con el
mencionado modelo, una particular distribución espacial
y poblacional que marcó la dirección de las relaciones
económico-nancieras y comerciales hacia la región
del Litoral (y especialmente a la gran ciudad portuaria:
Buenos Aires), en “el interior” surgieron dos regiones
de agroindustrias modernas que produjeron para el
mercado nacional: la industria vitivinícola en Mendoza
y San Juan, y la industria azucarera en el Noroeste
(Tucumán, Jujuy y Salta) (p. 107). En efecto, el sistema
económico basado en el engorde y comercialización de
ganado y en una agricultura subsidiaria de la ganadería
que, desde nes del siglo XVIII venía caracterizando a la
economía de las provincias de Mendoza y San Juan, fue
paulatinamente desalentada orientando la producción
de la provincia hacia un producto no competitivo con
la producción pampeana, en función de insertarse
satisfactoriamente en el patrón de acumulación
capitalista. Como lo expresa Borcosque (2011):
En el período 1875-1890 los sucesivos gobiernos
provinciales de Rosauro Doncel, Agustín Gómez,
Anacleto Gil, Manuel María Moreno, Carlos Doncel
y Federico Moreno alentaron el cultivo de la vid y su
industrialización a través de leyes y disposiciones
que fomentaron la transformación económica en
la provincia. Entre las medidas de fomento, los
premios fueron numerosos y pretendían incidir en
el número de agricultores que plantaban viñas. Así,
en noviembre de 1871 mediante una ley la Cámara
de Diputados disponía que ‘El que plante en la
Provincia cepas de uvas para viñas o parrales, tendrá
derecho al premio de treinta pesos por cada cuadra
cuadrada que abonará el Tesoro público, una vez
que se justique esas horconadas y presas.’ Otras
disposiciones en este sentido, aunque con escasos
resultados fueron la entrega de una recompensa
estímulo a Jorge Mardones en junio de 1882 por
su esfuerzo en mejorar los viñedos con variedades
de calidad y otra ley, durante la gobernación de
Anacleto Gil, de 1883, exoneró de la obligación de
contribución directa por cinco años a la plantación
de nuevas viñas (p. 110).
Otro indicador importante para analizar el impulso de
este sector productivo, puede reejarse en la supercie
plantada con viñas, que entre 1870 y 1914 pasó a ser
de 1.641 a 23.542 hectáreas. Por otro lado, entre 1895
y 1920 la producción de vinos aumentó casi cuatro
veces, y de las 221 pequeñas bodegas registradas en
1870 se pasó a casi 500 en 1914, de las cuales alrededor
de 10 producían más de 50.000 hectolitros de vino
cada una. Y no solo eso, sino que en los primeros años
del siglo XX ya existía una importante subdivisión de
las propiedades vitícolas; las ncas con menos de 25
hectáreas tenían preponderancia sobre las propiedades
grandes, representando el 92.2% de las explotaciones
(Borcosque, 2011, p. 116).
Estos datos muestran que a partir de nes del siglo
XIX y principios del XX, se produce un interesante
giro a la producción vitivinícola, expresada no solo
en un aumento de la producción, sino también en un
claro fomento a la misma. Sin embargo, una mayor
producción, signica –necesariamente– mayor mano de
obra. Y en tanto se busca la elaboración de un producto
de calidad, –con nes a hacerlo competitivo en el
mercado internacional– es ineludible una mayor mano
de obra calicada. En este sentido, Campi (1993) señala
que efectivamente, “sostener el ritmo del crecimiento
económico dependía de la solución de un problema cuyas
dos aristas estaban inescindiblemente asociadas: la
provisión de grandes contingentes de trabajadores y el
disciplinamiento de la masa laboral” (p. 53). No obstante,
los mecanismos coactivos que sobrevivían, comenzaron
a ser un obstáculo para el logro de ese mercado laboral
libre y unicado que pudiera solventar la mayor calidad
y contingencia de trabajadores que la producción
capitalista comenzaba a exigir. La derogación de la ley
de conchabo en 1896 en San Juan (Alsina, J., 1905, p.
43 en Campi, 2001, p. 15) podría ser una clara prueba
de los límites de estos mecanismos coactivos, o acaso
¿podría tratarse de una simple casualidad que, como
bien lo arma Borcosque (2011), a partir de 1880 se haya
iniciado un proceso de desarrollo y consolidación de la
vitivinicultura capitalista?
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No tenemos datos concretos sobre el desarrollo
de este fenómeno en la provincia, sin embargo, los
estudios realizados por investigadores tucumanos
nos aproximan a lo que pudo ocurrir en San Juan, en
tanto ellos también se reeren a esta jurisdicción. Para
Daniel Campi (1993), los años que van desde 1870 hasta
1890 constituyen un período de transición en el que
mientras se conformaba una fuerza laboral asalariada
se iba gestando un mercado unicado de trabajo, pese
a las limitaciones de movilidad a la que estaban aún
sometidos los trabajadores por la legalidad de las leyes
contra la vagancia, que como hemos dicho, funcionaban
como mecanismos coactivos de captación forzada
de mano de obra (p. 62). Ahora bien, este mercado se
encontraba conformado por diferentes segmentos que
lo componían, a saber:
[…] el de los trabajadores calicados [de existencia
legal] cuyo nivel salarial los liberaba del sistema
coactivo. Otro habría sido el de los trabajadores
sometidos a la coacción, que ofertaban sus brazos
libres de compromisos con sus ex patrones, es
decir, portando la papeleta de ‘desconchabo’. El
tercer segmento, también de existencia legal y
seguramente muy reducido, habría sido el de los
trabajadores ‘licenciados’ temporalmente por sus
patrones, es decir, autorizados a conchabarse con
otros empleadores por un tiempo limitado. Y un
cuarto segmento, no reconocido legalmente: el de los
trabajadores prófugos que rompían unilateralmente
su vínculo laboral a través de las fugas (Campi,
1993, p. 62).
Según el mismo autor, a medida que los mecanismos de
coacción se hacían cada vez más estrictos, la resistencia
de los trabajadores conchabados aumentaba, siendo
rápido el crecimiento de trabajadores prófugos. Es así
que, en tanto comienza a crecer el mercado de prófugos
en función de la mayor demanda de mano de obra que
el crecimiento de la producción exige —fomentado
a su vez, dice Campi (1993), por un proceso de
proletarización que la consolidación de los mecanismos
coactivos, fue paulatinamente generando—, se
plantean contradicciones entre las distintas facciones
del sector dominante (Estado nacional, medianos
propietarios y grandes propietarios) que comienzan a
enfrentarse entre sí en el medio de la disputa por los
derechos sobre los peones prófugos que buscan captar.
Aquí, resulta interesante destacar la importancia de la
incidencia de los medianos productores que se veían
perjudicados por la desventaja que signicaba competir
con los grandes propietarios en la captación de esta
mano de obra forzada y a su vez, de la fuerte oposición
de los propietarios al sistema de “enganche” del ejército
nacional que recurría también, al reclutamiento de
peones endeudados y prófugos (Campi, 2001, p. 13).
En síntesis, y según Campi (1993), en realidad,
La clave de la derogación del sistema, estaría, […]
en los elevados costos de su sostenimiento y en
la certidumbre, para algunos sectores de la élite,
de que esos costos eran desproporcionadamente
altos con relación a sus cada vez más inciertos
benecios. ´No se trataba solamente de los costos
de los sistemas de control y represión –estatales y
privados– en nada despreciables; ni de las grandes
pérdidas ocasionadas por las fugas de peones. Era
la misma productividad del trabajo la que se veía
afectada y ello no podía sino hacer ver a muchos la
verdad incontrastable del superior rendimiento del
trabajador libre de todos los mecanismos coactivos
que caracterizaron al mundo del trabajo en Tucumán
–y en el resto de las provincias argentinas´– en el
siglo XIX (p. 64).
5) La necesidad de volver a los estudios en tor-
no a la Revolución de Mayo.
En vinculación con lo anterior, la circulación de la papeleta
de conchabo, hasta nes del siglo XIX y quizás hasta
entrado el siglo XX, profundizan la confusión existente en
concebir una continuidad del sistema feudal, asociando
el conchabo con los contratos de vasallaje entre el
señor feudal y el campesino o siervo de la gleba al estilo
europeo y medieval, en tanto estas formas implicaban
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el uso de una fuerza de trabajo forzada y no libre. En
esta misma línea de interpretación, la presencia de la
pena de presidio destinada al servicio o trabajo en obras
públicas se explicaría convirtiéndola en el correlato
público o estatal de la papeleta de conchabo en tanto
esta última, se dirigía mayoritariamente en benecio de
los intereses del patrón hacendado y no necesariamente
del Estado. Sin embargo, si miramos con mayor
detenimiento este fenómeno, podríamos estar frente
al elemento que reeje ya no una continuidad, sino
los inicios de una transformación de las relaciones de
producción, en tanto los objetivos en la continuidad de
estas estrategias –devenidas en castigo– responderían
a una lógica capitalista (a priori, de proletarización de
los productores directos) como producto de la crisis
orgánica de un sistema que ya no era rentable para la
nueva clase dominante, mucho menos después de 1810.
Por eso es imprescindible poner el foco, nuevamente y
quizás desde nuevas perspectivas, en la Revolución de
Mayo. ¿Por qué?
Como hemos visto con otras categorías, la historiografía
ha marcado también cierta tendencia discursiva en negar
y/o a teñir de causalidades externas y de espontaneidad
el proceso revolucionario que inicia en 1810 (Harari,
2013). Interesante es mencionar, por ejemplo, el uso
interpretativo que autores como Waldo Ansaldi (1992)
exponen con respecto al concepto gramsciano de
“revoluciones pasivas”, pues encontramos en ella una
directa vinculación en el entendimiento del cómo y
con qué objetivos actúa la lógica reformista. Es más,
la totalidad del planteo que el mismo autor construye
en torno al análisis de los procesos revolucionarios
independentistas latinoamericanos giran en torno a
esta idea, es decir, “una combinación de continuidades
y cambios, o de renovaciones y restauraciones, en el
conjunto de la sociedad, que la modican efectivamente
(la modernizan) sin transformarla radicalmente, […] al
tiempo que frenan o bloquean el potencial transformador
que eventualmente pueden expresar o demandar las
clases subalternas.” (p. 55).
En efecto, Ansaldi y Giordano (2012) sostienen, en
cuanto a lo sucedido en y a partir de mayo de 1810, que:
En general, el potencial emancipador fue
redireccionado por los sectores conservadores, que
se limitaron a llevar adelante transformaciones
fundamentales en la estructura del Estado […]
sin que se produjeran, en simultáneo, cambios
radicales en la estructura social. No hubo, pues, en
América Latina, revoluciones burguesas en sentido
estricto. […] Las revoluciones de independencia,
donde las hubo, fueron entonces revoluciones
políticas y, nalmente, al concluir el largo proceso
de construcción estatal, revoluciones pasivas
dependientes… (p. 191).
Podríamos acordar parcialmente con la armación de
los citados autores al sostener que lo que hubo en el
proceso independentista suscitado en el Río de Plata fue
una revolución política que concluyó, al nal del proceso
de construcción estatal, en una revolución pasiva, es
decir, en la constitución de un aparato estatal basado –
una vez alcanzado el estado de cosas instituido– en la
concesión de reformas. Sin embargo, la disidencia en el
planteo aparece cuando los mismos sostienen que: “No
hubo, pues, en América Latina, revoluciones burguesas en
sentido estricto…”. (Ansaldi y Giordano, 2012, p. 191).
El concepto de revolución –en términos marxistas–
queda claro en la postura de Marx (1848) que los
mismos Ansaldi y Giordano (2012) traen a colación.
Para aquel, la revolución tiene que ver, ya no más con
una “…diversa reconstrucción del orden soberano con su
aparato institucional que, aun con todas sus especícas
diversidades, es siempre un Estado” (Marx, 1848 en
Ansaldi y Giordano, 2012, p. 186), sino más bien con:
“…la negación absoluta de un orden […] La
ilegitimidad de las pretensiones no debería
resolverse en una solicitud de apertura de los
espacios políticos, en la inclusión de los sujetos
anteriormente considerados incapaces de hacer
política. La ilegitimidad se mide, en lugar de ello,
con respecto a los sujetos y a las instituciones
presentes, a través de la continua y radical negación
de la normatividad política que funda y regula el
accionar.” (Marx, C., 1848 en Ansaldi y Giordano,
2012, p. 186).
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Marx, entonces, ve en la revolución una resignicación
y cuestionamiento de las formas políticas mismas,
pero no dirigido prioritariamente contra el Estado y
su ordenamiento soberano, sino contra todo orden
de la sociedad a través del accionar de una parte de
ella, es decir, contra el pensamiento dominante y su
representación (simbólica y material) como orden. En
contraposición, Ansaldi y Giordano (2012), ven en el
proceso revolucionario:
un conjunto de acciones de insurgencia contra
el orden y los poderes establecidos, tentativas
o efectivizadas, que procuran la transformación
del régimen político sin alterar la matriz societal
(revolución política) o bien, con una intencionalidad
más radical, la subversión lo más amplia y profunda,
preferentemente total, del conjunto de la sociedad,
incluyendo el principio de legitimidad, el poder
político, la forma del Estado y las relaciones sociales
de producción (revolución social) (p. 192).
En efecto, como Ansaldi y Giordano, Marx también
esbozó en su momento una breve distinción entre,
por un lado, una revolución política, entendiéndola
como aquella que derroca al poder antiguo; y, por
otro, una revolución social, aquella que termina con la
vieja sociedad. Sin embargo, la mayor diferencia que
vemos aquí, es que, para los primeros, una revolución
social puede alcanzar una revolución política, mas no
a la inversa. Sin embargo, para Marx una revolución es
siempre social y política, pues ambas dimensiones de la
realidad se funden encontrándose indefectiblemente y
directamente relacionadas.
Ante este panorama, ¿qué sucedió en 1810? ¿Podemos
hablar de revolución?
Se ha mencionado líneas arriba la tendencia de ciertos
historiadores y otros intelectuales en minimizar el
carácter revolucionario de la Revolución de Mayo, o bien
explicarla en términos de una revolución política fallida
y/o pasiva. No obstante, ¿en que se fundan aquellas
argumentaciones?
A principios del siglo XIX, las colonias hispanoamericanas
se vieron sometidas a una situación de soberanía
múltiple. A partir de entonces, a los “grupos criollos”
con aspiraciones de dominio se les hizo imprescindible
la centralización del poder. Este objetivo se logró al
cabo de varias décadas bajo la forma de una revolución
política que el mismo Ansaldi (2000) –adoptando la
categoría gramsciana– caracterizó como revolución
pasiva dependiente (p. 223). De esta forma, y según
esta óptica, en tanto revolución política, el objetivo era
la denición de que clase, grupo o facción iba a tomar
el control del poder estatal, a saber: control de los
medios de coacción jurídica, política, militar, impositiva,
simbólica y de dominio y/o dirección ideológica. En
este sentido, al analizar el proceso revolucionario de
1810, se sostiene un cambio radical en el orden político
que es negado en el orden de lo económico y lo social
aduciendo que no hubo cambios sustanciales en la
matriz societal, sino más bien, permanencias.
A propósito de esta visión, resulta interesante
profundizar el postulado de Fabián Harari (2013)
para quien la revolución efectivamente enfrentó a la
burguesía (los hacendados) contra los sectores que
mostraban ciertas continuidades sistémicas de tipo
feudales (los comerciantes monopolistas). Según el
mismo, a partir de las invasiones inglesas se quiebra
en el Río de la Plata el monopolio del poder de estos
sectores feudales, aunque sin que la burguesía pudiera
capitalizar esta ruptura a su favor. Sería recién el 25 de
mayo de 1810, cuando la burguesía logra tomar el poder
y abrir la fase capitalista en estos territorios. Aclaramos
que, aunque pueda sonar taxativo el señalamiento, lejos
se está de pensar y/o admitir que las transformaciones
son dadas automáticamente de un día para el otro. Todo
lo contrario. Esto último, el desarrollo del capitalismo,
se podría apreciar si bien no inmediatamente, sí a largo
plazo, así como también el cambio en las relaciones de
producción y con ella, de todo el espectro relacional de
la sociedad (Harari, 2013).
Desde la perspectiva de Harari (2013) entonces, si hubo
revolución en el Río de la Plata y fue una revolución
burguesa. Ahora bien, en tanto revolución liderada
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por una burguesía, se acuerda con Ansaldi y Giordano
(2012) que la misma no implicó un movimiento “desde
abajo”, no obstante, no por eso la Revolución de Mayo
no constituyó una revolución social. En este sentido,
se confunde el carácter de “lo social” con “movimiento
desde abajo”, argumentando que, de lo contrario,
habría sido solo una revolución política, en tanto las
revoluciones independentistas latinoamericanas
signicaron un conicto de “intraclase” al identicar en
el grupo dirigente revolucionario y contrarrevolucionario
un bloque constituido por la misma clase (p. 193). Por
el contrario, Ansaldi y Giordano (2012) sostienen que la
revolución no siguió una lógica basada en un conicto
de clases, sino que fue más bien solo una diferencia
étnica entre españoles y criollos americanos lo que
habría dinamizado el fenómeno.
Claramente, y en esto coincidimos, la Revolución de
Mayo no supuso un conicto directo entre burguesía y
“proletariado”, no obstante, esto no le resta el carácter
ni de revolucionario, ni tampoco le arrebata al proceso
su naturaleza clasista. Ahora bien, antes de armar algo
desde un punto de vista cientíco (la historia, en tanto
disciplina, es una ciencia social), debemos indagarlo.
Esta es la cuestión fundamental de no solo cuestionar
el uso de ciertas nomenclaturas surgidas en reemplazo
de otras categorías conceptuales, sino también y en el
marco de este fenómeno, poner en tensión discursos que
niegan la presencia de elementos y lógicas capitalistas
funcionando en el espacio rioplatense tardo-colonial,
evitando, desde a prioris, el estudio de fenómenos que
sin mayores pruebas empíricas, son desestimados,
como sucede cada vez que se plantea la posibilidad de
empezar a hablar de la existencia concreta de un proceso
de proletarización de la sociedad subalternizada, en el
contexto que se estudia.
6) Reflexiones finales:
A la luz de lo expuesto y siguiendo las distintas
dimensiones abordadas y desarrolladas en este artículo,
las contradicciones teórico-prácticos que pueden
observarse desde el propio discurso historiográco de
la “renovación” –suscitando la incorporación de una
categoría que arma la existencia de una economía
estrictamente campesina a nes del siglo XVIII y
principios del siglo XIX– dan cuenta de la poca claridad
empírica que la misma comporta, en tanto no ha sido
comprobado que las relaciones de producción al menos
para el período analizado, sean campesinas.
Vinculado a lo anterior, el carácter polisémico que
despiertan los conceptos utilizados para denir los
distintos agentes y colectivos (a decir de las clases
sociales) y los respectivos contenidos sociales que
conlleva cada categoría conceptual, se desprenden de
una cadena de otros constructos conceptuales ambiguos
que, puestos en relación, relativizan la precisión con la
que se asevera paradójicamente la presencia de una
economía campesina para el período estudiado, sin
siquiera denir empíricamente quiénes son aquellos
a los que se llama especícamente campesinos, y en
relación con estos, que signica ser un terrateniente,
pertenecer a una elite o ser un hacendado. En esta línea,
algunos intelectuales han asociado peligrosamente al
campesino con el trabajador rural y/o con el peón con
tierra, cuando nuevos estudios han logrado detectar
empíricamente, relaciones que darían cuenta de una
acumulación capitalista (embrionaria para el período
analizado), como la que como hemos visto podría
comprobarse para la campaña bonaerense tardo-
colonial. En este sentido, el campesino que logra
sobrevivir como tal en un sistema capitalista, es en
realidad un burgués agrario, o, en otras palabras, un
hacendado y no así un trabajador rural.
En efecto, el análisis teórico de aquellas imprecisiones
conceptuales identicadas a partir del debate
historiográco que aquí se expuso, ponen en evidencia
la necesidad de volver sobre ellas y repensar su
contenido en función de estudios que nos acerquen a
responder cual es el origen social de las ganancias/pago
que median las relaciones productivas entre los distintos
agentes que intervienen, a los nes de poder armar
la existencia real de una embrionaria acumulación
capitalista o no.
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Finalmente, y en este orden de cosas, esta primera
aproximación teórica permite poner en tensión
propositiva, las consideraciones conceptuales que
maniestan que la Revolución de Mayo (ya sea a nivel
nacional, tanto como para San Juan misma) no habría
generado cambios profundos de las estructuras, en tanto
“la matriz societal” no se modicó. En otras palabras,
se arma que no habría habido una transformación
de las relaciones sociales de producción, argumento
que se centra en la presencia comprobable de una
continuidad de las formas jurídicas indianas vinculadas
a la permanencia de un sistema de trabajo forzado
colonial, basado en el peonaje por deudas y sobre todo
en el conchabo, hasta por lo menos nes del siglo XIX.
Desde esta base, algunos autores han puesto en duda
la existencia no solo de una revolución, sino de su
naturaleza clasista aplicando nomenclaturas que como
hemos visto, no han sido profundizadas empíricamente,
y sin embargo aducen la existencia estructural de una
economía campesina, negando los inicios formales
de un proceso de transformación de las relaciones de
producción que habría comenzado antes del estallido
revolucionario en mayo de 1810, y no recién a principios
del siglo XX, cuando el capitalismo se consolida.
Es así que, teniendo en cuenta las líneas de indagación
en este artículo expresadas y desde una historia de las
prácticas punitivas de la primera mitad del siglo XIX, se
propone –en una primera etapa– plantear la siguiente
cuestión: ¿podrían los sistemas de coacción laboral
coloniales haber sobrevivido luego de 1810 –y para el
caso concreto de la jurisdicción de San Juan– en tanto
su aplicación, lejos de ser una contradicción, habría
conformado la condición necesaria y útil el desarrollo
de relaciones capitalistas de producción, y con ellas
la garantía de un despegue productivo capitalista
vitivinícola que se iniciaría a nes del siglo XIX y
principios del XX?
En esta dirección se pretende, en lo sucesivo, despejar
las variables expuestas, desde bases empíricas y para el
ámbito local.
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Rossomando
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Favieri
TRAMAS SOCIALES | Nº 02 | Año 02 | ISSN 2683-8095
173-184
INTRODUCCIÓN AL CONFIGURACIONISMO
LATINOAMERICANO
Francisco Favieri
1
Asignatura:
Seminario de Orientación / Semina-
rio de Sociología del Trabajo.
Palabras clave:
Conguracionismo Latinoamericano, Estrategias
metodológicas, Estrategias de análisis
Resumen
En este trabajo se presenta la propuesta metodológica
conocida como “Conguracionismo Latinoamericano”
recuperando alguno de sus elementos en clave
crítica para el examen de las contradicciones onto-
epistemológicas en la aplicación de estrategias
cualitativas y cuantitativas en debate con las propuestas
de triangulación en investigación social
Introducción epistemológica
El Conguracionismo Latinoamericano es una propuesta
onto-epistemológica y metodológica cuyo objetivo guía
consiste en dar cuenta de las potencialidades para la
acción de los sujetos en el tiempo presente, esto es, el
espacio de lo posible en la coyuntura.
1. Dr. en Ciencias Sociales. Instituto de Investigaciones
Socio-Económicas (IISE). Becario Pos-Doctoral Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONICET). Docente de
la Carrera Prof. y Lic. en Sociología. Facultad de Ciencias
Sociales (FACSO). Universidad Nacional de San Juan
(UNSJ). Correo electrónico: franciscofavieri@gmail.com
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En este sentido, se asume a la realidad como algo en
permanente transformación y movimiento, plausible
de ser estudiada en diferentes niveles de complejidad
-con continuidades y rupturas- denidas también
en la relación sujeto-objeto donde los ámbitos de
sentido forman parte de esa realidad, en un complejo
entramado de estructuras-subjetividades y acciones
(De la Garza, 2016).
Sobre el principio anterior, la teoría denida desde esta
perspectiva, no pretenderá constituirse como un “sistema
de proposiciones relacionadas deductivamente” (De la
Garza, 2016, p. 34) sino como un complejo conceptual
en relación, por niveles de abstracción, donde el cambio
en cada nivel estará constituido por operaciones lógicas
sin perder ubicación histórica.
A su vez, el objeto, se dene parcialmente estructurado.
Se lo reconstruye guardando un sentido lógico
(deductivo, causal, funcional, cotidiano) e histórico (con
sus determinaciones) para cada nivel de abstracción,
integrando diferentes determinaciones y ujos de
concretud y consistencia conceptual y empírica.
A la par, esta perspectiva indica que los sujetos no se
encuentran “totalmente sujetados” sino acotados
(presionados) por las estructuras. Sus acciones y
subjetividades expresan sólo una dimensión de lo real
(no “la realidad”) que a la vez transforman y modican,
por ello se reeren al sujeto como la unidad sujeto-
objeto
2
.
Para lograr coherencia con dichos principios epistemo-
lógicos, el Conguracionismo Latinoamericano necesi-
ta valerse de una estructuración teórica y metodológica
abierta durante el proceso de conocimiento de la rea-
lidad, ya que se dispone a recongurar sus jerarquías,
relaciones y niveles en un sentido conceptual y procedi-
mental dependiendo de las expresiones (en movimien-
to) de la realidad-problema bajo estudio.
2.Como “(…) creador de empirias en su pensamiento
al reconstruirlo y en la propia realidad externa al
transformarla” (De la Garza, 2016, p.295)
Esta propuesta que, en principio, se origina como
cuestionamiento a las líneas tradicionales de
investigación en las ciencias sociales (positivismo,
fenomenología, entre otras), encuentra en el esfuerzo
colectivo una traducción metodológica coherente
a los principios ontológicos y epistemológicos
desarrollados desde las perspectivas críticas,
dialécticas e históricas de investigación social.
A tales nes, el Conguracionismo Latinoame-
ricano recupera las tradiciones epistemológicas y
teóricas críticas en investigación social y las articula
metodológicamente de manera coherente a partir de
las propuestas desarrolladas por Marx (2009) con el mé-
todo concreto-abstracto-concreto, trabajado por De la
Garza Toledo (1983); Kosik (1967); Lenin (1970); Luckács
(2013) y Luporini y Della Volpe (1977); las reexiones y
contribuciones respecto del Conguracionismo y el Mé-
todo de la Descripción Articulada desarrollado por Ze-
melman (1978a, 1978b, 1984)
Las configuraciones
Desde el Conguracionismo Latinoamericano (CL)
se sostiene que en los procesos sociales intervienen
estructuras de diversos ordenes (culturales, cognitivas,
socio-políticas, económicas, entre otras) e inuyen de
forma dispar sobre los fenómenos sociales.
En principio “(…) las estructuras no determinan formas
de acción o conciencia, sino que las presionan, y que
para traducirse en acciones tienen que pasar por la
subjetividad de los sujetos sociales” (De la Garza,
2016, p.344) En este proceso de mediación subjetiva
y expresión-acción es cuando puede darse en algunos
casos, la transformación de estructuras y subjetividades.
Entonces, se denen a las estructuras como el
“resultado de las acciones humanas que se objetivan,
independizándose relativamente de sus creadores y
volviéndose contra estos” (De la Garza, 2016, p.344)
Aquellas estructuras de origen natural (no producto
de la acción humana) también pueden presionar a los
sujetos en acciones y concepciones.
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De la Garza (2016) señala que las estructuras pueden
pensarse y existir, a la vez, en diferentes niveles de
abstracción. Existen en tanto que dependen de las
concepciones de los sujetos y al exterior de ellos (como
extra-subjetivas), sin embargo, las estructuras no tienen
por qué reducirse solo a las económicas:
(…) sobre cada espacio de relaciones sociales
pertinentes al objeto debe descubrirse la
estructura que importe. Por ello puede hablarse
de ‘conguraciones estructurales’ como redes de
relaciones entre diversos niveles estructurales de
diversas áreas de relaciones sociales pertinentes al
objeto (De la Garza, 2016, p.344)
En este sentido, se permite la denición de
“conguraciones subjetivas” como resultado de una
“formación de conglomerados o redes especícas
de códigos de diferentes espacios de subjetividades,
para dar sentido a la situación concreta” (De la Garza,
2016, p.196), es por ello que “(…) será el arreglo o red
especíca de códigos provenientes de los campos de
la cognición, valorativos, sentimentales, expresados
o no discursivamente y combinados en parte en
forma pseudo-inferencial a través de categorías del
razonamiento cotidiano” (De la Garza, 2016, p.196)
Ahora bien, la presión “ejercida” por las estructuras
(materiales o simbólicas) puede potenciarse o
amortiguarse según sea el resultado (expresión) de la
mediación ejercida por los sujetos. Sucede entonces que
los resultados de esta mediación (acciones/decisiones)
pueden concretarse o no y en función de ello pueden
interpretarse como “tendencias” que permitirán
descubrir las “trayectorias” en “la coyuntura del espacio
de posibilidades para la acción viable de los sujetos” (De
la Garza, 2016, p. 346).
Esto, además, destaca incluso la presencia de un sujeto
activo con potencial transformador, sin embargo,
no es tarea fácil encontrar el objeto frente a tantas
mediaciones, ya que el objeto se dene más cercano a
una gura parcial cuyo movimiento podrá ubicarse en
los cruces entre estructuras, subjetividades y acciones.
En este punto, descubrir “los procesos de construcción
de signicados y sus contenidos” (De la Garza, 2016,
p.344) implica para el objeto concreto, identicar los
códigos subjetivos en juego durante el proceso de
relaciones entre estructura-subjetividad-acción.
La decodicación resultante de esos elementos,
servirán para descubrir/construir el sentido de cada
situación concreta, sea de origen cultural, estético,
moral, cognitivo o aquellos “vinculados con otras
formas de razonamiento como deducción, causalidad,
funcionalidad, razonamiento cotidiano, etc.” (De la
Garza, 2016, p.344).
No obstante, existe la posibilidad que, entre
código y situación concreta, no exista una relación
visiblemente clara, sino más bien, se exprese en
forma de contradicciones y/o discontinuidades. Estas
“conguraciones no sistémicas” (De la Garza, 2016)
son también importantes si quieren descubrirse nuevos
elementos sobre la problemática en estudio.
Sentidos teórico-metodológicos generales
Se entiende al método desde esta perspectiva, como
una guía heurística para construir conocimiento, en
especial, para comprender signicados de los actores.
El objetivo no es “universalizarlos” sino de ubicarlos en
función de la situación concreta.
Para De la Garza (2016) no se trata de ver si los
argumentos son válidos con respecto a otra realidad,
sino si guiaron la acción
3
(…) no basta con decir que hemos formulado las razones
de la acción de otros, sino si éstas fueron objetivas (…)
objetivas, teórica, argumentativamente, conforme a
datos y sobre todo, a la reconstrucción de la totalidad, la
verdad como articulación en donde lo empírico tendría
un papel subordinado a la reconstrucción (De la Garza,
2016, p. 55-56).
3.Reconstruir razones que llevan a la acción
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La teoría se reconstruye y esto es posible desde una
concepción de realidad en movimiento y por niveles.
La necesidad de captar no solo lo general al objeto
sino también lo especíco al mismo, es la estrategia de
construcción-reconstrucción de conocimiento desde
la perspectiva conguracionista (De la Garza, 2016), lo
que implica, además, la explicación-comprensión de
las relaciones concretas en la coyuntura a partir de las
estructuras-subjetividades y acciones.
La reconstrucción opera no como un proceso de
indagación deductivo -desde un marco teórico- sino que
lo hace en con un sentido heurístico,
(…) por el cual supone descubrir cuáles son las
estructuras que presionan en la situación concreta,
conformando una “conguración estructural”
(…) –en segundo lugar- cuales códigos subjetivos
conforman la conguración para dar signicado y –
por último- como se arman las relaciones sociales en
conguración (De la Garza, 2016, p. 56).
Por ello, se asume a la teoría como una red exible
entre conceptos teóricos y términos del lenguaje
común “vinculados por la deducción o la inducción pero
también por formas del razonamiento cotidiano” (De la
Garza, 2016, p. 53).
Las fuentes del Configuracionismo Latinoameri-
cano
El método “Concreto-Abstracto-Concreto”
El método “Concreto-Abstracto-Concreto” (C-A-C) es
el nombre atribuido a las estrategias metodológicas
utilizadas por Marx para desarrollar sus investigaciones.
Consiste en ajustar históricamente las abstracciones y las
categorías a medida que, por dimensiones de realidad/
complejidad, va de lo concreto real a lo abstracto y de
allí, a lo concreto “pensado” (regreso).
El punto de partida es el objeto en relación de praxis-
conocimiento con el sujeto, en un sentido histórico y
social, no contemplativo, individual y/o abstracto. Ese
concreto real “no sería sino la unidad dialéctica, no
identicable, entre sujeto y objeto en relación práctica”
(De la Garza, 2016, p.69).
Los pasos de investigación con el C-A-C tienen dos fases.
Una de investigación y otra de exposición. “En la primera
se pretende “asimilar en detalle la materia investigada,
a analizar sus diversas formas de desarrollo y a descubrir
sus nexos internos, en la segunda se procede a “exponer
el movimiento real”” (Marx, 1970 en De la Garza, 2016,
p.70). Estas fases atraviesan el paso de lo concreto real
a lo concreto pensado. Lo pensado-abstracto permitiría
reproducir lo concreto vía pensamiento.
Las abstracciones sirven en tanto descomponen el
concreto real pretendiendo conceptualizar intuiciones y
representaciones, apropiándose de alguna forma de ese
mundo. Este tipo de abstracciones no son “universales”
sino que expresan lo real en sus propiedades y
conexiones históricamente determinadas.
Para dar forma a un concepto, se sigue el avance del
pensamiento de lo concreto a lo abstracto, cuidando
que las abstracciones, en su existencia como tal, “se den
en las formas sociales analizadas existentes en la vida
social” (De la Garza, 2016, p. 74). Esto necesariamente
llama a descubrir cuál es la forma posible más simple o
elemental que puede mostrar la estructura interna del
objeto, separándolas de otras formas más complejas,
en otras palabras, lo cuasi-esencial del asunto.
Plantear un objeto determinado históricamente dará
límites a las abstracciones en tanto que su explicación
no se intentará “como una deducción a partir de un
sistema teórico sino por reconstrucción de su totalidad”
(De la Garza, 2016, p.75), teniendo en cuenta que la
existencia de ese objeto es así y no de otra forma, por
transcurrir en un rango temporal determinado y, que
para explicarlo se podrá recurrir a categorías de diversos
niveles de abstracción (de determinaciones históricas
diversas) (De la Garza, 2016), pero las de uso serán
aquellas que permitan expresar las relaciones reales
pertinentes al objeto.
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En la fase de investigación los conceptos y categorías
tienen utilidad como ordenadores, se privilegia
la función “reconstructiva de los datos sobre las
vericativas” (De la Garza, 2016, p.328). Las relaciones
y su contenido real que expresa su pertinencia al
objeto históricamente determinadas se dará en la fase
expositiva, donde debe aparecer (en potencia) “las
contradicciones y propiedades de las otras categorías y
de todo el concreto pensado” (De la Garza, 2016, p.77).
En la fase expositiva se transita el camino que va de lo
abstracto a lo concreto pensado, esto es, en palabras
de De la Garza (2016) “(…) la síntesis de múltiples
determinaciones, reconstrucción teórica del objeto y
explicación del mismo” (p.17).
La reconstrucción teórica involucra categorías de
rango medio que hacen de nodo entre lógica e historia
y otras más complejas, sobre las que se subsumen
categorías más simples, que pueden explicar
relaciones subordinadas o dominantes de un todo más
desarrollado.
De la Garza (2016) arma que el método uye en dos
planos. Uno en el lógico
4
y otro en el histórico real
5
.
A su vez, lo teórico confronta con lo histórico en
cuatro momentos: “a) como ejemplos de ilustración
de desarrollo teórico, b) como hechos históricos con
presupuestos empíricamente comprobables, c) como
explicaciones genético históricas de las categorías y d)
como vericación interna de hipótesis subsidiarias a la
reconstrucción” (De la Garza, 2016, p.78)
4.Por lógico se entiende a las funciones del pensamiento
(deducción, inducción, formas de razonamiento cotidiano)
y lo relativo al uso reconstructivo de la teoría acumulada.
Esto “hace que los términos, relaciones, jerarquías
generales de las teorías pueden transformarse, cambiarse
–discutirse- sobre las especificidades del objeto en
movimiento” (De la Garza, 2016, p.139).
5.Por histórico se reconocen a “1) hechos históricos no
teorizados, sino reconocidos en la reconstrucción y que
impiden que ésta se extienda indefinidamente en todas
direcciones; 2) como ejemplo histórico de aspectos
teóricos; 3) como origen histórico en la realidad de las
situaciones que se refieren los conceptos construidos y 4)
lo histórico como lo empírico” (De la Garza, 2016, p.139).
El “concreto pensado” explica teóricamente el
movimiento del objeto junto a los sujetos, articulando
lo general y lo particular. La teoría especíca
6
será la
explicación del movimiento (en transformación) sobre
el objeto, sus leyes de funcionamiento y cambio.
Lo especíco conserva un aspecto de determinación
(donde no todos los aspectos de lo real son igualmente
determinantes) y de pertinencia (que hacen referencia
a lo particular del objeto en el todo). La contraposición
concepto-realidad arriba a una teoría que en la praxis
termina por dar cuenta del funcionamiento de lo
concreto en su totalidad hacia el objeto.
En general se reconoce:
• Al conocimiento, como un proceso de
reconstrucción por etapas sucesivas, concatenadas,
cuyas abstracciones (conceptos) son de carácter
abierto, plausibles de redenirse, y sus relaciones
son descubiertas por contraposición lógica o teórica
con lo real a la vez
7
.
• La realidad se encuentra en movimiento y
transformación continua, donde la teoría no puede
explicar sino la totalidad hacia el objeto y cuyos
límites son determinados históricamente y por la
pertinencia que ese conjunto de conceptos con sus
jerarquías abiertas puede presentar en relación con
el objeto.
Para De la Garza (2016), los criterios metodológicos
deben ser abiertos y deberán resolverse en cada planteo
del problema. En este sentido, la metodología pretende
“captar al objeto en movimiento, su funcionamiento
actual y desarrollo futuro (campo futuro) para la acción
de los sujetos sociales” (p. 90).
6.Dependerá también del grado de desarrollo de la ciencia
y del propio objeto estudiado.
7. Lo real en abstracto encuentra determinaciones en
la historia. Dichas determinaciones son tales en tanto
refieran al objeto de estudio (límites).
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Desde esta perspectiva, el futuro no es por extrapolación,
es potencialidad, no es determinismo, sino que se
dene el campo de lo objetivo en base a lo potencial (no
lo probable).
La descripción articulada
Cada concepto puede referirse a diferentes niveles de
transformación; pueden denirse como “de resultado”
(expresión de situaciones dadas) o “de proceso”
(expresión de lo dado-dándose –dialécticamente-) (De
la Garza, 2016). De esta forma, se asume la realidad
como articulación, pretendiendo captar el movimiento
especíco del objeto donde no todos los conceptos/
categorías se contemplan desde las teorías generales.
En este nivel y en relación con el C-A-C, en la descripción
articulada propuesta por Zemelman (1992), se trabaja
sobre el “concreto pensado” o la “totalidad concreta”,
entendiendo que existen procesos (aún por descubrir)
que no se dan aislados y que tienen relaciones entre
sí. Es por ello, que metodológicamente la articulación
implica buscar áreas de la realidad relacionadas
con el problema y conceptos ordenadores para re-
jerarquizarlos posteriormente.
De la Garza (2016) señala que pensar dialécticamente
es promover la apertura del pensamiento a lo “real-
objetivo”. Un camino para eso es la reconstrucción
teórica, que permite “(…) abrir la teoría a la realidad;
poner en suspenso las proposiciones de esas teorías
y hacer uso de los conceptos teóricos en forma no
propositiva” (De la Garza, 2016, p.150).
Por ello, la reconstrucción teórica no solo implica la
revisión crítica de las jerarquías y relaciones entre
conceptos (en su corpus general) sino la articulación de
esas “nuevas relaciones” con lo especíco del objeto, su
problema y dinámica de apertura. Dichos elementos,
para De la Garza (2016) permitirán un método para
reconstruir el espacio de lo posible en el tiempo
presente.
En primer lugar, toda reconstrucción debe girar
alrededor del problema especíco que se quiere
privilegiar para conocer. Aquí se combinan aspectos
teóricos y sentidos prácticos de los sujetos, entre otros.
El objetivo en esta primera parte es encontrar/descubrir
criterios iniciales de selección de elementos para cada
área de relación social afectada con el problema.
En segundo lugar, se seleccionan las “áreas de relación
social” partiendo, en principio, del corpus conceptual
acumulado de cada disciplina que relacione al problema
con la investigación especíca. Las “áreas de relación
social” constituyen el conjunto de aspectos que hacen al
problema en diferentes niveles de abstracción en tanto
espacio y tiempo.
En este sentido (y en tercer lugar), los conceptos pueden
ser utilizados de una forma “no teórica” cuando son
desarticulados de su corpus de origen (paradigma).
Los conceptos en este estado pueden ser utilizados
como descriptores durante la etapa desarticulada,
por grandes dimensiones (temas). Pero, si se tiene
como objetivo buscar conceptos ordenadores, su
selección
8
comienza en la problematización del
concepto desarticulado en relación a otros conceptos
en similares condiciones. De esa forma, se pretende re-
descubrir relaciones y jerarquías en diferentes niveles
de abstracción, dando lugar a un concepto que podría
traducirse en un indicador empírico de nuevas relaciones
o de rearmación de otras.
Con estos elementos la “descripción/comprensión”
desarticulada está en condiciones de iniciarse. Cuenta
con teorías acumuladas, sentido común, datos empíricos
y elementos históricos (De la Garza, 2016).
8. De la Garza (2016) señala dos criterios. El primero,
de inclusividad (entendiendo que es por niveles de
abstracción y que sus relaciones entre niveles implican
mayor complejidad y especificidad) y el de “lectura
articulada”: lugar donde se busca una “doble lectura” de
la realidad a partir de conceptos de niveles diferentes.
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Cada uno de ellos puede redenirse a razón de las
relaciones re-articuladas durante la investigación, en
este sentido “operarían como “mosaicos-fragmentos”
en espera de su argamasa, que siempre sería parcial”
(De la Garza, 2016, p.348-349) en distintos niveles de
abstracción-complejidad, teniendo en cuenta además
que el dato es mediado, debe ser interpretado y se
encuentra subjetivamente, estructuralmente y en las
interacciones.
Todo sujeto y todo elemento son importantes, pero
no es conveniente absolutizar ninguno de ellos. Los
resultados de la desarticulación/articulación, como
punto de partida, permitiría aproximarse al mundo
empírico, pero nunca asumiría su explicación total.
La descripción articulada entonces puede denirse como
“lo dado dándose y punto de partida de la construcción
del objeto virtual que congura la delimitación del
espacio de posibilidades para los sujetos” (De la Garza,
2016, p.154-155). Es crucial porque se toma como base
de re-construcción teórica de la realidad brindando a
la vez “direccionalidad” en tanto especicidad de las
relaciones descubiertas o rearmadas.
La denición de lo dado y sus potencialidades denen
perspectivas de transformación desde el objeto
reconstruido virtualmente (concreto pensado). En
este sentido, De la Garza plantea el problema de la
“contradicción” en el espacio de lo posible e indica que
la construcción (más acabada) del espacio de lo posible
está en aquellas categorías que puedan sintetizar las
contradicciones anteriores y que al mismo tiempo
brinden “la posibilidad de un viraje en la dirección del
proceso” (De la Garza, 2016, p.155).
En este camino, la direccionalidad que potencialmente
puede desarrollarse a partir de la acción de los sujetos
en el tiempo presente, puede ser el resultado de una
articulación entre lo objetivo y lo subjetivo.
La viabilidad de acción, como también, el reconocimiento
de su direccionalidad, dará lugar a la caracterización de
las “opciones de acción” en los sujetos. Este elemento
es harto importante, ya que “(…) en el tiempo presente
no se trata de explicar el hecho acaecido, sino de denir
posibles desarrollos” (De la Garza, 2016, p.150).
La configuración: La captura del movimiento y
las regularidades
Para captar la realidad en movimiento debe denirse
la coyuntura del tiempo presente y determinar
espacios (tendencias) de posibilidades para la acción
viable. La captura del movimiento, es la captura de la
potencialidad, de articulaciones entre sujeto-objeto, de
incertidumbres o discontinuidades. Aquí el objetivo es
dar cuenta de lo dado-dándose “no como simple devenir
sino como articulación de la voluntad con condiciones
dadas-dándose” (De la Garza, 2016, p.214).
Ahora bien, el espacio, en principio, debe ser
denido a partir de la búsqueda de regularidades
(especícas en cada nivel de abstracción) caso
contrario, las particularidades harían “rebasar” la
capacidad de entendimiento (De la Garza, 2016). Una
regularidad (su estado de actualización) es denida
por las interacciones cotidianas entre los sujetos, no
siempre son “transubjetivas” (sí como objetivaciones
en determinados niveles de abstracción), ni
supraindividuales (que se imponen a los sujetos)
Las relaciones conceptuales
Una conguración como conjunto conceptual de sentido
para un objeto especíco de la realidad, establece
relaciones conceptuales a su interior, sustentándose
posiblemente desde una lógica formal, la causalidad
o funcionalidad, pero, señala De la Garza (2016) no
deben dejarse de lado otros argumentos de relaciones
(también importantes) en la conguración de sentidos.
En tal caso, los conceptos pueden relacionarse por
formas cotidianas de razonamiento (o sentido común),
por ejemplo
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el uso de analogías, de esquematizaciones
(simplicaciones abusivas), de recetas (basadas
en la experiencia práctica inmediata), del principio
etcétera (implicación por inducción) o bien la
indexalidad (el signicado depende del contexto),
la reexividad (interactiva), el método documental
de interpretación (basado en ideas nuevas), la
utilización del principio de la razón mundana
(supuesto de que todos tenemos acceso a la misma
información), el uso de relatos, la intertextualidad
(uso de pastiche de realidades anteriores), y los
recursos teóricos como la acreditación de categorías,
el discurso empirista, el uso de la metáfora, de la
metonimia y del antropomorsmo (De la Garza,
2016, p. 237).
La desarticulación como estrategia de búsqueda,
descubrimiento y/o rearmación de relaciones
conceptuales puede ser encarada inicialmente desde las
dimensiones sobre las cuales pertenecen los conceptos
desagregados de los corpus teóricos generales. En
esta parte las contradicciones entre conceptos pueden
ser evidentes, sin embargo, son admitidas en tanto se
asume la realidad como expresión de la contradicción y
por analizarse en diferentes niveles de complejidad.
En general, los conceptos desagregados son re-utilizados
para establecer perles de dimensiones, dando lugar a
la primera etapa de relaciones conceptuales.
Sucede también que la presencia de conceptos
antagónicos epistemológicamente, contradictorio o
discontinuo en niveles de realidad próximos, ofrecen la
posibilidad para el descubrimiento de nuevas relaciones
de sentido conceptual
9
.
9. Debe destacarse que para que un concepto sea utilizado
de forma pertinente en un nivel de realidad (abstracción
virtual analítico) determinado debe expresar al menos en
parte el concreto real.
Las relaciones en el ejerccio de reconstrucción
teórica
La realidad y sus expresiones suelen presentarse
contradictorias en varios de sus niveles virtuales
de análisis. Por ello, De la Garza (2016) aconseja la
inclusión de elementos fundamentales para mostrar
la relación de la reconstrucción teórica en términos de
conguraciones sobre la realidad dada-dándose:
En principio, es necesario incorporar al sujeto, su
subjetividad y su expresión-acción en la construcción
del conocimiento. Los aspectos estructurales no
deben reducir al sujeto a la pasividad, sino que deben
articularse con las conguraciones prácticas de los
sujetos (relaciones sociales) y de aquéllas que otorgan la
capacidad de dar sentido (subjetividad).
Las interacciones deben ser incluidas en un complejo
estructura-subjetividades-acciones, donde cada
interacción puede estudiarse como periodizaciones
de duración y ubicación variable (en tiempo y espacio)
congurando conictos, alianzas o negociaciones para
cada sujeto, pudiendo pertenecer al campo estructural
o subjetivo.
Cada noción de sentido, cada conguración en el
campo (espacio de lo posible) integra discontinuidades,
contradicciones, claridades; formando, a pesar de
ello, un espacio parcialmente coherente plausible de
ser estudiado bajo razonamiento cotidiano, lógico o
deductivo.
Otro elemento fundamental es la relación entre
conocimiento y sujeto. En esta relación recíproca, uno
se constituye con el otro y no es solo producto cognitivo,
por ello el sujeto no es solo “sujeto” sino “sujeto-objeto”
Lo empírico y las mediaciones reconstructivas
En la concepción reconstructiva de la realidad, lo
empírico como dato es una forma de relación entre
sujeto y objeto, no es pura observación de origen
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externo, sino que implica relaciones en términos
culturales, lingüísticos incluso extradiscursivos en su
constitución, todos determinados históricamente,
siendo esto último, el “recorte de lo empírico”, la
selección del universo de observación donde lo externo
y la forma de recorte no pueden disociarse
10
.
El dato empírico no es algo dado, depende del leguaje
del investigador (conceptos teóricos), de sus intereses
y relaciones de poder en las que se ubica. Los datos
más relevantes provienen de los sujetos investigados,
sus respuestas “son materia prima para construir los
datos en la investigación” (De la Garza, 2016, p.53). Sin
embargo, los datos (su construcción) es mediada por
relaciones de poder entre investigador/investigado;
cultura, experiencias, presiones estructurales e
intereses.
También, en la construcción del dato empírico, se
asiste a una triple tensión entre: el paso de la teoría en
abstracto, la subjetividad del investigador y la realidad
que escapa a la voluntad de quienes investigan. Desde
esta perspectiva, se arma que “el dato” no es puro, ya
que depende también de cómo se lo recolecte y qué
concepto será utilizado para medirlo.
No menos importante son las mediaciones que
constituyen el paso y relación de procesos entre
conceptos sobre lo real y lo empírico.
Los indicadores son conceptos sintéticos de
relaciones, derivan de los teóricos (más abstractos e
indeterminados) y se constituyen como los mediadores
reconstructivos par excellence que en despliegue,
sostienen una coherencia lógica e histórica en tanto
correspondencia teoría-realidad
11
, sin ser puramente
10.El recorte de datos es también un proceso de
reconstrucción de mediaciones (De la Garza, 2016)
11.De la Garza (2016) señala que el recorte temporal y
espacial del campo de estudio “graduará la coherencia
empírica” (p.297) en relación articulada con lo conceptual,
ya que se busca en la tensión histórica y lógica un plano
empírico que responda a niveles de realidad determinados
en un contexto concreto de correspondencia.
deductivos ni disociar la forma del recorte “de lo
real”/”del universo de observaciones” con lo externo-
coyuntural.
Un indicador hace más referencia a un sentido
reconstructivo que a uno unidireccional y unívoco de
vericación, el objetivo, además de constituirse como
síntesis de múltiples determinaciones, es que en el plano
empírico se presente como aquello que “da cuenta de
la subjetividad y objetividad como potencialidad de
cambio” (De la Garza, 2016, p.303) mostrando el espacio
de la acción empírica de los sujetos y sintetizando las
contradicciones de la relación real.
Del indicador al dato
La relación entre concepto-indicador cambia. No puede
ser solamente deductiva sino representar “el cambio en
niveles de abstracción desde el concepto teórico hasta
el dato” (De la Garza, 2016, p.34).
Cada indicador es completado con información
obtenida “de la experiencia” a través de las prácticas
del sujeto, “(…) el dato es siempre construido, sea de
una manera sistemática y cientíca o generados por los
sujetos históricos de acuerdo a condiciones culturales
particulares, a partir del lenguaje común y de sus
prácticas cotidianas” (De la Garza, 2016, p. 304).
Como el dato es mediado por la forma en que se
recolecta, el lenguaje, los pensamientos de los sujetos
y la relación del conocimiento entre sujeto y empiria, el
dato se constituye en movimiento y como resultado de
una transformación permanente.
El dato y la subjetividad
Otro tanto lo constituye la tensión del dato como
“contradicción en el mundo empírico entre general
y especíco, entre estándar e inconmensurable”
(De la Garza, 2016, p.297). Sobre esto y el contenido
subjetivo de la acción; debe destacarse que no todo
lo que pertenece a este campo es consciente o que
solo se encuentre en la mente de los sujetos, ya que
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lo “subjetivo” articula también en otros planos de la
realidad
12
.
Lo que puede inuir en la constitución subjetiva
del signicado del dato, puede encontrarse en “a)
la biografía del sujeto, b) la cultura y el carácter en
varios niveles, c) la memoria histórica relacionada con
determinadas prácticas de grupos; y en n, d) la visión
del mundo-racionalidad integrada en una conguración
de dominación con sus respectivas contradicciones
internas y externas” (De la Garza, 2016, p.298-299).
Por ello, el signicado es intersubjetivo. El dato tiene
un componente subjetivo y una realidad externa al
sujeto. No puede ser absoluto o “estar simplemente
dado en la realidad”, es aproximado en tanto permite
explicar y comprender mejor los sentidos de la acción,
entendiendo que no siempre los actores “tienen claros
los motivos de su acción (práctica praxis, pre-reexivo
y reexivo, consciente y no consciente)” (De la Garza,
2016, p.58).
Los conceptos no están ligados directamente a lo
empírico (sensorial y captable), sino que quedan
subordinados a la práctica, esto implica lo empírico,
pero solo como uno de los tantos niveles de realidad:
“siempre es construido por el sujeto de manera
consciente o no, bajo consideraciones culturales
implícitas o consideraciones teóricas explícitas” (De la
Garza, 2016, p.141).
Cuestión de cantidad
Para De la garza (2016) “cuanticar es asignar números
haciendo abstracción de todo lo especíco que tiene
el objeto” (p. 308). Cuanticar es abstraer al igual
que sucede en las abstracciones históricamente
determinadas siempre que resulten pertinentes en
tanto sirvan a la reconstrucción.
12. Lo nacional, regional, local, lo cultural, lo histórico
cruzado con la situación de clase es para De la Garza (2016)
un elemento fundamental determinante de la subjetividad
en su articulación con otros niveles de realidad.
El proceso de reconstrucción no implica “cuanticar” a
priori ni todo objeto es cuanticable necesariamente “la
cantidad es abstracta y no directamente se reere a sus
medidas empíricas” (De la Garza, 2016, p. 309).
¿Qué se logra con cuanticar? Se abstrae lo especíco
al objeto, se reduce, se homogenizan cualidades
haciéndolas comparables con otros objetos y sus
relaciones lógicas elementales se denen en igualdad y
adición. Sin embargo, no todo lo empírico es observable
directamente, el instrumento de recolección/
observación tiene una inuencia importante en la
mediación entre lo conceptual y lo real.
Desde esta perspectiva no se trata de explicar por qué
una cosa es así y no de otra manera, sino cómo esa
cosa se convirtió como tal, y de esta forma se asumen
discontinuidades y contradicciones varias.
En la reconstrucción, existe una dirección horizontal
(lo teórico e histórico) donde se incluyen los pasajes
conceptuales de mayor a menor abstracción, una
dirección vertical (indicadores y datos) sobre el aspecto
empírico, de lo general a lo particular. Para De la Garza
(2016), lo especíco en estos pasajes “resultaría de la
articulación entre esos dos procesos de avance hacia lo
concreto y hacia lo particular” (p. 326).
Respecto de la objetividad en las mediciones, se
propone una vigilancia epistemológica y desconanza
permanente alrededor de las conclusiones obtenidas
por los datos, por más especícos y particulares que
éstos sean (incluso “cuanticables”).
Reflexiones finales: La reconstrucción y deter-
minantes
En la reconstrucción de datos, la cuanticación cumple
un papel importante. Se habla de llegar a categorías
más simples en el contexto de avance de lo empírico-
concreto a lo abstracto-virtual y en otro, de lo especíco
a lo general. De la Garza (2016) asegura que “a más
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abstracción, los determinantes de los conceptos son
menores cuando es posible un mayor acercamiento
a la homogeneidad de lo empírico” (p. 328). Por ello,
en la fase de investigación se aconseja no realizar
cuanticaciones apresuradas, ya que “lo concreto
real” asume más bien heterogeneidad teórica antes
desarrollar asociaciones simples de datos.
Por otro lado, en la fase de exposición, en el pasaje de
lo abstracto a lo concreto pensado; la cuanticación
“será más segura de aportar a su función vericativa
en los momentos más abstractos, en aquellos donde
los conceptos dependen de menos determinaciones
(mediaciones)” (De la Garza, 2016, p.328). En el avance
conceptual, la direccionalidad horizontal lo hace en un
sentido reconstructivo donde se traducen conceptos en
indicadores (cuanticación). En aquel de tipo “vertical”
se asociarían los conceptos más concretos, con más
determinaciones y mediaciones.
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Referencias Bibliográficas
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TRAMAS SOCIALES | Nº 02 | Año 02 | ISSN 2683-8095
185-190
Entrevista
Entrevista a:
LIC. SANDRA LAMBIASE
En el marco del connamiento social que lleva adelante
Argentina, como el resto de países del mundo, por la
epidemia sanitaria causada por el Coronavirus -COVID
19- en 2020, dialogamos con la Socióloga, Docente de
la Universidad Nacional de San Juan y especialista en
temáticas de salud, sobre los amplios efectos sociales
que la emergencia sanitaria acarrea en las prácticas
cotidianas y en las relaciones sociales de nuestro
contexto.
La incidencia del Coronavirus en la salud y en la vida
cotidiana de nuestros pueblos, se congura como un
hecho histórico-social que marca a fuego, posibilita
o restringe nuevos escenarios, así como evidencia o
profundiza antiguas desigualdades e inequidades.
1. Sandra, desde su expertise como socióloga y su
conocimiento especializado sobre los procesos
de salud/enfermedad/atención de la población,
¿Podría introducirnos a comprender el fenómeno
del Coronavirus en su doble faz: como problema de
salud y desigualdad social/global, agravados en un
corto plazo?
Es posible que la primera respuesta a este intento de
comprensión nos la dé la posibilidad de pensar desde
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185-190
Entrevista
la complejidad en términos de Morin. Desde esa
mirada, nos “paramos” al estudiar este proceso desde la
sociología de la salud: estamos ante un fenómeno en el
que la interacción, retroalimentación, azar, las acciones
que se tejen, se entrelazan con una multiplicidad de
resultados.
Por otro lado, otra posición que desarma el pensarlo
en dos fases, es suscribir la perspectiva de la
medicina colectiva latinoamericana, en la corriente
del materialismo histórico, cuando postula, con
fuerte alcance epistemológico, que el proceso salud-
enfermedad es intrínsecamente social. Es decir, no
alcanza con que pensemos en determinantes sociales,
ambientales, biológicos y conductuales que inuyen
en la salud y la enfermedad, sino que debemos darle
carácter sociohistórico al proceso en sí mismo. En
este sentido, ya no hablaríamos del contexto social
como un factor de riesgo más, que es la explicación
más frecuente, sino que la desigualdad o, con más
precisión, la inequidad, pasa a ser una característica,
posiblemente la más lamentable, de ese hecho social.
Digo “inequidad” en relación a la denición de la OMS
como presencia de diferencias evitables e injustas en el
estado de la salud y esas diferencias son básicamente
sociales. Ramón Carrillo, sanitarista argentino del siglo
pasado que hace poco fue muy discutido en las redes,
dijo que, al compararlo con la miseria y la angustia
social, los microbios, como causa de enfermedad, son
causas muy pobres. Ésa es una buena síntesis. Con el
tiempo, este virus también dará clara evidencia del
carácter social de la enfermedad, con índices superiores
de letalidad en los grupos más vulnerables. Y en todo
caso, esos valores no serán tan maniestos porque en
las poblaciones más pobres, el número de personas que
llegan a viejos y viejas es menor y ya está demostrado
que este grupo etario es el más afectado mortalmente
por la CoViD19.
Una de las principales políticas públicas de salud,
instrumentadas en varios estados nacionales
y también en Argentina, fue el aislamiento/
distanciamiento social obligatorio, ¿Qué efectos ha
generado en los estados de salud de las personas?
¿Crees que esto está potenciado por los efectos socio-
económicos del distanciamiento social obligatorio?
Los efectos que ha generado y el impacto de estas
decisiones en políticas de salud, difícilmente sean
posibles de evaluar a corto plazo. Creo que, en esta
situación, como nunca antes, somos parte de una
especie de experimento mundial que no escapa a la
lógica cientíca del “ensayo-error”. Y eso es así, porque
se desconoce la enfermedad y se está investigando al
mismo tiempo que se intenta accionar. En la historia de
la medicina son numerosos los ejemplos de la necesidad
del paso de años, a veces décadas, para que se valore
y conrme un nuevo conocimiento. En estos días
pensaba en el caso Semmelweis que trabajamos en la
carrera, un médico húngaro del siglo XIX, que descubrió
la necesidad de una higiene profunda en las manos para
evitar contagios generados por los propios médicos.
Murió sin ser reconocido y es el mismo principio que
usamos ahora como principal elemento preventivo.
Retornando a la pregunta, el aislamiento y el
distanciamiento son las únicas medidas que se conocen
como ecientes para reducir el contagio. Podemos
asegurar que tiene, y tendrá efectos secundarios no
deseados. Una especie de iatrogenia, con secuelas
no sólo en el organismo sino también en lo anímico,
mental, psicológico. El problema es que, por ahora,
no hay posibilidad de “otro remedio” que evite esta
enfermedad, entonces lo esperable es que, desde la
política pública se haga todo lo posible para reducir esos
efectos negativos, entre ellos, y con un protagonismo
central, las dicultades socioeconómicas en los diversos
ámbitos.
Desde el punto de vista sanitario, la pandemia
generada por COVID-19 además de impactar
directamente en los índices de mortalidad y de
morbilidad, ha implicado cambios en las dinámicas
institucionales de hospitales y sanatorios y en las
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TRAMAS SOCIALES | Nº 02 | Año 02 | ISSN 2683-8095
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Entrevista
rutinas mismas de trabajo, ¿Cuál es su mirada
sobre el rol de los/las trabajadores/as de la salud,
a quienes recientemente han comenzado a llamar
“héroes” pero hace apenas unos meses atrás las
políticas gubernamentales no reconocían su valor?
En principio, pienso que es uno más de los
posicionamientos maniqueístas que nos caracterizan
como sociedad, siempre lo bueno y lo malo como
antípodas... no colabora a pensar seriamente. Si nos
referimos al reconocimiento del ámbito cientíco como
espacio de consulta y de toma de decisiones, me parece
que es un interesante giro en la valoración. También
asumo la mirada crítica de cuestionar que ese espacio
no sea más interdisciplinario, justamente en relación a la
complejidad de la que hablamos al iniciar la entrevista.
Los y las cientistas sociales tienen mucho para aportar en
este contexto, pero pareciera ser que el modelo médico
biologicísta continúa fortaleciendo su hegemonía y, las
ciencias humanas, incluida la economía, son apenas
consultadas en un diálogo desparejo. Por otro lado,
están los trabajadores directamente en contacto con
el proceso salud-enfermedad, en los hospitales, en las
residencias de larga estadía, en las carpas sanitarias, en
los centros de salud, que han enfrentado y enfrentan
un desafío cotidiano para el que, salvo excepciones,
no han sido formados: nuevos procedimientos, toma
de decisiones, etc. Esperemos que después de esta
coyuntura el reconocimiento se sostenga no sólo para
los médicos, sino también para enfermeros, cuidadores,
personal de limpieza, auxiliares.
4) Los gobiernos pusieron en marcha diversas
medidas, no sólo para contener el posible colapso
del sistema sanitario argentino, sino también
para contrarrestar las múltiples derivaciones que
ocasiona la pandemia, ¿Cómo es la articulación
Estado-políticas públicas sanitarías en este
contexto?
Creo que la articulación es... la posible. Las políticas
públicas sanitarias son políticas sociales y, por lo
tanto, son ecientes si tienen un muy buen estudio
de diagnóstico, proyectos pilotos, metas paulatinas,
recursos de todo tipo, etc. De esto, en este contexto,
no se ha podido hacer nada. Por eso digo “lo posible”
y de la misma manera se está trabajando en relación a
paliar situaciones no especícamente sanitarias, pero
indudablemente básicas para el mantenimiento de la
salud, como son la alimentación y la vivienda. Pero no
pudo atender otros ámbitos. La OMS, a pesar de su
enfoque limitado, y condicionado, denió a la salud
a mediados del siglo pasado, como bienestar físico,
psíquico y mental, y éstos dos últimos posiblemente
son los aspectos más discutidos de las políticas
desarrolladas en nuestro país frente a la pandemia.
Más aún si pensamos, con autores más recientes, en la
salud pública como el “bien vivir” de la población en su
conjunto, entonces aparece el trabajo, la educación, la
recreación como elementos constitutivos de nuestro
bienestar integral, y la política sanitaria no ha podido
contemplar esto que indudablemente ha quedado en
manos de estrategias individuales, y en algunos casos,
grupales, para resolverlos. Saúl Franco menciona seis
verbos como elementales en la salud pública: sanear,
controlar, prevenir, promover, educar y organizar. Es
indiscutible que en una emergencia sanitaria no se
pueden cumplir cabalmente, pero se ha logrado en esa
articulación, en este contexto, evitar muertes.
5) Hacia el interior de las familias o lazos cercanos,
¿Pueden identicarse cambios o profundizaciones
en los patrones tradicionales de género? ¿Y si
hablamos de efectos sobre los grupos vulnerables
como mujeres y diversidad sexo-genérica?
Podríamos responder pensando la vida cotidiana en
este contexto, entre otras temáticas de género. Me
parece que en sociología deberíamos ocuparnos más de
este tema... Schutz la dene como la realidad suprema
y yo coincido. Es en ese espacio tan privado donde se
ha impuesto, sin consenso ni posibilidad de negarse,
una convivencia no siempre elegida. Es ahí donde se
maniestan, sin ltro, conictos existentes. Uno de ellos,
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TRAMAS SOCIALES | Nº 02 | Año 02 | ISSN 2683-8095
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Entrevista
indudablemente, el de los roles tradicionales de género,
y entonces las madres no sólo hacen teletrabajo, sino
que también median entre la escuela y sus hijos e hijas.
Y, desde mi observación, el sistema escolar no pudo, o
no supo, aprovechar esta instancia para desestructurar
ese modelo patriarcal. Con consecuencias aún más
lamentables, la violencia hacia las mujeres y las
diversidades sólo es referida cuando llega a lo físico,
pero suponemos que, en cuarentena, la violencia
simbólica en la comunicación, en los gestos, en la
distribución de las tareas, atraviesa miles de hogares en
los que viven grupos muy vulnerables como las mujeres
víctimas de violencia, las personas mayores y las niñas
y los niños. Podríamos poner otros ejemplos, como el
de la cantidad de hogares con mujeres como jefas: ellas
son las que han tenido que organizar la vida cotidiana
de sus familias (y en muchos casos hacerse cargo de
comedores populares) y si bien el Estado ha ayudado
económicamente, ese aporte probablemente alivia lo
básico de la manutención, pero el hacinamiento, la falta
de intimidad, la relación no deseada, son situaciones
que han empeorado la problemática.
Las mujeres, las “cuidadoras del mundo”, como dice
De Sousa Santos, no pueden defenderse en cuarentena
porque garantizan la cuarentena de los demás.
Pareciera que la situación de pandemia, con cierta
ironía, colabora para visibilizar temáticas, desvelar, diría
Bourdieu, al poner al descubierto sin posibilidad de
ocultamientos, cuestiones sociales sensibles e injustas
siempre postergadas.
6) El Coronavirus ha generado problemáticas
múltiples, en todos los órdenes sociales y todos los
sectores de población. Problemáticas que podrán
verse también en un mediano y largo plazo, ¿Cómo
evidencia Ud las marcas que la pandemia dejará a
nuestra sociedad en el ámbito socio-sanitario? ¿Se
pondrá aún más a prueba la capacidad de resistencia
de los/las profesionales de la salud y de la sociedad
en su conjunto?
En nuestro país, la sucesión de gobiernos no ha podido
resolver temas estructurales del sistema de salud, uno
de los cuales es la Atención Primaria que no funciona
como está denida, y en palabras de estudiosos
del tema, podría constituirse en una herramienta
excelente para alcanzar cierto nivel de equidad en salud
poblacional. Es posible que una de las marcas positivas
que deje la pandemia sea la necesidad de revisión de
todo el aparato de salud, que arrastra el problema
de la fragmentación y de la heterogeneidad, tanto
el público como el privado, y para todas las edades.
Nos enorgullecemos de la cobertura para todos los
habitantes ante la enfermedad, y en esta pandemia
esto se revalorizó dando tratamiento a cada paciente,
pero es imprescindible que reveamos cuestiones
básicas como el registro estadístico en salud que es
pésimo –o directamente inexistente- en la mayoría
de las jurisdicciones, cómo se distribuyen los recursos,
en qué paradigma médico nos posicionamos, qué
peso tiene la farmacologización y la medicalización en
nuestro sistema sanitario. Es un fenómeno complejo y
es mejor enfrentar esa característica que simplicarlo...
Esperemos que se dé esa discusión que nos hace tanta
falta y que se recupere la lógica del campo de la salud
que está tan atrapada en la del mercado.
En relación a la capacidad de resistencia, no podría
adelantar si se modicará porque tendríamos que
analizar rigurosamente ese supuesto. Sí, considero
que el acatar las medidas implementadas ha requerido
una paradójica “movilización pasiva” de la sociedad y
en este aspecto, la sociedad argentina ha participado
voluntariamente, en un alto porcentaje, de un hecho
colectivo que pasará a la historia.
7) ¿Qué reexiones en torno a sus preocupaciones
sociológicas le deja este contexto sanitario y social
actual?
Esto que comentaba antes, la transparencia de este
contexto en algunos temas. La etimología de la palabra
pandemia no es negativa, en su origen signica reunión
de todo el pueblo. ¡Qué interesante sería si la reexión
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TRAMAS SOCIALES | Nº 02 | Año 02 | ISSN 2683-8095
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Entrevista
se diera en esos términos! Porque entonces podríamos
pensar nuevas realidades en las que el tratamiento del
proceso salud-enfermedad y su atención y cuidado,
incluya equitativamente a toda la población. Si
concordamos en el carácter social de este proceso,
la primera preocupación es justamente resolver las
carencias, las desigualdades de la situación social
estructural, que son previas y se han agravado en este
contexto.
Por mi formación en gerontología social, he estado muy
pendiente de las situaciones de las personas mayores, y
una cuestión por la que se viene militando hace tiempo
es el de la persona mayor como sujeto de derecho... La
pandemia puso el tema del envejecimiento poblacional
en la mesa y también el de las instituciones en la que
residen los mayores que están pensadas en reemplazo
de sus hogares, pero no son espacios de curación,
son de cuidado. Y en esto, como en otros temas, la
importancia de la reexión bioética ¿qué sentido tiene
la prolongación de la vida si se carece de igualdad en la
vejez? Esto fue muy discutido en Europa, donde ante
la opción de dar respiradores, la edad fue la primera
variable a considerar.
Se expone también, y ¡cómo! la fragilidad humana, que
queda tan exteriorizada ante un brote viral y entonces,
el sostenimiento de lo previsible y seguro, se derrumba
en instantes. Y la respuesta social que, y en este sentido
disiento con quienes piensan en profundos cambios post
pandemia, busca regresar a las certezas lo antes posible.
Y no está mal, por algo las buenas rutinas son saludables
en sí mismas, como las orillas del río encauzan y a su
vez, permiten que el agua uya.
Aparecen tantos temas que ameritan reexión:
la socialización primaria y las otras también,
instrumentada por las redes. No tenemos registro en
generaciones anteriores de las consecuencias de este
fenómeno, pero es posible hipotetizar en problemas de
motricidad, movilidad, atención, relaciones afectivas y
otros que forman parte de la salud integral.
La sociología, las ciencias sociales, tienen mucho para
decir en este contexto y sería interesante que lo hiciese
recuperando la salud, más que la enfermedad, como
objeto de estudio. Les agrego, para terminar, algo que
me inquieta: la necesidad de una reexión profunda
acerca de la “normalidad” y en esto recomiendo la lectura
de Canguilhem. Este concepto ha sido usado tantísimas
veces en estos días sin ponerse en duda su denición...
No es así. La normalidad es una construcción social
muy relacionada con el comportamiento medio, con el
cuerpo promedio, con lo que se da como característica
de la mayoría, y esto lo digo no sólo para el proceso
salud-enfermedad sino también para otras cuestiones
sociales. Sería muy interesante que ante la posibilidad
de una “nueva normalidad”, nos cuestionemos cuánto
de la normatividad, por ejemplo médica, pero en
denitiva social, subyace en esta construcción.
¡Gracias!
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Galoviche
TRAMAS SOCIALES | Nº 02 | Año 02 | ISSN 2683-8095
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TÍTULO:
“SALUD FEMINISTA. SOBERANÍA DE LOS
CUERPOS, PODER Y ORGANIZACIÓN”.
Autores/as: Dora Barrancos, Sabrina Balaña, Agostina
Finielli, Carla Giuliano, Andrea Paz, Carlota Ramírez,
Marta Dillon, Moira Pérez, Laura Contrera, Débora Tajer,
Luciano Fabbri, Blas Radi, Karina Felitti, Valeria Salech,
Violeta Osorio, Julieta Saulo y Ruth Zurbriggen.
Año: 2019.
Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Compilación: Fundación Soberanía Sanitaria.
Editorial: Tinta Limón. ISBN: 978-987-36-8758-7
Victoria Galovich
e
1
1.Mg. en Políticas Sociales. Lic. en Sociología. Docente
e Investigadora de la Universidad Nacional de San Juan.
Correo electrónico: vicogalo@hotmail.com
Compartimos hoy el libro “Salud Feminista. Soberanía
de los cuerpos, poder y organización”; una obra creada
colectivamente entre investigadores/as dedicados/
as y especializados/as en temáticas de género, salud y
feminismos.
| 215
Galoviche
TRAMAS SOCIALES | Nº 02 | Año 02 | ISSN 2683-8095
191-195
Se trata de un libro que emerge de la compilación por
parte de la Fundación Soberanía Sanitaria sobre textos
de autores/as provenientes de diversas disciplinas y que
reexionan tanto como militan -desde sus diferentes
espacios- acerca de una nueva construcción en salud
con perspectiva feminista y soberanía sobre nuestros
cuerpos.
La Fundación Soberanía Sanitaria es una Asociación
Civil sin nes de lucro –con asiento en CABA (Ciudad
Autónoma de Bueno Aires, Argentina)-, dedicada a la
realización de actividades asistenciales, de prevención
y promoción de la salud, así como por la oferta de
capacitación sobre temas de interés para la población
en general y la generación de equipos de investigación.
Trabaja en articulación con la docencia, asistencia,
sondeo y la cooperación técnica como herramientas al
servicio de las instituciones sanitarias.
En esta oportunidad dicha institución se plantea
nuevos interrogantes, condensados en la obra que
aquí se presenta. En ella, podrá hallarse capítulos que
se encuentran en permanente diálogo entre sí, pues
se recrea las “rondas”: momentos de intercambio de
saberes y experiencias entre quienes trabajan la salud.
Quienes coordinan esta obra son especialistas que,
desde sus formaciones disciplinares y experiencias en
territorio, llevan adelante el Equipo de Salud y Géneros
de dicha fundación. Estas autoras patentizan una vasta
experiencia y competencia en las temáticas abordadas
desde el marco académico, de investigación y de
política pública. Hablamos de Sabrina Balaña -Médica
generalista, con formación en epidemiología, gestión y
políticas públicas-, Agostina Finelli –Abogada, posgrado
en género, gestión y administración en el ámbito del
Estado-, Carla Giuliano y Carlota Ramírez –Psicólogas,
formadas en salud pública y género- y Andrea Paz –
Socióloga, campo de salud sexual y (no) reproductiva y
derechos-, todas ellas autodenominadas trabajadoras
militantes de la salud y ronderas feministas.
Asimismo, se cuenta con la participación especial
de la destacada investigadora Dora Barrancos para
prologuear la obra.
El libro está dividido en tres ejes temáticos: Salud,
género y soberanía de los cuerpos; Poder y disputas
en el ámbito de la salud; y Organización y prácticas
feministas en el campo de la salud. En cada uno de
ellos se descubren diferentes capítulos que analizan y
se preguntan por temas y problemas que atraviesan el
proceso salud-enfermedad.
El primer eje, intenta analizar tópicos que se acercan
a los recorridos de los cuerpos y su autonomía. Aquí
los/las autores/as despliegan sus aportes teóricos para
el abordaje crítico de las concepciones hegemónicas
en salud y su inuencia en la identidad, género y
dependencia/independencia de los cuerpos. Se abre el
juego aquí a repensar una nueva conguración sanitaria
que promueva la autonomía, la ciudadanía plena y el
valor de la diversidad, en un marco de derechos. Las
temáticas especicas con las que cuenta reeren a:
cuerpos vulnerables, teoría queer, activismo gordx,
salud mental y aborto.
En el segundo eje, se ofrecen reexiones acerca de los
poderes y saberes que imperan en el campo sanitario.
Proponiendo así, pensar epidemiologías feministas, así
como politizar las concepciones y prácticas de salud.
Caben aquí indagaciones sobre la matriz binaria que
históricamente ha atravesado la práctica médica y
con ello abrir el espacio a transitar los procesos salud-
enfermedad desde la perspectiva trans, las feminidades
y las masculinidades. Los tópicos sobre los que recae
el análisis son: politización del concepto de riesgo,
masculinidades y salud, identidad trans y derechos
reproductivos.
El tercer y último eje, pone el acento en la riqueza
transformadora de la práctica feminista en salud.
Expone experiencias territoriales y situadas que abonan
el camino para pensar prácticas alternativas en salud,
y el aporte que el feminismo -como movimiento de
liberación de opresiones en amplios aspectos- puede
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Galoviche
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ofrecer. Aquí los temas tratados reeren a: el activismo
por la liberación femenina y espiritualidad, el rol de
las cuidadoras, colectivos por cultivos medicinales,
violencia obstétrica y la experiencia feminista de
Socorristas en red.
Cada uno de estos ejes o “rondas” es una invitación a
dialogar y co-construir colectivamente para enriquecer
el campo de la salud. Es un espacio que promueve, desde
la propia gura de quienes lo escriben, una posibilidad de
compartir experiencias y aportes disciplinares situados
en la tarea de comenzar a dar voz y letra a aquellos/as
que históricamente han sido silenciados/as. Es así, que
en la denición sobre quiénes serían parte de la autoría
de cada capítulo, esta fundación decidió darle voz a las
mujeres, lesbianas, trans y personas con identidades
disidentes.
Con un revelador prólogo escrito por la Dra. Dora
Barrancos, nos ofrece pistas para notar los lazos entre
la construcción social de los géneros y su relación con el
sistema sanitario, y con ello la posibilidad de desmenuzar
qué hay de normalizado, con qué clasicaciones se
moldean las prácticas y percepciones en salud y qué
tramas construye.
Así, a lo largo del libro se pone en tensión y se muestra
lo vívido de las consecuencias que este sistema sanitario
ha acarreado para la comunidad toda, y especícamente
para los grupos vulnerables y vulnerados dentro del
sistema sexo-género.
Destacamos los capítulos dedicados a una lectura
sobre los cuerpos y las identidades desde la perspectiva
queer, gordx, trans y masculinidades; aquí Moira Pérez,
Laura Contreta, Blas Radi y Luciano Fabbri nos acercan
aportes y tensiones sobre la riqueza de la mirada diversa
y ampliada en salud. “La salud y sus estándares no
son universalizables, deben considerarse desde cada
subjetividad y atendiendo a factores tales como la
clase, la edad, la funcionalidad, el origen étnico, entre
muchos otros. Pensar desde un paradigma de diversidad
(corporal, funcional, etc.) (Pérez, 2019, p. 44).
Por su parte, hallamos capítulos que abordan los
derechos reproductivos y no reproductivos, y la temática
de especial actualidad como es el aborto. Débora Tajer,
Violeta Osorio, Julieta Saulo y Ruth Zurbriggen ponen a
nuestro alcance visiones y experiencias sobre violencia
obstétrica y acompañamiento de mujeres frente a un
modelo de atención natal asimétrico y patriarcal. Tajer
enfatiza: “Si pensamos la salud de un modo integral,
llevar adelante un embarazo no deseado, sea por la
causa que sea, genera un impacto sobre la salud mental
de la mujer. Por lo tanto, no querer llevar adelante un
embarazo, es una causal válida desde una perspectiva
de salud mental” (Tajer, 2019, p. 84).
Estos y muchos otros temas convergen en el libro,
ponderando la labor feminista de interpelación
de relaciones de poder. El campo sanitario y el
proceso salud-enfermad-atención ha sido –tal como
otros procesos socioculturales- atravesado por los
estereotipos y mandatos marcados a fuego por la
construcción patriarcal de nuestras sociedades. Este
campo no ha quedado exento de las contradicciones,
exclusiones y padecimientos que ha generado en torno
a quienes “se oponían o desviaban” de la normalidad
sanitaria.
Cabe aquí reexionar, tal como lo hacen los autores/
as, la dicultad del modelo medico hegemónico
para mostrar competencias renovadas, cercanas a la
colectividad, autonomía y dignidad. Sin embrago, un
camino se está gestando desde hace tiempo, las rondas,
las organizaciones feministas, las movilizaciones como
“Ni una menos” o en favor del aborto legal, están
allanando este sendero que, aún con resistencias, se
orienta a detectar facilitadores para una nueva salud.
Desde hace muchos años, el ámbito de la salud se ha
constituido en objeto de indagación e investigación, de
análisis teórico, de reivindicaciones y luchas activistas,
de aplicación de políticas públicas y creación de métodos
para el cuidado y atención de las comunidades. En este
campo, los feminismos y su lucha incansable tienden
puentes de debate y compromiso con la liberación
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y recuperación de los derechos de las mujeres y
disidencias sexo-genéricas.
Queda de maniesto en esta obra, que la salud es un
hecho colectivo, pero también político. Su tratamiento
y su planicación puede y debe ser cada vez más basado
en la subjetividad, la horizontalidad, la opinión popular
y los saberes colectivos.
Se considera que estos textos, pueden ser un aporte
fundamental no sólo como apoyatura teórica para
estudiantes e investigadores, sino también para
activistas en el campo sanitario.
Este libro comparte, junto con la lucha feminista, la
importante labor de desnaturalizar lo socialmente
establecido y habituado, des-montar viejas creencias y
patrones que, más que posibilitar han obstaculizado el
camino de igualdad y equidad entre los géneros.
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Favieri
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Vega
RESEÑA DE TESIS DE GRADO
Autora: Lic. Orellano, Verónica
Año de Defensa: 2019
Directora de la tesis: Mg. Sonia Vega
Filiación institucional: Carreras Licenciatura
y Profesorado en Sociología. Departamento
de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales.
Universidad Nacional de San Juan.
Tema-título:
“Itinerarios de militancia política partidaria juvenil
en la Provincia de San Juan”.
Mg. Sonia Vega
1
1 Mg. en Género, Sociedad y Políticas. Lic. y Prof.
en Sociología. Docente de la Carrera Lic. y Prof. en
Sociología. Investigadora del Instituto de Investigaciones
Socioeconómicas. Facultad de Ciencias Sociales.
Universidad Nacional de San Juan. Correo electrónico:
soniavega98@yahoo.com.ar
Contextualización
La participación de las juventudes en la esfera política,
nacional y provincial ha suscitado, desde hace mucho
tiempo, el interés de investigaciones en el campo
de las Ciencias Sociales. A pesar de los enormes
avances conceptuales, analíticos y metodológicos que
resultaron de esos estudios, sorprende cada vez más la
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Vega
complejidad que encierra la temática y la dicultad de
intentar arribar a conclusiones denitivas.
El activismo político juvenil no es un fenómeno
reciente, sin embargo, cobró especial visibilidad en las
últimas décadas. La crisis económica que eclosionó a
nes del año 2001 fue acompañada por una crisis de
representatividad (la que por cierto se venía gestando
desde hacía varios años) llevando a la clase política
nacional a rearmar el bloque histórico en un proyecto
político que conjugó contención social, consenso y
hegemonía. En ese contexto se fue revitalizando un
espacio político con gran actividad y protagonismo
juvenil, especialmente en nuevos movimientos sociales,
sindicatos y partidos políticos.
Ese proceso dio lugar a la consolidación del sujeto juvenil
como partícipe activo en la vida política a nivel nacional
y provincial. La militancia partidaria y organizaciones
juveniles se extendieron por prácticamente todo
el territorio, especialmente en apoyo al proyecto o
modelo nacional de los “Gobiernos Kirchneristas”.
A partir de entonces las prácticas militantes de
participación juveniles irrumpieron con fuerza no solo
en el escenario político sino también en los debates y
estudios académicos.
En ese marco se presenta el trabajo de tesis aquí
reseñado, el cual analiza los itinerarios de militancia de
jóvenes en San Juan entre 2008 - 2015. Los resultados
a los que arriba la autora, permiten comprender cómo
se entrelazan las dimensiones históricas, políticas,
sociales y personales en la conformación de los sujetos
militantes. A ellas se añade la dimensión intra partidaria
donde se ponen en juego elementos doctrinarios,
ideológicos, de poder y relacionales que interpelan
al sujeto desde y hacia lo político y la política. En los
itinerarios al interior de los partidos políticos los sujetos
emprenden un proceso de socialización, marcado por
las disputas de poder y compromisos que, en los casos
analizados, devinieron en una praxis militante.
La investigación se enmarca en una metodología
cualitativa, mediante la que se intenta con gran éxito,
reconstruir y analizar los itinerarios. Por su parte la
estrategia metodológica se basó en una epistemología
interpretativa centrada en las juventudes militantes.
Aplicando la técnica de entrevista en profundidad la
autora se sumerge en la experiencia vivida de siete
jóvenes militantes en partidos políticos de la provincia.
Los partidos de pertenencia fueron: Partido Justicialista;
Partido Comunista; Partido Socialista de Trabajadores -
Nueva Izquierda (MST); Partido Bloquista; Unión Cívica
Radical y Partido Propuesta Republicana.
El análisis se presenta con profundidad teórica y
rigurosidad metodológica. Sumerge al lector en
el proceso de acercamiento y conocimiento de las
experiencias vitales individuales, a partir de una
estrategia inductiva y hermenéutica. Sus bondades
radican en la comprensión de los relatos a partir de la
recuperación de cuatro dimensiones: espacialidad;
corporeidad; temporalidad y relacionalidad. En este
sentido, se da protagonismo a la subjetividad de los
entrevistados como también a aspectos emergentes y
coyunturales propios de las prácticas políticas.
En un esfuerzo por otorgar mayor claridad al análisis, la
autora realiza un esquema de relación de categorías que
dan una idea acabada de la extensión y profundidad de
los datos obtenidos. Las categorías analizadas fueron:
cimientos sociales de itinerarios militantes; modos de
ingreso a la militancia; militancia política partidaria;
aspiraciones militantes y signicaciones militantes.
La presentación del trabajo consta de dos partes,
la primera con cuatro capítulos. En el capítulo I se
desarrolla el estado del arte sobre la participación
política juvenil y especícamente la participación en
partidos políticos. Allí se recuperan trabajos de diversos
autores que invitan a un recorrido histórico sobre el
vínculo jóvenes – política, como también estudios que
analizan el activismo y militancia en organizaciones
políticas juveniles a nivel nacional y provincial. En el
capítulo II se presenta el enfoque teórico en el que se
identican y desarrollan las categorías conceptuales
que guiaron el proceso de relevamiento de datos y el
análisis de los mismos. En el capítulo III se despliega el
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Vega
enfoque metodológico donde se expone la estrategia
metodológica, las técnicas de recolección de datos
primarios, las decisiones muestrales para la selección
de la unidad de observación y la presentación de sus
características en función de las variables de base y otras
seleccionadas. En el capítulo IV, el marco contextual
ofrece un repaso de la historia política reciente (nacional
y provincial) y el papel de los jóvenes en ella. Además,
se presenta una breve descripción de la historia de los
partidos políticos seleccionados. La segunda parte
comprende el análisis de los datos y la presentación de
la información y está estructurado en cinco capítulos,
correspondiente cada uno a las categorías investigadas.
Por último, se presentan las reexiones nales.
Descripción
El itinerario político de jóvenes militantes es un largo
proceso de socialización y praxis política, dinámico
y dialéctico situado históricamente. La socialización
implica para el sujeto la internalización del espacio
político, que transcurre en paralelo con la internalización
de todas las otras dimensiones que componen la realidad
del sujeto. En este sentido, se entiende que el proceso
de socialización general tiene una arista política. Esto es,
todos los sujetos sociales son necesariamente sujetos
políticos, en tanto tienen una posición política, un lugar
en la estructura social, una clase social de pertenencia.
El militante tiene, además, presencia y participación
activa en la política (partidos, elecciones, marchas,
movilizaciones), lo cual constituye un vínculo especíco
con el ámbito político.
La militancia es denida como praxis política, esto es,
como resultado permanente de la relación dialéctica
entre el ser y el hacer del sujeto político. El militante
orienta su acción política en virtud de un ideal colectivo
construido y promovido por la organización política de
pertenencia, dentro de un marco ideológico especíco.
La militancia se constituye así en una relación de unidad
permanente entre reexión y acción; teoría y práctica
y subjetividad, objetividad. Esto implica reconocer que
ella no solo es objetiva, en el sentido de estar dirigida a
la intervención de lo externo (realidad social, naturaleza
o el propio ser-sujeto social), sino también subjetiva,
en tanto es el resultado de la construcción ideal de una
realidad que orienta las acciones.
La praxis política de los militantes es el resultado
de una vinculación entre lo personal (entendido
como dimensión esencialmente subjetiva, donde se
identican los intereses militantes), lo organizacional
y la causa o n perseguidos. El sujeto asume un
compromiso político, invierte
1
en un espacio político
(partido) y decide participar en forma activa en pos de un
ideal que también, claramente, es político. El militante
hace suya la causa, la que alimenta y da sentido propio
a la militancia. Como resultado de las inversiones y
el compromiso político (y a cambio de ellos), recibe
distintas retribuciones y graticaciones (propias y del
partido político). En este sentido la autora destaca
que, la ideología cumple un papel importante en la
decisión del sujeto para participar y comprometerse
políticamente, a la vez que esto se liga con la búsqueda
de benecios personales.
Los ámbitos de socialización, políticos y no políticos,
juegan un papel fundamental en la disposición del sujeto
a la política. La familia y la escuela son destacados por
su relevancia en este sentido, a los que se suman otros,
como la universidad y organizaciones con nes políticos
(tal el caso de los sindicatos).
Otro tanto aporta los hechos sociopolíticos, que resultan
ser un ámbito de socialización y praxis e incluso se
constituyen en hitos del itinerario militante. Al respecto
el trabajo de investigación identica y caracteriza
el lugar que las juventudes tuvieron en escenarios
políticos provinciales y nacionales de la mano de
gobiernos dictatoriales y democráticos. La restricción
de derechos vía represión y muerte, en los primeros,
junto con la activación de canales institucionales para la
participación ciudadana en los asuntos públicos, en los
segundos, actuaron directamente sobre las condiciones
1. Se toma la definición de Duverger (1990), para quien
el militante invierte tiempo, recursos, trabajo personal,
esperanzas y expectativas en el partido político, lo que
define su compromiso político.
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de posibilidad de acción juvenil en el espacio público
partidario.
Instaurada la democracia, los partidos políticos
adquirieron protagonismo y con ellos las estrategias y
mecanismos desplegados para la captación y adhesión
de jóvenes. Más recientemente, desde el gobierno de
Néstor Kirchner (mayo de 2003) y hasta los dos mandatos
presidenciales de Cristina Fernández (diciembre de
2007 a diciembre de 2015), una parte de la clase política
(nacional y provincial) valoró y promovió la militancia
juvenil. Sin embargo, el componente ideológico jugó en
este sentido un rol importante en el ámbito político. Las
organizaciones partidarias denían y daban legitimidad
al componente juvenil y su militancia en el espacio
político. Ser político y militante, aparece siempre ligado
al cuerpo de ideas del partido, lo cual dene principios
de identicación partidaria e identidad militante. Se
establece así un juego de disputas y luchas políticas al
interior del sistema político, lo cual conlleva principios de
legitimación y deslegitimación de la práctica militante.
En este sentido la autora señalará la importancia que
el elemento ideológico tiene en el proceso de la praxis
militante, derivado, claramente de su pertenencia
partidaria.
En los itinerarios de los jóvenes, el interés por la política
tuvo como protagonistas a los agentes socializadores.
Durante el proceso de socialización el sujeto aprehende
elementos socioculturales, pero también incorpora una
socialización y cultura políticas. La autora los presenta
bajo la categoría Cimientos Sociales de Itinerarios
Políticos y constituyen los primeros ámbitos de interés
y disposición por los asuntos políticos. Entre ellos se
mencionan la escuela, familia, universidad y grupo de
pares y son reconocidos como primeras instancias de
participación política.
El análisis señala con mucha precisión cómo fue
transcurriendo el proceso de identidad y orientación
ideológica del sujeto, respetando en cada caso las
interpretaciones subjetivas que dan sentido al dato.
No obstante, queda pendiente identicar posibles
relaciones multivariables que incidan en ese proceso,
tales como la edad, el sexo, e incluso las doctrinas
partidarias con las que estaban más familiarizados. A
ellos se suma la inuencia de hechos históricos con gran
impacto político, tal el caso de las crisis económicas
nacionales con fuerte movilización social (como la
Crisis Argentina del 2001-2002). En cualquier caso, los
cimientos sociales son de índole político y no político a
la vez que privados y públicos.
Las trayectorias o itinerarios suelen estar relacionados
con mayor compromiso por la política evidenciado en el
ingreso a un partido político. En tal caso el análisis de
los Modos de Ingreso señala que los cimientos sociales
fueron un antecedente fundamental en la disposición a
la actividad política y el interés por los asuntos públicos.
Luego, “dar el paso” y hacer efectivo ese compromiso
implicó el ingreso a un partido político.
En este sentido, la autora observa que el compromiso
voluntario por la actividad política es resultado de un
proceso de experiencias previas en el ámbito político.
Estas experiencias, algunas veces esporádicas, fueron
dando lugar a expectativas de involucramiento e interés
por los asuntos públicos. La política dejó de pensarse
por los entrevistados como algo ajeno y exterior para
empezar a incluirla como un modo de vida con la
convicción de ser sujetos con capacidad transformadora
y comprometidos con la organización partidaria.
Por su parte, muchas de las dimensiones surgidas de
la evidencia empírica en relación a la militancia son
agrupadas bajo la categoría: Características de Militancia
Política Juvenil. En ella la investigación da cuenta de las
distintas formas en que aparece la praxis militante ligada
a cuestiones personales, institucionales y contextuales.
De ese modo, a partir de los ámbitos y prácticas de
militancia, el análisis devela que el Estado, el partido
político, el territorio y la universidad son los espacios
de mayor activismo político juvenil. Ocupar un puesto
y cumplir funciones en el aparato estatal se relaciona
directamente con la pertenencia al partido. El Estado
se entiende como lugar privilegiado para la formación
política, pero también para la efectivización del proyecto
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partidario. En este sentido aparece como una extensión
del compromiso y praxis políticos.
Desde otro lugar, la militancia universitaria contribuye
en el mismo sentido que el ámbito estatal, sin embargo,
tiene una particularidad, cual es constituirse en un
ámbito de mayor libertad y creatividad para la formación
de nuevos militantes. El espacio universitario es abierto
y exible e invita a formarse como sujetos de cambio y
de transmisión ideológica.
Otro ámbito de la praxis política es el territorio. Los
jóvenes desarrollan actividades de compromiso
solidario mediante operativos territoriales de todo
tipo: asistenciales, escolares, culturales, deportivos
y recreacionales. La militancia territorial actúa como
una gran red que contiene otras pre-existentes en el
territorio de abordaje, por lo que tienen la capacidad de
potenciarlas.
Finalmente, el partido político, el que es identicado
como ámbito de formación militante y divulgación
ideológica, les permite apropiarse de la doctrina
partidaria mediante una praxis política que indica
formas de ser militantes y hacer militancia.
La dedicación es otro de los aspectos considerado
en la caracterización de la militancia. Al respecto, el
análisis es claro en mostrar cómo el tiempo dedicado a
la causa partidaria es la principal forma de inversión de
los jóvenes. Aunque se analiza el nivel de compromiso
político y su relación con las condiciones familiares que
lo posibilitan en cada caso, es insuciente en relación a
los rasgos y peculiaridades que cada contexto familiar
tiene en ese compromiso.
La inversión, en sus múltiples formas, aparece ligada
a distintas retribuciones, costos y dicultades. Las
retribuciones actúan siempre como estímulo y fomento
de la militancia y son el resultado de la praxis política.
A la inversión le sigue la graticación o recompensa y
esta puede ser material o inmaterial. Enriquecimiento
intelectual y aprendizajes de todo tipo; satisfacción
moral vinculada al esfuerzo propio; ampliación del
capital de relaciones sociales; protagonismo social;
capacidad y oportunidad de toma de decisiones, son las
más reconocidas. En cuanto a los costos y dicultades
se mencionan: conictos familiares (relacionados con la
demanda de tiempo dedicado a las relaciones afectivas),
condición juvenil (frente a lucha de poder con políticos
de mayor antigüedad al interior del partido) y conictos
internos del partido.
Mediante el adoctrinamiento ideológico y elementos
simbólicos, históricos, estratégicos de organización y
discursivos el partido produce y reproduce el sentido
de pertenencia y la identicación de un nosotros. A esto
la autora lo analiza como las formas de identicación
ideológica partidaria.
Todas estas características señalan que en la práctica
militante convergen elementos institucionales,
ideológicos y partidarios con otros de índole individual
y familiar. En todo caso la militancia siempre aparece
ligada al compromiso, la acción directa y la participación
en el espacio público.
De otro lado, la categoría Aspiraciones y Proyecciones
de Compromiso Político, permite incorporar al análisis
un ejercicio de mirada hacia el futuro como sujetos
militantes. El análisis destaca una supeditación de las
expectativas personales a las partidarias con lo cual
la doctrina y organización partidaria juegan un papel
importante. La autora remarca que la subordinación
de lo personal a lo colectivo se enlaza fuertemente a
la estructura partidaria y el lugar que ésta tenga en el
ámbito político (provincial y/o nacional).
Finalmente, el análisis de la categoría Subjetividades
Militantes, permite comprender cómo los/las jóvenes
construyen signicados sobre su propia práctica. En este
sentido los relatos destacaron las nociones de política y
militancia en tanto dimensiones signicativas de su ser
y hacer políticos. Hay una subordinación de lo personal
a lo político que es fruto de un compromiso asumido con
el partido y consigo mismos. La vocación de servicio, la
política como estilo de vida, el servicio a la comunidad,
son baluartes del militante. Desde su subjetividad,
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política y militancia van de la mano y le signican un ser
y hacer permanentes.
Algunas consideraciones
La investigación aquí reseñada es uno de los aportes
más relevantes que, en los últimos años, se ha realizado
en torno al conocimiento de las militancias políticas
juveniles en San Juan. Si bien es amplio el espectro de
trabajos académicos de este tipo en la Argentina, no
sucede lo mismo a nivel provincial.
Es claro que, desde la recuperación democrática,
los partidos políticos, las organizaciones sociales,
movimientos juveniles y estudiantiles han tenido y
siguen teniendo gran protagonismo en el escenario
político. En ellos, las juventudes han sido y son,
inconfundiblemente, motor de luchas sociales y cambios
históricos. Sin embargo, el avance en el conocimiento de
lo que acontece en la provincia no es muy prolíco. Por
ello, el valor de la investigación en cuanto a su aporte
al conocimiento y comprensión de praxis militantes
locales es evidente.
Los resultados del esfuerzo investigativo permiten
interpretar y comparar las formas de militancia
avanzando no solo en la identicación de los elementos
comunes a los itinerarios individuales, sino también
en relación de unos con otros. A ese nivel analítico
la investigación permitió la reconstrucción de las
trayectorias o itinerarios en cuanto a las coyunturas y
ámbitos donde se desplegó la militancia juvenil. Este
es otro de los puntos fuertes de la tesis, ya que da
cuenta de la especicidad de las acciones en relación
al territorio, clima político y social que le son propios.
Aportando al conocimiento concreto de lo que acontece
en la Provincia de San Juan.
Por otro lado, es importante destacar que en un esfuerzo
por dar claridad y simplicidad al análisis las trayectorias
de las juventudes estudiadas aparecen como una
continuidad lineal cuando en realidad la evidencia
empírica muestra lo contrario. En este sentido es
importante destacar que la evidencia relevada es clara
en mostrar cómo los itinerarios son el resultado de un
proceso dialéctico de equilibrios inestables, avances y
retrocesos, rupturas y continuidades. Queda pendiente
para futuras investigaciones realizar indagaciones al
respecto que permitan su profundización, así como
también abordar la trayectoria política también desde
la incertidumbre, la vulnerabilidad, antagonismos y
rompimientos que también le corresponden.
Finalmente, remarcar el valioso aporte que representa
el trabajo de tesis, tanto para las Ciencias Sociales como
para la Sociología Política en el ámbito provincial como
nacional. Se abren a partir de aquí un sin número de
líneas de trabajo a desarrollar para la profundización
y ampliación del conocimiento aportado que pueden
quizás ser abordados por los propios estudiantes y/o
egresados de la carrera Sociología.
